MUNICIPALIDADES

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE

Se corrige lo publicado en La Gaceta número 47, del martes 10 de marzo del 2020 donde se indicó que el uso que se le daría a la parcela que se encuentra en solicitud de concesión por la señora Arrieta Bolaños María Fernanda, con número de cédula 1-1335-0247, sería Hospedaje o Turístico, lo que en este acto se corrige y se actualiza el uso que le darán a la parcela ubicada según plano de catastro número P-2059075-2018 entre los mojones 132 y 134 del instituto Geográfico Nacional y del plan regulador integral Cabuya- Montezuma en zona Mixta para el Turismo y la Comunidad (MIX), siendo el uso que le darán de Residencial de Alquiler por la totalidad del área de 1 396m2.

Cóbano, 08 de abril del 2021.—Favio López Chacón, Intendente.—1 vez.—( IN2021543652 ).

LEYES

Nº 9958

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA REGULAR EL USO DEL POLÍGRAFO PARA DETERMINAR

RASGOS DE CONFIABILIDAD EN LOS CUERPOS DE POLICÍA

DE SEGURIDAD NACIONAL

ARTÍCULO 1-          Objetivo

La presente ley pretende regular y autorizar a los distintos cuerpos policiales que forman parte de la Ley 7410, Ley General de Policía, de 26 de mayo de 1994, el Organismo de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Servicio Nacional de Guardacostas y el Servicio de Vigilancia Aérea para que utilicen el polígrafo como método técnico y herramienta de apoyo para determinar, mediante la obtención de información, que quienes presten servicios de seguridad y vigilancia mantengan en forma permanente los más altos niveles de eficiencia técnica, conducta, moral, transparencia y profesionalidad en sus funciones.

ARTÍCULO 2-          Ámbito de aplicación

Se autoriza a los cuerpos policiales que forman parte de la Ley 7410, Ley General de Policía, de 26 de mayo de 1994, el Organismo de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Servicio Nacional de Guardacostas y el Servicio de Vigilancia Aérea para que implementen, en los procesos de determinación de rasgos de confiabilidad de su personal, el examen psicofisiológico de polígrafo con carácter optativo y voluntario.

Esta prueba no será considerada como parámetro único de selección para la permanencia en los cuerpos policiales, sino como una herramienta complementaria de las pruebas técnicas a las que son sometidas.

ARTÍCULO 3-          Definiciones

Polígrafo: es un instrumento de medición utilizado para el registro de respuestas fisiológicas. Registra las variaciones de la presión arterial, el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria que se generan ante determinadas preguntas que se realizan al examinado.

Examen psicofisiológico: se entiende por examen psicofisiológico de polígrafo la medición de las reacciones fisiológicas del examinado que se presentan ante determinadas preguntas que se realizan para la selección del personal.

El examen se realizará mediante un instrumento científico altamente sensible que medirá los cambios en la presión sanguínea, respiración y respuesta galvánica de la piel, entre otros.

Presión arterial: es una medición de fuerza que se aplica sobre las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Está determinada por la fuerza y el volumen de sangre bombeada, así como por el tamaño y la flexibilidad de las arterias.

Ritmo cardíaco: es el número de latidos del corazón por la unidad del tiempo.

Frecuencia respiratoria: corresponde a las veces que se respira por unidad de tiempo.

Respuesta galvánica de la piel: cambio en el calor y la electricidad que transmiten los nervios y el sudor a través de la piel.

ARTÍCULO 4-          Aplicación y su reglamento

El Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Profesional de Migración, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y el Organismo de Investigación Judicial establecerán de manera conjunta, vía reglamento, los lineamientos para la aplicación de la prueba, los parámetros de calibración y mantenimiento de los equipos, el perfil de operador, el uso y seguridad de la información, así como la responsabilidad en la calibración y verificación de los equipos por una instancia competente a nivel nacional.

Deberán definirse, además, un procedimiento de entrega de los resultados a la persona que se someta a la prueba y un procedimiento de impugnación.

ARTÍCULO 5-          Derechos de la persona sujeta al examen psicofisiológico de polígrafo

La persona sujeta a la realización de la prueba tendrá los siguientes derechos:

a)  Tener conocimiento expreso de su decisión y las razones para someterse voluntariamente a la prueba, con un plazo razonable entre su notificación y su actuación.

b)  Tener conocimiento de la naturaleza y el procedimiento de la prueba.

c)  Podrá contar con la presencia de representación legal de su elección o, a su petición expresa, con la asistencia de una persona de su confianza.

d)  Obtener un ejemplar de los resultados del examen, debidamente suscrito por las personas presentes en su aplicación. Asimismo, podrá solicitar, en cualquier momento, copia de los resultados, los cuales deberán ser entregados en un plazo no mayor a tres días hábiles.

e)  A solicitar y recibir información en cualquier momento del examen, por parte de las personas que presten los servicios de poligrafía, sobre su funcionamiento.

f)  La confidencialidad y el uso restringido de los datos que arroje el examen psicofisiológico de polígrafo, a fin de que sean utilizados únicamente para efectos de selección laboral.

g)  A negarse a que se le realice la prueba.

h)  A impugnar los resultados de la prueba y contar con un procedimiento para tal fin.

ARTÍCULO 6-          Deberes de las personas encargadas de realizar el examen psicofisiológico de polígrafo

a)  Garantizar y respetar los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política.

b)  Proteger a las personas sujetas a la prueba, en su vida, su honra, sus creencias, bienes y demás derechos y libertades.

c)  A garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar, y el buen nombre del examinado.

d)  Respetar la decisión de la persona que no quiere someterse a la prueba.

ARTÍCULO 7-          Autorización

Para la aplicación del examen psicofisiológico de polígrafo, la persona que acceda voluntariamente a dicha prueba deberá manifestar su consentimiento expreso de forma escrita y previo a su realización.

El examinado tendrá entrevista con el profesional que aplica dicha evaluación, quien deberá comprobar que la persona llega en condiciones normales y aptas para someterse a ella, recibirá explicación previa acerca del funcionamiento del polígrafo, del significado de las preguntas y el procedimiento de impugnación de los resultados.

Para evitar afectar los resultados del examen y que no se altere el estado fisiológico, quien se someta a este examen debe hacerlo en condiciones estables de salud y no haber ingerido algún medicamento o sustancia psicoactiva. Finalizada la prueba y habiendo obtenido los resultados, se realizará un informe personalizado.

ARTÍCULO 8-          Confidencialidad de la información

El procedimiento preservará la confidencialidad de la persona evaluada, garantizando su derecho a la intimidad y demás garantías previstas en la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, cumplirá con lo establecido en la Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, de 7 de setiembre de 2011.

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que practiquen exámenes de poligrafía estarán vinculadas al deber de confidencialidad y a mantener el secreto profesional o funcional, aun después de finalizado su vínculo con los datos obtenidos; almacenará de forma exclusiva los datos, los resultados y las estadísticas, pudiendo informar al examinado previa solicitud escrita.

ARTÍCULO 9-          Prohibiciones

Queda prohibida cualquier pregunta sensible sobre orientación sexual, preferencia de religión o culto, así como ideología política. Los resultados de dicha prueba no podrán ser utilizados como medio de coacción o reproche, como causal para sanciones o despido, ni como condicionante para obtener un puesto en alguna fuerza policial o cuerpo especial de policía. Tampoco podrán ser utilizados los resultados de polígrafo en procesos judiciales.

ARTÍCULO 10-        Requisitos para las personas físicas o jurídicas que practiquen exámenes de polígrafo

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que brinden servicios de poligrafía deberán acreditar su experiencia como poligrafista profesional, capacitación continua específica en el manejo adecuado de los equipos y los estudios profesionales debidamente cursados y aprobados en una institución reconocida.

ARTÍCULO 11-        Idoneidad

La Escuela Nacional de Policía se reserva la facultad para examinar la idoneidad de las personas físicas o jurídicas que practiquen exámenes de poligrafía para fines públicos y de manera privada.

ARTÍCULO 12-        Capacitación

La Escuela Nacional de Policía podrá impartir, supervisar y evaluar cursos de poligrafía, así como preparar dentro del programa educativo policial lineamientos a sus alumnos, los cuales serán establecidos en el reglamento de esta ley.

ARTÍCULO 13-        Régimen sancionatorio

La información que se obtenga con ocasión de la ejecución del examen será considerada como sensible y confidencial; su divulgación sin previo consentimiento del examinado, la manipulación de datos de la prueba y de los resultados, por parte de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que practiquen exámenes de poligrafía podrán ser sancionados de conformidad con el artículo 28 de la Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, de 7 de setiembre de 2011 y se dará traslado al Ministerio Público de las que puedan configurar delito.

ARTÍCULO 14-        Reglamento

El Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Profesional de Migración, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y el Organismo de Investigación Judicial contarán con el plazo de tres meses, a partir de la publicación de la ley, para su reglamentación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-              Aprobado a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

EduardoNewton Cruickshank Smith

Presidente

        Ana Lucía Delgado Orozco     María Vita Monge Granados

              Primera secretaria                    Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte Romero, y el Ministro de Seguridad Pública, y de Gobernación y Policía, Michael Soto Rojas.—1 vez.—O. C. N° 4600048769.—Solicitud N° MSP-004-2021.—( L9958 - IN2021542193 ).

PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

REFORMAS Y ADICIONES A VARIOS ARTÍCULOS

DE LA LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA

ADULTA MAYOR, LEY N° 7935

Expediente N° 22.448

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Uno de los cambios significativos de las personas con síndrome de Down es el aumento en la expectativa de vida, esto gracias a los avances en los ámbitos de la salud integral, la educación inclusiva, la inserción laboral, inclusión social y los nuevos modelos de vida independiente.

Esta conquista de su esperanza de vida propone nuevos retos, ante una nueva realidad. En primera instancia su familia, pero también concierne a toda la sociedad y al Estado, al requerir una planificación e intervención de todos los actores hacia estas personas y sus familias, para así dar respuesta a las necesidades y demandas que conlleva el envejecimiento en sus aspectos físicos, psíquicos y sociales.

Según la Encuesta Nacional de Discapacidad (2018), los datos más recientes muestran que las personas adultas con Síndrome de Down y las personas con discapacidad intelectual representan 7.527 personas (ENADIS 2018, p. 77).

Todas las personas con síndrome de Down tienen derecho a envejecer bien, es decir, con los recursos y apoyos que les garantice bienestar personal y el mantenimiento de su calidad de vida cuando llegan a esta etapa de sus vidas. Para esto se requiere una continuidad de la estimulación cognitiva, la educación inclusiva, el empleo con apoyo, el ocio compartido y la vida independiente.

El estudio de Brown, Taylor y Matthews (2001), que evaluó la calidad de vida de personas mayores con síndrome de Down, resalta la importancia de mantenerse activas, pero no sólo desde un punto de vista físico sino también en referencia a la imaginación y resolución de problemas.

McCarron y otros, (2005) confirman en su estudio que un ambiente apropiado y estimulante, en conjunto con el apoyo de personal competente y cualificado, son fundamentales y pueden tener un importante impacto en la calidad de vida de las personas con síndrome de Down (Fernández, 2007: 30).

Los programas con actividades dirigidas grupales, como por ejemplo artísticos, manuales, juegos, aprendizaje de nuevas cosas y ejercicios, han mostrado impactar de forma positiva la salud general de las personas adultas con síndrome de Down y, por tanto, pueden incrementar su calidad de vida y años de vida saludable, ya que esto mantiene activo sus procesos físicos, psíquicos y cognitivos, lo que en conjunto tiene un fuerte impacto en la parte emocional, la cual es fundamental para contrarrestar la inactividad y los procesos depresivos.

La gran mayoría de las referencias científicas están enfocadas fundamentalmente a exponer la relación que existe entre la enfermedad de Alzheimer y las personas adultas con síndrome de Down. Así, analizan, por un lado, la naturaleza de los problemas de salud y comportamentales que experimentan las personas con síndrome de Down a medida que aumenta su esperanza de vida, y, por otro lado, la relación que existe entre las personas con síndrome de Down y la alta probabilidad que tienen de desarrollar una demencia (sobre todo tipo Alzheimer) a medida que se hacen mayores.

