TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

De conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, se corrige el error material que contiene la publicación del edicto en La Gaceta N° 110 de fecha 18 de junio de 2024, expediente de trámite de naturalización N° 3938-2024, en el sentido que por error se indicó: “cédula de residencia N° 117001273003”, siendo lo correcto: “cédula de residencia N° 117001273303”. Lo demás se mantiene.

Responsable: Abelardo Camacho Calvo, Profesional Asistente 1.—1 vez.—( IN2025941804 ).

De conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, se corrige el error material que contiene la Publicación del Edicto en la Gaceta N° 90 de fecha veintiuno de mayo de 2024, expediente de trámite de naturalización N° 2831-2024, en el sentido que por error se indicó: “Ana María Barreto Giralto”, siendo lo correcto: “Ana María Barreto Giraldo”. Lo demás se mantiene.

Responsable: Abelardo Camacho Calvo, Profesional Asistente 1.—1 vez.—( IN2025941805 ).

PROYECTOS

Texto Dictaminado

Expediente 24.526

REFORMA DEL ARTÍCULO 20 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 20 BIS

Y DEL ARTÍCULO 21 BIS A LA LEY DE PROCEDIMIENTOS

DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

INTELECTUAL N.º 8039 Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 20 de Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N.º 8039 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 20-               Integración

El Tribunal estará compuesto por cinco personas miembros titulares, dos de las cuales serán nombradas por el Ministro de Justicia y Paz. La Junta Administrativa del Registro Nacional enviará tres ternas al Poder Ejecutivo, para que nombre a los tres miembros restantes. Todos los nombramientos se harán previo concurso de antecedentes y deberán ser ratificados por la Asamblea Legislativa.

El Tribunal tendrá cinco personas como miembros suplentes, quienes serán nombradas de la misma manera que los titulares, y deberá tener los mismos requisitos, derechos y obligaciones exigidos para los titulares.

Las personas miembros del Tribunal serán nombradas por un período de cuatro años, podrán ser reelegidas previo concurso de antecedentes en los mismos términos indicados en el primer párrafo de este artículo. Las formalidades y disposiciones sustantivas fijadas en el concurso de antecedentes y en el ordenamiento jurídico, se observarán igualmente para removerlos.

La retribución a las personas integrantes del Tribunal deberá ser equivalente al sueldo de los miembros de los tribunales superiores del Poder Judicial; la del resto del personal deberá equipararse, según el caso, a la de los cargos afines del personal de los órganos del Poder Judicial donde se desempeñen cargos iguales o similares.

A las personas suplentes se les remunerarán sus servicios solo cuando ejerzan efectivamente la suplencia respectiva, por cualquier causa que la genere.

ARTÍCULO 2-  Se adiciona un artículo 20 bis a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N.º 8039 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 20 bis-         Del proceso de ratificación 

Realizado el nombramiento, el Poder Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa con al menos seis meses de antelación a la fecha de conclusión del período de nombramiento de las personas jueces que integran el órgano colegiado, los nombres y atestados de las personas jueces titulares y suplentes nombrados para el nuevo período.

Corresponderá a la Asamblea Legislativa realizar los procedimientos internos correspondientes para la ratificación de las cinco personas jueces titulares y las cinco personas jueces suplentes del Tribunal Registral Administrativo, del nuevo período se dé con quince días de antelación a la fecha de conclusión del período de nombramiento del actual órgano colegiado. Si en ese lapso no se produce objeción, se tendrán por ratificados en forma automática.

En caso de que la Asamblea Legislativa objete el nombramiento de alguna de las personas que se proponen en el acuerdo de nombramiento, el Poder Ejecutivo deberá remitir nuevas propuestas.

ARTÍCULO 3-  Se adiciona un artículo 21 bis a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N.º 8039 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 21 bis- Impedimentos

Las personas integrantes del órgano colegiado se encuentran con impedimento para conocer de los asuntos según lo dispuesto en el Título I, Capítulo IV, Sección III de la Ley no. 9342 Código Procesal Civil, del 3 de febrero de 2016 y sus reformas, y pueden ser recusados por esas mismas causas, siendo aplicable en lo que corresponda lo establecido en la Ley General de la Administración Pública.

Rige a partir de su publicación.”

Diputado Danny Vargas Serrano

Presidente Comisión Permanente Ordinaria

de Asuntos Jurídicos

1 vez.—Exonerado.—( IN2025939371 ).

PROYECTO DE LEY

Texto Dictaminado

Expediente 24.516

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

EXPEDIENTE N° 24.516. ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 214

TER AL CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573 DEL 04 DE MAYO

DE 1970, EXTORSIÓN SEXUAL

ARTÍCULO ÚNICO.- Adiciónese un artículo 214 ter al Código Penal, Ley N.° 4573 de 04 de mayo de 1970, que se lea de la siguiente manera:

Artículo 214 ter.-    Extorsión sexual

Será reprimido con pena de prisión de cuatro a ocho años, quien con el ánimo de obtener un beneficio patrimonial, sexual o de cualquier otra naturaleza; amenace o intimide con la difusión, distribución, exposición, divulgación y publicación de videos, imágenes o cualquier otro material de contenido sexual de una persona sin su consentimiento, con el propósito de causarle daño, humillación o cualquier otra forma de perjuicio.

La pena se incrementará en un tercio cuando:

a)  La víctima sea menor de edad, persona adulta mayor, persona con discapacidad;

b)  El delito se cometa por un funcionario público en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas;

c)  El autor actúe en grupo o con la participación de dos o más personas;

d)  El delito se cometa en el ámbito de una relación de confianza, autoridad o dependencia.

Para los efectos de este Código, se entenderá por contenido sexual toda representación escrita, visual o auditiva producida por cualquier medio, de una persona, su imagen o su voz; o bien, toda representación de las partes genitales de una persona con fines sexuales.

Rige a partir de su publicación.

Diputado Danny Vargas Serrano

Presidente Comisión Permanente Ordinaria

de Asuntos Jurídicos

1 vez.—Exonerado.—( IN2025939375 ).

PROYECTO DE LEY

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO COSTARRICENSE

DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PARA CONDONAR LA DEUDA PRINCIPAL E INTERESES

DE LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO

Y DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO

DE AGUA CRUDA EN BLOQUE EXENTA

O EN GRANDES VOLÚMENES PARA LA PLANTA

POTABILIZADORA UBICADA EN CARTAGO

ADMINISTRADA Y OPERADA

POR LA MUNICIPALIDAD CARTAGO

Expediente N.º 24.918

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El acceso al agua potable y el saneamiento representan unas de las necesidades humanas más básicas para el cuidado de la salud y el bienestar de las personas, por lo que, desde mediados de los años 90 en Costa Rica la institucionalidad pública ha dirigido esfuerzos para garantizar el acceso al agua en el territorio nacional.

En 1961 se emitió la Ley Nº 2726 del 14 de abril de 1961, que creó el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, hoy denominada Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con el fin de mejorar la salud pública. Este Instituto (en adelante AyA) tiene como misión “asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento de forma comprometida con la salud, la sostenibilidad del recurso hídrico y el desarrollo económico y social del país”^[1].

El artículo 2 inciso a) de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados señala que, corresponde al AyA dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, lo que faculta a la institución a invertir en obra pública para garantizar el servicio.

En razón de lo anterior, en el marco de las funciones del AyA, se desarrolló un proceso de financiamiento y ejecución de obras para la atención del acueducto metropolitano el cual incluía el suministro de agua cruda en bloque para la Planta Potabilizadora ubicada en Cartago y la construcción de infraestructuras relacionadas, como la línea de agua y conexiones domiciliarias.

Estas obras por desarrollar para la atención del acueducto metropolitano tomaron agua de fuentes ubicadas en la provincia de Cartago e incluían la construcción de infraestructura que llevarían agua potable a los cantones de Cartago, Paraíso, El Guarco y Oreamuno. Para ello el AyA obtuvo financiamiento del préstamo BID 501/OC GR y 764/SF con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En virtud de esto, se adoptó un convenio interinstitucional en 1987 entre el AyA y la Municipalidad de Cartago, el cual establecía lo siguiente:

-    La adquisición de terrenos para la planta potabilizadora que se ubicaría en Cartago.

-    La construcción de infraestructura como una línea de tuberías, un tanque de almacenamiento y conexiones domiciliarias.

