Buscar en esta edición

Contenidos

PORTADA

 Portada Gaceta

FE DE ERRATAS

AVISOS

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL

 COSTA ESTADOS

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
de Propietarios del Condominio Horizontal
Residencial Costa Estados

En la convocatoria publicada el día 13 de mayo de 2022, en La Gaceta Nº 88, página 70, se ha consignado por un error material como fecha el día martes 30 de mayo del 2022, cuando lo correcto es LUNES, manteniéndose la fecha convocada del 30 de mayo del 2022 y su agenda.

Lic. Ignacio Alfaro Marín, Responsable.—1 vez.—
( IN2022647121 ).

PODER LEGISLATIVO

PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 72 DE LA

LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA

LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI (BANCO

HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA), Y SUS REFORMAS,

N° 7052, DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1986 (LEY DE

FORTALECIMIENTO AL SISTEMA FINANCIERO

NACIONAL PARA LA VIVIENDA)

Expediente Nº 23.047

“La vivienda no es un fin en mismo,

sino un medio para alcanzar otros fines.”

Mario Chaves

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley persigue un triple objetivo, por un lado, busca ampliar el número de entidades autorizadas que actualmente conforman el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), con la finalidad de fortalecerlo y de este modo contribuir a aumentar el número de créditos para vivienda y, por supuesto, el número de ellas que, se ha visto desacelerado en los últimos años.

Como consecuencia de lo anterior, también se espera fomentar el ahorro para vivienda social a través de este grupo de entidades con la finalidad de que puedan recaudarse más recursos financieros que, con el complemento de los recursos suministrados por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), coadyuven a la solución del problema habitacional del país.

También se pretende contribuir con la generación de empleo a través del impacto directo que la actividad de la construcción de vivienda puede provocar en la economía, ante el aumento de ventas en los almacenes, ferreterías, transportes servicios de alimentación, vigilancia, etc.

Se trata, en consecuencia, de un proyecto país que busca provocar las condiciones idóneas para acelerar el ritmo en la construcción de viviendas de interés social y, a la vez, asegurar la sostenibilidad del propio sistema nacional encargado de financiarlas.

Al presentar esta iniciativa lo hacemos conscientes de que este sector es un bastión importantísimo en la generación de empleo y, por ende, en la reactivación económica que tanto necesita el país.

El mecanismo es sencillo: al incluir un mayor número de entidades autorizadas que puedan ofrecer créditos en las condiciones favorables que la ley les permite a los beneficiarios de ese sistema, los nuevos empleos e ingresos que se generarían dentro del sector de la construcción provocaría, a su vez, un incremento en la recaudación del Estado, lo que redundaría en mayores recursos para destinar a programas sociales y para financiar nuevos subsidios para la vivienda.

En tiempos de pandemia, en que el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo ha crecido ante la imposibilidad de muchas familias de contar con recursos suficientes para tener vivienda propia, o al menos contar con otras formas de financiamiento que les permita hacer frente al deterioro de sus viviendas, este proyecto de ley podría brindarles una solución efectiva.

Lo anterior porque las nuevas entidades financieras que ahora se incorporarían al sistema podrían ofrecer a sus afiliados de menores recursos líneas de crédito para vivienda de interés social que se financiarían con los propios ahorros de sus afiliados, pero también con un porcentaje de subsidio que las mismas entidades, por estar autorizadas, les podrían ofrecer.

De esta forma, a la vez que se aumenta estadísticamente el número de créditos asociados al sistema, lo mismo que el número de familias beneficiarias que atiende, se fortalecería también la fiscalización en el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por el Ministerio de Vivienda como ente rector, pues con un número mayor de entidades autorizadas por el Banhvi, que comparten subsidios para el otorgamiento de créditos a sus afiliados, existe mayor interés en apoyar las políticas públicas que ese Ministerio impulse para construcción de soluciones habitacionales y levantamiento de nuevos asentamientos humanos.

Si bien, es importante garantizar los recursos que por ley deben ir al sector vivienda, también es importante que podamos ser capaces de proveer recursos frescos al sistema para apoyar sus programas, ya sea para el financiamiento de los bonos gratuitos de vivienda o para los bonos comunales para la erradicación de precarios.

Por ello, la política social del Estado debería fiscalizarse siempre, especialmente cuando sus decisiones puedan afectar los sectores sociales más necesitados de la población.

Precisamente, por esa falta de fiscalización el sector de vivienda de interés social se ha visto afectado, especialmente en los últimos años en que sus programas se han sido desfinanciados ante los drásticos recortes que la actual Administración le hecho al presupuesto del Banco Hipotecario de la Vivienda.

Buena parte de los recursos del Banhvi han sido redirigidos, en este Gobierno, por el Ministerio de Hacienda para atender otros rubros que no tienen relación alguna con el destino social que esos recursos debieran de cumplir.

Tales reducciones que han venido en aumento y hasta ahora no han enfrentado ni la oposición del Banvhi, ni la presión del grupo de entidades autorizadas que conforman ese sistema financiero, razón por la cual conviene revertir esa práctica. En ese sentido, este proyecto de ley podría contribuir a ello.

El ejemplo más reciente quedó plasmado en el proyecto de ley relativo al “PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2022 Y PRIMERA MODIFICACION LEGISLATIVA DE LA LEY N.°10103, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022.”

En esa iniciativa -que conoció la Comisión Ordinaria de Asuntos Hacendarios, bajo el expediente 22.919-, se pudo constatar cómo el Ministerio de Hacienda intentó recortarle al presupuesto del Banvhi la suma de seis mil seiscientos ochenta y nueve millones de colones, para atender con esos recursos compromisos que ese mismo Ministerio debía cumplir para el mantenimiento de sus edificios y locales, así como también otros rubros carentes de todo sentido social.[1]

Si bien, esta podría ser una de las razones que explica por qué se ha desacelerado el proceso de construcción de vivienda social en el país, también representa una medida de Gobierno que refleja un alto nivel de injusticia y contradicción por parte del Estado.

Se trata de una injusticia porque es una acción del Estado que afecta de manera directa uno de los sectores sociales que más necesitan un subsidio para el impulso de la vivienda social y los asentamientos humanos.

También es una acción contradictoria porque lejos de acelerar el proceso de construcción de vivienda para las clases más desposeídas, lo que logra es desacelerarlo y aumentar el déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas en el país, lo que impide la generación de empleo en lugar de promoverlo y retarda el crecimiento económico en lugar de aumentarlo.

Este impacto negativo parece confirmarlo el estudio de la Universidad de Costa Rica, titulado: “Balance y tendencias del sector vivienda 2020,”[2] el cual al analizar el déficit cuantitativo señala que existe una diferencia de 1,4 puntos porcentuales entre la cantidad de hogares y la cantidad de viviendas individuales ocupadas.

A este déficit cuantitativo se suma, además, el déficit cualitativo que -según el mismo estudio- comprende- no solo las viviendas regulares con hacinamiento, sino también las viviendas en mal estado, las viviendas regulares y las viviendas buenas con hacinamiento.

No obstante, dependiendo del nivel de las edificaciones, si estas se encuentran en condiciones de inhabitabilidad, la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) sugiere tenerlas como parte del déficit cuantitativo y, por consiguiente, dentro del número de viviendas por construir.

Dicho esto, el déficit cuantitativo o faltante natural de viviendas en el país es de aproximadamente 156.879 unidades, lo que prácticamente representa un 10% del total de hogares, según la ENAHO 2020.[3]

Para solventar este requerimiento de viviendas nuevas proponemos que el Estado lejos de desviar el financiamiento destinado a este sector, lo aumente con la finalidad de generar nuevos recursos que permitan financiar los bonos familiares de vivienda.

De lograr ese objetivo, el impacto social sería enorme, pues no solo se mejora la calidad y la condición residencial de gran cantidad de familias que lo necesitan, sino que también se reactiva la economía del país a partir de la creación de nuevas fuentes de empleo ligadas al sector de la construcción y, como se explicó antes, por los encadenamientos productivos que esta actividad genera.

Si logramos que nuevas entidades autorizadas se sumen al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, en la forma que aquí se propone, brindaríamos a sus ahorrantes y particularmente a quienes se clasifican dentro de los estratos de menores ingresos, la posibilidad de contar con esquemas de financiamiento que incluyan los bonos de vivienda, sin los cuales la posibilidad de construcción para ellos sería prácticamente nula.

Aunque originalmente la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), N° 7052, de 13 de noviembre de 1986, incluyó dentro del elenco de entidades autorizadas un rubro para los Otros organismos públicos especializados para el financiamiento de viviendas, artículo 72, inciso d).

Lo cierto del caso es que a la fecha esta redacción no ha surtido el efecto deseado, pues cada vez que una nueva entidad ha querido integrarse a ese sistema lo ha tenido que hacer precisamente a través de otra ley especial que la incluya.

Este es el caso de las cooperativas y las fundaciones de vivienda (integradas al SFNV por ley en 1990) y las asociaciones solidaristas (integradas por ley en el 2011). Antes que ellas, ya la ley del SFNV había incorporado las mutuales a los bancos, públicos y privados, y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, creado por ley especial.

Nuestra propuesta pretende, en cambio, modificar el inciso d) del artículo 72 de la citada ley para incorporar directamente a las demás entidades financieras, ya sea que estén o no sometidas a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras.

Actualmente, el artículo 72 de la Ley del SFNV, que regula a dichas entidades, incluye tanto a las fiscalizadas por la Sugef (por ejemplo, los bancos comerciales del Estado, los bancos creados por leyes especiales, los bancos privados, las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, así como también las asociaciones mutualistas de ahorro y préstamos), como a las no fiscalizadas por ese organismo (como es el caso de las asociaciones solidaristas y las fundaciones de vivienda).

El único requisito que nuestra propuesta impone para ser incorporada como nueva entidad autorizada, (además de cumplir con las obligaciones estipuladas en los reglamentos del SFNV), es que posean además una cartera de crédito clasificada dirigida al financiamiento para la construcción, compra y reparación de inmuebles, en otras palabras, que posean un grado especialización en el financiamiento de viviendas.

De este modo, al aprobarse la presente iniciativa entrarían a formar parte del SFNV tanto las empresas financieras no bancarias y otras entidades financieras, supervisadas por la Sugef, como los fondos especiales de ahorro y crédito no supervisados por ese organismo y que operen asociados a alguna institución, ya sea de seguridad social, universidades, o el magisterio, siempre y cuando posean carteras especiales de crédito para vivienda.

Con esta incorporación las nuevas entidades autorizadas también podrían tramitar, calificar y aprobar o rechazar las solicitudes de postulación al beneficio del bono familiar de vivienda y otros créditos y subsidios del sistema.

Además del financiamiento de proyectos individuales o colectivos que presenten los interesados, las entidades financieras podrán verificar los aspectos técnicos y financieros de dichos proyectos e incluso, según la reglamentación del Banvhi, ellas podrían ser solidariamente responsables ante el banco y cualquier perjudicado, por cualquier daño que puedan ocasionar, ya sea por negligencia o culpa en el desempeño de sus funciones.

Actualmente se encuentran registradas en la Sugef como empresas financieras no bancarias, las siguientes: Financiera Cafsa S.A., Financiera Comeca, Financiera Monge S.A., (Antes Financiera Credilat S.A.), Financiera Desyfin S.A. y la Financiera Gente S.A., cada una de las cuales puede realizar actividad bancaria, y su única limitación sea que ninguna de ellas pueda otorgar cuentas corrientes.

Por su parte, entrarían dentro de las entidades no fiscalizadas por las Sugef, a manera de ejemplo, el Fondo de Beneficio Social de la Universidad Nacional (FBS/UNA-SITUN), el Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica (JAFAP/UCR), el Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo de la Caja Costarricense de Seguro Social (FRAP/CCSS), la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), la Caja de ANDE.

Asimismo, cualesquiera otras entidades financieras que cuenten dentro de su oferta de servicios con una cartera de crédito especializada para el financiamiento de vivienda, ya sea compra de lote, compra de casa, cancelación de hipotecas para lote o casa, préstamos para construcción y ampliación y/o mejoras.

Esta reforma busca darle un contenido más eficaz al inciso d) del artículo 72 que, desde su origen, incluyó ley de creación del SFNV, la cual si bien contempló -como se dijo- la posibilidad de incluir a Otros organismos públicos especializados para el financiamiento de viviendas dentro de las entidades autorizadas.

Lo cierto del caso es que, -en la práctica-, el Banvhi ha rechazado la solicitud de entidades que parecían encontrarse dentro de ese supuesto normativo, bajo el argumento de ausencia de una norma previa especial que les habilite para ser considerados como parte del sistema.  El mejor ejemplo para ilustrar este caso lo representa la Caja de ANDE que en una ocasión intentó, sin éxito, obtener del Banhvi la condición de entidad autorizada.

En la solicitud planteada hace más de una década, la Junta Directiva de Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores, además de demostrar que su Ley Constitutiva le autorizaba otorgar préstamos de vivienda en condiciones favorables para sus agremiados y que contaba también con un programa de crédito para la compra, construcción, mejoramiento y reparación de vivienda, e incluso el hecho de ser otra de las entidades financieras supervisadas por ley por la Sugef, no fue suficiente para convencer al Banhvi de otorgarle la pretendida condición de entidad autorizada.  Lo anterior por la inexistencia de una norma que, de previo, le permitiera a ese fondo manejar subsidios del Estado.

Actualmente, si la Caja de Ande solicitara la intermediación de alguna entidad autorizada del Banhvi, (por ejemplo, de un banco, una mutual o una cooperativa de vivienda) para resolver la solicitud de bono familiar de vivienda de alguno de sus afiliados, este tendría que esperar por lo menos dos años para que la solicitud sea atendida.

Esto retrasa el proceso de construcción, reparación o de mejora de la vivienda.  Igual situación sucedería actualmente si la solicitante fuera la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) o cualquiera de los Fondos de Beneficio Social, Ahorro y Préstamo y Retiro de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica o de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Si actualmente la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda incluye dentro de sus entidades autorizadas a algunas que hoy son fiscalizadas por la Sugef y a otras que no son objeto de fiscalización por parte de ese organismo, entonces podríamos concluir que existe algún grado de discriminación respecto de todas aquellas otras entidades que, comparten características comunes con las entidades autorizadas por el Banhvi, hoy no forman parte del Sistema.

En otras palabras, se requiere una propuesta de ley como la que se plantea en este proyecto de ley para que se autorice a otras entidades la posibilidad de desarrollar y entregar viviendas individuales con bono, así como también poder participar en la inauguración de proyectos habitacionales de vivienda social o la firma de convenios con otras instituciones del Sistema Nacional para la Vivienda.

Actualmente, entidades como la Caja de Ande, la Junta de Pensiones y Jubilaciones, así como los Fondos de Beneficio Social, Ahorro, Préstamo y Retiro de la UNA, la UCR y CCSS disponen por año de miles de millones de colones para todos los propósitos relacionados con la vivienda en favor de sus afiliados, los cuales perfectamente se podrían complementar con recursos de bono familiar y tener una mayor cantidad de familias beneficiadas con esos subsidios.

Para lograrlo la Dirección del Fonavi del Banco Hipotecario de la Vivienda dispone de recursos para prestar a tasa básica o menos a las entidades autorizadas, los cuales pueden ser recursos que las entidades, como las recién citadas, podrían combinar también con recursos propios.  Esto con el fin de prestar a tasas de interés del 4% o 5% para vivienda y así poder beneficiar a muchos de sus afiliados o agremiados.

Debe tomarse en cuenta que una parte importante de estos últimos provienen del sector educación y también se ubican en diferentes estratos sociales, por lo que perfectamente esas instituciones a las están afiliados bien podrían considerarlos dentro de sus planes o programas de vivienda cofinanciados con recursos propios y subsidio estatal.

Hasta ahora, en la recién pasada contienda electoral en la que participaron diversas opciones políticas, cada una de las cuales consideró importante respaldar el tema de la vivienda, ninguna de ellas propuso soluciones tan directas o efectivas como la que aquí se plantea.

Es por lo anterior, y considerando que a partir del mayo próximo se inicia una nueva legislatura y un gobierno, se propone la presente iniciativa con la seguridad de que con ella se podrán impulsar, de manera más profunda, las políticas de promoción de vivienda de interés social, lo mismo que la construcción de nuevos asentamientos humanos en favor de las clases más desposeídas.

Presento, por tanto, para la consideración de los señores y señoras diputadas, el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 72 DE LA

LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA

LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI (BANCO

HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA), Y SUS REFORMAS, N° 7052, DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1986 (LEY DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA FINANCIERO

NACIONAL PARA LA VIVIENDA)

ARTÍCULO ÚNICO.-   Se reforma el inciso d) del artículo 72 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi (Banco Hipotecario de la Vivienda), y sus reformas, N° 7052, de 13 de noviembre de 1986. El texto es el siguiente:

Artículo 72-

d)                 Fondos de ahorro y préstamo, empresas financieras no bancarias y otras entidades financieras, especializadas en el financiamiento de viviendas

Rige seis meses después de su publicación.

Edgar Jovel Álvarez López

Diputado

10 de mayo de 2022

NOTA:       Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022644843 ).

PROYECTO DE LEY

LEY PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD
 PAÍS POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA
PARA LA FIJACIÓN DEL SALARIO
 MÍNIMO REFORMA DEL ARTÍCULO 15

DE LA LEY DE SALARIOS MÍNIMOS
Y CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE SALARIOS, LEY N.º 832,
DE 4 DE NOVIEMBRE

 DE 1949

Expediente N.º 23.073

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley tiene como propósito actualizar los parámetros de fijación del salario mínimo y aumentar la competitividad país para hacer efectivo el cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 56 de la Carta fundamental relativo a la obligación del Estado de “procurar que TODOS tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada”.

Sin duda, la generación de empleo es todo un paradigma, porque una empresa no toma en cuenta un solo factor al momento de realizar una inversión para la apertura de operaciones en un país o en una zona específica, ya que son varios factores que confluyen como la seguridad, vías de transporte y mano de obra calificada, entre otros.

Costa Rica cerró el 2021 con una tasa de desempleo de 15%, lo que representa a 368 mil personas en la búsqueda activa de un trabajo, según la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), y por otra parte, la informalidad laboral alcanzó al 43,9% de la población ocupada en el trimestre móvil que comprende agosto, setiembre y octubre de 2021.

Es conocido que el establecimiento de un salario mínimo elevado erosiona la competitividad del país y limita la creación de nuevos puestos de trabajo por lo que, se puede establecer que un ajuste en el salario mínimo resulta conforme con los fines y las funciones que los numerales 50 y 56 de la Constitución le encargan al Estado en sentido de que debe procurar el mayor bienestar de todos los habitantes del país, así como que todos tengan una ocupación debidamente remunerada.

Es claro que el nivel de los salarios mínimos en el país resulta sumamente elevado, razón por la cual nuestro país ha perdido competitividad y ha provocado la falta de oportunidades en el mercado laboral y que dichas oportunidades para el recurso humano se vayan a otros países de la región.

Para ver la imagen ir a La Gaceta con formato PDF

Por tanto, resulta urgente, necesario e indispensable que el país realice los esfuerzos necesarios y pertinentes para reducir de forma significativa, el nivel de precios y el costo de vida.

En el estudio tituladoEfecto Del Salario Mínimo En La Informalidad Del Mercado Laboral En Costa Rica”[4] presentado en diciembre del 2021 se indicó:

“¿Cuál es el efecto del salario mínimo en la informalidad del mercado laboral costarricense? Las repercusiones del salario mínimo sobre los empleos informales han sido debatidas en la literatura académica, pero no se ha diseñado un escenario contrafactual con el cual comparar trabajadores cuyo salario reportado está lo suficientemente cerca del salario mínimo correspondiente por ley. Usando microdatos trimestrales de la Encuesta Continua de Empleo desde el 2017 al 2020 y a través de una regresión discontinua se determina que incrementos del salario mínimo tienen un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre el empleo informal en el mercado laboral de Costa Rica. Los resultados implican que mientras mayor sea la distancia entre el salario mínimo y el salario reportado, cuando el salario mínimo esté por encima del salario reportado, mayor será la probabilidad de que un trabajador se encuentre en el sector informal. Se estima que una reducción del 10% en el salario mínimo reduciría la probabilidad de que un trabajador esté en el sector informal en más de 5 puntos porcentuales.

(…)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

La simplificación y reducción de los salarios mínimos es una de las políticas que puede reducir la informalidad. La importancia de los salarios mínimos ha sido ampliamente documentada y estudiada. Uno de los hallazgos principales en países desarrollados es que aumenta el ingreso promedio en la parte baja de la distribución de ingresos, pero también tiende a generar distorsiones en los mercados de trabajo, como lo es el desempleo. En el caso de países en desarrollo, el desempleo muchas veces no es una opción, por lo cual la respuesta de las personas y de las empresas es recurrir a la informalidad (Mora, 2020).

Esta investigación tiene por objetivo medir cuantitativamente el efecto del salario mínimo en la informalidad del mercado laboral costarricense. Usando microdatos de la Encuesta Continua de Empleo de los último cuatro años se diseña un escenario contrafactual en el cual se compara la distancia entre el salario registrado y el salario mínimo del grupo de trabajadores cuyo salario registrado está lo suficientemente cerca del salario mínimo correspondiente por ley. A través de una regresión discontinua se determina que incrementos del salario mínimo tienen un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre el empleo informal en el mercado laboral de Costa Rica. Los resultados implican que mientras mayor sea la distancia entre el salario mínimo y el salario reportado, cuando el salario mínimo esté por encima del salario reportado, mayor será la probabilidad de que un trabajador se encuentre en el sector informal. Se estima que una reducción del 10% en el salario mínimo reduciría la probabilidad de que un trabajador esté en el sector informal en 5,1 puntos porcentuales.

Si por el contrario ocurre un incremento del 10% en el salario mínimo, se estima que aumentaría la probabilidad de que un trabajador esté en el sector informal en 9,8 puntos porcentuales.

Estos resultados deben llevar al país a tener una discusión amplia sobre el salario mínimo y su estructura para lograr que el mayor número de trabajadores cuente con seguro médico y puedan disfrutar de una pensión en su retiro. Se reitera que la política de salario mínimo debe ser lo más sencilla posible, un salario mínimo aplicable para toda la población trabajadora o un número bajo de categorías fácilmente identificables (Mora, 2020). Facilitar la aplicación del salario mínimo puede contribuir a la formalidad, por lo tanto, su estructura y su nivel debería ser revisado y discutido ampliamente por la sociedad costarricense. Fijar un salario mínimo más bajo que el actual probablemente permitiría incentivar nuevas operaciones en zonas rurales del país en donde las oportunidades laborales formales son mucho más escasas que las del Gran Área Metropolitana de Costa Rica.” Resaltado no es del original.

El Banco Central de Costa Rica, en el estudioSalarios mínimos y dinámica empresarial: Evidencia para Costa Ricapresentado en noviembre del 2021[5] concluyó:

Conclusiones

-    Las empresas disminuyen sus niveles de empleo en respuesta a salarios mínimos más altos.

-    Aunque la magnitud del efecto es moderada, las empresas disminuyen su ritmo de contratación considerablemente ante costos laborales más altos.

-    Los incrementos en los salarios mínimos han repercutido negativamente la creación de empresas.

-    El menor ritmo de creación de negocios ha disminuido el dinamismo del empleo agregado.”

En resumen, este proyecto de Ley propone modificar el artículo 15 de la Ley de Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional de Salarios, Ley N.º 832 de 4 de noviembre de 1949, para establecer nuevos parámetros para la fijación del salario mínimo por parte del Consejo Nacional de Salarios. Entre los parámetros que se consideran importante incluir están, tasa de desempleo, tasa de informalidad y la ponderación de la oferta de recurso humano del país y los respectivos salarios mínimos comparado con la de los otros países con los que competimos por la atracción de inversión. Además, de darle la potestad al Consejo Nacional de Salarios de determinar un único salario mínimo.

De esta manera, sometemos a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD PAÍS POR

MEDIO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FIJACIÓN DEL

SALARIO MÍNIMO REFORMA DEL ARTÍCULO 15 DE

LA LEY DE SALARIOS MÍNIMOS Y CREACIÓN DEL

CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS, LEY

N.º 832, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1949

ARTÍCULO 1- Modifíquese el artículo 15 de la Ley de Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional de Salarios, Ley N.º 832, del 4 de noviembre de 1949, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 15-

La fijación del salario mínimo se hará para las actividades intelectuales, industriales, agrícolas, ganaderas o comerciales, y de acuerdo con las diferentes circunscripciones territoriales o económicas. Podrá hacerse también para una empresa determinada. Podrá también determinarse un único salario mínimo para todo el territorio nacional.

La metodología para la fijación del salario mínimo incluirá los parámetros de tasa de desempleo, tasa de informalidad, la competitividad de la oferta de recurso humano del país y los respectivos salarios mínimos comparados con los de los países con que competimos por la atracción de inversión.”

Rige a partir de su publicación.

Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Diputado

11 de mayo de 2022.

NOTA:   Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022644861 ).

PROYECTO DE LEY

“REFORMA AL AUXILIO DE CESANTÍA

DEL CÓDIGO DE TRABAJO”

Expediente N. 23.078

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de Ley tiene como antecedente uno presentado ante la oficina de iniciativa popular por el abogado constitucionalista Fabian Volio Echeverria, a continuación, cito textualmente dicha iniciativa:

“Uno de los más grandes problemas que sufren las finanzas públicas, es el enorme gasto causado por el pago de las prestaciones por causa de la jubilación de los funcionarios públicos. Esta regla está contenida en el artículo 85 inciso e) del Código de Trabajo y obliga al patrono a indemnizar al trabajador que se jubila, como su hubiese sido despedido sin justa causa. Dice la norma:

Artículo 85.- Son causas que terminan con el contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los derechos de éste o de sus causahabientes para reclamar y obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones que pudieran corresponderles en virtud de lo ordenado por el presente Código o por disposiciones especiales:

( ... )

e) Cuando el trabajador se acoja a los beneficios de jubilación, pensión de vejez, muerte o de retiro, concedidas por la Caja Costarricense de Seguro Social, o por los diversos sistemas de pensiones de los Poderes del Estado, por el Tribunal Supremo de Elecciones, por las instituciones autónomas, semiautónomas y las municipalidades.”

Esa hipótesis no estaba contemplada en el Código de Trabajo original, porque la indemnización estaba prevista para los casos de muerte del trabajador, imposibilidad de cumplir el contrato, el cierre de la empresa, el despido sin justa causa; etcétera. Así planteado, tiene sentido el pago de prestaciones en esos supuestos, porque se ha roto el contrato de trabajo por una causa que es diferente a la voluntad o culpa del trabajador.