En textos que refieren al proceso de envejecimiento en personas con discapacidades intelectuales, sobre todo con síndrome de Down, se aborda la situación desde una perspectiva neurológica y médica, pero no se centran en describir qué tipo de recursos personales, sociales e institucionales son precisos para mejorar la calidad de vida y autonomía personal de este colectivo –que ha visto aumentar su esperanza de vida– o cómo apoyar a las familias que son la red más importante de cuidados.

Envejecimiento prematuro de las personas adultas con Síndrome de Down

El envejecimiento prematuro de las personas con síndrome de Down implica que estas personas tienen a sus 40 años características de personas de 60 años, con la particularidad de que en esta población la prevalencia de Alzhéimer y de otras demencias es mucho mayor que en la población en general, tal y como lo afirma Lai F, Williams en su libro “A prospective study of Alzheimer disease in Down syndrome” (1989; 46: 849-853) y Sung H. y otros en “Depression and dementia in aging adults with Down syndrome: A case study approach” (1997; 35: 27-38).

Según Jesús Flórez, en “El envejecimiento de las Personas con Síndrome de Down” (Libro de Jesús Flores), las personas con síndrome de Down presentan comúnmente un mayor deterioro físico; todo esto desde antes de los 45 años por su predisposición genética.

La literatura científica indica que, a los 50 años todas estas condiciones son mucho más avanzadas y complejas para las personas con Síndrome de Down. Es decir, a esta edad las personas con Síndrome de Down presentan un envejecimiento que podría compararse con el de las personas de 70 años, sumando a esto las pluri-patologías propias del síndrome de Down que se agravan a mayor edad, como trastornos visuales, trastornos auditivos, de la piel, trastornos convulsivos, tiroideos, obesidad, apneas obstructivas del sueño, enfermedad musculo-esquelética y rastorno de la marcha, osteoporosis, disfagia orofaríngea, infecciones recurrentes, demencia, trastorno psiquiátrico y polifarmacia, tal como lo menciona la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down mediante el Programa Iberoamericano de salud para Personas con Síndrome de Down (p.p. 74-76).

Factores que aceleran el proceso de envejecimiento en el síndrome de Down

Existen múltiples factores involucrados en el proceso de envejecimiento. Algunos de ellos están relacionados directamente con un proceso precoz de envejecimiento a nivel cerebral que, sumado a un distinto funcionamiento neuronal en personas con discapacidad intelectual, puede suponer un adelantamiento en el proceso. Además, esta aceleración del proceso por encima de lo común puede provocar la aparición de otros problemas de degeneración neuronal que contribuyan a hacer más compleja la situación de dependencia.

Varios estudios avalan el rápido deterioro a nivel de funcionamiento celular de la población con síndrome de Down. Según Flórez (2003), ya no sólo a nivel neuronal, sino en realidad a nivel general. Indica que se presenta un mecanismo de estrés oxidativo a nivel celular, que se da con mayor fuerza en este colectivo, lo que hace que sus células envejezcan antes y de manera más precipitada. Este mismo mecanismo es el responsable de dar inicio el proceso de lesiones cerebrales que pueden devenir en la enfermedad de Alzheimer, cuya probabilidad de aparición en personas con síndrome de Down es alta, y aumenta con la edad.

Para Mann (1988), citado en el artículo de Flórez, Jesús, la mayoría de los estudios indican que todas las personas con síndrome de Down de más de 35 años presentan signos neuropatológicos cerebrales que son propios de la enfermedad de Alzheimer; pero los estudios de prevalencia indican que no todas desarrollan los síntomas clínicos que acompañan o definen la demencia.

O’Brien y Rosenbloom, L. (2009) se centran en el impacto del envejecimiento y los cambios físicos y médicos que esto implica. Se sabe, por ejemplo, que la menopausia aparece antes en mujeres con síndrome de Down. El Alzheimer es la enfermedad más relevante de la adultez en personas con síndrome de Down, y también otras formas de demencia (Parkinson, enfermedades vasculares). El impacto de esta enfermedad dependerá del grado de independencia y de las circunstancias de cada persona (entorno y red de apoyo).

En el proceso de envejecimiento de las personas con síndrome de Down, tanto las necesidades médicas como sociales de las personas con síndrome de Down y sus familias, intervienen.

Bittles (2006) en su artículo “Las cuatro edades del síndrome de Down” indica que en la etapa tercera que es la de la madurez, se logran identificar desórdenes relacionados con la edad, que comienzan antes en las personas con síndrome de Down, que en el resto de la población.

Según la National Down Syndrome Society en su libro “Envejecimiento y Síndrome de Down” (2), dentro de los trastornos médicos más comunes que se presentan con mayor frecuencia en la población con síndrome de Down desde que son adultos hasta que envejecen son:

- Pérdida sensorial

- Hipotiroidismo

- Apnea obstructiva del sueño

- Osteoartritis

- Inestabilidad atloaxoidea

- Osteoporosis

- Enfermedad celiaca

- Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (2013; p. 10-17).

Esperanza de Vida de las personas con Síndrome de Down:

Corresponde señalar que la expectativa de vida para las personas con síndrome de Down, en los países más desarrollados, ha aumentado, y -con los cuidados y atenciones debidas- logran llegar de los 56 a 60 años de edad; aunque no se puede dejar de señalar que el proceso de envejecimiento específicamente de la población con síndrome de Down - a razón de su constitución genética-, se acelera en la etapa de la adultez, y empiezan a mostrar características propias de la etapa de la adultez mayor - incluyendo los padecimientos-, aproximadamente después de los 40 años, es decir, unos 20 años antes que el resto de la población.

Según la Sociedad Nacional de Síndrome de Down de Estados Unidos (National Down Syndrome Society), en su “Guía de Salud y Bienestar sobre el Envejecimiento y el Síndrome de Down” (2013; p. 7), los constantes avances en la esperanza de vida de las personas con Síndrome de Down y su envejecimiento acelerado hacen que estas personas requieren de cuidados y apoyos como los que disfrutan las personas adultas mayores sin discapacidad. No obstante, debido al envejecimiento prematuro, las personas con Síndrome de Down deben ser consideradas dentro de la población adulta mayor bajo una edad diferenciada, y además deben de acceder a los mismos servicios y prestaciones definidas por ley sin discriminación alguna.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Reino de España, en conjunto con la Fundación de Síndrome de Down de la Región de Murcia, España, en su manual “Envejecimiento y Síndrome de Down: ¿Qué sigue después del trabajo?” (2020) establecen la realidad de las personas con Síndrome de Down: actualmente han incrementado en casi 30 años su esperanza de vida, pero al mismo tiempo han observado un deterioro anticipado de sus condiciones de salud para enfrentar su adultez y adultez mayor experimentando un envejecimiento prematuro (2020, p. 5). Y añade, en el marco de su perspectiva de envejecimiento saludable para las personas con Síndrome de Down, que las capacidades funcionales, las capacidades intrínsecas el entorno y la lucha contra los estereotipos de las personas adultas mayores forma parte de un envejecimiento saludable para estas personas, tomando en cuenta su envejecimiento prematuro (2020, p. 14-15).

Este enfoque se enmarca también en el Decenio por el Envejecimiento Saludable promovido por la Organización Mundial de la Salud, en el que se establece la importancia del trabajo de los Estados y las sociedades por incrementar la inclusión de todas las personas, en particular de las personas mayores, que tienen ideas y conocimientos que deben ser parte del patrimonio humano, permitiendo el involucramiento y empoderamiento de las personas mayores y sus familias en las comunidades y la sociedad en general, para recibir oportunidades de respeto y cuidado de su envejecimiento saludable (Decenio del Envejecimiento Saludable). Estos aspectos se deben considerar por cuanto la población mundial está envejeciendo con mayor rapidez, y esto incluye a las personas con Síndrome de Down de manera particular.

Abordaje del envejecimiento prematuro de las personas con Síndrome de Down.

No se debe confundir la capacidad funcional, el envejecimiento y la dependencia con el envejecimiento prematuro o el envejecimiento activo.

La capacidad funcional (según Julián Gómez García, en Capacidad funcional del adulto mayor) es un indicador de salud de gran importancia en la población adulta mayor, ya que brinda un acercamiento a la realidad del estado de salud de una persona, siendo que ésta se relaciona con funciones tales como la capacidad de ventilación, la fuerza muscular y el rendimiento cardiovascular, entre otros elementos.

Por su parte, la dependencia se entiende como un estado personal donde convergen cuatro condiciones que confluyen en limitaciones y carencias entre la autonomía personal para vivir de forma independiente: a) que la persona sobrelleve deterioro y falta de autonomía física, mental, sensorial, psíquica o intelectual; b) que en razón de esa carencia la persona tenga limitaciones para el desarrollo de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria c) que exista necesidad de cuidado y apoyo de terceras personas para desarrollar estas actividades y d) que esta necesidad de cuidado y apoyo sea progresivo o permanente.

El envejecimiento es un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre la persona y su medio.

El envejecimiento activo se desprende como característica de los derechos humanos económicos y sociales, y del ámbito de un nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad.

Y, finalmente, el envejecimiento prematuro se deriva de la configuración genética de la persona con Síndrome de Down, que presentan características de una persona de 70 años en una edad prematura, como por ejemplo los 50 años cronológicos. Este desface, se manifiesta marcadamente en las personas con Síndrome de Down.

Marco normativo vigente para respetar y reconocer los derechos de las personas adultas con Síndrome de Down

Nuestra legislación nacional evidencia importantes avances en favor de las personas con discapacidad, en general, pero no visibiliza ciertas condiciones específicas que requieren de particular atención como es el caso del envejecimiento prematuro en la población con síndrome de Down (propiamente por su constitución genética particular); situación que no se presenta con el resto de poblaciones con discapacidad.

Así, en particular, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada en Costa Rica por la Ley N.º 8661) y la Convención Americana de la Persona Mayor (aprobada en Costa Rica por la Ley N.º 9394) establecen con singular claridad el principio de la armonización de la legislación nacional con los tratados internacionales. Además, reconocen las necesidades particulares de las poblaciones por lo que hay lugar para establecer las interpretaciones legales más adecuadas que se ajusten a la realidad de la población de nuestro país.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece con meridiana claridad que las personas adultas mayores con discapacidad -para la CDPD se nombran correctamente como “personas mayores”-, el Estado debe asegurar que los programas orientados a la salud y el nivel de vida adecuado de las personas adultas y personas mayores con discapacidad permitan un bienestar general, una disminución de las condiciones de pobreza y un conjunto de servicios y programas orientados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas condiciones de discapacidad, que involucran limitaciones de largo plazo derivadas de la presencia de enfermedades y otras condiciones vulnerables entre las personas con discapacidad, con especial énfasis en las personas adultas mayores (CDPD, Art. 25 y Art. 28).

Hay un vacío en la legislación actual con respecto a la consideración de las necesidades de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores -o mayores- tomando en cuenta con especial énfasis la situación de las personas con Síndrome de Down, dada su constitución genética, y todo lo que esto implica.

La Ley N.° 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y el resto del cuerpo normativo vigente es omiso a las necesidades y requerimientos de la población con síndrome de Down adulta mayor. A la fecha, no existe ninguna prerrogativa específica en la legislación, orientada a satisfacer las necesidades de las personas adultas con síndrome de Down que, llegadas a una edad, enfrentan mayores barreras u obstáculos que impiden su inclusión efectiva, participación activa y equidad en las condiciones de vida, así como que puedan acceder a los mismos apoyos y beneficios que el resto de la población adulta mayor goza en nuestro país, esto respetando su trayectoria de vida, y siendo así justos para lograr de esta manera, equiparar a la población con síndrome de Down mayor de 40 años, con el resto de la población adulta mayor que no presenta esta condición.

