PROYECTOS

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 36, 37 y 37 BIS

DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30

DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 23.302

La pandemia por covid-19 trajo consigo cambios en la gestión de la administración pública, uno de ellos y bastante significativo fue la autorización legal para que los concejos municipales pudiesen, por la vía de las excepciones contenidas en el artículo 37 bis del Código Municipal, sesionar de manera virtual y así evitar no solo la aglomeración de personas en un recito, sino la parálisis en la toma de decisiones de un gobierno municipal.

Una vez dado ese salto tecnológico producto de la emergencia nacional, se comprobó que las sesiones virtuales fueron una opción válida y eficiente, que garantizó la continuidad de la actividad administrativa y de servicio público que le compete al gobierno municipal. A raíz de este ejercicio, se hace necesario habilitar el mecanismo de sesiones virtuales de manera excepcional, pero no condicionándolo solamente a cuando no exista caso de necesidad o emergencia y adoptando algunos aspectos de mejora que resultaron de la experiencia, que mantengan el equilibrio entre el uso de la tecnología y el correcto espíritu de las sesiones del cuerpo colegiado del gobierno cantonal.

En ese sentido, es importante también regular el objeto de las sesiones extraordinarias y, para ello, es relevante señalar que la Procuraduría General de la República ha indicado en su dictamen C-109-2001 de 6 de abril de 2001 sobre la naturaleza de sesiones tanto ordinarias como extraordinarias:

En términos generales, considera esta Procuraduría que para la determinación de la naturaleza ordinaria o extraordinaria de las sesiones que lleve a cabo el Concejo Municipal, debe utilizarse un criterio residual. Así, todas aquellas sesiones que no cumplan los requisitos legalmente establecidos para catalogarlas como ordinarias (requisitos dentro de los que se encuentra que haya mediado un acuerdo del propio Concejo en tal sentido, publicado previamente en la Gaceta, donde se indique la hora y fecha de la sesión) deben considerarse como extraordinarias. (Lo subrayado y en negrita no es del original).

Y es precisamente en el marco de lo señalado por la Procuraduría General de la República que se hace necesario analizar el requisito de la convocatoria, específicamente referente a los asuntos que se abordan en las sesiones extraordinarias, tomando en consideración que las primeras dos de este tipo que se realizan en el mes, son remuneradas.

Por tanto y con base en el principio de eficiencia, se debe buscar un equilibrio entre el contenido de las agendas, lo discutido en las sesiones y el costo que implica para la municipalidad realizar este tipo de sesiones, ya que en términos generales el presupuesto por concepto de dietas del 2018 al 2022 se han incrementado en 16%, pasando de ₡5.246 millones a un monto de ₡6.216 millones para el presente año:

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Según la Real Academia Española, extraordinario se define como lo añadido a lo ordinario y por eso se hace necesario regular los temas abordados en las sesiones referidas en el artículo 36 del Código Municipal, considerando el proponente que la materia referida a lo presupuestario, lo tributario, de planes de desarrollo humano cantonal y planes reguladores son los que deben abordarse en una convocatoria extraordinaria en caso de no lograr ser abordado en su totalidad en una sesión de carácter ordinario.

Es así como la agilización de las sesiones del concejo municipal se convierte en espacios fundamentales para la toma de decisiones trascendentales para el desarrollo cantonal y atención de todos los asuntos locales; para ello, dichos espacios deben contar con las reglas claras conforme han venido evolucionando en su manera de sesionar, siempre resguardando el espíritu de dichos cabildos y su transparencia ante la ciudadanía.

En razón de lo anterior, se solicita a los señores diputados, de la manera más respetuosa, el apoyo para la aprobación de esta propuesta de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 36, 37 y 37 BIS

DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30

DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO 1-    Se modifica el artículo 36 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 36-

El Concejo podrá celebrar las sesiones extraordinarias que se requieren, y a ellas deberán ser convocados todos sus miembros con, al menos, veinticuatro horas de anticipación.

El orden del día para tales sesiones se señalará mediante acuerdo municipal, siempre que se refieran a asuntos referidos al trámite del presupuesto ordinario, a materia tributaria, a la aprobación de planes de desarrollo humano cantonal y a la aprobación de los planes reguladores, o bien, para asuntos según lo dispuesto en el inciso m) del artículo 17.

ARTÍCULO 2-    Se modifica el párrafo primero del artículo 37 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 37- Las sesiones presenciales del concejo deberán efectuarse en el local sede de la municipalidad. Sin embargo, podrán celebrarse sesiones en cualquier lugar del cantón, cuando concurran las siguientes circunstancias:

[…].

ARTÍCULO 3-    Se reforma el artículo 37 bis del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas. El texto dirá:

Artículo 37 bis- Las municipalidades y los concejos municipales de distrito quedan facultados para realizar de manera excepcional sesiones municipales de manera virtual a través del uso de medios tecnológicos, cuando así se determine por acuerdo adoptado por mayoría calificada de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Tales sesiones se podrán celebrar en dichas condiciones a través de esos medios, en el tanto concurra el cuórum de ley.

El medio tecnológico dispuesto por la municipalidad y concejo municipal de distrito deberá garantizar la participación plena de todos los miembros del órgano y todos aquellos que participen de la sesión, la transmisión simultánea de audio, video y datos a todos quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, colegialidad y deliberación del órgano colegiado. Asimismo, deberá garantizar la publicidad y participación ciudadana en las sesiones del concejo a través de los medios que considere más efectivos y convenientes, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos.

Para que la participación de los miembros del concejo por medios tecnológicos sea válida deberá:

1-     Existir una plena compatibilidad entre los sistemas o medios empleados por el emisor y el receptor, pues se debe garantizar la autenticidad e integridad de la participación, voluntad y la conservación de lo actuado.

2-     Los miembros del concejo deberán estar ubicados en un lugar, dentro del territorio nacional, disponer de los medios adecuados para estar debidamente conectado al medio tecnológico y estar siempre visibles, disponibles y atentos durante todo el tiempo que dure la sesión virtual. No podrán realizar otra labor privada o pública y no podrán estar de forma simultánea durante el desarrollo de la sesión, en cualquier otro tipo actividad pública o privada.

Solamente cuando exista una justificación válida y razonada, sustentada en situaciones especiales o extraordinarias, conocida de antemano y aprobada por el pleno del Concejo, se autorizará, de forma temporal, participar en las sesiones virtuales del concejo fuera del país.

3-     Garantizar las condiciones para asegurar el acceso pleno a la sesión a todas las personas integrantes del concejo, propietarios y suplentes. De no ser posible esto, deberá optarse por el traslado físico del recinto, previsto en el artículo 37.

El pago de las dietas se regirá, en lo correspondiente, por lo dispuesto en los artículos 30 y 38 de este Código y se justificará únicamente si el miembro participa de la totalidad de la sesión y se mantiene en ella, bajo cumplimiento de los deberes indicados y si, además, se garantizaron los principios de colegialidad, simultaneidad, deliberación y votación.

La secretaría del concejo quedará obligada a gestionar lo que corresponda para cumplir lo dispuesto y a dejar respaldo de audio, video y datos, así como para la elaboración del acta correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley.

Cuando un miembro del concejo participe de forma válida por medios tecnológicos, se deberá considerar como presente para los efectos del último párrafo del artículo 37 y 42 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998.

Cada municipalidad, conforme a sus posibilidades, deberá proveer a los alcaldes y alcaldesas, regidores, suplentes, síndicos y suplentes de los medios, las condiciones y la asistencia necesaria para asegurar su eventual participación en una sesión por medios tecnológicos.

Este mecanismo de sesiones virtuales también podrá ser utilizado por las comisiones municipales contempladas en el artículo 49 de esta ley.

Las respectivas comisiones municipales que adopten la implementación de sesiones virtuales deberán garantizar que el medio tecnológico, que se considere más efectivo y conveniente, respete los principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación. También se debe garantizar el correcto funcionamiento de las comisiones y el cumplimiento de los principios de publicidad y de participación ciudadana, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a dichas comisiones para conocer las deliberaciones, los actos y los acuerdos que ahí se tomen. Tales actos y acuerdos deberán ser válidos, de manera que se garantice la continuidad de la actividad administrativa de manera célere y eficaz, y con satisfacción del interés público.

Es deber de los miembros que integren las comisiones municipales estar ubicado en un lugar, dentro del territorio nacional, disponer de los medios adecuados para estar debidamente conectado al medio tecnológico y estar visible, disponible y atento durante todo el tiempo que dure la sesión.

Solamente cuando exista una justificación válida y razonada, sustentada en situaciones especiales o extraordinarias, conocida de antemano y aprobada por el pleno del concejo, se autorizará, de forma temporal, participar en las sesiones virtuales del concejo fuera del país.

Rige a partir de su publicación.

