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PROYECTO DE LEY

LEY DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LOS ARTÍCULOS

UNO, TRES Y CINCO DE LA LEY N° 6172, DE 29 DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y SIETE, LEY INDÍGENA

Expediente N.° 22.495

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Desde la publicación de la Ley N° 6172 el día 29 de noviembre de 1977, diferentes entes de la Administración Pública han venido haciendo una serie de interpretaciones erróneas sobre los alcances de esta normativa.

Las aplicaciones de esta ley en sede administrativa han venido, de la misma manera, creando una serie de perjuicios entre los sujetos regulados, distorsionando la voluntad del legislador.

Resulta relevante tener presente, que, en el año 1977, con un texto base del Colegio de Abogados y acogido y presentado a la corriente legislativa bajo el expediente número 7290 por los señores diputados de esa época, Alfonso Carro Zúñiga, Orlando Sotela Montagñé, José Manuel Salazar Navarrete, Juan Guillermo Brenes Castillo y Arnoldo Campos Brizuela y, como consecuencia de un amplio debate, primero en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos y luego en el Plenario, se aprueba la denominada: “Ley Indígena”, con la finalidad de hacer justicia a una población de por demás discriminada y tratar así de ordenar los territorios destinados para ellos.

Es así como el texto del proyecto de ley N° 7290, que finalmente fue aprobado y dio origen a la Ley N° 6172.

La voluntad del legislador de la época fue, básicamente, proceder a resolver el conflicto de la tenencia de la tierra, delimitando territorios exclusivos para indígenas y evitando así conflictos con grupos de personas no indígenas.

Sin embargo, el antiguo ITCO, mediante decretos ejecutivos amparados a otra norma, (Ley de Terrenos baldíos N° 13 de 10 de enero de 1939), violentó la voluntad del legislador de otorgar estos territorios de manera exclusiva a personas indígenas y, de esta manera, procedió a entregar parcelas a personas no indígenas, creando un serio conflicto de tenencia, que debe ser resuelto de una vez, a través de la presente Interpretación Auténtica a la Ley Indígena, ya que cualquier reforma a esta que se pretendiera realizar, aun con la finalidad de regresar la posesión de los territorios a quienes corresponde, devendría en inconstitucional el intento, en razón de que el artículo 34 de la Constitución Política da certeza jurídica a todos los poseedores de buena fe, por la irretroactividad de las normas.

De manera tal, que ninguna acción generadora de derechos que hubiera sido implementada de previo a la publicación de la nueva norma o de la reforma, se podría desaplicar en perjuicio de los derechos adquiridos de los poseedores de buena fe no indígenas, en razón de la irretroactividad de las normas.

Así mismo, resulta relevante el reconocimiento de parte del Estado de su responsabilidad directa en la creación del conflicto de tenencia de la tierra en estos territorios indígenas y su obligación de resolverlo ya.

Las disputas ya cobran la vida de dos dirigentes “recuperadores” indígenas.

De la misma manera, en la actualidad, varios de los dirigentes recuperadores de tierras se encuentran amenazados de muerte por defender lo que por ley les pertenece.

La responsabilidad directa de los asesinatos de Sergio Rojas y de Jhery Rivera es del Estado costarricense. En primera instancia, por crear un conflicto innecesario y a todas luces imprudente y carente de toda planificación a futuro.

Es así, como la voluntad del legislador de aquella época, fue la de definir territorios para que fueran poseídos y habitados por personas indígenas, de manera exclusiva, de acuerdo a sus propias reglamentaciones y siempre en resguardo de la Constitución Política.

De esta manera, el artículo uno de la Ley N° 6172, denominada: “Ley Indígena”, deja claramente establecido el territorio que en adelante deberá ser exclusivo para personas indígenas.

Establece de manera clara los límites de estos territorios, dándole fuerza de ley a varios decretos ejecutivos que para ese entonces regulaban estas áreas y, deja explícito en la norma, que estos límites solo podrán ser variados por medio de otra ley o decreto legislativo.

Cierra así el legislador la posibilidad de que mediante algún nuevo decreto ejecutivo se varíen estos límites en perjuicio de los territorios, resguardándolos, a través del Principio de Reserva de Ley.