El artículo 29 inciso f) del Código de Trabajo, impedía el pago de las prestaciones por motivo de la jubilación, decía la norma original:

“f) No tendrán derecho a auxilio de Cesantía, el trabajador que al cesar su contrato quede automáticamente protegido por una jubilación de vejez o de retiro concedida por el Estado, o la Caja Costarricense de Seguro Social; ni cuando el trabajador quede por el mismo hecho del despido acogido a los beneficios del Seguro del desempleo involuntario de ésta última institución, o cuando en caso de fallecimiento del Trabajador por un riesgo profesional, el patrono demuestre que tenía asegurado a éste, contra todo riesgo, en el Instituto Nacional de Seguros”.

Sin embargo, el artículo 9 inciso f) del Código de Trabajo fue derogado explícitamente por la Ley número 4797 de 12 de julio de 1971. Reforma que no tiene una causa clara. Es decir, esta derogación de 1971 no cumple la premisa prevista por el artículo 63 de la Constitución Política, que prevé el pago de prestaciones como sucedáneo de un seguro de desempleo. No en otras hipótesis. Dice la norma constitucional:

“ARTÍCULO 63.- Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.”

Con la derogación del artículo 29 inciso f) no reguló las hipótesis en que se pagaría el auxilio de cesantía de allí en adelante. La derogatoria simple de esa regla, causó problemas de aplicación, como dijo la Procuraduría General de la República en el dictamen C-131-1989:

“Al desaparecer ese inciso, que contemplaba varias situaciones jurídicas, se produjo una relativa incertidumbre, por lo que el legislador procedió a interpretar la referida derogatoria, lo que hizo mediante ley número 5173 de 10 de mayo de 1973 (...)”

El artículo 1 de la ley 5173 de 1973, explica que se trató de unainterpretación auténtica de otras leyes anteriores, que no permitían o no contemplaban el pago del auxilio de cesantía por motivo de la jubilación o pensión del trabajador:

Artículo 1º.- Interprétanse en forma auténtica las leyes Nº 4797 de 12 de julio de 1971 (Derogatoria del inciso f) del artículo 29 del Código de Trabajo); Nº 4906 de 29 de noviembre de 1971 (Reforma al inciso f) del artículo 37 del Estatuto de Servicio Civil); e inciso b) del artículo 33 de la Nº 4556 de 29 de abril de 1970 (Ley de Personal de la Asamblea Legislativa), en el sentido de que los trabajadores que se acojan -aun voluntariamente- a jubilación, pensión de vejez, muerte o de retiro, concedidas por la Caja Costarricense de Seguro Social o por los diversos sistemas de pensiones de los Poderes del Estado, por el Tribunal Supremo de Elecciones, por las Instituciones Autónomas, semiautónomas, y las municipales, tienen derecho a que el patrono les pague el auxilio de cesantía.”

Estainterpretación auténtica” de 1973, pretendía, sin duda, causar un efecto retroactivo a favor de causas administrativas o judiciales en los que se estaba discutiendo el tema. Porque la Constitución Política en el inciso 1) del artículo 121 prevé la interpretación auténtica de las leyes como una de las funciones de la Asamblea Legislativa: pero no declara que esas interpretaciones auténticas sean retroactivas al momento de haber sido dictada la norma.

La Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia había declarado ese efecto retroactivo de las leyes interpretativas por las sentencias No. 320-92, 19947261, 7261-94, 5797-98, 7552-1998, 2005-08424 Y 1360-2011. Así es que, es muy probable que se pretendía favorecer disputas pendientes respecto del pago de prestaciones por causa de la jubilación del trabajador.

Por otra parte, el artículo 2 de la ley 5173 de 1973, que añadió el inciso e) al artículo 85 del Código de Trabajo, tiene el vidente propósito de causar un efecto prospectivo respecto de las jubilaciones o pensiones futuras. De modo que, a partir de esa fecha, se pagará el auxilio de cesantía por el simple hecho de jubilarse la persona. Esto, pese a que el mes siguiente, el trabajador recibirá el pago de su pensión. No quedará desempleado como lo prevé la Constitución Política como premisa para pagar una indemnización, en tanto no exista un seguro de desempleo.

Como se dijo, la indemnización por jubilación se paga pese a no quedar desocupado el trabajador, sino jubilado y con un pago mensual inmediato y permanente; hasta su muerte. Queda totalmente protegido el trabajador por su pensión, razón por la cual no debe indemnizarse con el auxilio de cesantía. Así, es inválida esa nueva regla incorporada al Código de Trabajo en 1973, porque no responde a la regla constitucional. Por eso es indispensable derogarla, el artículo 121.1) dice:

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones (...)”

Por otra parte, los gastos causados al Estado y sus instituciones son enormes, porque se han pactado con los trabajadores del sector público el derecho de obtener un auxilio de cesantía, por más de los ocho meses que estipula el artículo 29.4) del Código de Trabajo. El problema del gasto público se agrava, porque los tribunales de justicia han declarado que el derecho administrativo no contiene un límite para que los jerarcas otorguen más derechos a los funcionarios públicos, sobre los mínimos previstos en el Código de Trabajo. Por ello, han sido firmadas convenciones colectivas de trabajo que otorgan el auxilio de cesantía calculado conforme a 10, 20 hasta 25 salarios. Entonces, la persona se jubila y recibe un monto muy alto como indemnización por ese motivo; además de recibir el monto mensual de su pensión.

Además, el artículo 684 del Código de Trabajo, reformado por el denominado Código Procesal Laboral, Ley número 9343, sorprendentemente amplió el derecho al auxilio de cesantía en favor de los miembros de los supremos poderes cuando se jubilan y en favor otros altos funcionarios públicos descritos en el artículo 693.

La norma no tiene justificación alguna, porque no quedan cesantes sino jubilados o pensionados esos altos funcionarios. Pero, además, no se justifica una norma sustantiva en una sección procesal del Código de Trabajo. Dice la norma:

Artículo 684.-

Las personas exceptuadas en el artículo anterior no se reqiran por las disposiciones de este Código, sino únicamente por las que establezcan leyes, decretos o acuerdos especiales. Sin embargo, con excepción de las

personas que ocupen cargos de elección popular, tendrán derecho al pago de cesantía si se jubilaran o pensionaran, o fallecieran en el cargo con derecho jubilatorio, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales. El pago de la cesantía procederá en estos casos cuando el beneficio de pensión se adquiere por primera vez.”

Este derecho exorbitante, fue protegido por el artículo Transitorio 111, porque mantiene el derecho al pago del auxilio de cesantía: “a los funcionarios excluidos de la aplicación del régimen de este Código”. Es decir, pese a no estar cubiertos por el Código de Trabajo, se les va a pagar esa indemnización injusta. Dice la norma:

“TRANSITORIO III.-

A los funcionarios excluidos de la aplicación del régimen de este Código, nombrados antes de la entrada en vigencia de esta ley, a quienes en la actualidad se les paga cesantía cuando se jubilan, pensionan o fallecen, se les mantiene esos derechos, en los montos o proporciones que se les satisfacen.”

Así las cosas, propongo la derogación de los artículos 85.e), del artículo 684 y el Transitorio III. del Código de Trabajo, agregados los dos últimos por la Ley número 9343 y se adicione el artículo 29.6) con el texto original que prohibía pagar el auxilio de cesantía por causa de la jubilación del trabajador.”

Por lo anterior, someto a consideración de las señoras diputadas y señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA AL AUXILIO DE CESANTÍA

DEL CÓDIGO DE TRABAJO

ARTÍCULO 1- Se adiciona un nuevo inciso 6. al artículo 29 del Código de Trabajo y sus reformas, para que en adelante se lea así:

6. No tendrán derecho a auxilio de Cesantía, el trabajador que al cesar su contrato quede automáticamente protegido por una jubilación de vejez o de retiro concedida por el Estado, o la Caja Costarricense de Seguro Social; ni cuando el trabajador quede por el mismo hecho del despido acogido a los beneficios del seguro del desempleo involuntario de ésta última institución, o cuando en caso de fallecimiento del Trabajador por un riesgo profesional, el patrono demuestre que tenía asegurado a éste, contra todo riesgo, en el Instituto Nacional de Seguros o ante otra empresa.

ARTÍCULO 2- Derogatorias.

Se derogan las siguientes normas contenidas en el Código de Trabajo y sus reformas:

a. El inciso e) del artículo 85 del Código de Trabajo.

b. El artículo 684 del Código de Trabajo, adicionado por el artículo 2° de la ley N° 9343 del 25 de enero de 2016, “Reforma Procesal Laboral”.

c. Se deroga el artículo Transitorio III. del Código de Trabajo, adicionado por la Ley N° 9343 del 25 de enero de 2016, “Reforma Procesal Laboral”.

Rige a partir de su publicación.

Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Diputado

NOTA:        Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022645776 ).

PROYECTOS

LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO QUINTO DEL

CANTÓN DE CARRILLO DENOMINADO EL COCO

Expediente N.° 23.035

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Con el presente proyecto de ley se pretende crear un nuevo distrito en el cantón de Carrillo que se denominará:  El Coco, por considerarse que es necesario para el desarrollo y bienestar de sus pobladores. Con el nuevo distrito se busca abarcar un área aproximada de 50,40 kilómetros cuadrados, que se obtendría de los 240,45 kilómetros cuadrados que es el área actual del distrito de Sardinal, siendo actualmente el distrito más extenso del cantón Carrillo, constituye el 41% de la superficie actual de este cantón.

Esta iniciativa ha sido elaborada y promovida con el apoyo de la Asociación de Desarrollo Integral de Playas del Coco, organización comunal que vienen realizando una importante labor para el progreso de la zona; sumado a ello, es importante destacar el esfuerzo de otras organizaciones de la comunidad, privadas y públicas que, en conjunto, persiguen un desarrollo social, económico y ambiental equilibrado y sostenible para sus habitantes.  Es por ello, que esta organización ha analizado que, debido a la extensión geográfica del distrito de Sardinal, es conveniente dividir parte de su territorio en un nuevo distrito, que permita tener una representación y organización territorial más incidente en las comunidades.

Las organizaciones interesadas en la nueva figura administrativa se fundamentan también según sus promoventes, en que la representatividad de la comunidad de El Coco en la Municipalidad de Carrillo y en procesos electorales, de constituirse en distrito, redundará en una mejor exposición de las necesidades y problemáticas en los distintos espacios, para la toma de decisiones, así como, en la asignación de presupuestos que significaría más desarrollo y beneficios para estas poblaciones.

Asimismo, el poder contar con un síndico que los represente ante el Concejo Municipal, facilitaría la atención sobre las necesidades integrales de la nueva unidad administrativa y facilitaría la fiscalización de los proyectos municipales y, en definitiva, habría una mejor representación política.

La comunidad del Coco ha venido experimentado un auge turístico, comercial y urbano significativo y sobresaliente en la región, que se ha traducido en un desarrollo importante para el cantón de Carrillo, en la recaudación de impuestos y la generación de fuentes de empleo. Aunado a ello, se han venido desarrollando obras de infraestructura en la zona, tanto públicas como privadas, que han permitido un mejorando el acceso de servicios a las comunidades, y la apertura de instituciones como Correos de Costa Rica, Migración y Extranjería, una oficina de la Fuerza Pública, Incopesca, Minae, Banco Nacional, Banco de Costa Rica.

En cuanto a las oportunidades institucionales de la comunidad, la cabecera del nuevo distrito cuenta con los siguientes servicios:

Ø  Salud:  un Cen cinai y un ebais.

Ø  Educación:  dos centros educativos públicos y dos centros educativos privados.

Ø  Religión:  dos templos católicos y diez templos evangélicos

Ø  Cementerio local:  un cementerio 

Ø  Transporte público:  se brinda servicio entre El Coco-San José, El Coco-Filadelfia y El Coco-Liberia.

Ø  Espacios públicos: la comunidad cuenta con los siguientes espacios públicos de interés comunal, el parque de playas del Coco, plaza de fútbol, un salón comunal.

Ø  Agua: un acueducto del AyA

Según la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el censo del año 2011, el distrito de Sardinal contaba con una población de 14.912 habitantes, de un total de 37.122 pobladores del cantón de Carrillo.

Tómese por ejemplo la información desglosada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en cuanto al padrón electoral para noviembre del 2021.  Según esta institución, el distrito electoral del Coco, código 505011, cuenta con un total de 3251 sufragistas, compuesto por 1673 hombres y 1578 mujeres.  A esta cifra, se debe agregar el importante porcentaje de población que han llegado a vivir a la comunidad en los últimos años, pero que no han trasladado su distrito de votación, además de las personas menores de edad y extranjeros que residen en la localidad.

Por lo cual, el tema de la creación de un nuevo distrito en el cantón de Carrillo surge como respuesta a las demandas de los habitantes de mejoras factores sociales, culturales, económicos, educativos y de infraestructura, en la comunidad del Coco, los cuales desean contar con su propia unidad administrativa para gestionar sus propios intereses comunitarios.

Para la creación de distritos, la Asamblea Legislativa, aprobó la Ley N.º 4366, Ley sobre la División Territorial Administrativa, que logra plasmar el espíritu del artículo 168 constitucional, y de esa forma, estableció, que la creación de distritos es materia de competencia del Poder Ejecutivo (artículo 14, párrafo final).  Sin embargo, análisis de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa otorga esta potestad también a la Asamblea Legislativa (art.105, 121 inciso 1 y 168 de la Constitución Política), ya que dicha potestad no puede ser renunciada ni sujeta a limitaciones, siendo lo recomendable, que se haga mediante decreto ejecutivo, ya que los requisitos exigidos para la creación de distritos por la Ley N.º 4366, son varios, y estos requieren actuaciones propias de la Administración Pública.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA DECRETA:

LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO QUINTO DEL

CANTÓN DE CARRILLO DENOMINADO EL COCO

ARTÍCULO 1-         Creación de distrito

Se crea el distrito 5° del cantón de Carrillo de la provincia de Guanacaste, denominado El Coco, cuyo centro administrativo será la comunidad de El Coco.  El distrito estará integrado además por los caseríos de Playas El Coco, Ocotal, Playa Panamá, Playa Hermosa.

ARTÍCULO 2-         Descripción de los límites del distrito

El Instituto Geográfico Nacional preparará el mapa oficial del distrito de El Coco del cantón de Carrillo, conforme a las coordenadas referidas al sistema de proyección cartográfica oficial para Costa Rica CRTM05 y su datum asociado CR05 y según los siguientes límites:  al norte marca el curso el océano pacifico, hasta llegar a la playa Monte del Barco, desde ese punto, se marca el curso en línea recta hasta la coordenada CRTM05 X 321861.862 y Y 1171715.354; al sur con el cerro Mojagua, cerro Pelón, cerro Ceiba y el cerro Espavel; al este con la intersección de las vías nacionales N.° 151 y N.° 159, los cerros de Punta de Piedra, cerro Mozolal, cerro Redondo, desde ese punto, se marca el curso en línea recta hasta la coordenada CRTM05 X 321861.862 y Y 1171715.354; al oeste marca el curso el océano pacífico.

ARTÍCULO 3-         Declaratoria oficial del mapa

Se faculta al Instituto Geográfico Nacional para que represente en la cartografía oficial los límites descritos en el artículo segundo, y se declare oficial el mapa de este nuevo distrito preparado por esta institución.

ARTÍCULO 4-         Firmeza del nombre del nuevo distrito

El nombre de este distrito quedará en firme cuando lo apruebe la Comisión Nacional de Nomenclatura.

ARTÍCULO 5-         Elección de los miembros del Concejo de Distrito y síndicos

La elección de los miembros del Concejo de Distrito y síndicos del distrito de El Coco será organizada y dirigida por el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando corresponda y así lo determine el Tribunal de acuerdo con su calendarización oficial.

TRANSITORIO ÚNICO- Si ocurriera el impedimento establecido en el artículo 2 del Reglamento para la Formulación de la División Administrativa Electoral, Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones N.º 06-2014, la presente ley entrará en vigencia el día hábil siguiente a la celebración de las elecciones de que se trate para designar a las autoridades municipales o, en su defecto, el día hábil siguiente a las elecciones nacionales para elegir presidente, vicepresidentes y diputados.

Rige a partir de su publicación.

José María Guevara Navarrete

Diputado

NOTA:     Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022645779 ).

PROYECTO DE LEY

“LEY PARA FACILITARLE A LAS CIUDADANAS

Y LOS CIUDADANOS LA EMPLEABILIDAD

COMO CHOFERES DE TRANSPORTE PÚBLICO”

Expediente N° 23.080

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La presente iniciativa de Ley pretende facilitarle la empleabilidad a quienes deseen desempeñarse como choferes de transporte público.

La Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial y sus reformas, establecen una serie de requisitos para que el empresario pueda contratar a los conductores que van a brindar el tan importante servicio de transporte público en modalidad de autobús, mismo que es de primer orden en las necesidades de los costarricenses por su accesibilidad y para satisfacer la necesidad de transportarse de forma segura, rápida y asequible desde sus hogares hasta sus centros de trabajo, desde sus hogares hasta sus centros de estudio o por motivos de esparcimiento.

Sin embargo, existe un requisito para obtener la licencia de autobús que priva a muchas personas de un empleo digno, la Ley en su artículo 87 establece como requisito previo a la obtención de la licencia “Se deberá contar con una licencia clase B o tipo C1, al menos con tres años de expedida, lo cual descalifica de entrada a personas que cumplen con el conocimiento para desempeñarse como chofer de autobús.

Las últimas cifras del INEC revelan que estamos sufriendo de un desempleo del 12% y para nadie es un secreto que las excesivas regulaciones han generado un problema estructural en Costa Rica, estas regulaciones no permiten al sector privado generar desarrollo económico, movilizar a los habitantes de la República y facilitar empleos.

En el año 2008, el Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, acta número 11 del 2008, analiza y reconoce el problema del “déficit de conductores” para el área metropolitana, allí el Estado costarricense reconoce el problema que surge a través del problemático requisito que contempla la vigente Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, que se encuentra en el artículo 87 inciso segundo, pues tiene por requisito sine qua non que para obtener licencia C-2, es necesario tener previamente las licencias C-1 o la licencia B durante un tiempo previamente a poder solicitar la respectiva licencia para transporte público en modalidad autobús.

Para el año 2008, eran según el mencionado oficio del Consejo de Transporte Público, unos 1091 puestos de trabajo que no se estaban ocupando con motivo de la dificultad que enfrentan los pretendientes para ser conductores de autobús, siendo la causa de tal dificultad el requisito de tener previamente licencias C-1 o B por plazo no menor a dos años.

El presente proyecto, busca no únicamente facilitar el acceso de las personas a empleos, sino que también busca conseguir que en un mediano plazo, se reduzca el déficit de conductores con lo que asegurar el cumplimiento del principio de carácter constitucional de “Continuidad de los Servicios Públicos” al contar con suficientes conductores para asegurar que el servicio de autobús será brindado de la mejor manera y siempre bajo la fiscalización del Consejo de Transporte Público, por lo que se asegura también la continuidad del servicio así como el cumplimiento de la ley y otras disposiciones en favor del usuario, la seguridad del servicio brindado y del medio ambiente.

Considerando todo lo anterior, se somete a consideración de los diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA

DECRETA:

“LEY PARA FACILITARLE A LAS CIUDADANAS

Y LOS CIUDADANOS LA EMPLEABILIDAD

COMO CHOFERES DE TRANSPORTE PÚBLICO”

ARTÍCULO ÚNICO – Refórmese el artículo 87 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial y sus reformas, Ley N.°9078, de 26 de octubre del 2012, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 87. Disposiciones para las licencias de conducir clase C

Las licencias de conducir clase C tendrán las siguientes modalidades:

Tipo C-1:    autoriza a conducir los vehículos automotores en modalidad de taxi. El conductor deberá contar con una licencia clase B o tipo C-2, con al menos tres años de expedida y haber obtenido el certificado del curso básico de educación vial para transporte público.

Tipo C-2:    autoriza a conducir vehículos automotores de transporte público de personas modalidad autobús, buseta y microbús. Se deberá contar con una licencia clase B o tipo C-1, al menos con tres años de expedida y haber obtenido el certificado del curso básico de educación vial para transporte público.

Excepcionalmente, mediante la aprobación de un curso especialmente diseñado, fiscalizado y avalado por el CTP, dicho curso podrá ser impartido por entidades públicas o privadas, las personas sin experiencia en las licencias clase B o tipo C-1 podrán obtener licencia tipo C-2, siempre que se garantice, mediante parámetros técnicos, que reúnen las características idóneas para la conducción del tipo de vehículos aquí indicados.

Previo a la autorización para la prestación de servicios especiales de transporte de estudiantes menores de edad, deberá aportarse un certificado de delincuencia en el que conste que no ha sido condenado por delitos de pedofilia, sexuales o los contemplados en el artículo 254 bis(*) de la Ley N° 4573, Código Penal, de 4 mayo de 1970, y sus reformas.

Los conductores que obtengan licencia clase C podrán prescindir de la licencia tipo B-1, para la conducción de los vehículos automotores que ampara dicha acreditación.”

Rige a partir de su publicación

Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Diputado

NOTA:        Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022645783 ).

PROYECTO DE LEY

AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES PARA QUE DONE LA PLANTA
 DE ASFALTO DE COLIMA A LAS MUNICIPALIDADES
DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA

Expediente N.° 23.015

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La reactivación de la economía en Costa Rica debe ser un tema de primera necesidad y de acatamiento ineludible, para poder brindar las facilidades a los diferentes cantones del país en aras de promover el desarrollo mediante los gobiernos locales y es que estos forman parte del Estado de derecho en el que se radica nuestra República, su trascendencia va más allá de un grupo etario que lo representa, estos mantienen activa la economía, mejoran y generan infraestructura, permiten y mantienen la interconexión de las diferentes comunidades; asimismo, fomentan el intercambio de mercancías, productos agrícolas y de consumo primario haciendo accesoria la fluidez y estabilidad económica.

La modernización del Estado que conlleva tramites más agiles, expeditos en donde no se pierdan los principios de la Administración Pública de eficiencia y eficacia. Es por esto que surgen figuras contractuales novedosas, que proveen agilidad y eficiencia al aparato estatal, las sociedades públicas de economía mixta son consideradas una alianza entre el sector público a nivel municipal y el sector privado.

Su fundamento legal reside en el artículo 13 inciso “q” del Código Municipal que expresamente dice: “(…) q) Constituir, por iniciativa del alcalde municipal, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades públicas de economía mixta.”; por otra parte, la Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta que es Ley N.° 8828, de 29 de abril de 2010, es la norma encargada de su regulación y actividad, desarrollando el contenido del inciso.

El objeto de las SPEM es “la ejecución de las obras prioritarias para el desarrollo de la comunidad y de los servicios públicos locales, con el fin de satisfacer, oportuna y adecuadamente, los intereses de los munícipes”, quedando facultadas para establecer alianzas estratégicas que le permitirán el desarrollo de actividades que la llevaran a la consecución del fin, para el cual fueron creadas. Estas sociedades, se organizan y funcionan conforme a las normas que rigen las sociedades anónimas, sin perjuicio de su sujeción al derecho público de acuerdo al artículo 3 de la Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta, Ley N.° 8828, de 29 de abril de 2010.

Para su creación, el Concejo Municipal requiere un acuerdo que deberá ser aprobado en votación de 2/3 del total de los regidores propietarios; una vez tomado el acuerdo constituirá la SPEM reservándose el 51% de las acciones y dejando a un sujeto de derecho privado el 49% restante, este último se escogerá conforme al artículo 57 de la Ley de Contratación Administrativa. La sociedad se rige por el mismo principio y normas de las sociedades anónimas, por lo tanto, la escritura constitutiva deberá inscribirse en Registro Nacional, en el Registro de Personas Jurídicas.

De lo antes dicho, es necesario considerar las sociedades públicas de economía mixta se encuentran ante las normas de las sociedades mercantiles; esto obedece a que la municipalidad posee autonomía política, administrativa y financiera, que le confiere la Constitución Política, así como también el gobierno local está facultado para acordar sus presupuestos, ejecutarlos, aprobar y percibir tasas, los precios y las contribuciones municipales, sujeto a todos los controles públicos como por ejemplo de la Contraloría General de la República. Por lo que la municipalidad al poseer el 51% de las acciones tendrá el control de la empresa.

Toda sociedad pública de economía mixta deberá tener una estructura administrativa mínima compuesta por la asamblea general de accionistas, junta directiva y un fiscal. La junta directiva se escogerá en asamblea general de accionistas por un periodo de dos años, compuesta por cinco integrantes de los cuales tres serán propuestos por la municipalidad y los otros por el socio privado.

Beneficios que traen las sociedades públicas de economía mixta son los siguientes: en las SPEM hay una notable reducción de los plazos de construcción en cuanto a obra a ejecutar se refiere, debido a que posee un trámite expedito, en su gran mayoría son proyectos auto-sostenibles.

Los costos de los servicios bajan al tener una alta competitividad en el mercado de acuerdo a los privados, los costos operativos son reducidos, además de que son obras de una gran masa por lo que contribuye a los mencionado anteriormente.

Ayudan a desarrollar la capacidad de las empresas privadas nacionales, diversificando así la economía, no hay duda que bajo esta figura se dinamiza la economía, generando un impacto positivo para el país que la aplica y para su población.

Hay plazos y presupuestos definidos, los cuales son inquebrantables, unos de los puntos más relevantes de la eficiencia, el plazo para el privado no puede pasar de la fecha pactada, de lo contrario habría un evidente incumplimiento contractual.

Se debe enrumbar al Estado hacia una gobernabilidad que goce tres características: digitalización, tecnicidad y simplificación, estos supuestos son los que pretende el presente proyecto, mediante la simplificación de trámites que permitan la agilidad sobre la ejecución de obras, procesos y desarrollos dadas a los gobiernos locales, SPEM y federaciones municipales, se estaría migrando a una evolución de Estado, que es el espíritu que pretende dicho texto, su debida tecnicidad en los procesos, en donde en muchas ocasiones estos se ven afectados por la amplia burocracia y múltiples tramitologías de Instituciones que se encuentran atadas de manos.

El emerger de nuevas figuras en el área administrativa del derecho público forma parte de la evolución constante que posee la materia, además, de su constante dinamización que se le caracteriza per se.

Las 16 municipalidades de la provincia de Alajuela han carecido de una verdadera articulación como región, que les permita un desarrollo sostenido de las provincias como un tema de primera necesidad. Lo verdaderamente necesario oscila en una nueva forma de hacer desarrollo regional de manera articulada y conjunta entre los gobiernos locales para lograr proyectos de alto impacto que den acceso a la población de la provincia de Alajuela obtener beneficios palpables en diferentes áreas. Por ejemplo: servicios, infraestructura renovación pymes y grandes empresas, de manera que sean procesos donde surjan condiciones de manera positiva e impacte de manera positiva en la reactivación de economía y generación de empleo.