Horacio Alvarado Bogantes

Diputado

NOTA:  Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022674812 ).

DESAFECTACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, PARA

QUE SE CAMBIE SU USO COMO BIEN

DE DOMINIO PATRIMONIAL

Expediente N.° 23.307

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El objetivo del presente proyecto de ley es desafectar una bien inmueble propiedad de la Municipalidad de San José, para que se cambie su uso como bien de dominio patrimonial, en este caso es variar el carácter demanial del Mercado de Mayoreo, para que se transforme en un bien de dominio patrimonial, manteniendo el uso de mercado, aunque renovado, moderno e innovador. La idea es que en el inmueble se puedan desarrollar otras actividades o facilidades complementarias al mercado, por ejemplo, un albergue para los comerciantes que deben llegar a la plaza muchas horas antes de su apertura, servicios sanitarios y baños públicos, servicios de alimentación variados, como sodas y restaurantes, servicios bancarios, parqueo subterráneo para camiones y un centro de valor agregado que permita el aprovechamiento de los productos frescos que llegan a comercializarse al mercado, por medio de la innovación gastronómica y su transformación con tecnologías e ingenierías de alimentos, todo ello con la participación directa y voluntaria de los propios agricultores y comerciantes instalados y por instalarse en el Mercado.

La transformación del Mercado de Mayoreo es una iniciativa de la Municipalidad de San José y así acordado en el Acuerdo 4, artículo IV, de la sesión ordinaria N.° 118, celebrada por la Corporación Municipal del cantón Central de San José, el 8 de agosto de 2022.

En la citada sesión, el Concejo Municipal por amplia mayoría aprobó una moción con un borrador de proyecto que constará posteriormente en el expediente de la presente iniciativa. Es una iniciativa municipal acogida por el diputado que suscribe y presenta este proyecto de ley, el cual se justifica en el contexto de la reactivación económica de la zona y en general del cantón, en concordancia con otros proyectos en desarrollo, tales como el proyecto Ciudad Tecnológica, el nuevo edificio municipal conocido hasta ahora como Torre 1028, así como los ya establecidos en los alrededores, como sucede en los casos de Torre Universal, Desarrollo Comercial La Sabana, los cuales forman parte del Distrito de Innovación T24, así como el funcionamiento del tren y su proyectada renovación para convertirse en un Tren Rápido de Pasajeros con una terminal intermodal al lado del propio mercado.

Deseo explicar jurídicamente los cambios que se desean hacer en el presente proyecto de ley. El artículo 261 del Código Civil, Ley N.° 63, de 01 de enero de 1888, establece con claridad lo que son los bienes públicos y su situación jurídica, de donde se distinguen dos condiciones o regímenes para los bienes públicos: los públicos de uso público, denominados demaniales o de dominio público, que siendo de titularidad pública se encuentran afectados al uso general o al servicio público, por su mismo uso o porque la ley les otorgue expresamente el carácter de demaniales. Por otra parte, los bienes públicos, denominados patrimoniales que, siendo públicos por pertenecer a la administración pública, no poseen el carácter de demaniales, por lo que pueden ser adquiridos, gravados y transmitidos por la administración actuando como un particular. Al respecto, en diversos dictámenes, tal como el C-050-2007 de febrero del 2007, la Procuraduría General de la República (PGR) ha establecido: “En razón del régimen jurídico aplicable, tradicionalmente los bienes públicos se diferencian entre bienes de dominio público o demaniales y bienes públicos patrimoniales o de derecho privado. Tanto los bienes demaniales como los patrimoniales son bienes públicos, porque su titularidad corresponde a un ente público. Es el criterio subjetivo de su pertenencia el que determina el carácter público y la diferencia respecto de los bienes privados. Pero, además, el régimen jurídico de los bienes públicos es particular, por lo que se diferencia total o parcialmente del aplicable a los bienes de que son titulares los sujetos privados. Lo cual deriva del hecho de que los entes públicos justifican su existencia en la satisfacción del interés público; ergo, los bienes de que son titulares deben ser usados y dispuestos en orden a dicha satisfacción. Siempre existe en los bienes una vinculación con el fin público, mayor en el caso de los bienes demaniales, menor pero siempre existente, en el caso de los patrimoniales.” Por otra parte, la desafectación, por principio opera de la misma forma en que se constituye, por lo que los bienes que por disposición legal se encuentran denominados como demaniales, tales como las vías, los parques, plazas y jardines, solo pueden salir de ese régimen por disposición legal. El artículo 262 del Código Civil dispone que para que tales bienes pierdan su demanialidad se requiere aprobación legislativa. En resumen, para que un bien demanial varíe su fin, de demanial a patrimonial, se requiere autorización legal, si este fue constituido por ley. Por las razones esgrimidas, se plantea en el presente proyecto de ley variar la naturaleza demanial a patrimonial del inmueble, de conformidad con las siguientes apreciaciones:

A.         CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y FÁCTICAS

1-         MARCO NORMATIVO

La gestión de la construcción y funcionamiento del Mercado de Mayoreo inicia formalmente con el acuerdo municipal único, artículo II de la sesión ordinaria N.° 318, celebrada por la corporación municipal del cantón de San José el 26 de agosto de 1955 (de acuerdo con el expediente y el texto del acuerdo, el año correcto es 1965), que aprobó el convenio de préstamo a suscribir con la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos de América, para la construcción del Mercado de Mayoreo, en cuyo contenido se especifica que el mismo es para:

…la financiación de los costos que involucra la preparación de los planos finales de ingeniería la construcción y equipo de, un mercado mayorista de productos agrícolas (Mercado) en la ciudad de San José, Costa Rica y también para ayudar al Prestatario a la financiación de los costos del desarrollo y adiestramiento del personal y administración para el mercado, proporcionando una asistencia inicial de personal limitado, asistencia técnica y adiestramiento.

Este acuerdo origina en la Ley N.° 4138, Ley de Préstamo AID Proyecto Mercado Mayoreo en San José, de 01 de julio de 1968, misma que autorizó a la Municipalidad de San José para negociar y contratar con la Agencia Internacional de Desarrollo, con garantía del Estado, un préstamo, para destinar “…exclusivamente …para la preparación de planos finales, construcción y equipo de un mercado de mayoreo de productos agropecuarios y de la pesca en San José, de acuerdo con el contrato de préstamo que se establezca entre las partes contratantes.” (art. 3°).

La municipalidad reglamentó la operación del mercado y actualmente se rige por el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado de Mayoreo, aprobado mediante acuerdo N.° 7, artículo III de la sesión ordinaria 84, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de San José el día 09 de diciembre de 2003, publicado en La Gaceta N.° 6 de 09 de enero de 2004, fecha desde la cual se encuentra en vigencia. Supletoriamente se aplica el Reglamento General de Mercados de la Municipalidad de San José, acuerdo N.° 22 de la sesión ordinaria 305 de 01 de marzo de 2016, publicado en el Alcance N.° 72 a La Gaceta N.° 88 de 09 de mayo de 2016.

2-         OBJETIVO Y NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD DEL MERCADO DE MAYOREO

Según la Ley N.° 4138, el préstamo autorizado es para construir y poner en funcionamiento un mercado de mayoreo de productos agropecuarios y de la pesca en San José.

En el convenio respectivo, artículo VII, sección 7.1., se establecen condiciones para la conducción del proyecto, en cuyo literal e) se indica: “Al terminarse la construcción y ponerse en operación normal el Mercado financiado con este préstamo, el Prestatario conviene en que tomará todas las medidas necesarias y dirigirá sus mejores esfuerzos hacia la erradicación del mercadeo de productos al por mayor en las calles y aceras de la ciudad de San José.”

Por otra parte, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de funcionamiento del Mercado de Mayoreo, la actividad comercial en el mismo “…debe desarrollarse sobre una base de uso diario de los espacios ubicados en sus instalaciones”, es decir, con la más amplia libertad en el uso de los espacios, lo que presupone la asignación de espacios físicamente delimitados, para la realización de la venta de productos de parte del piso-habiente y consecuentemente, la inexistencia de “espacios fijos” para esos efectos.

Agrega el artículo 5: “Los espacios que se exploten comercialmente en el mercado, se conceptúan como derechos de piso, de carácter transitorio y se otorgan provisionalmente en lugares habilitados para el efecto. Estos derechos de piso, constituyen derechos de uso, revocables unilateralmente a juicio del administrador del Mercado y del Departamento de Servicios Públicos, cuando lo estimen conveniente a los intereses públicos por los que debe velar la municipalidad.”

Así entonces, es claro que el mercado de mayoreo surge como una alternativa para facilitar y ordenar la comercialización de los productos agropecuarios y de pesca, pretendiendo además su erradicación de las calles. Esto garantizó mejora en las condiciones para vendedores y compradores.

