DECRETOS

N° 38355-COMEX

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

De conformidad con las facultades y atribuciones que les conceden los artículos 50, 140 incisos 3), 8), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 4°, 15, 17, 25, 27 párrafo 1, 28 párrafo 2 inciso b) y 103 párrafo 1 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; los incisos g), h) e i) del artículo 2° y los numerales i) e ii) del inciso b) del artículo 9° de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; y

Considerando:

I.—Que el artículo 9° de la Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, dispone que la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) podrá financiar sus operaciones con recursos provenientes de aportes de los sectores exportadores e importadores, constituidos éstos por contribuciones obligatorias.

II.—Que las contribuciones obligatorias autorizadas por la Ley en mención, están compuestas de un monto fijado por el Poder Ejecutivo por cada declaración aduanera de exportación e importación y, por otra parte, de las sumas canceladas por las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas por concepto de pago de derecho por el uso del régimen. Asimismo, de conformidad con los numerales i) e ii) del inciso b) del artículo 9° de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, el Poder Ejecutivo cuenta con la potestad de fijar las sumas de las contribuciones establecidas mediante Decreto Ejecutivo.

III.—Que el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Ejecutivo N° 25612-COMEX del 8 de noviembre de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 220 del 15 de noviembre de 1996; fijó las contribuciones obligatorias de financiamiento para PROCOMER en concordancia con lo prescrito en el artículo 9° de la Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996.

IV.—Que es interés del Estado que el ordenamiento jurídico-positivo provea el mayor grado de certeza y claridad posible para los administrados y para la misma Administración Pública, en aras de una adecuada aplicación de las normas jurídicas, razón por la cual el Estado debe procurar la máxima congruencia y adaptación de las disposiciones reglamentarias con el propósito de que éstas sean más acordes con la legislación vigente. Es por ello que, en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos del Estado, al amparo de los Principios de Autoorganización de la Administración y de Buen Gobierno, se estima pertinente modificar las regulaciones atinentes al establecimiento de las contribuciones obligatorias de financiamiento para PROCOMER. Por tanto,

Decretan:

DEROGATORIA DEL INCISO 3) DEL ARTÍCULO 1° DEL DECRETO

EJECUTIVO N° 25612-COMEX DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1996,

RELATIVO A LA FIJACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN

OBLIGATORIA DE FINANCIAMIENTO PARA LA

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR

DE COSTA RICA

Artículo 1º—Derogatorias. Deróguese el inciso 3) del artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 25612-COMEX del 8 de noviembre de 1996; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 220 del 15 de noviembre de 1996, relativo a la fijación de la Contribución Obligatoria de Financiamiento para la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Artículo 2º—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en San José, el primer día del mes de abril del dos mil catorce.

Publíquese.—LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Comercio Exterior a. í., Fernando Ocampo Sánchez.—1 vez.—O. C. N° 19734.—Solicitud N° 2312.—C-42140.—(D38355 - IN2014027905).

N° 38.357-MP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14), de la Constitución Política.

Decretan:

Artículo 1°—Retírese del conocimiento de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley:

EXPEDIENTE Nº 17.502. REFORMA INTEGRAL A LA LEY Nº 8634, LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO Y REFORMA A OTRAS LEYES (ORIGINALMENTE DENOMINADO): FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO.

Artículo 2°—Rige a partir del 24 de abril de 2014.

Dado en la Presidencia de la República, el día veinticuatro de abril de dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.—1 vez.—O. C. N° 21914.—Solicitud N° SP 056-M-LYD.—C-8510.—(D38357 - IN2014027586).

N° 38.358-MP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14), de la Constitución Política.

Decretan:

Artículo 1°—Amplíase la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa, hecha por el Decreto Ejecutivo 38.038-MP, a fin de que se conozca el siguiente proyecto de ley:

EXPEDIENTE Nº 17.502. REFORMA INTEGRAL A LA LEY Nº 8634, LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO Y REFORMA A OTRAS LEYES (ORIGINALMENTE DENOMINADO): FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO.

Artículo 2°—Rige a partir del 24 de abril de 2014.

Dado en la Presidencia de la República, el día veinticuatro de abril de dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.—1 vez.—O. C. N° 2914.—Solicitud N° SP 056-M-LYD.—C-9230.—(D38358 - IN2014027736).

Nº 38372-S

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE SALUD

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146) de la Constitución Política; 25, 27 inciso 1), 28 inciso b) y 103 inciso 1 de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”; 1, 2, 4, 7, 40, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 55, 60, 61, 62,69, 70, 71, 74, 76, 78, 81 y 82, 345 incisos 11) y 12) 355 y 364 de la Ley Nº 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud” y 1, 2, 6 y 49 de la Ley Nº 5412 de 8 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica del Ministerio de Salud”.

Considerando:

1º—Que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, por lo que es potestad del Ministerio de Salud velar por la salud de la población y de las condiciones sanitarias y ambientales.

2º—Que la enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública que afecta a la Región de Centro América y República Dominicana, dado la sobrecarga e incapacidad de respuesta de los servicios de salud, muertes prematuras, el deterioro de la calidad de vida y los costos que genera tanto a pacientes y sus familiares, sumergiéndolos en un círculo de sufrimiento y pobreza.

3º—Que dentro del grupo de las ERC sobresale una entidad clínica de etiología aún no determinada y el análisis de los datos disponibles a nivel mundial, nos permite señalar que afecta principalmente a hombres jóvenes que se dedican a trabajos físicos agrícolas y que se concentra en ciertas comunidades o regiones dentro de los países.

4º—Que todo habitante tiene derecho a las prestaciones de salud en la forma que las leyes y reglamentos especiales determinen.

5º—Que en Costa Rica esta entidad clínica se presenta principalmente en hombres jóvenes, que se dedican a trabajos físicos agrícolas y que se concentra en comunidades de la provincia de Guanacaste.

6º—Que la declaración del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana del 2011, “Unidos para Detener La Epidemia de Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) en Centroamérica y la República Dominicana”, incluye la enfermedad renal crónica como prioridad entre las enfermedades no-transmisibles sujetos a vigilancia.

7º—Que en noviembre del año 2012, los participantes en el taller de la Nefropatía Mesoamericana (MeN) organizado por el Programa de Salud, Trabajo y Ambiente en América Central (SALTRA), también declaran que existe evidencia de una enfermedad renal crónica de origen no-determinado (MeNu) afectando a Mesoamérica, y están activamente buscando la etiología de esta enfermedad.

8º—Que los Ministros y las Ministras de Salud del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), reunidos en San Salvador en abril del 2013 consideraron que: ¨…la epidemia global de enfermedad renal crónica (ERC) en todos sus estadios, tiene una prevalencia entre el 10 y el 16% y en los estadios de insuficiencia renal crónica (IRC) entre el 1.4 y el 6.3% en la población adulta, una incidencia en diálisis de 285 a 415 pacientes por millón de población (PMP), una prevalencia en diálisis de 1968 a 2288 PMP, con crecimiento anual de un 8 a 10% y una mortalidad en diálisis de un 20% anual y un costo estimado de más de tres millardos de dólares¨.

9º—Que los Ministros y las Ministras de Salud del SICA, reunidos en San Salvador en abril del 2013, reconocieron como un problema de salud pública, la existencia de la enfermedad renal túbulo-intersticial crónica de Centroamérica (ERTCC), que afecta predominantemente a las comunidades agrícolas.

10.—Que los factores de riesgo asociados a Enfermedad Renal Crónica son:

•    Diabetes mellitus

•    Hipertensión arterial

•    Enfermedad cardiovascular

•    Historia familiar de ERC

•    Infecciones sistémicas

•    Obesidad

•    Tabaquismo

•    Malformaciones renales congénitas

11.—Que se consideran como factores de riesgo muy probablemente asociados a la Nefropatía Mesoamericana, los siguientes:

•    Estrés térmico y deshidratación.

•    Calidad del agua potable (arsénico inorgánico), metales pesados y algunos plaguicidas).

•    Anti-inflamatorios no esteroides.

Por tanto,

Decretan:

CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTITUCIONAL

DE NEFROPATÍA MESOAMERICANA Y DE LA COMISIÓN

NACIONAL INTERINSTITUCIONAL DE NEFROPATÍA

MESOAMERICANA

Artículo 1º—Créase la Comisión de Gestión Institucional de Nefropatía Mesoamericana, en adelante conocida como CGINM, como órgano asesor y de consulta del Ministro de Salud en esa materia.

Artículo 2º—Esta Comisión será de carácter institucional y estará constituida por representantes de las direcciones del Ministerio de Salud con competencia en el tema.

Artículo 3º—La CGINM deberá reunirse por lo menos una vez por semana. El quórum para que pueda sesionar válidamente, será de la mitad más uno de sus miembros.

Artículo 4º—La CGINM que aborda el tema de la Nefropatía Mesoamericana estará integrada por:

a)  El Director de la Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico en Salud, o su representante, quien la presidirá.

b) El Director de la Dirección de Vigilancia de la Salud o su representante.

c)  El Director de la Dirección de Garantía de Acceso a Servicios de Salud, o su representante.

d) El Director de la Dirección de Promoción de la Salud, o su representante

e)  El Director de la Dirección de Protección al Ambiente Humano o su representante.

Artículo 5º—La Comisión contará con el asesoramiento técnico de la Asociación Costarricense de Nefrología (ASCONE), cuyos miembros podrán ser llamados, cuando así lo requiera la CGINM, asimismo podrá convocar a otros actores sociales que considere necesarios, para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 6º—Serán funciones de la CGINM:

•    Asesorar al Despacho Ministerial sobre el tema de la Nefropatía Mesoamericana

•    Articular la gestión de las diferentes direcciones del Ministerio de Salud para ejercer la función rectora en este tema prioritario de salud pública.

•    Recomendar directrices y lineamientos a la comisión técnica ampliada

•    Ser el punto de enlace a nivel nacional e internacional en el tema de Nefropatía Mesoamericana

•    Gestionar la elaboración y actualización de la normativa en materia de Nefropatía Mesoamericana.

•    Coordinar con la Unidad de Asuntos Internacionales en Salud del Ministerio de Salud, los programas de Cooperación Internacional relacionados con el tema de Nefropatía Mesoamericana.

Artículo 7º—Créase la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana, en adelante conocida como CNINM, como órgano técnico y de consulta del Ministro de Salud y de la CGINM en esa materia.

Artículo 8º—Esta Comisión será de carácter interinstitucional y estará constituida por un titular y un suplente de instituciones públicas y privadas, los cuales serán nombrados por los respectivos jerarcas.

Artículo 9º—La CNINM que aborda el tema de Nefropatía Mesoamericana, estará integrada por:

a)  La Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico en Salud del Ministerio de Salud, quien la presidirá.

b) La Unidad de Gestión de Investigaciones en Salud de la Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico en Salud del Ministerio de salud.

c)  La Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud.

d) La Dirección de Garantía de Acceso a Servicios de Salud del Ministerio de Salud.

e)  La Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud.

f)  La Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud.

g)  El Programa de Salud, Trabajo y Ambiente en América Latina con sede en la Universidad Nacional (SALTRA-UNA).

h) La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA).

i)  La Unidad de Investigación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (ICAA).

j)  El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

k) El Instituto Nacional de Seguros (INS).

l)  La Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

m)     El Coordinador de Redes del Hospital México.

n) La Asociación Costarricense de Nefrología (ASCONE).

o) La Dirección del Hospital Enrique Baltodano Briceño de Liberia.

p) La Junta de Salud del Hospital Enrique Baltodano Briceño de Liberia.

Artículo 10.—Los miembros de la CNINM trabajarán de forma ad honorem.

Artículo 11.—La CNINM deberá reunirse por lo menos una vez al mes. El quórum para que pueda sesionar válidamente, será de la mitad más uno de sus miembros.

Artículo 12.—Serán funciones de la CNINM:

a)  Promover la realización de un diagnóstico situacional de la Nefropatía Mesoamericana en la población costarricense.

b) Promover investigaciones de la Nefropatía Mesoamericana en Costa Rica.

c)  Promover la realización de un mapeo completo de la Nefropatía Mesoamericana, definiendo zonas prioritarias para intervención.

d) Gestionar las intervenciones necesarias para disminuir la problemática en las zonas definidas como prioritarias.

e)  Promover la coordinación interinstitucional para la atención de la Nefropatía Mesoamericana.

f)  Promover el desarrollo, actualización y aplicación de normas y guías de práctica clínica (GPC) sobre tamizaje de la Enfermedad Renal Crónica (ERC).

g)  Coordinar las medidas institucionales necesarias para disminuir el efecto de la Nefropatía Mesoamericana en la población de Costa Rica.

h) Desarrollar un programa de Promoción y Prevención dirigida principalmente a la población vulnerable sobre el tema de la Nefropatía Mesoamericana.

Artículo 13.—En lo no regulado en el presente decreto, le será aplicable tanto a la CGINM como a la CNINM, las disposiciones contenidas en el Capítulo Tercero del Título Segundo de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”.

Artículo 14.—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintidós días del mes de abril del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Salud, Dra. Daisy María Corrales Díaz.—1 vez.—O. C. N° 21319.—Solicitud N° 2767.—C-167400.—(D38372- IN2014027999).

Nº 38373-S

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE SALUD

En uso de las facultades que le confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; artículo 28 párrafo segundo de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”, artículos 1°, 2°, 3° y 9° de la Ley N° 5395 de 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”; artículo 2 inciso b) y c) de la Ley N° 5412 de 8 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica del Ministerio de Salud”.

Considerando:

I.—Que la Salud de la población es tanto un derecho humano fundamental, como un bien de interés público tutelado por el Estado.

II.—Que es función del Estado a través de sus instituciones velar por la protección de la salud de la población y garantizar el bienestar de los ciudadanos.

III.—Que el cáncer de próstata de acuerdo a datos estadísticos del año 2011, se encuentra dentro de las cinco primeras causas de muerte en Costa Rica, razón por la cual, en el contexto de la rectoría como producción social, el Ministerio de Salud debe reforzar las políticas en este campo, y establecer medios efectivos de prevención, detección y tratamiento de esta enfermedad.

IV.—Que en cumplimiento del rol rector de la producción social de la salud que le asigna la legislación vigente, el Ministerio de Salud debe establecer las políticas y los lineamientos técnicos para la prevención, detección y tratamiento de esta enfermedad. Por tanto:

Decretan:

Oficialización de la Norma para la Atención

a Personas con Cáncer de Próstata

Artículo 1º—Oficialícese para efectos de aplicación obligatoria la Norma para la Atención a Personas con Cáncer de Próstata.

Artículo 2º—El Ministerio de Salud velará por la correcta aplicación de la presente Norma.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintiún días del mes de abril del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Salud, Dra. Daisy María Corrales Díaz.—1 vez.—O. C. Nº 21308.—Solicitud Nº 2765.—C-613240.—(D38373- IN2014028396).

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Introducción.

El Sistema de Salud de Costa Rica ha venido realizando importantes esfuerzos para detectar y tratar oportunamente los casos de cáncer de próstata. Sin embargo, es urgente articular y sistematizar estos esfuerzos con la norma, que garantice accesibilidad y calidad a un conjunto de acciones de detección y tratamiento, complementadas con acciones de Atención Integral, información, educación y participación de la comunidad.

En Costa Rica, de acuerdo a incidencia general de tumores en los últimos 3 años el cáncer más diagnosticado fue el cáncer de próstata, anterior a este periodo ocupó el segundo lugar siendo solo superado por los tumores de piel. La tasa de incidencia para el 2011 fue de 47,91 casos nuevos por cada 100.hombres.

Al revisar la distribución geográfica de la incidencia del cáncer en el año 2011, se encuentra que las provincias con mayor incidencia para cáncer de próstata son Cartago, con una tasa ajustada de 64,6 casos nuevos por 100.000 hombres, lo que representa un 34% más de riesgo que el promedio nacional, seguida de la provincia de San José, con 56,35, o sea un 17% más de riesgo que el promedio nacional, y en tercer lugar Heredia con una tasa de 51,8 con un 8% más de riesgo.

Históricamente el cáncer de próstata ha sido la segunda causa de muerte por cáncer en hombres, no obstante del 2009 al 2011 ocupó el puesto número uno en la tasa de mortalidad, presentando una disminución de la mortalidad en el 2012 con una tasa ajustada de 13,59 defunciones por 100.000 hombres.

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El Ministerio de Salud, ha desarrollado esta propuesta con los principales componentes para la atención a los hombres con cáncer de próstata.

Es importante recalcar que algunos procedimientos deben ser estandarizados para garantizar la calidad y seguridad; los cuales son sujetos de normativas para la atención integral de las personas con cáncer de próstata.

El interés en la formulación de la norma, radica en que las actividades que se desarrollan para la atención integral de cáncer de próstata, en las instituciones públicas, privadas o de otra índole, tengan un claro abordaje, que ayuden a mejorar la atención y logren una utilización equitativa de los recursos disponibles.

La presente norma tiene como objetivo primordial, la estandarización, de criterios a nivel nacional en el abordaje integral del cáncer de próstata y es el componente inicial de un proceso cíclico para la mejora en la práctica de los servicios de salud.

1.  Objetivo y campo de aplicación.

Esta Norma tiene por objeto establecer los criterios para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control del cáncer de próstata.

Esta Norma es de carácter obligatorio para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de los establecimientos de salud público, privado y mixto.

2.  Definiciones.

Para los fines de esta norma se entiende por:

a.  Alto Riesgo: Hombres que presenta condiciones que aumentan la probabilidad de presentar cáncer de próstata.

b.  Bloqueo Androgénico Óptimo: Testosterona sérica en niveles de castración (< 50 ng/ml).

c.  Cáncer Resistente a la Castración: Paciente con cáncer de próstata que presenta progresión de la enfermedad a pesar de bloqueo androgénico óptimo.

d.  Espera Vigilada: Consiste en ofrecer tratamiento sintomático diferido en pacientes que no son candidatos para terapia local agresiva³⁷.

e.  Falla de la terapia hormonal de primera línea: Se refiere a aquellos pacientes que a pesar de terapia de bloqueo androgénico óptimo presentan progresión de la enfermedad.

f.   Falla de la terapia hormonal de segunda línea: Paciente que presenta progresión de la enfermedad a pesar de estar recibiendo antiandrógenos.

g.  Hiperplasia adenomatosa atípica: es una lesión que tiende a ser considerada como el final de un espectro entre las proliferaciones de pequeñas glándulas prostáticas que pueden simular un adenocarcinoma). Muestra características citohistológicas intermedias entre la hiperplasia nodular y el adenocarcinoma.

h.  Hipoecoico: imagen de una estructura que es menos reflexivode la estructura circundante que resulta en una imagen más oscura que aparecen en comparación a las estructuras circundantes, por ejemplo, el líquido llena las estructuras, los vasos y el quiste son hipoecoicas.

i.   Neoplasia Intraepitelial: Se define como acinos y conductos prostáticos arquitecturalmente benignos pero cubiertos por células atípicas.

j.   Progresión de la enfermedad: Aumento del Antígeno Prostático Específico en al menos dos determinaciones consecutivas o aparición de metástasis nuevas o aumento en las ya existentes.

k.  Prostatismo: cualquier condición de la próstata que interfiera con el flujo de orina de la vejiga.

l.   Vigilancia Activa: Consiste en ofrecer terapia curativa en aquellos pacientes que presentan progresión clínica de una enfermedad localizada. Esta progresión puede ser determinada por un aumento significativo y sostenido del APE (Antígeno Prostático específico) y/o por progresión en el estadio de Gleason en control de biopsia³⁷. Permite disminuir efectos adversos del tratamiento en hombres con tumores pequeños con baja probabilidad de generar morbi mortalidad. Incluye la toma de biopsias periódicas para vigilar por progresión de la enfermedad.

3.  Generalidades.

La historia natural del cáncer de próstata es heterogénea y aún no ha sido entendida totalmente. Este tumor se caracteriza por no dar sintomatología temprana, siendo enmascarado por el prostatismo típico del crecimiento benigno. Cuando produce síntomas, se trata de una enfermedad avanzada (dolor óseo, fracturas patológicas, anemia, etc.).

En la mayoría de los casos se trata de un adenocarcinoma, ocurriendo el 70 % en la zona periférica, 20 % en la zona de transición y 10 % en la zona central.

Dentro de las características del cáncer de próstata se encuentra su crecimiento lento, se ha estimado que se requieren 5 a 15 años para que un tumor alcance un volumen clínicamente detectable de 1 ml16. Otra de las características es su andrógeno dependencia. La testosterona ha sido implicada como un posible promotor del crecimiento del cáncer prostático; basado en esto, Huggins y Hodges introdujeron la orquidectomía quirúrgica como tratamiento de bloqueo androgénico en 1940¹⁸.

4.  Factores de Riesgo.

-    Etnia: ser de etnia negra.

-    Edad: A partir de los 40 años en hombres de etnia negra, a partir de los 50 años en el resto de los hombres.

-    Historia familiar de cáncer de próstata: Está presente en el 25% de los casos. El riesgo relativo de padecer de cáncer de próstata es 2 a 3 veces mayor cuando existe un familiar de primer grado (padre o hermanos) con cáncer de próstata y 5 veces mayor cuando existen dos miembros³⁴.

5.  Estudio Diagnóstico.

En el estudio diagnóstico es fundamental la detección temprana, ya que solo cuando el cáncer es órgano confinado podremos ofrecer un tratamiento potencialmente curativo y por tanto, de un mejor pronóstico.

Tomando en cuenta que, aproximadamente las dos terceras parte de los hombres con cáncer de próstata morirán por otras causas, es importante tener claro que la finalidad del diagnóstico temprano es identificar aquellos hombres con tumores clínicamente significativos, es decir tumores con riesgo de diseminarse y causar morbilidad y muerte.

Los Tumores Clínicamente Significativos son aquellos que presentan al menos una de las siguientes características²:

a.  Gleason ≥ 7.

b.  Volumen > 0.5 ml.

c.  Tiempo de duplicación del APE < 6 meses.

d.  Paciente con expectativa de vida > 10 años.

Por tal motivo, para hacer un diagnóstico temprano y ofrecer tratamiento curativo de la enfermedad debe centrarse en buscar el cáncer de próstata en el grupo de riesgo y dentro de este, en aquellos hombres con una expectativa de vida de al menos 10 años.

5.1  Detección Temprana.

5.1.1  Tacto Rectal.

Indicaciones:

Se debe realizar el Tacto Rectal (TR) anual a partir de los 40 años en todos los hombres de etnia negra y en aquellos con historia familiar de cáncer de próstata y a partir de los 50 años en el resto de los hombres.

Permite valorar la próstata en tamaño, consistencia, nodulaciones, superficie y bordes. Los hallazgos sospechosos de malignidad³⁴ son:

a.  Aumento de la consistencia de la glándula.

b.  Presencia de Nódulos.

c.  Borramiento de los bordes de la glándula.

Si se presenta al menos uno de estos se considera el tacto rectal positivo. Cuando no se encuentre ninguno de estos hallazgos se denominará tacto negativo, entiéndase no sospechoso de malignidad.

5.1.2  Antígeno Prostático Específico (APE).

Indicaciones:

Se debe valorar el Antígeno Prostático Específico (APE) a partir de los 40 en los hombres de etnia negra  40 en los hombres de etnia negra y con historia familiar  y a partir de los 50 años en el resto de los hombres, se debe continuar con estos exámenes hasta los 69 años en todos los casos.

Lo anterior, tomando en cuenta que para un hombre mayor de 69 años a quien en el control periódico no se le ha detectado cáncer, la probabilidad que se le diagnostique cáncer de próstata en el futuro y que este pueda comprometer su vida es sumamente bajo, la indicación a partir de esta edad es control solo con tacto rectal.

Dado que la eyaculación puede producir elevación del APE, la muestra de sangre debe tomarse después de 72 horas de la última eyaculación. Deberá esperarse al menos 6 semanas si el paciente ha sufrido un proceso inflamatorio, una biopsia prostática o ha estado con sonda. En caso de una infección urinaria o prostática conocida, el paciente deberá ser sometido a antibioticoterapia durante ese lapso de espera³⁴.

Los niveles de APE son proporcionales al riesgo y extensión del cáncer de próstata. (Ver estadio patológico de acuerdo al APE preoperatorio en anexo 2 y Tablas de Partin en el anexo 5).

5.2  Exámenes de diagnóstico complementario.

5.2.1  Ultrasonido Transrectal (USTR).

Indicaciones:

Permite visualizar las zonas anatómicas de la próstata y así tomar las biopsias dirigidas. Es de gran valor para detectar áreas hipoecoicas en la zona periférica, las cuales son sospechosas de malignidad y de las que podrán tomarse biopsias dirigidas. También, permite determinar el volumen prostático en forma más precisa o sospechar invasión extraglandular o de vesículas seminales.

El ultrasonido por sí solo no excluye la presencia de cáncer prostático, por lo tanto, cuando existe indicación para realizar una biopsia de próstata (ver Biopsia de Próstata en el punto 6.5) esta debe realizarse sin importar los hallazgos al ultrasonido.

5.3  Biopsia de Próstata.

Indicaciones:

a.  Tacto rectal sospechoso.

b.  Antígeno prostático específico ≥ 3 ng/ml. En ausencia de causas benignas asociadas (prostatitis, infección urinaria baja, Retención Aguda de Orina, eyaculación reciente, biopsia prostática o RTU (Resección Transuretral) en 4 semanas previas).

c.  Incremento significativo del antígeno: Si la velocidad de incremento del APE es mayor de 0.4 ng/ml/año en hombres con APE menor de 3 ng/mL, se debe biopsiar³⁴.

d.  Hiperplasia adenomatosa atípica.

e.  Neoplasia Intraepitelial (NIP) de alto grado en biopsia previa, solo cuando se reporta en varios focos ³⁶.

Técnica:

Las biopsias se realizarán dirigidas por ultrasonido transrectal, bajo sedación o usando anestesia local. Para esto último, se utilizan 10 ml de lidocaína al 2 % en gel intrarectal e inyección de 3 ml a cada lado de las vesículas seminales de una solución al 50 % de lidocaína y bupivacaína.