Esta iniciativa pretende ajustarse a los parámetros internacionales de la Organización para la Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) y ajustarse a estipulado en el artículo 50 de la Constitución Política, que enmienda al Estado a promover el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el uso más adecuado de la riqueza, pero también creó un cuerpo normativo para racionalizar la actividad administrativa de fomento, a fin de someter la acción pública a principios elementales de programación, planificación, orientación técnica, de acuerdo con objetivos, metas, productos y resultados.

Por ello, para validar los principios fundamentales del servicio público y asegurar la continuidad, eficiencia y adaptación a los cambios que han ocurrido en la nueva normalidad, proponemos para la materialización de la donación de la planta asfáltica se cree una sociedad pública de economía mixta basada en la ley N.° 8828, de 29 de abril de 2010.

Debido a la limitación económica que presentan las municipalidades y la vasta red vial cantonal, para intervenir, es de interés para los gobiernos locales, contar con una planta de mezcla asfáltica en caliente, bajo su propia operación y en administración mediante una sociedad pública de economía mixta, como órgano de desarrollo provincial, basada en la ley N.º 8828, de 29 de abril de 2010.

La Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N.° 8801, de 28 de abril de 2010, publicada en el Alcance N.° 7 a la Gaceta N.° 85 de 4 de Mayo del 2010, en su artículo 1, estableció los principios y disposiciones generales para ejecutar lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, con el fin de transferir recursos del presupuesto de ingresos y gastos de la República y la titularidad de competencias administrativas del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales, para contribuir al proceso de descentralización territorial del Estado costarricense, donde este proceso de transferencia de competencias y recursos a las municipalidades tiene como propósito contribuir con la modernización del Estado costarricense, acercar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente, así como mejorar la gobernabilidad democrática y la fiscalización en la gestión pública (artículo 2, Ley N.° 8801).

Según lo estipulado en el inciso h) del artículo 3 de la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, Ley N.° 8801, tiene como principio la integración regional, por lo que el proceso de descentralización, promover la integración de los intereses y servicios de cada cantón con los de los cantones vecinos, conforme a sus características naturales; impulsar la mejor planificación y ordenación del territorio, la mejor distribución de la población y la más justa distribución económica y social de la riqueza.

Por lo que una forma de optimizar los recursos municipales es que produzcan su propia mezcla asfáltica a un menor costo, debido a que las municipalidades dejaron de percibir fondos que les correspondía para invertir en el mantenimiento de la red vial cantonal.

Dentro de la propuesta de este proyecto de ley, está que una vez efectuada la Donación de la Planta Asfáltica y sus equipos necesarios a la sociedad pública de economía mixta basada en la ley N.° 8828 de 29 de abril de 2010, y esta sea reinstalada en el cantón de Naranjo, en un terreno propiedad de dicha municipalidad, en el cual se cuenta con las condiciones necesarias y que la municipalidad de este cantón pone al servicio de la sociedad pública de economía mixta.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, se presenta el siguiente proyecto de ley a consideración de los señores diputados como un esfuerzo más para migrar a métodos simplificados que garanticen una buena gestión administrativa.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES PARA QUE DONE LA PLANTA DE ASFALTO DE COLIMA A LAS MUNICIPALIDADES
DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA

ARTÍCULO 1-          Autorización

Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cédula jurídica dos- uno cero cero – cero cuatro dos cero cero ocho (2-100-042008), para que done un bien mueble de su propiedad a las municipalidades de la provincia de Alajuela: Municipalidad de Alajuela, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero seis tres (3-014-042063); Municipalidad de Atenas, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero seis cinco (3-014-042065); Municipalidad de Grecia, cédula jurídica tres- cero uno cuatro – cero cuatro dos cero seis seis (3-014-042066); Municipalidad de Guatuso, cédula jurídica tres- cero uno cuatro – cero cuatro dos cero seis siete (3-014-042067) Municipalidad de Los Chiles, cédula jurídica tres- cero uno cuatro – cero cuatro dos cero seis ocho (3-014-042068); Municipalidad de Naranjo, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero seis nueve (3-014-04-2069); Municipalidad de Orotina, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero siete cero (3-014-042070); Municipalidad de Palmares, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero siete uno (3-014-042071); Municipalidad de Poás, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero siete tres (3-014-042073); Municipalidad de Río Cuarto, cédula jurídica tres- cero uno cuatro-siete nueve cinco ocho siete uno (3-014-795871); Municipalidad de San Carlos, cédula jurídica tres- uno cero cero- siete nueve cinco ocho siete uno (3-100-123456); Municipalidad de San Mateo, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero siete cinco (3- 014- 042075); Municipalidad de San Ramón, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero siete seis (3-014-042076); Municipalidad de Sarchí, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero siete ocho- cero tres (3-014-042078-03); Municipalidad de Zarcero, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero seis cuatro (3-014-042064) y Municipalidad de Upala, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero siete siete (3-014-042077).

ARTÍCULO 2-          Descripción del bien mueble

El bien mueble que se autoriza donar se describe así: planta de producción asfáltica en caliente compuesta por los siguientes elementos: un calentador, un tanque de asfalto, tres tolvas, dos transportadores, dos cribas vibratorias, una unidad de reciclaje, un cilindro de secado, un compresor de aire, un extractor de polvo, una tolva, una cabina de control, una bomba de agua, cinco bombas de trasiego, veintidós motores eléctricos, un motor de combustible y un filtro seco.

ARTÍCULO 3-          Ubicación

Tanto la planta como sus componentes se reinstalarán en el cantón de Naranjo, en la finca que se describe así: finca propiedad de la Municipalidad de Naranjo, con cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero seis nueve, (3-014-042069), del partido de Alajuela, matrícula número ciento setenta y seis mil setenta, derecho cero cero cero (176070), situada en distrito siete, Rosario, cantón seis, Naranjo de la provincia de Alajuela; naturaleza: terreno para patio de acceso acopio y quebrador concesión número ocho-dos mil cuatro, que colinda al norte: María Teresa Calvo Herrera y calle pública; al sur: río colorado; al este: río colorado, y al oeste: calle pública, que mide ochenta y dos mil ciento sesenta y cinco metros con veintitrés decímetros cuadrados, plano número: A-cero cinco dos cero uno dos tres – uno nueve ocho tres (A-0520123-1983).

ARTÍCULO 4-          Destino

Las municipalidades de la provincia de Alajuela destinarán la operación de planta asfáltica para la gestión de los intereses y servicios locales y regionales, en especial para el desarrollo de planes, proyectos y programas, en relación directa con la infraestructura vial cantonal de la provincia de Alajuela.

ARTÍCULO 5-          Asociación

Para efectos de administrar, gestionar y poner en funcionamiento el bien mueble donado, las municipalidades podrán crear figuras asociativas o convenios municipales, tales como la prevista en la Ley 8828, Ley Reguladora de la Actividad de Sociedades Públicas de Economía Mixta, de 29 de abril de 2010.

ARTÍCULO 5-         Formalización de la donación

Una vez constituida la figura asociativa definida por parte de las municipalidades de Alajuela, se comunicará a la Notaría del Estado para que se formalice esta donación de acuerdo con lo que indica el artículo 3, inciso c), de la Ley 6815, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de 27 de setiembre de 1982.

ARTÍCULO 6-          Elaboración de estudios

Una vez formalizada la donación, las municipalidades de la provincia de Alajuela deberán elaborar los estudios de factibilidad económica, ambientales y el organigrama operativo que se requieren para ponerla en operación, así como la construcción de la infraestructura necesarias para su funcionamiento.

ARTÍCULO 7-          Cláusula de reversión

El bien donado volverá, de pleno derecho, a ser propiedad del Ministerio de Obras y Transportes en los siguientes casos:

a)  Si la figura asociativa llega a disolverse.

b)  Si no realizan los estudios previstos en el artículo 5.

c)  Si el bien se destina a otro uso no autorizado en esta ley.

d)  Si no se satisfacen los fines, intereses y servicios para los que se destina el bien donado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I-    Las municipalidades de la provincia de Alajuela o la figura asociativa definida por ellas tendrán doce meses para realizar los estudios contemplados en el artículo 5 de esta ley, contados a partir de que se formalice la donación en la Notaría del Estado.

TRANSITORIO II-  El Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrá solicitar la devolución del bien donado si, en un plazo de 36 meses, no se satisfacen los fines, intereses y servicios para los que se destina el bien donado.

Rige a partir de su publicación.

Daniel Isaac Ulate Valenciano

Diputado

NOTA:   Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022645785 ).

PROYECTO DE LEY

DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS

COMBUSTIBLES PARA LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Y LA PROSPERIDAD. MODIFICACIÓN DE

LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA LEY

N.º 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN

Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS

Expediente N.° 23.081

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

ANTECEDENTES

La Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, que establece un impuesto único por tipo de combustible, tanto de producción nacional como importado, y define también la asignación específica de ese impuesto, fue promulgada el 9 de julio del año 2001.

El inciso a) del artículo 3 de la citada ley establece el mecanismo que debe emplear el Ministerio de Hacienda para la actualización trimestral del impuesto sobre los combustibles, el cual se realiza con base en el índice de precios al consumidor (IPC) que determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con la única limitación de que el ajuste trimestral no podrá exceder del tres por ciento.

El cálculo del impuesto a los combustibles no contempla su precio internacional porque el precio de compra e importación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) no se relaciona con el impuesto que se agrega al precio de venta a los consumidores.

El impuesto único a los combustibles es función del IPC, según se establece en el artículo 3 de la Ley 8114 y no considera la variación internacional de los precios de los combustibles. De esta forma, el impuesto es siempre creciente y provoca un círculo vicioso perjudicial para los consumidores y para la economía del país en general, hasta el punto de haberse convertido en el principal componente del precio de los combustibles en nuestro país.

Costa Rica sigue siendo el país de Centroamérica con los precios más altos de los combustibles, según se aprecia en el siguiente cuadro; esto es producto, en especial, de los altos impuestos nacionales. Esta situación pone a Costa Rica en una gran desventaja competitiva con el resto de los países del área y presiona el bolsillo de todos los costarricenses.

Para ver la imagen ir a La Gaceta con formato PDF

SITUACIÓN ACTUAL

Solamente el año pasado, el fisco recolectó cerca de 575 mil millones de colones (960 millones de dólares a 599 colones por dólar), monto que equivale a un 60% de la factura petrolera nacional que fue de 1.618 millones de dólares en el 2018.

Este impuesto es a todas luces desproporcionado y les quita a las familias costarricenses una cantidad muy significativa de recursos que se dedicarían al consumo y a la reactivación económica, tan necesaria en nuestro país.

Por otra parte, el impuesto único a los combustibles, que es por mucho el mayor de los impuestos de todo Centroamérica, encarece el valor final de los combustibles y hace del país el que más impuestos aplica a los combustibles en general. Las gasolinas y el diesel de Costa Rica son los más caros debido especialmente a este impuesto, a pesar de las diferencias en la calidad del producto.

Costa Rica requiere reducir los altísimos costos de la energía, los cuales, en más de un 65% del total de la energía consumida, dependen de los hidrocarburos importados. Igualmente se requiere liberar recursos propios de los costarricenses para el consumo, el crecimiento económico y social y para que produzcamos riqueza y prosperidad para todos.

PROPUESTA

Si el impuesto a los combustibles se nivelara a porcentajes similares a los del resto de los países del área, el mercado nacional se podría dinamizar, con una reducción de impuestos cercana a los 195 mil millones de colones (325 millones de dólares con un tipo de cambio de 599 colones por dólar), que serían inyectados al consumo nacional y al ahorro.

Este aumento en el ingreso disponible de los consumidores provocaría un aumento en el consumo y en la demanda agregada y, por consiguiente, un aumento en la producción.

Los siguientes cálculos muestran el efecto multiplicador en el PIB que provocaría el incremento en el consumo y en la demanda agregada:

a) El monto que se dejaría de pagar por el impuesto único a los combustibles se destinaría en un 80% al consumo autónomo y en un 20% al ahorro

b) La “propensión marginal a consumir” (PMC) es la proporción de la renta adicional que se podría percibir y asignar al consumo cuando una persona o una familia dejan de pagar un determinado monto de impuestos

c) Con estos datos, se tendría un efecto multiplicador del gasto en consumo de 5, obtenido mediante la aplicación de un multiplicador keynesiano del gasto (Multiplicador del Gasto=1/1-PMC) (ver gráfico)[6]

Para ver la imagen ir a La Gaceta con formato PDF

d) Históricamente, según datos del Banco Central de Costa Rica[7], la relación de ingreso disponible a consumo ha sido superior a 87%, valor que daría un efecto multiplicador de 7,69, muy superior al usado en esta propuesta, lo cual significa que los cálculos planteados son conservadores.

e) Suponiendo algunas filtraciones adicionales, como ahorros previsionales propios de una época en crisis de confianza como la actual, el multiplicador propuesto se ha calculado conservadoramente con base en una propensión marginal a consumir del 80% del ingreso adicional que depararía la reducción del impuesto único

f) Utilizando este valor de 5 en el efecto multiplicador de consumo y asumiendo una reducción de 195 mil millones de colones al año en el impuesto único a los combustibles, esperamos un aumento mínimo en el PIB cercano a los 780 mil millones de colones, según cálculos conservadores (aumento de PIB = 195 * 0,8 *

5).

EQUILIBRIO DE LAS FINANZAS

La demanda por combustibles es inelástica, con la excepción de un corto periodo de tiempo de relativa elasticidad que se da en el momento de emitir las modificaciones de precio de los combustibles. Es de esperar, por eso, un aumento reducido en el consumo de combustibles y, por el contrario, se debe esperar un aumento importante en el consumo de otros bienes y servicios.

Si un 80% del incremento en el PIB calculado en el aparte f) anterior en 780 mil millones de colones se destinara a compras de bienes y servicios gravados con el Impuesto al Valor Agregado, habría una recaudación adicional cercana a los 81 mil millones de colones, equivalente al 42% de la reducción que se plantea en este proyecto al impuesto único a los combustibles. Es muy probable que este efecto sea mayor si se consideraran incrementos en la recaudación de otros impuestos, como el impuesto sobre la renta.

Además, se debe esperar una reducción en los costos de producción de la gran mayoría de bienes y servicios, por ser los combustibles un insumo de uso generalizado, con el consecuente aumento de la oferta agregada y el efecto adicional en la reactivación económica, lo cual causaría sin duda un incremento adicional en el PIB y en el empleo que tanto se necesita.

En los gráficos siguientes se muestran los efectos esperados, tanto en la demanda como en la oferta agregada, como consecuencia de una disminución en el impuesto único a los combustibles. Nótese que ambos efectos se suman en incrementos del PIB y se compensan en el caso del nivel de precios. La disminución en costos de producción se reflejaría también en una disminución o contención de la inflación.

Para ver la imagen ir a La Gaceta con formato PDF

La reactivación económica que generaría esta iniciativa permitiría una recuperación de impuestos vía IVA, renta y otros, superior al 42% de la reducción propuesta. El porcentaje restante debería ser cubierto con una reducción de los gastos del sector público, una disminución de los subsidios cruzados y con recursos externos.

OTRAS CONSIDERACIONES

Estimamos la recaudación actual del fisco por este impuesto de acuerdo con lo indicado en la estimación de ingresos del presupuesto nacional aprobado para el 2019 y que es cercana a 575 mil millones de colones. De esta suma, cerca de 20 mil millones de colones se devuelven como subsidios a los consumidores de gas licuado (LPG), pescadores artesanales y otros, que podrían ser eliminados con la reducción del impuesto y que traerían consigo la consecuente reducción de los procesos administrativos burocráticos que tramitan estas transferencias. Si se redujeran estos subsidios, el efecto fiscal sería aún menor.

La propuesta de disminución en el impuesto único a los combustibles es ligeramente mayor para el caso del Diesel y para el caso del Gas Licuado de Petróleo LPG con el propósito de mejorar la competitividad del país en transportes y en el sector de sodas, restaurantes y hogares que utilizan el LPG en sus cocinas.

CONCLUSIONES

Con la presente iniciativa de ley se procura la mejora en las condiciones de vida de los costarricenses. Esto se logra provocando que el impuesto sobre los combustibles sea razonable, proporcional y justo para procurar la reactivación económica.

Se pretende trasladar al consumidor final un monto cercano a los 195 mil millones de colones (cerca de 325 millones de dólares), a través de una reducción del impuesto en los montos mostrados en la tabla siguiente y estableciendo un límite superior del impuesto que considere su relación con el precio internacional de los combustibles.

Para ver la imagen ir a La Gaceta con formato PDF

La reducción del gasto de cada costarricense en el pago del impuesto a los hidrocarburos aumentaría la disponibilidad de recursos de las familias. Esto generaría mayor consumo privado, lo cual estimularía directamente la producción nacional, tal como se mide en las cuentas nacionales del BCCR.

Es preciso que el impuesto a los combustibles sea racional, proporcional y justo de acuerdo con los precios en el mercado internacional, así como es imperativo que se le fije un monto máximo al impuesto. La propuesta es que el monto superior del impuesto sea del 40% con respecto al precio internacional de compra de cada combustible.

Este porcentaje permitiría una adecuada reducción de los precios y una mejora en la competitividad regional al racionalizar el monto del impuesto con la consiguiente reducción del precio al consumidor final.

Reiteramos que la reactivación económica que generaría esta iniciativa permitiría una recuperación de impuestos vía IVA, renta y otros, superior al 42% de la reducción propuesta. El porcentaje restante debería ser cubierto con una reducción de los gastos del sector público, una disminución de los subsidios cruzados y con recursos externos.

Como Diputado socialcristiano reitero mi compromiso con el desarrollo del país a través de la generación de riqueza para todos y su justa distribución para el bienestar de todas y todos los costarricenses, así como para todas y todos los residentes de nuestro país. Por lo anterior, me complace presentar el siguiente Proyecto de Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS

COMBUSTIBLES LEY PARA LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Y LA PROSPERIDAD. MODIFICACIÓN DE

LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA LEY N.º

8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y

EFICIENCIA TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 1-                   Refórmase el artículo 1 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N.º 8114, de 4 de julio de 2001, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 1-                Objeto, hecho generador y sujetos pasivos. Se establece un impuesto único por tipo de combustible, tanto de producción nacional como importado. Según se detalla a continuación, el impuesto a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley es el siguiente:

Para ver la imagen ir a La Gaceta con formato PDF

Se exceptúa del pago de este impuesto el producto destinado a abastecer las líneas aéreas y los buques mercantes o de pasajeros en líneas comerciales, todas de servicio internacional; asimismo, el combustible que utiliza la Asociación Cruz Roja Costarricense, así como la flota de pescadores nacionales para la actividad de pesca no deportiva, de conformidad con la Ley Nº 7384.

El hecho generador del impuesto establecido en el primer párrafo ocurre, en la producción nacional, en el momento de la fabricación, la destilación o la refinación, entendiendo por producción nacional el momento en el cual un producto está listo para la venta, lo que excluye su reproceso, y en la importación o internación, el momento de la aceptación de la declaración aduanera.

En la producción nacional y en la importación, es contribuyente de este impuesto la Refinadora Costarricense de Petróleo, Sociedad Anónima (RECOPE), ya sea en su condición de productora o de importadora.

Exceptúese del pago de este impuesto el producto destinado a la exportación.

ARTÍCULO 2- Refórmase el artículo 3 inciso a) de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N.º 8114, de 4 de julio de 2001, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 3- El Ministerio de Hacienda deberá:

a) Actualizar trimestralmente el monto de este impuesto, por tipo de combustible, a partir de la vigencia de esta ley, de conformidad con la variación en el índice de precios al consumidor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En ningún caso el ajuste trimestral podrá ser superior al tres por ciento (3%).

El monto de este impuesto no excederá nunca el cuarenta por ciento (40%) del valor internacional del producto, calculado con base en los precios internacionales de los quince días naturales anteriores a la fecha de corte de realización del estudio, y donde el precio diario sea el promedio simple de las cotizaciones alta y baja, de acuerdo con la referencia de los índices de precio internacionales de la West Texas Intermediate (W.T.I) de la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica para cada producto. Para los efectos de conversión de los valores a colones por litro, el tipo de cambio de colones a dólares americanos que se utilizará será el tipo de cambio de venta al sector público no bancario en la fecha de corte del estudio, el cual es establecido por el Banco Central de Costa Rica. También se usará un valor equivalente a 158,987 litros por un barril de producto. […]

TRANSITORIO ÚNICO- Esta reforma entrará en vigencia en el ejercicio económico siguiente a la aprobación y publicación de la presente ley.

Rige a partir de su publicación.

Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Diputado

NOTA:        Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022645787 ).

PROYECTO DE LEY

DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO

EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS CANTONES

DE UPALA, GUATUSO Y LOS CHILES

Expediente N° 23.085

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, señala que: Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.”. (…).”[8]

De acuerdo con los principios y objetivos de la agenda 2030, se establece que: “El turismo es una de las fuerzas motrices del crecimiento económico mundial y actualmente responsable de la creación de 1 de cada 11 puestos de trabajo. Dando acceso a oportunidades de trabajo decente en el sector turístico, la sociedad, y en particular los jóvenes y las mujeres, puede beneficiarse de la mejora de las capacidades y del desarrollo profesional. La contribución del sector a la creación de empleo se reconoce en la meta 8.9.

Es un hecho que el turismo es una actividad que propicia el aprovechamiento y protección del medio ambiente, gracias a la forma en que interactúan las personas con la naturaleza a diferencia de otras actividades económicas donde el ambiente es explotado de manera no sostenible en el tiempo. En la actividad turística la naturaleza es el gran atractivo y, consecuentemente, las comunidades toman conciencia de la importancia de protegerla no solo por su valor como ecosistema, sino también por el valor económico que genera protegerla y aprovecharla de manera sostenible.

Upala es el segundo cantón más extenso de la provincia de Alajuela constituido en su mayoría por extensas llanuras en las que se desarrolla la actividad agropecuaria, -es uno de los mayores productores de frijoles en nuestro país-, y de acuerdo con el último censo del año 2011 cuenta con una población de alrededor de cuarenta y cuatro mil habitantes, con poca escolaridad. Afortunadamente, el turismo ha crecido en los últimos años, encontrándose entre sus atractivos más visitados el Parque Nacional Volcán Tenorio, el hermoso Río Celeste, la Laguna Dantas, entre otros, propiciándose el turismo ecológico que ha tomado gran auge en visitantes nacionales y extranjeros.

El cantón de Los Chiles, si bien es cierto, tiene como principal actividad económica la agricultura basada en la siembra de granos básicos, hortalizas y ganadería de engorde. Un hecho de importancia socioeconómica para sus casi veinticuatro mil habitantes fue la construcción del Puesto Fronterizo de las Tablillas en el año 2012, puerta de entrada a Centroamérica. El turismo por su parte se ha constituido en otra fuente de ingresos con el crecimiento del turismo rural y de aventura, en este cantón sus visitantes pueden realizar observación de aves, pesca artesanal, deportiva, paseos en lancha con hermosas vistas del Río Frío, otro de sus atractivos es el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro donde el turista puede disfrutar de la naturaleza virgen y la vida silvestre en paz.

El cantón de Guatuso cuna de un territorio indígena nativo de Costa Rica los Maleku, convenientemente situado cerca de muchas de las atracciones más buscadas por los turistas en Costa Rica como es el caso de las Cavernas de Venado, Lago de Cote, el Parque Nacional Volcán Arenal y la Fortuna de San Carlos.

En nuestro país el turismo ha sido uno de las principales actividades vinculadas al desarrollo económico lo que le ha permitido concebirse como una actividad económica sobresaliente, en opinión de este diputado su desarrollo debe continuar estimulándose a lo largo y ancho de nuestro territorio, a través de incentivos y beneficios a empresarios y comunidades para la efectiva realización de programas y proyectos en coordinación con la academia y las diferentes instituciones públicas.

La declaratoria de interés público del desarrollo turístico que propongo en esta iniciativa de ley permitirá incentivar la atracción de inversión pública y privada, sobre todo la infraestructura, el desarrollo del comercio y hotelería, para la atracción del turismo nacional y extranjero en las zonas antes mencionadas. El desarrollo turístico es necesario para crear nuevas fuentes de empleo en armonía con la naturaleza y con una adecuada distribución de la riqueza, así como para aprovechar la biodiversidad de la zona que es poco explotada, desde el punto de vista turístico.

En virtud de las consideraciones anteriores, someto a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley, para su aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO

EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS CANTONES

DE UPALA, GUATUSO Y LOS CHILES

ARTÍCULO 1-         Declaración de interés público Se declara de interés público el desarrollo turístico de los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles; para lo cual, el Estado, por medio de sus instituciones públicas, deberá promover el desarrollo de la infraestructura y las inversiones en turismo en la zona, bajo un esquema de desarrollo sostenible y un manejo adecuado del medio ambiente, que fortalezcan la condición social y económica de dichos cantones.

ARTÍCULO 2-          Se insta a las instituciones del sector público, las instituciones autónomas y semiautónomas, para que, dentro del marco jurídico respectivo, gestionen los mecanismos de apoyo y cooperación con los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles para la ejecución de esta ley, mediante cualquier tipo de recursos o alternativas, convenios de cooperación, iniciativas y asociaciones público-privadas, con el fin de promover el desarrollo turístico en los cantones.

ARTÍCULO 3-          El Estado podrá apoyar todas las iniciativas que promuevan el desarrollo local y las actividades de las pequeñas y medianas empresas de los habitantes de dichos cantones vinculadas al desarrollo turístico.

Rige a partir de su publicación.

Pablo Sibaja Jiménez

Diputado

NOTA:        Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022645794 ).

PROYECTO DE LEY

LEY QUE ABARATA EL COSTO Y DESCONCENTRA

LA GENERACIÓN DE LA ENERGIA ELÉCTRICA

Expediente N.° 23.070

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Históricamente, la estructura del mercado y la industria eléctrica ha sido función del desarrollo tecnológico del momento. Costa Rica no ha escapado de esa condición durante su historia del desarrollo eléctrico. La electrificación de San José se da como una iniciativa privada de dos personas que creyeron en las oportunidades. El ingeniero costarricense Manuel Víctor Dengo y el guatemalteco Luis Batres, le propusieron al Presidente Próspero Fernández y al país en general la electrificación de la capital, hecho que se hizo realidad el 9 de agosto de 1884.

Durante los siguientes 40 años, el desarrollo de la capacidad instalada se dio con la participación de empresas privadas que propulsaron el desarrollo eléctrico en los centros de población más grandes del país. Luego de un proceso de consolidación de varias empresas privadas, en 1941 se constituyó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A. CNFL, que disfrutó entonces de ser un monopolio privado propiedad de Electric Bond and Share Co. para el suministro de energía eléctrica, en especial en el valle central.