-    El reparto proporcional de los costos operativos entre las municipalidades beneficiadas (Paraíso, Cartago y El Guarco).

-    Disponía una derivación de 300 litros por segundo, distribuido en 1/6 para Paraíso, así como 5/6 para Cartago equivalente a 50 litros a Paraíso y 250 litros a Cartago.

-    Estableció que el embalse de El Llano en el Río Macho de Orosi, ubicado en Paraíso, daría el servicio al Área Metropolitana de San José, derivando un caudal de hasta 300 litros por segundo.

-    Determinó un plazo de 25 años para los pagos correspondientes por parte de cada municipalidad y la posibilidad de que el AyA estableciera un periodo de amortización en caso de quedar montos pendientes.

En este sentido, el convenio dispuso un marco de cooperación en el que el AyA colaboraría con las Municipalidades para garantizar el servicio de agua potable, la construcción de la Planta Potabilizadora en Cartago, que posteriormente sería administrada por la Municipalidad de Cartago, hechos que se desarrollaron según lo establecido en el supracitado acuerdo.

Si bien el convenio señalaba la obligación de que el AyA suscribiera convenios con la Municipalidad de Paraíso, este nunca se desarrolló y las relaciones interinstitucionales estuvieron delimitadas a lo dispuesto en el convenio de 1987 entre la Municipalidad de Cartago y el AyA.

Transcurridos los 25 años para el pago de los costos de las obras, el AyA no dispuso ninguna tarifa adicional a la Municipalidad de Paraíso, ni a la Municipalidad de Cartago por el servicio de suministro de agua cruda en bloque o grandes volúmenes, sino que hasta enero de 2025 se mantuvieron los términos de lo dispuesto en el convenio establecido.

I.   Servicio de suministro de agua cruda o en bloque.

El AyA dentro de su gama de servicios brinda el suministro de agua cruda o en bloque, el mismo se refiere al traslado de grandes volúmenes de agua trasladados para la venta al operador del suministro del agua.

El Reglamento de Prestación de Servicios de AyA lo define en el numeral 7 inciso 121) de la siguiente manera:

“121. Suministro de agua en gran volumen entre operadores autorizados: Abastecimiento de agua en gran volumen entre operadores autorizados de servicios, con el objetivo de que el operador solicitante que requiera incrementar la capacidad hídrica de sus sistemas, pueda satisfacer la demanda de sus usuarios actuales y potenciales, en resguardo del interés público y de acuerdo a las potestades rectoras del AyA.” (Subrayado no es del original).

Aunado a esto, el Reglamento Técnico de ARESEP, AR-PSAYA-2015, en el artículo 5 define la venta de agua en bloque como:

“Venta de agua potable en bloque: Abastecimiento de agua en grandes cantidades de un prestador de servicio a otro, o a empresa privada para su posterior comercialización a terceros. Excepto que sea un prestador de servicio autorizado, no se permite el abastecimiento en forma individual. La tarifa para este servicio será la fijada por ARESEP.”

La venta de agua en volumen es una modalidad o servicio especial, que se aplica únicamente en resguardo del interés público y para incrementar la capacidad de otros operadores. De tal manera, el AyA garantizaba este servicio para las Municipalidades de Paraíso y de Cartago bajo las condiciones que establecía el Convenio suscrito en 1987, por lo que la infraestructura que traslada dichos volúmenes carecía de medidores adecuados para conocer las cantidades suministradas.

II. Cobro por el servicio de agua cruda o en bloque a las Municipalidades de Paraíso y de Cartago.

El AyA realizó por primera vez una fijación tarifaria para este servicio en el año 2017 por medio de la resolución No. RIA-010-2017 emitida el 20 de octubre de 2017 y publicada en el Diario Oficial la Gaceta No. 200, el 24 de octubre de 2017, posteriormente modificó la tarifa nuevamente mediante resolución No. RE-0014-IA-2023 la cual fue publicada en la Gaceta del 21 de agosto del 2023.

Al amparo de esta fijación tarifaria, la ARESEP en noviembre de 2024 emitió el Informe GTl-2024-14459: Informe de la Fiscalización de venta de agua a municipalidades por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el cual señala un presunto incumplimiento por parte del AyA al indicar que este no ha realizado el cobro del servicio de suministro de agua cruda en bloque exenta o en grandes volúmenes a la Municipalidad de Paraíso y a la Municipalidad de Cartago para la Planta Potabilizadora ubicada en Cartago, administrada y operada por la Municipalidad de Cartago.

Dentro de las conclusiones del informe mencionado, la ARESEP indica que existe un problema importante pues, aunque el AyA sigue entregando el volumen de agua establecido, no se cuenta con un equipo de medición adecuado que permita medir con precisión el volumen de agua entregado, lo cual genera dificultades para facturar correctamente. Esto significa que, aunque el caudal de agua se sigue suministrando, a la fecha del informe no se podía identificar con claridad cuánto se debe facturar a las municipalidades, ya que se carecía de la infraestructura necesaria para medir de manera exacta el agua entregada.

Sin embargo, en febrero de 2025 el AyA remitió como cobro por venta de agua en gran volumen de los periodos de noviembre de 2017 a enero de 2025, a la Municipalidad de Paraíso facturas que suman un monto pendiente de ₡3.275.453.917 (tres mil doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos diecisiete colones) y a la Municipalidad de Cartago facturas que suman un monto pendiente de ₡16.377.274.881 (dieciséis mil trescientos setenta y siete millones doscientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y un colones).

En relación con lo anterior cabe destacar que ambos municipios han acudido de manera conjunta a la vía administrativa para señalar nulidades en la fijación de dichos montos, pues indican que la cantidad de agua que ingresó a la Planta de Tratamiento desde el año 1987 hasta el 2025, es un dato desconocido a causa de la inexistencia de caudalímetros de medición, que no fueron instalados sino hasta enero de 2025.

Además, las autoridades locales hacen un llamado al AyA porque estos montos resultan imposibles de pagar para ambos gobiernos locales, pues carecen de los recursos económicos para asumir la deuda y la obligación de pago, lo que puede llevar a afectar gravemente la prestación del servicio de agua potable para la población de Paraíso y de Cartago aumentando los costos del servicio hasta en un 300%.

Dadas estas condiciones, la presente iniciativa de ley propone la condonación de la deuda principal e intereses derivada del suministro de agua cruda en bloque para la Planta Potabilizadora de Cartago a las Municipalidades de Paraíso y de Cartago. Adicionalmente, se propone una exoneración de cobro de la tarifa del servicio a ambas municipalidades durante el tiempo que transcurra mientras el AyA coloca caudalímetros de medición que permitan identificar adecuadamente los volúmenes de agua suministrados a estos dos gobiernos locales.

Esta medida busca atender la necesidad que surge tanto en la Municipalidad de Paraíso como en la Municipalidad de Cartago de no trasladar la considerable deuda a las personas usuarias del servicio y no afectar el acceso al agua potable en ambos cantones.

Aunado a esto, aunque se resguardan las finanzas municipales de estas dos entidades, también se pretende resguardar al AyA de sumergirse en un proceso judicial cuando existen dudas razonables de los medios utilizados para definir los montos cobrados y de esta manera fomentamos la colaboración interinstitucional entre las municipalidades en mención y el AyA.

En virtud de las consideraciones expuestas, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por parte de las señoras y señores diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO COSTARRICENSE

DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PARA CONDONAR LA DEUDA PRINCIPAL E INTERESES

DE LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO

Y DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO

DE AGUA CRUDA EN BLOQUE EXENTA

O EN GRANDES VOLÚMENES PARA LA PLANTA

POTABILIZADORA UBICADA EN CARTAGO

ADMINISTRADA Y OPERADA

POR LA MUNICIPALIDAD CARTAGO

ARTÍCULO 1- Condonación de deuda por suministro de agua cruda a la Municipalidad de Cartago y a la Municipalidad de Paraíso. Se autoriza al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) cédula de persona jurídica número cuatro- cero-cero-cero- cero cuatro dos uno para que condone el pago de la totalidad de la deuda por concepto de suministro de agua cruda en bloque exenta o en grandes volúmenes, tanto el principal, sus intereses y todos los extremos del período comprendido desde año  2017 al 2026,  a la Municipalidad de Cartago cédula de persona jurídica número tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero ocho cero (Nº 3-014-042080) y a la Municipalidad de Paraíso cédula de persona jurídica número tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero ocho seis (N° 3-014-042086).