Considerando el momento histórico en el que fue constituido, siendo Costa Rica un país eminentemente agrícola en esos entonces, la comercialización de esos productos revistió suma importancia, especialmente porque facilitó a los productores una mejor colocación de su mercancía, a precios justos y en condiciones favorables, lo que incidió en mejores condiciones de producción y calidad del producto que al final llegó al consumidor de mejor manera y a mejor precio. Claro está que lo anterior, no significa que la comercialización que allí se da, no continúe siendo importante.

Es pues indiscutible la relevancia del Mercado de Mayoreo de San José, tanto para los productores agrícolas como para la gran cantidad de consumidores que durante toda la semana visitan este centro. De acuerdo con un informe de la administración de este mercado, en el año 2021, en promedio se estimó un flujo de 60 mil personas aproximadamente, registrando inclusive un promedio de ingreso de 1.000 vehículos diarios.

En febrero de 2017, con ocasión de la formulación de los proyectos en torno a la Calle Transversal 24, entre estos Ciudad TEC, la empresa consultora Blanco y Sánchez realizó un estudio de conducta del consumidor en dicho mercado, de donde se extrae importante información en una muestra de 400 personas, dando como resultado que una alta proporción de visitantes del mercado son residentes de distritos cercanos, pero también hay otros que son originarios de otros cantones como Alajuelita, Desamparados, Santa Ana y Escazú. Además, se logró determinar que los usuarios del mercado calificaron como una fortaleza, encontrar todos los productos que buscaban con rapidez y a mejores precios.

3-         DISTRITO DE INNOVACIÓN T24

El Distrito de Innovación T24 comprende un territorio de 5 km² del cual forman parte los distritos administrativos de Hospital, Merced y Mata Redonda del cantón central de San José (SJO), ciudad capital de la República de Costa Rica. Sus límites están comprendidos al norte por el río Torres (Sabana Norte) hasta la confluencia con la quebrada Lantisco y de ahí hasta calle 20; al sur el otro límite natural es el río María Aguilar, al oeste los predios que enfrentan la calle 68 (Sabana Oeste) y al este la calle 20.

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T24 cuenta con un núcleo generador que se ubica a lo largo de la calle Transversal 24 y se extiende desde la Fábrica Numar hasta la Torre Universal; es precisamente esta calle donde se ubica el origen del distrito la que lega su nombre a todo el territorio T24.

A lo largo de esa vía en la que nace el Distrito de Innovación, se desarrollarán torres ejecutivas, con construcciones sostenibles y tecnológicamente inteligentes, destinadas principalmente a la atracción de inversión extranjera directa, el desarrollo de actividades académicas, de investigación, diseño y desarrollo, centradas en nuevas tecnologías vinculadas a la cuarta revolución industrial, aunque con usos mixtos (comerciales y residenciales), que permitan la vitalidad de los espacios a todas horas del día, la noche y los fines de semana; igualmente, parte de las instalaciones se destinarán a actividades de emprendedurismo innovador.

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Existe un interés de la Municipalidad de San José en “…diversificar la estructura económica de la ciudad, promoviendo un tipo de modelo productivo que incentive el desarrollo tecnológico y la creación de condiciones para el surgimiento de emprendimientos dinámicos y de alto impacto. Se pretende la generación de empleos de calidad, el encadenamiento de nuevas inversiones con los servicios de la economía local y el fomento de la transformación del entorno económico por otro más equitativo y socialmente integrador.” (“Documento de Estrategia. Agencia para el Desarrollo Económico Local”. Municipalidad de San José, marzo 2017).

En T24 se proyecta el desarrollo de infraestructura pública y privada de primer nivel, con el fin de regenerar el espacio urbanístico, recuperar el espacio público accesible, agradable y seguro para el disfrute de las personas, priorizar la movilidad activa y el transporte público, mejorar las condiciones de habitabilidad y sostenibilidad ambiental, así como la recuperación y disfrute de cuencas hidrográficas y corredores biológicos. Esto significa que se propone un tipo de reconversión económica e innovación tecnológica, explícitamente articuladas con políticas de integración social y cumplimiento del derecho a la educación con el fin de crear condiciones de empleabilidad y empresariedad, que permitan generar empleos de calidad y encadenamientos productivos para que la población de los barrios goce de los beneficios de la generación de riqueza futura en la zona y que se contribuya así a disminuir las desigualdades de todo tipo que, de por sí, ya imperan entre las personas que integran el territorio.

4-         PROPUESTA EN EL MERCADO DE MAYOREO

Como ya se indicó, de acuerdo con la Ley N.° 4138, el préstamo autorizado con la AID fue para construir y poner en funcionamiento un mercado de mayoreo de productos agropecuarios y de la pesca en San José. Por tanto, por imperativo legal, los usos permitidos en este momento son los referidos a la comercialización de los productos mencionados. No obstante, con este proyecto lo que se pretende es la modernización del inmueble y por ende del mercado, creando lo que se constituiría como un “Mercado Urbano”, que permita potencializar un desarrollo urbano sostenible.

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Este nuevo concepto implicaría la renovación total del área actual del inmueble donde se ubica el mercado, construyendo nueva infraestructura que implique una importante mejora urbana en el marco del Distrito de Innovación T24 y conlleve incluso una atracción turística al permitir que converjan elementos tanto de mercado, como actividades gastronómicas, bancarias, institucionales, parqueos, entre otras, que garanticen que el mismo será totalmente inclusivo y para beneficio y disfrute de toda la colectividad. Y para los productores y comerciantes actuales y futuros, ofrecer los servicios de un centro de valor agregado que les permite, mediante la investigación y el desarrollo tecnológico, potenciar sus negocios y abrir nuevos mercados en la innovación gastronomía y la creación de nuevos productos para el mercado nacional e internacional.

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La Municipalidad de San José pretende que sea un complejo de construcción sostenible, focalizado en ser más eficiente, para el ahorro de energía y agua y accesible que dará no solo al área de influencia sino a la ciudad capital un importante elemento de renovación, modernidad, belleza arquitectónica y paisajística, así como brindará condiciones de higiene y confort idóneas para el expendio de los bienes y servicios que allí se ofrezcan.

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Es evidente por tanto el beneficio que representa para todos los vecinos y usuarios del mercado tanto del cantón como de los alrededores, lo que justifica que se varíe la naturaleza del inmueble.

Por lo anterior, someto a consideración de las señoras diputadas y de los señores diputados este proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DESAFECTACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, PARA QUE

SE CAMBIE SU USO COMO BIEN DE DOMINIO

PATRIMONIAL

ARTÍCULO 1-          Desafectación

Se desafecta del uso y dominio público el bien inmueble propiedad de la Municipalidad del cantón Central de San José, cédula jurídica número tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero cinco ocho (3-014-042058), inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, partido de San José, bajo el sistema de folio real matrícula número uno setecientos veintitrés mil seiscientos cincuenta y tres-cero cero cero (1-723651-000), que es el terreno que se describe de la siguiente manera: terreno destinado a mercado, ubicado en la provincia uno, San José; cantón 1°, San José; distrito tercero, Hospital; mide diecisiete mil quinientos cinco metros cuadrados (17505 m²), con los siguientes linderos: al norte, avenida diez; al sur, transversal número veinticuatro; al este, calle veintiocho y al oeste, Municipalidad de San José. Posee el plano catastrado SJ-uno nueve nueve cero ocho tres siete-dos mil diecisiete (SJ-1990837-2017).

ARTÍCULO 2-          Bien patrimonial

El bien inmueble desafectado en el artículo anterior será inscrito como bien de dominio patrimonial del Mercado de Mayoreo de la Municipalidad del cantón Central de San José y será destinado exclusivamente para el uso de mercado en el Plan Regulador de la Municipalidad de San José, además de los usos que se permiten por pasar a ser un bien patrimonial.

ARTÍCULO 3-          Autorización a la Notaría del Estado

Se autoriza a la Notaría del Estado para que proceda a formalizar e inscribir en el Registro Público la escritura de cambio de uso descrita en el artículo 1 y artículo 2; además, queda facultada para actualizar y corregir la naturaleza y cualquier error, diferencia u omisión relacionados con los datos del inmueble, así como cualquier otro dato que sea necesario para su debida inscripción. Su inscripción estará exenta del pago de honorarios y de todo tipo de derechos y timbres.

Rige a partir de su publicación.

Danny Vargas Serrano

Diputado

NOTA:  Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022674810 ).

DECRETOS

N° 43671-MOPT

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; 25, 28, párrafo 2), inciso b) de la Ley General de la Administración Pública N° 6227 de 2 de mayo de 1978; la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes N° 3155 del 5 de agosto de 1963 y sus reformas, la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043 del 02 de marzo de 1977, Ley Orgánica de JAPDEVA (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica) N° 3091 del 18 de febrero del 1963 y sus reformas y Decreto Ejecutivo Reforma Decreto Ejecutivo que establece delimitación de Zonas Portuarias reservadas Limón Centro y Moín N° 22503-MOPT del 8 de setiembre de 1993.