Serie de biopsias ^{3, 12, 15}:

a.  Biopsiar la zona periférica incluyendo muestras de base, parte media y ápex, tanto del lado derecho como izquierdo.

b.  Además, biopsiar cualquier área hipoecoica en zona periférica.

c.  Adicionalmente Incluir biopsias de cada zona de transición.

-    Si el APE es mayor de 20 ng/ml

-    Si es segunda, tercera, etc. serie de biopsias.

Preparación:

Antibiótico de amplio espectro vía oral 1 hora antes de la biopsia. Supositorio como laxante o microenema 2 horas antes de la biopsia.

Interpretación de resultados:

a.  Biopsia negativa: Si la biopsia es negativa, se hará control a los 6 meses con TR y APE. Si continúa la sospecha de cáncer, debe repetirse la biopsia incluyendo ahora muestras de la zona de transición.

     Si la biopsia muestra neoplasia intraepitelial (NIP) de alto grado en varios focos o hiperplasia adenomatosa atípica (microglandular), debe repetirse la biopsia.

b.  Biopsia Positiva: Cuando se confirma el diagnóstico de cáncer de próstata se debe establecer su estadio para definir la conducta terapéutica.

6.  Estadiaje.

6.1  Clasificación TNM.

Tumor primario (T):

TX     Tumo primario no puede ser evaluado.

T0     No evidencia de tumor primario.

T1     Tumor clínicamente inaparente, no visible por imágenes.

T1a   Tumor como hallazgo histológico incidental:

               < 5% del tejido resecado,

               < de 3 chips.

T1b   Tumor como hallazgo histológico incidental:

               > 5% del tejido resecado,

               > de 3 chips.

T1c   Tumor identificado por biopsia por aguja tomada por APE elevado.

T2     Tumor confinado a la próstata.

T2a   Tumor que involucra la mitad o menos de un lóbulo.

T2b   Tumor que involucra más de la mitad de un lóbulo pero no ambos lóbulos.

T2c   Tumor que involucra ambos lóbulos.

T3     Tumor que se extiende más allá de la cápsula prostática.

T3a   Extensión extraprostática unilateral.

          Extensión extraprostática bilateral.

T3b   Invasión de Vesículas Seminales.

T4     Tumor fijo o que invade estructuras adyacentes diferentes a Vesículas Seminales.

T4a   Tumor que invade cuello vesical y/o esfínter externo y/o recto.

T4b   Tumor invade músculos elevadores y/o está fijo a la pared pélvica.

Ganglios Regionales (N):

NX    Los ganglios regionales no pueden ser evaluados

N0     Sin evidencia de invasión ganglionar regional

N1     Metástasis a ganglios regionales

Metástasis a Distancia (M):

M0    Metástasis a distancia no pueden ser evaluadas

M0    Sin evidencia de metástasis a distancia

M1    Metástasis a distancia

M1a     Linfáticos no regionales

M1b    Hueso

M1c     Otros sitios con o sin enfermedad ósea

6.2  Exámenes complementarios.

Laboratorio:

a.  Fosfatasa alcalina (FA): Su elevación hace sospechar compromiso óseo o hepático.

b.  Fosfatasa ácida (FAc): Su elevación es indicativo de lesión extraprostática.

c.  Antígeno Prostático Específico: Permiten establecer el riesgo de enfermedad organoconfinada, localmente avanzada o diseminada ^{8, 9, 18}. (Ver Anexo 5).

Ultrasonido Transabdominal:

Permite la valoración de las cadenas ganglionares ilíacas y paraaórticas, hígado y el tracto urinario.

Tomografía axial computarizada de pelvis:

Permite la valoración por metástasis ganglionares cuando existe duda o cuando la probabilidad es > 20 % (utilizando normogramas).

Linfadenectomía Pélvica Bilateral:

Valoración por metástasis a ganglios linfáticos. No realizarla en tumores clínicamente localizados si:

a.     APE < 10 ng/ml.

b.    APE < 20 ng/ml y Gleason ≤ 6.

Gamagrafía Ósea:

Indicaciones en estadiaje:

a.     Sospecha de metástasis óseas.

b.    Tumor clínicamente localizado y APE > 20 ng/ml.

7.  Tratamiento.

Una vez que el caso ha sido debidamente estadiado, el paciente debe ser informado de las opciones de tratamiento con que cuenta.

7.1  Estadio Temprano.

Se catalogan como aquellos tumores que se encuentran en los niveles: T1a-T1b-T1c-T2a-T2b-T2c, N0, M0.

7.1.1  Alternativas terapéuticas

Observación:

Son candidatos para vigilancia clínica:

a.  Pacientes con expectativa de vida menor de 10 años y/o.

b.  Tumores bien diferenciados (Gleason ≤ 6).

c.  Tumores no palpables (estadio T0-T1a-T1b-T1c).

d.  APE < 10 ng/ml.

Radioterapia:

Son candidatos para radioterapia con acelerador lineal:

a.  Pacientes  mayores de 70 años.

b.  Tumores con Gleason ≥ 7.

c.  Enfermedad médica asociada que contraindique cirugía radical.

Prostatectomía Radical:

Son candidatos para cirugía:

a.  Pacientes con expectativa de vida de al menos 10 años.

b.  APE < 20 ng/ml.

c.  Grado de Gleason ≤7.

En pacientes con riesgo intermedio y alto (anexo 3) es recomendable realizar siempre la linfadenectomía pélvica ampliada³⁸.

Terapia de supresión androgénica:

a.  Pacientes mayores de 70 años con:

-    APE > 20 ng/ml o,

-    Tumor extenso o,

-    Incremento acelerado del APE.

b.  Neoadyuvante a Radioterapia en pacientes de alto riesgo recidiva. (Ver Riesgo de Recurrencia en el anexo 3)

7.1.2  Seguimiento en el Cáncer Temprano.

Seguimiento anual:

-    Primer año: TR, APE cada 3 meses. Hemograma, UN (Nitrógeno Ureico), CR (Creatinina), FA y US Abdominal al año.

-    Segundo año: TR, APE cada 4 meses. Hemograma, NU, CR, FA y US Abdominal al año.

-    Tercer año en adelante: TR, APE cada 6 meses. Hemograma, NU, CR, FA y US Abdominal al año.

La gamagrafía ósea se debe indicar a los pacientes en quienes se sospeche compromiso óseo (dolor óseo, fractura o elevación de fosfatasa alcalina) Durante el seguimiento.

Falla de Terapia Curativa:

Ocurre cuando se presenta cualquiera de las siguientes circunstancias:

a.  Post prostatectomía radical cuando APE > 0. 2 ng/ml:

-    Si se trata de recidiva local única y el APE es ≤ 2 ng/ml el manejo es radioterapia externa. Lo recomendable es aplicar la radioterapia antes de que el APE supere 0.5 ng/mL³⁷.

-    Si se sospecha enfermedad recidivante sistémica (APE elevado en primer año luego de la prostatectomía radical o APE > 2 ng/ml) el manejo es hormonoterapia.

-    El primer control de APE posterior a prostatectomía radical debe hacerse a las 6 semanas.

b.  Post radioterapia:

-    Cuando APE > 0.5 ng/ml ó

-    Incremento del APE en 3 determinaciones consecutivas a partir del nadir (concentración más baja en sangre). Espacio entre las determinaciones 3 a 6 meses.

-    Cuando el APE se eleva posterior a radioterapia el manejo es por hormonoterapia.

Margen Positivo:

Implica células neoplásicas en contacto con el margen marcado con tinta. Así pueden existir tres posibilidades:

a.  Total preservación de la cápsula: El tumor excede el margen marcado con tinta en una porción limítrofe de la próstata que aparenta estar anatómicamente intacta. En este caso, la recurrencia local es igual al cáncer localizado.

b.  Penetración de la cápsula: Tumor que se extiende en forma irregular, astilla el margen. Es un hallazgo común en el ápex.

c.  Perforación de la cápsula: El tumor se extiende a la grasa periprostática o tejido adyacente. Corresponde a un estadio patológico pT3.

En caso de margen positivo, el manejo posterior dependerá del valor del APE. Se seguirán los mismos lineamientos que para falla de terapia curativa (ver Falla de terapia curativa en el punto 8.1.6).

7.2  Estadio Avanzado.

Se catalogan como aquellos tumores que se encuentran en los niveles: T3a-T3b-T4a-T4b, N1, M1a-M1b-M1c.

Aunque se acepta que el cáncer de próstata nunca deja de ser hormonodependiente, durante el tratamiento se reconocen 2 etapas del cáncer de próstata avanzado:

-    Cáncer Hormonodependiente y

-    Cáncer hormonoindependiente u resistente a la castración.

7.2.1  Etapa Hormonodependiente

a.  Primera línea de tratamiento: Terapia de supresión androgénica.

Consiste en realizar la castración médica o quirúrgica, según la valoración individual del caso.

Indicaciones:

-    Pacientes en quienes ha fallado la terapia curativa (ver Falla de terapia curativa en el punto 7.1.2).

-    Extensión extraprostática durante cirugía radical.

-    Enfermedad metastásica

-    APE > 20 ng/ml.

-    Fosfatasa ácida elevada.

b.  Segunda línea de tratamiento: Terapia con Antiandrógenos

Se debe emplear flutamida y en casos de intolerancia se debe utilizar la bicalutamida.

Indicación:

Pacientes en quienes ha fallado la terapia de supresión androgénica.

7.2.2  Etapa Resistente a la Castración con metástasis.

La opción terapéutica en estos casos es quimioterapia con Docetaxel I.V.

Indicaciones:

-    Pacientes con cáncer metastásico en etapa resistente a la castración y

-    Falla de supresión androgénica de segunda línea(ver definición adelante) y

-    Elevación del APE en dos o más determinaciones sucesivas luego de suspender el antiandrógeno y

-    APE > 5ng/ml.

7.2.3  Etapa Resistente a la Castración con metástasis a hueso.

La opción terapéutica en estos casos es el bifosfonato Ácido Zoledrónico vía intravenosa. La dosis se debe ajustar de acuerdo al aclaramiento endógeno de creatinina basal. (Ver anexo 4).

Indicaciones:

-    Paciente con cáncer resistente a la castración y

-    Metástasis a hueso.

Suspensión:

Se debe suspender el Ácido Zoledrónico en los pacientes que presenten:

-    En pacientes con creatinina basal < 1.4 mg/dL, si hay un aumento mayor de 0.5 mg/dL

-    En pacientes con creatinina basal > 1.4 mg/dL, si hay un aumento mayor de 1.0 mg/dL

7.2.4  Radioterapia

Indicaciones:

-    Recidiva local: Cuando exista evidencia de recidiva única en sitio de la anastomosis uretrovesical o sospecha de la misma por aumento del APE luego de un año de la cirugía.

-    Radioterapia Paliativa: Para control del dolor debido a metástasis ósea preferiblemente única.

7.2.5  Seguimiento.

Sin metástasis:

-    Primer año: cada 3 meses. Hemograma, NU, CR, F. alcalina y US al año.

-    Segundo año: cada 4 meses. Hemograma, NU, CR, F alcalina y US al año.

-    Tercer año en adelante: cada 6 meses.

-    Gammagrafía ósea: Si se sospecha metástasis ósea.

Con metástasis:

-    Primer año: cada dos meses. Hemograma, NU, CR, F. alcalina, US al año.

-    Segundo año: de acuerdo a requerimiento.

Anexos

Anexo 1. Estadio Patológico de Acuerdo al APE Preoperatorio.

APE ng/ml                Órgano confinado           Extraprostático

0.0 - 4.0                                  75 %                                  25 %

4.0 - 10.0                               53 %                                  47 %

> 10                                        28 %                                  72 %

> 20                                        20 %                                  80 %

Anexo 2. Riesgo de Recurrencia.

Bajo Riesgo	T1c-T2a y APE ≤ 10 ng/ml y Gleason ≤ 6	> 85% a 5 años sobrevida libre APE
Riesgo Intermedio	T2b o APE 10 a 20ng/ml ó Gleason 7	Aproximadamente 50% a 5 años libre APE
Alto Riesgo	T2c ó APE > 20 ng/ml ó Gleason ≥ 8	33% a 5 años libre APE

 

Anexo 3 Dósis de Ácido Zoledrónico de acuerdo al aclaración endógeno de creatinina basal.

Aclaramiento Endógeno de Creatinina (mL/m)	Dosis
> 60	4 mg
50 – 60	3.5 mg
40 – 49	3.3 mg
30 – 39	3.0 mg

 

Anexo 4. Tablas de Partin.

Las tablas de Partin sirven para predecir la probabilidad de un paciente de presentar enfermedad organoconfinada (OC), invasión de la cápsula (CP), invasión de las vesículas seminales (VS) e invasión de los ganglios linfáticos (GL) a partir del estiaje clínico que se le ha hecho al paciente, el nivel de APE y el grado de Gleason reportado en la biopsia por aguja19. En las siguientes tablas, los números que aparecen para cada estadío representan el porcentaje promedio, siendo las cifras entre paréntesis los rangos porcentuales de donde se origina dicho promedio.

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Anexo 5. Clasificación de Gleason.

El grado tumoral parece ser el factor pronóstico más importante en cáncer de próstata. El sistema más utilizado fue creado en 1966, por Donald Gleason y se basa únicamente en el patrón de arquitectura del tumor. Esta clasificación ha sido revisada y mejorada en 1974, 1977 y en el 2005 “The internacional Society of Urological Pathology (ISUP)” realizó la conferencia de consenso sobre grados de Gleason en cáncer de próstata que se incluye en esta actualización³³.

El grado de Gleason se obtiene sumando el patrón dominante o primario y el patrón secundario, siendo el rango de la clasificación de 2 a 10. Se acepta que tumores con puntaje de Gleason 2 a 4 tienen baja agresividad biológica, puntajes de 5 a 6 tienen una agresividad intermedia y aquellos con Gleason ≥ 7 son tumores biológicamente agresivos2. Existe consenso en que el Gleason 1+1=2 es un grado que no debe ser diagnosticado independiente del tipo de espécimen, salvo raras excepciones, La mayoría de estos casos son diagnosticados en la actualidad como hiperplasia adenomatosa³³.

Patrón 1:

Acinos de tamaño medio (glándulas más largas que en el patrón 3), redondos a ovales, uniformes compactos pero separados circunscritos en un nódulo.

Patrón 2:

Glándulas más irregulares, citoplasmas claros, la delimitación con el entorno es irregular, con pérdida de glándulas y estroma interglandular.

Patrón 3:

1.  Glándulas más irregulares, anguladas en muchas zonas con amplia separación glandular, citoplasmas basófilos, definición mal definida del entorno.

2.  Presencia de microglándulas, que suelen mezclarse con el patrón anterior.

3.  Es el típico patrón cribiforme o papilar, sin necrosis.

Patrón 4:

Progresiva fusión de glándulas.

1.  Células claras.

2.  Células oscuras.

Patrón 5.

Es la forma más indiferenciada en las que se incluyen las variantes comedocarcinomatosas y las formas cordonales o sólidas con ocasionales glándulas. También se incluyen las variantes con células en anillo de sello.

Para ver imágenes solo en La Gaceta con formato PDF

 

N° 38.379 MP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14), de la Constitución Política.

Decretan:

Artículo 1°—Amplíase la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa, hecha por el Decreto Ejecutivo 38.038-MP, a fin de que se conozcan los siguientes proyectos de ley:

EXPEDIENTE N° 18.566 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE UPALA PARA DONAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN INSTITUTO COSTARRICENSE DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTODE LA RADIO CULTURAL DE UPALA.

EXPEDIENTE N° 17.888 DECLARATORIA DEL 19 DE MARZO COMO DÍA NACIONAL DE LA PERSONA PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA.

EXPEDIENTE N° 18.490 REFORMA PARCIAL A LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS, LEY Nº 13, DEL 28 DE OCTUBRE DE 1941 Y SUS REFORMAS.

EXPEDIENTE N° 18.972 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA, PARA QUE SEGREGUE LOTES DE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD Y LOS DONE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA LAS JOYAS.

EXPEDIENTE N° 19.079 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL TRANSITORIO X DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY N° 9078 DEL 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 Y SUS REFORMAS.

EXPEDIENTE N° 18.957 REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 9036, TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) Y CREACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE DESARROLLO RURAL.

EXPEDIENTE N° 18.995 REFORMAS AL TÍTULO PRIMERO DE LA LEY Nº 8412, LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE INGENIEROS QUÍMICOS Y PROFESIONALES AFINES Y LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE QUÍMICOS DE COSTA RICA.

EXPEDIENTE N° 19.061 REFÓRMESE EL TRANSITORIO X DE LA LEY REGULADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS EN VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE TAXI, Nº 7969 PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA.

Artículo 2°—Rige a partir del 24 de abril de 2014.

Dado en la Presidencia de la República, el día veinticuatro de abril de dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.—1 vez.—O. C. N° 21914.—Solicitud N° SP 056-M-LYD.—C-23520.—(D38379 - IN2014027741).

N° 38406-MP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3) y 8) del artículo 140 de la Constitución Política, en los artículos 13, 25, 27, 28 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública y en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078 del cuatro de octubre del 2012.

Considerando:

I.—Que mediante Decreto Nº 25790-MP de las quince horas del día veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete se emitió la normativa que rige el uso interno de vehículos de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia, a fin de velar por su correcto uso, control y mantenimiento.

II.—Que la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078 del cuatro de octubre del 2012, publicada en el Alcance Digital N° 165 a La Gaceta N° 207 del veintiséis de octubre del 2012, derogó disposiciones de la Ley N° 8696 Reforma Parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley Nº 7331, y Normas Conexas, de 17 de diciembre del 2008, y toda otra disposición legal, en materia penal, de tránsito y administración vial que se le oponga, por lo que se requiere adaptar y concordar la reglamentación de uso de vehículos oficiales de la institución, a la legislación de tránsito vigente, a fin de maximizar el uso racional de los vehículos oficiales y la transparencia de las acciones de disposición, custodia y mantenimiento de los mismos.

III.—Que debido a las disposiciones contenidas en Las Normas de Control Interno para el Sector Público Nº 2-2009-CO-DFOE de la Contraloría General de la República, publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero de 2009, se hacen necesarias regulaciones en los controles operacionales, de administración de activos y dispositivos de seguridad, sobre el uso de vehículos oficiales como bienes del Estado, para un servicio ágil y eficiente, así como para la protección y conservación del patrimonio.

IV.—Que existen cambios administrativos en la figura de compra de combustible por tarjeta de compras institucionales y el uso del dispositivo electrónico de telepeaje quick pass, según contrato suscrito entre la Tesorería Nacional y el Banco de Costa Rica, que hace necesario ampliar lo referente a las obligaciones y deberes de los operadores de equipo móvil.

V.—Que la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, con las facultades otorgadas en los convenios de cooperación suscritos con otras instituciones, poseen en calidad de préstamo, vehículos para atender sus necesidades, a los cuales se les debe otorgar la mejor administración y fiscalización posible. Por tanto,

Decretan:

EL REGLAMENTO INTERNO SOBRE EL USO DE VEHÍCULOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Y DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º—El presente Reglamento establece las condiciones generales de circulación de los vehículos oficiales, así como los procedimientos que regulan la prestación de servicios de transporte de personas, materiales y equipo de la Presidencia de la República y Ministerio de la Presidencia, por las vías públicas terrestres de la Nación, en gasolineras, estacionamientos públicos, privados de uso público o comerciales regulados por el Estado, las playas y en las vías privadas, en estricto apego al ordenamiento jurídico costarricense.

Artículo 2º—Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, son aplicables a todos los funcionarios que, por razón de sus cargos, usen o controlen los recursos de transporte de la Presidencia de la República y Ministerio de la Presidencia.

Artículo 3º—Definiciones y Abreviaturas: Para efecto del presente reglamento se entenderá por:

1.  Presidencia: Presidencia de la República.

2.  Ministerio: Ministerio de la Presidencia.

3.  Jerarca: Máxima autoridad del Ministerio de la Presidencia.

4.  Dirección General: Dependencia del Ministerio, supeditada del Viceministro de la Presidencia.

5.  Departamento de Transportes: Departamento administrativo encargado de la custodia, mantenimiento y buen uso de los vehículos del Ministerio y Presidencia de la República, el cual está adscrito a la Dirección General.

6.  Unidad de Transportes: Unidad administrativa encargada de la custodia, mantenimiento y buen uso de los vehículos de los Programas adscritos al Ministerio de la Presidencia, la cual está adscrita al Director del Programa.

7.  Ley de Tránsito: Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078 del cuatro de octubre del 2012.

8.  Normas Técnicas: Conjunto de enunciados de control interno, promulgados por la Contraloría General de la República, compilados en las Normas  de Control Interno para el sector público N-2-2009-CO-DFOE, aprobadas mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nº R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero de 2009.

9.  Asignación: Acción formal mediante la cual se distribuyen los vehículos administrativos a las Unidades o Direcciones Administrativas y los vehículos discrecionales al Presidente y Vicepresidentes de la República, Ministro (a) así como de los vehículos de uso semidiscrecional para los Viceministros (as).

10.  Accidente de Tránsito: Acción culposa cometida por los conductores de los vehículos, sus pasajeros o los peatones, al transitar por los lugares a los que se refiere el artículo 1 de la Ley de Tránsito. En el accidente de tránsito, debe estar involucrado al menos un vehículo y producirse muerte o lesiones de personas y/o daños en los bienes, a consecuencia de la infracción a la Ley de Tránsito.

11.  Carné: Autorización emitida por el Ministerio a los funcionarios para la conducción de los vehículos destinados al uso oficial.

12.  Conductor: Es aquel funcionario, que maneja en razón de sus funciones u ocasionalmente un vehículo de la Presidencia o Ministerio y aquellos que por encargo o Contrato realicen alguna actividad en beneficio de la Presidencia o del Ministerio, todos debidamente autorizados, que tiene el control operativo de un vehículo y es responsable directo de este y de las infracciones que cometa, que ostente la licencia correspondiente a conductor profesional.

13.  Conductor novato: toda persona que adquiera por primera vez, su licencia de conducir y que no sobrepase los tres años de haberla obtenido.

14.  Conductor profesional: toda persona cuya actividad laboral principal, sea la conducción de vehículos a motor dedicados al transporte de mercancías o de personas y que haya sido acreditada con una licencia tipo B-3, B-4, C, D o E. También, será conductor profesional aquel que haya sido acreditado con su licencia tipo A-2, A-3, B-1 o B-2, y que haya solicitado, al momento de su expedición, el agregado P (profesional).

15.  Dirección electrónica vial (DEV): correo electrónico a nombre del conductor, el cual debe mantenerse activo y disponible para la recepción de avisos y notificaciones por accidente, según lo establece el artículo 81 de la Ley de Tránsito 9078.

16.  Funcionario: Servidor público de la Presidencia o del Ministerio que presta servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva, definidos por los artículos 111 y 112 de la Ley General de Administración Pública Nº 6227 y 2 de la Ley  Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422.

17.  Horario de Operación: Días y Horas habilitados en forma genérica para la operación normal de los vehículos oficiales, de acuerdo con las categorías que establece el presente reglamento.

18.  Incidente de Tránsito: Es toda acción u omisión, evento o acontecimiento que en la conducción del vehículo oficial, por parte del conductor o ajena a esté, donde no medie un accidente de tránsito y cuyas consecuencias genere un daño sobre el bien patrimonial del Estado.

19.  Infractor: persona que incumple las disposiciones de la ley de Tránsito Nº 9078.

20.  Inspección técnica vehicular (IVE): prueba mediante la cual se verifican las condiciones técnico-mecánicas y el control de emisiones de los vehículos automotores.

21.  Gira: Condición que se da cuando los funcionarios deben desarrollar labores propias de sus funciones, en lugares distintos al de su centro habitual de trabajo.

22.  Servicio de Transporte: El que preste la Presidencia o el Ministerio a sus funcionarios durante el desempeño de sus funciones, o visitantes debidamente autorizados.

23.  Sistema de Evaluación Permanente de Conductores: consiste en la acumulación de puntos en función de las infracciones cometidas, con el fin de establecer un mecanismo de control de desempeño para la ejecución de medidas correctivas, dirigidas a la enmienda del comportamiento y al fomento de conductas que fortalezcan la seguridad vial.

24.  Vehículos de la Presidencia y Ministerio: Todo vehículo automotor destinado al transporte de personas, material y equipo.

25.  Tarjeta de compras de institucionales: Es un sustituto plástico idóneo del dinero efectivo, que conserva las mismas condiciones de las tarjetas de débito y crédito, con ciertas diferencias a las mismas, que serán utilizadas como medio de pago para compra de bienes y servicios. Todo conforme al convenio suscrito entre el Banco de Costa Rica y la Tesorería Nacional.

26.  Las demás definiciones establecidas en el artículo 2 de la ley de tránsito

CAPÍTULO II

De la clasificación y asignación

de vehículos oficiales

Artículo 4°—Para los efectos del presente Reglamento, los vehículos de la Presidencia y del Ministerio se clasificarán de la siguiente manera:

a)  Vehículos de uso discrecional: son los asignados al Presidente de la República, Vicepresidentes de la República y Ministros, estará destinado de forma exclusiva al servicio de esos funcionarios, con la finalidad de facilitar y mejorar el desempeño de sus funciones.

b) Vehículos de uso semidiscrecional: Es aquel que estará destinado de forma exclusiva al servicio de los Viceministros de la Presidencia, con la finalidad de facilitar y mejorar el desempeño de sus funciones.

c)  Vehículos de uso administrativo general: son todos los vehículos utilizados por la Presidencia y el Ministerio, para prestar servicios regulares de transportes en el desarrollo normal de sus funciones y actividades de las diferentes oficinas y dependencias, como medio de transporte de persona, material y equipo.

d) Vehículos de servicios de uso policial, de servicios de seguridad y prevención: son todos los vehículos utilizados por la Seguridad Presidencial, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y la Unidad Especial de Intervención destinados para la protección de máximos jerarcas, invitados de gobierno, así como para labores de policía o seguridad de apoyo.

Artículo 5º—Los vehículos oficiales estarán sometidos a las siguientes regulaciones de conformidad a la Ley de Tránsito.

1°- Vehículos de uso discrecional:

Pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que los distingan como vehículos del Estado.