En la década de 1940, la demanda de energía eléctrica creció en todo el país y mucho más rápido que la capacidad de la CNFL para satisfacerla, produciéndose un deterioro en la cantidad y calidad del suministro eléctrico. Bajo estas circunstancias se estableció un plan general de electrificación, mediante la creación de un ente público encargado de impulsar la penetración eléctrica en base al desarrollo de proyectos hidroeléctricos del país.

En 1949 se creó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresa estatal autónoma con orientación solidaria, con la cual se estableció un derecho de todos los costarricenses al servicio eléctrico en sus domicilios. El desarrollo de estos servicios se planteó a partir de la instalación de grandes capacidades de generación eléctrica, con proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos.

Otras empresas de generación eléctrica, municipales y cooperativas, surgieron luego, para atender el suministro de electricidad en zonas específicas del país. Como resultado de estos procesos, a la fecha el país exhibe un índice de cobertura eléctrica nacional de 99,7 por ciento de la población.

El país ha carecido de estímulos para la adopción de nuevas tecnologías. A partir de 2012 se empezó a producir electricidad de tipo fotovoltaico o solar. En el 2016 se produjeron 1,08 GWh, cifra que representa menos del uno por ciento de la oferta total de energía y una disminución con respecto a lo generado en 2015 con dicha fuente (1,53 GWh). Situaciones similares aplican para las fuentes de energía geotérmica y eólica.

La alta dependencia que tiene el país de fuentes hidroeléctricas y, en cierta medida, de combustibles fósiles, en comparación con energía producida con fuentes alternativas, como viento, luz solar y desechos orgánicos, representa un gran desafío para la política energética, en términos de promover la producción de energía con fuentes alternativas menos contaminantes y de menor costo, como se está haciendo en muchas partes del mundo y se ha planteado en Costa Rica únicamente de forma teórica.

La forma tradicional costarricense de lograr el abastecimiento energético con participación y control estatal ha sido mediante la instalación de grandes centrales hidroeléctricas, térmicas o geotérmicas, acallando el interés de participación del sector privado con la concesión de compras de proyectos de generación convencionales, pero de limitado tamaño; todo esto con los consiguientes costos ambientales y sociales.

En las últimas dos décadas del siglo pasado se dieron legislaciones con el objeto de mantener este tipo de regulación eléctrica del país. En 1990 se aprobó la Ley que autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela (Ley 7200).

La ley estableció un mecanismo legal para comprar el excedente de producción de generadores privados. Para los efectos de esa Ley 7200, en el artículo 1 se define la generación autónoma o paralela como la energía producida por centrales eléctricas de capacidad limitada, pertenecientes a empresas privadas o cooperativas que puedan ser integradas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Si bien la Ley 7200 autoriza la generación privada, limita el tamaño de las plantas, ya que solo se autoriza la generación eléctrica para empresas con una capacidad instalada en cada central construida que no sobrepase los 20 MW y restringe la participación privada hasta alcanzar una capacidad de producción igual al 15 por ciento del total de energía eléctrica en el país.

La Ley 7200 faculta a la ARESEP para otorgar concesiones para explotar centrales de capacidad limitada por un plazo no mayor de 20 años y permite al ICE suscribir contratos para la compra de energía eléctrica con empresas privadas, en las cuales al menos el 65 por ciento del capital social debía ser propiedad de ciudadanos costarricenses. En mayo de 1995 se introdujo una serie de reformas a la Ley 7200 para incorporar un segundo régimen de participación privada en la generación de electricidad, lo que corresponde al llamado segundo capítulo de la Ley 7200, materializado en la Ley 7508. El objetivo fue profundizar el proceso de reforma del mercado eléctrico por medio de un marco legal que permitiera un mayor grado de participación privada.

Las principales reformas introducidas con la Ley 7508 fueron la reducción del porcentaje de participación de capital nacional de un 65 por ciento a un 35 por ciento y el incremento en la capacidad instalada máxima por planta generadora, subiendo de 20 MW a 50 MW para plantas construidas bajo el esquema Build-Operate-Transfer (BOT). También se autorizó al ICE para comprar energía a plantas BOT mediante el sistema de licitación pública, hasta por un 15 por ciento de la oferta total, y se alargó el período de concesión para construir y operar plantas eléctricas de 15 a 20 años.

La principal diferencia entre la Ley 7200 y la Ley 7508 es que, bajo la primera, las empresas privadas no tenían que competir para venderle electricidad al ICE, mientras que con la segunda deben someterse a un proceso de licitación pública.

En efecto, bajo la Ley 7200 la ARESEP asignaba para las plantas existentes una tarifa única para cada tipo de generación de energía, bajo un contrato de compra. En el 2012 la ARESEP aprobó una resolución según la cual las plantas nuevas bajo la Ley 7508 deben competir para venderle al ICE participando en un concurso o licitación pública.

El precio de venta al ICE no es fijado por la ARESEP sino que es el resultante de dicho concurso, siempre y cuando se mantenga dentro de una banda de precios mínimos y máximos definidos por la ARESEP.

Es fácil concluir que la legislación que autoriza la generación privada de electricidad propicia un mercado dual de plantas antiguas sujetas a la Ley 7200 y otras sujetas a la ley 7508.

En el primer caso, las plantas sujetas a la ley 7200 venden sus excedentes al ICE bajo contrato, a un precio fijado por la ARESEP y están limitadas a una capacidad instalada inferior a 20 MW. La venta máxima de estas plantas al sistema no puede superar el 15 por ciento de la oferta nacional. Al finalizar el plazo de la concesión, se otorga una extensión por 20 años adicionales y la planta continúa siendo propiedad del generador privado.

En el segundo caso, las plantas sujetas a la ley 7508 venden sus excedentes al ICE bajo contrato, a un precio determinado mediante concurso y su capacidad instalada está limitada a 50 MW. Estas plantas pueden vender hasta un máximo del 15 por ciento de la oferta nacional y al finalizar el plazo de la concesión, la planta es transferida al ICE de acuerdo con el contrato BOT.

Las tendencias mundiales soslayan este esquema tradicional, pues se basan en la instalación de pequeños sistemas de generación eléctrica en los mismos sitios donde se consume la energía. Tal es el caso de los paneles fotovoltaicos que se pueden instalar en las viviendas o edificios en general de todos los sectores. Este nuevo concepto es lo que se conoce como generación distribuida.

El concepto de generación distribuida implica que se debe hacer una conexión con la red de distribución (no de transmisión) del servicio público, de manera tal que se pueda sustituir la energía que se toma de dicha red, generada de manera convencional en grandes proyectos, por energía producida en forma distribuida por los consumidores.

La estructura del sector eléctrico debe evolucionar de una situación limitada de generación y transmisión hacia una más amplia, abierta y competitiva sobre los sistemas de distribución, apoyada en la infraestructura existente y futura, tanto nacional como regional.

En resumen, bajo las condiciones descritas, el marco regulatorio actual en el sector eléctrico no cumple con el objetivo de tener una estructura adaptada a la tecnología actual, que posibilita la integración de los consumidores-productores, o prosumidores como se conocen en diversos mercados del mundo.

Las legislaciones como la Ley 7200 y la Ley 7508 no funcionan en esta etapa nueva de desarrollo y dejan de ser aplicables, pues cada habitante del país tiene hoy la posibilidad de producir su propia energía, colocando excedentes o, en el más radical de los casos, almacenando en sistemas propios para su autoconsumo total.

Así las cosas, el respaldo de los sistemas interconectados no requiere esquemas que diferencien los proyectos de generación ni limiten la incorporación al mercado regional.

Como Diputado socialcristiano pretendo procurar que el Mercado Eléctrico evolucione hacia un estado de modernidad más competitivo, con actividades permanentes de transacciones comerciales de electricidad en todos los niveles, con intercambios de corto plazo en mercados mayoristas, derivados de un despacho de energía con criterio económico y regional, procurando que cada costarricense asuma el reto de procurarse su propia cuota de energía para el desarrollo.

En ese sentido, propongo el siguiente proyecto para eliminar las leyes 7200 y 7508, que fueron establecidas en una coyuntura distinta y desactualizada de la modernidad que nos reta:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY QUE ABARATA EL COSTO Y DESCONCENTRA

LA GENERACIÓN DE LA ENERGIA ELECTRICA

ARTICULO 1- Deróguense la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela y sus reformas, Ley N.º 7200, del 18 de octubre de 1990 y la Ley Reformas Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, Ley N.º 7508, del 31 de mayo del 1995.

ARTICULO 2- Los contratos vigentes amparados en cualquiera de las dos leyes derogadas se mantendrán hasta el final del cumplimiento de su plazo contractual y no se permitirán ampliaciones ni prórrogas.

Rige a partir de su publicación

Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Diputado

NOTA:        Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022645809 ).

PROYECTO DE LEY

LEY PARA UNA EFECTIVA INTEGRACIÓN DE COSTA

RICA AL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL

Expediente N.° 23.072

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá firmaron en la Ciudad de Guatemala, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su primer Protocolo.

Este Tratado, junto con el primer protocolo, fue ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, con la aprobación de la Ley 7848, aprobada a los doce días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

Posteriormente, a los cuatro días del mes de octubre de dos mil once, la Asamblea Legislativa conoció y aprobó el Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, mediante la aprobación de la ley 9004.

En esta última ley se incorporó un artículo final que es una interpretación de los legisladores costarricenses sobre lo dicho en el protocolo y que estableció una importante limitación a las posibilidades de participación en el mercado regional, limitación que debe eliminarse pues ya no es conteste con la estructura del mercado y la evolución tecnológica del mercado eléctrico.

Dentro del marco del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, los Estados de la región han manifestado el interés de promover un proceso gradual de integración eléctrica mediante el desarrollo de un Mercado Eléctrico Regional (MER) competitivo, a través de líneas de transmisión y subestaciones que interconecten sus redes nacionales y la promoción de proyectos de generación regionales que complementen los esfuerzos nacionales y las nuevas tendencias tecnológicas.

El MER está sustentado en la interconexión de los sistemas eléctricos de los países, para promover el desarrollo de la industria eléctrica en beneficio de todos sus habitantes, con el uso de los recursos naturales renovables y permitir que la región se desarrolle en un marco de participación conjunta de grandes productores y consumidores.

Consolidar el MER permitirá incrementar las transacciones regionales de electricidad y permitirá satisfacer en forma eficiente las necesidades del desarrollo sostenible en la región, dentro de un marco de respeto y protección al medio ambiente.

Los Presidentes de los seis países de América Central, han declarado como máxima prioridad, impulsar la materialización del proyecto denominado Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y su puesta en operación, con el objeto de formar y hacer crecer de manera gradual un mercado eléctrico regional competitivo, basado en el trato recíproco y no discriminatorio, que contribuya al desarrollo sostenible de la región dentro de un marco de respeto y protección al medio ambiente.

Establecer las condiciones para el crecimiento del MER que abastezca en forma oportuna y sostenible la electricidad necesaria para el desarrollo económico y social, requiere incentivar de manera competitiva, una mayor participación privada en el sector eléctrico, así como impulsar la infraestructura de interconexión necesaria para su desarrollo.

Crear las condiciones que permitan propiciar niveles adecuados de calidad, confiabilidad y seguridad en el suministro de energía eléctrica en la región, pasa por establecer reglas objetivas, transparentes y no discriminatorias para regular el funcionamiento del MER y las relaciones entre los agentes participantes, para propiciar que los beneficios derivados lleguen a todos los habitantes de los países de la región.

La competencia, gradualidad y reciprocidad deben propiciar la libertad en el desarrollo de las actividades de prestación del servicio, con base en reglas objetivas, transparentes y no discriminatorias, así como la previsión para la evolución progresiva del MER mediante la incorporación de nuevos participantes, el aumento progresivo de la operación coordinada, el desarrollo de las redes de interconexión y el fortalecimiento de los órganos regionales.

El MER debe operar como un procurador de actividad permanente de transacciones comerciales de electricidad, con intercambios de corto plazo derivados de un despacho de energía con criterio económico regional y mediante contratos de mediano y largo plazo entre distintos agentes.

El mercado eléctrico regional debe evolucionar de una situación limitada hacia una más amplia, abierta y competitiva, apoyado en la infraestructura existente y futura, tanto nacional como regional.  Para ello, la mayor participación de agentes es fundamental y se debe promover que las empresas dedicadas a la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como los grandes consumidores, tengan acceso efectivo al MER de manera activa.

Todos los actores de los mercados mayoristas nacionales deben tener posibilidades de incorporarse como agentes del mercado eléctrico regional con los derechos y obligaciones que se derivan del Tratado Marco. Esos agentes pueden y deben llevar a cabo, de manera libre y sin discriminación alguna, la compra y venta de energía eléctrica.

La participación de los agentes en el Mercado se debe regir por las reglas contenidas en el Tratado Marco, sus protocolos y reglamentos, sin imponer restricciones que imposibiliten el desarrollo pleno de toda la región.

Como Diputado socialcristiano, pretendo que el Mercado Eléctrico Regional evolucione hacia un estado más competitivo, con actividades permanentes de transacciones comerciales de electricidad, con intercambios de corto plazo derivados de un despacho de energía con criterio económico regional y mediante contratos de mediano y largo plazo entre distintos agentes; todo ello con el fin de procurar un servicio eléctrico de calidad y reducir los precios de la energía en nuestro país.

En ese sentido propongo el siguiente proyecto para modificar el artículo 3 de la Ley 9004 para que, de acuerdo con el espíritu del Tratado Marco y el interés nacional, se permita la incorporación de los agentes de mercado pertinentes para el cumplimiento de los objetivos esenciales del Tratado Marco.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA UNA EFECTIVA INTEGRACIÓN DE COSTA

RICA AL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL

ARTÍCULO ÚNICO-               Modifíquese el artículo 3 de la Ley que Aprueba el Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, Ley N.° 9004, del 22 de noviembre del 2011, para que se lea de la siguiente forma:

Artículo 3-  La República de Costa Rica interpreta lo dispuesto en el artículo 3 del presente Protocolo, que modifica el numeral 5 del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, en el sentido de que los agentes del mercado eléctrico regional por Costa Rica son todas las empresas costarricenses generadoras, distribuidoras y/o comercializadoras de electricidad, sean públicas, privadas o mixtas, así como los grandes consumidores y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus empresas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 6 de la Ley N.º 8660, Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008.

Rige a partir de su publicación.

Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Diputado

NOTA:   Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022645813 ).

PROYECTO DE LEY

JUSTICIA EN LA BASE MÍNIMA CONTRIBUTIVA

PARA INCENTIVAR EL EMPLEO

Expediente N° 23.074

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley tiene como finalidad incorporar a la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943, otras excepciones a la base técnica para el cálculo del cobro de la cotización mínima contributiva o denominada también ingreso mínimo de referencia, que la institución utiliza para calcular el cobro a realizar por concepto de seguro de enfermedad y maternidad (SEM) y el seguro invalidez, vejez y muerte (IVM) de los trabajadores.

Es importante recalcar que dicha base mínima contributiva es aprobada por la Junta Directiva de la institución. La mecánica de esa fijación consiste en establecer un monto salarial, con el cual aun cuando el patrono reporte una cifra real pero menor, la institución calculará las cuotas del seguro de enfermedad y maternidad (SEM) y el seguro invalidez, vejez y muerte (IVM) de dicho trabajador, por esta base mínima.

El informe Análisis de políticas fiscales de la OCDE, Costa Rica 2017” indicó sobre las cargas sociales en Costa Rica:

Por otra parte, las tasas de CSS son elevadas. Los empleados de Costa Rica deben contribuir un total del 9.34% de sus ingresos brutos mensuales. Son los empleadores quienes retienen sus contribuciones pero éstas –a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los Estados miembros de la OCDE– no son deducibles de la base gravable del IRPF a pagarse sobre el empleo;1 en la práctica, el resultado es un aumento de la carga tributaria sobre los empleados. Además, los empleadores han de contribuir el 26.33% de los salarios de sus trabajadores, que pueden deducir como costos. Estas CSS sirven para cubrir la salud y las pensiones que se pagan a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el seguro de desempleo, las asignaciones familiares y las pensiones complementarias, así como algunas contribuciones adicionales. Por último, a diferencia de los países de la OCDE, el Estado paga también una pequeña parte de las CSS (véase la tabla 3.1).

Para ver la imagen ir a La Gaceta con formato PDF

Las altas CSS, sobre todo para los empleadores, hacen que una parte muy importante de la responsabilidad tributaria recaiga sobre las rentas del trabajo. La figura 3.4 compara la carga tributaria sobre los trabajadores individuales que perciben el salario promedio en los distintos países de la región de ALC. El valor promedio de esta carga sobre los empleados se mide en forma de una cuña fiscal promedio, que expresa todos los impuestos (IRPF, y las CSS de los empleados y los empleadores) como un porcentaje de los costos totales del trabajo (salario bruto más contribución del empleador). La cuña fiscal para un empleado costarricense promedio alcanzó el 28% en 2013, un valor bastante alto con respecto al promedio de la región de ALC (21.7%).

(…)

No obstante, la cuña fiscal promedio es muy regresiva en el segmento inferior de la distribución de renta. Costa Rica impone una cantidad mínima de CSS así los ingresos reales estén por debajo de este mínimo. Para trabajadores que perciben menos de CRC 228 530[9] al mes (en torno al 50% del salario promedio en 2016), las contribuciones a la CCSS se calculan sobre el umbral de este valor de ingresos, con independencia de las ganancias reales de dichos trabajadores. Para otros tipos de contribuciones, se calculan a partir de las ganancias reales. Esta contribución mínima hace que las CSS sean regresivas para los ingresos por debajo del umbral mínimo, con lo cual la tasa de contribución promedio resulta más elevada para los trabajadores de ingresos bajos. En concreto, los trabajadores empleados a tiempo parcial pueden estar sujetos a cargas contributivas muy altas en relación con sus ingresos. Por ejemplo, los empleados que perciben el 10% del salario promedio tienen una cuña fiscal promedio del 68%; es decir, su sueldo neto es únicamente el 32% de lo que le cuestan a su empleador (véase la figura 3.5). Esta contribución mínima es altamente distorsionadora, dado que desalienta a los trabajadores de bajos ingresos, sobre todo a los empleados bajo un esquema de tiempo parcial, a incorporarse al sector formal de la economía.

La base mínima de contribución, que hace regresiva la cuña fiscal promedio en el segmento inferior de la distribución de ingresos, se ha incrementado en los últimos años. Desde 2014, la base mínima de contribución se ha fijado como un porcentaje del salario mínimo y aumentará con el tiempo hasta situarse en el 100% del mismo en octubre de 2019. Al elevar dicha base sin reforzar el cumplimiento de la legislación sobre el salario mínimo ni permitir variaciones en la base mínima según las horas trabajadas, se reducirá todavía más el incentivo para acceder al empleo formal, con consecuencias negativas para los trabajadores y para las finanzas públicas (OCDE, pendiente de publicación).

(…)

En general, las altas CSS fomentan la economía sumergida o informal. Los elevados impuestos sobre las rentas percibidas por el trabajo de las personas físicas en el sector formal de la economía pueden incentivar a los trabajadores de productividad baja a formar parte del sector informal de la economía o al desempleo. Estas contribuciones aumentan el costo del empleo y reducen los ingresos después de impuestos. Cuanto mayor sea la diferencia entre los costos laborales en el sector formal y las deducciones sobre el salario después de impuestos, más altos serán los incentivos para que empleadores y empleados eludan los impuestos, y se mantengan en el sector informal de la economía o pasen a integrarse en él. A su vez, los altos niveles de dicho sector influyen negativamente en la productividad, el crecimiento y la confianza en las instituciones gubernamentales.”

Considerando todo lo anterior, sometemos a consideración de las señoras y los señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

JUSTICIA EN LA BASE MÍNIMA CONTRIBUTIVA

PARA INCENTIVAR EL EMPLEO

ARTÍCULO 1-          Adiciónese un nuevo artículo, con el número 3 bis, a la Ley N.º 17 de 22 de octubre de 1943, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual dirá así:

Artículo 3 bis- De la cotización mínima

El monto del salario o ingreso que se anota en la planilla no podrá ser inferior al ingreso de referencia mínimo considerado en la escala contributiva de los trabajadores independientes afiliados individualmente.

Conforme se establezcan modificaciones en dicha escala, se realizarán los aumentos en las cotizaciones, previa comunicación a los patronos y a los trabajadores, por los medios de comunicación más convenientes.

Las excepciones al pago de la cuota mínima son las siguientes:

1-  Cesantías o ingreso de nuevos trabajadores ocurridos en períodos intermedios del mes.

2-  Reportes de incapacidades o permisos sin goce de salario que abarcan más de 15 días.

3-  Trabajo simultáneo con varios patronos o con patrono y seguro independiente percibiendo salarios e ingresos inferiores con todos o algunos de ellos.

4-  Al amparo del artículo 164 y especificados en el artículo 31 del Código de Trabajo, los salarios devengados por los trabajadores que surjan por contrato o acuerdo con el patrono bajo las siguientes modalidades:

a)  Contratos a tiempo fijo o plazo determinado - no permanente

b)  Contratos por obra determinada. Los salarios de las modalidades descritas en este inciso, podrán cancelarse conforme a las unidades de pago acordadas con el patrono y que se estipulan en el artículo 164 del Código de Trabajo, a saber:

a)  Mes,

b)  Quincenas,

c)  Semanas,

d)  Días,

e)  Horas,

f)  Por pieza,

g)  Por tarea o a destajo

5-  Tratándose de contratos por tiempo indeterminado, el patrono deberá asegurar a los trabajadores por el tiempo real contratado, a saber: tiempo completo, medio tiempo, un cuarto de tiempo, días u horas.”

ARTÍCULO 2-          Queda derogado el artículo 63 del Reglamento del Seguro de Salud, así como los decretos, otros reglamentos y demás disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

Rige a partir de su publicación.

Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Diputado

NOTA:        Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022645815 ).

PROYECTO DE LEY

LEY PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO: FLEXIBILIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS MÁRGENES DE LOS GASOLINEROS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO

Expediente N.º 23.079

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Costa Rica es el país de Centroamérica con los precios más altos de los combustibles, producto de los altos impuestos, así como la escasa competencia y los altos costos de los componentes nacionales del precio.  Esto nos tiene en una desventaja competitiva con el resto de los países y presiona el bolsillo de todos los costarricenses.

Es imperativo reducir los altísimos costos de la energía, los cuales en más de un 65% del total de la energía consumida, dependen de los hidrocarburos importados, dependencia que no se verá reducida en el corto o mediano plazo. 

Los costarricenses requerimos liberar recursos propios para aumentar nuestra capacidad de consumo, motivando así el crecimiento económico y social y reactivando la economía.

Con la presente iniciativa de ley se procura la mejora en las condiciones de vida de los costarricenses.  Esto se logra con una mayor y mejor competencia entre los participantes de la actividad de distribución de los combustibles en las estaciones de servicio de manera proporcional y justa para procurar la reactivación económica.

Pretende este proyecto que los menores precios de los combustibles al consumidor final permitan la reactivación y el impulso empresarial, permitiendo que los empresarios de la distribución final tengan márgenes de intermediación flexibles y acotados en los porcentajes que se agregan al precio final después de su nacionalización y en especial en el margen determinado por la Autoridad Reguladora (ARESEP).

La ARESEP no ha tomado determinaciones reglamentarias para procurar la competencia regulada del componente de distribución al consumidor final, el cual está abierto a la participación de propietarios de estaciones de servicio.

En el país hay abiertas cerca de 380 estaciones de servicio, cada una de las cuales tiene condiciones propias y exclusivas, producto de su ubicación geográfica, su demanda y la oferta de servicios que presta.  Se ha establecido por alguna razón poco explicada, que todas estas estaciones de servicio deben trabajar con un margen único definido por la ARESEP, con el único objeto de que el precio de los combustibles sea igual en cualquier lugar del país.

Esta situación es inconveniente, pues no toma en cuenta las condiciones propias de cada negocio.  De esa forma, el margen que tiene hoy un empresario con su estación de servicio en el centro de San José, vendiendo altos volúmenes y cerca del plantel de distribución de RECOPE, es el mismo que tiene otro negocio en una zona alejada del país, vendiendo volúmenes reducidos y con condiciones muy distintas. Esto a pesar de que el empresario de la metrópoli podría estar dispuesto a reducir su margen.

De acuerdo con la ley 7593 la ARESEP es el ente competente para fijar las tarifas y precios de los servicios regulados, de conformidad con las metodologías que ella misma determine.  Dentro de los servicios públicos que regula la ARESEP, se encuentra el de suministro de combustibles derivados de hidrocarburos, según se indica en el artículo 5, inciso d), de la Ley 7593.

Para fijar tarifas y establecer las metodologías, la ARESEP tiene competencias exclusivas y excluyentes que solamente pueden ser reguladas por la Ley.  Es ARESEP la encargada de realizar los cálculos pertinentes para ajustar las tarifas de los servicios públicos, ajustándose a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 7593, sin embargo, los principios en los que se deben basar las fijaciones de tarifas deben ser establecidos por la Ley.  Es esta razón suficiente para proponer el presente proyecto.

Como diputado socialcristiano reitero mi compromiso con el desarrollo del país, a través de la generación de riqueza y su justa distribución para el bienestar de todas y todos los costarricenses, así como para todas y todos los residentes de nuestro país.

Por las razones expuestas, me permito someter a la consideración de las señoras y los señores diputados, el presente proyecto de ley, para dar respuesta a la urgente necesidad de equilibrar equitativa y justamente el precio de los combustibles en beneficio de las y los consumidores.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO: FLEXIBILIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS MÁRGENES DE LOS GASOLINEROS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO

ARTÍCULO 1-                   Se establecen los siguientes componentes del precio final de combustibles en la República:

1.  Precios de los combustibles importados, terminados y nacionalizados.

2.  Precios de producción de los combustibles en el país, incluyendo los insumos importados para su producción.

3.  Margen para la operación de RECOPE y el desarrollo del Sistema Nacional de Petróleo. 

4.  Margen de subsidio específico o cruzado aplicado a cada producto, establecido por interés del Estado.

5. Canon establecido para el ente regulador de los servicios.

6.  Margen para el transporte del combustible para cada producto desde el plantel de RECOPE hasta la estación de servicio. Este flete debe ser revisado mensualmente mediante la metodología tarifaria de transporte de combustibles que defina la ARESEP y con base en lo establecido en esta ley. 

7.  Margen del distribuidor con o sin punto fijo de venta, por tipo de combustible, el cual será determinado mediante una metodología tarifaria definida por la ARESEP con base en lo establecido en esta ley.

ARTÍCULO 2-

Todos los componentes de precio establecidos en el aparte anterior deben ser determinados en colones por litro y para cada uno de ellos la ARESEP deberá proponer una metodología de cálculo que se ha de realizar conforme al principio del servicio al costo, en virtud del cual deben contemplarse únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad.