ARTÍCULO 2- Obligación de instalación de equipo de medición. El AyA tiene la obligación de instalar equipos de medición adecuados que individualice de manera clara los metros cúbicos que se deben facturar mensualmente a las Municipalidades por el servicio de suministro de agua cruda en bloque exenta o grandes volúmenes.

ARTÍCULO 3- Exoneración del pago del servicio de suministro de agua cruda en bloque. La Municipalidad de Cartago y la Municipalidad de Paraíso deberán pagar el servicio de suministro de agua cruda en bloque exenta o en grandes volúmenes para la Planta Potabilizadora ubicada en Cartago brindado por el AyA de acuerdo con la información que registren los equipos de medición a partir del momento en que estos se encuentren debidamente instalados. Mientras tanto, las Municipalidades de Cartago y Paraíso estarán exoneradas del pago de este servicio.

TRANSITORIO ÚNICO- Plazo para la instalación del equipo de medición. El AyA tendrá un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley para colocar el equipo de medición adecuado que individualice de manera clara los metros cúbicos a facturar mensualmente a la Municipalidad de Cartago y a la Municipalidad de Paraíso, por concepto de suministro de agua cruda en bloque exenta o en grandes volúmenes para la Planta Potabilizadora de Cartago.

Rige a partir de su publicación.

Antonio José Ortega Gutiérrez	Alejandro José Pacheco Castro
Johana Obando Bonilla	Paulina María Ramírez Portuguez
Óscar Izquierdo Sandí	Rosaura Méndez Gamboa
Johnatan Jesús Acuña Soto	Andrés Ariel Robles Barrantes

 

Diputados y diputadas

NOTA:      Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2025939394 ).

TEXTO DICTAMINADO

27 DE MARZO DE 2025

CIERRE DE RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE (RACSA)

                                                                                                                                                                                  EXPEDIENTE N° 24105

CAPÍTULO I

De la liquidación de Radiográfica Costarricense

ARTÍCULO 1.- Finalidad de la ley

La presente ley establece el procedimiento y los medios legales para el cierre y liquidación de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (Racsa S.A.), en la totalidad de sus actividades de comercialización, instalación de servicios y cualesquiera otra.

ARTÍCULO 2- Liquidación de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima

Para el cumplimiento de la presente ley el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) deberá elaborar el plan de liquidación ordenado de todas las operaciones de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (Racsa), poniendo fin, de forma completa, a las actividades que esta realice. El cierre que instruye la presente ley estará libre del pago de todos los derechos y tasas.

ARTÍCULO 3- Destino de los recursos obtenidos por el cierre de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima

La totalidad de los posibles montos obtenidos por el cierre de Radiográfica Costarricense se destinarán al pago de la deuda pública, por lo que serán trasladados al Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 4- Derechos adquiridos

El cierre que contempla esta ley no afectará los derechos y las obligaciones que Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima haya contraído con anterioridad a este hecho, ni los derechos de sus trabajadores. Para dichos efectos, el Instituto Costarricense de Electricidad será el responsable ante esos derechos y obligaciones.

ARTÍCULO 5- Responsabilidad patronal, liquidación y pago de extremos laborales

Los trabajadores de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima quienes así lo deseen, tendrán derecho a dar por terminada la relación laboral, por lo que se les reconocerán todos los extremos laborales. El pago de los extremos laborales deberá realizarse a más tardar sesenta (60) días después de la entrega de la carta de cese a los trabajadores.

En caso de aquello trabajadores que no deseen dar por terminada su relación laboral, y ante el cierre de la institución, los funcionarios serán trasladados al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Telecomunicaciones del ICE “Kolbi”, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, u otro ente público del país atinente a sus labores.

ARTÍCULO 6- Derogatoria de la Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (Racsa)

Deróguese el inciso a) del artículo 5 de la Ley N° 8660, Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008, y sus reformas y la totalidad de la Ley titulada Traspasa Telecomunicaciones al ICE y éste se Asocia a Racsa, de 8 de agosto de 2008.

ARTÍCULO 7- Disposición y tutela de las frecuencias

Una vez aprobada esta ley, las frecuencias otorgadas mediante título habilitante a Racsa, pasaran a formar parte del patrimonio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

CAPÍTULO II

Disposiciones finales y transitorias

ARTÍCULO 8- Reglamento

El Poder Ejecutivo emitirá el reglamento requerido para garantizar la aplicación de la presente ley, dentro de los dos meses posteriores a su publicación.

TRANSITORIO ÚNICO Se concede un término máximo de seis meses a partir la promulgación del reglamento de la presente ley, para que el Instituto Costarricense de Electricidad, consulta previa a la Superintendencia de Telecomunicaciones, prepare el procedimiento de liquidación de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima y las diligencias necesarias para la correcta administración de todo su patrimonio.

Rige a partir de su publicación.

Eliécer Feinzaig Mintz

Presidente

Comisión Especial de Reforma del Estado

1 vez.—Exonerado.—( IN2025939384 ).

ACUERDOS

LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES

   DE LA REPÚBLICA

N° DH-A-2788-2025

Con fundamento en los artículos 1, 2, 10 inciso 2) de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, Ley N° 7319 publicada en La Gaceta N° 237 del 10 de diciembre de 1992; los artículos 1, 3, 8, 9 incisos a) y d), 10, 11, 12 inciso a), 20, 21, 22 del Reglamento a dicha Ley, Decreto Ejecutivo N° 22266-J del 16 de julio de 1993; los artículos 84 inciso a), 87 inciso 1), 89 incisos 1 y 4), 84, inciso a) 90, 91, 92, 102 y 103 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227; los artículos 3, 4 y 6 del Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría de los Habitantes, Acuerdo N° 528-DH del 11 de mayo de 2001.

Considerando

I.—Que el ordenamiento jurídico costarricense otorga a las y los jerarcas de los entes y órganos públicos, amplias potestades de dirección y control respecto a la gestión institucional, y los faculta para adoptar las medidas que consideren necesarias, para la toma de decisiones, acciones y estrategias, en cumplimiento de la legislación, con el propósito de garantizar que la prestación de los servicios se realice de conformidad con los principios constitucionales de continuidad, regularidad, eficiencia, simplicidad y celeridad.

II.—Que es responsabilidad intrínseca a los puestos de Jerarquía, la potestad de organizar el funcionamiento institucional, para optimizar el uso de los recursos, el ambiente de control interno, la dirección, cobertura, petición y acceso a la información, cumplimiento de los plazos legales y una adecuada distribución de las funciones asignadas a las personas colaboradoras de la institución, para lograr la consecución de los objetivos y fines institucionales, mediante la delegación de funciones y firma de la gestión documental presente en la institución.

III.—Que el artículo 8 de la Ley General de Control Interno establece como sistema de control interno el conjunto de acciones ejecutadas por la administración activa dirigidas a proporcionar seguridad y garantizar la eficiencia y eficacia de sus operaciones. De igual forma, el artículo 12 de esta Ley define dentro de los deberes del o la jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno, velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo.

IV.—Que la figura de la delegación de funciones se encuentra regulada en los artículos 89 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, y al respecto la jurisprudencia administrativa haciendo alusión a criterios doctrinarios señala: “La delegación consiste en el traspaso temporal de atribuciones de una persona física a otra, entendiéndose que se trata de titulares de órganos de la misma organización. En consecuencia supone una alteración parcial de la competencia, ya que sólo afecta a algunas atribuciones, es decir, a una parte de aquella”. (Procuraduría General de la República, Dictamen N° 308 del 13 de diciembre de 2000).

V.—Que ante la recomendación de nombramiento de la señora Ana Laura López Pérez en la plaza N° 014215, clasificada como Jefe de Departamento Administrativo y ubicada en el Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional dentro del Concurso Público N° 003-2024; y debido a la relación matrimonial entre la señora López Pérez y el señor Ronald Retana Pérez, Director Administrativo, la jerarca institucional solicitó al señor Geovanny Barboza Ramírez, en su momento, jefe del Departamento de Planificación Institucional, que elaborara un informe detallado de las funciones y actividades que vinculan al Departamento de Planificación con la Dirección Administrativa-Financiera, y a la señora Catalina Delgado Agüero, Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la emisión de un criterio jurídico con relación a la existencia o no de un posible conflicto de interés respecto a las labores que la funcionaria López pudiera realizar en su condición de Jefa del Departamento de Planificación, con respecto a la Dirección Administrativa. 