Estos vehículos no cuentan con restricciones en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, características que asumirá, bajo su estricto criterio, el funcionario responsable de la unidad.

El funcionario responsable de estos vehículos velará por su custodia, mantenimiento, uso racional y conservación y porque sean sometidos a las reparaciones necesarias, y deben devolverlos a la Institución en el momento de la finalización de su nombramiento.

El Departamento de Transportes debe ejercer controles en cuanto reparación y mantenimiento, cobertura de las pólizas de seguros necesarios de conformidad con lo que establezcan las leyes y reglamentos aplicables, así como por su inscripción en el Registro Público.

Queda prohibido la asignación de estos vehículos para el uso de familiares  de los funcionarios.

2°- Vehículos de uso semidiscrecional:

Están sujetos a limitaciones de horario, su utilización será desde las seis horas hasta las veintiún horas durante los días hábiles, debiendo pernoctar en las instalaciones de la Institución. Su uso en días no hábiles, sábados y domingos, feriados y de asueto, queda autorizado en casos especiales en que se amerite para desarrollar las funciones inherentes al cargo de Viceministro o cuando las necesidades institucionales así lo requieran, bajo entera responsabilidad del Viceministro.

Sólo podrá ser conducido por el Viceministro o el chofer institucional designado regularmente para su servicio o quien lo sustituya.

El vehículo de uso semidiscrecional podrá ser utilizado por el Viceministro para trasladarse a los lugares que requiera en razón de su cargo y con motivo de sus funciones, lo que incluye el traslado desde y hacia su residencia.

La Institución proveerá el combustible que sea necesario para la utilización del vehículo de uso semidiscrecional en los términos descritos en este artículo, a través de los medios dispuestos para ese efecto por el Departamento de Transportes.

Pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que los distingan como vehículos oficiales.

Queda prohibido la asignación de estos vehículos para el uso de familiares  de los funcionarios.

Cuando las necesidades institucionales así lo requieran o en casos excepcionales dicho vehículo podrá trasportar personas ajenas a la Institución, para lo cual deberá contarse con el consentimiento del Ministro de la Presidencia, al menos de forma verbal, sin perjuicio de que éste conste por escrito cuando así se estime procedente por dicho funcionario.

El Jerarca autorizará el uso de los vehículos semidiscresionales, fuera de los parámetros establecidos, en casos justificados, atendiendo las especiales asignaciones laborales de los Viceministros, para lo cual girara instrucciones a el Departamento de Transportes.

3°- Vehículos de uso administrativo:

a.  Están sujetos a limitaciones de horario, su utilización será durante la jornada laboral de la Presidencia y Ministerio, salvo autorización del Departamento de Transportes o la Unidad de Transportes.

b.  Debe pernoctar en las instalaciones de la Institución. Sí eventualmente se encuentra el vehículo de gira y por la lejanía respecto de la Unidad Administrativa, no sea factible la devolución del vehículo el mismo día en que se retira, en este caso deberá coincidir el lugar donde pernocta el vehículo con el lugar de la gira, salvo excepciones muy calificadas, autorizadas por el responsable de la gira.

c.  Atendiendo la naturaleza de su uso y recorrido están autorizados para transitar por todo el país o en el extranjero, en giras oficiales.

d.  No podrán ser asignados en forma exclusiva al servicio de ningún servidor, ni para el uso de familiares de los funcionarios.

e.  De acuerdo con la naturaleza de las funciones y la necesidad del servicio, se podrán asignar vehículos, de manera excepcional, a determinadas áreas, previa autorización de la Dirección General.

f.   Salvo autorización expresa del Departamento de Transportes o la Unidad de Transportes, o de la Dirección Administrativa a que está asignado el vehículo, queda prohibido el transporte de particulares.

4°- Vehículos de servicios de uso policial, de servicios de seguridad y prevención:

a-  El jerarca o director del programa, mediante resolución administrativa determinará cuales vehículos serán asignados para las labores de uso policial o servicio de seguridad y prevención.

b- Por motivo de sus funciones, la conducción de estos vehículos, se ajustará a lo establecido en la Ley de Transito por vías públicas terrestres y seguridad vial No. 9078, pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que los distingan como vehículos del Estado, conforme al artículo 236 de la Ley de Tránsito.

c-  Los vehículos serán utilizados dentro de la jornada ordinaria de la Institución. Deben pernoctar en las instalaciones de la Institución, salvo que por los operativos o funciones especiales supeditadas a la realización de labores o funciones impostergables e inherentes a la Institución, así se justifique y se cuente con autorización del Director de Operaciones o del funcionario a quien este designe, para que permanezcan fuera de la institución.

d- Atendiendo la naturaleza de su uso y recorrido están autorizados para transitar dentro y fuera del país, en funciones propias de su competencia.

e-  No pueden estar asignados a ningún servidor, su uso es exclusivo para el cumplimiento de los deberes propios de las funciones encomendadas a cada cuerpo policial según la Ley General de Policía, y en ningún momento o motivo puede usarse para asuntos particulares.

f-  Cuando los vehículos estén en uso, no deberán dejarse sin vigilancia, por ningún motivo. Deberá haber siempre por lo menos un servidor que vele por el cuidado de los mismos, salvo caso fortuito, fuerza mayor o extrema urgencia en razón del operativo.

g-  En caso de accidente deberá cumplir la normativa general para esos casos, siendo que de no poder esperar la llegada de las autoridades de tránsito e Instituto Nacional de Seguros, por razones de tipo operacional justificado, se encuentren en una zona inaccesible o muy alejada en la que no exista este tipo de servicio o en el caso de no contar con un medio de comunicación, el oficial deberá proceder a trasladar el automotor o efectuar el reporte, a las oficinas de tránsito y de la entidad aseguradora más cercanas, para la elaboración del informe en el plazo que fije la Unidad de Transportes.

h- Conforme al artículo 95 de la Ley de Tránsito N° 9078, no estarán sujetos a restricción vehicular los vehículos utilizados por los cuerpos de policía públicos. En igual sentido de conformidad con el artículo 233 de dicha ley, los vehículos oficiales de uso policial, de seguridad y prevención mediante la identificación correspondiente del oficial, están exentos del pago de las tarifas que se cobren en las estaciones de peajes situadas en las vías públicas. En ambos casos, el Director del Programa coordinará con las autoridades de tránsito y con la autoridad competente.

Artículo 6º—La asignación de los vehículos, que efectúa el Departamento de Transportes o Unidad de Transportes, en coordinación con la Dirección General o el Director del Programa, clasificados de uso discrecional, semidiscrecional, administrativo uso policial y de seguridad y prevención,  en ningún caso puede ser considerada como un beneficio, mejora salarial, salario en especie o en alguna forma parte del contrato de trabajo, ni dará lugar a derechos adquiridos en favor del funcionario.

Artículo 7º—Todos los vehículos de uso administrativo, sin excepción deben estar rotulados con una leyenda que diga Presidencia de la República o Ministerio de la Presidencia, según corresponda, en ambas puertas delanteras, deben portar la placa de circulación en el lugar definido por la ley y están sometidos a los procedimientos de control interno y los que establece la presente reglamentación.

CAPÍTULO III

De las obligaciones de la Dirección General, Directores de

Programa, departamento y unidades de trasporte

SECCIÓN PRIMERA

De la administración de los vehículos

Artículo 8°—La Dirección General o los Directores de Programa deberán velar por el estricto cumplimento de las disposiciones, tanto en los aspectos reglamentarios como presupuestarios que regulan la función de transporte y deben someter a conocimiento y aprobación del Viceministro de la Presidencia los cambios que consideren procedentes.

Artículo 9°—Corresponde a la Dirección General o los Directores de Programa definir e informar mediante circular, a las unidades administrativas y las encargadas de transportes de cada programa las disposiciones atinentes al cumplimiento de  este reglamento basado en las regulaciones para la efectiva administración de activos públicos, las autorizaciones para el uso, personal avalado para el manejo, sistemas de control interno, prohibiciones y procedimientos ante accidentes de tránsito.

Artículo 10.—La Dirección General, o los Directores de Programa podrán delegar la administración, el uso, el control y el mantenimiento de los vehículos propiedad de la Presidencia y del Ministerio, en las Unidades o Direcciones encargadas de transportes de los diferentes Programas adscritos.

SECCIÓN SEGUNDA

Del Departamento de Transportes y las Unidades de Transporte

Artículo 11.—Corresponde al Departamento de Transportes y a las Unidades encargadas de Transportes:

a)  Planificar, organizar, controlar y coordinar todas las actividades de orden administrativo relacionado con la adquisición, el uso y la disposición de los vehículos, definiendo los objetivos y las metas para el uso racional de los vehículos, conforme a las normas de control interno para el Sector Público y al principio de probidad en el uso de bienes públicos.

b) Atender las solicitudes de transportes de las dependencias de la Presidencia y del Ministerio que así lo requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones y determinar el medio más eficaz y eficiente para satisfacerlas.

c)  Velar por el correcto funcionamiento, conservación y limpieza de los vehículos, y garantizar en la medida de lo posible, que existan unidades para atender casos de emergencia.

d) Asegurar los vehículos de la Presidencia y del Ministerio y aquellos que se encuentren en convenio de préstamo institucional, con una póliza de seguro voluntario, además de la de seguro obligatorio, con las coberturas que se estimen más convenientes y de mayor importancia, tramitando a su vez, los derechos de circulación de la flotilla de vehículos oficiales y en convenio de préstamo institucional.

e)  Vigilar que los vehículos se utilicen satisfactoriamente en la realización de los servicios para los que fueron solicitados, para lo cual se tendrá una fórmula de control de uso de vehículos.

f)  Coordinar con la Asesoría Jurídica los trámites de inscripción y desinscripción de vehículos a nombre de la Institución y todos los que sean necesarios para que dichas unidades circulen de acuerdo con los términos de la legislación vigente.

g)  Mantener actualizada la información de control de cada automotor, efectuando para ello los inventarios físicos que considere pertinentes.

h) Emitir las recomendaciones pertinentes para aprobar cualquier modificación o variante en la estructura física o mecánica de los vehículos,  coordinando con la Asesoría Jurídica los trámites regístrales correspondientes.

i)  Investigar, atender y tramitar todos los aspectos administrativos y de análisis técnico que sea necesario realizar, con motivo de accidentes e incidentes de tránsito en que intervengan vehículos de la Presidencia  o del Ministerio y rendir ante el Viceministro o el Consejo de Personal, según la competencia, el informe correspondiente.

j)  Atender todos los aspectos administrativos referentes al abastecimiento de combustible, lubricantes, uso del dispositivo electrónico Quiss Pack y uso de las tarjetas de compras de institucionales, definiendo los montos máximos a comprar por mes y por transacción, cantidad máxima de transacciones por día y por mes, los días y horas de la semana en que la tarjeta esté habilitada.

k) Coordinar y tramitar la prestación de servicios de transporte con las entidades gubernamentales, en aquellas actividades propias o de interés institucional.

l)  Rendir informes trimestrales ante la Dirección General sobre la tenencia, el uso, el mantenimiento y las situaciones especiales del vehículo.

m)     Gestionar las órdenes de compra de combustible, para la reparación de vehículos, compra de repuestos y traslados que requieran los vehículos de la Presidencia o del Ministerio.

n) Proponer, coordinar y fiscalizar el préstamo de vehículos institucionales por medio de Convenios de Cooperación.

o) Velar porque los vehículos oficiales circulen portando los documentos  requeridos, el IVE, las especificaciones técnicas de los vehículos automotores, a su vez que  cumplan con los requisitos generales, específicos y de seguridad para su circulación, según su naturaleza constructiva, dispuestos por la Ley de Tránsito y el reglamento respectivo dictado por el MOPT o el Poder Ejecutivo.

p) Velar porque se cumpla con el presente Reglamento, y las directrices administrativas que de allí se emanen, reportando cualquier violación al mismo junto con su recomendación, al Viceministro de la Presidencia, con copia a la jefatura superior del infractor.

q) Autorizar en forma expresa, siempre que existan circunstancias especiales la circulación del vehículo de uso administrativo, en horas y días diferentes al horario normal de la institución.

CAPÍTULO IV

Procedimientos de control

Artículo 12.—Es responsabilidad del Departamento de Transportes o Unidades de transportes, el establecimiento de los mecanismos de control que considere oportunos en el desarrollo de sus funciones.

Artículo 13.—El Departamento de Transportes o Unidades de transportes, fiscalizará las labores de los conductores, instruyéndolos para el cumplimento de sus deberes, a la vez establecerá registros de firmas de los encargados de autorizar y solicitar servicios y operaciones relativas al uso, control y mantenimiento de vehículos.

Artículo 14.—El control de uso de vehículos para los vehículos semidiscresionales y administrativos, se efectuará mediante un formulario que contenga al menos los siguientes datos:

a)  Número de placa.

b) Nombre del operador de equipo móvil o conductor.

c)  Unidad a la que se presta el servicio.

d) La fecha, la hora y el lugar de entrega.

e)  Anotación de desperfectos mecánicos o de carrocería detectados durante el viaje, tanto a su salida como a su regreso, así como cualquier observación o detalle que amerite informarlo.

f)  Detalle exacto de su equipamiento, establecido en el artículo 34 de este reglamento, tanto a su salida como a su regreso.

g)  Firma del conductor.

El formulario se llenará cada vez que haya cambio de operador de equipo móvil o conductor. Si el vehículo ingresa después de la jornada ordinaria de la Institución, el operador de equipo móvil o el conductor junto con el guarda de turno, suscribirá el formulario de control.

Artículo 15.—Se debe contar con un expediente en el que se incluya copia de toda documentación referente al Registro, derechos de circulación y pólizas de los vehículos institucionales, así como todo lo relacionado al registro de daños, averías y reparaciones que permita dar a conocer en todo momento el estado de los mismos, para establecer un programa de mantenimiento y reparación.

Artículo 16.—El Departamento de Transportes o Unidades de Transportes, levantará un expediente para cada conductor, en el que se anotarán: el nombre y los apellidos, el número de identificación de la cédula de identidad y la licencia su clasificación, y la fecha de vencimiento, la fotocopia de ambas identidades, así mismo se incluirá un legajo dentro de dicho expediente denominado “sistema de puntos de la licencia del conductor” que llevará el   registro periódico actualizado emitido en forma certificada por el Consejo Nacional de Seguridad Vial (COSEVI), en donde conste todo lo relacionado con el Sistema de Puntos, señalado dentro del Capítulo II del Titulo V de la Ley de Tránsito y cuyo deber de informar le corresponde al operador de equipo móvil de conformidad con lo establecido en el Capítulo IX del presente Reglamento, así como toda la información referente a los accidentes que tenga con los vehículos de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia.

Artículo 17.—El Departamento de Transportes o la Unidad de transportes debe efectuar los registros de autorizaciones de circulación de vehículos en días y horas no hábiles y de circulación de vehículos fuera del país, que se extiendan.

Artículo 18.—Los controles se establecerán sobre la base de lograr la maximización en cuanto al uso y cumplimiento de las metas y objetivos, en materia de transporte y uso de combustible, deberán reflejar fielmente el consumo de combustible, recorrido de los vehículos y el costo del mantenimiento. A su vez, llevar las estadísticas que servirán de base en la determinación de los montos a presupuestar en los diferentes rubros relacionados con los vehículos automotores.

CAPÍTULO V

De la prestación y uso de los servicios de transporte

SECCIÓN PRIMERA

De la prestación de servicios

Artículo 19.—Toda Unidad que requiera la prestación de servicios de transporte para el adecuado desempeño de sus funciones, deberá plantear la respectiva orden de servicio a la Unidad encargada de Transporte, justificando claramente las necesidades del servicio. Esta Unidad analizará la solicitud y procederá a la prestación del servicio de conformidad con las políticas planteadas sobre el particular, los intereses institucionales y la disponibilidad de recursos.

Artículo 20.—El Departamento de Transportes o la Unidad de Transportes determinará, de acuerdo con la solicitud presentada y con la disponibilidad de recursos, el tipo de vehículo que mejor se adapte a las condiciones del servicio solicitado. Si en un lapso de treinta minutos no se ha utilizado el servicio asignado, y no se ha comunicado la prórroga de salida, podrá disponer del vehículo para cubrir otras necesidades.

Artículo 21.—Para efectos de programar y coordinar los recursos disponibles adecuadamente, la orden de servicio de transportes se presentará durante los días y horas hábiles con una anticipación de:

1.  Cuatro horas hábiles para servicios cuya duración no sobrepasa un día.

2.  Dieciséis horas hábiles para servicios de giras cuya duración es de dos a cuatro días y

3.  Veinticuatro horas hábiles para servicios de más de cuatro días.

Los servicios cortos (de no más de tres horas) imprevistos dentro del área metropolitana y los de carácter de urgencia serán prestados al momento de su solicitud, siempre y cuando existan recursos disponibles.

Artículo 22.—El uso del servicio se autorizará estrictamente por el período solicitado, salvo casos imprevistos o eventuales, sujetos a comprobación, en los que se deberá tramitar al día hábil siguiente el motivo de la ampliación, con indicación del período adicional y especificando los motivos por los cuales el vehículo no podrá ser devuelto en la fecha programada.

Artículo 23.—Dependiendo de la naturaleza de la necesidad planteada, se prestará el servicio bajo una de las siguientes modalidades:

a)  Servicio ocasional: Consiste en poner a disposición de la unidad solicitante un vehículo y su respectivo operador de equipo móvil, con el propósito de efectuar un traslado específico.

b) Servicio temporal: Préstamo que lleva consigo la disponibilidad de un vehículo con su respectivo operador de equipo móvil, al servicio de la Unidad solicitante, durante un lapso determinado. Será considerado como servicio temporal aquel que sobrepase las ocho horas.

c)  Servicio permanente: Se da cuando la actividad de la Unidad justifica la necesidad de un uso permanente de vehículo y su operador de equipo móvil.

d) Servicio externo: Si la Institución no cuenta internamente con los medios para llenar la necesidad de transporte existente, podrá recurrir con la previa autorización de la Dirección General a la contratación de servicios externos, cuyas condiciones variarán de acuerdo con los requerimientos de cada servicio.

Artículo 24.—Si la necesidad interna es permanente y si la institución no cuenta con los medios para cubrirla, se podrá recurrir al préstamo institucional de vehículos, para lo cual se suscribirá el convenio de cooperación interinstitucional, que regulará las condiciones de uso, mantenimiento preventivo y correctivo, combustible, seguros y lo necesario para un buen funcionamiento y custodia del bien.

SECCIÓN SEGUNDA

De la utilización de servicios

Artículo 25.—Todo vehículo de la Presidencia o del Ministerio deberá ser utilizado por funcionarios autorizados para ello y exclusivamente en el desempeño de labores propias de estos. Corresponde tanto a las Unidades que tienen vehículos a su servicio, como al Departamento de Transportes, velar por el acatamiento de esta disposición.

Artículo 26.—Para lograr el mejor aprovechamiento de las unidades disponibles, el Departamento de Transportes o Unidad de transportes, deberá agrupar en un solo viaje varias solicitudes de transporte que se dirijan hacia un mismo sitio o ruta, dando una adecuada coordinación del viaje.

Artículo 27.—Cualquier alteración de la ruta programada que se presente en el transcurso de un viaje, será responsabilidad absoluta del funcionario que utilice el servicio y que cause  la misma. El operador de equipo móvil o el funcionario que utilice el servicio debe informar al superior inmediato la situación al finalizar la gira.

Artículo 28.—Una vez concluidas las labores diarias, o en días feriados, asuetos o vacaciones oficiales determinadas mediante directriz del Ministerio de Trabajo, todos los vehículos deberán ser guardados en el estacionamiento de la Presidencia, con excepción de los de carácter discrecional o semidiscrecional sí cuenta con la autorización del Jerarca Institucional. Las llaves de los mismos permanecerán bajo custodia del Jefe de Transportes, Encargado de Transportes o del Comandante de Guardia.

Previa autorización del Jefe de Transportes o Unidad de Transportes y cuando el fin de la gira lo justifique, el vehículo podrá pernotar en un parqueo público o la casa de habitación del operador de equipo móvil o conductor autorizado. Éste será responsable de guardarlo con todas las medidas de seguridad necesarias y deberá pagar cualquier daño que sufra el vehículo, así como responder administrativamente previa la realización del respectivo procedimiento ordinario administrativo.

Artículo 29.—Los vehículos propiedad de la Presidencia y del Ministerio, tendrán prioridad de estacionamiento en los parqueos de la institución propios o arrendados, sobre aquellos vehículos propiedad de sus funcionarios o de los visitantes.

SECCIÓN TERCERA

De los usuarios de los servicios de transportes

Artículo 30.—Son deberes de los usuarios de los servicios de transportes que presta  la Presidencia y el Ministerio y programas adscritos:

a)  Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

b) Portar el carné que lo identifica como funcionario de la Presidencia o del Ministerio, o del Programa adscrito, mientras viaja en vehículos oficiales, salvo en el caso de particulares autorizados.

c)  Hacer uso de los servicios de transporte que presta la Presidencia y el Ministerio en situaciones plenamente justificadas y por razón de desempeño de las labores propias de la Institución, manteniendo durante el desplazamiento el decoro y respeto que exige la condición de funcionario público.

d) Solicitar el servicio de transportes en forma escrita y con la debida antelación, a el Departamento encargado del uso, control y mantenimiento de vehículos.

e)  Sin excepción hacer uso del cinturón de seguridad durante su transportación.

Artículo 31.—Ningún usuario está autorizado para:

a)  Obligar al operador de equipo móvil o conductor a continuar operando el vehículo cuando se vea en la necesidad de detener la marcha debido a un posible desperfecto mecánico, daño a la carrocería, o cuando las condiciones de la carretera o climáticas no lo permitan.

b) Exigir la conducción del vehículo a una velocidad mayor o menor de la permitida en la zona. En el primer caso no podrá aducirse urgencia en el servicio.

c)  Obligar al operador de equipo móvil o conductor a destinar el vehículo para asuntos de tipo personal, a la transportación de familiares, ni extender la utilización de éste cuando se haya concluido la labor diaria en el lugar o centro de trabajo de la gira o servicio, a menos de que así se haya consignado en el formulario de Control de Uso de vehículos.

d) Fumar dentro del vehículo oficial.

e)  En general, ningún usuario tendrá autoridad para obligar a un operador de equipo móvil o conductor a violar el presente Reglamento o las leyes vigentes.

CAPÍTULO VI

De la circulación de vehículos  de la Presidencia y del Ministerio

Artículo 32.—Los vehículos de uso institucional podrán circular sí cumplen con todos los requisitos señalados por las leyes y las disposiciones institucionales vigentes.

Artículo 33.—Son requisitos indispensables de orden administrativo, para que un vehículo propiedad de la Presidencia o del Ministerio entre en circulación, estar debidamente rotulado con el nombre de la institución, estar asegurado y registrado como activo de la administración, portar el IVE como las placas de la matrícula o permiso temporal extendido por el Registro Publico de la Propiedad de vehículos, en los lugares que exige la ley de tránsito y contar con los marchamos requeridos por ley.

Artículo 34.—Deberá el vehículo oficial contar con todas las especificaciones técnicas, los requisitos generales, requisitos específicos para la circulación, así como los requisitos de seguridad en carretera necesarios para el cumplimiento de su cometido, señalados por la Ley de Tránsito.

Artículo 35.—La circulación de vehículos en horas y días no hábiles estará debidamente supeditada a la realización de labores o funciones impostergables e inherentes a la Institución.

Cuando se trate de Unidades Administrativas que presten servicios con un horario especial, la responsabilidad en el cumplimiento de esta disposición recaerá sobre el director de la Unidad a cuyo cargo se encuentra el vehículo, quien para ello solicitará por escrito al Departamento de Transportes o la Unidad de Transportes, la confección del permiso de circulación fuera de la jornada ordinaria. Este permiso tendrá validez siempre y cuando la firma del Jefe de Transportes o el Jefe de la Unidad, esté autorizada para tal efecto ante la Dirección General de Tránsito, Sección de Control de Vehículos Oficiales.

Artículo 36.—El servicio de transporte utilizando vehículos de la Presidencia y del Ministerio queda restringido al territorio nacional, salvo cuando exista una situación calificada y se cuente con la autorización de la Dirección General o Director de Programa y la certificación de salida del país.

CAPÍTULO VII

De la adquisición de vehículos para la Institución

Artículo 37.—Los Programas o Direcciones con presupuestos aprobados internamente para la compra de vehículos deberán enviar a la Dirección General, la información necesaria para solicitar, cuando así proceda, la respectiva autorización.

Para tales efectos la información requerida debe ser conforme a la Ley de Contratación Administrativa vigente y su reglamento, y a las Directrices que se emitan en materia de adquisición de vehículos automotores por el ente competente.

Artículo 38.—La determinación para la adquisición de vehículos nuevos se ajustará a las políticas que dicte el Poder Ejecutivo para la racionalización de los recursos públicos y minimizar sus gastos operativos.

En materia de adquisición de vehículos para uso de los jerarcas institucionales, se debe seguir la política austera, no pudiendo comprar vehículos ni sustituir, sin que se cumplan los lineamientos gubernamentales, en relación a la antigüedad del vehículo. Para los vehículos administrativos, se seguirá la misma política restrictiva, procurando que la adquisición de vehículos sean aptos para el cumplimiento de las tareas correspondientes, sin incurrir en lujos innecesarios.

El Departamento de Transportes o Unidad de Transportes, debe recomendar a la Dirección General o Director del Programa la venta, remate o canje de unidades que, por alguna circunstancia, han dejado de ser útiles para la Institución.

CAPÍTULO VIII

Del servicio de mantenimiento

Artículo 39.—Será responsabilidad de el Departamento o Unidad de Transportes, la elaboración y ejecución de los programas de mantenimiento preventivos y correctivos para todos los vehículos de la Presidencia, del Ministerio y sus programas adscritos, ya sea que se realicen en forma interna o externa, para lo cual contará con el personal técnico que requiera, en la medida de las posibilidades de la Institución. Igualmente será su responsabilidad velar porque éstos se efectúen con la mayor eficiencia y eficacia, y de preparar y presentar a la Dirección General los informes que ésta solicite, todos acorde a la legislación vigente.