Finalmente, la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, Ley N.º 7935, establece una serie de servicios, beneficios y apoyos a las personas adultas mayores que se brinda mediante una compleja red de instituciones públicas y organizaciones privadas articuladas, pero no considera particularmente las necesidades de las personas con síndrome de Down dado su envejecimiento prematuro.

Este reconocimiento no debe ser inconexo y no puede, solamente, limitarse a las legislaciones más icónicas de las personas con discapacidad. Se observa con claridad que el marco regulatorio de derechos, disposiciones, beneficios, servicios y apoyos para las personas adultas mayores es el marco legal idóneo para reconocer el envejecimiento prematuro de las personas con Síndrome de Down y, por tanto, el marco que requiere una reforma de manera puntual en lo relativo a las necesidades y requerimientos de las personas con Síndrome de Down adulta.

En Costa Rica, no se cuenta aún con un programa para la atención de personas adultas con Síndrome de Down. Esto significa que el conjunto de apoyos que reciben estas personas recae particularmente en sus familiares más cercanos y algunas pocas organizaciones privadas con limitados recursos que no cuentan con las posibilidades de brindar mayores servicios que los que ya se ofrecen, como orientación a las familias para el cuidado, potenciación y derechos de las personas con discapacidad, así como una pequeña red de participación de personas con Síndrome de Down adultas para su interacción y desarrollo social.

Si bien, el ordenamiento jurídico costarricense es exiguo en el reconocimiento de las necesidades particulares de las personas con síndrome de Down, es un avance destacable el otorgamiento de una pensión anticipada para personas trabajadoras con síndrome de Down adoptada por la Caja Costarricense de Seguro Social en el año 2017, mediante modificación de su Reglamento Orgánico Interno. Considerando la autonomía constitucional de la que goza la Caja Costarricense del Seguro Social, este tipo de medidas son aplicables únicamente a esta institución.

Sin embargo, esta ha sido la única acción que se ha realizado en el país, en cuanto al reconocimiento formal de las necesidades propias de la población adulta con síndrome de Down mayor de 40 años, reconociendo su adultez mayor, y siendo consecuentes con este reconocimiento, para poder accesar a un beneficio específico, como lo es la pensión por vejez.

El presente proyecto de ley no pretende, en ninguna manera, consolidar un sistema paralelo, excluyente o segregado de atención y servicios para las personas con síndrome de Down; una medida de este tipo, en particular, sería una medida regresiva y contraria al enfoque de Derechos Humanos y opuesta a la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

Este proyecto pretende reconocer el envejecimiento prematuro de las personas con síndrome de Down para que éstas puedan aprovechar la red de servicios, beneficios y apoyos que están dispuestos por el Estado y las organizaciones privadas, destinados a las personas adultas mayores.

Por todo lo anterior someto a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados, el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMAS Y ADICIONES A VARIOS ARTÍCULOS

DE LA LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA

ADULTA MAYOR, LEY N° 7935

ARTÍCULO 1- Se reforma la definición “Persona adulta mayor” del artículo 2 de la Ley N.° 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, del 25 de octubre de 1999. El texto es el siguiente:

Persona adulta mayor: Toda persona de sesenta y cinco años o más y toda persona con síndrome de Down mayor de cuarenta años.

ARTÍCULO 2- Se adiciona un párrafo segundo al Artículo 12 de la Ley N° 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, del 25 de octubre de 1999. El texto es el siguiente:

Además, el Estado deberá garantizar el desarrollo de todas las medidas pertinentes y suficientes para que, por medio del órgano Rector, las instituciones públicas y las organizaciones privadas prestatarias de servicios, no discriminen ni excluyan a las personas adultas mayores con o sin discapacidad.

ARTÍCULO 3- Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 14 de la Ley N° 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, del 25 de octubre de 1999. El texto es el siguiente:

Toda información que se brinde a las personas adultas mayores deberá ser de fácil comprensión y lectura, en formatos, medios y modos alternativos a fin de que faciliten la información y el empoderamiento de las personas adultas mayores.

ARTÍCULO 4- Se adiciona un inciso d) al Artículo 15 de la Ley N° 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, del 25 de octubre de 1999. El texto es el siguiente:

d) Ejecutar las acciones que sean necesarias para garantizar la no discriminación a las personas adultas mayores con o sin discapacidad en los servicios sociales que brinden.

ARTÍCULO 5- Se adiciona un inciso f) al artículo 31 de la Ley N.° 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, del 25 de octubre de 1999. El texto es el siguiente:

f) Desarrollar acciones de orientación y guía para organizaciones públicas y privadas a fin de realizar las adaptaciones necesarias a los puestos de trabajo de las personas adultas mayores con discapacidad, en coordinación con el órgano Rector y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.

Rige a partir de su publicación.

Catalina Montero Gómez             Welmer Ramos González

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández             Marulin Azofeifa Trejos

Flora María Segreda Sagot           Ignacio Alberto Alpízar Castro

Melvin Ángel Núñez Piña            Mario Castillo Méndez

Luis Antonio Aiza Campos         Dragos Donalescu Valenciano

Nielsen Pérez Pérez                       Aracelly Salas Eduarte

Víctor Manuel Morales Mora      Carmen Irene Chan Mora

Luis Ramón Carranza Cascante Jonathan Prendas Rodríguez

Carolina Hidalgo Herrera             Pablo Heriberto Abarca Mora

Shirley Díaz Mejía                        Enrique Sánchez Carballo

María Inés Solís Quirós                 Luis Fernando Chacón Monge

Aida María Montiel Héctor          Silvia Vanessa Hernández Sánchez

David Hubert Gourzong Cerdas  Ana Karine Niño Gutiérrez

María José Corrales Chacón        José María Villalta Flórez-Estrada

Roberto Hernán Thompson Chacón     Erwen Yanan Masís Castro

Paola Alexandra Valladares Rosado     Erick Rodríguez Steller

Yorleni León Marchena               Otto Roberto Vargas Víquez

Wagner Alberto Jiménez Zúñiga Mileidy Alvarado Arias

Laura Guido Pérez                         Sylvia Patricia Villegas Álvarez

NOTA:        Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021540126 ).

EXONERACIÓN DE PAGO PARA LA PUBLICACIÓN DE

LOS REGLAMENTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES

DE LA PERSONA JOVEN, COMISIÓN PERMANENTE

DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL

DIARIO OFICIAL LA GACETA

Expediente Nº 22.450

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Imprenta Nacional desde su creación ha sido la institución encargada de la edición y publicación de los diarios oficiales, La Gaceta y el Boletín Judicial. Asimismo, se encarga de la recepción de los documentos que el gobierno y los ciudadanos deben publicar en dichos diarios para cumplir con el principio fundamental de publicidad de las leyes y demás actos y acuerdos que así lo requieran, por tanto, son piedra angular de la eficacia y la seguridad jurídica del país.

Mediante la Ley Nº 5359, Ley de Creación de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, artículo 11, se dispone que la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional será quien fije las tarifas que considere convenientes para atender las publicaciones que efectúe. Es decir, las publicaciones que se tramitan en la Imprenta, por regla general, se pagan por quienes tienen interés en su publicidad, debiendo tomar en cuenta para ello los elementos de costo de los materiales de impresión y edición de las publicaciones.

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, establece en su artículo 61 que la exención “es la dispensa legal de la obligación tributaria”, lo que implica que es producto de la potestad tributaria del Estado, la que se manifiesta por medio de una ley de la República, esto de acuerdo con el principio de reserva de ley en materia tributaria contemplado en el artículo 5 del cuerpo de marras, así como en el artículo 121, inciso 13), de la Constitución Política. Asimismo, el numeral 62 del Código Tributario señala las condiciones y requisitos exigidos para tal efecto, indicando lo siguiente:

La ley que contemple exenciones debe especificar las condiciones y los requisitos fijados para otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los tributos que comprende, si es total o parcial, el plazo de su duración (…).

En ese sentido, la Procuraduría General de la República, a través de los Dictámenes C-098-88 del 08 de junio de 1988 y C-94-2010 de 05 de mayo de 2010, ha interpretado que cualquier exoneración al pago que deben realizar los Poderes del Estado a la Imprenta Nacional debe estar expresamente autorizado como tal por el “bloque de legalidad”.

De igual manera, la Procuraduría General de la República, a través del dictamen C-002-2015, de 27 de enero de 2015, hace referencia al artículo 43 del Código Municipal el cual requiere, de forma expresa, que todos los reglamentos municipales sean publicados en el diario oficial La Gaceta.

Artículo 43 del Código Municipal: Toda disposición reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta y regirá a partir de su publicación o de la fecha posterior indicada en ella.

La disposición del artículo 43 del Código Municipal es corolario del principio de publicidad previsto en el artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública, el cual prescribe que los actos administrativos de alcance general, lo cual incluye reglamentos, deban ser publicados en el diario oficial.

Así las cosas, el artículo 43 del Código Municipal establece que toda disposición reglamentaria municipal aprobada deba ser publicada en La Gaceta. Asimismo, la norma legal establece que esos reglamentos solamente surten efectos a partir de su publicación o de la fecha posterior que indiquen, en su caso, esos mismos reglamentos.

Por otra parte, conforme lo dispone el artículo 49 del Código Municipal, Ley Nº 7794 de 30 de abril de 1998, indica en el párrafo del articulado que: “En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven, el cual se considera una comisión permanente de la municipalidad integrada según lo establecido en la Ley Nº 8261, sus reformas y reglamentos.”

A su vez, los comités cantonales de la persona joven, como comisiones permanentes de los concejos municipales, deberán regular su materia mediante un reglamento que funcionará como una herramienta de control y desarrollo de trabajo para estos comités, en donde se debe establecer el procedimiento de elección, conformación, sus responsabilidades y las atribuciones de cada comité en cada cantón, con el fin de planificar, construir, mantener y mejorar el desarrollo de su trabajo en pro de las juventudes, como también las responsabilidades del concejo municipal con el comité cantonal de la persona joven.

Ahora bien, el Reglamento del Comité Cantonal de la Persona Joven debe de ser habilitado y aprobado como así lo indica el Código Municipal; sin embargo, el costo de dicha publicación no puede ser costeado por parte de los comités cantonales de la persona joven, ya que los recursos provenientes del Consejo de la Persona Joven, bajo la Ley Nº 8261, son recursos que deben ser asignados a proyectos específicos, aplicando la política pública vigente.

Ante dicho panorama, actualmente la mayoría de los comités cantonales de la persona joven carecen de reglamentación a pesar de ser una herramienta eficaz para dar resultados cualitativos y cuantitativos en la gestión y desarrollo para las juventudes del cantón.

Por consiguiente, ante la realidad descrita en esta exposición de motivos, el presente proyecto constituye el instrumento legal por medio del cual se pretende exonerar a las municipalidades del país del pago para dar publicidad y publicación, en el diario oficial La Gaceta a los instrumentos jurídicos derivados de las reglamentaciones de los comités cantonales de la persona joven del país, y con ello lograr un trámite mucho más expedito en la publicación y ejecución de los reglamentos desarrollados.

Ante ello, y siendo que los comités cantonales de la persona joven son una comisión permanente de la municipalidad, que deberán velar por la formulación e implementación de programas que incentiven la participación política, social, cultural y económica de las personas jóvenes dentro de su comunidad, resulta entonces necesario realizar esfuerzos y aplicar nuevas metodologías para mejorar el funcionamiento y organización de los comités cantonales de la persona joven, a fin de que los procesos de nombramiento y organización sean transparentes y acordes con las necesidades del cantón, mejorando los procedimientos de conformación y organización del comité cantonal de la persona joven.

En virtud de lo anterior someto a conocimiento de las y los señores diputados el siguiente proyecto de ley: EXONERACIÓN DE PAGO PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, COMISIÓN PERMANENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

EXONERACIÓN DE PAGO PARA LA PUBLICACIÓN DE

LOS REGLAMENTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES

DE LA PERSONA JOVEN, COMISIÓN PERMANENTE

DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL

DIARIO OFICIAL LA GACETA

ARTÍCULO ÚNICO- Exoneración

Se exonera al concejo municipal del pago de las publicaciones requeridas para el trámite de reglamentación de los comités cantonales de la persona joven de su respectivo cantón en el diario oficial La Gaceta.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I- Se otorga un plazo hasta de doce meses, a partir de la publicación de esta ley, para que las municipalidades apliquen o modifiquen el reglamento respectivo en concordancia con las disposiciones de esta ley.