Considerando:

I.—Que el Plan Maestro para el Complejo Portuario Limón-Moín del 2008 determinó la transformación de la Terminal Hernán Garrón Salazar para que se dedicará al desarrollo turístico mediante la atención de buques cruceros y la construcción de una marina turística.

II.—Que el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 incluyó el proyecto Terminal de Cruceros y Marina Turística dentro del Programa de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura portuaria que tiene como objetivo el mejoramiento de la infraestructura portuaria mediante obras de rehabilitación, habilitación, ampliación y construcción, para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y eficiencia en los servicios.

III.—Que el Fondo de Preinversión del MIDEPLAN aprobó a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) una Solicitud de Financiamiento para los estudios de preinversión del proyecto de Construcción y Operación de la Marina y Terminal de Cruceros en la Terminal Hernán Garrón Salazar.

IV.—Que el Fondo de Preinversión del MIDEPLAN y JAPDEVA suscribieron un Convenio de Transferencia No Reembolsable (TR-03/19-E) para financiar los “Estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, ambiental, financiera y económica-social para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento, bajo la modalidad de Alianza Público Privada, del proyecto Construcción y Operación de la Marina y Terminal de Cruceros en la Terminal Hernán Garrón Salazar.

V.—Que el 05 noviembre 2019, JAPDEVA publicó en un medio de circulación nacional la invitación a participar en el procedimiento de contratación administrativa: 2019LN-000003-01 denominado “Estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, ambiental, financiera y económica-social para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento, bajo la modalidad de Alianza Público Privada, del proyecto Construcción y Operación de la Marina y Terminal de Cruceros en la Terminal Hernán Garrón Salazar.

VI.—Que el 05 de mayo del 2021, JAPDEVA y Moffatt & Nichol Sucursal Colombia firman el contrato de servicios profesionales de consultoría para elaborar los Estudios de Preinversión, del proyecto Construcción y Operación de la Marina y Terminal de Cruceros en la Terminal Hernán Garrón Salazar.

VII.—Que mediante oficio US-APP-003-2021 se le giró Orden de Inicio, a partir del 10 de junio del 2021, a la Firma Consultora contratada para la ejecución de los estudios de preinversión.

VIII.—Que el 19 de enero del 2022, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) entregó la Resolución N° 0085-2022-SETENA en la cual otorga la Viabilidad Ambiental del Proyecto Construcción y Operación de la Marina y Terminal de Cruceros en la Terminal Hernán Garrón Salazar, dando por finalizada la etapa de prefactibilidad del estudio de preinversión.

IX.—Que la inversión pública constituye un agente dinamizador del empleo y la formación de riqueza nacional, condiciones importantes que se articulan con los esfuerzos que se hacen por mejorar las cifras económicas nacionales.

X.—Que el proyecto Terminal de Cruceros y Marina tiene previstos múltiples beneficios como: a. Generar empleos a través de las inversiones y servicios facilitados en la zona portuaria. b. Generar ingresos como retribución de la concesión de áreas para el desarrollo de infraestructura y como retribución del aporte de capital. c. Promoción del turismo regional con tours acuáticos, empleo en turismo, venta de comidas y de souvenirs y desarrollo de empresas de turismo certificadas. d. Captación de naves recreativas, empresas prestadoras de servicios (como agua, electricidad, combustible, entre otros), de actividades náuticas (atraque, amarre, entre otros), de gestión de trámites para el ingreso de naves al país, de venta de repuestos, entre otros; así como el aumento de la seguridad ciudadana. e. Empleo en talleres para el cuido y reparación de naves, venta de repuestos y mantenimiento marina seca. f. Empleo en tiendas comerciales y zona residencial; dotación de instalaciones residenciales y comerciales de alta calidad para la atracción de dueños de naves recreativas, turistas nacionales e internacionales. g. Convertir a Limón en un puerto especializado en la atención de cruceros. h. Mantener la explotación económica de los puestos de atraque en el Puerto de Limón. i. Facilitar el desarrollo de actividades privadas orientadas a los turistas en el cantón central de Limón.

XI.—Que el proyecto por desarrollar se realizará en la denominada Zona Portuaria de Limón, establecida en el Decreto Ejecutivo N° 22503-MOPT.

XII.—Que de conformidad con el artículo 1° de la Ley N° 3091 del 18 de febrero de 1963, denominada “Ley Orgánica de JAPDEVA (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica)”, se crea dicha institución “como ente autónomo del Estado, con carácter de empresa de utilidad pública, que asumirá las prerrogativas y funciones de Autoridad Portuaria; se encargará de construir, administrar, operar, subcontratar, concesionar y realizar cualquier otro mecanismo financiero que la normativa nacional permita, para desarrollar los servicios portuarios su propia gestión administrativa y las inversiones, construcciones y mejoras, en los puertos marítimos y fluviales de la Vertiente Atlántica, con la salvedad de los que operen al amparo del inciso h) del artículo 6 de esta ley”.

XIII.—Que de conformidad con dicho cuerpo normativo, en su artículo 2, a JAPDEVA le corresponde promover el desarrollo socioeconómico integral, rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica. Por tanto,

Decretan:

DECLARATORIA DE INTERÉS NACIONAL Y PÚBLICO

DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

DE LA MARINA Y TERMINAL DE CRUCEROS

EN LA TERMINAL HERNÁN GARRÓN

SALAZAR DE JAPDEVA

Artículo 1°—Se declara de interés nacional y público, la ejecución del proyecto denominado “Marina y Terminal de Cruceros en la Terminal Hernán Garrón Salazar” y, en consecuencia, todas aquellas gestiones, actividades e iniciativas relacionadas directamente con su desarrollo.

Artículo 2°—En razón de esta declaratoria y dentro del marco legal respectivo los entes y órganos aplicarán las reglas de simplificación de trámites, la eficiencia administrativa y la coordinación interinstitucional y brindarán tratamiento prioritario y expedito de permisos, licencias y otras autorizaciones que requiera la fase de preinversión y ejecución de este proyecto.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la provincia de Limón, a los 31 días del mes de agosto del 2022.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez.—1 vez.—O. C. N° 4600061051.—Solicitud N° 045-2022.—( D43671 - IN2022675067 ).

N° 43678-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 130, 140 incisos 7), 8) 18) y 20), 146 y 176 de la Constitución Política; los artículos 1°, 4°, 21, 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 párrafo 2, inciso b), 113 de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; así como el Título IV sobre Responsabilidad Fiscal de la República de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus reformas, del 3 de diciembre de 2018 y, Ley N° 8131 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, del 18 de setiembre del 2001 y sus reformas.

Considerando:

I.—Que el Decreto Ejecutivo N° 42798-H publicado en el Alcance Digital N° 6 de La Gaceta N° 7, del 12 de enero del 2021, denominado Medidas para control y reducción del gasto público, en su considerando número 1, refiere a lo normado en el Título IV de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, publicada en el Alcance N° 202 a La Gaceta N° 225 del 04 de diciembre de 2018 y sus reformas, señalando que la responsabilidad fiscal conlleva el establecimiento de reglas de gestión de las finanzas públicas, con el fin de lograr que la política presupuestaria garantice la sostenibilidad fiscal en particular, con la búsqueda de una relación Deuda Total del Gobierno Central a Producto Interno Bruto (PIB), que no comprometa la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país.

II.—Que de manera expresa en el Considerando 9 del Decreto Ejecutivo N° 42798-H, se estableció que la verificación y cumplimiento de la Regla Fiscal se debe aplicar sobre el gasto ejecutado.

III.—Que la limitante establecida anteriormente se vio agravada recientemente por los efectos de las medidas de atención a la pandemia del COVID-19 y la caída de la actividad económica, ocasionando que los niveles de ejecución fueran más bajos, por lo que al utilizar estos para determinar los topes máximos para el siguiente periodo, la restricción al gasto fue mucho mayor, por lo que durante el proceso de ejecución las entidades pudieron verse en la disyuntiva de incumplir la regla fiscal a nivel de gasto ejecutado, o bien postergar gastos, proyectos de inversión, transferencias y cubrir obligaciones legales y constitucionales. entre otros, a fin de cumplir con dicha regla, a pesar de que dichos gastos ya estaban debidamente planificados en sus programas para el cumplimiento de sus metas y objetivos anuales, tanto institucionales como del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, contando con el presupuesto para dichos gastos debidamente aprobado y ajustado a la regla fiscal a nivel presupuestario.