Artículo 40.—Corresponderá a la Dirección General verificar la eficiencia, eficacia y oportunidad de ejecución de los programas de mantenimiento, así como su legalidad de acuerdo al artículo anterior y girar las recomendaciones que considere atinentes a el Departamento o Unidad encargada de Transportes.

CAPÍTULO IX

De los conductores de vehículos de la Presidencia y  del  Ministerio: protecciones, deberes y responsabilidades

Artículo 41.—Todos los funcionarios de la Institución durante el ejercicio de sus labores, están amparados por una Póliza del Seguro contra Riesgos del Trabajo y las relativas a vehículos según las disposiciones de la Ley de Tránsito.

Artículo 42.—Son deberes de todo conductor de la Presidencia y del Ministerio, además de los consignados en el ordenamiento legal vigente:

a)  Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito, sus reglamentos, así como las disposiciones que establece el presente Reglamento y toda otra que complemente acertadamente los fines y propósitos de éste.

b) Someterse a exámenes médicos periódicos a fin de determinar su capacidad física y mental para conducir vehículos automotores. Cuando medie motivo razonable, se le podrán establecer pruebas químicas de su sangre, aliento, saliva y orina, al conductor sospechoso de consumir cualquier tipo de droga con el propósito de determinar el contenido de estos agentes. El conductor tendrá el derecho de escoger el tipo de prueba dentro de las que sean técnicamente procedentes.

c)  Portar el tipo de licencia al día, conforme a la Ley de Tránsito y las disposiciones que se establezcan reglamentariamente. La acumulación total de puntos que ocasione la pérdida de la licencia, constituirá falta grave, a efecto de aplicar el Reglamento de Organización y Servicio de la Presidencia y Ministerio, en caso de reincidencia aplicaría la gestión de despido sin responsabilidad patronal.

d) Utilizar las tarjetas de compras institucionales dentro de los parámetros autorizados y establecidos para cada tarjeta, y presentar la documentación necesaria para el control de combustible.

e)  Revisar antes de conducir el vehículo que cuente con condiciones adecuadas de limpieza, frenos, dirección, luces, lubricantes, combustible, presión de llantas y estado general de los mismos, nivel de agua, así como cerciorarse  que cuente con todos los implementos exigidos en la Ley de Tránsito.

f)  Aplicar mientras conduce, las mejores técnicas y conocimientos para el buen manejo, evitando daños o el desgaste acelerado de la unidad, cumpliendo las reglas generales para la conducción de vehículos y uso de las vías públicas.

g)  Conservar mientras conduce, la mayor compostura, responsabilidad y la debida prudencia, de manera que no ponga en peligro su propia vida, ni la seguridad de funcionarios o terceros, deberán utilizar y asegurarse de que todos los ocupantes del vehículo utilicen los cinturones de seguridad y demás dispositivos conforme a la Ley, y no provocar daños a la unidad que conduce u otros vehículos o bienes.

h) Acatar las instrucciones que en carretera les señalen los Inspectores Viales de la Dirección General de Tránsito y brindarles la información que solicitan.

i)  Velar por que el vehículo opere en condiciones mecánicas y de carrocería apropiadas y reportar oportunamente a su jefatura inmediata o al Departamento o Unidad de Transportes, cualquier daño que detecte en el vehículo.

j)  Seguir la ruta previamente establecida entre los puntos de salida y destino de cada servicio.

k) Guardar la más estricta discreción de los asuntos oficiales y/o privados que se discutan en el vehículo oficial.

l)  Aportar a la Asesoría Jurídica de la Presidencia y del Ministerio o del Programa Adscrito copia de la sentencia en firme que dicten las Autoridades Judiciales en las sumarias en que figuren como parte, a raíz de un accidente con el vehículo oficial y en ejercicio de sus funciones.

m)     Informar al Departamento de Transportes o Unidad de Transportes, en los casos en que haya asignación o acumulación de puntos de su licencia de conducir, en función de las infracciones cometidas, a efecto de que conste en el expediente el registro que al efecto lleva el Departamento o Unidad de Transportes.

n) Pagar el deducible de la póliza del Instituto Nacional de Seguros, multas y demás costos derivados del percance, de conformidad con los artículos 49, 50  de este reglamento.

o) Comunicar a la Jefatura inmediata y al Departamento o Unidad de Transportes cuando se le haya realizado algún parte de tránsito o parquímetro, así como pagar en el lapso de cinco días hábiles a partir de estar  firme, la multa por concepto de la infracción y presentar al Departamento o Unidad de Transportes el comprobante de pago.

p) Evitar la acumulación de puntos por infracciones cometidas y las consecuencias del proceso de acumulación, los cuales se establecerán de acuerdo con el rango de vigencia de la licencia.

q) Revisar cada dos días como mínimo la Dirección Electrónica Vial (DEVA), y efectuar el debido reporte al funcionario designado del Departamento o Unidad de Transportes.

r)  Reportar a el Departamento de Transportes o Unidad de Transportes el incumplimiento de la disposición de no fumado en el vehículo por parte del usuario.

Artículo 43.—Se prohíbe a todo conductor:

a)  Trasladar a personas ajenas a la Institución, excepto aquellos casos que estén debidamente autorizados por el Jefe del Departamento o  la Unidad de Transportes o de la Dirección Administrativa en que se encuentre destacado como chofer, así como la salvedad que establece el artículo 5 inciso 2) apartado g).

b) Ceder el vehículo para que lo conduzca el usuario del servicio o terceras personas, salvo en casos de fuerza mayor.

c)  Conducir en contravención de las normas de carácter general de tránsito.

d) Utilizar logotipos especiales en los vehículos, distintos de los que por disposición legal puedan portar.

e)  Efectuar arreglos extrajudiciales en casos de accidentes con vehículos del Ministerio de la Presidencia y de la Presidencia de la República.

f)  Fumar en el vehículo.

g)  Bajo ninguna circunstancia conducir vehículos de la Presidencia o del Ministerio bajo los efectos del licor, drogas o sustancias enervantes.

h) Utilizar teléfonos móviles y cualquier otro medio o sistema de comunicación, salvo que no se empleen las manos, se utilicen auriculares o instrumentos similares.

i)  Asimismo, se prohíbe conducir realizando actividades distintas de las que demanda la debida conducción de vehículos.

Artículo 44.—Son obligaciones del operador de equipo móvil o conductor al utilizar la tarjeta de compras institucionales las siguientes:

a)  Utilizarla, única y exclusivamente para la adquisición del combustible necesario para operar los vehículos de la Presidencia y del Ministerio, conforme a los parámetros previamente designados por los Directores de Programa, los cuales serán definidos por día, hora y monto máximo de transacción diaria y mensual.

b) Responder administrativa, civil y penalmente cuando proceda, por cualquier intento de fraude o uso anómalo de la misma.

c)  Presentar diariamente una liquidación al Administrador de Tarjeta respectivo, adjuntando la factura de compra y el voucher.

d) Velar porque la factura emitida por la estación de servicio no presente tachaduras, borrones, ni alteraciones y que contenga legiblemente la siguiente información: fecha, nombre de la Institución, número de placa del vehículo, cantidad en litros y colones del combustible solicitado, kilometraje en el momento del abastecimiento y tipo de combustible. Al dorso de cada factura por compra de combustible se consignará nombre, cédula y firma del conductor.

e)  Contar con la autorización del Departamento o Unidad de Transportes para gestionar ante las oficinas del Banco de Costa Rica la reposición de la tarjeta en los casos de deterioro por el uso, desgaste normal o la renovación de la misma.

f)  Reportar el robo, hurto, pérdida o daño de la tarjeta de compra al  Banco de Costa Rica inmediatamente al conocer del hecho; Asimismo al día hábil siguiente a el Departamento o Unidad de Transportes por escrito,  debiendo adjuntar copia de la denuncia interpuesta ante la Autoridad Judicial competente, y el número de reporte efectuado ante el Banco de Costa Rica.

g)  Tramitar ante el Banco de Costa Rica, la reposición de un voucher en los casos  necesarios.

h) No facilitar a terceras personas, el uso de la tarjeta de compra y la clave de acceso asignada para la utilización de la misma. Todas aquellas transacciones realizadas mediante el uso de la tarjeta, se reputarán para todos los efectos, como efectuadas por el tarjeta habiente.

i)  Previa determinación en un procedimiento ordinario administrativo, reponer el valor de lo sustraído con la tarjeta electrónica de compras institucionales, cuando la sustracción le sea imputable por descuido, culpa, dolo o fraude en cualquiera de sus acepciones o en general por el uso indebido de la misma.

j)  No utilizar la tarjeta de Compras Institucionales en los períodos en los que se encuentre incapacitado o gozando del periodo de vacaciones.

Artículo 45.—Los conductores de vehículos no podrán hacer intercambio de accesorios entre las unidades, si no cuentan con la aprobación de el Departamento o Unidad de Transportes.

Artículo 46.—Los conductores no deben estacionar los vehículos en lugares donde se ponga en peligro la seguridad de los mismos o en locales o sitios cuya característica comprometa la imagen de la Institución.

Asimismo, el responsable de la unidad deberá corroborar que en los casos que el vehículo quede aparcado, que tanto él como sus ocupantes, desalojen los útiles de trabajo y cualquier otro tipo de artículo susceptible de sustracción.

CAPÍTULO X

De los accidentes de tránsito

Artículo 47.—Los conductores que durante la circulación de los vehículos de la Presidencia  y del Ministerio, se vean involucrados en un accidente o incidente de tránsito,  deberán seguir las siguientes instrucciones:

a)  Llamar y esperar al inspector de tránsito con el fin de que se elabore la boleta de citación correspondiente.

b) Llamar y esperar la confección del aviso de accidente del Instituto Nacional de Seguros, con el objetivo de que se realice la inspección del accidente o incidente, y coordinar con el Departamento o Unidad de Transportes la continuación del trámite respectivo.

c)  Permanecer en el lugar del accidente y guardar todas las medidas de seguridad que sean convenientes, a efectos de mantener intactos todos los elementos probatorios del caso y la consecución de las pruebas necesarias, para lo cual podrán tomar fotografías o grabar videos, mediante el uso de aparatos telefónicos, cámaras de video o digitales, o cualquier otro aparato tecnológico que permita fijar la escena del accidente, y aportarlos a la autoridad judicial o administrativa competente.

d) Comunicar el accidente o incidente de inmediato al Departamento o Unidad de Transportes y presentar dentro de los tres días hábiles siguientes al hecho, el informe escrito, con la documentación pertinente, señalando la causa y daños ocasionados, en los casos de colisión, aportando de ser posible el número de la placa del vehículo con el cual colisionó, nombre, número de cédula del otro conductor, así como los datos de los testigos presenciales si los hubiera. En caso de que condiciones de salud no permitan la presentación del informe, deberá justificarlo con la documentación médica, al día hábil siguiente de su egreso del centro hospitalario o clínica donde haya sido atendido.

e)  Declarar ante las Autoridades Judiciales competentes dentro de los diez días hábiles siguientes al percance, cumpliendo con el proceso judicial que se siga al efecto hasta el dictado de la sentencia, y aportar las copias de las piezas judiciales.

Artículo 48.—El Departamento o Unidad de Transportes analizará todo accidente o incidente de tránsito en que participe un vehículo de la Presidencia o del Ministerio y rendirá un informe con la recomendación pertinente al Viceministro administrativo. Dicho informe deberá presentarse dentro del tercer día hábil siguiente a la declaración del funcionario en sede judicial, cuando está procede o en su defecto dentro del quinto día hábil posterior al aviso de accidente o completado el expediente administrativo. Una vez concluido el procedimiento, se tomará la resolución correspondiente. Este mismo procedimiento será aplicado a los diferentes partes por infracciones a la Ley de Tránsito, que se levanten en contra de los vehículos o contra los funcionarios en el ejercicio de su cargo.

CAPÍTULO XI

De sanciones administrativas y sistema de

Puntos de la Ley de Tránsito

Artículo 49.—El operador de equipo móvil o el conductor que fuese declarado culpable por los Tribunales de Justicia por un accidente en que hubiese participado un vehículo oficial, deberá cancelar el monto correspondiente al deducible de la póliza de seguros del Instituto Nacional de Seguros, cuando corresponda según el valor de mercado de vehículo, así como las indemnizaciones que deba hacer la Presidencia y el Ministerio  en favor de los terceros afectados, o en su totalidad cuando el costo del daño sea inferior al monto del deducible.

Asimismo, deberá asumir el pago del parte y multas conexas si los hubiera, y cancelar los timbres que correspondan. Una vez cancelada dicha infracción se debe remitir al Departamento de Transportes o Unidad de Transporte el comprobante de pago respectivo.

El funcionario podrá autorizar a la Presidencia o al Ministerio para que realicen deducciones correspondientes de su salario, con el fin de cancelar en un plazo prudencial convenido entre el funcionario y la Institución, lo establecido en el párrafo primero del presente artículo. En ningún caso el pago de la obligación patrimonial podrá exceder de un año calendario.

Artículo 50.—Las multas procedentes de violación a la Ley de Tránsito deberán ser canceladas por el operador de equipo móvil o el conductor, excepto en aquellos casos en que pueda comprobar que no hubo culpa de su parte.

En este caso, el funcionario deberá remitir dentro del plazo de dos días hábiles, al Departamento de Transportes o Unidad de Transportes la copia del recibo debidamente cancelado.

De no cumplirse esta disposición la Presidencia o el Ministerio, prevendrá por escrito el pago de la multa, y de no cancelarse se procederá al pago de la multa,  deduciendo en el mes siguiente del salario del infractor, o al funcionario a quien está asignado el vehículo y responsable del mismo, el monto correspondiente junto con los intereses que se deriven de la deuda original al momento del pago. En caso de que el infractor haya dejado de laborar para la Institución, se ejercerá la acción de cobro.

Artículo 51.—Puntos de la licencia. Todo funcionario autorizado a conducir vehículos está en la obligación de mantener como mínimo los puntos asignados a la licencia, necesarios para mantener vigente la misma.

La Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos, la Asesoría Jurídica y el Departamento o Unidad de Transportes, recomendarán al jerarca respectivo, las acciones a tomar, en los casos en que algún funcionario autorizado a conducir vehículos de la Institución, acumule por primera vez, la totalidad de los puntos de su licencia que lo inhabilite a conducir; esto de acuerdo a la Ley de Tránsito vigente, condición que afecta el cumplimiento de sus funciones como funcionario.

La Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos únicamente tramitará certificaciones para el COSEVI, referidas a la condición de funcionarios que dependen laboralmente de la conducción de vehículos automotores de la institución, cuando se encuentre acreditado como conductor profesional y la plaza del mismo tenga como requisito dicha condición. No se emitirá dicha certificación cuando se haya aplicado en una o varias veces, lo indicado en el inciso a) del artículo 136 de la Ley de Tránsito, cuando la acumulación de puntos sea producto de la aplicación del artículo 143 de la Ley de Tránsito Nº 9078.

Artículo 52.—Reacreditación de conductores. En el caso que un funcionario deba realizar un curso de sensibilización y reeducación vial, realizar un programa de tratamiento de adicciones para el control de consumo de alcohol, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas enervantes o un programa para el control de conductas violentas y tratamiento psicológico, La Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos, la Asesoría Jurídica y el Departamento o Unidad de Transportes, analizarán en conjunto el caso para efectos de que el Superior Inmediato conceda permiso de participación en cualquiera de ellos en jornada laboral.

En los casos en que un funcionario no haya sido reincidente en la acumulación de puntos asignados a su licencia y acumule por primera vez los mismos, la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos analizará el caso para recomendar al Superior si concede permiso en horas laborales para la participación en trabajo comunitario; esto de cara a reducir el tiempo necesario para la habilitación de su licencia de conducir.

En ninguno de los casos en los cuales un funcionario debe realizar los trámites y procedimientos correspondientes para la habilitación de su licencia por acumulación de puntos, la Institución asumirá ningún costo o gasto que tenga que sufragar el funcionario para dicha habilitación de licencia.

Artículo 53.—Se considerará falta leve para efectos de la sanción respectiva, la infracción a las siguientes disposiciones contempladas en el presente reglamento: del artículo 42 incisos “e”, “j”, “k”, “q”, “r”; del artículo 43 incisos “a”, “d”; del artículo 44 incisos “c”, “e”, “g”. Esto rige, sin perjuicio de que de manera justificada, se considere que por las implicaciones de la falta cometida o por la reincidencia, merezca una calificación de gravedad superior.

Artículo 54.—Se considerará falta de alguna gravedad para efectos de la sanción respectiva, la infracción a las siguientes disposiciones contempladas en el presente reglamento: del artículo 42 incisos “b”, “h”, “i”, “l”, “n”, “o”; del artículo 43 incisos “b”, “i”; del artículo 44 incisos “d”, “f”. Esto rige, sin perjuicio de que de manera justificada, se considere que por las implicaciones de la falta cometida o por la reincidencia, merezca una calificación de gravedad superior.

Artículo 55.—Se considerará falta grave para efectos de la sanción respectiva, la infracción a las siguientes disposiciones contempladas en el presente reglamento: del artículo 42 incisos “a”, “c”, “d”, “f”, “g”, “m”, “p”; del artículo 43 incisos “c”, “e”, “f”, “g”, “h”; del artículo 44 incisos “a”, “b”, “h”, “i”, “j”. Esto rige, sin perjuicio de que de manera justificada, se considere que por las implicaciones de la falta cometida o por la reincidencia, merezca una calificación de gravedad superior.

CAPÍTULO XII

Disposiciones finales

Artículo 56.—Es responsabilidad exclusiva de cada operador de equipo móvil o conductor  y de los funcionarios a quienes se les asigna la custodia del vehículo oficial, como de los funcionarios de la Presidencia o del Ministerio como tales, en lo que corresponda a cada uno, el cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento, de ahí que si acata órdenes que contravengan dichas disposiciones, asumirá las consecuencias que esa acción origine.

Artículo 57.—Las infracciones al presente Reglamento serán sancionadas disciplinariamente de acuerdo a la normativa vigente en la Ley de Tránsito y sus reglamentos, el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Presidencia y el Ministerio, Código de Trabajo, Estatuto del Servicio Civil, su Reglamento y leyes conexas, respetando los principios constitucionales y el procedimiento fijado en la Ley General de la Administración Pública, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que deba asumir el infractor.

Artículo 58.—El operador de equipo móvil o conductor deberá obtener el tipo de licencia correspondiente, que lo faculte para la conducción de vehículo, exigida por la Ley de Tránsito. Para cumplir la categoría de conductor profesional, el funcionario deberá una vez vencido el período de validez de la licencia que ostenta, así solicitarlo a la entidad correspondiente al renovar la licencia, y acreditarlo en el expediente personal que al efecto lleva la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos y la Dirección o Unidad de Transportes.

Artículo 59.—Se deroga el Decreto Nº 25790-MP de las quince horas del día veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete.

Artículo 60.—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a las nueve horas del día veintiuno de febrero del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia a. í., Gustavo Alvarado Chaves.—1 vez.—O. C. Nº 22029.—Solicitud Nº SP-057-M-LYD.—C-692140.—(D38406- IN2014028439).

N° 38409-S

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE SALUD

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”; la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”; la Ley N° 8220 del 4 de marzo del 2002 y su reforma “Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”; el Decreto Ejecutivo N° 34482 del 3 de marzo del 2008 “Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico”; el Decreto Ejecutivo N° 35031-COMEX-S-MEIC del 25 de julio del 2008 mediante el cual se publica la resolución N° 231-2008 (COMIECO-L): Aprobación de Reglamentos Técnicos Centroamericanos N° RTCA 71.03.49:08, RTCA 71.01.35:06, RTCA 71.03.36:07, RTCA 71.03.45:07 sobre Productos Cosméticos; el Decreto Ejecutivo N° 34490 del 9 de enero del 2008 mediante el cual se publica la resolución N° 216-2007 (COMIECO-XLVII): Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.31:07 Alimentos Procesados. Procedimiento para Otorgar el Registro Sanitario y la Inscripción Sanitaria; Decreto N° 34887-COMEX-S-MEIC del 25 de julio del 2008 mediante el cual se publica la resolución N° 230-2008 (COMIECO-L): Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 71.03.37:07 Productos Higiénicos. Registro e Inscripción Sanitaria de Productos Higiénicos, Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 71.03.38:07 Productos Higiénicos. Etiquetado de Productos Higiénicos; y el Reconocimiento del Registro o Inscripción Sanitaria de Productos Higiénicos.

Considerando:

I.—Que en ejercicio de las funciones de protección de la salud de la población y garantía del bienestar de los ciudadanos, le compete al Ministerio de Salud el registro de medicamentos, alimentos, cosméticos, equipo y material biomédico, y recursos naturales industrializados y con cualidades medicinales, así como la emisión del certificado de libre venta para medicamentos producidos en nuestro país, sin que por ello se obstaculicen innecesariamente las condiciones de competitividad económica del país.

II.—Que el Ministerio de Salud con el soporte técnico de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, ha implementado el portal denominado “Regístrelo”, así creado mediante Decreto Ejecutivo N° 37988-S del 3 de octubre del 2013, publicado en La Gaceta N° 203 del 22 de octubre del 2013, el cual permite efectuar en línea los trámites de inscripción, cambios post registro, renovación, uso de registro y reconocimiento de los medicamentos, alimentos, cosméticos, equipo y material biomédico y productos naturales medicinales de uso humano, así como la emisión del certificado de libre venta para productos de interés sanitario fabricados en Costa Rica.

III.—Que el Ministerio de Salud ha considerado oportuno y conveniente establecer plazos de resolución para los trámites de registro de los productos de interés sanitario.

IV.—Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario reformar el Decreto Ejecutivo N° 37988-S del 3 de octubre del 2013, publicado en La Gaceta N° 203 del 22 de octubre del 2013, mediante el cual se emitió el “Reglamento para el funcionamiento y la utilización del portal “Regístrelo”. Por tanto,

Decretan:

REFORMAS AL DECRETO EJECUTIVO N° 37988-S

DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2013 “REGLAMENTO

PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LA UTILIZACIÓN

DEL PORTAL “REGÍSTRELO”

Artículo 1º—Refórmese el artículo 34 y adiciónese el artículo 35 al Decreto Ejecutivo N° 37988-S del 3 de octubre del 2013, publicado en La Gaceta N° 203 del 22 de octubre del 2013 “Reglamento para el funcionamiento y la utilización del portal “Regístrelo”, para que en lo sucesivo se lean así:

“Artículo 34.—Plazos máximos de resolución de trámites del registro sanitario de productos de interés sanitario. La evaluación y resolución de las solicitudes de inscripción, renovación de registro, cambio post registro y otros, de los productos de interés sanitario, las realizará el Ministerio de Salud de acuerdo a la categoría de producto y trámite en los plazos siguientes:

34.1  MEDICAMENTOS.

34.1.1    Registro de productos multiorigen. Para las solicitudes de registro de productos multiorigen, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta cuatro meses y medio contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.1.2    Renovación de registros.

34.1.2.1   Renovaciones de registros sin cambios (declaración jurada). Para las solicitudes de renovaciones de registros con declaración jurada de que no hay cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta veinte días naturales a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.1.2.2   Renovaciones de registros con cambios. Para las solicitudes de renovaciones de registros con cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta dos meses a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

                  Para la realización del trámite de renovación el solicitante deberá tomar en consideración que una vez vencido el registro sanitario, no podrá comercializarse el producto.

34.1.3    Registro de productos innovadores de síntesis química con una nueva entidad química, inscripción y renovación de productos biológicos, inscripción o renovación de medicamentos de síntesis química que deban presentar requisito de equivalencia terapéutica. El Ministerio dispondrá de un plazo de hasta ocho meses a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.1.4    Cambios posteriores al registro.

34.1.4.1   Cambios posteriores al registro (notificación). Para las solicitudes de cambios post registro que sean de notificación el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta un mes a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla o rechazarla.

34.1.4.2   Cambios posteriores al registro (evaluación). Para las solicitudes de cambios post registro que requieren evaluación, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta tres meses a partir de recibida la solicitud, para aprobarla o rechazarla.

34.1.4.3   Cambios posteriores al registro (evaluación de estudios clínicos). Para las solicitudes de cambios post registro que requieren evaluación de estudios clínicos, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta cuatro meses a partir de recibida la solicitud, para aprobarla o rechazarla.

34.2  EQUIPO Y MATERIAL BIOMEDICO (EMB).

34.2.1    Registro de EMB.

34.2.1.1   EMB de Odontología. Para las solicitudes de registros de EMB de odontología, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta dos meses a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.2.1.2   EMB de Microbiología. Para las solicitudes de registros de EMB de microbiología, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta cuatro meses a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.2.1.3   EMB de Medicina. Para las solicitudes de registros de EMB de medicina, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta cuatro meses a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.2.2    Renovaciones de registros de EMB sin cambios (declaración jurada).

34.2.2.1   EMB de Odontología. Para las solicitudes de renovaciones de registros de EMB de Odontología con declaración jurada voluntaria de que no hay cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta veinte días naturales a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.2.2.2   EMB de Microbiología. Para las solicitudes de renovaciones de registros de EMB de Microbiología con declaración jurada voluntaria de que no hay cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta veinte días naturales a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.2.2.3   EMB de Medicina. Para las solicitudes de renovaciones de registros de EMB de Medicina con declaración jurada voluntaria de que no hay cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta veinte días naturales a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.2.3    Renovaciones de registros de EMB con cambios.

34.2.3.1   EMB de Odontología. Para las solicitudes de renovaciones de registros de EMB de Odontología con cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta un mes a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.2.3.2   EMB de Microbiología. Para las solicitudes de renovaciones de registros de EMB de Microbiología con cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta dos meses a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.2.3.3   EMB de Medicina. Para las solicitudes de renovaciones de registros de EMB de Medicina con cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta tres meses a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.2.4    Cambios posteriores al registro.

34.2.4.1   Cambios posteriores al registro (notificación). Para las solicitudes de cambios post registro de EMB con notificación, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta un mes a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.2.4.2   Cambios posteriores al registro (evaluación). Para las solicitudes de cambios post registro de EMB que requieran evaluación, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta dos meses a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.3  PRODUCTOS QUÍMICOS, PRODUCTOS DE HIGIENE Y PLAGUICIDAS DOMÉSTICOS. Para las solicitudes de inscripción, renovación de registro, cambio post registro y otros, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta veinte días naturales para emitir el registro sanitario o para rechazarlo.