Sin embargo, pese a la prohibición taxativa de no modificar los límites de los territorios, mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 8514 del 2 de mayo de 1978, se modifica su denominación, artículo 2° establece sus límites y artículo 3° agrega como anexo la Reserva Indígena Guaymí de Abrojos-Montezuma. Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 13545 del 26 de abril de 1982, se modifica su denominación, artículo 2° redefine sus límites y artículo 3° indica que la Reserva Indígena Guaymí de Conteburica se compone de los caseríos de Alto Conté, La Vaca, Río Claro, Litoral y La Peñita. Mediante el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 16052 del 3 de diciembre de 1984, se indica que el nombre es Reserva Indígena Guaymí de Conteburica. Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 18508 del 24 de agosto de 1988, se agrega como anexo a la Reserva Indígena Guaymí de Conteburica la Reserva Indígena Guaymí de Osa y artículo 2° establece los límites de la Reserva Indígena Guaymí de Osa. Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 20469 del 20 de mayo de 1991, se establece que la Reserva Indígena Guaymí de Osa, es una Reserva Independiente de cualquier otra reserva indígena y gozará de los mismos derechos y deberes que poseen las otras reservas indígenas legalmente reconocidas. Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 29450 del 22 de marzo del 2001, se reforman los límites de la Reserva Indígena Guaymí de Conteburica y artículo 3° establece que para los efectos de la “Dirección Territorial Administrativa de la República de Costa Rica”, la Reserva Indígena Guaymí de Conteburica, se compone de los caseríos: Alto Conte, La Vaca, Río Claro, Progreso, Las Vegas, Santa Rosa, La Peñita, Carones, Río Coco, y Río Caña Blanca. Posteriormente mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 29960 del 26 de octubre del 2001, se establece la Reserva Indígena de Abrojo de Montezuma como una reserva Indígena independiente de cualquier otra reserva, dejando de ser anexo de la Reserva Indígena Guaymí de Conteburica y artículo 2° indica su delimitación.

Por otra parte, el legislador le otorga, mediante ley, a estos territorios la condición de “inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos” para las comunidades indígenas que los habitaban o llegaran a habitarlos.

Esta condición no requiere mayor interpretación, ya que es clara en todo su contenido.

Es por todo lo anterior expuesto, que sometemos a consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley de Interpretación Auténtica de la Ley N° 6172, LEY INDÍGENA de 29 de noviembre de 1977:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LOS ARTÍCULOS

UNO, TRES Y CINCO DE LA LEY N.° 6172, LEY INDÍGENA,

DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1977

ARTÍCULO 1- Se interpreta auténticamente el artículo primero de la Ley N° 6172, LEY INDÍGENA de 29 de noviembre de 1977, de la siguiente manera:

Se interpreta el párrafo tres, del artículo primero, en el sentido de que únicamente mediante decreto legislativo, (ley expresa), podrán ser variados los límites de las reservas indígenas, establecidos en los decretos ejecutivos números 5904-G del 10 de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G de 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-G de 20 de agosto de 1977, así como la Reserva Indígena Guaymí de Conteburica.

No le es permitido al Estado modificar para disminuir los límites de los territorios indígenas indicados según el párrafo anterior, mediante ningún otro procedimiento legal que no sea otra ley de rango similar o superior y mediante derogatoria expresa.

ARTÍCULO 2- Se interpreta auténticamente el artículo tercero de la Ley N° 6176, en el siguiente sentido:

“Los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan”

La Ley Indígena determina la imprescriptibilidad de lo dispuesto en el párrafo segundo de su artículo primero, donde se indican los límites de los territorios allí contemplados.

De la misma manera, se establece la prohibición de transferir estos territorios, incluyendo tal prohibición al propio Estado, dejando como única alternativa, realizar las modificaciones mediante ley expresa.

Cualquier otro mecanismo que utilice para tal fin la Administración, será Reserva de Ley.

ARTÍCULO 3- Se interpreta auténticamente el artículo quinto de la Ley N° 6176, en el siguiente sentido:

“En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones”

Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO (ahora INDER) en coordinación con la CONAI. Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna.

Este mandato no ha sido derogado por ley posterior. Se mantiene vigente a la fecha.