Asimismo, se solicitó señalar en caso de que existiera conflicto de interés, “¿cuál sería el mecanismo idóneo o alternativas que podría utilizar la Administración a efectos de que la señora López pueda ejercer como jefatura del Departamento de Planificación sin que medie un conflicto de interés?”

VI.—Que una vez analizada la información remitida por parte de dichas instancias, mediante el acuerdo N°DH-A-2753-2024 del 08 de octubre de 2024, la Defensora de los Habitantes, realizó el nombramiento en propiedad de la señora Ana Laura López Pérez en la plaza N° 014215 clasificada como Jefe Departamento Administrativo y ubicada en el Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional.

VII.—Que, asimismo, de acuerdo con el análisis realizado de previo al nombramiento de la funcionaria López Pérez se determinó la necesidad de delegar todas las funciones de evaluación, supervisión, asesoría, de recomendaciones sobre procesos de trabajo, y todas aquellas que involucren a la Dirección Administrativa y sus Departamentos, en otra persona funcionaria, según la recomendación vertida por la Dirección Jurídica.

VIII.—Que mediante el acuerdo N° DH-A-2754-2024 del 16 de octubre de 2024, se determinó “Delegar en el señor Geovanny Barboza Ramírez, a partir de la firma del presente Acuerdo, todas aquellas funciones y actividades que corresponden al Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional vinculadas –entre otros, pero no agotados a– los procesos de planificación operativa y estratégica, valoración, evaluación y seguimiento, procesos de valoración de riesgos y control interno, asesoría y/o recomendaciones al o la Jerarca que involucren a la Dirección Administrativa y sus Departamentos, referidas en el artículo 31 del Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría de los Habitantes de la República (...)”.

IX.—Que en la Sesión Ordinaria N°92 del Plenario Legislativo, celebrada el 21 de enero de 2025, se llevó a cabo la elección del señor Juan Carlos Pereira Jiménez como Defensor Adjunto de la Defensoría de los Habitantes de la República, por el período comprendido entre 27 de enero 2025 y el 26 de enero de 2029; quien fue juramentado en la Sesión Ordinaria N°93, del 27 de enero de 2025. 

X.—Que por medio del oficio N° AI-057-2024 del 04 de diciembre de 2024, remitido por la Auditoría Interna, se recibieron una serie de consideraciones sobre la posible materialización de un conflicto de interés, con referencia a este tema.

XI.—Que con base en lo anterior, y en salvaguarda del control interno, la transparencia, el interés público, los intereses institucionales y los principios éticos que rigen la función pública, se procedió a realizar un análisis y revisión de la delegación de competencias emitida mediante el acuerdo N°DH-A-2754-2024, y se determinó que resultaba oportuno realizar ajustes a dicho acto, ampliando las funciones previamente definidas y variando la persona en la cual recae la delegación, a efectos de que se deleguen en el señor Juan Carlos Pereira Jiménez, Defensor Adjunto, en razón de su experiencia en temas de Planificación Institucional. Por tanto;

ACUERDA

1º—Delegar en el señor Juan Carlos Pereira Jiménez, Defensor Adjunto de los Habitantes, a partir de la firma del presente acuerdo, todas aquellas funciones y actividades desarrolladas por el Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional que involucren a la Dirección Administrativa y sus Departamentos, referidas en el artículo 31 del Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría de los Habitantes de la República, Acuerdo N°528-DH. 

2º—Adicionalmente, delegar en el señor Juan Carlos Pereira Jiménez, Defensor Adjunto de los Habitantes las siguientes actividades que son competencia del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional:

a.  La participación en comisiones institucionales donde se determine como parte de su conformación la participación del Departamento de Planificación y de la Dirección Administrativa, así como en cualquier otro espacio de coordinación interdepartamental en el que deban participar ambas instancias.

b.  Realizar gestiones ante el Ministerio de Hacienda u otras instituciones que deban elaborarse y firmarse conjuntamente por parte del Director Administrativo y la jefatura de Planificación.

c.     Realizar gestiones propias del funcionamiento del Departamento de Planificación ante la Dirección Administrativa (viáticos, solicitudes de equipo e infraestructura).

d.  La firma de contrato de Teletrabajo de las personas funcionarias del Departamento de Planificación.

e.     La revisión de la consolidación de la información institucional que contemple datos respecto a la Dirección Administrativa y en los cuales se realice un análisis transversal sobre la institución.

f.   La revisión y aprobación de las propuestas de modificación y actualización en las herramientas estandarizadas de control interno y planificación institucional.

g. La revisión de los criterios, asesorías, o cualquier otro documento o insumo que se requiera por parte del Departamento de Planificación y que pueda tener algún tipo de relación con las labores de la Dirección Administrativa.

3º—La vigencia de la presente delegación es a partir de su adopción y durante todo el período de gestión del actual Defensor Adjunto de los Habitantes, salvo revocación expresa conforme lo contempla el artículo 90 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública, sin obviar su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, según lo dispone el artículo 89 inciso 4) de la Ley General de la Administración Pública.

Notifíquese y publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. Al Defensor Adjunto de los Habitantes, el señor Juan Carlos Pereira Jiménez, a la señora Ana Laura López Pérez, a la Dirección Administrativa-Financiera, al Departamento de Recursos Humanos, al Departamento Financiero, al Departamento de Proveeduría Institucional y Servicios Generales, a la Auditoría Interna.

Dado en la ciudad de San José a las catorce horas del primero de abril de 2025.—Angie Cruickshank Lambert., Defensora—1 vez.—( IN2025939376 ).

DECRETOS

N° 44954-MJP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en ‘lo dispuesto en los artículos 1110, inciso 18) y 146 de la Constitución Política, en los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de Administración Pública NO 6227 del 02 de mayo de 1978, en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones NO 213.del 8 de agosto de 1939 y los artículos-27 y siguientes del Reglamento a la Ley de Asociaciones NO 29496-J, publicado en La Gàceta•N0 96 del 21 de mayo del 2001.

Considerando

1º—Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones NO 218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de utilidad pública a las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado, y que por ello contribuyan a solventar una necesidad social.

2º—Que la Asociación Unidad de Cuidados Paliativos Centro Diurno San Isidro de Heredia, cédula de persona jurídica número 3=00i657607, inició plazo el día 12 de febrero de 2012 y se inscribió en el Registro de Asociaciones del Registro Público Nacional al tomo 2012, asiento 49014.

3º—Que los fines que persigue la Asociación, según sus estatutos son: “A) Planifican desarrollar ejecutar y fiscalizar políticas y programas de salud integral, que abarquen las áreas de consulta externa, visita domiciliar, hospital de día, consulta telefónica y centro diurno, dirigido a personas enfermas que requieran la atención de cuidados paliativos. B) Promover y desarrollar programas de consulta externa para personas ¿enfermas que se encuentran en condiciones paliativas y requieran valoración médica periódica, así como el otorgamiento de tratamiento y medicación de acuerdo a su estado. C) Desarrollar y operar programas de atención Profesional integral interdisciplinario, de acuerdo a las necesidades de las personas enfermas y orientado a otorgarles una mejor calidad vida. D) Planificar y operar programas de visita domiciliar con el fin de otorgar atención profesional integral, para aquellas personas enfermas que por su delicado estado de salud no pueden asistir a una consulta externa. E) Construir y ejecutar programas de educación y capacitación para los familiares de las personas adultas mayores o que estén en condiciones paliativas, con el fin de que tengan los conocimientos básicos para la atención en el hogar de las personas. F) Valorar y analizar integralmente los entornos familiares de las personas enfermas, con el fin de determinar y recomendar los tipos de ayuda social que cada situación requiere. G) Configurar y ejecutar programas de atención hospitalaria para las personas enfermas o para los adultos mayores, que requieran aplicárseles procedimientos médicas de enfermería, atención médica de urgencias, así como la aplicación de todo tipo de atención profesional integral, sin que por ello sea necesario tener internado en un centro hospitalario a personas enfermas. H) Brindar programas de