ARTÍCULO 3-

Mientras RECOPE sea el importador único en el país, el margen para la operación de RECOPE y el desarrollo del Sistema Nacional de Petróleo estarán exentos de todo tipo de impuesto.

ARTÍCULO 4-

El margen de subsidio específico o cruzado aplicado a cada producto y establecido por interés del Estado, solo se podrá aplicar a aquellos combustibles sobre los cuales no pese el impuesto único establecido en la ley 8114.

ARTÍCULO 5-

El margen por cada litro, para el transporte del combustible entre el plantel de RECOPE y cada punto de venta o estación de servicio, deberá determinarse para cada producto. RECOPE es el responsable de generar un listado completo cada primer día del mes y publicarlo en su página oficial ese mismo día.  En ese listado se debe indicar el precio del transporte del plantel más cercano y la estación de servicio como el producto del precio por kilómetro establecido por ARESEP y el kilometraje entre el plantel y la estación de servicio, así como la indicación de la distancia y los datos del transporte utilizado.

Sobre este servicio de flete de los combustibles corresponde la aplicación de los impuestos que fije la ley nacional, pero el margen total en ningún caso podrá ser superior al monto establecido de acuerdo con la metodología tarifaria de transporte de combustibles que defina la Autoridad Reguladora y con base en lo establecido en esta ley.

ARTÍCULO 6-

El margen de comercialización de combustibles en las estaciones de servicio es igual a la diferencia entre el precio de venta al consumidor menos el precio de compra facturado por Recope y menos el margen del transportista.

ARESEP fijará el margen máximo de comercialización en las estaciones de servicio por la venta de los combustibles. Tal fijación se hará conforme con una metodología que debe cumplir con los principios establecidos en esta ley.

El margen máximo de las estaciones de servicio se determinará calculando una rentabilidad definida en la metodología para una estación de servicio típica. Esa rentabilidad deberá incluir todos los costos asociados a la operación, mantenimiento, renovación y actualización de las instalaciones, así como el margen de utilidad razonable que se defina.  El margen así calculado será el máximo que ARESEP apruebe y será el que se utilice para definir el precio nacional de referencia de cada combustible como la suma de los precios de todos los componentes definidos en el artículo 1 de la presente ley.

Cada propietario de la estación de servicio podrá determinar cualquier reducción de ese margen de acuerdo con sus intereses de competitividad, de tal forma que el precio de cada combustible puede ser inferior al precio nacional de referencia.

La determinación del margen podrá ser diaria y debe ser comunicada el día anterior a ARESEP para que se tome nota y se publique de manera abierta en las páginas oficiales del ente regulador para referencia de los consumidores finales. El no cumplimiento de la determinación acarreará responsabilidades para el propietario de la estación de servicio hasta el punto de perder su derecho de concesión en caso de reincidir un máximo de tres ocasiones en la falta de aplicación de lo anunciado.

Rige a partir de su publicación.

Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Diputado

NOTA:     Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022645818 ).

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

N° 43527-MGP-S-MAG-MRREE-MTSS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA,

LA MINISTRA DE SALUD, EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 56, inciso 3 y 18 del artículo 140 y artículo 146 de la Constitución Política, los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos 1 y 2 de la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG, Ley número 7064 del 29 de abril de 1987; los artículos 4, 337 y 338 de la Ley General de Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973; los artículos 2 inciso b), c) y e) y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 08 de noviembre de 1973; los artículos 2, 61 incisos 1), 2) y 6), 63, 64, 65, 98 y 99 de la Ley General de Migración y Extranjería, Ley número 8764 del 19 de agosto de 2009; artículos 1, 2 y 88 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley número 1860 del 21 de abril de 1955; artículos 69, 70, 71 y 72 del Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943, artículo 193 y 201 de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo, N° 6727 del 09 de marzo de 1982 y,

Considerando:

I.—Que de conformidad con el ordinal 140 inciso 6) de la Constitución Política, el Poder Ejecutivo tiene el deber de mantener el orden y la tranquilidad del país. Esta obligación conlleva la necesidad de adoptar las acciones para garantizar la organización social y económica nacional, que son de interés público, en armonía con el ordenamiento jurídico vigente.

II.—Que el artículo 50 de la Constitución Política establece que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Para el cumplimiento de este deber, las autoridades públicas deben orientar y adoptar acciones en torno a la política social, económica, ambiental, de seguridad nacional y de planificación en el territorio nacional, con la finalidad de mejorar la productividad, el desarrollo social y así, alcanzar el bien común.

III.—Que la conjunción de los numerales 19 y 33 de la Constitución Política fundamenta la equiparación de los derechos humanos tanto para personas costarricenses como para las personas extranjeras, con las excepciones y limitaciones que el mismo régimen constitucional o la ley establezcan, que no podrán entenderse como acciones u omisiones discriminatorias. Por ello, cualquier trato distinto debe estar basado en razones objetivas.

IV.—Que el artículo 56 de la Constitución Política consagra el derecho al trabajo como una garantía social para el desarrollo personal y colectivo de todo ser humano, sin distinciones basadas en la nacionalidad de la persona.

V.—Que mediante la Carta Internacional de Derechos Humanos (1945), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1996), Costa Rica asume las obligaciones y los deberes, de respetar y proteger los derechos humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.

VI.—Que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1990 constituye el principal esfuerzo por establecer derechos y obligaciones vinculantes en materia de derechos humanos; reúne los derechos garantizados en otros instrumentos, como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los traslada al Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Confirma que las personas que trabajan siendo migrantes, sean documentadas o no, tienen derecho a gozar de sus derechos humanos. Reconoce los derechos que antes se limitaban a las personas que practicaban una migración legal por razones de empleo.

VII.—Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH-, en el ejercicio de su función interpretativa del Pacto de San José, emitió el 17 de septiembre de 2003, la Opinión Consultiva número 18/03, vinculada con la condición jurídica y derechos de las personas migrantes con condición migratoria irregular. Como parte del amplio análisis realizado, el tribunal regional explicó que el Estado, a través de sus agentes, debe asegurar un trato igualitario para respaldar el ejercicio de los derechos humanos.

VIII.—Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, en el ejercicio de sus atribuciones y facultades que derivan tanto de la Carta de la OEA, como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consideró en su Informe temático “Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, emitido en diciembre de 2015, que si bien los Estados tienen el derecho a controlar sus fronteras, definir los requisitos de ingreso, estancia y expulsión de los extranjeros de su territorio y, en general, de establecer sus políticas migratorias; las políticas, leyes y prácticas que implementen en materia migratoria deben respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes, los cuales son derechos y libertades que se derivan de su dignidad humana y que han sido ampliamente reconocidos por los Estados a partir de las obligaciones internacionales que han contraído en materia de derechos humanos.

IX.—Que la Ley General de Migración y Extranjería, Ley número 8764 del 19 de agosto de 2009, en sus ordinales 3 y 5, establece que el ingreso y permanencia de las personas extranjeras en territorio nacional debe analizarse a la luz de la Constitución Política y de los instrumentos internacionales, en especial de aquellos atinentes a los derechos humanos. A partir de lo anterior, el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del Estado y regulará la integración de las personas migrantes y favorecerá el desarrollo social, económico y cultural del país, en concordancia con la seguridad pública, y velará por la cohesión social y la seguridad jurídica de las personas extranjeras que habitan en el territorio nacional.

X.—Que los artículos 12 y 13 de la Ley General de Migración y Extranjería establecen que la Dirección General de Migración y Extranjería es el órgano del Ministerio de Gobernación y Policía competente para ejecutar las funciones que indica dicha ley y la política migratoria que dicte el Poder Ejecutivo, y en términos generales de fiscalizar el ingreso, permanencia y actividades de las personas extranjeras en el territorio nacional.

XI.—Que los artículos 98 y 99 de la Ley General de Migración y Extranjería disponen que serán Trabajadores Temporales las personas extranjeras a quienes la Dirección General les autorice el ingreso y la permanencia en el país y permanezcan en el territorio nacional con el objeto de desarrollar actividades económicas de carácter temporal, a solicitud de un interesado en el país o, del propio trabajador, fuera de él; que vía reglamentaria se regulará lo relativo a esta subcategoría migratoria. Bajo dicha categoría, las personas extranjeras sólo podrán desarrollar actividades laborales remuneradas en los términos, las condiciones, las zonas y para los patronos que autorice la Dirección General. De acuerdo con el artículo 99 de la Ley supra citada, por solicitud de la persona extranjera, la Dirección General de Migración y Extranjería podrá disponer la realización de actividades laborales remuneradas para otros patronos o zonas, así como autorizar prórrogas del plazo autorizado originalmente.

XII.—Que es deber del Poder Ejecutivo realizar acciones que propicien el empleo y la adecuada integración de la población migrante en el desarrollo de la sociedad costarricense, protegiendo sus garantías sociales, en concordancia con la Política Migratoria Integral para Costa Rica 2013-2023, oficializada por medio del Decreto Ejecutivo número 38099-G del 30 de octubre de 2013 y el Plan Nacional de Integración para Costa Rica 2018-2022.

XIII.—Que de conformidad con el artículo 68 de la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG, Ley número 7064 del 29 de abril de 1987, “El Estado brindará, al pequeño y mediano productor, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la asistencia técnica y tecnológica, necesaria para el desarrollo agropecuario. Para ese fin, el MAG contará con la colaboración de las instituciones nacionales, y procurará obtener la ayuda de los organismos internacionales especializados en la materia…”

XIV.—Que la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene la obligación de atender a las desigualdades sociales, mediante la prevención y fiscalización del cumplimiento y respeto de las leyes, las convenciones colectivas, los laudos, los acuerdos conciliatorios, los arreglos directos y los reglamentos relativos a condiciones salariales, de trabajo, de salud ocupacional y de seguridad social, en el marco de una estrategia de desarrollo social inclusivo que contribuye a erradicar la pobreza extrema, reducir la pobreza y disminuir la desigualdad, fortaleciendo el Trabajo Decente.

XV.—Que las cámaras y agentes sociales de los sectores agropecuario, agroindustrial y agroexportador han manifestado su preocupación por la carencia o insuficiencia de mano de obra nacional o residente en el país, por diversas razones y en consecuencia, se ha dejado un vacío muy grande en ese sector de la economía del país. Las empresas agropecuarias desde la mitad del siglo pasado han adolecido de falta de personal específicamente durante los tiempos de cosecha, y por dicha razón esos sectores dependen de la mano de obra de personas migrantes.

XVI.—Que para resolver las imperiosas necesidades de las personas extranjeras y proteger los bienes y servicios y ante la carencia de mano de obra en el sector agrícola se torna necesario reforzar las acciones relacionadas con el ingreso, permanencia y retorno de las personas extranjeras que se desempeñan en la actividad agrícola, para garantizar una migración laboral segura, ordenada y regular y a su vez, sostener el tejido productivo que representa esta actividad comercial para el país.

XVII.—Que se cuenta con la experiencia del Decreto Ejecutivo N° 42766-MGP-S-MAG, de fecha 18 diciembre de 2020, denominadoProcedimiento de Ingreso, Documentación y Permanencia Legal de las Personas Extranjeras bajo la Categoría Especial de Personas Trabajadoras Temporales para Laborar en el Sector Agrícola en el Marco del Estado de Emergencia Nacional por COVID-19”, mediante el cual producto de la pandemia del COVID19, se tomaron medidas urgentes y temporales, para atender el agravante de la carencia de mano de obra agrícola. Con dicho instrumento se realizaron protocolos que resultaron efectivos, y permitieron ordenar desde la entrada hasta la salida del país de las personas migrantes que atienden las cosechas agrícolas, comprendiendo la perspectiva migratoria, laboral y sanitaria. Por dicha razón, las autoridades competentes han valorado positivamente la aplicación de dichos protocolos, por lo que se determinó la necesidad de contar con un instructivo definitivo que registre las acciones a seguir para los trabajadores migrantes circulares. Con este instrumento se pretende simplificar el proceso de ingreso, documentación, permanencia de trabajadores migrantes, para que sea eficiente en cuanto a tiempos y movimientos.

XVIII.—Que en razón de las consideraciones expuestas, resaltando el hecho de que los esfuerzos de regularización migratoria realizados hasta la fecha se han dirigido a personas migrantes que se encuentran en el país, así como la persistente necesidad de mano de obra en el sector agrícola para el desarrollo adecuado de su actividad productiva, de conformidad con los acuerdos que el país suscriba con otros Estados, es necesario adoptar acciones para regular y llevar a cabo debidamente el procedimiento de ingreso, permanencia y egreso a su país de origen, de las personas extranjeras que refuercen el recurso humano ya existente. Por ello, deviene pertinente emitir el presente Decreto Ejecutivo para regular el procedimiento referido de las personas extranjeras que ingresan para laborar temporalmente en la actividad agropecuaria.

XIX.—Que de conformidad con el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo número 37045-MPMEIC se procedió a llenar el Formulario de Evaluación Costo-Beneficio en la Sección I denominada Control Previo de Mejora Regulatoria, siendo que el mismo dio resultado negativo y que la propuesta no contiene trámites ni requisitos. Por tanto,

Decretan

CATEGORÍA ESPECIAL PARA LA REGULARIZACIÓN

MIGRATORIA DE PERSONAS EXTRANJERAS

PARA LABORAR DE FORMA TEMPORAL

EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Artículo 1ºDefiniciones.

Para los efectos de esta normativa se entenderá por:

Sector Agropecuario: Sector encargado de fomentar la producción de bienes y servicios agropecuarios en el país y comprende las actividades agrícolas, pecuarias, apícolas, avícolas y extractivas de productos del mar.

Migración laboral circular o pendular: Personas extranjeras que ingresen al país al amparo del presente decreto y por un tiempo determinado, bajo la categoría migratoria de No Residentes.

Personas trabajadoras temporales: Personas que ingresan al país de manera temporal con el fin exclusivo de ejercer labores remuneradas en el sector agropecuario en relación de dependencia, con la obligación de egresar del país una vez finalizado el plazo autorizado.

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

DGME: Dirección General de Migración y Extranjería.

Artículo 2ºDel objetivo. Con apego a los artículos 93 y 94 inciso 12) de la Ley General de Migración y Extranjería, Ley número 8764 del 19 de agosto de 2009, se establece la categoría migratoria especial denominada “Personas Trabajadoras Temporales para laborar en la actividad productiva del sector agropecuario”, para efectos de regular el ingreso circular o pendular, la permanencia, la documentación y el egreso de esas personas, de conformidad con los acuerdos suscritos por las entidades correspondientes, que el país mantenga con otros Estados.

Artículo 3ºRequisitos y procedimiento. Para la autorización de ingreso y permanencia de las personas bajo la categoría migratoria especial creada mediante el presente decreto, la persona empleadora debe de cumplir los requisitos que se establecen a continuación:

1.  Recomendación del MTSS: Debe de presentar ante el Departamento de Migraciones Laborales de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS, una solicitud formal de ingreso y permanencia legal temporal de las personas trabajadoras. Dicha solicitud se realizará mediante el formulario electrónico que se encuentra disponible en la página web oficial del MTSS u otro medio que disponga el MTSS. La persona empleadora debe ajustarse a completar toda la información requerida en el formulario dicho, así como aportar la documentación exigida en el mismo.

De considerarlo necesario, el Departamento de Migraciones Laborales podrá realizar los apercibimientos a la persona solicitante, con el fin de que aclare su pretensión, complete debidamente el formulario o aporte algún documento faltante.

En caso de que del análisis de la solicitud se genere una recomendación positiva, así lo notificará el MTSS a la persona empleadora, con copia al MAG y a la DGME, y cualquier otra que se integre vía protocolo, a fin de continuar con el trámite respectivo.

2.  Pago al Ministerio de Hacienda: Recibida la recomendación afirmativa, la persona empleadora deberá de realizar el pago de 60 dólares, moneda en curso de los Estados Unidos de América, al tipo de cambio oficial de venta que establezca el Banco Central de Costa Rica para el día del depósito bancario, por cada trabajador migrante autorizado para laborar. Dicho monto corresponde a los impuestos de Ley, de conformidad con los artículos 33 incisos 4) y 5), así como 253 de la Ley General de Migración y Extranjería.

3.  Entrada de los trabajadores: La persona empleadora deberá informar ante el MAG y la DGME, el día de la entrada de los trabajadores por la frontera correspondiente.

La DGME validará que los pagos han sido realizados debidamente, y que las personas extranjeras autorizadas no cuenten con impedimento de ingreso y que no permanezcan de manera irregular en el país al momento de presentarse la solicitud del patrono.

Las especificaciones procedimentales para la presentación de los requisitos, el ingreso, la documentación, la permanencia legal y el egreso de las personas extranjeras al amparo del presente decreto, serán establecidas mediante un protocolo que elaborarán el Ministerio de Salud, el MAG y el MTSS, con la colaboración de la DGME, cada uno dentro del ámbito de sus competencias.

Artículo 4ºAutorización de la permanencia legal. De cumplirse con los requisitos contemplados en el presente Decreto, la DGME autorizará la permanencia legal temporal para laborar en país, por el plazo y para las actividades originalmente autorizadas por el MTSS. Cumplida esta etapa se continuará con el trámite para la emisión del documento denominado Trazabilidad Laboral.

Artículo 5ºDel documento de Trazabilidad Laboral. El documento que demostrará la permanencia legal temporal en el país, será el carné de “Trazabilidad Laboral” (conocido como SITLAM), autorizado por el Ministerio de Salud, MAG, MTSS y DGME, que permita la identificación migratoria, laboral y sanitaria de las personas extranjeras, bajo la categoría especial de Personas Trabajadoras Temporales, emitido por la autoridad que corresponda de conformidad con el respectivo protocolo.

Artículo 6ºDel egreso. Finalizado el plazo autorizado para la permanencia legal de las personas extranjeras en los términos establecidos, el empleador que realizó la solicitud de ingreso deberá garantizar el egreso de dichas personas del territorio nacional.

En caso de incumplimiento por parte de la persona empleadora de la obligación relacionada con el egreso de las personas extranjeras, se deberán efectuar las acciones legales que procedan por las instituciones competentes.

Transitorio I.—Las personas a quienes se les haya denegado su permanencia legal en el país con fundamento en el Decreto Ejecutivo N° 42406-MAG-MGP denominadoProcedimiento para Acceder al Régimen de Excepción para la Regularización Migratoria de las Personas Trabajadoras de los Sectores Agropecuario, Agroexportador o Agroindustrial” (Arraigo), que se encuentren actualmente en el país, podrán beneficiarse de lo establecido en el presente decreto, previa comprobación de la denegatoria y cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.

Artículo 7ºRige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los cinco días del mes de mayo de dos mil veintidós.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Salud, Ileana Vargas Umaña.—El Ministro de Gobernación y Policía, Michael Soto Rojas.—El Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Renato Alvarado Rivera.—El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano Quirós.—La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara Povedano.—1 vez.—O. C. N°4600062668.—Solicitud347292.—( D43527 - IN2022644780 ).

Nº 43534-MP-MD

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

Y LA MINISTRA DEL DEPORTE

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 28, párrafo 2), inciso b) de la Ley No. 6227 del 02 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública; 1 de la Ley 7800 del 30 de abril de 1998,  Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación;  , y el transitorio I de la Ley 996, del 29 de marzo del 2021, Ley Contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte y el Acuerdo No. 598-P del 16 de febrero del 2021.

Considerando:

I.—Que desde la promulgación del Código de Trabajo el 27 de agosto de 1943, el país se ha caracterizado por la intención de eliminar todo tipo de discriminación y violencia en el ámbito del trabajo y suscribió el tratado denominadoConvención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”, ratificada por Ley No 6968, del 02 de octubre de 1984, con el objeto de garantizar el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales.

II.—Que mediante la Ley Nº 7499, del 2 de mayo de 1995, Costa Rica ratificó la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” (Convención Belém do Pará), la cual señala que se debe entender como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, tanto en ámbito público como privado.

III..—Que en ese contexto se promulgó en Costa Rica la Ley No. 7476, denominada “Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia”, del 3 de febrero de 1995, sin embargo, no abarcó dentro de su ámbito de protección las relaciones que se dan dentro del entorno del deporte.

IV.—Que ante la necesidad de regular y proteger las relaciones que se dan en el ámbito del deporte, se aprobó la Ley No. 9967, denominada “Ley Contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte”, del 29 de marzo de 2021. 

V. Que conforme con las disposiciones del artículo 1° de la Ley 9967, Ley Contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, su principal objetivo es prohibir, sancionar y prevenir el acoso y el hostigamiento sexual en el deporte, como práctica abusiva y de poder contra los derechos fundamentales de las personas, en su condición de deportistas, entrenadores, dirigentes deportivos y otras personas que presten servicios a las diferentes entidades deportivas establecidas en esta ley, con especial referencia a su dignidad como persona, a los derechos de igualdad ante la ley y a la integridad física y se delega en el ICODER una función rectora y de fiscalización para garantizar que las organizaciones deportivas cumplan con dicha ley. Además, se establecen mecanismos de prevención y abordaje, tales como el procedimiento aplicable, capacitaciones, asesorías, acompañamiento psicológico y representación de las víctimas, aplicación de medidas cautelares entre otros y se establece la creación de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual del ICODER, con el fin de garantizar la protección de las personas afectadas.

VI.—Que se asumen como marco para este reglamento los principios rectores establecidos por la ley, a saber: el respeto por la libertad y la vida humana, el principio de igualdad ante la ley, no discriminación, el derecho a un ambiente deportivo sano y libre de todo tipo de violencia, principios que se aplican de forma general a todas las personas víctimas de hostigamiento sexual en el ámbito del deporte,  independientemente de su sexo y que puede generar un impedimento o limitación para el desarrollo integral de quienes lo sufren.

También se considerará acoso sexual la conducta grave que habiendo ocurrido una sola vez perjudique de alguna de estas formas a las víctimas. 

VII.              Que en virtud de lo anterior se hace necesario reglamentar la Ley 9967. Por tanto

Decretan

REGLAMENTO A LA LEY Nº 9967, LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN EL DEPORTE.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1ºObjetivo General

Establecer los mecanismos para prevenir, prohibir, sancionar el acoso y el hostigamiento sexual en el deporte, como práctica discriminatoria por razón de sexo y como manifestación de violencia contra los derechos fundamentales de las personas y la dignidad humana, en su condición de deportistas, entrenadoras, integrantes de la dirigencia deportiva y otras que presten servicios de forma gratuita o asalariada (ya sea personal técnico o administrativo) a las diferentes entidades deportivas, tanto del sector público como el sector privado, establecidas en la ley.

Artículo 2ºObjetivos Específicos

El presente Reglamento tiene como objetivos específicos:

a.  Promover las condiciones necesarias que garanticen el respeto entre las personas que participan en actividades deportivas y administrativas ligadas al deporte, con el fin particular de asegurar un ambiente deportivo sano, libre de hostigamiento sexual.

b.  Prevenir cualquier manifestación de hostigamiento sexual en el deporte.

c.  Promover procesos de educación y de concientización para desalentar las conductas de hostigamiento sexual en el deporte.

d. Establecer los parámetros que deben seguir las entidades deportivas para establecer un procedimiento interno que garantice el debido proceso de las partes y para tramitar las denuncias de hostigamiento sexual hasta su finalización mediante resolución en firme.

Artículo 3ºEntidades que abarca la Ley No. 9967, Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte.

De conformidad con los artículos 2 y 6 de la Ley No. 9967, abarca sin excepción las distintas entidades o agrupaciones deportivas, asociaciones deportivas de primero y segundo grado, entidades de promoción deportiva, sociedades anónimas deportivas, federaciones deportivas nacionales, ligas profesionales y aficionadas, asociaciones de deportistas, Comités Cantonales de Deportes,  y cualquier otra entidad cuyo objeto social sea el deporte y estén reconocido por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación.

Artículo 4ºSujetos Regulados:

La Ley No.9967, Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte se aplicará en las relaciones entre deportistas, personas en puestos de dirigencia, integrantes de cuerpos técnicos, personal asistencial, personas colaboradoras, voluntarias y otras que presten servicio a las diferentes entidades deportivas reconocidas por el ICODER, y también será de acatamiento obligatorio para el personal administrativo, estudiantes, personas usuarias y proveedoras, prestadoras de servicios, pasantes, meritorias, practicantes y clientela  vinculada a las diferentes organizaciones deportivas comprendidas en la Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, Ley Nº 9967.

Artículo 5ºDefiniciones aplicadas en esta materia.

a. Deporte: Es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas que se realizan dentro de un espacio o área determinada, con finalidad recreativa, profesional, competitiva, o como medio de mejoramiento de la salud. Para los efectos este reglamento, la definición del deporte comprende:

a.1)    Deporte de alta competición.

a.2)    Deporte adaptado para personas con discapacidad.

a.3)    Deporte Recreativo.

b.  Acoso u hostigamiento sexual: Se aclara que ambos términos hostigamiento y acoso sexual se interpretan como sinónimos para la aplicación de este Reglamento. Se entiende por acoso u hostigamiento sexual toda conducta verbal, no verbal, física o simbólica, de naturaleza sexual, indeseada por quien la recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos:

b.1)    Condiciones materiales de la práctica del deporte.

b.2)    Desempeño y rendimiento deportivo.

b.3)    Estado general de bienestar personal.