Interprétese que el Estado deberá proceder al traslado consentido a otras tierras, de todas aquellas personas no indígenas que fueron acreditadas en su momento por el ITCO, lo que los constituyó en poseedores de buena fe y a la pronta expulsión de todas aquellas personas no indígenas cuya permanencia en los territorios designados por la Ley N.° 6172, LEY INDÍGENA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1977, no respondan a una acreditación realizada por el ITCO y por lo tanto nunca adquirieron derechos de buena fe.

TRANSITORIO ÚNICO- El Instituto de Desarrollo Rural (INDER) contará con el plazo de seis meses para la ejecución de la presente ley.

Rige a partir de su publicación.

Nidia Lorena Céspedes Cisneros Nielsen Pérez Pérez

Diputadas

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021551827 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL ARTÍCULO 256 DE LA LEY N° 5395,

“LEY GENERAL DE SALUD”, DE 30 DE OCTUBRE

DE 1973 Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 22.511

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En la actualidad, la mayor parte de las personas que se dedican a la prestación de servicios denominados como de embellecimiento, higiene o limpieza; lo hacen desde la informalidad, por la complejidad de los trámites y los costos que involucra la apertura de sus locales en el ámbito de la formalidad.

Precisamente por la dificultad que enfrentan, en octubre del año 2018, se constituyó la Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza, con el propósito de organizarse para visibilizar las luchas y necesidades que tiene su sector; así como abrir espacios de diálogo con el Poder Ejecutivo y lograr impulsar las reformas necesarias a nivel reglamentario, para conseguir el reconocimiento y respeto de los derechos humanos del sector.

Actualmente la Comisión se ha transformado en el Sector del Cuidado, Bienestar e Imagen Personal, el cual incorpora diferentes actividades empresariales del sector, como, por ejemplo: estilistas, estetiticistas, maquillistas, barberos, masoterapeutas, artistas de pestañas, entre otros.

Representan a más de 50 mil personas y sus familias o personas dependientes económicamente, según los datos que proporciona el sector del cuidado, bienestar e imagen personal, porque no hay datos disponibles del INEC, por lo que podrían ser muchas más pues no todas las personas que se dedican a estos oficios están registradas.

Son un sector económico y social de alta importancia en el país, sin embargo, la dispersión de esta actividad facilita que sea invisibilizada; así como sus aportes en la salud costarricense, en el impulso de las PYMES, la reducción de la pobreza, la generación de oportunidades, entre otros.

En cuanto a las afectaciones del COVID-19 y en especial en la vida de las mujeres en Costa Rica, cuya importancia para este proyecto recae por ser la mayor parte de este sector fuerza laboral femenina, el INAMU ha indicado en su informe OO3-CIII-2021-UINV-INAMU que “…Por otro lado, en términos de la afectación que han sufrido las mujeres emprendedoras y empresarias, según el sondeo realizado por el Departamento de Desarrollo Regional del INAMU entre el 2 de abril y el 19 de mayo de 2020, a 607 mujeres que tienen un negocio propio, se identificó que las actividades económicas más afectadas son las siguientes: Servicios (23%), entre los que figuran ventas de comidas, salones de belleza y estéticas, reparaciones menores, entre otras”^{^[1]} (subrayado no es del original).

Una mayoría de estas personas son mujeres jefas de hogar, que al igual que muchos otros, lamentablemente se han visto muy afectadas en este contexto de la pandemia y sus circunstancias económicas son apremiantes, como lo demuestra el párrafo anterior, por lo cual es de vital importancia tomar acciones que tengan un impacto inmediato en su realidad.

Haciendo una revisión de la regulación que les afecta, se encuentra que actualmente las personas propietarias o administradoras de establecimientos destinados a la prestación de servicios de embellecimiento, higiene o limpieza personal tales como peluquerías, barberías, salones de belleza, gimnasios y otros similares, deben obtener un permiso de funcionamiento previo del Ministerio de Salud para su instalación y este será concedido sólo cuando acrediten haber dado cumplimiento a las exigencias reglamentarias que dicho Ministerio dicte, en resguardo de la salud de las personas que requieren tales servicios y del personal de esos establecimientos.

Este permiso conlleva gastos relacionados a los requisitos que debe entregar para su trámite, empezando por $30 del pago de servicios que corresponde para este tipo de establecimientos con clase de riesgo tipo C; además de los formularios de solicitud de permiso sanitario de funcionamiento y el de declaración jurada, presentar su documento de identidad, si lo solicita por primera vez, si es una renovación tiene otros requisitos adicionales.