atención telefónica para el apoyo de personas enfermas, adultos mayores y sus familiares, para la evacuación de dudas y consultas sobre la atención de personas en estado paliativo. y el manejo de la crisis de salud. I) Organizar y ejecutar programas de emergencias médicas para las personas en agudo estado paliativo, que requieran traslados de emergencias o la presencia de personal médico en el domicilio del enfermo. J) Construir y operar unidades de atención integral para personas enfermas en estado paliativo o personas adultas mayores enfermas, que requieran una atención médico integral., K) Promover y planificar programas de ayuda social para presentar y promover ante instituciones del Estado, empresa; privadas, organismos y agencias internacionales y fuerzas vivas de la comunidad, para que colaboren y brinden ayudas, para sufragar los gastos de construcción, operación, mantenimiento y administración de las instalaciones que requieren los programas de atención de personas enfermas en estado paliativo, y atención de personas adultas mayores que lo requieran. L) Desarrollar y ejecutar programas de atención de salud integral dirigido a las comunidades, con el fin de generar y mejorar el conocimiento y las actuaciones en el área de la salud, para todas, aquellas personas que brinden apoyo y atención a las personas adultas enfermas. LL) Operar programas de residencia temporal para la atención de personas enfermas y adultos mayores, que requieran una atención especializada y que no cuenten con una red de apoyo familiar. M) Ayudar a mejorar el nivel de vida de las personas adultas mayores, mediante la organización y ejecución de programas de motivación personal, ayuda psicológica, estabilización emocional y fortalecimiento de la autoestima. N) Promover y desarrollar actividades culturales, artísticas y sociales de, toda índole, para lograr la unión y elevar el nivel cultural, cívico, moral y espiritual de sus asociados. O) Organizar programas de apoyo de gestión para el adulto mayor, que le faciliten información y gestión oportuna, en materia de programas de otorgamiento de pensiones, y de ayudas públicas y privadas, que les mejoren su calidad de vida. P) Organizar reuniones, foros, seminarios, charlas, debates, encuentros y todo tipo de actividades sociales y académicas, que promuevan y ayuden a reconocer y a respetar los derechos de las personas adultas mayores, como parte integral de la familia y de la sociedad. Q) Diseñar, organizar, desarrollar y coordinar actividades y programas de recreación para las personas adultas mayores, que les brinden espacios de esparcimiento, y de recreo, como medio para elevar su nivel espiritual y emocional. R) Colaborar en actividades de tipo benéfico, con el fin de promover la solidaridad y’ la sensibilidad de los asociados. S) Impulsar todo tipo de actividades que se enmarquen en las permitidas por la ley que rige la materia. ‘

4º—Que tales fines solventan una necesidad social de primer orden, por lo cual merecen el apoyo del Estado costarricense. Por Tanto:

Decretan

 DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA

DE LA ASOCIACIÓN UNIDAD DE CUIDADOS

PALIATIVOS Y CENTRO DIURNO SAN ISIDRO DE HEREDIA

Artículo 1.—Declárese de utilidad pública para los intereses del Estado la Asociación Unidad de Cuidados Paliativos y Centro Diurno San Isidro de Heredia, cédula de persona jurídica número 3-002-657607.

Artículo 2.—Es deber de la Asociación, rendir anualmente un informe de gestión ante el Ministerio de Justicia y Paz, de conformidad con lo indicado en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Asociaciones.

Artículo 3. —Los ingresos y el patrimonio de la asociación que se destinen en su totalidad y en forma exclusiva para fines públicos, protección al medio ambiente o de beneficencia y que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes, se encontrarán exonerados del impuesto sobre la renta, por el contrario, aquella parte que no tenga este destino, o quede repartido de alguna manera entre sus asociados, estará sujeto a la imposición de este impuesto.

Artículo 4.—Le corresponde a la Administración Tributaria, controlar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la asociación, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Código de N0ffnas y Procedimientos Tributarios.

Artículo 5.—Una vez publicado este decreto los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 6.—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, el diez de marzo del dos mil veinticinco.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—Ministro de Justicia y Paz.—Gerald Campos Valverde .—1 vez.—( IN2025939413 ).

N° 44953-MJP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamentó en lo dispuesto en los artículos l l, 140, inciso 18) y 146 de la Constitución Política, en los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de Administración Pública N° 6227 del 02 de mayo de 1978, en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de i 939 y los artículos 27 y siguientes del Reglamento a la Ley de Asociaciones N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 96 del 21 de mayo del 2001.

Considerando

I.—Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N0218 del 08 de agosto de 1939 y sus reformas, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de utilidad pública a las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyó desarrollo y actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado, y que por ello contribuyan a solventar una necesidad social.

II.—Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones establece: “…En cualquier momento, el Ministerio de Justicia y Paz, revocará este beneficio, si desaparecen los motivos por los cuales file concedido. (...)” Asimismo, el ordinal 33 bis del Reglamento a la Ley de Asociaciones, agrega: “La declaratoria de utilidad pública será revocable en cualquier momento, no obstante, en caso de la no presentación o presentación incompleta del de labores, se prevendrá a la asociación, una única vez, por el plazo de diez días hábiles. Así mismo, la derogatoria de la utilidad pública se realizará mediante resolución razonada resultante del procedimiento de derogatoria del beneficio de utilidad pública el cual, se regirá por lo establecido en la Ley General de Administración Pública (...)”. Finalmente, el numeral 33 ter del Reglamento a la Ley de Asociaciones, indica: “En caso de que alguna asociación renuncie a la declaratoria de utilidad pública, deberá presentar la documentación correspondiente ante la Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Paz quien, sin más trámite, procederá a realizar la derogatoria.”

III.—Que la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de la Concepción de Caragral, cédula jurídica número tres-cero cero dos-quinientos ochenta y seis mil quinientos sesenta y ocho, se inscribió en el Registro de Asociaciones desde el día siete de octubre de dos mil nueve, al tomo dos mil nueve, asiento doscientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y uno.

IV.—Que la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de la Concepción de Caragral, fue declarada de utilidad pública por el Ministerio de Justicia y Paz, mediante Decreto Ejecutivo N° 42415-MJP del cinco de mayo de dos mil veinte publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del veintidós de agosto de dos mil veinte.

V.—Que la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de la Concepción de Caragral, incumplió con la presentación del informe anual de labores correspondiente al año 2022 y, por medio de su representante legal, el señor Asdrúbal Roberto Camacho Monestel, portador de la cédula de identidad número tres-cero trescientos veintiuno-cero quinientos setenta y ocho, expresamente renunció a la declaratoria de utilidad pública otorgada por el Ministerio de Justicia y Paz, para acogerse a lo establecido en la Ley 8776, Exoneración a las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS). Por tanto;

Decretan

DEROGAR LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA

DE LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA

DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SANITARIO DE LA CONCEPCIÓN

DE CARAGRAL

Artículo 1º—Dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo N 042415-MJP del cinco de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del veintidós de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se declaró de utilidad pública para los intereses del Estado a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de La Concepción de Caragral, cédula jurídica número tres-cero cero dos-quinientos ochenta y seis mil quinientos sesenta y ocho.

Artículo 2º—Una vez publicado este decreto, deberá comunicarse al Registro de Asociaciones del Registro Nacional para su respectiva anotación.

Artículo 3º—La administración notificará el presente acto al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Tributación y el Registro Nacional de la Propiedad, a efecto de que proceda conforme su competencia.

Artículo 4º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil veinticinco.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—( D44953 - IN2025939414 ).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 684-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

con fundamento en las atribuciones conferidas por el artículo 139, inciso 1) de la Constitución Política; artículos 26 inciso a) y 47 inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N’ 6227 del 2 de mayo de 1978, y artículo 7 párrafo final y 29 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos.

Considerando:

1º—Que el señor Mario Zamora Cordero, Ministro de Seguridad Pública y Ministro de Gobernación y Policía, estará viajando a la República de Panamá, Ciudad de Panamá, del 21 al 23 de marzo del 2025. El objetivo de este viaje es participar en una reunión de alto nivel que se realizará el sábado 22 de marzo, en las instalaciones del Ministerio de Seguridad de la República de Panamá.

2º—Que el presente acuerdo fue autorizado de conformidad con el correo electrónico remitido por la señora Emilia Selva Jiménez, Asistente Administrativa del Despacho del Señor presidente, de las 11:30 horas del jueves 06 de marzo del 2025.