IV.—Que con la publicación del Decreto N° 43589-H “Modificación de los artículos 2°, 3°, 5°, 22 y 25 y derogatorias de los artículos 4° y 11 del Decreto Ejecutivo N° 41641-H reglamento al Título IV de la Ley N° 9635, denominado responsabilidad fiscal de la República, del 9 de abril del 2019 y sus reformas”, se ajusta lo concerniente a la forma de verificación del cumplimiento de la regla fiscal al finalizar el periodo, a la literalidad de lo que se estipula en los artículos 5°, 11 y 19, entre otros, del citado Título IV, en que se determina que la regla fiscal se aplica a los presupuestos y no sobre el gasto ejecutado.

V.—Que en virtud de lo indicado en el considerando anterior, lo señalado en el considerando 9 del Decreto Ejecutivo N° 42798-H, pierde vigencia toda vez que se refieren a controles sobre el gasto ejecutado, lo cual se contrapone a lo dispuesto en el Decreto N° 43589-H que se refiere a gasto presupuestario.

VI.—Que el Decreto N° 42798-H entró en vigencia a partir de su publicación, por lo que a la fecha el mismo se aplicó en el ejercicio económico 2021 y en lo que va del 2022; lo que permite revisar, pero ante todo valorar la efectividad de lo allí dispuesto en relación con los motivos que técnicamente fundamentaron su promulgación.

VII.—Que en línea con señalado en el considerando que antecede, no puede obviarse que para el 2022, por el escenario de la Regla Fiscal en que el país se encuentra, conforme al artículo 11 del Título IV de la Ley N° 9635 y sus reformas, el límite al crecimiento del gasto abarca, tanto el gasto corriente como el gasto total, de manera tal que las partidas y subpartidas de gasto, a las que conforme al articulado del Decreto Ejecutivo N° 42798-H, se les está imponiendo un límite en la ejecución anual, ya son objeto de lo normado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus reformas; así como de los compromisos para el cumplimiento de metas fiscales del Gobierno de la República con organismos internacionales; toda vez que lo normado mediante el Decreto N° 43589-H, no se trata de un “cambio en la metodología de cálculo” o de una “flexibilización”, por cuanto el cálculo se fundamenta en los escenarios y parámetros establecidos en los artículos 10 y 11 del Título IV de la Ley N° 9635, dirigido al control del gasto presupuestario.

VIII.—Que, según lo expuesto en los Considerandos precedentes, se considera que una vez revisadas las medidas para control y reducción del gasto público dispuestas en el Decreto Ejecutivo N° 42798-H, a la luz de su aplicación durante el 2021 y lo que va del 2022, lo procedente es su derogatoria.

IX.—Que, de conformidad con el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012 y sus reformas, se determinó que la presente propuesta no establece ni modifica trámites, requisitos o procedimientos, que el administrado deba cumplir, por lo que no se requiere el control previo de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Por tanto,

Decretan:

“DEROGATORIA DEL DECRETO EJECUTIVO N° 42798-H

DEL 08 DE ENERO DE 2021, “MEDIDAS PARA CONTROL

Y REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO”, PUBLICADO

EN EL ALCANCE DIGITAL N° 6 DE LA GACETA

N° 7, DEL 12 DE ENERO DEL 2021”

Artículo 1º—Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 42798-H del 08 de enero de 2021, “Medidas para control y reducción del gasto público”, publicado en el Alcance Digital N° 6 de La Gaceta N° 7, del 12 de enero del 2021.

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, a los 02 días del mes de setiembre del dos mil veintidós.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.—1 vez.—O. C. N° 4600060722.—Solicitud N° 047-2022.—( D43678 - IN2022676758 ).

ACUERDOS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Y TRANSPORTES

N°189 MOPT

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, Ley N° 9632 del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año 2022, la Ley N° 6362 y el artículo 34 del Reglamento de Viajes y Transportes de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1º—Que la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), ha planificado realizar la CX Reunión Ordinaria del Directorio, que se celebrará de manera presencial en la República de Honduras, el día 19 de agosto del 2022.

2º—Que en el marco de cooperación técnica que existe entre la República de Costa Rica y la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), se ha delegado la participación del licenciado Nelson Soto Corrales, actual Director General a. í. de la División Marítimo Portuaria, en su condición de Director Alterno de la COCATRAM.

3º—Que a Costa Rica le corresponde asumir en esta sesión la presidencia de la Comisión de Vigilancia del Directorio de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, por lo que además le corresponde atender la reunión previa para la coordinación de la transición.

4º—Que para Costa Rica reviste de relevancia la participación del licenciado Nelson Soto Corrales para la toma de decisiones en este órgano colegiado regional, por cuanto dentro de los objetivos generales, destaca el impulsar el desarrollo del Sector Marítimo Portuario. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al licenciado Nelson Soto Corrales, portador de la cédula de identidad N° 1-0884-0343, en condiciones de Director General a. í., Director de la Dirección de Navegación y Seguridad de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Director Alterno de la COCATRAM, para que participe en la CX Reunión Ordinaria del Directorio, que se realizará el día 19 de agosto del 2022, en la República de Honduras.

Artículo 2º—Los gastos de transporte aéreo, alimentación, hospedaje e imprevistos serán asumidos con fondos administrados por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), por lo que no se requiere pago alguno a cargo del presupuesto de este Ministerio por esos conceptos. En cuanto a los gastos por seguros de viaje, test Covid-19 y otros requerimientos que pudiesen presentarse, serán asumidos por nuestro representante.

Artículo 3º—Que durante los días en que se autoriza la participación del licenciado Soto Corrales, devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—Rige a partir del 17 hasta el 20 de agosto del 2022.

Dado en el Despacho del Ministro de Obras Públicas y Transportes, a los 17 días del mes de agosto del 2022.

Sr. Luis Amador Jiménez, Ministro de Obras Públicas y Transportes.—1 vez.—O. C. N° 4600061051.—Solicitud N° 046-2022.—( IN2022675066 ).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

R-137-2022-MINAE.—Poder Ejecutivo.—San José a las catorce horas con quince minutos del dieciocho de mayo del dos mil veintidós. Se conoce solicitud de concesión de explotación de materiales en cantera; a nombre de la sociedad Rancho Salinero S.A., cédula de personería jurídica número 3-101-208077, representada por el señor Carlos Alberto Bonilla Ayub, portador de la cédula de identidad número 5-0125-0262, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de cita. Expediente Minero N° 2020-CAN-PRI-020.

Resultando:

1º—Que el día 19 de agosto del 2020, el señor Carlos Alberto Bonilla Ayub, portador de la cédula de identidad número 5-0125-0262, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Rancho Salinero S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-208077, presentó ante la Dirección de Geología y Minas, formal solicitud de concesión para explotación de  una Cantera, en propiedad de su representada, ubicada en el distrito de Colorado, cantón de Abangares, provincia de Guanacaste, a la cual se le asignó el número de expediente minero 2020 CAN-PRI-020. Dicha solicitud tiene las siguientes características:

Ubicación cartográfica:

Coordenadas del vértice 1: Este 379300.04 y Norte 1127007.44

Plano de Catastro: G-2143770-2019

Finca: 5233910-000

Área solicitada:

5 ha 9726.22 m²

2º—Que mediante resolución N° 0888-2020-SETENA, de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil veinte, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, le otorgó la Viabilidad Ambiental al Proyecto denominado Tajo Colorado, a nombre de la sociedad Rancho Salinero S.A., cédula de personería jurídica número 3-101-208077, un plazo de cinco años.

3º—Que mediante certificación N° ACAT-PNE-CERT-131-2020, el Director del Área de Conservación Arenal Tempisque, Ing. Alexander León Campos, certificó que:

“…el inmueble con plano G-2143770-2019, que corresponde a un terreno con una cabida de dieciséis hectáreas un mil cuatrocientos noventa y dos metros cuadrados, ubicado en Colorado, distrito Colorado, cantón Abangares, provincia de Guanacaste, se encuentra fuera de cualquier Área Silvestre Protegida y fuera del Patrimonio Natural del Estado. El plano de catastro G-2143770-2019 generó el folio real 5-0233910-000, inscrito a nombre de Rancho Salinero S.A., cédula jurídica 3-101-208077, el 16 de agosto del 2019...”

4º—Que el geólogo Junior Ramos García, en su condición de Coordinador Minero de la Región Chorotega, de la Dirección de Geología y Minas, procedió a la revisión del Programa de Explotación, presentado por la sociedad interesada y en el oficio DGM-RCH-237-2020, de fecha 16 de setiembre del 2020, aprobó dicho programa de explotación emitiendo a la vez, las recomendaciones finales para el proyecto Tajo Colorado.

5º—Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Código de Minería, consta en el expediente administrativo el oficio AES-EAM-21-13, de fecha 10 de mayo del 2021, suscrito por el Ingeniero Agrónomo Renato Jiménez Zúñiga, en su condición de funcionario del Departamento de Estudios Básicos de Tierras, del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), mediante el cual aprobó en todos sus alcances técnicos y científicos el Estudio detallado de suelos y de capacidad de uso de las tierras para la explotación de Áridos, Tajo Rancho Colorado.