Además de lo anterior, el artículo 256 de la Ley General de Salud establece dos requisitos para el personal de los establecimientos antes señalados:

a) tener un certificado de salud reglamentario emitido por una persona profesional en Medicina, con un costo aproximado actual según el Colegio de Médicos y Cirujanos de ¢34.298 (certificado y consulta pues debe pedir la consulta médica para que le emitan el certificado después de valorar su salud) y,

b) disponer de las medidas de protección personal necesarias para el personal de los establecimientos, durante su jornada de trabajo.

De igual forma, los regula el Decreto Ejecutivo N° 18.329 “Reglamento de Barberías, Peluquerías, Salones de Belleza y Afines”, el cual se encuentra en vigencia desde el 08 de agosto de 1988, por lo que es necesario actualizarlo a la brevedad. Con ese objetivo, se realiza una mesa de trabajo en que participa el Ministerio de Salud y representantes del sector, para elaborar una propuesta de reforma integral a este Reglamento.

El artículo 11 del mencionado Reglamento, establece como uno de los requisitos, la presentación de un certificado o carta de idoneidad que haga constar la experiencia o capacidad de la persona que quiere trabajar como técnica en belleza. Dicho certificado es extendido por organizaciones privadas, obligando a toda persona que quiera tramitar una patente municipal a pagar sumas que iban de los ¢60.000 mil colones o más, a beneficio de dichas organizaciones privadas.

Este trámite durante muchos años, ha contado con el reconocimiento del Ministerio de Salud y algunos de los gobiernos locales, en perjuicio de las personas que tienen este tipo de negocios, pues se considera incorrecto que una organización privada se le concedieran funciones regulatorias y de certificación pública sin serlo y que se le permitiera beneficiarse económicamente de esa función; sin embargo, dichosamente, en una reforma parcial reciente del reglamento fue eliminado este requisito.

Pero aún queda la tarea de excluir, mientras se termina la propuesta de la reforma integral del Reglamento, el requisito del certificado médico que establece el artículo 256 de la Ley General de Salud, entre otros, que no tiene una justificación técnica de peso para su existencia y se convierte en una barrera más para la formalización de los negocios.

Además, estas eliminaciones van en la línea de la simplificación de trámites que se requiere en nuestro país, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley N° 8220 “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”; así como las mejores prácticas recomendadas por la OCDE en nuestro proceso de incorporación.

Asimismo, es necesario recordar que el artículo 56 de nuestra Constitución Política dice: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo” (el subrayado no es del original).

Como Estado, la administración tiene la obligación de facilitar las condiciones para que las personas puedan trabajar, no de complicarlas imponiendo requisitos que se convierten en barreras para la formalización de sus negocios y trabajar a cabalidad, percibiendo ingresos, según la normativa.

En virtud de los motivos expuestos, se presenta a la valoración del Parlamento, el presente proyecto de ley para su debido estudio y aprobación final por parte de las señoras diputadas y de los señores diputados, que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 256 DE LA LEY N° 5395,

“LEY GENERAL DE SALUD”, DE 30 DE OCTUBRE

DE 1973 Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO UNICO.- Modifíquese el artículo 256 de la Ley N° 5395, “Ley General de Salud” del 30 de octubre de 1973 y sus reformas, para que en lo sucesivo se lea como sigue:

Artículo 256.- El personal de los establecimientos a que se refiere esta sección deberá disponer de las medidas de protección personal durante su trabajo.”

Rige a partir de su publicación.

Nielsen Pérez Pérez Mileidy Alvarado Arias

Eduardo Newton Cruickshank

Smith Carmen Irene Chan Mora

María Vita Monge Granados Wagner Alberto Jiménez

Zúñiga

María José Corrales Chacón Víctor Manuel Morales Mora

Paola Alexandra Valladares

Rosado Aracelly Salas Eduarte

Floria María Segreda Sagot Melvin Ángel Núñez Piña

Ivonne Acuña Cabrera Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Pablo Heriberto Abarca Mora María Inés Solís Quirós

Catalina Montero Gómez Laura Guido Pérez

Dragos Dolanescu Valenciano Nidia Lorena Céspedes

Cisneros

Carolina Hidalgo Herrera Enrique Sánchez Carballo

Aida María Montiel Héctor

Diputadas y diputados

NOTA: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021551838 ).