Rige a partir de su publicación.

María José Corrales Chacón

Diputada

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021540131 ).

CIERRE DE RECOPE, APERTURA DEL MONOPOLIO DE

HIDROCARBUROS Y REDUCCIÓN DEL IMPUESTO

ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES PARA CONTRIBUIR

A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Expediente N° 22.451

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) hace muchos años dejó de cumplir una función social y económica relevante para el país y, más bien, se ha convertido en una pesada carga para los bolsillos de los contribuyentes.

Desde el año 2011, RECOPE dejó de refinar petróleo y desde entonces, la entidad se dedicó únicamente a importar y distribuir combustibles.[1] La razón para que esto ocurriera era el proyecto de construir una nueva refinería en conjunto con la empresa china CNPC que, luego de varios años y muchas polémicas, terminó convirtiéndose en un negocio fallido que le costó a los costarricenses mucho dinero.

De acuerdo con el Informe que emitió la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa el 27 de abril de 2017, en ese momento se estimó que el impacto que tuvo ese fracasado proyecto fue de, al menos, $67,7 millones sin que exista un solo beneficio para la ciudadanía costarricense: no hubo refinería, no hubo disminución de la dependencia de mercados internacionales, no hubo reducción de precios ni mejora de la calidad y, peor aún, no se ha sancionado a un solo funcionario público por el desaguisado.[2]

Desde entonces y hasta que el Gobierno tomó la decisión de retirarse el proyecto de la refinería se continuaron gastando cerca de $349 mil anuales para mantener a una oficina con 8 funcionarios que no realizaban ninguna labor.[3]

Como si esa afectación a la Hacienda Pública no fuera suficiente, la institución ha otorgado por años privilegios a sus empleados, a través de convenciones colectivas altamente onerosas y que han venido siendo eliminados por la Sala Constitucional por considerarlos desproporcionados e irrazonables como lo demuestra el voto N° 2019-009226 mediante el cual el Máximo Tribunal señala que “(…) Las Convenciones Colectivas de Trabajo se encuentran sometidas al Derecho de la Constitución; así, las cláusulas convencionales, deben guardar conformidad con las normas y los principios constitucionales de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo, cuando de fondos públicos se trate, sujetos al principio de legalidad presupuestaria”.

Estos abusos, excesos y mala administración de la Refinadora Costarricense de Petróleo vienen siendo advertidos desde hace mucho tiempo. La Contraloría General de la República, en su informe de fiscalización DFOE-AE-IF-00008-2020, del 17 de noviembre de 2020, encontró serias anomalías en los incentivos salariales otorgados por la entidad: durante 2019 y hasta la fecha, RECOPE ha venido pagando en términos porcentuales algunos conceptos amparados en la Convención Colectiva vigente (2016-2019), como lo son los rubros de peligrosidad, calificación y los reconocidos por la ejecución de trabajos expuestos a altas temperaturas, en alturas mayores de diez metros y por mantenimiento de oleoducto en caliente.[4]

También descubrió que no se ha calculado el monto nominal fijo en el pago de la Anualidad a Profesionales reconocida con sustento en el artículo 156 de la citada Convención; ni la anualidad que otorga con sustento en la Ley N° 2166 -denominada Pasos en el artículo 155 convencional- para la clase no profesional. Asimismo, identificó “inconsistencias en el cálculo de la Carrera Profesional durante 2019, referidas por ejemplo al reconocimiento de puntos y horas de participación siendo de aprovechamiento, y viceversa”.

A esto se le suma la nueva convención colectiva aprobada para el periodo 2021-2024, la cual tendrá un costo anual que ronda los ¢46.129 millones[5] en total para favorecer a 1.800 empleados con sobresueldos del 25% por trabajos en altura o a temperaturas elevadas, permisos con goce salarial por paternidad, subsidio de alimentación en sodas institucionales, pago de la totalidad del salario para funcionarios incapacitados, subsidios para compra de lentes, útiles escolares, citas ginecológicas, entre otros. Para el financiamiento de estos privilegios, los consumidores deberán pagar en promedio ¢3.5 colones más por cada litro de combustible.[6]

Y para colmo de males, en el trámite del proyecto N° 22.384, Ley de aporte solidarios y temporal sobre las utilidades de las empresas públicas al pueblo costarricense para el ajuste fiscal, propuesto por el Poder Ejecutivo, la fracción de Restauración Nacional logró obtener información acerca de que RECOPE no tiene utilidades, sino que más bien presenta pérdidas. Según el oficio N° P-0142-2021 del 12 de febrero de 2021, suscrito por el Presidente Ejecutivo de la entidad, Alejandro Muñoz Villalobos, RECOPE tuvo pérdidas por ¢2.116 millones en 2019, mientras que para el 2020 las pérdidas llegaron a los ¢18.024 millones.

En este sentido, tenemos entonces una refinadora que no refina, que incursiona en negocios fallidos que le costaron a los costarricenses casi $70 millones, que sostiene una planilla de 1.800 empleados a los que, por años, les ha reconocido privilegios salariales desproporcionados e irrazonables que seguirían vigentes de no ser por la interposición de diversos recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, todo lo cual hemos tenido que pagar los costarricenses con tarifas elevadas en comparación con el resto de Centroamérica, como se muestra a continuación:

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Los costarricenses ya no pueden seguir soportando el enorme peso que representa RECOPE para sus bolsillos. Las pifias, los excesos y el sobreprecio ya han sido demasiado y es hora de que tomemos una decisión al respecto: cerrar RECOPE y abrir su monopolio.

Este proyecto de ley plantea precisamente ese cierre a través de la venta de sus acciones y activos y la consecuente apertura del monopolio que, por ley, tiene hoy esa entidad para la refinación, importación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional. El propósito es que varias empresas, nacionales o extranjeras, puedan ingresar al mercado y competir, ofreciéndole mejores condiciones en precio a todos los ciudadanos.

Mientras esta venta se concreta, RECOPE seguirá operando en las mismas condiciones que ha venido haciéndolo, excepto en cuanto al monopolio, de forma tal que tendrá que volverse eficiente para competir, como ya lo han hecho el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de Seguros luego de su apertura como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Adicionalmente se propone una reducción del 50% de la tarifa del impuesto único a los combustibles, con el objetivo de compensar las limitaciones a la libre circulación de vehículos impuestas a la ciudadanía en el marco de la atención de la emergencia por el COVID-19 así como para contribuir a la reactivación de la economía.

En la medida que el precio de los combustibles baje, tendremos mayor dinamismo y competitividad en sectores como industrias y transporte, al tiempo que se reducirán los costos operativos de miles de empresas, en especial pequeños y medianos negocios, lo cual les permitirá comenzar a recuperarse de la crisis económica que provocó la pandemia, conservando los empleos existentes y contratando a más personas en la medida que mejore su situación. Además, los consumidores se verán altamente beneficiados porque esa reducción en el impuesto hará que el precio de los combustibles baje y con ello también disminuirán sus gastos, lo que significa que tendrán más dinero en el bolsillo para consumir y satisfacer sus necesidades.

Actualmente, el impuesto a los combustibles representa el 41% del precio final para la gasolina súper, el 40.2% para la gasolina regular y el 27.8% del diésel.[7] De esta forma, una rebaja del 50% de la tarifa del impuesto podríamos incidir de manera importante sobre el precio final de los combustibles.

 

Tomando como referencia los datos aportados por la Resolución de la Intendencia de Energía N° 0010-IE-2021 del 26 de febrero de 2021, la reducción planteada en este proyecto de ley podría tener el siguiente impacto en los precios de los combustibles que pagamos todos los costarricenses:

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Ciertamente esta reducción impactaría la recaudación del tributo, que en 2019 alcanzó los ¢552.016 y en 2020 fue de ¢436.383 millones, claro está, como consecuencia de la pandemia.[8] También es verdad que 48.6% de los recursos de este impuesto van dirigidos a atender diferentes necesidades como lo son la conservación y mantenimiento de vías nacionales por medio de CONAVI (21.75%). la atención de la red vial cantonal (22.25%), el pago de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (3.5%), el pago de los beneficios ambientales agropecuarios que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería (0.1%), la transferencia al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (1%) y una partida a favor de la Cruz Roja Costarricense.

Sin embargo, con este proyecto las instituciones beneficiadas por este impuesto no se verían perjudicadas, pues la porción que les corresponde no sería la que se deje de percibir, sino que sería la que va para el Gobierno Central. Sin embargo, la afectación que se generaría se compensa por el crecimiento de la actividad económica, el aumento del empleo y una mayor recaudación por concepto de los impuestos de valor agregado y renta, entre otros, por lo que sería un sacrificio temporal similar al que se le pidió a todos los costarricenses del sector privado, cuando vieron reducidos sus ingresos, incluso hasta la mitad, para no perder su empleo en medio de la pandemia.

En virtud de los argumentos aquí planteados, se somete a consideración de los diputados y diputadas el siguiente proyecto de ley.

ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPUBLLICA DE COSTA RICA

DECRETA

CIERRE DE RECOPE, APERTURA DEL MONOPOLIO

DE HIDROCARBUROS Y REDUCCIÓN DEL IMPUESTO

ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES PARA CONTRIBUIR

A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO I

AUTORIZACIÓN DE VENTA DE ACCIONES Y ACTIVOS

ARTÍCULO 1- AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE ACCIONES Y ACTIVOS DE RECOPE.

Se autoriza al Estado, por medio del Consejo de Gobierno, a vender las acciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (RECOPE) y sus activos. En caso de concretarse dicha venta, los recursos generados se utilizarán para liquidar las obligaciones laborales y financieras existentes y de quedar un remanente, se destinará exclusivamente para el pago del Servicio de la Deuda.

CAPÍTULO II

APERTURA DEL MONOPOLIO

ARTÍCULO 2- APERTURA DEL MONOPOLIO SOBRE LA IMPORTACIÓN, REFINACIÓN, DISTRIBUCIÓN AL MAYOREO DE PETRÓLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS.

Se establece la apertura del monopolio de RECOPE sobre la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional.

Bajo el principio de libre competencia, todos los sujetos de Derecho Público o Privado podrán realizar la actividad comercial de refinación, importación, transporte y distribución al por mayor y al detalle de hidrocarburos y todos sus derivados, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los consumidores a nivel nacional.

ARTÍCULO 3- NECESIDAD DE CONCESIÓN.

Para la realización de las actividades descritas en el artículo anterior, la persona física o jurídica interesada requerirá obtener una concesión otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), así como pagar un canon de fiscalización que se definirá vía reglamento.

ARTÍCULO 4- INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, SERVIDUMBRES Y DERECHOS DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE POLIDUCTOS Y OLEODUCTOS.

Una vez concretada la venta se autoriza al Consejo de Gobierno a trasladar, a título gratuito, al MINAE la titularidad sobre la infraestructura, equipos, servidumbres, derechos de vía de las líneas de poliductos y oleoductos y sus ramales y cualquier otro activo que tuviese RECOPE en el territorio nacional, para el desempeño de sus funciones.

El MINAE administrará estos activos y los pondrá a disposición de las empresas concesionarias, las cuales deberán pagar un canon por su utilización que se fijará en el reglamento respectivo tomando como parámetro los precios que se cobran por el trasiego de combustibles a través de poliductos en diferentes países, así como en los criterios de buen funcionamiento de las instalaciones y eficiencia económica.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN TEMPORAL DE OPERACIÓN DE RECOPE

ARTÍCULO 5- OPERACIÓN TEMPORAL DE RECOPE

Mientras no se concrete la venta de RECOPE, esta entidad podrá continuar desarrollando sus actividades, pero en un entorno legal de competencia.