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al señor Mario Zamora Cordero, cédula de identidad N° 2-0449-0150, Ministro de Seguridad Pública y Ministro de Gobernación y Policía, para que realice viaje a la República de Panamá, Ciudad de Panamá, del 21 al 23 de marzo del 2025, (incluye salida y regreso). El objetivo de este viaje es participar en una reunión de alto nivel el sábado 22 de marzo, en las instalaciones del Ministerio de Seguridad de la República de Panamá.

Artículo 2º—En ausencia del señor Mario Zamora Cordero, se nombra a la señora Lys Espinoza Quesada, cédula de Identidad N° 6-0267-0834, actual Viceministra de Seguridad Pública, como Ministra a. í. del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Gobernación y Policía, a partir de las 14:00 horas del 21 de marzo y hasta las 15:00 horas del 23 de marzo, ambas fechas del 2025.

Artículo 3º—Los gastos de viaje serán cubiertos por el Ministerio de Seguridad Pública, de la siguiente manera: por concepto de tiquetes aéreos la suma de ¢124.312,OO, cuya subpartida corresponde a la 1.05.03, reserva 1600016000; por concepto de viáticos en el exterior para sufragar gastos de hospedaje y alimentación la suma de equivalente a $474,72 aproximadamente; cuya subpartida sería la 1.05.04, reserva 1600016001.

Artículo 4º—De conformidad con la Circular LYD-3083-06-15C de fecha•36 de junio del 2015, el señor Mario Zamora Cordero, se compromete a rendir un informe ejecutivo a su superior jerárquico, en un plazo no mayor a ocho días partir de su regreso, en el se describan las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y los beneficios logrados tanto para la institución como para el país en general.

Artículo 5º—Rige a partir de las 14:00 horas del 21 de marzo y hasta las 15:00 horas del 23 de marzo, ambas fechas del 2025.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los 11 días del mes de marzo del dos mil veinticinco.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—1 vez.—( IN2025939489 ).

Nº 670-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las atribuciones conferidas por el artículo 139, inciso 1) de la Constitución Política; artículos 26 inciso a) y 47 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, y artículo 7 párrafo final y 29 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos.

Considerando:

Único: Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 663-P del dieciocho de febrero del dos mil veinticinco, se autorizó al señor Mario Zamora Cordero, cédula de identidad número 2-0449-0150, Ministro de Seguridad Pública y Ministro de Gobernación y Policía, para que realice viaje a Bruselas, Bélgica y La Haya, Países Bajos, del 03 al 08 de marzo del 2025, (incluye salida y regreso), nombrándose en su ausencia, al señor Manuel Jiménez Steller, cédula de identidad N° 1-0995-0977, actual Viceministro de Seguridad Pública, como Ministro a.i. del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Gobernación y Policía, a partir de las 00:00 horas del 03 de marzo y hasta las 24:00 horas del 08 de marzo, ambas fechas del 2025. No obstante, en virtud de que éste último no estará en el país, es necesario modificar el Artículo 2, del Acuerdo Ejecutivo de cita, a efectos hacer nombramiento de Ministro interino del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Gobernación y Policía.

ACUERDA:

Artículo 1º—Modifíquese el artículo 2, del Acuerdo Ejecutivo N° 663-P, del dieciocho de febrero del dos mil veinticinco, para que en adelante se lea de la siguiente manera: “Artículo 2: En ausencia del señor Mario Zamora Cordero, se nombra al señor Eric Lacayo Rojas, cédula de identidad número 10791-0681, actual Viceministro de Seguridad Pública, como Ministro a.i. del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Gobernación y Policía, a partir de las 00:00 horas del 03 de marzo y hasta las 24:00 horas del 08 de marzo, ambas fechas del 2025.”

Artículo 2º—En todo lo demás se mantiene incólume el Acuerdo Ejecutivo N° 663-P, del dieciocho de febrero del dos mil veinticinco.

Artículo 3º—Rige a partir de las 00:00 horas del 03 de marzo y hasta las 24:00 horas del 08 de marzo, ambas fechas del 2025.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil veinticinco.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—1 vez.—( IN2025939490 ).

N° 663-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las atribuciones conferidas por el artículo 139, inciso 1) de la Constitución Política; artículos 26 inciso. a) y 47 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, y artículo 7 párrafo final y 29 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos.

Considerando:

I.—Que él señor Mario Zamora Cordero, Ministro de Seguridad Pública y Ministro de Gobernación y viajando a Bruselas, Bélgica y La Haya, Países Bajos del 03 al 08 de marzo del 2025. El objetivo de este viaje es participar en la reunión ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), la cual se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica y La Haya, Países Bajos (sede EUROPOL Y EUROJUST).

II.—Que el presente viaje fue autorizado conforme al correo electrónico remitido por la señora Emilia Selva Jiménez, Asistente Administrativa del Despacho del Señor Presidente, el 12 de febrero de 2025, a las 13:55 horas,

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al señor Mario Zamora Cordero, cédula de identidad número 2-04490150, Ministro de Seguridad Pública y Ministro de Gobernación y Policía: para que realice viaje a Bruselas, Bélgica y La Haya, Países Bajos, del 03 al 08 de marzo de112025, (incluye salida y regreso). El objetivo de este viaje es participar en la reunión ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), la cual se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica y, La Haya, Países Bajos (sede EUROPOL Y EUROJUST).

Artículo 2º—En ausencia del señor Mario Zamora Cordero, se nombra al señor Manuel Jiménez Steller, cédula de identidad número 1-0995-0977, actual Viceministro de Seguridad Pública, como Ministro a. í, del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Gobernación y Policía, a partir de las 00:00 horas del 03 de marzo y hasta las 24:00 horas del 08 de marzo, ambas fechas del 2025.

Artículo 3º—Los gastos de tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación, transporte interno y demás aspectos logísticos asociados a la organización de la actividad serán cubiertos por EL PACCTO 2.0.

Artículo 4º—De conformidad con la Circular LYD-3083-06-15C de fecha 16 de junio del 2015, el señor Mario Zamora Cordero, se compromete a rendir un informe ejecutivo a su superior jerárquico, en un plazo. no mayor a ocho días naturales, contados a partir de su regreso, en el que se describan las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y los beneficios logrados tanto para la institución como para el país en general.

Artículo 5º—Rige a partir de las 00:00 horas del 03 de marzo y hasta las 24:00 horas del 08 de marzo, ambas fechas del 2025.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil veinticinco.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—1 vez.—( IN2025939491 ).

MINISTERIO DE HACIENDA

MH-DM-ACDO-0014-2025

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 8) y 20), y 146 de la Constitución Política y el artículo 26 del Decreto Ejecutivo N° 41641-H.

Considerando:

I.—Que el Título IV de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, establece medidas de responsabilidad con el fin de lograr que la política presupuestaria garantice la sostenibilidad fiscal y, en particular, la disposición de la Regla Fiscal, la cual establece límites para el crecimiento del gasto, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal ya la relación de deuda del Gobierno Central a PIB, para  el presupuesto de los entes y los órganos del sector público no financiero.

II.—Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 41641-H y sus reformas, Reglamento al título IV de la ley N° 9635, denominado Responsabilidad Fiscal de la República, se establece la reglamentación de las disposiciones de la Regla Fiscal.

III.—Que de acuerdo con el artículo N° 17 del Decreto Ejecutivo N° 41641-H y sus reformas, el Ministerio de Hacienda define, en coordinación con la Presidencia de la República, la tasa de crecimiento del gasto corriente o total presupuestario, el cual no puede superar el techo establecido en la Regla Fiscal. Dicha tasa de crecimiento debe ser respetada tanto para el gasto del Gobierno Central como de los entes y órganos descentralizados que conforman el Sector Público No Financiero (SPNF).

IV.—Que en el artículo N° 26 del Decreto Ejecutivo N° 41641-H se dispone la posibilidad de que el Gobierno Central ceda espacio de crecimiento de la Regla Fiscal a los entes y órganos descentralizados, en los siguientes términos:

“El Gobierno Central podrá ceder a entidades y órganos del SPNF, con excepción de las entidades que conforman el Presupuesto Nacional de la República, parte del espacio de crecimiento que le impone la regla fiscal en el gasto corriente o total, según corresponda, con el fin de que la entidad pueda satisfacer una necesidad de gasto excepcional. Et monto cedido no será computado dentro del límite de crecimiento de la entidad que se beneficia de la cesión de dicho espacio de crecimiento.