PODER EJECUTIVO

ACUERDOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Nº AMJP-0050-04-2021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo Nº 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar a la señora Maureen Irlene Masís Mora, cédula de identidad número 1-0823-0450, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Centro VRAI, cédula jurídica Nº 3-006-802693, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el nueve de abril del dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Justicia y paz, Fiorella Salazar Rojas.—1 vez.—O.C. Nº 4600046085.—Solicitud Nº 269411.—( IN2021551999 ).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 022-2021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso 1, 27 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que la señora Ana Cecilia Sáenz Beirute, mayor, casada una vez, abogada y notaria pública, portadora de la cédula de identidad número 1-843-625, vecina de Cartago, en su condición de subgerente dos, con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, de la empresa VALUELABS COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica número 3-102-794961, presentó solicitud para acogerse al Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que la instancia interna de la administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la compañía VALUELABS COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica número 3-102-794961, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 11-2021, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

III.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto;

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa VALUELABS COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica número 3-102-794961 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

2º—La actividad de la beneficiaria como empresa de servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de las clasificaciones CAECR “6201 Actividades de programación informática”, con el siguiente detalle: Diseño de la estructura, escritura y/o contenido de elementos como los códigos informáticos necesarios para la creación y aplicación de programas, programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), páginas web, adaptación de programas informáticos a las necesidades de los clientes, (es decir, modificación y configuración de una aplicación existente para que pueda funcionar adecuadamente con los sistemas de información de que dispone el cliente), y nuevas tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual y aumentada, internet de las cosas, radio frecuencias avanzadas, estructura de la nube, virtualización, plataformas móviles, computación cuántica, curación de contenido, simulación, y procesos de automatización, entre otras; procesamiento y gestión en base de datos, soporte técnico, diseño, desarrollo y prueba productos, servicios o aplicaciones de transformación, reingeniería de procesos tangibles (manufactura, productos, etc.) e intangibles (procesos, estrategias, mercados, aplicaciones, plataformas digitales y software, etc.); y CAECR “6202 Actividades de consultoría informática y gestión de instalaciones informáticas”, con el siguiente detalle: Planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipo y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones, incluyendo la proporción de componentes de soporte físico y programas informáticos del sistema como parte de los servicios integrados. Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro:

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

Las actividades desarrolladas por la beneficiaria no implican la prestación de servicios profesionales y así lo ha entendido y manifestado expresamente su representante en la respectiva solicitud de ingreso al régimen, mediante declaración jurada.

La beneficiaria obtuvo una puntuación de 101 en el Índice de Elegibilidad Estratégica (en adelante IEES).

3º—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Inversiones Inmobiliarias Bonavista IIBV S. R. L., ubicado en el distrito Ulloa, del cantón Heredia, de la provincia de Heredia.

4°—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Así mismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas) la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

La beneficiaria podrá introducir sus servicios al mercado local, observando los requisitos establecidos al efecto por los artículos 3 y 22 de la Ley Nº 7210, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.

6º—La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 32 trabajadores, a más tardar el 31 de marzo de 2021. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva inicial y mínima total en activos fijos de al menos US $150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 01 de octubre de 2023.

Además, la beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

PROCOMER vigilará el cumplimiento del nivel de inversión antes indicado, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con el nivel mínimo de inversión anteriormente señalado.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el día 05 de febrero de 2021. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Así mismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Además, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que, para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.

16.—La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.

17.— Rige a partir de su comunicación.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los doce días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior.—1 vez.—( IN2021551945 ).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA

N° 0883-04-2021

Despacho de la Ministra de Educación Pública, a las nueve horas y treinta y siete minutos del día dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos, 141 de la Constitución Política; 25 inciso 2), 28 inciso 2, acápite a), 92, de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública del 02 de mayo de 1978; 16, 18 incisos c), h) y m) de la Ley N° 3481, Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública del 13 de enero de 1965;

Resultando

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 305-P, del 09 de julio de dos mil diecinueve, publicado en La Gaceta N°132 de fecha 15 de julio de 2019, se nombra a la señora Guiselle Cruz Maduro, cédula de identidad número 1-0578-0670, como Ministra de Educación Pública.