Sin embargo, deberá poner a disposición de las empresas competidoras el uso de todas sus instalaciones, activos, equipos, servidumbres y derechos de vía de las líneas de poliductos y oleoductos, por los que cobrará un alquiler.

Los recursos generados por ese alquiler deberán reservarse para el pago de las futuras liquidaciones de los funcionarios.

CAPÍTULO IV

REDUCCIÓN TEMPORAL DEL IMPUESTO

ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES

ARTÍCULO 6- REDUCCIÓN TEMPORAL DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES.

Por un plazo de un año, contado a partir de la publicación de esta ley, se establece una reducción del cincuenta por ciento (50%) en la tarifa del impuesto único a los combustibles establecida en el artículo 1 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley N° 8114 del 9 de julio de 2001, con el objetivo de compensar las limitaciones a la libre circulación de vehículos impuestas en el marco de la atención de la pandemia por el COVID-19 así como para contribuir a la reactivación de la economía.

Esta reducción no aplicará para la proporción que se encuentra destinada a cumplir con las transferencias señaladas en el artículo 5 de dicha Ley.

CAPÍTULO V

REFORMAS Y DEROGATORIAS LEGALES

ARTÍCULO 7- REFORMAS A OTRAS LEYES.

Refórmense los artículos 1, 3, 5, 8, 9 y 20 de la Ley de Hidrocarburos, Ley Nº 7399, de 3 de mayo de 1994, cuyo texto dirá:

Artículo 1- El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible, de las fuentes y depósitos de petróleo y de cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional, sobre las cuales ejercerá soberanía completa y exclusiva o jurisdicción especial, a tenor del artículo 6 de la Constitución Política.

No obstante, la refinación, importación, transportación y distribución de estas sustancias puede ser desarrollada por cualquier sujeto de Derecho público o de Derecho privado, previa concesión otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía.

Articulo 3- Créase la Dirección General de Hidrocarburos, como el órgano técnico especializado del Ministerio de Ambiente y Energía, a cuyo cargo estarán los trámites y los procedimientos tendientes a formalizar y a ejecutar correctamente los contratos que el Poder Ejecutivo suscribirá para la exploración y explotación de los hidrocarburos, así como tramitar y aprobar las concesiones para la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional.

Sin perjuicio de otras tareas que le sean delegadas, le corresponderán las siguientes funciones específicas:

a)       Elaborar los carteles de las licitaciones públicas y los contratos de concesión para someterlos a la aprobación del Consejo Técnico.

b)       Analizar las ofertas para la exploración y la explotación de los hidrocarburos y remitir las recomendaciones técnicas respectivas al Poder Ejecutivo, por medio del Consejo Técnico.

c)       Fiscalizar las actividades desarrolladas por los contratistas y concesionarios.

d)       Analizar la concurrencia de causales de nulidad o de caducidad de los contratos y concesiones y elevar su recomendación al Poder Ejecutivo, por medio del Consejo Técnico.

e)       Recomendar al Poder Ejecutivo la procedencia o la improcedencia de la cesión, parcial o total, de los contratos y de las concesiones.

f)        Analizar y recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento de las prórrogas solicitadas por los contratistas y concesionarios.

g)       Determinar la tasa máxima de eficiencia productiva (MEP).

h)       Llevar los registros citados en los artículos 20 y 21 de la presente Ley.

i)        Aprobar la información presentada por los contratistas y concesionarios.

j)        Dar por satisfechos los requisitos a los cuales se refiere el artículo 22 de esta Ley.

Artículo 5- El Poder Ejecutivo, en ejercicio de las competencias asignadas en esta Ley, tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a)       Adoptar los métodos y sistemas de trabajo que aseguren el mayor rendimiento y economía en las actividades reguladas en esta Ley.

b)       Celebrar toda clase de actos y contratos en las actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos establecidas en esta Ley.

c)       Autorizar la concesión de la administración, exploración, explotación y manejo de los campos petroleros y gasíferos, oleoductos, refinerías y, en general, los bienes muebles e inmuebles que le correspondan, de acuerdo con la presente Ley.

d)       Destinar a la satisfacción de las necesidades del consumo interno todo el petróleo y el gas natural a los que tenga derecho, con ocasión de los contratos que suscriba; asimismo, podrá vender los excedentes en el mercado nacional o internacional.

e)       Contratar, con entidades nacionales o extranjeras, empréstitos que deberá aprobar la Asamblea Legislativa. Los créditos se aplicarán exclusivamente a las obras, los trabajos y los demás objetivos propuestos en los planes elaborados con anterioridad.

f)        Vigilar el buen estado de los campos petrolíferos o gasíferos, sus instalaciones y dependencias y tomar las medidas pertinentes para su adecuado mantenimiento.

Cuando legalmente proceda, algunas de estas atribuciones podrán delegarse en la Dirección General de Hidrocarburos.

Artículo 8- No podrán ser designados como miembros del Consejo Técnico las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

(…)

e)       Estar ligado, por relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, con dueños, directivos o miembros de la Alta Gerencia de cualquier empresa que participe en las actividades descritas en esta ley.

Artículo 9- El Consejo Técnico tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a)       Desarrollar la política en materia de hidrocarburos dictada por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la política energética del país.

b)       Aprobar el plan anual de actividades de la Dirección General de Hidrocarburos.

c)       Recomendar las áreas del territorio nacional que pueden ser contratadas y/o concesionadas.

d)       Aprobar y recomendar al Poder Ejecutivo los carteles de licitación pública para la exploración y la explotación de los hidrocarburos y la concesión de las actividades señaladas en esta ley.

e)       Recomendar al Poder Ejecutivo, suscribir los contratos sometidos a su consideración la Dirección General de Hidrocarburos.

Artículo 20- La Dirección General de Hidrocarburos llevará un registro especial en el que se inscribirán los contratos, las concesiones, reducciones, prórrogas, renuncias, nulidades, caducidades, cancelaciones, expropiaciones, servidumbres y, en general, todos los actos referentes a las actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos.

El registro será público y cualquier persona podrá examinar y solicitar copias autorizadas y certificaciones. El interesado pagará su costo.

En el Reglamento de esta Ley se determinarán la forma, las solemnidades y los requisitos de las inscripciones.

ARTÍCULO 8- DEROGATORIAS.

Deróguense las siguientes disposiciones:

a)       El inciso b) del artículo 443 del Código Fiscal, Ley N.º 8 del 31 de octubre de 1885.

b)       El artículo 3 de la Ley que traspasa acciones de RECOPE al Gobierno de Costa Rica, Ley N° 5508 del 17 de abril de 1974

c)       El artículo 4 de la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), Ley N.º 6588 del 30 de julio de 1981.

d)       La ley que crea el monopolio en favor del Estado para la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo, sus combustibles, derivados, asfaltos y naftas, Ley N.º 7356 del 24 de agosto de 1993.

e)       El artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos, Ley Nº 7399 del 3 de mayo de 1994.

f)        El inciso d) del artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley Nº 7593 del 9 de agosto de 1996.

Rige a partir de su publicación.

Carlos Luis Avendaño Calvo                 Melvin Ángel Núñez Piña

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Mileidy Alvarado Arias

Floria María Segreda Sagot                    Erick Rodríguez Steller

María Inés Solís Quirós                           Walter Muñoz Céspedes

Otto Roberto Vargas Víquez

Diputados y diputadas

NOTA:   Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021540132 ).

CREACIÓN DEL MUSEO DE LA DEMOCRACIA.

Expediente N° 22.452

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El icónico edificio que por mucho tiempo coronó “Cuesta de Moras” tiene una historia que se encuentra atada desde sus inicios a la política costarricense. La edificación que conocemos como “Castillo Azul” ha sido durante mucho tiempo uno de los símbolos del primer poder de la República, el Poder Legislativo, y lleva impregnada en sus paredes la historia de nuestra Costa Rica democrática.

Es por esto que al momento en que se hace la transición hacia un nuevo “hogar” legislativo, el nuevo edificio que albergará a la Asamblea Legislativa, surge la iniciativa de mantener este espacio como testigo de los procesos que le dieron forma a nuestro país. ¿Cómo hacerlo? Convirtiendo al espacio de “Castillo Azul” en un Museo que recupere tanto su propia historia como la de la democracia costarricense.

La edificación denominada “Castillo Azul” fue encargada en 1911 por parte del señor Máximo Fernández Alvarado, líder del Partido Republicano, quien aspiraba a la presidencia de la República y planeaba dicho espacio como Casa Presidencial y residencia personal. Es así como fue diseñado por la Casa Hennebique de París, Francia, y construido por el Grupo de Ingenieros Andreoli e Induni en 1912. Sin embargo, el apodo que mantiene hasta hoy se le atribuye al ingenio popular, que lo denominó Castillo Azul por su arquitectura y porque en su parte superior tenía un mirador con vidrios azules. Además, se trata de un inmueble de arquitectura de influencia victoriana y neoclásica.

En el año 1914 se convierte en Casa Presidencial y para marzo del 1922 fue adquirida para ser sede diplomática de los Estados Unidos, hasta el año 1954 cuando la adquiere el doctor Carlos Manuel Gutiérrez Cañas, quien la habitó hasta que se vendió a la Asamblea Legislativa en 1989, para que formara parte de las edificaciones de la misma, ocupando el espacio físico y simbólico que ha tenido hasta la actualidad.

Tras ser declarado monumento nacional 1976 mediante Decreto Ejecutivo N° 6493-C, y de igual manera, a finales del 2015, recibió la declaratoria como Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica mediante el Decreto Ejecutivo N° 39301-C de fecha 10 de diciembre del 2015, señalando entre sus justificaciones las siguientes:

“La antigüedad de la vivienda la sitúa, precisamente, como una de las más antiguas del distrito Carmen de la ciudad de San José y con un alto grado de autenticidad. Constituyéndose en un ejemplo de la arquitectura victoriana capitalina digna de preservar. Dentro de este valor cabe también señalar que por su importancia simbólica generada a lo largo del uso que ha tenido, se ha producido en la ciudadanía el reconocimiento de que la vivienda es la sede de uno de los poderes constitucionales del país; por tanto, es claramente reconocible e identificable en el marco de las otras edificaciones patrimoniales que se encuentran en su alrededor” (estudio para la declaratoria como Patrimonio Histórico Arquitectónico).

Es decir, no resulta nuevo el interés en preservar este espacio simbólico. Vale destacar que el inmueble se suma a una serie de edificaciones de gran valor histórico y patrimonial:

“Esta edificación josefina quedó entonces integrada a un conglomerado arquitectónico, histórico y patrimonial. Este se encuentra conformado, en primer lugar, por el circuito legislativo, el cual incluye, también, al edificio de la Asamblea Legislativa, diseñado por José María Barrantes; a la Casa Rosada o casa de Carlos Salazar (de adobe) y al antiguo Colegio de Sion, diseñado, según Ofelia Sanou, por una de las religiosas de Sion y ejecutada su obra por Pedro Albertazzi (2010, p. 192).”

Asimismo, dicho espacio se encuentra flanqueado por el Museo Nacional, antiguo Cuartel Bellavista y el Parque Nacional con su icónico Monumento Nacional. Además, se encuentra a escasos metros del Tribunal Supremo de Elecciones, del Museo del Jade y Arte Precolombino y del Centro Nacional de la Cultura (CENAC), Antigua Fábrica Nacional de Licores.

Es decir, la ubicación privilegiada del Castillo Azul, hacen de este espacio un punto de referencia consolidado y clave en el mosaico cultural, artístico y político josefino.

El objetivo del presente proyecto es convertir al inmueble conocido como Castillo Azul en un museo. Su historia, su ubicación y su vínculo con la política costarricense hace de este un espacio idóneo para recuperar, conservar y educar sobre la historia política pasada y presente de Costa Rica, así como sobre los hitos de su democracia y procesos democráticos. Esto se suma al hecho de que el edificio en sí es un espacio icónico de San José con una colección de arte y objetos que han sido testigo y reflejo del camino hacia la democracia representativa que actualmente tenemos.