También se considera acoso sexual la conducta grave que, habiendo ocurrido una sola vez, perjudique a la persona víctima en cualquiera de los aspectos indicados.

c.  Acoso Vertical: Es aquel llevado a cabo cuando la persona hostigadora se encuentra en distinto nivel jerárquico o de autoridad. Pudiendo ser descendente (de superior a inferior) o ascendente (de inferior a superior).

d.  Acoso Horizontal: Se manifiesta cuando la persona hostigadora y acosada se encuentren al mismo nivel jerárquico o de autoridad.

e.  Afectación en las condiciones materiales de la práctica del deporte: Son todas las limitaciones derivadas de actos de acoso sexual que sufra la persona en cuanto a suministro de implementos deportivos y oportunidades para participar en actividades deportivas y cualquier otra que se demuestre.

f.   Afectación en el desempeño y rendimiento deportivo: Son todas las acciones que afecten el rendimiento de una persona deportista y que sean resultado de hostigamiento sexual, tales como bajo rendimiento, ausencias a entrenamientos, ausencias a actividades deportivas, abandono de la actividad deportiva, incapacidades, desmotivación, y otros que puedan llegar a materializarse en virtud de dicha causal. 

g. Afectación del estado general de bienestar personal: Son todas las acciones que afectan negativamente el estado general, a nivel físico, emocional y/o psicológico, de aquellas personas que sufren hostigamiento sexual.

h.  Persona denunciante: Persona que interpone la denuncia de hostigamiento sexual, o su representante en los casos que involucra menores de edad o personas con algún tipo de discapacidad. La persona denunciante dentro de un procedimiento por hostigamiento sexual siempre debe ser considerada como parte.

i.   Persona denunciada: Persona contra quien se interpone formalmente una denuncia de hostigamiento sexual y a quien se le imputan los hechos denunciados.

j.   Persona hostigada o víctima: Persona que recibe las conductas de hostigamiento sexual.

k.  Persona hostigadora: Persona que ejecuta las conductas de hostigamiento sexual.

l.   Persona menor de edad: Persona menor de dieciocho años.

m.      Partes: Las partes del proceso son la persona denunciante, tanto la víctima en misma como su representante legal, y la persona denunciada y su representante legal. Serán consideradas como partes para todos los efectos del procedimiento disciplinario que se aplicará.

n.  Coadyuvante: Todo aquella persona física o jurídica que esté legitimada para intervenir en el proceso por tener un interés jurídico en el resultado final. Ambas partes del proceso podrán ser coadyuvadas incluso la Comisión Investigadora, siempre y cuando sus posiciones no sean contradictorias y no exista conflicto de intereses. La persona coadyuvante no podrá pedir nada para ni podrá cambiar la pretensión a la que coadyuva, pero podrá realizar todas las alegaciones de hecho y derecho, así como usar todos los recursos y medios procedimentales para hacer valer su interés, excepto en lo que perjudique a quien coadyuva. No podrá pedirse nada contra la persona coadyuvante y el acto que se dicte no le afectará. Podrán ejercer coadyuvancia el INAMU, CCSS, PANI, Defensoría de los Habitantes, CONAPDIS o cualquier otra institución legitimada para hacerlo.

ñ.  Reincidente: Persona que es sancionada en más de una ocasión por haber realizado conductas de hostigamiento sexual.

o.  Apoyo emocional o psicológico: Acompañamiento brindado por una persona de confianza o por una persona profesional en psicología, escogida por la parte que es apoyada, en todas las fases del proceso administrativo. 

p. Deportista: Persona que practica algún deporte profesionalmente o por afición.

q.  Asociación deportiva de primer grado: Son las asociaciones integradas por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la promoción de una o varias modalidades deportivas, la práctica de estas por sus asociados y particulares, así como la participación en actividades y competiciones. 

r.  Asociación deportiva de segundo grado: Es la reunión de varias asociaciones deportivas en una sola organización con el fin de representarlas en forma común.

s.   Espacio deportivo: Marco físico donde tiene lugar la actividad deportiva y la práctica y el entrenamiento de cada disciplina. La multiplicidad de espacios que acogen las distintas actividades deportivas constituye el objeto tangible del planeamiento en materia deportiva, incluidas canchas, gimnasios, piscinas, villas, hoteles, medios de transporte, oficinas administrativas, campamentos, concentraciones, lugares de entrenamiento, actividades de integración, actividades de capacitación, espacios de consulta especializada, casas de habitación, o cualquier otro espacio en donde se materialicen los actos de acoso sexual en virtud del vínculo de las partes.

t.  Órgano Decisor: Quien ostenta el cargo de presidencia o equivalente, en caso de concurrir alguna causal de impedimento, le correspondería a quien ocupe la vicepresidencia o presidencia ad hod de la entidad asumir como órgano decisor.

CAPÍTULO II

De las manifestaciones de hostigamiento

y acoso sexual

Artículo 6ºManifestaciones del Hostigamiento Sexual.

El hostigamiento sexual puede manifestarse por medio de las siguientes conductas:

1.  Requerimientos de favores sexuales en el ámbito deportivo que impliquen:

a. Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación, actual o futura.

b.  Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos referidos a la situación actual o futura.

c.  Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma implícita o explícita, condición para el empleo, participación en competencias o desempeño como deportista.

2.  Lenguaje verbal oral o escrito como mensajes de texto, frases, correos electrónicos, mensajes a través de redes sociales, imágenes, videos, audios, y no verbal como ademanes, gestos, ruidos, silbidos, jadeos o gemidos, con connotación sexual, que resulten hostiles, humillantes u ofensivos para quien las reciba.

3.  Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseados y ofensivos para quien las reciba, sin perjuicio de que estas conductas puedan constituir un delito sexual.

Este articulo no debe interpretarse de forma restrictiva sino de manera extensiva a otras formas y medios de manifestación del acoso sexual.

CAPÍTULO III

Prevención del hostigamiento sexual y divulgación de la política organizacional contra el hostigamiento sexual.

Artículo 7ºMecanismos de protección

Toda persona que denuncie haber sido víctima de acoso sexual, así como las y los testigos no podrán ser despedidos de sus puestos de trabajo o separados de su agrupación o institución deportiva sin justa causa, la cual, en el caso de personas asalariadas, deberá ser debidamente demostrada ante el Ministerio de Trabajo.

Ninguna persona deportista debe ser discriminada en el ejercicio de su disciplina por haber interpuesto una denuncia de acoso sexual.

Siempre deberá respetarse el deber de confidencialidad respecto de la identidad de las partes y contenido del expediente en el cual se tramita la denuncia de conductas de hostigamiento sexual.

Tratándose de personas menores de edad que sean parte en procesos de acoso sexual, nunca podrá divulgarse la información personal y deberá resguardarse su imagen.

Artículo 8ºCompromiso con la Prevención.

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación por medio de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual del ICODER, promoverá los programas de prevención y capacitación en materia de hostigamiento sexual que deben llevar a cabo las organizaciones deportivas y para esos efectos confeccionará un programa anual que definirá las acciones a seguir.

Dicha Comisión deberá presentar en diciembre de cada año, un informe ante el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación que contenga información relevante sobre el tema de hostigamiento sexual en el sector, que incluya la cantidad de denuncias presentadas, cantidad de personas sancionadas, procesos de capacitación realizados y cualquier otra información útil para la toma de decisiones.  Dicha Comisión deberá estar compuesta por personas de ambos sexos y contar con experiencia en el tema.

Como parte de las acciones preventivas, cada organización deberá mantener material informativo en sitios visibles que manifiesten la política organizacional de cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual, su prohibición y los pasos a seguir para plantear denuncias. También deberán mantener en un lugar visible el Reglamento contra el Acoso y Hostigamiento Sexual en el Deporte.

Congruente con el tema de la prevención, las entidades deportivas comprendidas en la Ley deberán incluir en sus procesos de selección de personal, la obligación de presentar la hoja delincuencia de forma que se garantice la idoneidad de la persona prestataria del servicio en virtud de su vínculo con atletas de todas las edades.

CAPÍTULO IV

De la Comisión Institucional contra el hostigamiento sexual del ICODER contra el hostigamiento sexual

y las comisiones investigadoras.

Artículo 9ºConformación de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual del ICODER.

La Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual del ICODER estará integrada de la siguiente manera:

a.  Dos personas representantes del Departamento de Gestión del Talento Humano designadas por la Dirección Nacional.

b.  Una persona profesional en Psicología, designada por la Dirección Nacional.

c.  Una persona de la Comisión de COMUJERES, designadas por dicha organización.

El nombramiento será por un período de cuatro años, prorrogables por períodos adicionales.

Las personas integrantes de esta Comisión deberán poseer formación probada en materia de igualdad y equidad de género y hostigamiento sexual o integrarse en un proceso de capacitación en un período máximo de seis meses, posteriores a su nombramiento.

Estas personas no deben tener denuncias o haber sido sancionadas en sede judicial o administrativa por conductas de Violencia de Género y en particular por Hostigamiento Sexual, y podrán ser sustituidas en cualquier momento.

La Comisión podrá sesionar válidamente, aunque falte el nombramiento de alguna persona integrante.

Artículo 10.—Excusas y Recusaciones

Si alguna de las personas miembros de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual del ICODER o de la Comisión Investigadora tuviese impedimentos para conocer el caso, de acuerdo con lo que establece el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inhibirse del conocimiento y prosecución del trámite; en su defecto cualquiera de las partes podrá recusarlo. En tales casos será la persona suplente la que asuma el proceso. Cuando en el suplente recaigan iguales u otras causas de inhibición o recusación, corresponde al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación resolver la sustitución, velando porque el principio del debido proceso no se vea menoscabado.

Artículo 11.—Funciones de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual del ICODER.

a. Recibir las denuncias por Acoso Sexual y canalizarlas ante la entidad deportiva en donde ocurrieron los hechos para que se proceda con el nombramiento de la comisión investigadora correspondiente.

b.  Reunirse al menos una vez al mes y extraordinariamente cuando así se requiera por cualquiera de sus integrantes. 

c.  Elaborar un plan de trabajo anual para el cumplimiento de las acciones preventivas, procesos de capacitación y otras asignadas por este Reglamento y por la Ley.

d.  Desarrollar y liderar iniciativas tendientes a promover el conocimiento de la normativa contra el hostigamiento sexual, entre los deportistas y el personal de las distintas organizaciones comprendidas en la ley, y establecer campañas de prevención y sensibilización, que desalienten y contribuyan a erradicar el hostigamiento sexual en el deporte.

e.  Mantener una base de datos de acceso público con información sobre las personas con sanciones en firme, conforme al artículo 8 de este reglamento.

f.   Custodiar los expedientes después de finalizados los procesos.

g.  Informar a la Defensoría de los Habitantes cada vez que se presente una denuncia por acoso sexual y remitir una copia de la resolución final a dicha institución.

h.  Recomendar ante el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación cualquier otro aspecto que se estime necesario para el cumplimiento de los fines de la “Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte” y de este Reglamento.

Artículo 12.—Conformación de las Comisiones Investigadoras.

Cada Comisión Investigadora estará conformada por al menos tres personas con amplia experiencia en el tema de Hostigamiento y Acoso Sexual.

Quedan autorizadas las diferentes organizaciones deportivas comprendidas en la Ley No. 9967 Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, si así lo consideran conveniente, para nombrar una o varias comisiones investigadoras comunes, temporales o permanentes, que tramiten los procedimientos especiales por hostigamiento sexual que se instauren en el sector deportivo. Dichas comisiones deberán ser impares, y en caso de estar integradas por más de una persona, deberán estar compuestas por personas de distintos sexos con conocimiento en la materia y régimen disciplinario. No existe impedimento para que las comisiones investigadoras tengan una conformación interdisciplinaria.

Artículo 13.—Funciones de las Comisiones Investigadoras Las Comisiones Investigadoras tendrán las siguientes funciones:

a.  Realizar el proceso de investigación de las denuncias de hostigamiento sexual remitidas por la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual del ICODER.

b.  Informar a la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual del ICODER sobre la apertura y el cierre de casos para efectos de control.

c.  Citar a las partes a una audiencia oral y privada de recepción de pruebas.

d. Conducir la investigación y las audiencias necesarias, evacuar las pruebas ofrecidas por las partes y ordenar de oficio otras que considere necesarias, respetando el debido proceso y los principios generales y específicos establecidos en la Ley.  Todo rechazo de prueba deberá contar con la justificación respectiva, sea por la imposibilidad material para recibirla u otra circunstancia que la haga imposible.

e.  Salvaguardar la confidencialidad del expediente, el cual se mantendrá bajo su custodia durante el trámite del proceso y hasta que se rinda el Informe Recomendativo.

f.   Realizar las inspecciones oculares y periciales que se hayan ordenado para el caso, en presencia de las partes denunciada y denunciante y sus eventuales representantes legales.

g.  Elaborar y entregar el informe final con carácter recomendativo, debidamente fundamentado, a la persona presidenta o jerarca de la organización que los nombró.  En este informe, además se deben hacer constar las medidas cautelares que se hubieren ordenado a favor de la persona denunciante y el fundamento de estas. Al informe recomendativo final se adjuntará el expediente completo para el dictado de la decisión final.

h.  En aplicación de su deber de dirigir el procedimiento con celeridad y dentro de los plazos establecidos, también podrá limitar la cantidad de prueba testimonial cuando esta sea súper abundante.

i.   Ante denuncias anónimas, en caso de constatar la presencia de una persona que posea antecedentes laborando en un ente deportivo, se deberá comunicar a la inspección de trabajo. 

CAPÍTULO V

Sobre el procedimiento

Artículo 14.—Del procedimiento

Todas las entidades deportivas indicadas en el párrafo tercero del artículo 2 de la Ley No. 9967 Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte y en el artículo 3 de este Reglamento, deberán presentar ante la Comisión contra el Hostigamiento y Acoso Sexual del ICODER, el procedimiento que aplicarán para atender, investigar y sancionar las denuncias por acoso sexual que se presenten.  

Dicho procedimiento en ningún caso podrá exceder el plazo ordenatorio de dos meses (artículo 7 de la Ley), el cual empezará a contar a partir de la fecha en que se presentó la denuncia. Este plazo solo podrá ampliarse en casos excepcionales por razones justificadas y debidamente acreditas en la resolución correspondiente.

Artículo 15.—Principios

Este procedimiento se regirá por los siguientes principios:

1.  Principios generales del debido proceso.

2.  Principio de proporcionalidad.

3.  Principio de confidencialidad.

4.  Principio in dubio pro víctima.

5.  Presunción iuris tantum en favor de la víctima.

Artículo 16.—Legitimación para denunciar.

Cualquier persona ofendida por conductas de hostigamiento sexual podrá interponer la denuncia ante la organización deportiva a la que pertenece o directamente ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual del ICODER. En caso de que la denuncia haya sido interpuesta ante la organización deportiva, esta deberá remitirla en un plazo máximo de tres días hábiles, por cualquier medio, a la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual del ICODER.

Cuando la persona ofendida sea menor de edad, podrán interponer la denuncia su madre o su padre, sus representantes legales o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Si se trata de una persona mayor de quince años, pero menor de dieciocho años estará legitimada para presentar directamente la denuncia.

Artículo 17.—Presentación de la denuncia.

Toda persona a la que cubre este reglamento acudirá a interponer la denuncia ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual del ICODER. La denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal, por cualquier medio razonable, y deberá indicar:

a.  Nombre completo de la persona denunciante, número de cédula y dependencia deportiva en donde ocurrieron los hechos.

b.  Nombre de la persona denunciada o al menos la información necesaria para identificarla; Además el cargo o funciones que desempeña, calidades y dirección exacta, si fueran de su conocimiento.

c.  Hechos de Acoso u Hostigamiento Sexual descritos en forma cronológica con la mayor precisión y claridad posibles, incluyendo circunstancias de modo, tiempo y lugar; así como la eventual afectación que estos le hayan producido.

d.    Fecha aproximada a partir de la cual ha recibido el hostigamiento sexual para cada uno de los hechos y la fecha aproximada en la que se presentó el último hecho.

e.  Si las hubiera, indicación de cualquier represalia que haya sufrido por haber rechazado los requerimientos sexuales de la persona denunciada.

f.   Nombre y calidades de las personas que puedan atestiguar sobre los hechos denunciados, sin perjuicio de que se trate de testigos indirectos o de referencia.

g.  Presentación de cualquier otra prueba, ya sea directa o indiciaria, documental, científica o pericial, que a su juicio sirva para la comprobación de los hechos denunciados, sin perjuicio de las que pueda ofrecer y presentar en la audiencia oral y privada de recepción de pruebas. Si las pruebas ofrecidas se encuentran en poder de la institución u organización, debe indicarlo y corresponde a la Comisión Investigadora solicitarla para los efectos correspondientes.

h.  Especificar una dirección física dentro del perímetro de la organización deportiva, un número de fax, o un correo electrónico para recibir las notificaciones.

Artículo 18.—Sobre el expediente administrativo

El expediente administrativo deberá contener debidamente numerada toda la documentación relativa al mismo y estar disponible durante el horario de trabajo del lugar en donde se encuentre la sede del órgano que lo dirija.

El expediente podrá ser consultado y fotocopiado por las partes, sus representantes legales y los coadyuvantes.

Todas las personas que tengan derecho de acceso al expediente lo hacen bajo el deber de confidencialidad.

Artículo 19.—De la ampliación de la denuncia.

La Comisión Investigadora, si lo considera necesario, podrá solicitar por escrito a la persona denunciante o sus representantes en casos que involucre menos de edad, la aclaración o ampliación de la denuncia y otorgará un plazo de tres días hábiles para ello.

Artículo 20.—Término de emplazamiento a la persona denunciada.

Una vez realizada la ampliación de la denuncia, la Comisión Investigadora dará traslado de esta a la persona denunciada, concediéndole un plazo de ocho días hábiles para que se refiera por escrito a todos y cada uno de los hechos que se le imputan, ofrezca la prueba de descargo y señale medio o lugar en donde se le pueda notificar.

En caso de ser la persona denunciada menor de edad, para realizar el traslado de cargos es necesario la presencia y acompañamiento de su representante legal.

Cuando la persona denunciada ofrezca prueba testimonial debe indicar el nombre y calidades de las personas que ofrece como testigos. Cuando presente prueba documental o pericial que se encuentre en poder de la institución u organización, debe señalar dónde puede ser revisada esa prueba y corresponde a la Comisión Investigadora solicitarla para los efectos correspondientes.

En caso de que la persona denunciada no presente su descargo en el plazo establecido, podrá hacerlo en la audiencia. Si así no lo hace, el proceso continuará hasta la etapa final, sin que ello signifique aceptación de los cargos.

Artículo 21.—Notificación.

Tanto la persona denunciante como la denunciada deberán señalar un correo electrónico, fax u otro medio para recibir sus notificaciones. Si la persona denunciada omite el lugar para notificaciones o fuere impreciso o incierto, las resoluciones que se dicten le quedarán por notificadas en un plazo de 24 horas.

Artículo 22.—Asesoramiento jurídico, apoyo emocional y coadyuvancia:

En los procedimientos que contempla este Reglamento, las partes podrán contar con una persona profesional en Derecho para que ejerza su representación legal. También podrán hacerse acompañar del apoyo emocional o de su confianza en las distintas fases del procedimiento.

Asimismo, podrán contar con la coadyuvancia de la institución competente para el caso concreto y de conformidad con la reglamentación que dicha institución tenga para regular el ejercicio de la coadyuvancia.

Artículo 23. Audiencia para la recepción de las pruebas.

Vencido el plazo dado a la persona denunciada para responder a la denuncia, la Comisión Investigadora citará a las partes a una única audiencia oral y privada, en la que se recibirá la declaración de las partes que así lo deseen, se evacuará la prueba documental, la prueba testimonial, la pericial cuando corresponda y cualquier otro tipo de prueba que resulte pertinente.

Inmediatamente evacuadas las pruebas, se dará un espacio para que las partes y las personas coadyuvantes emitan sus conclusiones de forma oral; sin perjuicio de que excepcionalmente se haga de forma escrita cuando a criterio de la Comisión Investigadora las pruebas sean abundantes y el grueso del expediente excesivo, caso en el cual concederá un plazo de tres días a las partes y coadyuvantes para presentar sus escritos de conclusiones. 

Se podrá convocar a la continuación de la audiencia únicamente cuando haya sido imposible, en la primera fecha, dejar listo el expediente para su decisión final y las diligencias que así lo requieran.

Artículo 24.—Pruebas periciales, inspecciones oculares y otras pruebas.

En cualquier etapa del proceso la Comisión Investigadora podrá ordenar las pruebas periciales, inspecciones oculares y cualquier otra prueba que considere necesarias para averiguar la verdad real de los hechos y así se lo notificará a las partes.

Artículo 25.—De la valoración de la prueba.

La valoración de la prueba deberá realizarse de manera objetiva, con amplitud de criterio y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia; así como circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Ante la ausencia de prueba directa se deberá valorar la prueba indiciaria y todas las otras fuentes del derecho común, atendiendo los principios especiales que rigen en materia de hostigamiento sexual y aquellos que se indican en la Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, Ley Nº 9967.

En caso de duda se interpretará a favor de la víctima, con la prohibición de considerar los antecedentes de la persona denunciante, particularmente en lo relativo al ejercicio de su sexualidad.

Artículo 26.—Del Informe Recomendativo y resolución final.

Terminada la audiencia de recepción de pruebas, la Comisión Investigadora analizará estas y elaborará un Informe Recomendativo dirigido al Órgano Decisor.  En dicho informe, la Comisión Investigadora deberá indicar los hechos demostrados y los hechos no demostrados, con indicación de las pruebas en que se basa para sustentar la resolución. Asimismo, en caso de tener por demostrados todos o alguno de los hechos, indicará si recomienda imponer alguna sanción, la cual deberá ser proporcional a los hechos tenidos por demostrados. La Comisión enviará el Informe Recomendativo al Órgano Decisor dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que finalizó la audiencia de recepción de pruebas, con el fin de que se emita la resolución final. El Informe Recomendativo no será vinculante para el Órgano Decisor.

La resolución final del Órgano Decisor deberá contener los fundamentos de hecho y derecho en los que se basa, así como la indicación de las pruebas que la sustentan. Además, deberá indicar expresamente la sanción aplicable. El Órgano Decisor contará con un plazo de 15 días hábiles para el dictado de la resolución final, la cual deberá ser notificada únicamente a las partes o a sus representantes legales, a las personas coadyuvantes y a la Defensoría de los Habitantes.

En la resolución final, el Órgano Decisor deberá indicar que las partes pueden plantear recurso de revocatoria y apelación contra esta, los cuales deberán ser presentado dentro del plazo de 3 días hábiles, contado a partir de la notificación de la dicha resolución.

Artículo 27.—Medidas cautelares.

La Comisión Investigadora, previa solicitud de parte, mediante resolución fundada podrá solicitar al Órgano Decisor que ordenar cautelarmente:

a.-Que la presunta persona hostigadora se abstenga de perturbar, intimidar, molestar o amenazar, por cualquier medio, a la persona denunciante y a las personas ofrecidas como testigos.

b.-La reubicación laboral de la presunta persona denunciada. La persona denunciante que tenga una relación laboral con la organización únicamente podrá ser reubicada si ella lo solicita expresamente.

c.-La permuta del cargo de la persona denunciada en caso de existir una relación laboral.

d.-La prohibición a la persona denunciada de asistir a sitios o eventos deportivos competitivos o recreativos que frecuente o planee asistir o se encuentre la persona denunciante o las personas ofrecidas como testigos.

e.  La separación temporal del cargo de la persona denunciada con goce de salario, en tanto detente un salario por ejercicio del cargo.

En la aplicación de las medidas cautelares deberá respetarse los derechos de las personas obligadas a la disposición preventiva, debiendo en todos los casos mantener la seguridad de las víctimas.

El Órgano Decisor también podrá ordenar de oficio medidas cautelares cuando tenga conocimiento de alguna situación que ponga en riesgo a la parte denunciante, ya sea de seguir sufriendo conductas de hostigamiento sexual, de experimentar represalias o afectación en su estado general de bienestar personal.

Este artículo deberá considerarse numerus apertus, es decir, podrán solicitarse y ordenarse otras medidas cautelares no contempladas en este artículo atendiendo el principio de no revictimización de las personas víctimas de hostigamiento sexual y el interés superior de las personas menores de edad.

En caso de que la persona denunciante considere necesaria su reubicación temporal en otra dependencia o espacio deportivo, podrá solicitarlo en cualquier momento del proceso ante la Comisión Investigadora, que trasladará la solicitud al Órgano Decisor de la entidad para que tramite la reubicación.

Las medidas cautelares deberán resolverse de manera prevalente y con carácter de urgencia. Su vigencia dependerá de la instrumentalidad y necesidad a lo largo del proceso.

Artículo 28.—De los recursos

Las partes o sus representantes legales y las personas coadyuvantes podrán presentar los recursos que se indican a continuación.

Los recursos ordinarios, es decir revocatoria y apelación, podrán interponerse contra el acto de apertura del procedimiento, el que deniega comparecencia oral o cualquier prueba y contra el acto o la resolución final dictada por el Órgano Decisor.

Estos recursos deberán presentarse en el plazo de tres hábiles, contados a partir de la notificación a las partes, ante el órgano que emitió el acto. El órgano que competente contará con ocho días hábiles para resolver el recurso y notificar su decisión a las partes y personas coadyuvantes.

La resolución que ordena las medidas cautelares carecerá de recurso alguno, contra esta solo podrá solicitarse aclaración o adición.

Artículo 29.—Prohibiciones generales.

Queda prohibido a las personas definidas en el artículo 4 de este reglamento, realizar cualquier tipo de conducta de hostigamiento sexual, contemplada artículo 6 de este reglamento. De incumplir con esta prohibición, la persona será sancionada de conformidad con la Ley No.9967. Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte y el presente Reglamento.

Queda expresamente prohibido solicitarle a la persona denunciante que ratifique la denuncia, así como la realización de investigación preliminar, siendo obligatorio iniciar el procedimiento de investigación a partir de la denuncia respectiva, con la consecuente integración de la Comisión Investigadora.

Asimismo, queda expresamente prohibido considerar los antecedentes de la persona denunciante, particularmente en lo relativo al ejercicio de su sexualidad.

Queda prohibido cualquier acto de acción u omisión, procesal o extraprocesal, de revictimización hacia la persona denunciante, incluido el obligarla a declarar en la audiencia de recepción de pruebas y someterse a interrogatorios.

Artículo 30. Prohibición de la conciliación 

En ningún momento procederá la conciliación, considerando que el hostigamiento sexual constituye una forma específica de violencia dentro de una relación desigual de poder, el cual aumenta los factores de riesgo y revictimización de la persona hostigada. 

Artículo 31.—Prohibición de represalias.

Queda prohibido ejecutar o participar en cualquier tipo de represalia contra la persona que realice la denuncia, haya testificado o participado de cualquier manera en el proceso de investigación o resolución del caso. Quien incumpla esta prohibición podrá ser será sujeto de responsabilidad disciplinaria.

Artículo 32.—Desistimiento.

Interpuesta la denuncia, en caso de que la persona denunciante o su representante legal manifiesten que desisten o no desean continuar con el trámite del procedimiento, la Comisión Investigadora deberá proseguir con el mismo y el Órgano Decisor dictará la resolución final correspondiente.

Artículo 33.—Procedimiento en vía judicial.

En caso de que la persona denunciada tenga una relación laboral con la entidad deportiva, si la persona denunciante no se siente satisfecha con lo resuelto en la vía administrativa o decide presentar la denuncia directamente en los Tribunales de Justicia, podrá acudir al Juzgado de Trabajo.

En cualquier caso, la persona víctima de hostigamiento sexual podrá denunciar ante el Ministerio Público o el Juzgado Contravencional en caso de que alguno de los hechos de hostigamiento tipifique como delito o contravención.

Artículo 34.—Denuncias falsas.

Quien denuncie hostigamiento sexual falso, podrá incurrir en conductas propias de difamación, injuria o calumnia tipificadas en el Código Penal, pudiendo la parte que se sienta afectada presentar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, lo cual no suspenderá el trámite del procedimiento disciplinario administrativo de acoso sexual.