II.—Que de acuerdo con lo que se estable en el Decreto Ejecutivo N° 35513 – “Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública”, artículo 2, las Direcciones Regionales de Educación “…son parte integral de la organización administrativa del Ministerio de Educación Pública, constituyen la instancia representativa e integradora del sistema educativo costarricense en el nivel regional, así como el vínculo formal entre el nivel central y las comunidades educativas.”

III.—Que de acuerdo con lo que establecen los artículos 36 y 37 del Decreto Ejecutivo N°35513 – “Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública”, cada una de las Direcciones Regionales de Educación contará con una persona Director Regional de Educación que tendrá bajo su responsabilidad el accionar de la Dirección Regional de Educación a su cargo y esta persona será nombrada en acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos por la Dirección General de Servicio Civil, para el desempeño del puesto; así mismo, cada persona Director Regional de Educación dependerá jerárquicamente de la persona Ministro de Educación Pública y “…ostentarán su representación ante las organizaciones públicas y privadas regionales relacionadas con la educación, así como en los organismos interinstitucionales y en los actos oficiales en los que sea requerido, cuando tal representación haya sido establecida.”

IV.—Que de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N°35513 – “Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública”, artículo 13: “Las Direcciones Regionales de Educación, en materia de su competencia, tendrán la responsabilidad de atender a las comunidades educativas localizadas en la correspondiente jurisdicción territorial. Les corresponde velar que los centros educativos implementen la política educativa establecida por el Consejo Superior de Educación, así como los lineamientos técnicos y administrativos dictados para tales efectos por las autoridades superiores del Ministerio de Educación Pública.”

V.—Que cada persona Director Regional de Educación tiene entre sus responsabilidades el planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de la Dirección Regional a su cargo, así como “Velar para que los centros educativos, en todos los ciclos, niveles y modalidades, implementen la política educativa aprobada por el Consejo Superior de Educación, así como los lineamientos técnicos y administrativos establecidos para tales efectos por las autoridades superiores del Ministerio de Educación Pública.” (Decreto Ejecutivo N°35513 – “Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública”, artículo 40 c).) La negrita no es del original.

VI.—Que los centros educativos del país, para su efectivo y legal funcionamiento, requieren tramitar ante el Ministerio de Salud, como ente Rector del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud, Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 y el Decreto Ejecutivo N° 39742-S del 18 de enero de 2016, denominado “Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud”, los correspondientes Permisos Sanitarios de Funcionamiento, permisos que deben firmar cada persona Director Regional de Educación y la persona Ministro de Educación, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento de cita, correspondiendo en aproximadamente cinco mil permisos tramitados por periodo.

VII.—Que con oficio MS-DGS-1483-2021 de fecha 09 de abril de 2021 firmado por la Directora General de Salud del Ministerio de Salud, se remite el oficio MS-AJ-UAL-KR-600-2021 de fecha 17 de marzo de 2021 de la Asesoría Legal del Ministerio de Salud, en el que se indica que

“(…)A la luz de todos los argumentos expuestos, y de conformidad con la legislación actual detallada para la presente consulta, Constitución Política, Ley General de la Administración Pública, Decreto Ejecutivo N° 39472-S del 18 de enero del 2016, denominado “Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud”, resulta claro que al tratarse de personas jurídicas, el “formulario unificado, formulario solicitud permiso sanitario de funcionamiento debe ser suscrito por el representante legal del establecimiento, para el caso de la consulta sería la Ministra de Educación Pública, o quien ésta delegue para tales efectos, según las formalidades que esto requiera.(…)” (negrita y subrayado me pertenecen)”.