Según el Consejo Internacional de Museos, más conocido por sus siglas ICOM, (International Council of Museums), organización internacional no gubernamental de los museos y profesionales de museo, en el artículo 3 apartado primero de sus estatutos, define a un museo como “Un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, transmite y expone el patrimonio tangible e intangible de la humanidad y de su entorno para la educación, el estudio y el deleite”. Basta decir que este espacio ya tiene un papel icónico en la ciudad de San José, y dentro de la Asamblea Legislativa, por ser donde actualmente se ubican por ubicarse las oficinas del Directorio del Primer Poder de la República. Por lo mismo, se estima que reciben un promedio de 2600 visitantes anuales, entre visitas guiadas para escolares, colegiales, extranjeros y nacionales, que recorren los diferentes salones de los edificios históricos, y asisten a diversas actividades y reuniones con los señores y señoras diputadas.

La creación de un Museo en este espacio generará que sean aún más las personas que visiten el mismo, y que además, puedan aprender no sólo sobre el icónico espacio, sino también de la historia política costarricense vinculado al Castillo Azul. En el contexto de la construcción de un nuevo espacio para la Asamblea Legislativa, esta posibilidad es aún más importante.

La historiadora Mora Chinchilla en su libro “El Castillo Azul: ícono de un cambio de era” argumenta claramente la relevancia de este espacio como un museo e indica:

“La construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa muy pronto le permitirá a la presidencia de este poder establecerse en otras oficinas. El actual despacho de la presidencia legislativa, por lo tanto, debería convertirse en un museo. Situada en lo alto de Cuesta de Moras de San José, esta hermosa casa guarda un pasado político e histórico de Costa Rica digno de preservarse.”

Mora Chinchilla va más allá y sugiere la temática que él mismo podría tener: “Un museo público, de acceso libre a toda la población, permitiría el acercamiento a diversas temáticas como, por ejemplo, la historia del sufragio, del Poder Legislativo y su quehacer diario; el voto femenino y las mujeres, su historia política, la defensa de sus derechos; lo que ha contribuido a hacer más equitativo nuestro pequeño mundo y, por qué no, las grandes manifestaciones populares en oposición a algunas leyes que han presentado gran polémica, por ejemplo, ALCOA (1970), Combo del ICE (1999-2000), TLC (2007), además de otros proyectos y leyes que han conmovido a la sociedad costarricense. El pasado, si bien no es un territorio nuestro en su totalidad, tampoco deja de ser ajeno y debe ser útil para conocernos y reconocernos como sociedad.”

Sin duda, que este espacio pase de ser el testigo de tantos hitos políticos costarricenses a convertirse en un lugar para educar y compartir sobre dichos hitos, será clave para la preservación de nuestra historia. Asegurarse de la creación de un Museo en el Castillo Azul será la base para la generación de un espacio innovador que conserve la esencia de la historia política costarricense y de que este inmueble esté al alcance tanto de ciudadanos y ciudadanas costarricenses, como de las personas que nos visitan desde todas las partes del mundo.

En virtud de lo indicado, se somete a consideración de las señoras y señores diputados, el siguiente proyecto de ley para su estudio y pronta aprobación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA DECRETA:

CREACIÓN DEL MUSEO DE LA DEMOCRACIA.

ARTÍCULO 1-          Creación del Museo de la Democracia Créase el Museo de la Democracia, que será una dependencia de la Asamblea Legislativa, como un espacio cívico, pedagógico y cultural, en aras de facilitar el estudio del sistema democrático, sus instituciones y los valores de la sociedad costarricense.

ARTÍCULO 2-          Sede del Museo de la Democracia El Museo de la Democracia tendrá su sede en el inmueble inscrito en la Sección Propiedad del Registro Público, folio real número N.º 55898, con plano catastrado N.º SJ-5728-76, de la provincia de San José, cantón Central, distrito Carmen, propiedad de la Asamblea Legislativa de Costa Rica (Poder Legislativo), cédula jurídica N.º 2-200-042153. Este inmueble, propiedad de la Asamblea Legislativa, fue declarado Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, bajo la categoría de monumento, mediante decreto ejecutivo N.º 39301-C del 10 de diciembre del 2015, y se destinará exclusivamente al Museo aquí creado.

ARTÍCULO 3-          Objetivos del Museo

Serán los objetivos del Museo de la Democracia los siguientes:

-    Conservar y exponer las colecciones de patrimonio cultural tangible que conserva la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, así como el edificio patrimonial Castillo Azul que además es símbolo del poder legislativo costarricense y por ende de la democracia costarricense.

-    Divulgar, investigar y educar sobre la historia política y la institucionalidad que “conserva”.

-    Poner en valor los bienes patrimoniales que alberga la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica y el edificio patrimonial Castillo Azul en procura de conservar y divulgar la vida y tradición legislativa costarricense.

-    Promover y desarrollar acciones tendientes a la investigación de la histórica política e institucionalidad de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica para ofrecer contenido museográfico sobre su papel y aportes para el país.

-    Generar una oferta expositiva sobre la vida política costarricense como ejemplo de una de las democracias más sólidas de la región que invite a los ciudadanos y visitantes a reflexionar sobre la vida en democracia y el ejercicio que esta ha tenido sobre la vida de cada uno de los habitantes del territorio nacional.

-    Creación de un espacio pedagógico, cívico y cultural en torno a la democracia costarricense. - Efectuar actividades relativas a la capacitación, educación y divulgación, en torno a la materia legislativa e histórica de Costa Rica.

-    Organizar y brindar actividades en formación en democracia y de carácter académico.

-    Facilitar la puesta en marcha de exhibiciones temporales sobre fomento a la cultura democrática, formación en valores democráticos y conocimiento del desarrollo de procesos electorales.

ARTÍCULO 4- Consejo Directivo del Museo El Museo será administrado por un Consejo Directivo que se integrará de la siguiente manera:

a)  Un representante de la Asamblea Legislativa, designado por el Directorio Legislativo.

b)  Un representante del Museo Nacional de Costa Rica.

c)  Un representante de el Tribunal Supremo de Elecciones.

Este Consejo Directivo se reunirá por lo menos cuatro veces al año y sus miembros trabajarán en forma ad honorem no devengará dieta o estipendio alguno; permanecerán cuatro años en sus cargos.

ARTÍCULO 5- Funciones del Consejo Directivo El Consejo Directivo desempeñará las siguientes funciones: a) Administrar el Museo de la Democracia. b) Proponer a la Asamblea Legislativa, en la fecha que este determine, el proyecto de presupuesto anual del Museo. c) Coordinar con la Fundación Pro Museo de la Democracia, la ayuda que este le preste.

d)  Recomendar a la Asamblea Legislativa, la celebración de convenios que contribuyan a los fines de esta ley.

e)  La aprobación de programas y agendas de trabajo relacionadas con las labores del Museo.

f)  Presentar cada año a la Asamblea Legislativa, el informe de labores.

g)  En general cumplirá ampliamente los fines para los cuales fue creado el Museo.

ARTÍCULO 6- Patrimonio Formarán parte del patrimonio del Museo de la Democracia, a excepción de los documentos que pertenezcan al Archivo Nacional, los bienes en custodia del Museo Nacional de Costa Rica y de otros museos del país; todos los objetos y documentos relacionados con la democracia costarricense y la emisión de leyes, en poder de las instituciones del Estado y de los particulares, y todo aquello que, por su índole, y a criterio técnico del Consejo Directivo del Museo-forme parte del patrimonio histórico cultural de la historia política y democrática de Costa Rica. Se establecerá la propiedad de dichos bienes y aplicará, en cada caso, el procedimiento legal para incorporarlos al patrimonio del Museo.

ARTÍCULO 7- Financiamiento.

El Museo de la Democracia será financiado mediante la recaudación y administración de los recursos provenientes de lo siguiente:

a)  Las donaciones, transferencias y subvenciones, en efectivo recibidas por el Poder Ejecutivo, así como de empresas e instituciones estatales, autónomas y semiautónomas, las cuales quedan autorizadas para este efecto.

b)  Las donaciones en efectivo, las obras y servicios provenientes de personas físicas o jurídicas, de entidades o de organismos privados, nacionales e internacionales, que el Museo obtenga por sí o por la Fundación.

c)  El cobro de los servicios y actividades que el Museo realice.

ARTÍCULO 8- Recepción de donaciones.

Se autoriza a la Asamblea Legislativa para que reciba donaciones, transferencias o subvenciones de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos privados, nacionales e internacionales, con el único fin de cumplir los objetivos del Museo. De igual manera, queda autorizada a la Asamblea Legislativa para que reciba del Poder Ejecutivo, así como de empresas e instituciones estatales, autónomas y semiautónomas, subvenciones, donaciones y transferencias cuyo fin exclusivo sea cumplir los objetivos del Museo.

ARTÍCULO 9- Fiscalización

El Museo de la Democracia y la Fundación Pro Museo de la Democracia quedarán sujetos a la fiscalización de la Auditoría de la Asamblea Legislativa y de la Contraloría General de la República.

ARTÍCULO 10- Colaboración técnica

El Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica por medio del Museo Nacional de Costa Rica, de acuerdo con sus posibilidades de recurso humano y operativo, le brindará al Museo el apoyo y asesoría en el campo museístico, por medio de la unidad correspondiente.

ARTÍCULO 11- Celebración de convenios de cooperación

La Asamblea Legislativa podrá celebrar convenios de cooperación con entes públicos o privados, para que contribuya en el desarrollo del Museo.

TRANSITORIO ÚNICO- Los convenios de cooperación que haya suscrito la Asamblea Legislativa en torno a la materia objeto de esta regulación, se mantendrán vigentes por el plazo que le reste a los mismos en tanto sean acordes a las disposiciones de la presente ley. Para lo cual el Consejo Directivo deberá dar seguimiento a los mismos.

Rige a partir de su publicación.

Laura María Guido Pérez               Carolina Hidalgo Herrera

Enrique Sánchez Carballo             María Vita Monge Granados

Carlos Ricardo Benavides Jiménez            Luis Fernando Chacón Monge

Jorge Luis Fonseca Fonseca          Luis Antonio Aiza Campos

Jonathan Prendas Rodríguez         Floria María Segreda Sagot

Mileidy Alvarado Arias                  Catalina Montero Gómez

Nielsen Pérez Pérez                         Ana Karine Niño Gutiérrez

Víctor Manuel Morales Mora       José María Villalta Flórez-Estrada

Luis Ramón Carranza Cascante   Mario Castillo Méndez

Wagner Alberto Jiménez Zúñiga  Roberto Hernán Thompson Chacón

María José Corrales Chacón         Daniel Isaac Ulate Valenciano

Silvia Vanessa Hernández Sánchez           Yorleny León Marchena

Ana Lucía Delgado Chacón          Aida María Montiel Héctor

Erwen Yanan Masís Castro           Otto Roberto Vargas Víquez

Zoila Rosa Volio Pacheco             Sylvia Patricia Villegas Álvarez

Eduardo Newton Cruikshank Smith           Dragos Dulanescu Valenciano

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021540134 ).

DECRETOS

N° 42877-MEP-MEIC-MTSS-MIDEPLAN-MCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,

LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO,

LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,

LA MINISTRA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

Y POLÍTICA ECONÓMICA, Y LA MINISTRA

DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, 140 incisos 8), 18), 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1, 27 inciso 1, 28 inciso 2, acápite b), Ley General de la Administración Pública, Ley NP 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas; y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley NP 6968 del 02 de octubre de 1984; y

Considerando:

I.—Que el artículo 50 de la Constitución Política establece que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza (...)”. Para el cumplimiento de este deber, el Estado debe orientar la política social y económica en el territorio nacional, con la finalidad de mejorar la productividad y alcanzar el bien común.

II.—Que de conformidad con el artículo 9 Constitucional, la participación de la ciudadanía representa un principio esencial para el Estado social democrático de Derecho, por lo que se debe fomentar el diálogo de manera permanente entre el Estado y los diferentes actores sociales, que permita a las personas formar parte de las decisiones de interés público, así como la planificación de políticas públicas que busquen el desarrollo económico y social.