34.4  ALIMENTOS.

34.4.1    Registro.

34.4.1.1   Alimentos regulares. Para las solicitudes de inscripción de alimentos regulares, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta un mes a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.4.1.2   Suplementos de dieta, regímenes especiales, fórmulas para lactantes, fórmulas de continuación. Para las solicitudes inscripción de suplementos de dieta, regímenes especiales, fórmulas para lactantes, fórmulas de continuación el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta dos meses a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.4.2    Renovación de registros.

34.4.2.1   Renovaciones de registros sin cambios (declaración jurada voluntaria). Para las solicitudes de renovaciones de registros de alimentos con declaración jurada voluntaria de que no hay cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta veinte días naturales a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.4.2.2   Renovaciones de registros con cambios.

34.4.2.2.1   Renovaciones de registros de alimentos regulares con cambios. Para las solicitudes de renovaciones de registros de alimentos regulares con cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta un mes a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.4.2.2.2   Renovaciones de registros de suplementos de dieta, regímenes especiales, fórmulas para lactantes, fórmulas de continuación. Para las solicitudes de renovaciones de registros de suplementos de dieta, regímenes especiales, fórmulas para lactantes, fórmulas de continuación con cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta dos meses a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.4.3    Cambios posteriores al registro. Para las solicitudes cambios post registros el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta un mes a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.4.4    Notificación de Materias Primas. Para las notificaciones de materias primas, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta veinte días naturales a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.4.5    Usos de Registro (inscripción sanitaria). Para las solicitudes de usos de registro, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta veinte días naturales a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.4.6    Reconocimiento de Registros. Para las solicitudes de reconocimiento de registros, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta un día natural (entre semana) o tres días naturales (incluyendo fin de semana) a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.5  COSMÉTICOS.

34.5.1    Registro. Para las solicitudes de inscripción de cosméticos, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta un mes a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.5.2    Renovación.

34.5.2.1   Renovaciones de registros sin cambios (declaración jurada). Para las solicitudes de renovaciones de registros de cosméticos con declaración jurada de que no hay cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta veinte días naturales a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.5.2.2   Renovaciones de registros con cambios. Para las solicitudes de renovaciones de registros de cosméticos con cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta un mes a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.5.3    Cambio posteriores al registro. Para las solicitudes de cambios post registro el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta un mes a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.5.4    Reconocimiento de Registros. Para la solicitudes de reconocimiento de registros, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta cuatro días naturales (entre semana) o de seis días naturales (incluyendo fin de semana) a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.6  PRODUCTOS NATURALES.

34.6.1    Registro. Para inscripción de Productos Naturales el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta cuatro meses a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.6.2    Renovación.

34.6.2.1   Renovaciones de registros sin cambios (declaración jurada). Para las solicitudes de renovaciones de registros de productos naturales con declaración jurada de que no hay cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta veinte días naturales a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.6.2.2   Renovaciones de registros con cambios. Para las solicitudes de renovación de productos naturales con cambios en el producto, el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta un mes a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

34.6.3    Cambio posteriores al registro. Para las solicitudes de cambios post registro el Ministerio dispondrá de un plazo de hasta un mes a partir de recibida la solicitud correspondiente, para aprobarla y emitir el registro sanitario o bien para rechazarla.

Artículo 35.—Rige a partir de su publicación.”

Artículo 2º—Rige a partir de cuatro meses después de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los nueve días del mes abril del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Salud, Daisy María Corrales Díaz.—1 vez.—O. C. N° 21319.—Solicitud N° 2761.—C-285770.—(D38409 - IN2014027961).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 1172-P

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

En uso de las facultades que le confieren los artículos 139 inciso 3) de la Constitución Política, artículo 39 de la Ley General de Policía N° 7410 del 26 de mayo de 1994 y sus reformas, y artículos 227, 228, 229 y 230 del Decreto Ejecutivo N° 36366-SP: Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública, publicado en La Gaceta N° 21 del 31 de enero del 2011.

Considerando:

1º—Que el artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política establece como deber y atribución exclusiva de la Presidenta de la República, ejercer el mando supremo de la Fuerza Pública.

2º—Que el numeral 39 de la Ley General de Policía, establece que la Presidenta de la República podrá organizar y convocar, con carácter transitorio a la Reserva de las Fuerzas de Policía, como cuerpo auxiliar extraordinario ad honorem, para atender estados de emergencia o situaciones excepcionales, así como colaborar con los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública en la vigilancia de eventos deportivos, culturales y de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional actuando siempre bajo la subordinación en grado inmediato del Ministro de Seguridad Pública.

3º—Que de conformidad con el numeral 227 del Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública, Decreto N° 36366-SP, la Reserva de las Fuerzas de Policía estará adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, cuando sea convocada con carácter temporal. De igual manera, el numeral 228 del mismo cuerpo reglamentario dispone que cuando la Reserva haya sido convocada de conformidad con lo establecido en la Ley General de Policía, tendrá en esas circunstancias y dentro de ese marco de competencias, entre otras, las siguientes funciones: coordinar con la Fuerza Pública las labores de prevención, vigilancia y protección en todo el territorio nacional, para preservar la seguridad de los habitantes, sus bienes y libertades constitucionales; cooperar con la Fuerza Pública, instituciones gubernamentales y otras entidades en casos de calamidad o desastre nacional, eventos masivos, conflagraciones y conmoción civil; velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, ejerciendo las labores de vigilancia, protección y conservación del ambiente y denunciando ante los órganos administrativos y judiciales competentes aquellos actos y omisiones que contravengan esta normativa, y aquellas otras que se deriven del ordenamiento jurídico de conformidad con su competencia.

4º—Que el Ministro de Seguridad Pública ha solicitado a la Presidenta de la República, convocar a la Reserva de la Fuerza Pública a partir de las cero horas del primero de mayo del dos mil catorce y hasta las veinticuatro horas del treinta y uno de agosto del dos mil catorce, para colaborar con los cuerpos policiales durante el desarrollo de actividades propias de su competencia, en relación con los siguientes eventos: operativos cívico-policiales: partidos del Campeonato Nacional de Fútbol del Torneo de Verano, festejos en diversas comunidades del país, Día del Trabajador (1° de mayo), Traspaso de Poderes (8 de mayo), celebración del Día del Padre, vacaciones de medio año; celebración del Día de la Madre (15 de agosto), atención de emergencias a nivel nacional colaborando con organizaciones de servicio público para la atención de dichos eventos; resguardo de los recursos forestales del país, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 30494-MINAE-MOPT-SP del 5 de junio del 2002, así como reforzar las labores de vigilancia y seguridad ciudadana en todo el territorio nacional como apoyo a la labor que realiza la Fuerza Pública.

5º—Que las citadas situaciones exigen ineludiblemente el reforzamiento de las Fuerzas de Policía que ordinariamente velan por el orden y la seguridad del país. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Convocar conforme lo solicitado por el Ministro de Seguridad Pública, y con carácter transitorio a la Reserva de las Fuerzas de Policía, como cuerpo auxiliar extraordinario, con carácter ad honorem, para atender y coordinar con las autoridades de policía, las labores de vigilancia y protección de la seguridad pública, de sus ciudadanos y sus bienes, y cooperar para el mantenimiento de la tranquilidad y el orden público y con motivo del desarrollo de actividades propias de su competencia, en relación, entre otros, con los siguientes eventos: operativos cívico-policiales: partidos del Campeonato Nacional de Fútbol del Torneo de Verano, festejos en diversas comunidades del país, Día del Trabajador (1° de mayo), Traspaso de Poderes (8 de mayo), celebración del Día del Padre, vacaciones de medio año; celebración del Día de la Madre (15 de agosto), atención de emergencias a nivel nacional colaborando con organizaciones de servicio público para la atención de dichos eventos; resguardo de los recursos forestales del país, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 30494-MINAE-MOPT-SP del 5 de junio del 2002, así como reforzar las labores de vigilancia y seguridad ciudadana en todo el territorio nacional como apoyo a la labor que realiza la Fuerza Pública.

Artículo 2º—Los efectivos convocados mediante este acto quedarán subordinados al Ministro de Seguridad Pública, quien dispondrá de todo lo pertinente para tal efecto, de conformidad con la normativa jurídica vigente.

Artículo 3º—La presente convocatoria será para el período comprendido entre las cero horas del día primero de mayo del dos mil catorce, hasta las veinticuatro horas del día treinta y uno de agosto del dos mil catorce.

Artículo 4º—Rige a partir del 1° de mayo del 2014.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las ocho horas treinta minutos del veintiocho de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—1 vez.—O. C. N° 20668.—Solicitud N° 0303.—C-98090.—(IN2014027992).

MINISTERIO DE SALUD

DM-FP-1426-2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE SALUD

En uso de las atribuciones que les confieren los artículos 146 de la Constitución Política; 28 inciso 2 b) de la ley No 6227 de 2 mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”; 1 y 2 de la Ley Nº 5395 de 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”.

Considerando:

1º—Que del día 10 al 12 de julio del 2014, la Asociación Costarricense de la Educación y Estimulación Prenatal y Perinatal, organizará el “VII Convención Mundial de Estimulación Prenatal y Desarrollo Infantil, Neurociencia y Educación, nexos para avanzar”.

2º—Que dicha actividad brindará información a los profesionales en el área de la salud y docentes en general al reunir especialistas que hablarán sobre la neurociencia y los aportes que la misma hace a la salud y a la educación, con el objetivo de que en un futuro el profesor emplee nuevos modelos de enseñanza, orientados al desarrollo de las capacidades específicas cerebrales de los niños y las niñas.

3º—Que la Asociación Costarricense de la Educación y Estimulación Prenatal y Perinatal, ha solicitado al Ministerio de Salud se declare de interés público y nacional el “VII Convención Mundial de Estimulación Prenatal y Desarrollo Infantil, Neurociencia y Educación, nexos para avanzar”. Por tanto,

ACUERDAN:

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y NACIONAL

DE LA “VII CONVENCIÓN MUNDIAL DE ESTIMULACIÓN

PRENATAL Y DESARROLLO INFANTIL, NEUROCIENCIA

Y EDUCACIÓN, NEXOS PARA AVANZAR”.

Artículo 1º—Se declara de interés público y nacional la “VII Convención Mundial de Estimulación Prenatal y Desarrollo Infantil, Neurociencia y Educación, nexos para avanzar”, organizado por la Asociación Costarricense de la Educación y Estimulación Prenatal y Perinatal, a celebrarse en nuestro país del 10 al 12 de julio de 2014.

Artículo 2º—Las dependencias del Sector Público y del Sector Privado, dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con recursos económicos, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, para la exitosa realización de las actividades indicadas.

Artículo 3º—Rige a partir de esta fecha.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los tres días del mes de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Salud Dra. Daisy María Corrales Díaz.—1 vez.—(IN2014028152).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 025-2014

LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20 y 146 de la Constitución Política, artículos 25 inciso 1, 28 inciso 2 acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, así como lo dispuesto en la Ley Nº 9193 del 29 de noviembre de 2013, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2014 y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y

Considerando:

I.—Que del 18 al 26 de marzo de 2014, el señor Víctor Raúl Picón Panduro, viajará a Ginebra-Suiza para realizar un estudio de auditoria interna en la Misión de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio (OMC); con el fin de verificar los procesos empleados de conformidad con las normativas vigentes; labor de gran importancia para el Ministerio de Comercio Exterior.

II.—Que la participación del señor Víctor Raúl Picón Panduro tiene como objetivo, revisar el cumplimiento de los procedimientos y directrices de la información que existe en materia Administrativa en la Misión de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra y en la Institución.

ACUERDA:

Artículo 1°—Designar al señor Víctor Raúl Picón Panduro, portador de la cédula Nº 8-067-033, Auditor Interno, para que participe en lo indicado en el considerando 1° y 2° del precitado acuerdo, en Ginebra-Suiza, del 18 al 26 de marzo de 2014. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo viaja a partir del 16 de marzo de 2014. Retorna a Costa Rica el 30 de marzo de 2014. A partir de las 08:05 horas del día 27 y hasta el 30 de marzo de 2014, corresponde a viaje personal y todos los gastos en que incurra serán cubiertos en forma directa por el señor Víctor Picón Panduro. El 27 de marzo se le aplicará lo que corresponda según el Reglamento de Gastos de Viaje para Funcionarios Públicos y el 28 de marzo será aplicado al periodo de vacaciones vigente. Los días 16, 22, 23, 29 y 30 corresponden a fin de semana.

Artículo 2°—Cubrir los gastos del señor Víctor Picón Panduro, por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, de alimentación, hospedaje y por tránsito en Madrid-España, a saber $4.480,32 (cuatro mil cuatrocientos ochenta con 32/100 dólares), sujeto a liquidación, con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 792. Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la subpartida 10503 del programa 792. Lo correspondiente a la tarifa de escaneo, rayos X o inspección de equipaje (Ley 7664- Decreto No. 36341-MAG, artículo 3), será cubierto por las mismas subpartidas y por el mismo programa. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior. Asimismo, para hacer escala en Madrid- España por conexión.

Artículo 3°—Rige a partir del 16 al 30 de marzo de 2014.

San José, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil catorce.

Anabel González Campabadal, Ministra de Comercio Exterior.—1 vez.—O. C. N° 20362.—Solicitud N° 2309.—C-56430.—(IN2014027791).

N° 0034-2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 28 párrafo segundo inciso b) de la Ley General de la Administración Pública; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley número 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley número 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo número 34739-COMEX-H del 29 de agosto del 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas,

Considerando:

I.—Que mediante el Acuerdo Ejecutivo número 224-2012 de fecha 28 de agosto del 2012, publicado en el Alcance Digital número 153 al Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 12 de octubre del 2012; modificado por el Informe número 124-2012 de fecha 16 de octubre de 2012, emitido por PROCOMER, por el Acuerdo Ejecutivo número 019-2013 de fecha 16 de enero de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 64 del 03 de abril de 2013; por el Acuerdo Ejecutivo número 247-2013 de fecha 06 de setiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 216 del 08 de noviembre de 2013; a la Compañía Frutera la Paz S.A., cédula jurídica número 3-101-568900, se le otorgaron los beneficios e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley número 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, bajo las categorías de empresa procesadora de exportación y empresa de comercial de exportación, de conformidad con lo dispuesto en los inciso a) y b), respectivamente, del artículo 17 de dicha Ley.

II.—Que la señora Luisa María Chacón Caamaño, portadora de la cédula de identidad número 1-858-838, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la empresa Compañía Frutera la Paz S. A., cédula jurídica número 3-101-568900, presentó solicitud para trasladarse a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

III.—Que el Transitorio III de la Ley N° 8794 del 12 de enero de 2010, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 15 del 22 de enero de 2010, señala:

“Transitorio III.- Las empresas beneficiarias indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la Ley de régimen de zonas francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, podrán solicitar trasladarse a la categoría descrita en el inciso f) del mismo artículo, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 21 bis de esta Ley y realicen inversiones nuevas en los términos dispuestos por el artículo primero de este mismo cuerpo normativo. En caso de que la empresa disfrute de los beneficios en condición fuera del parque industrial la inversión mínima será de quinientos mil dólares estadounidenses (US$500.000). En tales casos, a partir del traslado empezarán a correr los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de esta Ley.”

IV.—Que el artículo 145 del Reglamento a la Ley del Régimen de Zonas Francas, Decreto Ejecutivo N°34739-COMEX-H del 29 de agosto del 2008 y sus reformas, dispone:

“Artículo 145.- Traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley.

Las empresas beneficiarias indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la Ley , podrán solicitar trasladarse a la categoría descrita en el inciso f) del artículo 17 de la Ley , siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

a) Que se trate de un proyecto que se ejecute dentro de un sector estratégico, según lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos o que la empresa se instale fuera de la GAMA.

b) Que al momento de solicitar el traslado de categoría la empresa beneficiaria se encuentre al día con las obligaciones del Régimen.

c) Que la empresa se comprometa a realizar inversiones nuevas en activos fijos en los términos dispuestos por la Ley.

d) Que la empresa se encuentre exenta total o parcialmente o no sujeta al impuesto sobre la renta, según los términos del artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las empresas que se trasladen de categoría tendrán un plazo máximo de tres años para realizar la inversión nueva inicial e iniciar operaciones productivas al amparo del nuevo régimen.”

V.—Que el artículo 132.4 de la Ley General de la Administración Pública, permite la inclusión discrecional de condiciones, términos y modos en el acto administrativo, como mecanismos para adaptar su contenido al fin perseguido, indicando en lo conducente:

“Artículo 132.-

1. El contenido deberá ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas.

(….)

4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.”

VI.—Que el artículo 145.1 de la Ley General de la Administración Pública, establece que los efectos del acto administrativo podrán sujetarse a requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento jurídico.

VII.—Que en la solicitud mencionada la empresa Compañía Frutera la Paz S. A., se comprometió a mantener una inversión de al menos US $1.303.086,30 (un millón trescientos tres mil ochenta y seis dólares con treinta centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, la empresa se comprometió a realizar una inversión nueva adicional total de US $500.000,00 (quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), según los plazos y en las condiciones establecidas en la solicitud de ingreso al Régimen presentada por la empresa.

VIII.—Que la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos, mediante acuerdo publicado en el diario oficial La Gaceta N° 229 del 25 de noviembre del 2010, calificó como sectores estratégicos los “proyectos en que la empresa acogida al Régimen emplea anualmente al menos 200 trabajadores en promedio, debidamente reportados en planilla, a partir de la fecha de inicio de operaciones productivas, según lo establecido en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del Régimen”.

IX.—Que en la solicitud de traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, la empresa COMPAÑÍA FRUTERA LA PAZ S.A., se obliga a mantener un nivel mínimo total de empleo de 200 trabajadores, a más tardar el 31 de diciembre del 2015. Asimismo, la empresa está ubicada fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada. En virtud de lo anterior, el traslado a la categoría se ajusta a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas.

X.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión No. 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa Compañía Frutera la Paz S. A., y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER número 13-2014, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

XI.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por Tanto:

ACUERDAN:

1°—Autorizar el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas a la empresa Compañía Frutera la Paz S. A., cédula jurídica número 3-101-568900, (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Empresa Comercial de Exportación y como Industria Procesadora, de conformidad con los incisos b) y f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. El traslado se hará efectivo a partir del 01 de enero del 2016, fecha en la cual la empresa deberá iniciar operaciones productivas al amparo de la citada categoría f). A partir del traslado, empezarán a correr los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de la Ley No. 8794 de fecha 12 de enero del 2010, en lo que concierne a la mencionada categoría f).

2°—La actividad de la beneficiaria consistirá en la producción de pulpas, triturados (crush) purés, triángulos, dados, bocaditos (tidbits) y otros cortes mecanizados de frutas procesadas, así como de tubérculos y vegetales procesados, sometidos al proceso de ultra-congelación rápida individual (IQF), así como en la comercialización de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, congelados o procesados, incluso escaldados, prefritos o moldeados. La actividad de la beneficiaria al amparo de la citada categoría f), se encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “proyectos en que la empresa acogida al Régimen emplea anualmente al menos 200 trabajadores en promedio, debidamente reportados en planilla, a partir de la fecha de inicio de operaciones productivas, según lo establecido en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del Régimen”.

3°—La beneficiaria operará fuera de parque industrial de zona franca, específicamente en San Carlos, Aguas Zarcas, frente a la Estación de Servicio Cerro Cortez, provincia de Alajuela. Tal ubicación se encuentra fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA).

4°—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de las prórrogas acordadas de acuerdo con el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en los artículos 20 inciso l) y 20 bis de la ley No. 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5°—a) En lo que atañe a su actividad como Empresa Comercial de Exportación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

Con base en el artículo 22 de la Ley Nº 7210 y sus reformas, la beneficiaria no podrá realizar ventas en el mercado local.

b) En lo que concierne a su actividad como Empresa Procesadora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter inciso h) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), a la beneficiaria, al estar ubicada en un sector estratégico fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA) y mantener doscientos empleados permanentes durante toda la operación de la empresa debidamente reportados en planillas, se le aplicarán íntegramente los beneficios indicados en los incisos d), g) y l) del artículo 20 de la Ley. El cómputo del plazo inicial de este beneficio, se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del Acuerdo de Otorgamiento; una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el referido Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen común del Impuesto sobre la Renta.

Las exenciones y los beneficios que de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento le sean aplicables, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación; en consecuencia, a la beneficiaria no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley, ni ninguna otra referencia a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de Zona Franca. A la beneficiaria se le aplicarán las exenciones y los beneficios establecidos en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), g) h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley No. 7210 y sus reformas.

A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales.

c) De conformidad con lo establecido en el numeral 71 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas, cada actividad gozará del beneficio del impuesto sobre la renta que corresponda a cada clasificación, según los términos del artículo 21 ter y el inciso g) del artículo 20 de la Ley, respectivamente. Bajo el supuesto de que la empresa llegue a desarrollar actividades que tengan distinta tarifa o exoneración del impuesto sobre la renta, deberá llevar cuentas separadas para las ventas, activos, los costos y los gastos de cada actividad.

6°—La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 156 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener un nivel mínimo total de empleo de 200 trabajadores, a partir del 31 de diciembre del 2015. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US $1.303.086,30 (un millón trescientos tres mil ochenta y seis dólares con treinta centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US$ 500.000,00 (quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 15 de noviembre del 2015. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US$ 1.803.086,30 (un millón ochocientos tres mil ochenta y seis dólares con treinta centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 85,00%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7°—La empresa se obliga a pagar el canon mensual por el derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha de inicio de las operaciones productivas, en lo que atañe a su actividad como Empresa Comercial de Exportación es el 27 de diciembre del 2012, y en lo que atañe a su actividad como Empresa Procesadora, a partir de la fecha de traslado indicada en la cláusula primera del presente Acuerdo.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas y de los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, en lo que se refiere a su actividad como empresa comercial de exportación, PROCOMER tomará como referencia para su cálculo, las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud, y en lo que respecta a su actividad como industria procesadora, a partir de la fecha de la última medición realizada por la citada Promotora, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.

8°—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9°—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el presente Acuerdo de Autorización de traslado.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

16.—Por tratarse de una empresa ubicada fuera de un Parque Industrial de Zona Franca, dicha compañía se obliga a implementar las medidas que la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica o las autoridades aduaneras le exijan a fin de establecer un adecuado sistema de control sobre el ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos y bienes.

17.—La empresa beneficiaria continuará disfrutando de los beneficios otorgados bajo la categoría a) del artículo 17 de la Ley No. 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, según los términos del Acuerdo Ejecutivo de otorgamiento N° 224-2012 de fecha 28 de agosto del 2012 y sus reformas, hasta el momento en que se realice el traslado a la categoría f) en la fecha indicada en el punto primero del presente Acuerdo.

18.—El Acuerdo Ejecutivo N° 224-2012 de fecha 28 de agosto del 2012 y sus reformas, será sustituido plenamente por el presente Acuerdo Ejecutivo, únicamente en lo que concierne a la actividad de la beneficiaria dentro de la categoría prevista en el artículo 17 inciso a) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, una vez que la empresa beneficiaria inicie operaciones productivas al amparo de la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley No. 7210 y sus reformas. En tal sentido, el mencionado Acuerdo Ejecutivo No. 224-2012 de fecha 28 de agosto del 2012 y sus reformas, se mantendrá vigente en lo que concierne a la actividad de la beneficiaria al amparo de la categoría prevista en el inciso b) del artículo 17 de la referida Ley de Régimen de Zonas Francas.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. San José, el primer día del mes de abril del año dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Comercio Exterior a. i, Fernando Ocampo Sánchez.—1 vez.—(IN2014027768).

N° 0060-2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 459-2008 de fecha 25 de julio del 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 03 de septiembre del 2008; modificado por el Informe N° 06-2009 de fecha 30 de enero del 2009, emitido por PROCOMER; a la empresa Firestone Industrial Products de Costa Rica S. A., cédula jurídica número 3-101-524751, se le otorgaron los beneficios e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que mediante documentos presentados los días 25, 26 y 27 de febrero, y 03 de marzo del 2014, en la Gerencia de Regímenes Especiales de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, en adelante PROCOMER, la empresa Firestone Industrial Products de Costa Rica S. A., solicitó la ampliación de la actividad y la modificación del porcentaje de valor agregado nacional.

III.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión N°. 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa Firestone Industrial Products de Costa Rica S. A., y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER número 28-2014 de fecha 04 de marzo del 2014, acordó recomendar al Poder Ejecutivo la respectiva modificación del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto por la Ley N°7210, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que en virtud de las reformas legales y reglamentarias que han operado con posterioridad al otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la empresa, se hace necesario adecuar en lo conducente el Acuerdo Ejecutivo original.

V.—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por Tanto:

ACUERDAN:

1°—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 459-2008 de fecha 25 de julio del 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 03 de septiembre del 2008 y sus reformas, para que en el futuro las cláusulas segunda, cuarta, quinta, sexta y sétima, se lean de la siguiente manera:

“2.  La actividad de la beneficiaria consistirá en la producción de resortes de aire y sus componentes; amortiguadores de vibración, usados en vehículos y aplicaciones industriales; y componentes de hule utilizados en máquinas productoras de llantas (vejigas y mangas).”

“4.  La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de las prórrogas acordadas de acuerdo con el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.”

“5.  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas) la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

Dicha beneficiaria sólo podrá introducir sus productos al mercado local, observando rigurosamente los requisitos establecidos al efecto por el artículo 22 de la Ley Nº 7210 y sus reformas, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.”

“6.  La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 30 trabajadores, a más tardar el 01 de julio del 2009. Asimismo, se obliga a realizar una inversión nueva inicial en activos fijos de al menos US $150,000.00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 31 de diciembre del 2009, así como a realizar y mantener una inversión mínima total de US$ 3.000.000,00 (tres millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 31 de diciembre del 2010. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 44.35%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión nueva inicial en activos fijos y la mínima total de la beneficiaria, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.”