CAPÍTULO VI

Faltas y sanciones

Artículo 35.—Control de Convencionalidad

Al analizarse la imposición de sanciones a las conductas de acoso sexual denunciadas, debe tenerse en cuenta que este es una práctica discriminatoria, que constituye una violación a los Derechos Humanos, la dignidad humana y libertades fundamentales, de conformidad con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Ley No. 6968, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará), Ley No. 7499.

Artículo 36.—Sanciones.

Según la gravedad de las faltas se impondrán las siguientes sanciones:

a.-En caso de personal administrativo se aplicarán las siguientes sanciones:

1.  Amonestación escrita con copia al expediente personal.

2.  Suspensión sin goce de salario por un plazo no menor de un mes.

3.  Despido sin responsabilidad patronal y no recontratación por un plazo máximo de 10 años.

b.  En el caso de deportistas se aplicarán las siguientes sanciones:

1. Amonestación escrita con copia al expediente deportivo.

2.  Suspensión de toda actividad deportiva no menor a un mes.

3.  Despido, destitución o desvinculación de su equipo u organización deportiva según sea el caso.

Artículo 37.—Reincidencia.

Se tendrá como reincidente a la persona que haya sido sancionada anteriormente por conductas de hostigamiento o acoso sexual.

Artículo 38.—Del agravamiento de la sanción.

Para imponer la sanción correspondiente a la gravedad de la falta, se considerará la conducta desplegada, el rango jerárquico o de autoridad de la persona denunciada, la naturaleza de las funciones que la persona denunciada desempeña, el impacto de las conductas en la actividad deportiva y en el estado general de bienestar de la persona denunciante, la edad de la víctima, así como cualquier otra condición de vulnerabilidad en que esta se encuentre, y la reincidencia.

Artículo 39.—De la separación de la parte denunciada de la Institución o entidad deportiva.

En el caso de que una persona denunciada finalice su relación laboral o deportiva durante la tramitación de la denuncia por hostigamiento sexual, la Comisión Investigadora continuará con el procedimiento hasta su finalización, siempre que a la persona denunciada ya se le haya notificado la resolución de apertura. 

CAPÍTULO VII

Disposiciones finales

Artículo 40.—Contratos privados y convenios.

Los contratos privados y convenios que se ajusten a situación regulada en la Ley Nº 9967 Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, deberán incluir una cláusula que establezca la obligatoriedad de cumplir con este Reglamento y señalar las sanciones en caso de incumplimiento.

Artículo 41. Plazo para nombrar Comisión Institucional.

El Instituto Nacional del Deporte y la Recreación (ICODER), a través del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, tendrá el plazo de dos meses a partir de la vigencia de este reglamento para nombrar a las personas integrantes de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual del ICODER, de conformidad con el artículo 9 de este Reglamento.

Artículo 42.—Revisión de los procedimientos por parte de la Comisión Institucional.

El procedimiento disciplinario por hostigamiento sexual que aplicará cada organización deportiva deberá ser presentado ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual del ICODER dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la entrada en vigor de este Reglamento.

Artículo 43.—Rige tres meses después de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República a los 3 días del mes de mayo del 2022.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte Romero.—La Ministra del Deporte, Karla Alemán Cortés.—1 vez.—O. C. N°010-2022.—Solicitud N° 347333.—( D43534 - IN2022644797 ).

N° 43497-H

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 51, 55, 130, 140 incisos 8), 18) y 20), 146 y 176 de la Constitución Política; los artículos 1, 4, 21, 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso b), de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; artículos 1, 2, 3, 4 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, artículo 4 y 5 del Código de la Niñez y Adolescencia Ley N° 7739, artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño Ley N° 7184, Decreto Ejecutivo N° 41162-H, del 1 de junio de 2018, Limitación a las Reestructuraciones y sus reformas, Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, del 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo N° 32988H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas.

Considerando:

I.—Que consciente de la importancia y de las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los artículos 51 y 55 de la Constitución Política, en materia de protección de las personas menores de edad y las familias, desde el inicio de la Administración Alvarado Quesada, el Patronato Nacional de la Infancia, ha venido construyendo un proceso de mejoramiento en la gestión de la calidad de los servicios y la creación de procesos y procedimientos más rigurosos y especializados, como pilares fundamentales de cara al logro de una gestión con calidad en todos los ámbitos del quehacer institucional y la necesidad de cumplir con nuevas directrices dadas por los entes externos, tendientes a fortalecer la rectoría técnica y fortalecer las capacidades del talento humano, en aras de transformarla en una institución más ágil, competente, eficiente, eficaz en el cumplimiento de sus atribuciones y fines en la protección integral de las personas menores de edad y sus familias.

II.—Que la última actualización de la estructura organizacional del PANI fue aprobada por MIDEPLAN mediante oficio DM-1515-2019 del 1 de octubre de 2019.

III.—Que como parte de las gestiones tendientes a mejorar el servicio, mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0183-2022, del 1 de marzo de 2022, suscrito por la señora María del Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, se aprueba para el Patronato Nacional de la Infancia, una nueva reorganización administrativa parcial a su estructura organizacional, bajo los principios de eficiencia, eficacia y racionalidad en el uso de los recursos públicos.

IV.—Que la necesidad de la reorganización administrativa parcial del PANI, consecuentemente implica la actualización del Manual Institucional de Clases y Cargos y la creación de nuevas plazas, toda vez que los ajustes dispuestos incorporarán instancias que permitirán la mejora de la gestión institucional, ante la necesidad y alta demanda del servicio público que brinda el PANI.

V.—Que mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0183-2022, el citado Ministerio indica: “…se realiza la recomendación al PANI, que materialice la excepcionalidad dada por la Presidencia de la República antes referida, en un decreto ejecutivo, ya que conforme al rango de las normas establecido en nuestra legislación, un oficio o una directriz no puede estar por encima de un decreto ejecutivo, siendo que la reorganización administrativa en cuestión será eficaz hasta que esa autorización sea materializada por medio de este instrumento…”

VI.—Que el Poder Ejecutivo emitió una serie de regulaciones vinculantes a la materia de reorganización, propiamente en el Decreto Ejecutivo N° 41162-H, publicado en La Gaceta 100, del 06 de junio de 2018, el cual dispone que: “Únicamente serán aprobadas las reestructuraciones dentro de ministerios, órganos desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, cuyo propósito sea hacer más eficiente la gestión del Estado, siempre que no impliquen la creación de plazas adicionales, reasignaciones de puestos, así como nuevos gastos”. Estas regulaciones se complementaron por parte del MIDEPLAN en el oficio DM-895-18 del 7 de agosto del 2018, donde específicamente se señala en el punto 2 y en el punto 8 que MIDEPLAN aceptará y resolverá aquellas reorganizaciones que impliquen gasto adicionalúnicamentesi la Institución presenta la “excepcionalidad” al referido Decreto emitida por el Presidente de la República.

VII.—Que el PANI cuenta con la disponibilidad de recursos en el presupuesto 2022, debidamente certificados mediante oficio PANI-DAP-OF-231-2021, del Departamento de Administración de Presupuesto con fecha 11 de noviembre de 2021, suscrito por el señor Oscar Cordero Fernández, Coordinador del Departamento Administración de Presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia, para atender la creación de las nuevas plazas requeridas para la reorganización administrativa parcial aprobada por MIDEPLAN, mismas que se encuentran incorporadas en el nuevo Manual Institucional de Clases y Cargos.

VIII.—Que mediante acuerdo tomado por la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia PANI-JD-OF-038-2022 tomado en su Sesión Ordinaria 2022-008, celebrada el martes 08 de marzo del 2022, artículo 008), aparte 01) acordó aprobar el Manual de Clases, Cargos y Competencias del Patronato Nacional de la Infancia de conformidad con la estructura orgánica de la institución a partir de las aprobaciones otorgadas por el Ministerio de Planificación y Política Económica mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0183-2022 y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio DMT-OF-241-2022. A partir de las anteriores aprobaciones, mediante oficio PANI-PE-OF-0688-2022 de fecha 9 de marzo de 2022, el Patronato Nacional de la Infancia procedió a remitir el citado Manual de Clases, Cargos y Competencias a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para el trámite correspondiente de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 42909-H “Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Ministerios, Entidades Públicas y sus Órganos Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria, para el año 2022”.

IX.—Que, para lograr el cumplimiento eficiente y eficaz del mandado constitucional y legal de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, el Patronato Nacional de la Infancia ha venido trabajando en la construcción de un proceso para mejorar la gestión de la calidad de sus servicios, aplicando elementos sustantivos de la mejora continua. Dicha acción ha generado la identificación de necesidades de nuevos servicios institucionales, para los que se requiere la reorganización su estructura organizativa, lo que implica la creación de nuevas plazas en aras de contar con las condiciones administrativas y técnicas necesarias para el mejoramiento del servicio público. Asimismo, dicha reorganización permitirá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 10038 “Reforma de los artículos 7, 9, 10, 11, 15 y 20 de La Ley 9220, Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, de 24 de marzo de 2014; Reforma del Artículo 4 de la Ley 7648, Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, de 9 diciembre de 1996, y Reforma de los Transitorios I, II, III y IV de la Ley 9941, Reactivación y Reforzamiento de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil de 15 de Febrero de 2021, para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, la cual adscribe a la Secretaría Técnica de la REDCUDI como órgano de desconcentración máxima del Patronato. Por tanto,

Decretan:

EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 1° DEL DECRETO

EJECUTIVO NÚMERO 41162-H LIMITACIÓN A LAS REESTRUCTURACIONES, PARA LA REORGANIZACIÓN

DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Artículo 1ºExceptúese de la aplicación del artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 41162-H del 1° de junio de 2018 y sus reformas, al Patronato Nacional de la Infancia, por una única vez, para modificar su estructura organizacional, con el propósito de lograr un mejoramiento en la gestión de la calidad de los servicios y la creación de procesos y procedimientos más rigurosos y especializados, tendientes a fortalecer la rectoría técnica y las capacidades del talento humano y con ello transformarla en una institución más ágil, competente, eficiente, eficaz en el cumplimiento de sus atribuciones y fines en la protección integral de las personas menores de edad y sus familias.

Artículo 2ºRige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los seis días del mes de abril del año dos mil veintidós.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde.—1 vez.—O.C. N° 10203-202.—Solicitud N°348767.—1 vez.—( D43497 - IN2022645895 ).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

    Y CULTO

Resolución DM-DJ-0113-2022.—Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Despacho del Ministro, San José, Barrio Otoya, a las catorce horas con treinta minutos del once de mayo del año dos mil veintidós.

Amoldo Ricardo André Tinoco, portador de la cédula de identidad número 1 0545 0969, en condición de Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, nombrado en dicha cartera mediante el Acuerdo N 001-P de la Presidencia de la República y publicado en La Gaceta número 91 del 10 de mayo del año 2022; delego, en el funcionario José Ángel Soto Varela, portador de la cedula de identidad 1-0680-0653, en su condición de Proveedor Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la firma de las resoluciones de adjudicación dentro de los procedimientos licitatorios, las declaratorias de concurso desierto, las declaratorias de concurso infructuoso, las órdenes de compra o pedido y las formalizaciones contractuales; las  resoluciones  de  reajustes  de  precios de los contratos,  los procesos de resolución y recisión contractual, así como  la decisión de contratar directamente previa  determinación de los supuestos de prescindencia de  los procedimientos ordinarios, cuyo  inicio deben hacer referencia a los estudios legales y técnicos en los que se acredite en cada caso concreto. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la “Ley General de la Administración Pública” que habla sobre la figura jurídica de la delegación de firma de las resoluciones; el artículo 12 inciso g) del “Reglamento para el Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de los Ministerios de Gobierno”, Decreto Ejecutivo N°30640-H de fecha 27 de junio del año 2002, reformado por el Decreto Ejecutivo numero 31483-H de fecha 19 de agosto del año 2003; el artículo 106 de la “Ley de la Administración  Financiera de la República y Presupuestos Públicos y el artículo 229 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”, N°33411 del 27 de septiembre del 2006.

Considerando:

I.—Que, para cumplir con los principios de eficiencia y celeridad en los procedimientos de contratación administrativa, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto requiere delegar su firma a la persona que ocupe el cargo de Proveedor Institucional.

II.—Que existe una diferencia sustancial entre la delegación en sentido estricto (artículos 89, 90 y 91 de la Ley General de la Administraci6n Publica) y la delegación de firma (artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública). En este sentido la Procuraduría General de la República, en Opinión Jurídica N 50-J del 29 de setiembre de 1997 (reiterado en el dictamen 011 de fecha 17 de enero del año 2008), dijo lo siguiente:

“(...) una delegación de competencia implica, por voluntad de su autor, un auténtico traslado de competencia, de poder, a la autoridad inferior. Por el contrario, la delegación de firma no priva a la autoridad superior de su poder; transfiere simplemente a la autoridad subordinada el cometido material de la firma. Ahora bien, si las condiciones en las cuales se dan los dos tipos de delegaciones son en buena medida semejantes, sus efectos son muy diferentes. (...) b) ... En primer lugar, desde que se produce la delegación de competencia, la autoridad superior queda privada de la misma durante todo el tiempo que la delegación de competencia subsiste. En particular, la autoridad superior no puede avocar, es decir, pedir que le sea sometido un asunto determinado comprendido dentro de la delegación de competencia. Por el contrario, la delegación de firma no supone esta privación de competencia, sino solo una organización del cometido material de la firma, la cual, en todo momento, y sin que sea necesario modificar la delegación, podrá derogar la autoridad superior. Es así como la autoridad superior podrá avocar un asunto particular y ordenar que tal asunto sea reservado a su propia firma.

La segunda diferencia en los efectos consiste en que la delegación de competencia es una delegación consentida de modo abstracto, de autoridad a autoridad. Por consiguiente, si el titular de una u otra competencia cambia, la delegación de competencia subsiste, hasta tanto no sea revocada...

Por el contrario, las delegaciones de firma se hacen inconcreto, es decir, en razón de (sic) la personalidad, tanto del delegante como del delegado. Si, por tanto, se produce un cambio de identidad del delegante o del delegado, la delegación de firma cesa inmediatamente, a menos que una nueva delegación sea consentida por la nueva autoridad en beneficio del nuevo delegado. (Énfasis suplido).

En último lugar, y esto tendrá importancia en el terreno contencioso, la delegación de competencia hace del delegado el autor real del acto, en tanto que en la delegación de firma la autoridad delegante mantiene el papel de autor real del acto.” (VEDEL, Georges, Derecho Administrativo, Madrid, Aguilar S.A. de Ediciones, Primera Edición, 1980, pp. 155-156) (...)”.

III.—Que, de conformidad con lo expuesto por la Procuraduría General de la República, si se produce un cambio de identidad del delegante o del delegado, la delegación de firma cesa inmediatamente, a menos que una nueva delegación sea consentida por la nueva autoridad en beneficio del nuevo delegado (Dictamen: 011 del 17 de enero del 2008).

IV.—Que, el artículo 106 de la Ley de Administración Financiera y de Presupuesto Público establece la posibilidad de que el jerarca de un ente u órgano del Sector Público delegue la suscripción de los contratos asociados a los procesos de contratación administrativa.

V.—Que, la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 106, en lo que se refiere a la competencia dispone:

Competencia. La proveeduría institucional tendrá plena competencia para conducir los trámites del procedimiento de contratación administrativa. Asimismo, podrá adoptar los actos y requerir los informes que resulten necesarios para preparar la decisión final. El acto de adjudicación lo dictará el órgano titular de la competencia. Los jerarcas de cada ministerio y de los demás entes y órganos a que se refiere el artículo 1º de esta Ley, tendrán plena capacidad para concertar y suscribir los documentos contractuales que se formalicen.”

VI.—Que, el artículo 229 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, N°33411 del 27 de septiembre del 2006, Reformado por Decreto Ejecutivo N°40898 que reforma el articulo 145 RLCA. Gaceta N°44 del 28 de febrero de 2018, establece lo siguiente:

Artículo 229.-De la posibilidad de delegación. El máximo Jerarca de la Institución, podrá delegar, la decisión final a adoptar en los procedimientos de contratación administrativa, así como la firma del pedido u orden de compra, lo anterior, siguiendo al efecto las disposiciones del reglamento interno que se dicte al efecto; dicha designación deberá recaer en un funcionario u órgano técnico, quien deberá emitir sus actos con estricto apego a la normativa de contratación administrativa, para poder apartarse de dicho criterio, deberán mediar razones técnicas de igual naturaleza. Dicha delegación se llevará a cabo de conformidad con los alcances de la Ley de Contratación Administrativa; Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y lo señalado por la Ley General de la Administración Pública. (Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N°40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 221 al 229)”.

VII.—Que, en concordancia con los artículos anteriores, elReglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno”, Decreto Ejecutivo N°30640-H del 27 de junio del 2002, reformado por el Decreto Ejecutivo número 31483-H del 19 de agosto del 2003, en su artículo 12 inciso G establece:

Artículo 12. Jefatura. El Proveedor Institucional será el superior jerárquico de cada Proveeduría Institucional, y le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones primordiales: (…) g) Dictar la resolución final de adjudicación, declaratoria de deserción o de infructuosa, en los procedimientos de contratación administrativa de su institución, y suscripción de las formalizaciones contractuales derivadas de dichos procedimientos, en aquellos casos en que correspondiere dicho acto, ello en tanto estas funciones le sean delegadas formalmente por el Ministro del ramo, siguiendo para ello las disposiciones pertinentes de la Ley General de la Administración Pública. (Reformado por artículo 5 del Decreto Ejecutivo No 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en La Gaceta No 230 de 28 de noviembre de 2003.)” Por Tanto,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

Y CULTO

RESUELVE:

I.—Delegar, en el señor José Ángel Soto Varela, portador de la cédula de identidad número 1-0680-0653, en su condición de Proveedor Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, LA FIRMA expresa y formalmente, respecto de las siguientes actuaciones dentro de los procedimientos de contratación administrativa: a) resolución de adjudicación, b) declaratoria de desierto o infructuoso de los concursos, c) suscripción de las formalizaciones contractuales derivadas de dichos procedimientos de contratación, d) resoluciones de reajustes de precios que correspondan al periodo presupuestario vigente, e) resoluciones y recisiones contractuales, f) firma de los pedidos correspondientes, g) la decisión de contratar directamente, previa determinación de los supuestos de prescindencia de los procedimientos ordinarios, cuyo inicio deberá hacer referencia a los estudios legales y técnicos en los que se acredite cada caso concreto. Lo anterior, de conformidad con los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos.

II.—Rige a partir de su publicación.

Notifíquese.

Dr. Arnoldo André, El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.—1 vez.—O. C. N° 2734463289.—Solicitud348915.—( IN2022646346 ).

DOCUMENTOS VARIOS

GOBERNACIÓN Y POLICÍA

DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO

DE LA COMUNIDAD

AVISO

El Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, hace constar: Que la Asociación de Desarrollo Integral de Platanar de Florencia, San Carlos código de registro 500. Por medio de su representante: Jorge Luis Zúñiga Barrientos, cédula número 2-277-1186 ha hecho solicitud de inscripción de la siguiente reforma al estatuto: Artículo 17.

Artículo 17: para que en adelante se lea así: que se permita la figura de 03 suplentes, para la junta directiva y fiscalía, los cuales asumirán en caso de ausencia definitiva, renuncia, se traslade a otra comunidad, fallezca, pierda credenciales por ausencias, el suplente puede asumir a cualquier miembro de la Junta Directiva y fiscalía, menos la presidencia quela asumirá el vicepresidente.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 17, 19 y34 del Reglamento a la Ley 3859Sobre Desarrollo de la Comunidad que rige esta materia, se emplaza por el término de ocho días hábiles, a partir de la publicación de este aviso, a cualquier persona, pública o privada y en especial a la Municipalidad, para que formulen los reparos que estimen pertinentes a la inscripción en trámite, manifestándolo por escrito a esta Dirección Legal y de Registro.

San José, a las nueve horas del doce de mayo del dos mil veintidós.—Departamento de Registro.—Licda. Rosibel Cubero Paniagua, Jefa.—1 vez.—( IN2022644916 ).

SEGURIDAD PÚBLICA

SE INFORMA AL PÚBLICO EN GENERAL QUE:

EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA REQUIERE

EL ALQUILER DE EDIFICACIÓN

Términos de ReferenciaAlquiler Delegación Policial Venecia de San Carlos

Requerimientos

    Ubicación: Distrito Venecia del cantón de San Carlos.

    Área de construcción estimada: de 350.00 m2 a 1000.00 m2

    Cantidad mínima de parqueos: 04 vehículos

    Cantidad de población que hará uso de las instalaciones y que pernocta en el edificio: 22 Oficiales.

    Certificado de uso de suelo (uso mixto o comercial) vigente.

    Contar con servicios básicos: electricidad y agua potable (instalaciones en perfecto estado)

    Contar con servicio de voz y datos.

    Capacidad y disponibilidad de asumir los gastos de remodelación para adecuar el inmueble de acuerdo a las necesidades de Fuerza Pública que se le soliciten una vez el posible contrato se encuentre en etapa de ejecución, tales como: armería, cocina, comedor, oficinas, dormitorios, área de duchas y servicios sanitarios, bodegas, separos, entre otros

    Capacidad y disponibilidad de asumir los gastos de remodelación del sistema de tratamiento de aguas residuales existente, en caso de requerirse, para solventar la carga operativa requerida

    Capacidad y disponibilidad de asumir los gastos de remodelación para adecuación de espacios según ley 7600, dispositivos de seguridad, contra incendio, escaleras de emergencia, entre otros.

Condiciones legales: El edificio debe cumplir con lo siguiente (todo debe acreditarse en la propuesta)

    Ley 7600 “Ley Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad”,

    normativa indicada por el CFIA,

    Ley 833 “Ley de Construcciones”,

    Decreto Ejecutivo N° 26831 Reglamento de la Ley 7600,

    Normas de INTECO

    Decreto N° 36979-MEIC (NFPA 70).

    Código sísmico

    Reglamento municipal

Información general de la empresa y oferente:

    Razón social

    Cédula jurídica,

    Página web,

    Nombre completo de persona de contacto o representante legal

    Número de cédula,

    Correos electrónicos,

    Dirección exacta de la empresa,

    Teléfonos fijos, fax, celular.

Información de la oferta:

    Fecha de cotización

    Ubicación del inmueble que se cotiza. Indicando: Provincia, cantón, distrito, ubicación exacta.

    Información registral: coordenadas de ubicación CRTM05 o Lambert, plano catastro y certificación literal de la propiedad

    Montos cotizados: monto bruto por metro cuadrado, descuento ofrecido (en caso de que hubiera) y monto neto por metro cuadrado, todo en colones, según lineamientos de Hacienda.

    Área propuesta por la empresa de metros cuadrados para uso de oficina y parqueo. Se solicita un área mínima (ver referencia en requerimientos) y área mínima para parqueo, aportar planta de distribución física espacio, libre sin mobiliario y detalle de usos/espacios: administrativo, parqueos, áreas comunes, etc.

    Indicar condiciones del inmueble, tales como: Aire acondicionado, Ventilación cruzada (natural), Seguridad perimetral, Iluminación natural y eléctrica, Exposición sónica, Disposición de aguas fluviales, pluviales y servidas, Dispositivos de seguridad: sensores de incendio, Circulación vertical: Escaleras de emergencia, ascensores, escaleras, Áreas verdes, etc

    Indicar compromiso de asumir todos los gastos de remodelación para adecuar el inmueble de acuerdo a las necesidades que se le soliciten, tales como: armería, cocina, comedor, oficinas, dormitorios, área de duchas y servicios sanitarios, bodegas, separos, entre otros, así como en sistema de tratamiento de aguas residuales, adecuación de espacios según ley 7600, entre otros.

    En caso de que el oferente no se encuentre inscrito como patrono, el Programa Presupuestario deberá seguir lo indicado en los Lineamientos para la Aplicación de los incisos 1) y 3) del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja y el numeral 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; por lo que, ante la ausencia de inscripción, el Programa Presupuestario, bajo su responsabilidad, en la solicitud de contratación, debe emitir una justificación expresa respecto a:

   Si el oferente no requiere inscripción ante la CCSS como patrono ni como trabajador independiente.

   Si el oferente, a pesar de no estar inscrito, debe estarlo.

   Si el oferente aún no ha iniciado la actividad económica que amerita su inscripción.

    En caso de una posible contratación del inmueble, la empresa debe comprometerse en caso de resultar adjudicada con lo siguiente:

   El arrendante corre con los riesgos tales como destrucción y robo, así como también ha de cubrir las reparaciones, mantenimiento, seguros, e impuestos, entre otros.

   El contrato debe ser en colones y su incremento obedecerá únicamente a la inflación, según lineamientos del Gobierno.

    Plazo para recibir propuestas: deberán ser remitidas digitalmente al correo electrónico alquileres@fuerzapublica.go.cr en un plazo máximo de 20 días hábiles a partir de esta publicación.

Comisionado Reinaldo González Cubero, Subdirector General Fuerza Pública.—1 vez.—O. C. N° 4600061765.—Solicitud N° 347277.—( IN2022644775 ).

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

AVISOS

La Dirección General de Aviación Civil avisa que María Gabriela Alfaro Mata, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1394-0450, en su calidad de apoderada especial de la compañía Avianca Costa Rica Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número 3-101-003019, ha solicitado para su representada ampliación al Certificado de Explotación operando los servicios aéreos de transporte aéreo internacional de vuelos no regulares de carga exclusiva y correo, en las rutas Colombia, específicamente en Bogotá (BOG), Medellín (MDE), Cali (CLO), Barranquilla (BAQ) - Miami (MIA) y/o San José (SJO) y/o Guatemala (GUA) y viceversa. Todo lo anterior, conforme a la Ley General de Aviación Civil, ley número 5150 del 14 de mayo de 1973 y sus reformas, y el Reglamento para el otorgamiento de certificados de explotación, decreto ejecutivo número 37972-T del 16 de agosto de 2013, publicado en La Gaceta número 205 del 24 de octubre de 2013; y demás disposiciones nacionales concordantes.

El Consejo Técnico de Aviación Civil en el artículo octavo de la sesión ordinaria número 23-2022 celebrada el día 28 del mes de marzo de 2022, señaló que la solicitud reúne los requisitos formales exigibles, por lo cual se emplaza a los interesados a fin de que apoyen o se opongan a dicha solicitud en forma escrita y con la prueba correspondiente, dentro del término de 15 días hábiles siguientes contados a partir del día de la publicación del presente aviso. La audiencia pública se celebrará a las 09:00 horas del tercer día hábil siguiente al vencimiento del emplazamiento.—Álvaro Vargas Segura, Director General.—1 vez.—O. C. N° 3942.—Solicitud N° 347399.—( IN2022644887 ).