III.—Que en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022, el Área de Articulación de Seguridad Humana, se encuentra directa e indirectamente vinculada con la realización de acciones para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número cinco denominado “Igualdad de género y empoderamiento de la mujer” y número diez “Reducción de las desigualdades”, los cuales buscan adoptar políticas sólidas que empoderen a las mujeres y promuevan la inclusión económica de todos y todas, independientemente de su género, raza o etnia.

IV.—Que Costa Rica como sede del Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se ha comprometido al cumplimiento de la Agenda 2030, el cual mediante su Objetivo de Desarrollo número cinco “Igualdad de género y empoderamiento de la mujer” insta a los Estados partes a la creación de un modelo de desarrollo más inclusivo que asegure la erradicación de toda forma de discriminación contra las mujeres.

V.—Que de acuerdo con los cuatro ejes estratégicos de la Política Nacional para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG) 2018-2030, se establece que el Estado debe definir acciones públicas enfocadas en el empleo y la educación de las mujeres, promoviendo con ello la igualdad efectiva de género.

VI.—Que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Ley NP 6968 del 02 de octubre de 1984, establece en su artículo número 3 que: “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

VII.—Que el Panel de Alto Nivel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, de Naciones Unidas, realizó un llamado a la acción para desarrollar la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, y dar respuesta a la urgente necesidad de intensificar las acciones para cerrar las brechas de género y garantizar el pleno empoderamiento económico de las mujeres.

VIII.—Que el Consenso de Montevideo en sus acuerdos 47 y 50 reitera que la protección a los derechos de las mujeres y su autonomía, constituyen un compromiso fundamental de los gobiernos para avanzar hacia el desarrollo con igualdad.

IX.—Que el empoderamiento económico de las mujeres constituye uno de los ejes estratégicos en el desarrollo pleno de nuestras sociedades, ya que, por medio de la inclusión plena y efectiva de las mujeres en los sectores productivos, lograremos impactar otras dimensiones de la igualdad.

X.—Que de acuerdo con los datos señalados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), si Costa Rica continúa con las desigualdades de género en cuanto a la participación y oportunidades laborales y empresariales entre hombres y mujeres, se estima que la pérdida de ingreso a largo plazo será de un 22% en la economía nacional.

XI.—Que a partir de la articulación interinstitucional y de las alianzas público-privadas, es importante generar un espacio de mayor coordinación, de diálogo y de generación de acuerdos en torno al aumento de la participación económica de las mujeres.

XII.—Que el funcionamiento de una Comisión de Alto Nivel para analizar y desarrollar propuestas interinstitucionales e intersectoriales que permitan la participación igualitaria de las mujeres en los procesos económicos del país, se suma a los esfuerzos del país para garantizar el mejoramiento de la ejecución de planes de acción, asimismo constituirá un mecanismo eficaz para lograr los propósitos mencionados y coordinar la ejecución de los planes relacionados con el Programa Ganar-Ganar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sello de Igualdad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Iniciativa de Paridad de Género (IPG), así como otras acciones impulsadas por los órganos gubernamentales y organismos internacionales.

XIII.—Que la actual Administración ha planteado, continuar con los esfuerzos realizados en las administraciones pasadas, en relación con la igualdad de género y en particular el empoderamiento económico de las mujeres, como un eje estratégico y transversal de las políticas públicas, adoptando con ello medidas especiales encaminadas a acelerar la inclusión de las mujeres en la vida económica, social y política. Por lo que resulta de importancia la creación de una comisión de alto nivel para garantizar la participación igualitaria de las mujeres en los procesos económicos del país, el cual permitirá identificar e implementar medidas articuladas para la formulación de planes de acción para la igualdad de oportunidades.

XIV.—Que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 12 del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012; no se procedió a llenar la Sección I denominada “Control Previo de Mejora Regulatoria” del “Formulario de Evaluación Costo Beneficio”, al no contener esta propuesta, trámites, requisitos o procedimientos que deba cumplir el administrado. Por tanto,

Decretan:

“CREACIÓN Y DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO

DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA

PARTICIPACIÓN IGUALITARIA DE LAS

MUJERES EN LOS PROCESOS

ECONÓMICOS DEL PAÍS”

Artículo 1º—Creación. Créase la Comisión de Alto Nivel para la Participación Igualitaria de las Mujeres en los Procesos Económicos del País, para desarrollar y analizar propuestas, con un enfoque interinstitucional e intersectorial, que propicien la participación igualitaria de las mujeres en los procesos económicos del país, en adelante denominada la “Comisión”, como órgano de coordinación del Poder Ejecutivo.

Artículo 2º—Objetivo. Esta Comisión tendrá como objetivo procurar la articulación interinstitucional e intersectorial, el diálogo y el establecimiento de acuerdos público- privados, así como la formulación e implementación de políticas, acciones estratégicas y programas de Gobierno, dirigidos a promover la participación igualitaria de las mujeres en los procesos productivos, para generar un crecimiento económico inclusivo, equidad de género y la erradicación de la pobreza económica.

Artículo 3º—Asuntos de Conocimiento en la Comisión. La Presidencia de la Comisión someterá a discusión, previa coordinación con las instancias del sector público y privado, los asuntos de conocimiento y bajo los lineamientos para su ejecución, en el marco de las competencias legales de cada institución representada en la comisión.

Artículo 4º—Coordinación de la Comisión. El trabajo de la Comisión y específicamente los planes anuales de trabajo serán articulados con la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres PIEG 2018-2030, específicamente con el Plan de Acción 2019-2022. Lo anterior para respaldar la coherencia y el carácter estratégico de esta Política instituida mediante Decreto N° 41115-MP-MCM, del 06 de marzo del 2018, y definida por la Presidencia de la República y la Contraloría General de la República como instrumento país para brindar el informe de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), objetivo 5, en virtud de lo cual debe abonar el trabajo de la Comisión. Para tales efectos, el Enlace Técnico elaborará y presentará para aprobación de la Comisión, un procedimiento específico de coordinación permanente y trabajo integrado, máximo 3 meses después de la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo 5º—Integrantes de la Comisión. La Comisión estará integrada por un(a) representante en su figura de máxima jerarquía institucional y gremial o a quien este designe en su representación, de las siguientes instituciones y organizaciones representativas:

a)  La Presidencia de la República, representada por quien ejerce la Primera Vicepresidencia de la República, quien Preside y en quien recae la Coordinación de la Comisión.

b)  El Ministerio de Educación Pública.

c)  El Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

d)  El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

e)  El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

f)  El Instituto Nacional de las Mujeres.

g)  El Instituto Nacional de Aprendizaje.

h)  Un(a) representante de la Alianza Empresarial para el Desarrollo CAED).

i)   Un(a) representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

j)   Un(a) representante de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

k)  Un(a) representante de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). Un(a) representante del Foro de Mujeres Empresarias.

m) Un(a) representante de la Sociedad de Mujeres Cooperativistas.

El cargo de las personas integrantes de la Comisión será ad honorem, por un período de tres años, plazo que podrá ser prorrogable por períodos iguales.

Artículo 6º—Funciones de la Comisión. Como ente de articulación y de coordinación a la Comisión le corresponderá las siguientes funciones:

a)  Incentivar la participación de las mujeres en los procesos productivos a nivel nacional, regional, local, para la incursión en el mercado laboral, ya sea a través del trabajo asalariado o del fomento del emprendedurismo y de la empresariedad.

b)  Instar a las instituciones públicas y a las instancias privadas a que adopten las medidas o acciones estratégicas pertinentes para eliminar los obstáculos hacia la plena e igualitaria participación de las mujeres en la esfera económica y laboral.

c)  Orientar el acceso de las mujeres a la educación y a programas de generación de capacidades, capacitación financiera y de empleo.

d)  Instar a la adopción o adecuación de medidas de carácter legislativo necesarias para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer para el acceso a empleos de calidad.

e)  Coordinar estrategias institucionales e interinstitucionales para el cierre de la discriminación laboral y las brechas en razón de género en la empleabilidad y empresariedad.

f)  Incentivar al sector privado para que diseñen procesos de implementación y monitoreo de programas que incorporen un enfoque de género acorde con los objetivos establecidos en este grupo de trabajo.

g)  Analizar y aprobar los informes que presente el Enlace Técnico y avalar sus propuestas cuando así corresponda.

h)  Generar mecanismos de medición y trazabilidad de las iniciativas y esfuerzos realizados por la Comisión y el Enlace Técnico.

Todas las medidas a implementar deberán ser discutidas y avaladas a lo interno de la Comisión previo a su ejecución, así como los informes y propuestas que se presenten por parte del Enlace Técnico.

Artículo 7º—Enlace Técnico. La Comisión tendrá un Enlace Técnico el cual dará seguimiento a los proyectos y acciones que se impulsen, y la persona que desempeñe este cargo será designada por parte de quien ejerza la Presidencia de la Comisión. Su nombramiento podrá recaer en una persona funcionaria de la institución que preside la Comisión, en cuyo caso desempeñará sus funciones como Enlace Técnico de forma ad honorem. La persona que se desempeñe como Enlace Técnico participará en las sesiones del Consejo Pleno con voz, pero sin voto.

Deberá contar con conocimiento y experiencia laboral que se demuestre con sus atestados, en temas de género, participación laboral de las mujeres, liderazgo o temas relacionados con la eliminación de brechas de género. El cargo del Enlace Técnico será nombrado por un año, prorrogable por un plazo igual.

El enlace técnico deberá coordinar el trabajo de la Comisión con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), al ser esta última la institución que ejerce la rectoría técnica en derechos humanos de las mujeres e igualdad de género,

Artículo 8º—Funciones del Enlace Técnico. El Enlace Técnico tendrá las siguientes funciones:

a)  Organizar las sesiones de trabajo de la Comisión, la convocatoria, la definición de los temas de la agenda y el control de las actas y de los acuerdos,

b)  Preparar y presentar los informes que le sean solicitados por la Comisión.

c)  Apoyar a la Comisión en la discusión, elaboración y revisión periódica de las propuestas de las estrategias definidas por la Comisión, así como el seguimiento y la evaluación de la implementación de dichas estrategias.

d)  Identificar los proyectos prioritarios y presentar a la Comisión una hoja de ruta para su seguimiento semestral,

e)  Gestionar el avance de los programas y proyectos prioritarios con los ministerios e instituciones responsables de su ejecución, así como informar oportunamente al respecto a la Comisión.

f)  Desarrollar los reportes de avances y resultados.

g)  Otras funciones que le asigne quien preside la Comisión, tendientes a apoyar y dar adecuado seguimiento a la gestión de los programas y proyectos prioritarios.

Las actas de las sesiones se regirán por lo establecido en el artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978.

Artículo 9º—Sesiones. La Comisión se reunirá de forma ordinaria una vez cada tres meses y de forma extraordinaria cuando así se requiera y sea debidamente comunicado a las personas integrantes de la Comisión, la notificación se realizará mediante correo electrónico.

El quórum para sesionar válidamente será de la mayoría absoluta de sus integrantes. De no reunirse el día y la hora señalados en la convocatoria realizada de manera escrita o mediante correo electrónico podrá sesionar válidamente en segunda convocatoria al haber transcurrido veinticuatro horas después de la sesión inicial. En casos de urgencia, podrá sesionar después de media hora y para ello será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros presentes. En caso de empate el Presidente de la Comisión tendrá voto doble.

Las sesiones ordinarias y extraordinarias que la Comisión celebre de forma virtual, por motivos de excepcionalidad y de urgencia, deberán efectuarse mediante el uso de sistemas virtuales que permitan una comunicación ininterrumpida, de modo que se garantice en tiempo real, la oralidad de la deliberación, la identidad de los asistentes, la autenticidad e integridad de la voluntad colegiada y la conservación de lo actuado.

En todo lo no dispuesto en este Decreto, la Comisión se regirá por lo establecido en el Libro I, Título II, Capítulo III de la Ley General de Administración Pública.