“7.  Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el 01 de abril del 2009. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de área de techo industrial consignadas en su respectiva solicitud.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a Procomer de los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, a partir de la fecha de la última medición realizada por la citada Promotora, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.”

2°—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo N° 459-2008 de fecha 25 de julio del 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 03 de septiembre del 2008 y sus reformas.

3°—Rige a partir de su notificación.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Comercio Exterior, Anabel González Campabadal.—1 vez.—(IN2014027699).

N° 067-2014

LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política, artículos 25 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; así como lo dispuesto en la Ley N° 9193 del 29 de noviembre del 2013, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2014, y en los artículos 7°, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y,

Considerando:

1º—Que del 11 al 12 de marzo del 2014 se celebrará en París-Francia la reunión del Grupo de Trabajo del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), evento de gran interés para el Ministerio de Comercio Exterior.

2º—Que la participación de la funcionaria Adriana García Vargas resulta de gran relevancia y durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) Participar en la reunión del Grupo de Trabajo del Comité de Comercio, en la que se discutirán temas de gran interés para Costa Rica, como la participación de los países en desarrollo en las cadenas globales de valor y se presentarán los resultados de varios estudios realizados por la OCDE sobre temas comerciales, entre ellos un índice que estima el grado de restricciones al comercio de servicios; 2) aprovechar el diálogo que tendrá lugar en las reuniones para compartir la experiencia de Costa Rica y aprender de las experiencias, políticas y prácticas de los otros países participantes; 3) aprovechar la ocasión para fortalecer la red de contactos que se ha establecido con los países miembros de la OCDE y reforzar el interés del país en continuar profundizando y mejorando su participación en la OCDE, con miras a una eventual membresía.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la señora Adriana García Vargas, portadora de la cédula de identidad N° 1-1066-249, Negociadora Comercial de la Organización Mundial del Comercio, con rango de Ministra Consejera de la Misión Permanente de Costa Rica ante la OMC, para representar a Costa Rica en la reunión de trabajo del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a efectuarse en París, Francia del 11 al 12 de marzo del 2014.

Artículo 2º—Cubrir los gastos de la señora Adriana García Vargas, por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, a saber $412,80 (cuatrocientos doce dólares con 80 centavos), sujeto a liquidación, con recursos de la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los gastos de transporte terrestre también serán cubiertos por la Misión.

Artículo 3º—Rige del 11 al 12 de marzo del 2014.

San José, a los siete días del mes de marzo del dos mil catorce.

Anabel González Campabadal, Ministra de Comercio Exterior.—1 vez.—O. C. N° 20362.—Solicitud N° 2309.—C-51970.—(IN2014027801).

N° 0069-2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚLICA

Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 634-2003 de fecha 15 de julio del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 158 del 19 de agosto del 2003; modificado por el Acuerdo Ejecutivo N° 292-2006 de fecha 07 de diciembre del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 11 del 16 de enero del 2007; y por el Acuerdo Ejecutivo N° 078-2008 de fecha 14 de febrero del 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 64 del 02 de abril del 2008; a la empresa Centro Global de Procesamiento Chiquita S.R.L., cédula jurídica número 3-102-335292, se le concedieron los beneficios e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que mediante documentos presentados los días 13 de noviembre del 2013, 06 y 21 de febrero del 2014, y 04 de marzo del 2014, ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, en adelante PROCOMER, la empresa Centro Global de Procesamiento Chiquita S.R.L., solicitó la renuncia al Régimen de Zonas Francas.

III.—Que de conformidad con los artículos 53 ter y 53 quáter del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas, PROCOMER debe verificar que la empresa que pretende renunciar haya cumplido con los requisitos correspondientes, así como también con las demás obligaciones previstas en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la sesión N° 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa Centro Global de Procesamiento Chiquita S.R.L., y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 31-2014, acordó trasladar el caso al Ministerio de Comercio Exterior, a fin de que el Poder Ejecutivo resuelva lo pertinente sobre la renuncia presentada.

V.—Que la empresa Centro Global de Procesamiento Chiquita S.R.L., rindió en su oportunidad el depósito de garantía, el cual se encuentra vigente a la fecha.

VI.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto:

ACUERDAN:

1°—Aceptar la renuncia al Régimen de Zonas Francas presentada por la empresa Centro Global de Procesamiento Chiquita S.R.L.

2°—Rige a partir de su notificación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Comercio Exterior, Anabel González Campabadal.—1 vez.—(IN2014027550).

N° 072-2014

LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; artículo 25 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; el artículo 8°, inciso b) de la Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996, Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica; así como lo dispuesto en la Ley N° 9193 del 29 de noviembre del 2013, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2014, y en los artículos 7°, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y,

Considerando:

1º—Que como parte de sus obligaciones relativas a la aplicación de los acuerdos comerciales, al Ministerio de Comercio Exterior le corresponde realizar la defensa efectiva de los intereses comerciales del país, incluyendo la posibilidad de activar los mecanismos de solución de controversias contemplados en los distintos instrumentos ratificados.

2º—Que desde hace varios meses, el país viene realizando gestiones ante las autoridades comerciales de los Estados Unidos, por la suspensión de una cuota de etanol deshidratado contemplada en el texto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA). Esa suspensión ha generado lesiones a las exportaciones de etanol provenientes del país, por lo que se ha intentado alcanzar una solución a nivel técnico, sin obtener resultado. Como consecuencia, se ha coordinado una reunión entre el Viceministro Ocampo y el señor John Melle, Representante Adjunto de Comercio de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, a fin de discutir posibles alternativas y, en caso de no alcanzar acuerdo, informar sobre la presentación, por parte de Costa Rica, de la solicitud de consultas para activar el mecanismo de solución de controversias contemplado en el DR-CAFTA. La reunión tendrá lugar en Washington D.C., el lunes 17 de marzo del 2014.

3º—Que paralelamente, el Ministerio de Comercio Exterior ha implementado una política de profundización y sofisticación de su relación comercial con la República Popular China, como parte de sus esfuerzos por consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma de comercio exterior, procurar su máximo aprovechamiento, y promover la atracción de inversión extranjera directa de alto valor agregado. Con estos objetivos, el país negoció un Tratado de Libre Comercio para asegurar el acceso preferencial de los bienes y servicios costarricenses al mercado chino, y ha realizado numerosas acciones para promover las exportaciones costarricenses a China y el establecimiento de inversión china en territorio costarricense.

4º—Que una de esas acciones incluye las gestiones realizadas para determinar la factibilidad del establecimiento de una Zona Económica Especial (ZEE) en Costa Rica. En coordinación con el Ministerio, el Banco de Desarrollo de China ha venido trabajando en la elaboración de este estudio de factibilidad, analizando la conveniencia de diversas zonas geográficas del país. Este estudio será presentado a las autoridades comerciales de Costa Rica el 21 de marzo del año en curso, en la sede del Banco de Desarrollo de China en Beijing, por lo que el Viceministro combinará su viaje a Washington D.C. con un viaje a Beijing, China.

5º—Que en seguimiento a la agenda bilateral de comercio e inversión, el Viceministro Ocampo se reunirá el 20 de marzo con autoridades comerciales chinas para discutir sobre el avance en la aprobación de los protocolos sanitarios requeridos para la exportación de diversos productos costarricenses al mercado chino. Los protocolos en proceso incluyen carne de pollo, carne de cerdo y productos del mar, aunados a las autorizaciones fitosanitarias para melón y piña.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor Fernando Ocampo Sánchez, cédula N° 1-791-100, Viceministro de Comercio Exterior, para que viaje a Washington, Estados Unidos de América y a la República Popular China para participar en las siguientes actividades: en Washington, para avanzar en la promoción y defensa de los intereses comerciales del país mediante reunión con el Representante Adjunto de Comercio de Estados Unidos, para tratar el caso de las exportaciones de etanol deshidratado; revisión del Estudio de Factibilidad de la Zona Económica Especial en Costa Rica y coordinación para su próxima presentación en Costa Rica. En la República Popular China para participar en reunión con autoridades comerciales, a fin de discutir diversos asuntos relevantes para la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa en el país. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) buscar una solución política a la controversia surgida por la suspensión del acceso preferencial de las exportaciones costarricenses de etanol deshidratado al mercado estadounidense. En su defecto, informar sobre la presentación de la solicitud de consultas; 2) revisar el Estudio de Factibilidad de la Zona Económica Especial (ZEE) China en Costa Rica, elaborado por el Banco de Desarrollo de China, y preparar su próxima presentación en Costa Rica; 3) reunirse con autoridades comerciales a efectos de discutir la agenda de la segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLC Costa Rica-China y el avance en la aprobación de protocolos sanitarios y autorizaciones fitosanitarias necesarias para la exportación de productos costarricenses a China. Dichas actividades se llevarán a cabo en Washington DC-Estados Unidos de América y en Beijing-China, del 17 al 21 de marzo del 2014. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia los lugares de destino viaja a partir del 16 de marzo y retorna a Costa Rica hasta el 22 de marzo del 2014.

Artículo 2º—Cubrir los gastos del señor Fernando Ocampo Sánchez, por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, hospedaje y de alimentación, a saber $1.137,40 (mil ciento treinta y siete con 40/100 dólares), sujetos a liquidación, con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 792. El transporte aéreo y lo correspondiente a la tarifa de escaneo, rayos X o inspección de equipaje (Ley N° 7664 - Decreto N° 36341-MAG, artículo 3°), serán cubiertos por las mismas subpartidas y por el mismo programa. Se le reconocerá lo correspondiente al hospedaje del 17 de marzo, según el artículo 42, inciso d) del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior. Asimismo, para hacer escala en Miami y Chicago-Estados Unidos de América.

Artículo 3º—Rige a partir del 16 al 22 de marzo del 2014.

San José, a los once días del mes de marzo del dos mil catorce.

Anabel González Campabadal, Ministra de Comercio Exterior.—1 vez.—O. C. N° 20362.—Solicitud N° 2309.—C-121790.—(IN2014027807).

N° 0078-2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 209-2011 de fecha 11 de julio del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 172 del 07 de septiembre del 2011; modificado por el Acuerdo Ejecutivo N° 065-2012 de fecha 21 de mayo del 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 133 del 10 de julio del 2012; a la empresa Industrias Martec S. A., cédula jurídica número 3-101-050217, se le concedieron los beneficios e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, bajo la categoría de empresa procesadora de exportación, de conformidad con lo dispuesto con el inciso a) del artículo 17 de dicha Ley.

II.—Que el señor Francisco Suárez Zavala, mayor, casado, gerente general, portador de la cédula de residencia número 121800014608, en su condición de apoderado especial con facultades suficientes para estos efectos de la empresa Industrias Martec S. A., cédula jurídica número 3-101-050217, presentó solicitud para trasladarse a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

III.—Que el Transitorio III de la Ley N° 8794 del 12 de enero de 2010, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 15 del 22 de enero de 2010, señala:

“Transitorio III.- Las empresas beneficiarias indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la Ley de régimen de zonas francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, podrán solicitar trasladarse a la categoría descrita en el inciso f) del mismo artículo, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 21 bis de esta Ley y realicen inversiones nuevas en los términos dispuestos por el artículo primero de este mismo cuerpo normativo. En caso de que la empresa disfrute de los beneficios en condición fuera del parque industrial la inversión mínima será de quinientos mil dólares estadounidenses (US$500.000). En tales casos, a partir del traslado empezarán a correr los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de esta Ley.”

IV.—Que el artículo 145 del Reglamento a la Ley del Régimen de Zonas Francas, Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto del 2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 181 del 19 de setiembre del 2008 y sus reformas, dispone:

“Artículo 145.- Traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley.

Las empresas beneficiarias indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la Ley , podrán solicitar trasladarse a la categoría descrita en el inciso f) del artículo 17 de la Ley, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

a) Que se trate de un proyecto que se ejecute dentro de un sector estratégico, según lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos o que la empresa se instale fuera de la GAMA.

b) Que al momento de solicitar el traslado de categoría la empresa beneficiaria se encuentre al día con las obligaciones del Régimen.

c) Que la empresa se comprometa a realizar inversiones nuevas en activos fijos en los términos dispuestos por la Ley.

d) Que la empresa se encuentre exenta total o parcialmente o no sujeta al impuesto sobre la renta, según los términos del artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las empresas que se trasladen de categoría tendrán un plazo máximo de tres años para realizar la inversión nueva inicial e iniciar operaciones productivas al amparo del nuevo régimen.”

V.—Que en la solicitud mencionada la empresa Industrias Martec S. A., se comprometió a mantener una inversión de al menos US $3.644.869,43 (tres millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y nueve dólares con cuarenta y tres centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, la empresa se comprometió a realizar una inversión nueva adicional total de US $1.500.000,00 (un millón quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), según los plazos y en las condiciones establecidas en la solicitud de ingreso al Régimen presentada por la empresa.

VI.—Que la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 229 del 25 de noviembre del 2010, calificó como un sector estratégico los “proyectos en que la empresa acogida al Régimen emplea anualmente al menos 200 trabajadores en promedio, debidamente reportados en planilla, a partir de la fecha de inicio de operaciones productivas, según lo establecido en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del Régimen”.

VII.—Que la empresa opera fuera de parque industrial de zona franca, específicamente en Final del Ranchón, Boca Vieja de Quepos, Aguirre, Puntarenas, por lo que se encuentra ubicada fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA). En virtud de lo anterior, el traslado a la categoría se ajusta a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas.

VIII.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión N° 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa Industrias Martec S. A. y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 35-2014, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

IX.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por Tanto:

ACUERDAN:

1°—Autorizar el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas a la empresa Industrias Martec S. A., cédula jurídica número 3-101-050217 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. El traslado se hará efectivo a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, fecha en la cual la empresa deberá iniciar operaciones productivas al amparo de la citada categoría f). A partir del traslado, empezarán a correr los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de Ley N° 8794 de fecha 12 de enero del año 2010, en lo que concierne a la mencionada categoría f).

2°—La actividad de la beneficiaria consistirá en la producción de pescado fresco, refrigerado o congelado; filete de pescado congelado; filete de pescado relleno congelado; y huevos, larvas y alevines en laboratorio para crianza de peces. La actividad de la beneficiaria al amparo de la citada categoría f), se encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “proyectos en que la empresa acogida al Régimen emplea anualmente al menos 200 trabajadores en promedio, debidamente reportados en planilla, a partir de la fecha de inicio de operaciones productivas, según lo establecido en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del Régimen”.

3°—La beneficiaria operará fuera de parque industrial de zona franca, específicamente en Final del Ranchón, Boca Vieja de Quepos, Aguirre, provincia de Puntarenas. Tal ubicación se encuentra fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA).

4°—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al efecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de las prórrogas acordadas de acuerdo con el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria tendrá derecho a solicitar la aplicación de lo dispuesto en los artículos 20 inciso l) y 20 bis de ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa.

5°—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter inciso h) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), a la beneficiaria, al estar ubicada en un sector estratégico fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA) y mantener, en el caso concreto de la beneficiaria, doscientos sesenta y nueve empleados permanentes durante toda la operación de la empresa debidamente reportados en planillas, se le aplicarán íntegramente los beneficios indicados en los incisos d), g) y l) del artículo 20 de la Ley. El cómputo del plazo inicial de este beneficio, se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del Acuerdo de Otorgamiento; una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el referido Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen común del Impuesto sobre la Renta.

Las exenciones y los beneficios que de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento le sean aplicables, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación; en consecuencia, a la beneficiaria no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley, ni ninguna otra referencia a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de Zona Franca. A la beneficiaria se le aplicarán las exenciones y los beneficios establecidos en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), g) h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales.

6°—La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 269 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US $3.644.869,43 (tres millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y nueve dólares con cuarenta y tres centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $1.500.000,00 (un millón quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 11 de marzo de 2017. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $5.144.869,43 (cinco millones ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y nueve dólares con cuarenta y tres centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 11 de marzo de 2017. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 87,74%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7°—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por el derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas, es a partir de la fecha de traslado indicada en la cláusula primera del presente Acuerdo. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual PROCOMER seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de área de techo industrial, consignadas en su respectiva solicitud.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, a partir de la fecha de la última medición realizada por la citada Promotora, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.

8°—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9°—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el presente Acuerdo de autorización de traslado.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

16.—Por tratarse de una empresa ubicada fuera de un Parque Industrial de Zona Franca, dicha compañía se obliga a implementar las medidas que la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica o las autoridades aduaneras le exijan a fin de establecer un adecuado sistema de control sobre el ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos y bienes.

17.—La empresa beneficiaria continuará disfrutando de los beneficios otorgados bajo la categoría a) del artículo 17 de la Ley N° 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, según los términos del Acuerdo Ejecutivo de otorgamiento número 209-2011 de fecha 11 de julio del 2011 y sus reformas, hasta el momento en que se realice el traslado a la categoría f) en la fecha indicada en el punto primero del presente Acuerdo.

18.—El Acuerdo Ejecutivo N° 209-2011 de fecha 11 de julio del 2011 y sus reformas, será sustituido plenamente por el presente Acuerdo Ejecutivo, una vez que la empresa beneficiaria inicie operaciones productivas al amparo de la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. San José, al primer día del mes de abril del año dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Comercio Exterior a. i, Fernando Ocampo Sánchez.—1 vez.—(IN2014027674).

N° 0102-2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) y 157 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 252-2006 de fecha 6 de noviembre del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 239 del 13 de diciembre del 2006; modificado por el Acuerdo Ejecutivo N° 411-2013 de fecha 27 de noviembre del 2013, sin publicar; a la empresa Zona Franca Coyol S. A., cédula jurídica N° 3-101-420512, se le concedieron los beneficios e incentivos contemplados por el artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, bajo la categoría de empresa administradora de parque, de conformidad con lo dispuesto con el inciso ch) del artículo 17 de dicha Ley.

II.—Que el señor Carlos Jonfai Wong Zúñiga, mayor, divorciado una vez, economista, portador de la cédula de identidad número 1-664-989, vecino de Santa Ana, en su condición de Apoderado Especial con facultades suficientes para estos efectos de Zona Franca Coyol S. A., cédula jurídica N° 3-101-420512, presentó ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), solicitud para que se le otorgue nuevamente el Régimen de Zonas Francas a su representada, con fundamento en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

III.—Que en la solicitud mencionada, Zona Franca Coyol S. A. se comprometió a mantener una inversión de al menos US $68.480.156,35 (sesenta y ocho millones cuatrocientos ochenta mil ciento cincuenta y seis dólares con treinta y cinco centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, la empresa se comprometió a realizar una inversión nueva adicional total de US $4.485.000,00 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), según los plazos y en las condiciones establecidas en la solicitud de ingreso al Régimen presentada por la empresa. Lo anterior implica una importante oportunidad para arraigar más a la citada empresa a Costa Rica, aumentar los empleos directos e indirectos, y fomentar el encadenamiento entre las empresas nacionales y compañías pertenecientes al Régimen de Zonas Francas, con la finalidad de aumentar el valor agregado de los productos nacionales.

IV.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la sesión N° 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa Zona Franca Coyol S. A., y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 11-2014, acordó someter a consideración del Ministerio de Comercio Exterior la solicitud de ingreso al Régimen de Zonas Francas presentada, a fin de que dicho órgano ejerza la facultad establecida en el artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, determine si en la especie resulta aplicable la excepción que contempla dicho artículo, y analice si se trata de un proyecto nuevo cuya inversión adicional, magnitud y beneficios, justifican razonablemente el otorgamiento de los incentivos fiscales establecidos en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

V.—Que en razón de lo anterior, el Poder Ejecutivo efectivamente considera que en la especie resulta plenamente aplicable la excepción que contempla el referido artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, en tanto se trata de un proyecto nuevo cuya inversión adicional y magnitud conlleva una serie de beneficios, que justifican razonablemente el otorgamiento de los incentivos fiscales establecidos en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

VI.—Que de acuerdo con la solicitud de la empresa y lo establecido por el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, este será un parque industrial que instalará exclusivamente empresas procesadoras de exportación y/o empresas de otras categorías previstas en el artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. Se considera infraestructura mínima para que un parque industrial de estas características pueda ser autorizado como Zona Franca, aquella que tenga capacidad para que se puedan instalar al menos doce empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas o contar con un área total disponible de construcción de al menos diez mil metros cuadrados, destinados a la instalación de empresas acogidas al Régimen, ya sea exclusivamente empresas procesadoras para la exportación o junto con empresas de otras categorías previstas en el artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. Lo anterior debidamente comprobado a satisfacción de PROCOMER.

VII.—Que los representantes legales de Zona Franca Coyol S. A., Banco Improsa S. A., Covidien Manufacturing Solutions S. A., Abbott Vascular Ltda., Arthrocare Costa Rica S. R. L., Volcarica S. R. L., y ST Jude Medical Costa Rica Ltda., empresas propietarias de los inmuebles donde se ubicará el parque industrial, autorizaron la afectación de los mismos al Régimen de Zonas Francas.

VIII.—Que se ha verificado que la empresa cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en los artículos 24, 25 y 27 del Reglamento a la Ley N° 7210, en lo que resulta aplicable.

IX.— Que se han observado los procedimientos de Ley.

Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Zona Franca Coyol S. A., cédula jurídica N° 3-101-420512 (en adelante denominada la administradora), para que administre la Zona Franca referida en el artículo segundo del presente Acuerdo, calificándola para tales efectos como Empresa Administradora de Parque, de conformidad con el inciso ch) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. De acuerdo con la solicitud de la empresa y lo establecido por el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, este parque industrial instalará exclusivamente empresas procesadoras de exportación y/o empresas de otras categorías previstas en el artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. El parque deberá tener capacidad para que se puedan instalar en él, al menos doce empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas o contar con un área total disponible de construcción de al menos diez mil metros cuadrados, destinados a la instalación de empresas acogidas al Régimen.

2º—Declárese Zona Franca el área donde se desarrollará el proyecto, de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento, sea las fincas que se detallan a continuación: sitas en Distrito La Garita, Cantón Alajuela, de la Provincia de Alajuela, inscritas en el Registro Nacional, Sección Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrículas números 68492-F-000 (9.982 m²), 68493-F-000 (13.134 m²), 68494-F-000 (13.134 m²), 95786-F-000 (14.213,30 m²), 68495-F-000 (9.433 m²), 68496-F-000 (9.926 m²), 68497-F-000 (9.953 m²), 68498-F-000 (9.611 m²), 68499-F-000 (9.962 m²), 68500-F-000 (11.502 m²), 68501-F-000 (8.258 m²), 68502-F-000 (10.185 m²), 68503-F-000 (10.091 m²), 68504-F-000 (43.594 m²), 68507-F-000 (11.082 m²), 68508-F-000 (11.145 m²), 68509-F-000 (9.256 m²), 68510-F-000 (36.667 m²), 68513-F-000 (10.213 m²), 68514-F-000 (32.563 m²), 68515-F-000 (30.434 m²), 68516-F-000 (10.336 m²), 68517-F-000 (10.146 m²), 68518-F-000 (10.199 m²), 68519-F-000 (17.543 m²), 68520-F-000 (32.434 m²), 68521-F-000 (17.259 m²), 68522-F-000 (29.327 m²), 68523-F-000 (77.556 m²), 68524-F-000 (11.415 m²), 68525-F-000 (10.532 m²), 68526-F-000 (14.558 m²), 68528-F-000 (25.308 m²), 68529-F-000 (32.421 m²), 68531-F-000 (7.487 m²), 68535-F-000 (38.698 m²), 68536-F-000 (22.430 m²), 68537-F-000 (30.747 m²), 68539-F-000 (9.800 m²), 68540-F-000 (9.873 m²), 68541-F-000 (16.895 m²), 68542-F-000 (11.003 m²), 68543-F-000 (16.554 m²), 68544-F-000 (6.943 m²) y 68545-F-000 (32.728 m²), para un área total de 826.528,89 metros cuadrados.

3º—La empresa se dedicará a la administración y desarrollo de la Zona Franca que se ubicará en los inmuebles descritos en el artículo segundo del presente Acuerdo, de conformidad con los procedimientos que señala la Ley N° 7210 y su Reglamento.

4º—La administradora gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen, y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaría podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en los artículos 20 inciso 1) y 20 bis de la ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la empresa administradora gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o con ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene. No obstante, de llegar a instalarse en el parque empresas no acogidas al Régimen de Zonas Francas, salvo el caso de excepción contenido en el artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, la administradora perderá, a partir de ese momento, la exoneración indicada en el inciso g) del artículo 20 y, en cuanto a las demás exoneraciones dispuestas por el referido numeral 20, éstas se reducirán en la proporción correspondiente cual si se tratara de ventas al territorio aduanero nacional, en los términos del artículo 22 del mismo cuerpo normativo.

6º—La administradora se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 23 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US $68.480.156,35 (sesenta y ocho millones cuatrocientos ochenta mil ciento cincuenta y seis dólares con treinta y cinco centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $4.485.000,00 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 30 de diciembre del 2016. Por lo tanto, la administradora se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $72.965.156,35 (setenta y dos millones novecientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y seis dólares con treinta y cinco centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Finalmente, la administradora se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 71,95%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la administradora, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zona Franca. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el día en que se notifique el presente Acuerdo Ejecutivo. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaría no inicie las operaciones productivas en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual PROCOMER seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, para lo cual PROCOMER tomará como referencia para su cálculo, las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud.

8º—La administradora se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaría se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La empresa administradora se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la empresa administradora estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para efectos de la supervisión y control del uso del Régimen de Zona Franca y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de PROCOMER ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la empresa administradora de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, en especial las relativas a las normas de seguridad y de control que debe implementar, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley N° 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la administradora o sus personeros.

11.—Por tratarse de una empresa administradora de parque, dicha compañía se obliga a implementar las medidas que PROCOMER o las autoridades aduaneras le exijan a fin de establecer un adecuado sistema de control y vigilancia sobre el ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos y bienes.

En caso de que se descubran anomalías en el ingreso o salida de bienes de la Zona Franca a su cargo, la empresa administradora será solidariamente responsable ante la Dirección General de Aduanas, PROCOMER y el Ministerio de Comercio Exterior, salvando dicha responsabilidad si al percatarse de cualquier anomalía la denunciare de inmediato a la Dirección General de Aduanas y a PROCOMER y se comprobare que no incurrió en dolo o culpa.