En caso de que la cesión provenga de una transferencia del Gobierno, dicha transferencia deberá quedar debidamente identificada en el presupuesto de la República a fin de darle el debido seguimiento.

El mecanismo mediante el cual el Gobierno Central materializará dicha cesión de espacio de crecimiento será un acuerdo del Poder Ejecutivo, emitido por quien ocupe el cargo de la Presidencia de la República y quien ocupe el cargo de Jerarca del Ministerio de Hacienda.

Le corresponderá a la Dirección General de Presupuesto Nacional mantener el registro del espacio de gasto cedido por el Poder Ejecutivo, tanto en los casos en que (a cesión provenga de una transferencia como cuando no sea así”.

V.—Que la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (Promotora) fue creada mediante la Ley N° 9971 del 11 de mayo de 2021, publicada en el Alcance 106 a La Gaceta 102 del 28 de mayo de 2021, como una institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propios; contará, por tanto, con independencia en su funcionamiento operativo y en su administración y tendrá personería jurídica propia.

VI.—Que de acuerdo con lo indicado en el oficio PROMOTORA-JD-OF-029-2024, de fecha 06 de diciembre de 2024, suscrito por la Gerente General y el Presidente Suplente de la Junta Directiva de la Promotora y dirigido al Ministro de Hacienda, la PROMOTORA, señala que desde la entrada en vigencia de la Regla Fiscal, se ha limitado la capacidad de la institución para cubrir los compromisos previamente adquiridos con los beneficiarios de las iniciativas y el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos para la Promotora.

VII.—Que en ese mismo oficio la Promotora señala que los servicios que brinda, por su naturaleza y especificaciones técnicas, no siempre son desembolsados en su totalidad en el año de ejercicio presupuestario que se suscriben los contratos y se adquiere el compromiso, lo anterior considerando que los fondos se van desembolsado conforme se desarrolla el proyecto o programa financiado y el beneficiario va cumpliendo con los avances y los resultados definidos.

VIII.—Que de acuerdo con lo indicado por la Promotora de acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 del Reglamento a la Ley N° 9971, un proyecto puede demorarse hasta 5 años, con la posibilidad de  prorrogarse por 2 años más en casos justificados, lo que ocasiona que se mantengan recursos por compromisos de años anteriores  en el superávit especifico, los cuales no pueden ser desembolsados en el periodo que se contraen, por lo que se crea un déficit permanente del Presupuesto en ejercicio, con respecto  a los compromisos adquiridos previamente y los que se adquieren en el período ordinario vigente. Señala la Promotora que estos beneficios se formalizan mediante contratos firmados con los beneficiarios, los cuales representan un pasivo para la institución, por lo que no honrarlos conllevaría posible incumplimiento a la normativa vigente y perjuicios importantes para la población beneficiaria. Situación descrita, que ha generado la existencia de recursos en superávit específico que deben de ser liberados en los periodos posteriores, los cuales se encuentran previamente comprometidos, lo cual genera un déficit presupuestario para cumplir con los objetivos y metas institucionales, generando esto a su vez, como consecuencia, que la Promotora corra un inminente riesgo de enfrentar procesos legales que afecten seriamente su funcionamiento.

IX.—Que, conforme a lo anterior, en el oficio PROMOTORA-JD-OF-029-2024, la Promotora solicita al Ministerio de Hacienda, ceder parte del espacio de crecimiento que impone la Regla Fiscal en el gasto corriente y total, con el fin de que se puedan atender las siguientes necesidades que se identifican según la fuente de financiación respectiva.

a.    Los recursos del Fondo Propyme, por la suma de ¢18,000,000, que se destinarán a las convocatorias. Impulso emprendedor, Sinergia Propyme.

b.  Los recursos del Fondo Incentivos, por la suma de ¢550, 000,000, que se destinarán a las convocatorias STEM DOC+ Talento Stem, Impulso Spinoff, ConectadoDOS, CR investiga.

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

X.—Que el Ministro de Hacienda, mediante oficio MH—DM—OF—1802—  2024, indica que una vez verificado con la Dirección General de Presupuesto Nacional (a quien compete dar el seguimiento para el debido cumplimiento de la Regla Fiscal en el Gobierno Central), se determinó que para el 2025 el Gobierno Central está en la  capacidad de otorgar a la Promotora, una cesión de espacio en Regla Fiscal por un monto total de 0668,000.000.00 millones, que la institución puede distribuir entre el gasto corriente y total conforme a su necesidad.

XI.—Que la solicitud planteada no requiere de transferencia de fondos del Gobierno Central, sino únicamente la cesión de espacio de crecimiento de la regla fiscal, en aras de normalizar la situación presupuestaria de la Promotora del año 2025.

XII.—Que tomando en cuenta todas las consideraciones anteriores, es necesario ceder a la Promotora espacio de crecimiento que le   impone la Regla Fiscal en el gasto corriente y el gasto total para que puedan atender las necesidades señaladas en la petitoria del oficio PROMOTORA-JD-OF-029-2024. Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

ACUERDAN:

Artículo 1º—Autorícese que el Gobierno Central ceda espacio de crecimiento en Regla Fiscal para el 2025, a la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (Promotora), por la suma de seiscientos sesenta y ocho millones colones (¢668.000.000,00) en el gasto corriente que le impone la Regla Fiscal, de conformidad con el artículo N ° 26 del Decreto Ejecutivo N° 41641-H y sus reformas, a efectos de que la Promotora pueda atender las necesidades señaladas en Id petitoria del oficio PROMOTORA-JD-OF-029-2024.

Artículo 2º—La Dirección General de Presupuesto Nacional mantendrá el registro del espacio de gasto cedido por el Poder Ejecutivo en el presente acuerdo y velará por el estricto apego al Título IV de la Ley N° 9635, de manera que el Gobierno Central no sobrepase los límites que le fija la Regla Fiscal para el gasto corriente.

Artículo 3º—Rige a partir del cuatro de febrero de 2025.

Dado en la Presidencia de la República a los cuatro días del mes de febrero de 2025.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.—1 vez.—( IN2025939258 ).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE SALUD

MS-DM-1270-2025.—Despacho Ministerial.—San José, a las dieciséis horas del veintiocho de marzo de dos mil veinticinco.

Clasificación del listado priorizado publicado mediante la resolución MS-CTI-001-2021 del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos de las ocho horas diez minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por medio de la cual se actualizó el listado de principios activos de medicamentos multiorigen que deben demostrar bioequivalencia, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Decreto Ejecutivo N° 32470-S del 4 de febrero del 2005, publicado en La Gaceta N° 149 del 4 de agosto del 2005, que emitió el “Reglamento para el Registro Sanitario de Medicamentos que Requieren Demostrar la Equivalencia Terapéutica”.

I.—Que el fin del acto administrativo lo constituye la salud de la población, la cual es un bien de interés público tutelado por el Estado, que con fundamento en la Constitución Política y la Ley General de Salud, es el Ministerio de Salud el Órgano Estatal con potestad para regular primordialmente lo que corresponde a la Salud Pública, cuyo cambio de paradigma permite avanzar de la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, posicionando la salud como valor social, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional.

II.—Que mediante el Decreto Ejecutivo N°43259-COMEX- S-MEIC del 27 de setiembre de 2021, se publica la Resolución N° 446-2021 (COMIECO-XCIV) del 28/04/2021 Anexo I: “Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 11.03.59:18 Productos Farmacéuticos. Medicamentos para Uso Humano. Requisitos de Registro Sanitario” Anexo II: Reconocimiento Mutuo de Registro.

III.—Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 32470-S del 4 de febrero del 2005, publicado en La Gaceta N° 149 del 4 de agosto del 2005, el Poder Ejecutivo emitió el “Reglamento para el Registro Sanitario de Medicamentos que Requieren Demostrar la Equivalencia Terapéutica”.

IV.—Que con el fin de que exista claridad sobre las pruebas aplicables a cada principio activo publicado en el listado priorizado, que fue ampliado mediante la resolución MS-CTI-001- 2021 del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos de las ocho horas diez minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se estableció una tabla de clasificación por secciones del listado priorizado, según lo establecido en el artículo 7 del Decreto Ejecutivo N° 32470-S del 4 de febrero del 2005, publicado en La Gaceta N° 149 del 4 de agosto del 2005, el Poder Ejecutivo emitió el “Reglamento para el Registro Sanitario de Medicamentos que Requieren Demostrar la Equivalencia Terapéutica”.