6º—Que publicados los edictos en el Diario Oficial La Gaceta, los días 23 y 25 de noviembre del 2021, tal y como lo dispone el artículo 80 del Código de Minería y transcurrido el plazo de 15 días señalado por el artículo 81 de dicho Código, no se presentaron oposiciones contra la presente solicitud a nombre de la sociedad Rancho Salinero S. A. Por lo tanto, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 84 del Código de Minería, lo procedente es que la Dirección de Geología y Minas, emita la respectiva recomendación de otorgamiento de la concesión de explotación de cantera.

7º—Que la Dirección de Geología y Minas, de previo a emitir el expediente a este Despacho Ministerial, deberá verificar que el interesado haya cumplido con el pago de la Garantía Ambiental, según el monto señalado por la SETENA en la resolución de otorgamiento de la Viabilidad Ambiental. En ese sentido, analizado el expediente minero N° 2020-CAN-PRI-020, consta comprobante de pago de la Garantía Ambiental ante la SETENA, cuyo vencimiento es el 12 de mayo del año 2023.

8º—Que la sociedad concesionaria se encuentra inscrita como patrono al día ante la Caja Costarricense de Seguro Social; igualmente se encuentra al día en sus obligaciones ante el Ministerio de Hacienda, así como ante el Registro Nacional, conforme a las verificaciones digitales realizadas. Con respecto a las obligaciones tributarias, el señor Carlos Alberto Bonilla Ayub, portador de la cédula de identidad número 5-0125-0262, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Rancho Salinero S.A., aportó una declaración jurada, de conformidad con la resolución N° DGT-R-012-2022, de las catorce horas, del 21 de abril del 2022, dictada por el Ministerio de Hacienda, mediante la cual se colige que se encuentra al día con sus obligaciones ante el Ministerio de Hacienda, declaración que consta incorporada a los folios 42 y 43 del expediente administrativo N° 2020-CAN-PRI-020.

9º—Que se ha determinado que el expediente minero N° 2020-CAN-PRI-020, reúne todos los requisitos del ordenamiento jurídico, y no existe nulidad o impedimento alguno para su otorgamiento.

Considerando:

1º—Que con fundamento en el artículo primero del Código de Minería, el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales existentes en el país, teniendo la potestad el Poder Ejecutivo de otorgar concesiones para el reconocimiento, exploración, y explotación de los recursos mineros, sin que se afecte de algún modo el dominio estatal sobre esos bienes.

El Ministerio del Ambiente y Energía, es el órgano rector del Poder Ejecutivo en materia minera, para realizar sus funciones, Ministerio que cuenta con la Dirección de Geología y Minas, como ente encargado de tramitar las solicitudes de concesión. La resolución de otorgamiento de la concesión es dictada por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía, previo análisis técnico-legal y recomendación de la Dirección de Geología y Minas, acerca de su procedencia. Al respecto el artículo 6 incisos 7 y 8 del Reglamento 43443 en cuanto a las funciones de la Dirección de Geología y Minas, dispone:

“…7) Remitir la respectiva recomendación de otorgamiento del permiso o de la concesión al Ministro de Ambiente y Energía cuando así proceda, para así debido trámite...”

2º—Que el artículo 89 del Código de Minería establece que la resolución de otorgamiento será dictada por el Poder Ejecutivo y por su parte el artículo 44 del Reglamento al Código de Minería N° 43443, dispone lo siguiente:

“...Artículo 44.—De la recomendación de otorgamiento del permiso de exploración, concesión de explotación o beneficiamiento. Finalizado el proceso de análisis de manera satisfactoria, recibidos los informes técnicos respectivos y cumplidos todos los requisitos, conforme el artículo 84 del Código de Minería, la DGM por medio del RNM dentro de un plazo de 5 días hábiles, elaborará oficio de recomendación de otorgamiento del permiso de exploración, concesión de explotación o beneficiamiento, al Ministro de Ambiente y Energía.

La resolución de otorgamiento será dictada por el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente y Energía, en un plazo de 30 días hábiles para un permiso de exploración y, de tres meses, salvo casos excepcionales, para una concesión de explotación o beneficiamiento. Dicha resolución contendrá, según el caso, y en cumplimiento del artículo 89 del Código, la siguiente información:

a)         Individualización completa del beneficiario o beneficiarios.

b)         Plazo de vigencia.

c)         Nombre de los minerales que se pretenden explorar, explotar o beneficiar.

d)         Posición geográfica.

e)         Plazo dentro del cual se han de iniciar los trabajos.

f)          Extensión del área a otorgar.

g)         Directrices técnicas emitidas por SETENA, la DGM, el MAG o la Dirección de Agua del MINAE, en cuanto a aspectos técnicos...”

3º—Que el artículo 28 del Reglamento al Código de Minería, respecto al plazo de otorgamiento sobre la Concesión de explotación, que cita textualmente, lo siguiente:

“...Artículo 28.—Potestad de la DGM de recomendar plazo de vigencia. En todo caso la DGM podrá recomendar al Poder Ejecutivo el plazo de vigencia de un permiso de exploración, de una concesión de explotación o de una concesión de beneficiamiento, siempre que no exceda de los límites máximos, anteriormente establecidos, con base en las labores propuestas, el financiamiento aportado y las reservas de la fuente de materiales.

En caso que la DGM por razones técnicas o financieras recomiende un plazo de vigencia o de prórroga inferior a los máximos permitidos por ley, el concesionario podrá antes del vencimiento del plazo otorgado, solicitar que se reajuste el plazo de la concesión a los máximos permitidos por ley, siempre que demuestre la existencia de reservas y que durante el periodo otorgado haya cumplido con todas las obligaciones ambientales, legales y tributarias que le impone la legislación...”

4º—Que la resolución de otorgamiento de la concesión de explotación, será dictada, previa recomendación de la Dirección de Geología y Minas acerca de su procedencia, según lo indicado por los artículos 89 del Código de Minería y 44 del Reglamento N° 43443.

Respecto a las concesiones de explotación el artículo 30 del Código de Minería señala:

“...Artículo 30.—La concesión de explotación se otorgará por un término no mayor de veinticinco años. Sin embargo, mediante negociación entre la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos y el titular de la concesión se podrá dar una prórroga hasta por diez años, siempre que el titular haya cumplido con todas sus obligaciones durante el período de explotación...”

5º—Que con fundamento en lo anterior, se analiza el expediente administrativo N° 2020-CAN-PRI-020, a nombre de la sociedad Rancho Salinero S.A., cédula de personería jurídica número 3-101-208077, lográndose determinar que dicha sociedad ha cumplido con los requisitos necesarios y establecidos en la legislación minera, para obtener la concesión de explotación de una cantera, la cual se ubica en el cantón de Abangares, provincia de Guanacaste. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, del Reglamento al Código de Minería, la Dirección de Geología y Minas recomendó, dictar la respectiva resolución de otorgamiento de la concesión de explotación de materiales en una cantera.

6º—Que la sociedad Rancho Salinero S.A., cédula de personería jurídica número 3-101-208077, como titular del expediente N° 2020-CAN-PRI-020, para mantener su concesión de explotación vigente, deberá cumplir durante la ejecución de las labores de explotación, con lo indicado por el geólogo Junior Ramos García, en su condición de Coordinador Minero de la Región Chorotega, de la Dirección de Geología y Minas, en el memorando DGM-RCH-237-2020, de fecha 16 de setiembre del 2020, que textualmente señala lo siguiente:

“A continuación, se presenta el resultado de la revisión del Estudio de Factibilidad Técnica-Económica y Programa de Explotación y los anexos presentados del proyecto minero con expediente N° 2020-CAN-PRI-020, presentado el 19 de agosto del 2020 a la DGM.

De acuerdo con la revisión realizada por el Departamento de Control Minero, la información contenida en el Estudio de Factibilidad Técnica-Económica y el Programa de Explotación Minera del expediente N° 2020-CAN-PRI-020 y sus anexos, cumplen con los requisitos mínimos técnicos indicados en el Reglamento al Código de Minería; por lo tanto, se recomienda que se incorporen las siguientes recomendaciones técnicas:

●          El concesionario corresponde con Rancho Salinero S.A., cédula jurídica 3-101-208077. El nombre del proyecto es Tajo Colorado.

●          El proyecto se ubica entre las coordenadas CRTM05 1126705 - 1127215 N y 379066 - 379341 E de la Hoja Topográfica Abangares, escala 1:50 000 del IGNCR. El proyecto se localiza en la propiedad con plano de catastro G-2143770-2019. Administrativamente se encuentra en el distrito Colorado, cantón Abangares, provincia de Guanacaste.