12.—De previo a iniciar sus operaciones, la empresa administradora deberá contar con un reglamento general sobre el funcionamiento del parque industrial, en los términos que establece el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas.

13.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa administradora deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones, cumplido lo cual, entrarán en vigor los beneficios del Régimen. De no presentarse sin una justificación razonable la empresa a la firma del Contrato de Operaciones indicada y notificada por PROCOMER, se procederá a la confección de un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen. El ejercicio de las actividades al amparo del Régimen y el disfrute efectivo de los beneficios no podrá iniciarse mientras la empresa no haya suscrito dicho Contrato de Operaciones.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

14.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para la administradora y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ella o PROCOMER.

15.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

16.—La empresa administradora se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley de Régimen de Zonas Francas, sus reformas y su Reglamento, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

17.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos del Régimen de Zona Franca, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

18.—Con arreglo a las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 17 inciso ch) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, 25 y 27 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, la eficacia del presente Acuerdo Ejecutivo, queda supeditada a que en el ejercicio de sus competencias, la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda determine que el área declarada como Zona Franca ofrezca tales condiciones que permitan sujetarla a los mecanismos necesarios para controlar el ingreso y salida de bienes y personas, de conformidad con la Ley General de Aduanas, su Reglamento y las políticas de operación emitidas al efecto por dicha Dirección.

19.—El presente Acuerdo Ejecutivo rige a partir de su notificación, y sustituye el Acuerdo Ejecutivo N° 252-2006 de fecha 06 de noviembre del 2006 y sus reformas, sin alterar los efectos producidos por el mismo durante su vigencia.

20.—Rige a partir de su notificación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El ministro de comercio exterior a. í., Fernando Ocampo Sánchez.—1 vez.—(IN2014028241).

N° 0103-2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) y 157 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que con fundamento en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210 y sus reformas, mediante Acuerdo Ejecutivo N° 088-2008 de fecha 04 de marzo del 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 106 del 03 de junio del 2008, modificado por el Acuerdo Ejecutivo N° 412-2008 de fecha 14 de julio del 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 178 del 16 de septiembre del 2008; por el Acuerdo Ejecutivo N° 480-2008 de fecha 21 de julio del 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 175 del 10 de septiembre del 2008; por el Acuerdo Ejecutivo N° 504-2008 de fecha 05 de agosto del 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 178 del 16 de setiembre del 2008; por el Acuerdo Ejecutivo N° 082-2009 de fecha 02 de febrero del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 50 del 12 de marzo del 2009; y por el Acuerdo Ejecutivo N° 123-2011 de fecha 31 de marzo del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 90 del 11 de mayo del 2011; a la empresa Terramix S.A., cédula jurídica número 3-101-103688, se le concedieron los beneficios e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, bajo la categoría de Empresa Procesadora de Exportación, de conformidad con lo dispuesto con el inciso a) del artículo 17 de dicha Ley.

II.—Que el señor Álvaro Gutiérrez Portuguez, mayor, soltero, contador, portador de la cédula de identidad 4-114-806, vecino de Heredia, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa Terramix S. A., cédula jurídica número 3-101-103688, presentó solicitud para trasladarse a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

III.—Que el Transitorio III de la Ley N° 8794 del 12 de enero de 2010, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 15 del 22 de enero de 2010, señala:

“TRANSITORIO III.—Las empresas beneficiarias indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la Ley de régimen de zonas francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, podrán solicitar trasladarse a la categoría descrita en el inciso f) del mismo artículo, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 21 bis de esta Ley y realicen inversiones nuevas en los términos dispuestos por el artículo primero de este mismo cuerpo normativo. En caso de que la empresa disfrute de los beneficios en condición fuera del parque industrial la inversión mínima será de quinientos mil dólares estadounidenses (US$500.000). En tales casos, a partir del traslado empezarán a correr los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de esta Ley.”

IV.—Que el artículo 145 del Reglamento a la Ley del Régimen de Zonas Francas, Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto del 2008 y sus reformas, dispone que:

“Artículo 145.—Traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley.

Las empresas beneficiarias indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la Ley , podrán solicitar trasladarse a la categoría descrita en el inciso f) del artículo 17 de la Ley, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

a)  Que se trate de un proyecto que se ejecute dentro de un sector estratégico, según lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos o que la empresa se instale fuera de la GAMA.

b) Que al momento de solicitar el traslado de categoría la empresa beneficiaria se encuentre al día con las obligaciones del Régimen.

c)  Que la empresa se comprometa a realizar inversiones nuevas en activos fijos en los términos dispuestos por la Ley.

d) Que la empresa se encuentre exenta total o parcialmente o no sujeta al impuesto sobre la renta, según los términos del artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las empresas que se trasladen de categoría tendrán un plazo máximo de tres años para realizar la inversión nueva inicial e iniciar operaciones productivas al amparo del nuevo régimen.”

V.—Que el artículo 132 párrafos primero y cuarto de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978, en relación con el contenido del acto administrativo, permite la inclusión discrecional de condiciones, términos y modos en el acto administrativo, como mecanismos para adaptar su contenido al fin perseguido, indicando en lo conducente:

“Artículo 132.

1) El contenido deberá ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas.

(….)

4) Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.”

VI.—Que el artículo 145 párrafo primero de la Ley General de la Administración Pública, establece que los efectos del acto administrativo podrán sujetarse a requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento jurídico.

VII.—Que en la solicitud mencionada la empresa Terramix S. A., se comprometió a mantener una inversión de al menos US $57.712.978,94 (cincuenta y siete millones setecientos doce mil novecientos setenta y ocho dólares con noventa y cuatro centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, la empresa se comprometió a realizar una inversión nueva adicional total de US $3.000.000,00 (tres millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), según los plazos y en las condiciones establecidas en la solicitud de ingreso al Régimen presentada por la empresa.

VIII.—Que la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 229 del 25 de noviembre del 2010, calificó como sector estratégico los “proyectos en que la empresa acogida al Régimen emplea anualmente al menos 200 trabajadores en promedio, debidamente reportados en planilla, a partir de la fecha de inicio de operaciones productivas, según lo establecido en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del Régimen”.

IX.—Que en la solicitud de traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, la empresa Terramix S. A., se obliga a mantener un nivel mínimo total de empleo de 668 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. En virtud de lo anterior, el traslado a la categoría se ajusta a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas. Asimismo, la empresa opera fuera de parque industrial de zona franca, específicamente en San José, Pozos de Santa Ana, de Empaques Santa Ana 100 metros al este y 150 metros al sur, por lo que se encuentra ubicada dentro del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA). En virtud de lo anterior, el traslado a la categoría se ajusta a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas.

X.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión N° 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa Terramix S. A., y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 49-2014 de fecha 04 de abril del 2014, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

XI.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por Tanto,

ACUERDAN:

1º—Autorizar el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas a la empresa Terramix S. A., cédula jurídica número 3-101-103688 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. El traslado se hará efectivo a partir del 01 de enero del 2016, fecha en la cual la empresa deberá iniciar operaciones productivas al amparo de la citada categoría f). A partir del traslado, empezarán a correr los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, reformada Ley N° 8794 de fecha 12 de enero del año 2010, en lo que concierne a la mencionada categoría f).

2º—La actividad de la beneficiaria consistirá en la producción de empaques de caucho, moldes de acero para inyección y máquinas campaneadoras (abocinadoras) de tubos de P.V.C., adhesivos, bolsas de hule (bladers), cajas de hule (rubber boots), bolas de hule, hule en diferentes presentaciones, y piezas de metal fabricadas a precisión. La actividad de la beneficiaria al amparo de la citada categoría f), se encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “proyectos en que la empresa acogida al Régimen emplea anualmente al menos 200 trabajadores en promedio, debidamente reportados en planilla, a partir de la fecha de inicio de operaciones productivas, según lo establecido en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del Régimen”.

3º—La beneficiaria operará fuera de parque industrial de zona franca, específicamente en Pozos de Santa Ana, de Empaques Santa Ana 100 metros al este y 150 al sur, provincia de San José. Tal ubicación se encuentra dentro del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA).

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de las prórrogas acordadas de acuerdo con el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en los artículos 20 inciso l) y 20 bis de la ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter inciso d) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria, al estar ubicada en un sector estratégico dentro de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA), pagará un seis por ciento (6%) de sus utilidades para efectos de la Ley del impuesto sobre la renta durante los primeros ocho años y un quince por ciento (15%) durante los siguientes cuatro años. El cómputo del plazo inicial de este beneficio, se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria al amparo de la categoría f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del Acuerdo de Otorgamiento; una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el referido Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen común del Impuesto sobre la Renta.

Las exenciones y los beneficios que de conformidad con la Ley Nº 7210, sus reformas y su Reglamento le sean aplicables, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación; en consecuencia, a la beneficiaria no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley, ni ninguna otra referencia a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de Zona Franca. A la beneficiaria se le aplicarán las exenciones y los beneficios establecidos en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley Nº 7210 y sus reformas. En el caso del incentivo por reinversión establecido en el citado artículo 20 inciso l) de la Ley, no procederá la exención del setenta y cinco por ciento (75%) ahí contemplada y en su caso se aplicará una tarifa de un siete como cinco por ciento (7,5%) por concepto de impuesto sobre la renta.

A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales.

6º—La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 668 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US $57.712.978,94 (cincuenta y siete millones setecientos doce mil novecientos setenta y ocho dólares con noventa y cuatro centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $3.000.000,00 (tres millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 25 de marzo del 2017. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $60.712.978,94 (sesenta millones setecientos doce mil novecientos setenta y ocho dólares con noventa y cuatro centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 57,62%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7º—La empresa se obliga a pagar el canon mensual por el derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. Asimismo, la empresa deberá iniciar operaciones productivas, al amparo de la categoría f), a partir de la fecha de traslado indicada en la cláusula primera del presente Acuerdo. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de área de techo industrial, consignadas en su respectiva solicitud.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, a partir de la fecha de la última medición realizada por la citada Promotora, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el presente Acuerdo de Autorización de traslado.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con PROCOMER.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

16.—Por tratarse de una empresa ubicada fuera de un Parque Industrial de Zona Franca, dicha compañía se obliga a implementar las medidas que PROCOMER o las autoridades aduaneras le exijan a fin de establecer un adecuado sistema de control sobre el ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos y bienes.

17.—La empresa beneficiaria continuará disfrutando de los beneficios otorgados bajo la categoría a) del artículo 17 de la Ley N° 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, según los términos del Acuerdo Ejecutivo de otorgamiento N° 088-2008 de fecha 04 de marzo del 2008 y sus reformas, hasta el momento en que se realice el traslado a la categoría f) en la fecha indicada en el punto primero del presente Acuerdo.

18.—El Acuerdo Ejecutivo N° 088-2008 de fecha 04 de marzo del 2008 y sus reformas, será sustituido plenamente por el presente Acuerdo Ejecutivo, una vez que la empresa beneficiaria inicie operaciones productivas al amparo de la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 23 de noviembre de 1990 y sus reformas.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Comercio Exterior, Anabel González Campabadal.—1 vez.—(IN2014028012).

N° 0116-2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que el señor Dirk Niehaus Meinert, mayor, casado una vez, abogado y notario, portador de la cédula de identidad número 1-747-567, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial con facultades suficientes para estos efectos de la empresa Zollner Electronic Costa Rica Limitada, cédula jurídica número 3-102-666982, presentó solicitud para acogerse al Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 229 del 25 de noviembre del 2010 y para los efectos del inciso a) del artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, calificó como un sector estratégico los proyectos en que la empresa acogida al Régimen se ubica en la industria de “Electrónica Avanzada (tales como: equipo de cómputo e impresión, microprocesadores, equipo de comunicación, circuitos integrados, tubos catódicos, conectores avanzados, equipo de sonido y video digital)”.

III.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión No. 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa Zollner Electronic Costa Rica Limitada y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER número 12-2014, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por Tanto:

ACUERDAN:

1°—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Zollner Electronic Costa Rica Limitada, cédula jurídica número 3-102-666982 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

2°—La actividad de la beneficiaria consistirá en el ensamblaje electromecánico de tarjetas de circuito impreso (PCBA). Dicha actividad se encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “Electrónica Avanzada (tales como: equipo de cómputo e impresión, microprocesadores, equipo de comunicación, circuitos integrados, tubos catódicos, conectores avanzados, equipo de sonido y video digital)”.

3°—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Zona Franca La Lima S.A., ubicado en la provincia de Cartago. Tal ubicación se encuentra dentro del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA).

4°—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de las prórrogas acordadas de acuerdo con el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

5°—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter inciso e) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), a la beneficiaria, al estar ubicada en un sector estratégico dentro de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA) y por tratarse de un Megaproyecto, se le aplicarán íntegramente los beneficios indicados en los incisos g) y l) del artículo 20 de la Ley. El cómputo del plazo inicial de este beneficio, se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del Acuerdo de Otorgamiento; una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el referido Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen común del Impuesto sobre la Renta.

Las exenciones y los beneficios que de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento le sean aplicables, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación; en consecuencia, a la beneficiaria no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley, ni ninguna otra referencia a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de Zona Franca. A la beneficiaria se le aplicarán las exenciones y los beneficios establecidos en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), g) h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales.

6°—La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 100 trabajadores, a más tardar el 01 de noviembre del 2014. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva inicial en activos fijos nuevos depreciables de al menos US $150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 30 de setiembre del 2016, así como a realizar y mantener una inversión mínima total en activos fijos nuevos depreciables de al menos US $10.000.000,00 (diez millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 30 de setiembre del 2021 y conforme al plan de inversión presentado en la solicitud de ingreso al Régimen. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 22,93%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión nueva inicial y mínima total en activos fijos de la beneficiaria, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7°—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el 01 de noviembre del 2014. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de área de techo industrial consignadas en su respectiva solicitud.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, a partir de la fecha de la última medición realizada por la citada Promotora, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.

8°—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9°—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

16.—Rige a partir de su comunicación.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintiún días del mes de abril del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Comercio Exterior a. i.,  Fernando Ocampo Sánchez.—1 vez.—(IN2014027740).

N° 0406-2013

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) y 157 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 19%; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que con fundamento en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, mediante Acuerdo Ejecutivo N° 258-2011 de fecha 15 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 167 del 31 de agosto de 2011, a la empresa Sykes Latin America S. A., cédula jurídica número 3-101-211555, se le concedieron nuevamente los beneficios e incentivos contemplados por el artículo 20 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que mediante documentos presentados los días 05 y 13 de noviembre de 2013, en la Gerencia de Regímenes Especiales de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, (en adelante “PROCOMER”), la empresa Sykes Latin America S. A., solicitó la reducción del porcentaje de valor agregado nacional (VAN).

III.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de PROCOMER en la sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la empresa Sykes Latin America S. A., y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER, N° 111-2013, acordó recomendar al Poder Ejecutivo la respectiva modificación del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que en virtud de las reformas legales y reglamentarias que han operado con posterioridad al otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la empresa, se hace necesario adecuar en lo conducente el Acuerdo Ejecutivo original.

V.—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por tanto:

ACUERDAN:

1°—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 258-2011 de fecha 15 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 167 del 31 de agosto de 2011, para que en el futuro las cláusulas sexta, sétima y octava se lean de la siguiente manera:

“6.  La beneficiaría se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 1625 trabajadores, a partir del 08 de agosto de 2011. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US $10.553.733,82 (diez millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y tres dólares con ochenta y dos centavos), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir del 08 de agosto de 2011, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $3.000.000,00 (tres millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 27 de abril de 2014. Por lo tanto, la beneficiaría se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $13.553.733,82 (trece millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y tres dólares con ochenta y dos centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Finalmente, la empresa beneficiaría se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 72,58%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaría, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen de Zonas Francas a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.”

“7. Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el 08 de agosto de 2011. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaría no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual PROCOMER seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, para lo cual PROCOMER tomará como referencia para su cálculo, las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud.”

“8. La beneficiaría se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaría se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.”

2°—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo N° 258-2011 de fecha 15 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 167 del 31 de agosto de 2011.

3°—Rige a partir de su notificación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil trece.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Comercio Exterior, Anabel González Campabadal.—1 vez.—(IN2014027784).

N° 0409-2013

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

1º—Que el señor Luis Eduardo Cascante Benavides, portador de la cédula de identidad número 1-962-308, en su condición de Tesorero con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa Britt Shared Services S. A., cédula jurídica número 3-101-487310, presentó ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), solicitud para que se le otorgue el Régimen de Zonas Francas a su representada, con fundamento en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

2º—Que en la solicitud mencionada Britt Shared Services S. A., se comprometió a mantener una inversión de al menos US $1.198.907,96 (un millón ciento noventa y ocho mil novecientos siete dólares con noventa y seis centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, la empresa se comprometió a realizar una inversión nueva adicional total de US $2.523.800,00 (dos millones quinientos veintitrés mil ochocientos dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), así como a realizar un empleo adicional de 40 trabajadores, según los plazos y en las condiciones establecidas en la solicitud de ingreso al Régimen presentada por la empresa. Lo anterior implica una importante oportunidad para arraigar más a la citada empresa a Costa Rica, aumentar los empleos directos e indirectos, y fomentar el encadenamiento entre las empresas nacionales y compañías pertenecientes al Régimen de Zonas Francas, con la finalidad de aumentar el valor agregado de los productos nacionales.

3º—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo emitido por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión Nº 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa Britt Shared Services S. A., y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER número 38-2013, acordó someter a consideración del Ministerio de Comercio Exterior la solicitud de ingreso al Régimen de Zonas Francas presentada, a fin de que dicho órgano ejerza la facultad establecida en el artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, determine si en la especie resulta aplicable la excepción que contempla dicho artículo, y analice si se trata de una inversión adicional, cuya magnitud y beneficios justifican razonablemente el otorgamiento de los incentivos fiscales establecidos en la Ley Nº 7210, sus reformas y su Reglamento.

4º—Que en razón de lo anterior, el Poder Ejecutivo considera que en la especie resulta aplicable la excepción que contempla el referido artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, en tanto se trata de una inversión adicional cuya magnitud conlleva una serie de beneficios, que justifican razonablemente el otorgamiento de los incentivos fiscales establecidos en la Ley número 7210, sus reformas y su Reglamento.

5º—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por Tanto,

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Britt Shared Services S. A., cédula jurídica número 3-101-487310 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

2º—La actividad de la beneficiaria consistirá en brindar servicios de centro de asistencia y procesamiento de información y servicios de apoyo administrativo.

3º—La beneficiaria operará en el Parque Industrial denominado Diursa Inmobiliaria de Costa Rica S. A., ubicado en la provincia de Heredia.

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas) la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

Dicha beneficiaria sólo podrá introducir sus servicios al mercado local, observando rigurosamente los requisitos establecidos al efecto por el artículo 22 de la Ley Nº 7210 y sus reformas, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.

6º—La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 129 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener un nivel mínimo total de empleo de 169 trabajadores, a partir del 31 de diciembre del 2018. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US $1.198.907,96 (un millón ciento noventa y ocho mil novecientos siete dólares con noventa y seis centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $2.523.800,00 (dos millones quinientos veintitrés mil ochocientos dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 07 de octubre del 2016. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $3.722.707,96 (tres millones setecientos veintidós mil setecientos siete dólares con noventa y seis centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) a más tardar el 07 de octubre del 2016. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 94,05%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el día en que se notifique el presente Acuerdo Ejecutivo. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, para lo cual PROCOMER tomará como referencia para su cálculo, las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

16.—El presente Acuerdo Ejecutivo rige a partir de su notificación, y sustituye el Acuerdo Ejecutivo número 374-2007 de fecha 12 de setiembre del 2007, sin alterar los efectos producidos por el mismo durante su vigencia.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciocho días del mes de diciembre del dos mil trece.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Comercio Exterior, Anabel González Campabadal.—1 vez.—(IN2014028187).

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

Y POLÍTICA ECONÓMICA

Nº 05-14-PLAN

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

Y POLÍTICA ECONÓMICA

Con fundamento en lo dispuesto en artículos 140 incisos 3), 8), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política, 25.1, 27.1 de la Ley General de la Administración Pública (N° 6227 de 2 de mayo de 1978), 2 inciso e) y 5 de la Ley de Planificación Nacional (N° 5525 de 2 de mayo de 1974) y 1, 4 inciso e), 7 incisos b), g) y k), 8 inciso h), 16 y 19 incisos a) y l) del Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación (Decreto Ejecutivo Nº 37735-PLAN de 6 de mayo del 2013).

Considerando:

I.—Que el Sistema Nacional de Planificación creado mediante Ley de Planificación Nacional, es un mecanismo oportuno para promover el desarrollo del país y lograr el bienestar ciudadano, que tiene dentro de sus funciones participar en las tareas tendientes a la formulación y adopción de planes de desarrollo con participación ciudadana.

II.—Que en el mes de enero de 2013 fue instaurada una “Mesa de Diálogo” entre el Gobierno de la República -con apoyo de algunas instituciones públicas- y representantes de la población indígena de los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón conformada por los territorios de Cabagra, China Kichá, Boruca, Rey Curré, Salitre, Térraba y Ujarrás, con el fin de generar una agenda de trabajo conjunto que abordara las principales necesidades de desarrollo para estas poblaciones, quedando planteados proyectos y acciones requeridos para solventar en el mediano y largo plazo, el proceso de construcción colectiva y comunitaria de sus territorios, de acuerdo con su propia visión del desarrollo.

III.—Que como resultado de ese proceso conjunto y participativo, en el mes de octubre de 2013, bajo la coordinación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), fue elaborado el documento denominado “Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de los Cantones Buenos Aires y Pérez Zeledón”, instrumento orientador de política pública para impulsar la participación activa y coordinada entre diversas instituciones públicas, tanto nacionales como locales, que contiene una serie de proyectos y acciones prioritarias para los territorios indígenas de esos cantones, dirigidos a crear condiciones positivas para el desarrollo integral y sostenido de su población.

IV.—Que el “Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de los Cantones Buenos Aires y Pérez Zeledón” es resultado de un esfuerzo de planificación pública, cuya importancia radica en que tanto los territorios indígenas de los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón como el Gobierno de la República, asuman sus respectivas responsabilidades para garantizar el efectivo cumplimiento de los proyectos y acciones formulados, en procura del desarrollo de esos territorios. Por tanto,

ACUERDAN:

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y NACIONAL

DEL “PLAN DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS DE LOS CANTONES BUENOS

AIRES Y PÉREZ ZELEDÓN”

Artículo 1º—Declarar de interés público y nacional el “Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de los Cantones Buenos Aires y Pérez Zeledón”, el cual puede ser accesado en la dirección electrónica de MIDEPLAN: www.mideplan.go.cr.

Artículo 2º—Las dependencias del Sector Público y del Sector Privado, dentro del marco legal respectivo y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, podrán contribuir con recursos que tengan a su alcance, para la realización de los proyectos y acciones contenidos en el “Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de los Cantones Buenos Aires y Pérez Zeledón”.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Roberto J. Gallardo Núñez.—1 vez.—O. C. N° 20923.—Solicitud N° 127860-14007.—C-65350.—(IN2014028033).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

R-83-2014-MINAE.—Poder Ejecutivo.—San José a las catorce horas con cincuenta minutos del once de marzo del dos mil catorce. Expediente Minero Nº 2747.

Se conoce recomendación dictada por la Dirección de Geología y Minas, mediante oficio DGM-RNM-70-2014, referente a la solicitud de explotación de un tajo, a favor de la sociedad Cafetalera de Tierras Ticas Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número 3-101-107188, representada por los señores los señores Ricardo Herrera Gurdián, portador de la cédula de identidad número 1-1023-0315 y Carlos Enrique Paniagua Zúñiga, cédula de identidad número 1-372-558.

Resultando:

1º—Que los señores Ricardo Herrera Gurdian, y Carlos Enrique Paniagua Zúñiga, mayor, casado una vez, contador, en su condición de apoderados generalísimos de la sociedad Cafetalera de Tierras Ticas (CATTICA) Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-107188, solicitaron concesión de explotación del Tajo Hacienda Río Negro, el cual se tramita en el expediente administrativo N° 2747 con las siguientes características:

Localización geográfica:

Sito en: Río Negro, Distrito 02 Sabalito, Cantón 08 Coto Brus, Provincia 06 Puntarenas.

Hoja Cartográfica:

Hoja Unión, escala 1:50.000 del I.G.N.

Ubicación Cartográfica:

Entre coordenadas generales: 314993.290-315065.090 norte, 589507.189-589696.909 este.

Área Solicitada:

8813.00 m², según consta en plano aportado al folio 57.

Derrotero:

Coordenadas del vértice Nº 1 315065.007 norte, 589543.972 este.

Línea	Azimut		Distancia
	°	‘	m
1 – 2	089	35.3	11.56
2 – 3	095	38.2	15.58
3 – 4	112	28.7	11.91
4 – 5	112	11.1	19.60
5 – 6	088	27.7	14.43
6 – 7	085	18.0	10.80
7 – 8	094	41.3	14.31
8 – 9	097	01.5	16.17
9 – 10	094	57.2	16.52
10 – 11	089	14.7	13.31
11 – 12	121	17.2	9.96
12 – 13	168	39.8	14.98
13 – 14	223	35.5	24.65
14 – 15	260	50.4	9.28
15 – 16	255	32.6	14.10
16 – 17	273	22.9	19.30
17 – 18	281	10.0	16.39
18 – 19	251	17.6	16.16
19 – 20	255	57.2	17.92
20 – 21	257	53.4	18.65
21 – 22	275	31.4	11.90
22 – 23	256	04.8	18.65
23 – 24	277	52.0	16.25
24 – 25	294	03.1	11.50
25 – 26	302	14.4	8.38
26 – 1	031	22.1	70.66

 

Edicto basado en la solicitud inicial aportada el 19 de junio del 2012, área y derrotero aportados el 25 de julio del 2013.