Artículo 10.—Espacios Consultivos. La Comisión podrá invitar a otras jerarquías de Ministerios de Gobierno, Presidentes o Gerentes de instituciones descentralizadas u otras personas funcionarias, relacionadas con los temas que se tratan. De igual forma podrán ser convocadas personas del sector privado o académico para el conocimiento de temas específicos en los cuales se considere relevante su participación. Estas personas que participen en los espacios consultivos lo harán con voz, pero sin voto.

Artículo 11.—Sede. La Presidencia de la República, por medio de la Primera Vicepresidencia de la República, gestionará un recinto acondicionado para las sesiones de la Comisión, además apoyará con insumos, recursos materiales y humanos para el adecuado funcionamiento de esta Comisión, sin detrimento de sus competencias propias. De igual forma podrá sesionar en otros recintos, previa comunicación a las personas integrantes de la Comisión.

Artículo 12.—Declaratoria de Interés Público. Se declara de interés público la creación de la Comisión de Alto Nivel para la participación igualitaria de las mujeres en los procesos económicos del país.

Artículo 13.—Apoyo para la Comisión. Se insta a las instituciones públicas y privadas, dentro del marco legal respectivo, a brindar la colaboración y facilidades que estén a su alcance, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propias funciones, para el respectivo desarrollo del plan de acción de esta Comisión. Las personas jerarcas integrantes de la Comisión podrán firmar convenios interinstitucionales para el cumplimiento del presente Decreto.

Artículo 14.—Rige. Este Decreto Ejecutivo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro; La Ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández Mora; La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara Povedano; La Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido Gonzalo; y La Ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero Campos.—1 vez.—O. C. N° 2517.—Solicitud N° 001-2021.—(D42877 - IN2021540236 ).

ACUERDOS

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nº 11-2021 MSP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 140 inciso 2) y 146 de la Constitución Política; artículo 2 y 12 inciso a) del Estatuto del Servicio Civil y oficio MSP-DMDVA- DGAF-DRH-DRS-SS-115-2021 MA de fecha 12 de enero del 2021, suscrito por la señora Lys Espinoza Quesada, Directora de Recursos Humanos.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombramiento en propiedad de los siguientes funcionarios:

Para ver las imágenes, solo en La Gaceta con formato PDF

Artículo 2º—Rige a partir de la fecha señalada en el artículo anterior.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas.—1 vez.—O. C. Nº 4600048769.—Solicitud Nº 261000.—( IN2021542137).

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Nº 001-MEIC-2021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA,

INDUSTRIA Y COMERCIO

Con fundamento en los artículos 140 y 146 de la Constitución Política; artículos 25, 27, inciso 1) y 28, inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; y los artículo 18 y 19 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994.

Considerando:

I.—Que mediante la Ley Nº 7472, se crea la Comisión de Mejora Regulatoria, en lo sucesivo CMR, como un órgano consultivo de la Administración Pública, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, cuya misión es coordinar y liderar los esfuerzos de las diferentes instancias en materia de mejora regulatoria para simplificar y agilizar la tramitología.

II.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 002-MEIC-2019 de fecha 14 de enero de 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 59 de fecha 25 de marzo de 2019, se nombró al señor Rodolfo Chévez Chévez, potador de la cédula de identidad número 1-0661-0183, en su calidad de Presidente de la Comisión de Promoción de la Competencia, como miembro propietario ante la Comisión de Mejora Regulatoria y a la señora Yanina Montero Bogantes, Directora de la Comisión de Promoción de la Competencia, portadora de la cédula de identidad número 2-0512- 0308, como miembro suplente ante la Comisión de Mejora Regulatoria; nombramientos que rigen a partir del día 25 de marzo de 2019 al día 07 de mayo de 2022.

III.—Que mediante Acuerdo Nº 002-MEIC-2020 de fecha 20 de enero de 2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 83 de fecha 17 de abril de 2020, se nombra como miembro propietario de la Comisión para Promover la Competencia ante la Comisión de Mejora Regulatoria, a la señora Mariana Castro Sotela, portadora de la cédula de identidad número 1- 1254-0608, en sustitución del señor Rodolfo Chévez Chévez, nombramiento rige a partir del veintiuno de enero de 2020 y hasta el 07 de mayo del 2022.

IV.—Que mediante Oficio Nº COPROCOM-OF-003-2021 de fecha 13 de enero de 2021, la Comisión para Promover la Competencia, informa del nombramiento del señor Guillermo Rojas Guzmán, como presidente del Órgano Superior, siendo que solicita se acredite al mismo como integrante ante la Comisión de Mejora Regulatoria. Por tanto,

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar como miembro propietario de la Comisión de Mejora Regulatoria al señor Guillermo Rojas Guzmán, portador de la cédula de identidad número 1-0893-0105; en sustitución de la señora Mariana Castro Sotela; nombramiento que rige a partir del 14 de enero de 2021 al 07 de mayo de 2022.

Artículo 2º—El nombramiento indicado rige a partir de la fecha mencionada.

Dado en la Presidencia de la República a los diecinueve días del mes de enero de dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández Mora.—1 vez.—O.C. Nº 46000046414.—Solicitud Nº 260019.—( IN2021540357 ).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

N° 0025-2021 AC.—Dos de marzo del año dos mil veintiuno

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 140, inciso 2) y 146 de la Constitución Política de Costa Rica, 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, la Resolución Nº 13542 de las catorce horas cuarenta minutos del trece de enero del año dos mil veintiuno del Tribunal de Servicio Civil.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Despedir con justa causa y sin responsabilidad para el Estado, al servidor Alfonso Picado Hernández, mayor de edad, cédula de identidad Nº 2-0343-0601, quien labora como Oficial de Seguridad y Vigilancia en la Escuela El Porvenir, adscrita a la Dirección Regional de Educación de San Carlos.

Artículo 2º—El presente acuerdo rige a partir del veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro.—1 vez.—O.C. N° 4600043388.—Solicitud N° 258396.—( IN2021542569 ).

N° 0032-MEP-2021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 140 inciso 1) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b de Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; en el artículo 77 del Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581 del 30 de mayo de 1953; en los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Carrera Docente, Decreto Ejecutivo N° 2235-EP 14 de febrero de 1972; Decreto N° 38170-MEP, Organización administrativa de la oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública del 30 de enero de 2014, y

Considerando:

I.—Que mediante oficio DM-0277-2021 del 10 de marzo de 2021 la señora Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública, solicita el nombramiento de la señora Lidiette Quirós Ruiz, portadora de la cédula de identidad número 5-0192-0392, como representante propietaria ante el Tribunal de la Carrera Docente; y de la señora Seidy Villalobos Chacón, portadora de la cédula de identidad número 6-0181-0048 como representante suplente ante el Tribunal de la Carrera Docente; ambas en representación de las organizaciones de educadores.

II.—Que el Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581 del 30 de mayo de 1953, en el Título II “De la Carrera Docente”, establece en su artículo 77 que los miembros del Tribunal de Carrera Docente durarán en sus cargos dos años y podrán ser reelectos.

III.—Que tanto el Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581 del 30 de mayo de 1953, en su artículo 77 supra citado, así como el Reglamento de la Carrera Docente, Decreto Ejecutivo N° 2235-EP 14 de febrero de 1972 en su numeral 17, facultan al Ministerio de Educación Pública y a la Dirección General a designar los nuevos representantes o prórroga los nombramientos anteriores, con un mes de anticipación al vencimiento del respectivo período. Por tanto,

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar a la señora Lidiette Quirós Ruiz, portadora de la cédula de identidad número 5-0192-0392, como representante propietaria ante el Tribunal de la Carrera Docente; y a la señora Seidy Villalobos Chacón, portadora de la cédula de identidad número 6-0181-0048 como representante suplente ante el Tribunal de la Carrera Docente; ambas en representación de las organizaciones de educadores.

Artículo 2°—El presente acuerdo rige a partir del 05 de abril de 2021 y hasta por el resto del período legal de dos años.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro.—1 vez.—O. C. N° 4600040561.—Solicitud N° 260951.—( IN2021542148 ).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 034-2021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso 1, 27 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 067-2007 de fecha 23 de febrero de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 62 del 28 de marzo de 2007; modificado por el Acuerdo Ejecutivo N° 667-2008 de fecha 09 de octubre de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 242 del 15 de diciembre de 2008; por el Acuerdo Ejecutivo N° 208-2013 de fecha 04 de julio de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2013; por el Informe N° 106-2013 de fecha 11 de octubre de 2013, emitido por PROCOMER; por el Informe N° 42-2018 de fecha 05 de marzo de 2018, emitido por PROCOMER; por el Informe N° 85-2018 de fecha 10 de mayo de 2018, emitido por PROCOMER; y por el Informe N° 135-2018 de fecha 05 de julio de 2018, emitido por PROCOMER; a la empresa TTEC Customer Management Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica N° 3-102-461394, se le otorgaron los beneficios e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, bajo la categoría de empresa de servicios, de conformidad con lo dispuesto con el inciso c) del artículo 17 de dicha Ley.

II.—Que mediante documentos presentados los días 29 de enero, 01, 04 y 08 de febrero de 2021, en la Dirección de Regímenes Especiales de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, en adelante PROCOMER, la empresa TTEC Customer Management Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica N° 3-102-461394, solicitó la disminución del nivel de inversión, aduciendo en síntesis que a raíz del “(…) carácter fluctuante de la economía mundial, las relaciones comerciales con los clientes han sido proclives a reestructurarse y/o concluirse de forma intempestiva (…)”.

III.—Que la instancia interna de la administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la junta directiva de la citada Promotora en la sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la empresa TTEC Customer Management Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica N° 3-102-461394, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 039-2021, acordó recomendar al Poder Ejecutivo la respectiva modificación del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que en relación con las disminuciones de los niveles de empleo e inversión, el Ministerio de Comercio Exterior, mediante el Oficio DM-911-1 de 26 de setiembre de 2001, señaló lo siguiente:

“(…) No obstante lo anterior, al ser ésta una institución con una misión y vocación clara de servicio a la exportación, sin dejar de lado claro está, su función de supervisión y control, PROCOMER no puede dejar de considerar factores dinámicos, cambiantes propios del entorno y realidad empresarial. Es así como también debemos considerar que en muchas ocasiones las empresas beneficiarias del régimen o bien su casa matriz se ven enfrentadas a graves problemas en la comercialización de sus bienes, a crisis financieras internas inclusive problemas de índole macroeconómicos en sus países y hasta a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, circunstancias todas que las podrían obligar a disponer cambios inmediatos en sus políticas de mercado.

Ha sido el afán del Ministerio atender y tratar de ayudar a solventar de la forma más objetiva posible estas situaciones, no sólo teniendo en consideración la posición de las empresas, sino el resguardo sobre todo de intereses de orden general, al valorar el impacto que supone una modificación considerable en los niveles de inversión y empleo frente al cierre definitivo de la empresa. (…)”.

V.—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1°—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 067-2007 de fecha 23 de febrero de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 62 del 28 de marzo de 2007 y sus reformas, para que en el futuro las cláusulas sexta y décima quinta, se lean de la siguiente manera:

“6.     La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 75 trabajadores, a partir del 07 de agosto de 2013. Además, se obliga a realizar y mantener una inversión de la menos US $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del Acuerdo Ejecutivo N° 034-2021. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 100%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento del nivel de inversión en activos fijos de la beneficiaria, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con el nivel mínimo de inversión anteriormente señalado.”

“15.   De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.”

2°—Adicionar al Acuerdo Ejecutivo N° 067-2007 de fecha 23 de febrero de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 62 del 28 de marzo de 2007 y sus reformas, una cláusula décima sétima, a efecto de que en adelante se lea de la siguiente manera:

“17.   La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.”

3°—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo N° 067-2007 de fecha 23 de febrero de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 62 del 28 de marzo de 2007 y sus reformas.

4°—Rige a partir de su notificación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano Yamuni.—1 vez.—( IN2021542098 ).