●          El material a extraer corresponde con lavas basálticas del Complejo de Nicoya.

●          Se recomienda un plazo de otorgamiento de 10 años.

●          La tasa de extracción máxima no debe sobrepasar los 5.165 m³ por mes de material bruto (62.000 m³/año).

●          Es necesario realizar el cálculo de reservas remanentes cada año, el cual debe presentarse con el informe anual de labores. En caso de agotamiento de reservas, se solicitará iniciar la fase de cierre técnico.

●          No se debe extraer material por debajo de la cota de 30 metros sobre el nivel del mar. La extracción por debajo de esta cota estará condicionada a la revisión de un estudio de reservas y a la ausencia comprobada de acuíferos. Para optar por una. extracción por debajo de la cota de 30 m.s.n.m. con la presencia de acuíferos, la DGM y SETENA podrán establecer los requisitos necesarios para nuevos estudios técnicos que demuestren la seguridad del acuífero.

●          Se autoriza la siguiente maquinaria:

-               1 retroexcavadora CAT 320

-               1 cargador o back hoe

-               4 vagonetas de 12 m³

En caso de requerir maquinaria adicional no mencionada en la lista anterior se deberá solicitar la autorización a la DGM.

●          Se autoriza la instalación de quebrador o planta de trituración asociada a este proyecto que incluye los siguientes componentes:

1 quebrador secundario con 2 zarandas

cribas y embudo de cribas

●          No se permite el uso de explosivos.

●          Se debe proteger y respetar la zona de protección de la Quebrada El Chorro, la cual se encuentra dentro del área concesionada.

●          El horario de operaciones autorizado para extracción y procesamiento de materiales será de lunes a viernes de 6 a.m. a 3 p.m. y los sábados de 7 a.m. (1 12 m.d. No se podrá trabajar filera de este horario sin previa solicitud y autorización de la DGM.

●          No se deben realizar labores mineras fuera del área concesionada. Al menos que por condiciones especiales sea solicitado por la DGM y que sea factible técnica y económicamente.

●          Los accesos utilizados serán los que se presentan en el programa de explotación.

●          En caso de tanque de autoabastecimiento de combustibles, concesión de agua y vertido de aguas del proceso a un sistema fluvial, es necesario contar con las respectivas concesiones y permisos.

●          Se debe cumplir con la reglamentación del Código de Minería, en cuanto amojonamiento, reglamento de seguridad laboral, rotulación de la concesión.

●          Se debe cumplir con las medidas ambientales establecidas en el EslA y Plan de Gestión Ambiental aprobado.

●          Es obligación del concesionario mantener en las oficinas del proyecto de la bitácora geológica correspondiente al periodo en curso, plano topográfico actualizado con los sectores de extracción recientes, bitácora (diario) de actividades, memoria de ventas, almacenamiento y extracción, lista de personal; se verificará el cumplimiento del reglamento de seguridad.

●          Se prohíbe el ingreso de vagonetas de clientes o de otras personas en el frente de extracción. Solo la maquinaria aprobada podrá hacer ingreso al frente de extracción. El despacho de materiales debe realizarse desde los patios de acopio y venta autorizados.

●          En los frentes de extracción será necesario mantener los ángulos y diseño de taludes estipulados en el Programa de Explotación Minera.

●          Cada año junto con el informe anual de labores debe actualizarse la topografía de los frentes de extracción que se mantuvieron activos. Además, los aspectos de rentabilidad, costos y ventas deben ser propios del proyecto e independientes de cualquier otra actividad económica que realice él o la titular de la concesión.

●          El Estudio Financiero incluye los costos de operación y el estudio de factibilidad económica, en donde se señala una obtención de utilidades positivas en todo el periodo de concesión.”

Además de lo anterior, la sociedad interesada como concesionaria, deberá acatar cualquier otra recomendación que le gire la Dirección de Geología y Minas. De igual manera, queda sujeta al cumplimiento de obligaciones y al disfrute de derechos, señalados en los artículos 33 y 34 del Código de Minería y en los artículos 47 y 68 del Reglamento N° 43443 vigente.

7º—Que la Dirección de Geología y Minas, mediante oficio número DGM-RNM-114-2022, de fecha 22 de marzo del 2022, sustentado en el informe técnico DGM-RCH-237-2020; de fecha 16 de setiembre del 2020, suscrito por el Geólogo Junior Ramos García, en su condición de Coordinador Minero de la Región Chorotega, de la Dirección de Geología y Minas, que se encuentra incorporado en el expediente administrativo recomienda la vigencia de la concesión de explotación por un período de 10 años, a favor de la sociedad Rancho Salinero S.A., cédula de personería jurídica número 3-101-208077. En este sentido el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227, faculta a la Administración a motivar sus actos a través de la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a dictámenes previos que hayan determinado realmente la adopción del acto. Asimismo, el artículo 302 inciso l) del mismo cuerpo normativo, establece que los dictámenes técnicos de cualquier tipo de la Administración, serán encargados a los órganos públicos expertos en el ramo de que se trate, tal como acontece en el presente caso con la Dirección de Geología y Minas.

8º—Que revisado el expediente administrativo y tomando en consideración lo que señala el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227, de que en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, es que se acoge la recomendación realizada por la Dirección de Geología y Minas, de otorgar la citada concesión, a favor de la sociedad Rancho Salinero S.A., cédula de personería jurídica número 3-101-208077, lo anterior basado en el principio de objetivación de la tutela ambiental, mejor conocido como el de vinculación de la ciencia y la técnica, que en resumen, limita la discrecionalidad de las decisiones de la Administración en materia ambiental, de tal forma que estas deben basarse siempre, en criterios técnicos que así lo justifiquen, tal y como acontece en el presente caso con la recomendación de la Dirección de Geología y Minas, siendo importante traer como referencia lo señalado por nuestra Sala Constitucional, que respecto a este principio manifestó que “...es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior, en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública; se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la “vinculación a la ciencia y a la técnica”, con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la administración en esta materia...” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 2006-17126 de las quince horas con cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil seis).

9º—Que mediante memorándum DGM-RNM-114-2022, de fecha 22 de marzo del 2022, la Directora de la Dirección de Geología y Minas, manifestó lo siguiente:

“...en acatamiento de la directriz 011-2020 del 23 de setiembre del 2020, denominada Directriz para la Coordinación de los Viceministerios, Direcciones del Ministerio de Ambiente y Energía y sus órganos desconcentrados, se tiene que, revisado el presente documento del expediente minero N° 2020-CAN-PRI-020: el mismo reúne todos los requisitos del ordenamiento jurídico, no existe nulidad o impedimento alguno para su otorgamiento...”

Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA,

RESUELVEN:

1º—De conformidad con los artículos citados y de los considerandos de la presente resolución, otorgar a favor de la sociedad Rancho Salinero S.A., cédula de personería jurídica número 3-101-208071, representada por el señor Carlos Alberto Bonilla Ayub, portador de la cédula de identidad número 5-0125-0262, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de cita, concesión de explotación de una cantera, ubicada en el cantón de Abangares, de la provincia de Guanacaste, por un plazo 10 años, con una tasa de extracción máxima, que no debe sobrepasar los 5.165 m³ por mes de material bruto (62.000 m³/año).

2º—Los materiales a explotar según memorando DGM-RCH-237-2020, de fecha 16 de setiembre del 2020, suscrito por el Geólogo Junior Ramos García, en su condición de Coordinador Minero de la Región Chorotega, de la Dirección de Geología y Minas es: lavas basálticas del Complejo de Nicoya.

3º—Las labores de explotación se deberán ejecutar de acuerdo con el plan inicial de trabajo, previamente aprobado y cumpliendo las recomendaciones que al efecto señaló la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en la resolución N° 0888-2020-SETENA, de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil veinte, y las recomendaciones técnicas señaladas por el geólogo Junior Ramos García, en su condición de Coordinador Minero de la Región Chorotega, de la Dirección de Geología y Minas, en el memorando DGM-RCH-237-2020, de fecha 16 de setiembre del 2020, transcrito en el considerando sexto de la presente resolución.

4º—Que el representante legal de la sociedad concesionaria, deberá acatar todas las directrices que se le dicten por parte de la Dirección de Geología y Minas, en lo relativo a las labores de extracción y aprovechamiento de minerales del Estado y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en todas las directrices relacionadas con los aspectos ambientales en el área donde se ubica la fuente de materiales a explotar.

5º—Se advierte al representante legal de la sociedad concesionaria, que debe proceder a realizar la publicación y entrega del comprobante en el Registro Minero de la Dirección de Geología y Minas de conformidad con el Considerando sétimo de esta resolución.