La Dirección General de Aviación Civil avisa que Ronald Sancho Espinoza, cédula de identidad 4-0137-0285 en su calidad de apoderado generalísimo de la compañía K Nueve Internacional sociedad anónima, cédula de persona jurídica número 3-101-141045, ha solicitado para su representada renovación al Certificado de Explotación, para brindar los servicios de asistencia en tierra, en la modalidad en seguridad Aeroportuaria, a empresas comerciales cubiertas por el RAC SEA, parte G, en los Aeropuertos Internacionales Juan Santamaria, Daniel Oduber Quirós y Tobías Bolaños Palma. Todo lo anterior, conforme a la Ley General de Aviación Civil, ley número 5150 del 14 de mayo de 1973 y sus reformas, y el Reglamento para el otorgamiento de certificados de explotación, decreto ejecutivo número 37972-T del 16 de agosto de 2013, publicado en La Gaceta número 205 del 24 de octubre de 2013; y demás disposiciones nacionales concordantes.

El Consejo Técnico de Aviación Civil en el artículo noveno de la sesión ordinaria número 24-2022 celebrada el día 04 del mes de abril de 2022, señaló que la solicitud reúne los requisitos formales exigibles, por lo cual se emplaza a los interesados a fin de que apoyen o se opongan a dicha solicitud en forma escrita y con la prueba correspondiente, dentro del término de 15 días hábiles siguientes contados a partir del día de la publicación del presente aviso. La audiencia pública se celebrará a las 09:30 horas del tercer día hábil siguiente al vencimiento del emplazamiento.Álvaro Vargas Segura, Director General.—1 vez.—O.C. N° 3942.—Solicitud N° 347407.—( IN2022644890 ).

La Dirección General de Aviación Civil avisa, que el señor Marcial Andrey Alvarado Hidalgo, mayor, cédula de identidad número dos-cero setecientos ochenta y cinco-cero seiscientos cincuenta y ocho, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Seguridad Alfa sociedad anónima, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-ciento setenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco, ha solicitado para su representada un certificado de explotación para brindar servicios especializados en aeródromos en la habilitación de asistencia técnica en tierra en la modalidad de servicio de seguridad, en los Aeropuertos Internacionales Juan Santamaría, Daniel Oduber Quirós y Tobías Bolaños Palma.

Todo lo anterior conforme a la Ley General de Aviación Civil, ley número 5150 del 14 de mayo de 1973, y el Reglamento para el otorgamiento de certificados de explotación, decreto ejecutivo número 37972-T del 16 de agosto de 2013, publicado en La Gaceta número 205 del 24 de octubre de 2013 y demás disposiciones nacionales concordantes.

El Consejo Técnico de Aviación Civil en el artículo décimo de la sesión ordinario número 26-2022 celebrada el día 18 del mes de abril de 2022, señaló que la solicitud reúne los requisitos formales exigibles, por lo cual se emplaza a los interesados a fin de que apoyen o se opongan a dicha solicitud en forma escrita y con la prueba correspondiente, dentro del término de 15 días hábiles siguientes contados a partir del día de la publicación del presente aviso. La audiencia pública se celebrará a las 10:00 horas del tercer día hábil siguiente al vencimiento del emplazamiento.—Álvaro Vargas Segura, Director General.—1 vez.—O. C. N° 3942.—Solicitud N° 347410.—( IN2022644893 ).

CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL

N° 0081-2022.—Ministerio de Obras Públicas y Transportes.—Consejo Técnico de Aviación Civil.—San José, a las 18:23 horas del 06 de abril de dos mil veintidós.

Se conoce el escrito registrado con el consecutivo de ventanilla única números VU-0477-2022 del 23 de febrero de 2022, suscrito por el señor Tomás Nassar Pérez, apoderado generalísimo de la compañía Jetblue Airways Corporation, cédula jurídica número 3-012-557794, mediante el cual informan de la suspensión temporal de los servicios de pasajeros carga y correo en la ruta Boston, Estados Unidos de América-Liberia, Costa Rica y viceversa, efectiva a partir del 01 de mayo hasta el 31 de julio de 2022.

Resultandos:

1º—Que compañía Jetblue Airways Corporation cuenta con un certificado de explotación otorgado por el Consejo Técnico de Aviación Civil, mediante resolución número 41-2009 del 25 de mayo de 2009, para brindar servicios de vuelos regulares internacionales de pasajeros, carga y correo, el cual se encuentra vigente hasta el 25 de mayo de 2024, en las siguientes rutas: Orlando, Florida, Estados Unidos de América-San José, Costa Rica y viceversa; Nueva York, Estados Unidos de América-Liberia, Guanacaste, Costa Rica y viceversa; Fort Lauderdale, Florida-San José, Costa Rica y viceversa; Boston, Estados Unidos-Liberia, Costa Rica y viceversa y Nueva York, Estados Unidos-San José, Costa Rica y viceversa.

2º—Que mediante escrito registrado con el consecutivo de ventanilla única número VU-0477-2022 del 23 de febrero de 2022, el señor Tomás Nassar Pérez, apoderado generalísimo de la compañía Jetblue Airways Corporation, informó de la suspensión temporal de los servicios de pasajeros carga y correo en la ruta Boston, Estados Unidos de América-Liberia, Costa Rica y viceversa, efectiva a partir del 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2022.

3º—Que mediante oficio número DGAC-DSO-TA-INF-068-2022 del 26 de marzo de 2022, la Unidad de Transporte Aéreo recomendó lo siguiente:

En virtud de que lo solicitado por la empresa se encuentra de conformidad con lo estipulado en la Ley General de Aviación Civil; que la ruta sujeta a la suspensión temporal se encuentra en el certificado de explotación, y que la solicitud obedece a motivos comerciales, esta Unidad de Transporte Aéreo Recomienda:

1.  Conocer y dar por recibido el formulario identificado con registros VU-0477-2022 del 28 de febrero de 2022, donde la compañía Jetblue Airways Corporation, informa de la suspensión de sus vuelos regulares en la ruta: Boston, Estados Unidos de América-Liberia, Costa Rica y viceversa, efectiva a partir del 01 de mayo al 31 de julio del presente año.

2.  Indicar a la compañía que, para el reinicio de las operaciones, deberá presentar los itinerarios de operación según los plazos y directrices vigentes, mismos que deberán estar sujetos a las disposiciones que emita el Ministerio de Salud y otras autoridades competentes”.

4º—Que mediante constancia de no saldo número 082-2022 del 17 de marzo de 2022, la Unidad de Recursos Financieros hizo constar que la compañía Jetblue Airways Corporation, cédula jurídica número 3-012-557794, se encuentra al día en sus obligaciones dinerarias.

5º—Que, en consulta realizada a la Caja Costarricense de Seguro Social, el día 28 de marzo de 2022, se constató que la compañía Jetblue Airways Corporation, cédula jurídica número 3-012-557794, se encuentra al día con el pago de sus obligaciones obrero-patronales, así como con el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

6º—Que en el dictado de esta resolución se han observado las normas y procedimientos de ley.

Considerando:

I.—Sobre los hechos: el objeto del presente acto administrativo versa sobre las gestiones de la compañía Jetblue Airways Corporation en las que informó de la suspensión temporal de los servicios de pasajeros carga y correo en la ruta Boston, Estados Unidos–Liberia, Costa Rica y viceversa, efectiva a partir del 1 de mayo al 31 de julio de 2022. Se manifiesta que la suspensión se debe a motivos comerciales.

Ahora bien, el marco regulatorio que rige en este caso es lo establecido en el Convenio y/o Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Estados Unidos de América (ley número 7857 del 22 de diciembre de 1998), éste indica en su capítulo 11, Competencia leal, en los puntos 2 y 4, lo siguiente:

“2. Cada parte permitirá que cada línea aérea designada fije la frecuencia y capacidad del transporte aéreo internacional que ofrezca según consideraciones comerciales del mercado. Conforme a este derecho, ninguna Parte limitará unilateralmente el volumen del tráfico, o la frecuencia o regularidad del servicio, o el tipo o tipos de aeronaves que tengan en servicio las líneas aéreas designadas de la otra parte, salvo cuando se requiera por razones aduaneras, técnicas, operativas o ambientales, en condiciones uniformes compatibles con el Artículo 15 del Convenio.

(…)

4. Una Parte no requerirá que las líneas aéreas de la otra Parte presenten, para su aprobación, salvo los que se requieran, sin efecto discriminatorio, para hacer cumplir las condiciones uniformes previstas en el párrafo 2) del presente Artículo o los que se autoricen específicamente en un Anexo al presente Acuerdo. La parte que requiera dichas presentaciones para fines informativos minimizará los trámites administrativos que representen los requisitos y procedimientos de presentación para los intermediarios del transporte aéreo y para las líneas aéreas designadas de la otra Parte”.

(El resaltado no es del original)

Así las cosas, cumpliendo y respetando los requerimientos del Estado Costarricense, el señor Tomas Nassar Pérez, apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía Jetblue Airways Corporation, informó al Consejo Técnico de Aviación Civil sobre la suspensión temporal de la ruta Boston, Estados Unidos–Liberia, Costa Rica y viceversa, en las fechas indicadas.

De manera complementaria, se aplica los artículos 157 y 173 de la Ley General de Aviación Civil, con el objetivo de formalizar la solicitud ante el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), los cuales literalmente señalan:

Artículo 157.- El Consejo Técnico de Aviación Civil, a solicitud de parte interesada o por propia iniciativa, puede alterar, enmendar, modificar, suspender o cancelar con la aprobación del Poder Ejecutivo si se trata de servicios internacionales, cualquier certificado de explotación en todo o en parte, tomando en cuenta la necesidad o conveniencia de los interesados, debidamente comprobada.

Artículo 173.- Ninguna empresa de transporte aéreo puede cambiar o abandonar una ruta o parte de ella, sin autorización previa del Consejo Técnico de Aviación Civil”.

En diligencias atinentes al presente asunto, mediante los oficios números DGAC-DSO-TA-INF-068-2022 del 26 de marzo de 2022 la Unidad de Transporte Aéreo recomendó conocer y dar por recibido el formulario identificado con registro VU-0477-2022 del 23 de febrero de 2022, donde la compañía Jetblue Airways Corporation, informa de la suspensión de sus vuelos regulares en la ruta: Boston, Estados Unidos de América-Liberia, Costa Rica y viceversa, efectiva a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de julio del presente año.

En otro orden de ideas, mediante constancia de no saldo número 082-2022 del 17 de marzo de 2022, la Unidad de Recursos Financieros hizo constar que la compañía Jetblue Airways Corporation, cédula jurídica número 3-012-557794, se encuentra al día en sus obligaciones dinerarias.

Asimismo, en consulta realizada a la Caja Costarricense de Seguro Social, el día 28 de marzo de 2022, se constató que la compañía Jetblue Airways Corporation, cédula jurídica número 3-012-557794, se encuentra al día con el pago de sus obligaciones obrero-patronales, así como con el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Por tanto,

EL CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL,

RESUELVE:

1ºConocer y dar por recibido el escrito registrado con el consecutivo de ventanilla única números U-0477-2022 del 23 de febrero de 2022, suscrito por el señor Tomás Nassar Pérez, apoderado generalísimo de la compañía Jetblue Airways Corporation, cedula jurídica 3-012-557794, mediante el cual informó de la suspensión temporal de los servicios de pasajeros carga y correo de sus vuelos regulares, en la ruta Boston, Estados Unidos–Liberia, Costa Rica y viceversa, efectiva a partir del 1 de mayo al 31 de julio de 2022.

Lo anterior, sin detrimento de la eventual ampliación de las medidas de restricción migratoria que establezca el Estado por la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la expansión mundial del Covid-19. En caso de que persistan las condiciones que dieron origen a esta suspensión, la compañía Jetblue Airways Corporation podrá solicitar una prórroga cumpliendo con los debidos requisitos establecidos para tal fin.

2ºIndicar a la compañía Jetblue Airways Corporation que, para el reinicio de las operaciones, deberá presentar los itinerarios de operación según los plazos y directrices vigentes, mismos que deberán estar sujetos a las disposiciones que emita el Ministerio de Salud y otras autoridades competentes.

3ºNotificar al señor Tomas Nassar Pérez, apoderado generalísimo de la compañía Jetblue Airways Corporation, por medio del correo electrónico aviation@nassarabogados.com. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.

Aprobado por el Consejo Técnico de Aviación Civil, mediante artículo sexto de la sesión ordinaria N° 25-2022, celebrada el 06 de abril del 2022.—Olman Elizondo Morales, Presidente.—1 vez.—O.C. N° 3942.—Solicitud N° 347551.—( IN2022644910 ).

Nº 0082-2022.—Ministerio de Obras Públicas y Transportes.—Consejo Técnico de Aviación Civil. San José, a las 18:26 horas del 06 de abril de dos mil veintidós.

Se conoce el escrito registrado con el consecutivo de ventanilla única números VU-0402-2022 del 16 de febrero de 2022, suscrito por el señor Roberto Esquivel Cerdas, apoderado generalísimo de la Compañía Panameña de Aviación Sociedad Anónima (COPA), cédula de persona jurídica número 3-012-009765, mediante el cual solicita la suspensión temporal de segmentos San José, Costa Rica-Managua, Nicaragua y viceversa; San José, Costa Rica-Tegucigalpa, Honduras y viceversa y la ruta Ciudad Panamá, Panamá-Liberia, Costa Rica y viceversa, efectivo a partir de su aprobación y hasta por un año.

Resultandos.

1º—Que la empresa Compañía Panameña de Aviación sociedad anónima (COPA), posee un certificado de explotación otorgado por el Consejo Técnico de Aviación Civil, mediante resolución número 16-2009 del 16 de marzo de 2009, el cual le permite brindar los servicios de transporte aéreo público internacional regular y no regular de pasajeros, carga, correo y Courier, en las siguientes rutas: Panamá, Ciudad de Panamá-San José, Costa Rica-Managua, Nicaragua y viceversa; Panamá, Ciudad de Panamá-San José, Costa Rica-Tegucigalpa, Honduras y viceversa; Panamá, Ciudad de Panamá-San José, Costa Rica, Guatemala, Ciudad de Guatemala y viceversa; Ciudad de Panamá, Panamá-San José, Costa Rica y viceversa; Ciudad de Panamá, Panamá-Liberia, Costa Rica y viceversa.

2º—Que mediante escrito registrado con el consecutivo de ventanilla única número VU-0402-2022 del 16 de febrero de 2022, el señor Roberto Esquivel Cerdas, apoderado generalísimo de la empresa Compañía Panameña de Aviación sociedad anónima (COPA), solicitó la suspensión temporal segmentos San José, Costa Rica-Managua, Nicaragua y viceversa; San José, Costa Rica-Tegucigalpa, Honduras y viceversa y la ruta Ciudad Panamá, Panamá-Liberia, Costa Rica y viceversa, efectiva a partir de su aprobación y hasta por un año.

3º—Que mediante oficio número DGAC-DSO-TA-INF-070-2022 del 26 de marzo de 2022, la Unidad de Transporte Aéreo, en lo que interesa, recomendó lo siguiente:

1. Suspender temporalmente las operaciones de la Compañía Panameña de Aviación S.A en los segmentos de ruta San José, Costa Rica-Managua, Nicaragua y viceversa, San José, Costa Rica-Tegucigalpa, Honduras y viceversa y la ruta Ciudad de Panamá, Panamá-Liberia, Costa Rica y viceversa efectivo a partir de su aprobación y hasta por un año en virtud de los efectos del Covid-19 la industria aeronáutica.

2. Recordar a la compañía que este tipo de gestiones debe presentarse con la anticipación requerida, con el fin que el Consejo Técnico lo conozca oportunamente.

3. La compañía que se (sic) deberán presentar los nuevos itinerarios de operación según los plazos y directrices vigentes, mismos que deberán estar sujetos a las disposiciones que emita el Ministerio de Salud, en caso de que se mantengan las medidas de contención por Covid-19”.

4º—Que mediante constancia de no saldo número 114-2022 del 28 de marzo de 2022, la Unidad de Recursos Financieros hizo constar que la Compañía Panameña de Aviación sociedad anónima (COPA), cédula de persona jurídica número 3-012-009765, se encuentra al día en sus obligaciones dinerarias.

5º—Que, en consulta realizada a la Caja Costarricense de Seguro Social, el día 28 de marzo de 2022, se constató que la Compañía Panameña de Aviación sociedad anónima (COPA), cédula de persona jurídica número 3-012-009765, se encuentra al día con el pago de sus obligaciones obrero-patronales, así como con el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

6º—Que en el dictado de esta resolución se han observado las normas y procedimientos de ley.

Considerando

I.—Sobre los hechos El objeto del presente acto administrativo versa sobre las gestiones de la Compañía Panameña de Aviación sociedad anónima (COPA), en las que solicita la suspensión temporal de segmentos San José, Costa Rica-Managua, Nicaragua y viceversa; San José, Costa Rica-Tegucigalpa, Honduras y viceversa y la ruta Ciudad Panamá, Panamá-Liberia, Costa Rica y viceversa.

Al respecto, se indica que la suspensión obedece a situaciones de fuerza mayor debido a la poca demanda del servicio y los altos costos operativos que conlleva ocasionados por el Covid-19. Los segmentos para suspender serian efectivos a partir de la aprobación del Consejo Técnico de Aviación Civil y hasta por un año.

El fundamento legal para la suspensión de vuelos se basa en lo que establece el artículo 173 de la Ley General de Aviación Civil, el cual señala textualmente lo siguiente.

Ninguna empresa de transporte aéreo puede cambiar o abandonar una ruta o parte de ella, sin autorización previa del Consejo Técnico de Aviación Civil”.

En diligencias atinentes al presente asunto, mediante oficio número DGAC-DSO-TA-INF-070-2020 del 26 de marzo de 2022, la Unidad de Transporte Aéreo recomendó suspender temporalmente las operaciones de la Compañía Panameña de Aviación sociedad anónima en los segmentos de ruta San José, Costa Rica-Managua, Nicaragua y viceversa, San José, Costa Rica-Tegucigalpa, Honduras y viceversa y la ruta Ciudad de Panamá, Panamá-Liberia, Costa Rica y viceversa efectivo a partir de su aprobación y hasta por un año, en virtud de los efectos del Covid-19.

En otro orden de ideas, mediante constancia de no saldo número 114-2022 del 28 de marzo de 2022, la Unidad de Recursos Financieros hizo constar que la Compañía Panameña de Aviación sociedad anónima (COPA), cédula de persona jurídica número 3-012-009765, se encuentra al día en sus obligaciones dinerarias.

Asimismo, en consulta realizada a la Caja Costarricense de Seguro Social, el día 28 de marzo de 2022, se constató que la Compañía Panameña de Aviación sociedad anónima (COPA), cédula de persona jurídica número 3-012-009765, se encuentra al día con el pago de sus obligaciones obrero-patronales, así como con el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Por tanto,

EL CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL,

RESUELVE:

1ºSuspender temporalmente las operaciones de la Compañía Panameña de Aviación sociedad anónima, en los segmentos de ruta San José, Costa Rica-Managua, Nicaragua y viceversa, San José, Costa Rica-Tegucigalpa, Honduras y viceversa y la ruta Ciudad de Panamá, Panamá-Liberia, Costa Rica y viceversa, efectiva a partir de su aprobación y hasta por un año en virtud de los efectos del Covid-19.

2ºRecordar a la compañía que este tipo de gestiones debe presentarse con la anticipación requerida, con el fin que el Consejo Técnico lo conozca oportunamente.

3ºLa compañía deberá presentar los nuevos itinerarios de operación según los plazos y directrices vigentes, mismos que deberán estar sujetos a las disposiciones que emita el Ministerio de Salud, en caso de que se mantengan las medidas de contención por Covid-19.

4ºNotificar al señor Roberto Esquivel Cerdas, apoderado generalísimo de la Compañía Panameña de Aviación sociedad anónima (COPA), por medio de los correos electrónicos resquivel@ollerabogados.com; jprado@ollerabogados.com; larredondo@ollerabogados.com. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.

Aprobado por el Consejo Técnico de Aviación Civil, mediante artículo sétimo de la sesión ordinaria N°25-2022, celebrada el 06 de abril del 2022.—Olman Elizondo Morales, Presidente.—1 vez.—O. C. N° 3942.—Solicitud N° 347556.—( IN2022644911 ).

N° 0088-2022.—Ministerio de Obras Públicas y Transportes.—Consejo Técnico de Aviación Civil. San José, a las 19:47 horas del 18 de abril de dos mil veintidós.

Se conoce solicitud de la compañía Avianca Costa Rica sociedad anónima, cédula de persona jurídica número 3-101-003019, representada por el señor Tomás Federico Nassar Pérez, para la cancelación de la ruta San José, Costa Rica-Ciudad de Panamá, Panamá y viceversa.

1º—Que la compañía Avianca Costa Rica sociedad anónima cuenta con un certificado de explotación otorgado por el Consejo Técnico de Aviación Civil, mediante resolución número 128-2020 del 6 de julio de 2020, el cual le permite brindar los servicios de vuelos regulares y no regulares internacionales de pasajeros, carga y correo, en las rutas:

1.       San José - San Salvador y viceversa.

2.       San José - Guatemala y viceversa.

3.       San José - Panamá y viceversa.

4.       San José - Guatemala - Los Ángeles y viceversa.

5.       San José - San Salvador - J.F. Kennedy y viceversa.

6.       San José - San Salvador - Los Ángeles y viceversa.

7.       San José - San Salvador - Cancún y viceversa.

8.       San José - San Salvador - Toronto y viceversa.

9.       San José - Lima - Santiago de Chile y viceversa.

10.     San José - Bogotá y viceversa.

11.     San José, Costa Rica-Managua, Nicaragua y viceversa.

12.     San José, Costa Rica-México-San José y viceversa.

13.     San José-Guatemala-Miami y viceversa.

Asimismo, el certificado actual se modificó para operar bajo la figura de flexibilidad operativa:

   San José - El Salvador y/o Nueva York y viceversa (SJO-SAL y/o JFK y viceversa).

   San José - El Salvador y/o Los Ángeles y viceversa (SJO-SAL y/o LAX y viceversa).

   San José - El Salvador y/o Cancún y viceversa (SJO-SAL y/o CUN y viceversa).

   San José - Guatemala- Miami y viceversa (SJO-GUA-MIA y viceversa).

2º—Que mediante escrito registrado con el consecutivo de ventanilla única número 0508-2022 del 1 de marzo de 2022, el señor Tomás Nassar Perez, apoderado generalísimo de la compañía Avianca Costa Rica sociedad anónima, solicitó al Consejo Técnico de Aviación Civil la cancelación de la ruta San José, Costa Rica-Ciudad de Panamá, Panamá y viceversa, con motivo de la afectación en la industria de la aviación sufrida por el Covid-19.

3º—Que mediante oficio número DGAC-DSO-TA-INF-074-2021 del 31 de marzo de 2022, la Unidad de Transporte Aéreo recomendó lo siguiente:

“Con base en lo anteriormente expuesto y a la solicitud expresa de la compañía AVIANCA COSTA RICA, S. A., esta Unidad de Transporte Aéreo RECOMIENDA:

        Autorizar a la compañía AVIANCA Costa Rica., a cancelar la ruta San José, Costa Rica–Ciudad de Panamá, Panamá y viceversa efectivo a partir de la aprobación del Consejo Técnico de Aviación Civil”.

4º—Que mediante constancia de no saldo número 062-2022 del 8 de marzo de 2022, válida hasta el 7 de abril de 2022, emitida por la Unidad de Recursos Financieros de la Dirección General de Aviación Civil, se hace constar que la compañía Avianca Costa Rica sociedad anónima, cédula de persona jurídica número 3-101-003019, se encuentra al día con sus obligaciones.

5º—Que, de conformidad con la consulta realizada a la Caja Costarricense de Seguro Social, el 28 de marzo de 2022, se verificó que la compañía Avianca Costa Rica sociedad anónima se encuentra al día con el pago de sus obligaciones obrero-patronales, así como con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF).

Considerando:

I.—Sobre los hechos. Que para efectos del dictado de esta resolución se tienen por ciertos los resultandos anteriores por constar así en el expediente administrativo que al efecto lleva la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aviación Civil.

II.—Sobre el fondo del asunto. El objeto del presente acto administrativo versa sobre la solicitud de la compañía Avianca Costa Rica Sociedad Anónima, la cual consiste en la cancelación de la ruta San José, Costa Rica-Ciudad de Panamá, Panamá y viceversa, con motivo de la afectación en la industria de la aviación sufrida por el Covid-19.

De acuerdo con lo anterior y con base a los lineamientos establecidos en la legislación vigente, específicamente en los artículos 157 y 173 de la Ley General de Aviación Civil, que establecen lo siguiente:

Artículo 157: El Consejo Técnico de Aviación Civil, a solicitud de parte interesada o por propia iniciativa, puede alterar, enmendar, modificar, suspender o cancelar con la aprobación del Poder Ejecutivo si se trata de servicios internacionales, cualquier certificado de explotación en todo o en parte, tomando en cuenta la necesidad o conveniencia de los interesados, debidamente comprobada. Asimismo, podrá modificar y cancelar el certificado por razones de interés público o por el incumplimiento del concesionario de los términos de la ley, de la concesión o de los reglamentos respectivos.

Artículo 173.- Ninguna empresa de transporte aéreo puede cambiar o abandonar una ruta o parte de ella, sin autorización previa del Consejo Técnico de Aviación Civil”.

En diligencias atinentes al presente asunto, mediante oficio número DGAC-DSO-TA-INF-074-2021 del 31 de marzo de 2022, la Unidad de Transporte Aéreo recomendó autorizar a la compañía Avianca Costa Rica sociedad anónima la cancelación de la ruta San José, Costa Rica-Ciudad de Panamá, Panamá y viceversa, efectiva a partir de la aprobación del Consejo Técnico de Aviación Civil.

Por su parte, mediante constancia de no saldo número 062-2022 del 8 de marzo de 2022, válida hasta el 7 de abril de 2022, emitida por la Unidad de Recursos Financieros de la Dirección General de Aviación Civil, se hace constar que la compañía Avianca Costa Rica sociedad anónima, cédula de persona jurídica número 3-101-003019, se encuentra al día con sus obligaciones.

Asimismo, de conformidad con la consulta realizada a la Caja Costarricense de Seguro Social, el día 25 de febrero de 2022, se verificó que la compañía Avianca Costa Rica sociedad anónima se encuentra al día con el pago de sus obligaciones obrero-patronales, así como, con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF). Por tanto,

EL CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL

RESUELVE:

1ºDe conformidad con los articulo 157 y 173 de la Ley General de Aviación Civil y oficio número DGAC-DSO-TA-INF-074-2022 del 31 de marzo de 2022, emitido por la Unidad de Transporte Aéreo, autorizar a la <