V.—Para dicha clasificación se valoró, principalmente, la clasificación del principio activo en el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica y el riesgo sanitario. Se tomó en cuenta que hay principios activos con baja solubilidad pero que la misma puede ser solucionada en la formulación, por ejemplo, disminuyendo el tamaño de partícula o utilizando tensoactivos. Para el riesgo sanitario, se consideró la indicación o indicaciones para las que está aprobado el medicamento y las consecuencias clínicas e impacto en la salud pública que conllevaría una falta de eficacia debido a problemas de biodisponibilidad, por ejemplo, de mayor riesgo los que se utilizan en trastornos psiquiátricos o cardiovasculares; así como la duración usual del tratamiento: crónico versus agudo. También se valoraron situaciones especiales como índice terapéutico estrecho, farmacocinética no lineal y la cantidad de opciones terapéuticas disponibles en el mercado nacional.

VI.—Que como resultado de la clasificación realizada se determinó las que a continuación se detallan:

•    9 principios activos están contenidos en productos farmacéuticos, que en virtud de su forma farmacéutica se exoneran de la presentación de requisitos de bioequivalencia de acuerdo con el artículo 16 del Decreto Ejecutivo No. 32470-S citado;

•    25 principios activos están contenidos en productos farmacéuticos que deben cumplir con el requisito mediante estudios in vitro e in vivo, sección 1 del listado.

•    14 principios activos están contenidos en productos farmacéuticos que deben cumplir inicialmente con el requisito de la presentación de estudios in vitro (perfiles de disolución comparativos) y en 2 años presentar estudios in vivo, sección 2 del listado; y

•    24 principios activos están contenidos en productos farmacéuticos de formas dosificadas orales de liberación inmediata, deben demostrar equivalencia terapéutica únicamente con el requisito mediante estudios in vitro (perfiles de disolución comparativos), sección 3 del listado. Entiéndase estudios in vitro como perfiles de disolución comparativos, y esto aplica únicamente para formas farmacéuticas sólidas de liberación inmediata. En caso de que los perfiles comparativos de disolución no sean concluyentes, se deberá presentar información bibliográfica de permeabilidad del principio activo. Para el resto de las formas farmacéuticas aplica artículo 16 del Decreto Ejecutivo N° 32470-S o estudios in vivo, en caso de requerir más información se debe referir como mínimo al Anexo 6 y 7 del TRS 1052 - 57.º Informe del Comité de Expertos de la Organización Mundial (OMS) de la Salud sobre Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas, disponible en el siguiente enlace https://www.who.int/publications/i/item/9789240091030 u otras guías de OMS vigentes en lo relativo a la comparación teórica de los excipientes.

Los productos farmacéuticos que contienen principios activos de la sección 1 y 2, serán candidatos a la exoneración de presentación de requisitos de bioequivalencia, de acuerdo con los artículos 16 y 17 del Decreto Ejecutivo N° 32470-S citado.

Los productos incluidos en la sección 3, serán considerados equivalentes terapéuticos cuando así lo demuestren mediante estudios in vitro (perfiles de disolución comparativos) con fundamento en el artículo 7 inciso 3) del Decreto Ejecutivo N° 32470-S citado.

Para todos los productos que deben presentar estudios in vitro, entiéndase estudios in vitro como perfiles de disolución comparativos, alternativamente se podrá presentar estudios in vivo.

Sobre el principio activo Propofol debe cumplir con el requisito y puede ser mediante estudios in vivo o estudios especiales in vitro, sección 1 ó 3 del listado respectivamente. Por tanto,

LA MINISTRA DE SALUD,

RESUELVE:

I°—Publicar la clasificación del listado priorizado de la siguiente manera:

N° consecutivo del listado	Principio activo	Sección del listado
50	ABIRATERONA	1
51	ÁCIDO IBANDRÓNICO	2
52	ÁCIDO ZOLEDRÓNICO	Artículo 16
53	AMOXICILINA	3
54	APIXABAN	1
55	APREPITANT	1
56	ATORVASTATINA	2
57	AXITINIB	1
58	AZACITIDINA	1
59	AZITROMICINA	3
60	BILASTINA	3
61	BISOPROLOL	2
62	CANAGLIFLOZINA	1
63	CANDESARTAN	2
64	CASPOFUNGINA	Artículo 16
65	CEFIXIMA	2
66	CEFTRIAXONA	Artículo 16
67	CELECOXIB	3
68	CLARITROMICINA	2
69	CLONAZEPAM	3
70	CRIZOTINIB	1
71	DAPAGLIFLOZINA	2
72	DEFLAZACOR	1
73	DESVENLAFAXINA	1
74	DEXKETOPROFENO	3
75	DICLOFENACO	3
76	DULOXETINA	1
77	DUTASTERIDA	3
78	ELTROMBOPAG	1
79	ERTAPENEM	Artículo 16
80	ESOMEPRAZOL	3
81	ETORICOXIB	3
82	FEBUXOSTAT	2
83	FINGOLIMOD	1
84	FLUMAZENIL	Artículo 16
85	FOSAPREPITANT DIMEGLUMINA (PRODROGA)	Artículo 16
86	FULVESTRANT	Artículo 16
87	GABAPENTINA	3
88	GRANISETRON	1
89	LEVOSULPIRIDA	3
90	LINEZOLID	1
91	LOSARTAN	3
92	MEROPENEM	Artículo 16
93	METILFENIDATO	3
94	MIDAZOLAM	3

 

Para los medicamentos que se haya presentado estudios in vitro e in vivo, previo a la publicación de la presente resolución, se realizará la evaluación correspondiente con base en la documentación presentada.

Instruir a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario para la implementación de la presente Resolución Ministerial.

Debido a lo anterior la Resolución Ministerial MS-DM-847-2025, de las once horas del once de febrero de dos mil veinticinco, se deja sin efecto a partir de la entrada en vigor de la presente resolución.

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Dra. Mary Munive Angermüller, Ministra de Salud.—1 vez.—( IN2025939245 ).

MINISTERIO CULTURA Y JUVENTUD

N° MCJ-DM-038-2025.—Ministerio de Cultura y Juventud.—Despacho del Ministro.—San José, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del día dieciocho de marzo del dos mil veinticinco. Nombramiento de la señora María Alejandra Serrano Ramírez, cédula de identidad N° 5-0415-0811, en representación del Ministerio de Cultura y Juventud, en el Consejo Directivo del Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

Resultando Único:

Que por Ley N° 7606 del 24 de mayo de 1996, publicada en La Gaceta N° 117 del 20 de junio de ese año, se estableció que el Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, será administrado por un Consejo Directivo, integrado entre otros miembros, por un representante del Ministerio de Cultura y Juventud y cuyo plazo de nombramiento es de cinco años.

Considerando:

I.—Que por Resolución N° MCJ-DM-087-2024 de las quince horas del día diecinueve de abril del dos mil veinticuatro, se nombró al señor Guillermo Enrique Morales Guzmán, cédula de identidad N° 1-1212-0220, como representante de esta Cartera Ministerial ante el Consejo Directivo del Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, a partir del 18 de abril del 2024, y hasta el 17 de abril del 2029.

II.—Que por oficio MCJ-DVC-0033-2025 del 14 de marzo del 2025, el señor Guillermo Enrique Morales Guzmán, renunció como representante del Ministerio de Cultura y Juventud ante el Consejo Directivo del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, por motivo de su cese de sus funciones, como Jefe de Despacho del Viceministerio de Cultura.

III.—Que, es necesaria la oportuna integración del Consejo Directivo del Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para el adecuado funcionamiento de ese órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura y Juventud. Por tanto,

EL MINISTRO DE CULTURA Y JUVENTUD

RESUELVE:

Artículo 1º—Agradecer los valiosos servicios prestados por el señor Guillermo Enrique Morales Guzmán, cédula de identidad N° 1-1212-0220, y nombrar en su lugar a la señora María Alejandra Serrano Ramírez, cédula de identidad N° 5-04150811, como representante del Ministerio de Cultura y Juventud, en el Consejo Directivo del Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

Artículo 2º—Rige a partir del 18 de marzo del 2025 y hasta el 17 de marzo de 2030.

Jorge Rodríguez Vives.—El Ministro de Cultura y Juventud.— 1 vez.—( IN2025939285 ).