6º—Se hace saber al representante legal de la sociedad concesionaria, que si se llegara a verificar el incumplimiento de las obligaciones adquiridas, o de comprobarse falsedad o manipulación de la información aportada, por el carácter de Declaración Jurada que tiene el instrumento presentado, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, podrá dejar sin efecto la Vialidad Ambiental otorgada mediante la resolución N° 0888-2020-SETENA, de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil veinte, debiendo presentar la documentación correspondiente, independientemente de la facultad de presentar las denuncia penales correspondientes por cualquier delito cometido, o de aplicar cualesquiera de las sanciones de las enumeradas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente.

7º—La sociedad concesionaria queda sujeta al pago de las obligaciones que la legislación vigente le impone, así como acatar las directrices que en cualquier momento le gire la Dirección de Geología y Minas. Caso contrario, podría verse sometida al procedimiento de cancelación de su concesión, previo cumplimiento del debido proceso.

8º—Contra la presente resolución pueden interponerse los recursos ordinarios que se establecen en los artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, en los plazos ahí indicados.

9º—Notifíquese. Para notificar la presente resolución, al señor Alberto Bonilla Ayub, al correo electrónico abonilla@garnier.cr o marigomez@deloitte.com

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro del Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra.—1 vez.—( IN2022675005 ).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

RES-DMR-0065-2022.—San José, a las ocho horas con treinta minutos del día primero de setiembre del año dos mil veintidós.

Resolución administrativa de delegación de firma, para la remisión a la Dirección General de Aduanas y a la Aduana de Control respectiva de las recomendaciones y los estudios técnicos, para la devolución efectiva de los tributos amparados al Régimen Devolutivo de Derechos.

Resultando:

I.—Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley General de Aduanas, Ley N° 7557 del 20 de octubre de 1995 y el numeral 16 del Decreto Ejecutivo N° 34740-H-COMEX, del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento del Régimen Devolutivo de Derechos, corresponde al Ministerio de Comercio Exterior suministrar a la Dirección General de Aduanas y a la respectivas Aduana de Control, las recomendaciones y los estudios técnicos necesarios para que la Aduana realice la devolución efectiva de los tributos pagados por empresas amparadas al citado régimen

II.—Que en virtud de lo anterior y con fundamento en las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, concierne al jerarca del Ministerio de Comercio Exterior suscribir los documentos de interés.

III.—Que mediante resolución RES-DMR-0057-2020 de las ocho horas treinta minutos del día 27 de noviembre del año 2020, el entonces Ministro de Comercio Exterior dispuso la delegación de firma en el Director de Asesoría Legal, de los oficios por medio de los cuales se remiten a la Dirección General de Aduanas y a la respectiva Aduana de Control, las recomendaciones y los estudios técnicos, para la devolución efectiva de los tributos amparados al Régimen Devolutivo de Derechos.

IV.—Que al haberse designado como nuevo de jerarca de este Ministerio al señor Manuel Tovar Rivera mediante Acuerdo Presidencial N° 001-P, de fecha 08 de mayo del año 2022, publicado en el Alcance N° 91 al Diario Oficial La Gaceta Digital número 85 del día 10 de mayo del año 2022, se torna necesario emitir una nueva resolución en punto a la delegación de mérito.

V.—Que los motivos que llevaron a disponer la delegación de firma indicada en el resultando III anterior, se mantienen vigentes; en el sentido que la naturaleza de las labores de este Ministerio, exigen de sus jerarcas una activa y constante participación en distintas actividades, eventos y foros, tanto nacionales como internacionales, relativos al comercio internacional e inversión extranjera, así como de su presencia en los procesos de discusión de los convenios comerciales internacionales que negocie y suscriba Costa Rica.

VI.—Que, en virtud de la situación descrita, la rúbrica de las gestiones antes indicadas podría verse afectada en cuanto a la celeridad en su trámite e incidir en la oportuna satisfacción de los requerimientos habituales del Ministerio para el descargo de sus funciones tratándose de tales trámites y, por ende, en el interés público. Por ello, en aras del cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno y Eficiencia en la Administración Pública, se torna necesario que el acto de firma de los documentos que remiten las recomendaciones y los estudios técnicos necesarios para que la Aduana realice la devolución efectiva de los tributos pagados por empresas amparadas al Régimen Devolutivo de Derechos, sea delegada en el titular de un cargo directamente subordinado y cuyas funciones sean compatibles con el objeto de la delegación, razón por la cual se estima procedente la delegación de la firma de los citados documentos en el funcionario que ostente la investidura de Director de la Asesoría Legal de este Ministerio.

VII.—Que en los procedimientos se han seguido las prescripciones de ley.

Considerando:

1º—Que los artículos 89 y 92 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, establecen que:

“Artículo 89.—Todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza.”

“Artículo 92.—Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquél.”

Así, con apego a los numerales de cita y a las disposiciones contenidas en los artículos 70, 90 y 91 de la Ley General de la Administración Pública, el superior jerárquico se encuentra facultado para delegar la suscripción de algunos documentos en su nombre, en otros funcionarios a su cargo, en el tanto exista una relación de subordinación directa y en tanto el inferior tenga competencias que se encuentren contenidas en las del jerarca.

Por su parte, el Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, dispone en lo que interesa lo siguiente:

“Artículo 4.—El Ministro de Comercio Exterior es el titular de la cartera y el superior jerárquico del Ministerio. Ejerce su autoridad en toda la República, la que se extiende a la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, también denominada en adelante ‘OMC’, así como a cualquier otra dependencia u oficina que se establezca en el extranjero para ejecutar la política comercial externa y de inversión extranjera del país.” (…)

“Artículo 31.—La Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior tendrá a su cargo la asesoría jurídica del Ministerio en las áreas de su competencia.”

“Artículo 32.—La Dirección de Asesoría Legal estará a cargo del Director Legal del Ministerio, a quien corresponderá, con el apoyo del personal de la Dirección, las siguientes funciones:

a) Asesorar y tramitar para el Ministro, Viceministro y demás dependencias del Ministerio, los asuntos jurídicos que le sometan a su conocimiento y dentro de la competencia del Ministerio(...)”

Como se desprende del artículo 4 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, el Ministro es el titular de la cartera y el superior jerárquico del Ministerio; por su parte, de los artículos 31 y 32 de ese mismo cuerpo normativo, se colige que dentro de las funciones asignadas a la Dirección de Asesoría Legal, se encuentra la asesoría y trámite para el Ministro de los asuntos de su competencia, encontrándose, dicha dependencia, subordinada al Despacho del Ministro.

2º—Que en reiteradas ocasiones la Procuraduría General de la República ha emitido criterio sobre la naturaleza de la delegación de firma, indicando lo siguiente:

“…la delegación de firma no priva a la autoridad superior de su poder, transfiere simplemente a la autoridad subordinada el cometido material de la firma.” (Dictamen N° C-052-2001 del 23 de febrero del 2001).

Así, de conformidad con las normas reglamentarias transcritas y disposiciones legales citadas de la Ley General de la Administración Pública, el Ministro posee la facultad de delegar la firma de los documentos de cita, con la finalidad de lograr mayor celeridad y eficiencia en los trámites, toda vez que no delega la función sustantiva ni la responsabilidad inherente a ella, sino sólo el acto formal de firma, sin que ello demerite al jerarca su potestad revisora y correctiva sobre el acto delegado.

Resulta entonces conforme, con los altos intereses y la buena marcha del Ministerio, la delegación en el Director de la Asesoría Legal de la firma de los trámites de repetida cita a cargo del Despacho del Ministro de Comercio Exterior, ya que éste funcionario tiene competencias que se encuentran contenidas en las del jerarca de la cartera. Por tanto,

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR,

RESUELVE:

Con base en los motivos y razones expuestas y con fundamento en la resolución RES-DMR-0057-2020 de las ocho horas treinta minutos del día 27 de noviembre del año 2020, los artículos 141 y concordantes de la Constitución Política, los artículos 28, 70, 89, 90, 91, 92 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 190 de la Ley General de Aduanas, Ley N° 7557 del 20 de octubre de 1995 y el numeral 16 del Decreto Ejecutivo N° 34740-H-COMEX, del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento del Régimen Devolutivo de Derechos y sus reformas, así como en los artículos 4, 31 y 32 del Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX del 14 de febrero del 2000, Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior:

Delegar el acto de firma de los documentos que remiten las recomendaciones y los estudios técnicos necesarios para que la Dirección General de Aduanas y la respectiva Aduana de Control realicen la devolución efectiva de los tributos pagados por empresas amparadas al Régimen Devolutivo de Derechos, en el Director de la Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior, con el fin de procurar la mayor celeridad y eficiencia en los trámites correspondientes y la oportuna atención de las funciones asignadas a este Ministerio.

Rige a partir de esta fecha.

Publíquese.—Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior.—1 vez.—O. C. N° SG-000048-22.—Solicitud N° 057-2022-PRO.—( IN2022674939 ).