2º—Que mediante memorandum DGM-CMRB-99-2012, de fecha trece de setiembre de dos mil trece, suscrito por el geólogo José Luis Sibaja Herrera, funcionario de la Dirección de Geología y Minas, al revisar el Programa de Explotación manifestó lo siguiente:

“La documentación presentada a esta Dirección, correspondiente al programa de Explotación del expediente Nº 2747, contiene la siguiente información:

1.  La empresa Cafetalera de Tierras Ricas S. A., solicita el permiso para la extracción de materiales en un tajo localizado dentro de la propiedad, los cuales consisten en depósitos de detritos de avalancha y flujo, rocas dacíticas y andesíticas, los cuales serán utilizados para la reparación de los caminos internos de la Hacienda Río Negro. El área del tajo posee una extensión de 8.813,00 m³, el cual forma parte de una propiedad de 203 Ha 5102,87 m³, con unas reservas estimadas en 191.190,17 m³ de las cuales se explotarán 147.602 m³. Dicha explotación se realizará a cielo abierto, para lo cual se utilizará maquinaria un retroexcavador y el material se cargará con un tractor agrícola con aditamentos y carreta.

2.  El área del tajo se localiza en Río negro, distrito de Sabalito, cantón de Coto Brus y se ubica entre las coordenadas 314.500-315.500 N y 588.500-589.500 E de la hoja cartográfica Unión a escala 1:50.000 del ING

3.  Condiciones climatológicas.

4.  Condiciones del terreno, vegetación y red de drenaje.

5.  Geología. La roca madre que origina los materiales alterados, corresponde a un flujo piroclástico, que generó una toba lítica, con presencia de clastos de diferentes tamaños y formas, desde centimétricos hasta métricos, con formas redondeadas y angulares. Estos clastos corresponden con materiales lávicos, del tipo andesítico. Las tobas están conformadas por una matriz de tamaño muy fino, corresponde a cenizas de color gris que engloban los clastos volcánicos que se describen en el estudio. Este material constituye el basamento que se observa en los alrededores del área del proyecto. Este material se observa en el piso de la propiedad donde se localiza el tajo, así como en el fondo del cauce de los ríos y quebradas de los alrededores. Dichas litologías concuerdan con las descritas para la Unidad San Vito a nivel regional.

6.  Método de explotación. Para realizar los trabajos de explotación en el sitio, se utilizará una retroexcavadora y un cargador, donde no será necesario el uso de explosivos. El estéril se colocará en una terraza, producto de una explotación antigua y que ya estaba cuando se adquirió propiedad al antiguo dueño. Dicho sitio se localiza en la parte norte del área a explotar. El material arrancado, se apilará en el sitio y posteriormente se utilizará en la reparación de los caminos internos de la finca. Las labores de explotación se realizaran de norte a sur, con taludes con pendiente 1:2, bermas de 10 mts. y altura de 5 mts. El banqueo tendrá un talud de fondo de 20 mts. máximo. Los frentes de extracción serán temporales, pero conforme se aproxime al límite sur, se irán conformando los taludes definitivos, con 10 mts. de diferencia entre bermas, con el fin de acondicionar el terreno para su recuperación. Las bermas serán de 5 mts., tratando que los bordes no queden en forma angular, para mantener la naturalidad del terreno. Se pretende realizar los trabajos en dos periodos al año: junio-julio, aprovechando el veranillo de San Juan, dependiendo de las condiciones climáticas y el segundo en la época seca del pacífico sur.

7.  Diseño geométrico del tajo. Se presentan diferentes figuras con las condiciones topográficas en que se presentará el tajo, en diferentes etapas de la explotación.

8.  Hidrogeología. Dentro del Estudio se indica que se tienen dos tipos de materiales en el área del proyecto. Primeramente el material de la parte superior, lo constituye una capa de alteración, que incluye la capa de suelos. Este material conforma un medio poroso, con un espesor variable, donde en la investigación de campo, en época de invierno, no se detectó ningún nivel de saturación. El otro material constituye una roca sana, correspondientes con un flujo piroclástico, que dio origen a una toba, la cual por sus características, presenta condiciones pobres para el almacenamiento de agua, considerándose esta capa como un acuitardo, presentando condiciones favorables para conformar el límite inferior de un posible acuífero, generado en la capa de alteración.

Para la aceptación del Programa de Explotación del expediente Nº 2747, se le solicita al interesado, aportar mediante anexo la siguiente información:

1.  Indicar cuál va a ser el volumen de material a extraer por año. Aunque se indica en el Estudio, que va a ser una extracción de bajo perfil, con dos periodos de labores al año y que el material se utilizará en la reparación de caminos internos de la finca, es necesario, para establecer el plazo, saber cuál va a ser el volumen de extracción. Igualmente, se está solicitando un plazo por un periodo de 10 años, prorrogables a veinte años, cuando se puede otorgar por 25 años, con una prórroga de 10 años si el volumen aprovechable y la tasa autorizada así lo permite.

2.  Aunque la extracción se solicita para mantenimiento de los caminos internos de la finca, deberán de presentar un Estudio Financiero, de acuerdo a lo que se estipula en el artículo 26, incisos 5 y 6 del Reglamento al Código de Minería. Dicha información deberá de estar refrendada por un CPA, debidamente incorporado al respectivo colegio.

3º—Que mediante memorandum DGM-CRB-62-2013 de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, suscrito por el geólogo José Luis Sibaja Herrera, al revisar el anexo al Programa de Explotación manifestó lo siguiente:

“La documentación presentada a esta Dirección, correspondiente al Anexo al Programa de Explotación, cumple con lo solicitado mediante oficio DGM-CMRB-99-2012, lo cual consistía básicamente en aclarar cual sería el volumen real a extraer por año.

Los materiales se van a utilizar en la reparación de los caminos internos de las fincas del concesionario, por lo que el volumen es relativamente poco, 6.000 m³ al año, los cuales se extraerán en dos periodos al año.

Dado lo anterior, se acepta el Programa de Explotación del expediente Nº 2747, por lo que el interesado deberá de ponerse en contacto con mi persona, para establecer la respectiva comprobación de campo al Proyecto.”

4º—Que mediante oficio DGM-CRB-126-2013, de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, suscrito por el geólogo José Luis Sibaja Herrera al realizar inspección de campo del Programa de Explotación, consignó lo siguiente:

“El día 20 de junio del 2013, visité la zona del expediente Nº 2747, con el fin de realizar la Comprobación de Campo al Programa de Explotación de dicho expediente.

El sitio donde se localiza el tajo, pertenece a la Hacienda Río Negro de Coto Brus, quién lo solicita para utilizar el material en la reparación y mantenimiento de los caminos de la finca, por lo que están solicitando un volumen de extracción anual muy bajo, 6.000 m³.

El área del tajo se localiza en Río negro, distrito de Sabalito, cantón de Coto Brus y se ubica entre las coordenadas 314.500-315.500 N y 588.500-589.500 E de la hoja cartográfica Unión a escala 1:50.000 del ING.

El tajo posee una extensión de 8.813,00 m³, el cual forma parte de una propiedad de 203 Ha 5102,87 m³, con unas reservas estimadas en 191.190,17 m³ de las cuales se explotarán 147.602 m³.

Los materiales que afloran en el sitio, consisten en depósitos de detritos de avalancha y flujo, rocas dacíticas y andesíticas, con los cuales se reparaban los caminos muchos años atrás, por los antiguos propietarios de la hacienda.

Para realizar los trabajos de explotación en el sitio, se utilizará una retroexcavadora y un cargador, donde no será necesario el uso de explosivos. El estéril se colocará en una terraza, producto de una explotación antigua y que ya estaba cuando se adquirió propiedad al antiguo dueño. Dicho sitio se localiza en la parte norte del área a explotar. El material arrancado, se apilará en el sitio y posteriormente se utilizará en la reparación de los caminos internos de la finca. Las labores de explotación se realizaran de norte a sur, con taludes con pendiente 1:2, bermas de 10 mts. y altura de 5 mts. El banqueo tendrá un talud de fondo de 20 mts. máximo. Los frentes de extracción serán temporales, pero conforme se aproxime al límite sur, se irán conformando los taludes definitivos, con 10 mts. de diferencia entre bermas, con el fin de acondicionar el terreno para su recuperación. Las bermas serán de 5 mts., tratando que los bordes no queden en forma angular, para mantener la naturalidad del terreno. Se pretende realizar los trabajos en dos periodos al año: junio-julio, aprovechando el veranillo de San Juan, dependiendo de las condiciones climáticas y el segundo en la época seca del pacífico sur.

Como se dijo anteriormente, la explotación será de bajo perfil, ya que se solicitan 6.000 m³ por año, destinados al uso interno de la finca, por lo que el material no se venderá.

De la visita de comprobación, se determina que la información presentada en el Programa de Explotación es concordante con lo visto en el campo, por lo que se da por aceptada la respectiva Comprobación de Campo, pot tal motivo se aprueba en su totalidad el programa de Explotación, del expediente Nº 2747.

Plazo:

Dado que se reportan reservas por un total de 191.190 m3, de las cuales se solicitan 147.602 m³, con un volumen de extracción de 6.000 m³/año y en base a lo que estipula el Código de Minería y su Reglamento, se recomienda otorgar un plazo de 25 años, para llevar a cabo las labores de extracción…”

5º—Que por memorandum DGM-CRB-126-2013 de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, suscrito por el geólogo José Luis Sibaja Herrera, se emitieron las siguientes recomendaciones:

“…Para llevar a cabo las labores de extracción, el concesionario deberá de cumplir con las siguientes recomendaciones:

1.  Las labores de extracción se podrán iniciar una vez se cumplan con todos los requisitos legales, de acuerdo a lo que establece el Código de Minería y su Reglamento.

2.  El volumen de extracción aprobado es de 6.000 m³ por año.

3.  El plazo recomendado es de 25 años, de acuerdo a lo que establece el Código de Minería y su Reglamento y al volumen de extracción autorizado, así como a las reservas calculadas en el Programa de Explotación.

4.  La metódica de extracción, al igual que el volumen de extracción, no podrán ser variados sin la respectiva autorización de esta Dirección, previa solicitud del concesionario, justificando técnicamente el cambio requerido.

5.  Dentro del Plan de Explotación, no se contempla el uso de explosivos.

6.  Se indica que la maquinaria a utilizar para realizar las labores de extracción, consiste en una pala excavadora y un cargador, pero no especifican las características y capacidad de la misma, por lo que antes de iniciar las labores extractivas, se deberá de comunicar a esta Dirección, las características, modelo y capacidad de la maquinaria a utilizar. Para variar la maquinaria o aumentar la misma, se deberá de comunicar a esta Dirección y contar con el respectivo permiso. Igualmente, para aumentar el volumen de material a extraer, se deberá de solicitar a esta Dirección el respectivo permiso, con la debida justificación técnica para dicho aumento.

7.  Las labores de extracción deberán de ser supervisadas por el geólogo regente, con visitas mensuales como mínimo, donde se deberán de dar las respectivas indicaciones técnicas al encargado del Proyecto y a los operarios de la maquinaria, para que las labores se realicen de acuerdo a lo estipulado en el Programa de Explotación. Dichas recomendaciones deberán de quedar anotadas en la respectiva bitácora del Colegio de Geólogos, así como los problemas que se presenten el desarrollo de las labores de extracción. Dicha bitácora deberá de estar permanentemente en el sitio de labores.

8.  Mantener en el sitio los planos del área concesionada donde se indiquen los avances de la explotación.

9.  Debe llevarse el control de producción mensual indicando:

a- Volumen de extracción diario o semanal.

b- Volumen de material procesado.

c-  Volumen de material en stock, por granulometría.

10.  Los registros de producción y almacenamiento deberán estar en sitio y al día. La extracción deberá registrase por frente de explotación.

11.  En la presentación de los Informes de Labores, se deberá de cumplir con todo lo que establece el artículo 74 del Reglamento al Código de Minería.

6º—Que la propietaria del terreno es la Sociedad Cafetalera de Tierras Ticas (CATTICA) Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-107188.

7º—Que los materiales a explotar según memorandum DGM-CRB-126-2013, de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, suscrito por el geólogo José Luis Sibaja Herrera son depósitos de detritos de avalancha y flujo, así como rocas dacíticas y andesíticas.

8º—Que mediante resolución Nº 01409-2012-SETENA, de las diez horas con cuarenta minutos, del veinticuatro de mayo de dos mil doce, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, otorgó la Viabilidad Ambiental del presente proyecto, por un período de dos años para el inicio de las obras, quedando abierta la etapa de Gestión ambiental y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso Ambiental fundamental, indicado en el Considerando Tercero que indica la resolución indicada.

9º—Que mediante certificación SINAC-D-ACLAP-C-276-2012, de las catorce horas treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil doce, el señor Ronald Chan Fonseca, en su condición de Director del Área de Conservación La Amistad Pacífico, certificó lo siguiente:

“…. que con base en la ubicación consignada en el Plano P-59126-1992….” “…que este describe un inmueble que se ubica fuera de cualquier Área Silvestre Protegida; sea cual sea su categoría de manejo administrada por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Sin embargo los terrenos con cobertura boscosa y/o aptitud forestal, de las reservas nacionales o que pertenecen a la Administración Pública, son terrenos parte del Patrimonio Natural del Estado, en los términos del artículo 13 y 14 de la Ley Forestal Nº 7575, con las limitaciones establecidas en el artículo 15 de la misma ley. Asimismo, certifico que para la eliminación de árboles se debe contar con el respectivo permiso (art. 20 y 27 Ley Forestal); se debe respetar las Áreas de Protección (art.33 y 34 de la Ley Forestal) y recomendándose además prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque.”

10.—Que mediante resolución Nº SINAC-ACLA-P–SRCB-141-2013, de las quince horas, con veintitrés minutos, del treinta y uno de enero de dos mil trece, el Ing. Pablo Sánchez Núñez, Jefe de la Sub-Región de Coto Brus, del Área de Conservación la Amistad Pacífico, resolvió lo siguiente:

“1º—Aprobar la corta y el aprovechamiento de treinta y ocho (38) árboles de diferentes especies, en un área efectiva de 15 ha, solicitados por el señor Carlos Enrique Paniagua Zúñiga, mayor, portador de la cédula de identidad número uno- cero trescientos setenta y dos-cero quinientos cincuenta y ocho (1-0372-0558), vecino de Dulce Nombre de Coronado, provincia San José cien metros al oeste y cuatrocientos metros al sur de la Escuela; en calidad de Representante Legal de Cafetalera Tierras Ticas Sociedad Anónima, cédula jurídica número tres-ciento uno-ciento siete mil ciento ochenta y ocho (3-101-107188), los cuales constan en el inventario forestal, elaborado por el regente Freddy Rodríguez Quirós, colegiado 3488, de la propiedad ubicada en la Provincia de Puntarenas, Cantón Coto Brus, Distrito Pittier, Caserío Hamacas, inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad, Sección Inmuebles, con la matricula seis- ciento diecinueve mil setecientos ochenta y siete- triple cero (6-119787-000), con una superficie de doscientos tres hectáreas cinco mil ciento dos metros con ochenta y siete decímetros cuadrados (203 ha 5102.87 m²), según Registro, con Plano Catastrado P- cincuenta y nueve mil ciento veintiséis- mil novecientos noventa y dos (P-59126-1992), con los siguientes colindantes:

-    Norte: Beneficios Volcafe S. A., Carlos Méndez Vargas, calle pública, Luis Miguel Matamoros Brenes, Tobías Villalobos Bolaños y CIA Las Alturas S. A.

-    Sur: Beneficios Volcafe S. A. y calle en medio de finca a la Lucha y San Miguel.

-    Este: Compañía Las Alturas S. A., Beneficios Volcafe S. A. y Francisco López Vargas.

-    Oeste: Beneficios Volcafe S. A., Carlos Méndez Vargas, y calle pública a finca Las Brisas y San Miguel.

2º—La presente autorización se otorga bajo las siguientes cláusulas preceptivas, imperativas y vinculantes:

a.  Se autoriza únicamente la corta y el aprovechamiento de treinta y ocho (38) árboles de diferentes especies, marcados por el Ingeniero Francisco Mora Torres, con la siguiente numeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, según informe ACLA-P-SRCB- 093-2013, existente en Expediente Administrativo Nº AP-AP03-IF-00043-2012.

b.  La descripción de los árboles autorizados y el correspondiente volumen a aprovechar, se detallan en el siguiente cuadro:

Especie	Nombre Científico	Número de árboles	Volumen (m3)
	Hedyosmum bonplandianum	2	0.09
Curá	Viburnum costaricanum	1	0.05
Mayo Colorado	Vochysia ferruginea	1	0.42
Nancy Macho	Clethra lanata	6	0.26
Tirrá	Ulmus mexicana	2	0.09
Jucó	Trema micrantha	6	0.59
	Turpinia occidentalis	3	0.20
Yema de huevo	Chimarrhis parviflora	1	0.06
Guarumo	Cecropia sp	3	0.09
Higuerón	Ficus sp	3	0.40
Burió	Heliocarpus sp	3	0.28
	Inga sp	4	0.15
Uvita	Plinia sp	1	0.06
Yos	Sapium sp	2	0.44
Ratoncillo	Myrcine coriacea	1	0.06
	TOTAL	38	3.18

 

c.  La corta, aprovechamiento y transporte, debe realizarse cuando las condiciones climáticas lo permitan, cuando no llueva o se den las menores precipitaciones, para evitar el deterioro del suelo por efecto de la remoción y erosión del suelo producto de arrastre de la madera y evitar el deterioro de los caminos, a la hora del transporte de la madera.

d.  No se permite construir trochas, ni utilizar maquinaria pesada para la extracción de la madera. La extracción de madera en troza sólo podrá realizarse en época de verano. Sin embargo, se autoriza la extracción de madera aserrada durante todo el año.

e.  Para el transporte de madera en troza o procesada debe apersonarse en la Oficina Subregional de Coto Brus, para el retiro de las guías de transporte y placas respectivas. Para el cual debe presentar la solicitud para que el funcionario de la Subregión realice la supervisión y el inventario de la madera autorizada.

f.   Si la madera va a ser procesada en el sitio, el equipo debe estar debidamente inscrito en el Registro de Industrias Forestales que tal efecto lleva la AFE. Para el retiro de guías de madera procesada en el sitio, debe presentar la Resolución de Inscripción junto con el informe del funcionario de la Subregión Coto Brus.

g.  Debe respetar las áreas de protección, según Ley Forestal Nº 7575 y también de la Ley de Aguas, a la hora de ejecutar la corta y extracción de la madera de los árboles, así como la habilitación de caminos para transporte de madera.

h.  Cualquier daño a terceras personas, caminos, puentes y otros, por concepto de corta, arrastre o transporte de madera, será responsabilidad de las personas que se les autorizó la corta y aprovechamiento de los árboles.

3º—De comprobarse el incumplimiento de alguna de las condiciones bajo las cuales se aprueba esta autorización, se cancelará la ejecución y se revocará el permiso forestal con las consecuencias administrativas y legales que de ello se deriven…”

11.—Que mediante oficio DST-329-13, de fecha veinticuatro de octubre de 2013, el Ingeniero Agrónomo Renato Jiménez Zúñiga, Jefe del Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), indicó lo siguiente:

“…esta dependencia considera que de autorizarse por la Dirección de Geología y Minas de MINAET, una concesión para la extracción de áridos (Tajo), en el área estudiada por el Ing. Cervantes (8813 m2) demostradas, no se estará causando pérdida alguna de capacidad productiva de los suelos, del cantón de Coto Brus, en virtud a que las limitaciones encontradas en terreno, no permiten el desarrollo de proyectos agrícolas comerciales.

Finalmente, esta autorización se otorga sin perjuicio a lo estipulado en otras leyes ambientales conexas, como la ley 7575 Ley Orgánica del Ambiente, y la ley General de Salud.”

12.—Que publicados los edictos en el Diario Oficial La Gaceta, tal y como lo dispone el artículo 80 del Código de Minería y transcurrido el plazo señalado por el artículo 81 de dicho Código, no se presentaron oposiciones contra la presente solicitud a nombre de Sociedad Cafetalera de Tierras Ticas (CATTICA) Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-107188.

Considerando:

1º—Que con fundamento en el artículo primero del Código de Minería, el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales existentes en el país, teniendo la potestad el Poder Ejecutivo de otorgar concesiones para el reconocimiento, exploración, y explotación de los recursos mineros, sin que se afecte de algún modo el dominio estatal sobre esos bienes.

El Ministerio de Ambiente y Energía, es el órgano rector del Poder Ejecutivo en materia minera, para realizar sus funciones, Ministerio que cuenta con la Dirección de Geología y Minas, como ente encargado de tramitar las solicitudes de concesión. La resolución de otorgamiento de la concesión es dictada por la Presidenta de la República y el Ministro de Ambiente y Energía, previo análisis técnico-legal y recomendación de la Dirección de Geología y Minas acerca de su procedencia. Al respecto el artículo 6 incisos 7 y 8 del Reglamento 29300 en cuanto a las funciones de la Dirección de Geología y Minas, dispone:

“…7. Remitir la respectiva resolución de recomendación de otorgamiento del permiso o de la concesión al Ministro del Ambiente y Energía cuando así proceda.

8. Recomendar al Poder Ejecutivo las prórrogas, suspensiones de labores, traspasos de derechos o cancelaciones, cuando procedan….”

2º—Que el artículo 89 del Código de Minería establece que la resolución de otorgamiento será dictada por el Poder Ejecutivo y por su parte el artículo 38 del Reglamento al Código de Minería Nº 29300, dispone lo siguiente:

“Artículo 38.—De la recomendación. Cumplidos todos los requisitos la DGM y observando los plazos establecidos en el artículo 80 del Código, mediante oficio, remitirá la recomendación al Ministro del Ambiente y Energía, indicando si de acuerdo al mérito de los autos procede el otorgamiento del permiso de exploración minera o de concesión de explotación. La resolución de otorgamiento será dictada por el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente y Energía…”

3º—Que la Sociedad Cafetalera de Tierras Ticas (CATTICA) Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-107188 como concesionaria del expediente Nº 2747, deberá de cumplir durante la ejecución de las labores de explotación, con cada una de las recomendaciones técnicas señaladas por el geólogo José Luis Sibaja Herrera, mediante memorandum DGM-CRB-126-2013, transcrito en el resultando Quinto de la presente resolución, así como cualquier otra recomendación que le gire la Dirección de Geología y Minas y la SETENA.

4º—Que al haberse cumplido con los requisitos necesarios para obtener la concesión de explotación de un tajo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento al Código de Minería, lo procedente es otorgar la Concesión de Explotación de Tajo, a nombre de la Sociedad Cafetalera de Tierras Ticas (CATTICA) Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-107188. Por Tanto;

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

RESUELVEN:

1º—Con fundamento en lo dispuesto en los considerandos de la presente resolución, otorgar a favor de la sociedad Cafetalera de Tierras Ticas (CATTICA) Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-107188 concesión de explotación de tajo, por un plazo de 25 años.

2º—El material a explotar es, depósitos de detritos de avalancha y flujo, así como rocas dacíticas y andesíticas.

3º—Las labores de extracción se ejecutarán de acuerdo con el plan inicial de trabajo, previamente aprobado y cumpliendo las recomendaciones que al efecto señaló la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, (SETENA).

4º—Las labores de explotación se ejecutarán de acuerdo con el plan inicial de trabajo, previamente aprobado y cumpliendo con las siguientes recomendaciones:

-    Las labores de extracción se podrán iniciar una vez se cumplan con todos los requisitos legales, de acuerdo a lo que establece el Código de Minería y su Reglamento.

-    El volumen de extracción aprobado es de 6.000 m3 por año.

-    El plazo recomendado es de 25 años, de acuerdo a lo que establece el Código de Minería y su Reglamento y al volumen de extracción autorizado, así como a las reservas calculadas en el Programa de Explotación.

-    La metódica de extracción, al igual que el volumen de extracción, no podrán ser variados sin la respectiva autorización de esta Dirección, previa solicitud del concesionario, justificando técnicamente el cambio requerido.

-    Dentro del Plan de Explotación, no se contempla el uso de explosivos.

-    Se indica que la maquinaria a utilizar para realizar las labores de extracción, consiste en una pala excavadora y un cargador, pero no especifican las características y capacidad de la misma, por lo que antes de iniciar las labores extractivas, se deberá de comunicar a esta Dirección, las características, modelo y capacidad de la maquinaria a utilizar. Para variar la maquinaria o aumentar la misma, se deberá de comunicar a esta Dirección y contar con el respectivo permiso. Igualmente, para aumentar el volumen de material a extraer, se deberá de solicitar a esta Dirección el respectivo permiso, con la debida justificación técnica para dicho aumento.

-    Las labores de extracción deberán de ser supervisadas por el geólogo regente, con visitas mensuales como mínimo, donde se deberán de dar las respectivas indicaciones técnicas al encargado del Proyecto y a los operarios de la maquinaria, para que las labores se realicen de acuerdo a lo estipulado en el Programa de Explotación. Dichas recomendaciones deberán de quedar anotadas en la respectiva bitácora del Colegio de Geólogos, así como los problemas que se presenten el desarrollo de las labores de extracción. Dicha bitácora deberá de estar permanentemente en el sitio de labores.

-    Mantener en el sitio los planos del área concesionada donde se indiquen los avances de la explotación.

-    Debe llevarse el control de producción mensual indicando:

-    Volumen de extracción diario o semanal.

-    Volumen de material procesado.

-    Volumen de material en stock, por granulometría.

-    Los registros de producción y almacenamiento deberán estar en sitio y al día. La extracción deberá registrase por frente de explotación.

-    En la presentación de los Informes de Labores, se deberá de cumplir con todo lo que establece el artículo 74 del Reglamento al Código de Minería.

5º—Que el concesionario queda sujeto al pago de las obligaciones que la legislación impone y a acatar las directrices que en cualquier momento le gire la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, (SETENA).

6º—Contra la presente resolución pueden interponerse los recursos ordinarios que se establecen en los Artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, en los plazos ahí indicados.  

7º—Notifíquese. Para notificar la presente resolución, a los señores Ricardo Herrera Gurdián y Carlos Enrique Paniagua Zúñiga, al fax número 22-23-38-24, o comunicarse al teléfono 22-55-24-07, tal y como consta a folio 20 del expediente N° 2747.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro Ambiente y Energía, René Castro Salazar.—1 vez.—(IN2014027500).