Considerando único:

La delegación de firmas es una técnica administrativa que se encuentra prevista en la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 92 que en lo que interesa dispone: “Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquel”.¹

Sobre esta técnica, tanto la jurisprudencia como la doctrina han manifestado que de acuerdo con las características de la delegación, esta figura no constituye una forma de delegación en sentido técnico, toda vez que no se transfiere el ejercicio de la competencia, “(…) solamente se delega la realización de un acto formal: la materialidad de la firma del documento, requisito de validez de las resoluciones, sin que implique una emisión de criterio y el poder de disposición, manteniendo la autoridad competente su plena responsabilidad sobre lo que se resuelva, ya que es quien toma la decisión. Así, constituye una técnica que, en el curso de la relación jerárquica, solo cumple una función de colaboración entre el titular y sus subordinados (…)”.²

La delegación de firma puede estar referida a un acto determinado o a un cierto tipo de acto, es realizada por medio de un acuerdo del titular competente. Requiere para su aplicación, la publicación respectiva en el diario oficial La Gaceta, para ser eficaz, por el requisito de ser oponible a terceros.

El Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) es un documento que emite el Ministerio de Salud, como un requisito previo para que un cualquier establecimiento industrial, comercial y de servicios, pueda operar, en cumplimiento de la normativa vigente y en prevención del impacto que los establecimientos puedan generar en el ambiente y la salud pública durante su funcionamiento.

Los requisitos y trámite para solicitar este documento (PSF) por parte de los establecimientos que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios, están definidos en el Decreto Ejecutivo N°39742-S denominado “Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud”.

___________

1 Costa Rica, Ley N°6227 - Ley General de la Administración Pública.

2 Tomado del criterio MEP- DAJ-030-C-2017 del 15 de marzo de 2017, realizado por: Licda. Dayana Cascante Núñez, Asesora Legal, Dirección de Asuntos Jurídicos.

Así, la suscrita en calidad de Ministra de Educación Pública delega a cada persona Director Regional de Educación de cada una de las 27 Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública, que se enlistan a continuación, la firma del “Formulario Unificado, Formulario Solicitud Permiso Sanitario de Funcionamiento” para los trámites respectivos de las instituciones educativas que comprenden la Dirección Regional de Educación a su cargo.

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

Por tanto,

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

RESUELVE

Con fundamento en las consideraciones y citas legales precedentes,

1º—Delegar en cada persona Director Regional de Educación de cada una de las 27 Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública, que se enlistan a continuación, la firma del “Formulario Unificado, Formulario Solicitud Permiso Sanitario de Funcionamiento” para los trámites respectivos de las instituciones educativas que comprenden la Dirección Regional de Educación a su cargo

Para ver las imágenes solo en La Gaceta con formato PDF

2º—Publíquese esta resolución en el Diario Oficial La Gaceta.

3º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Notifíquese.-

Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública.—1 vez.—O.C. N° 4600043388.—Solicitud N° 268750.—( IN2021551867 ).

DOCUMENTOS VARIOS

HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

RES-AS-DN-1362-2021.—Aduana Santamaría, al ser las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos del once de mayo de dos mil veintiuno.

Conoce esta Gerencia delegación expresa de competencias para la Subgerencia de esta Aduana, misma que ejerce el señor Gabriel Eduardo Porras Durán, desde el día 01 de febrero de 2021, según lo dispuesto en la Resolución RES-DGA-18-2021 del 14 de enero de 2021.

Resultando:

1º—Con la resolución RES-DGA-150-2021 del 20 de abril de 2021, fue nombrado como Gerente de la Aduana Santamaría, el funcionario Luis Fernando Vásquez Castillo, cargo que desempeña desde el día 01 de mayo del año 2021.

2º—Con la resolución RES-DGA-18-2021 del 14 de enero de 2021, fue nombrado como Subgerente de la Aduana Santamaría, el funcionario Gabriel Eduardo Porras Durán, cargo que desempeña a partir del día 01 de febrero de 2021.

Considerando:

I.—Base legal: De conformidad con los artículos 6, 7 del CAUCA III, los artículos 7, 8, 13 de la Ley General de Aduanas (en adelante LGA), los artículos 35, 35 bis del Reglamento a la Ley General de Aduanas (en adelante RLGA), artículos 84, 85, 87, 89 al 92 de la Ley General de Administración Pública (en adelante LGAP).

II.—Sobre la Competencia del Gerente de la Aduana: Que la actividad Aduanera se ejerce en virtud de la potestad aduanera, siendo ésta “el conjunto de derechos, facultades y competencias que este Código, su Reglamento conceden en forma privativa al Servicio Aduanero y que se ejercitan a través de sus autoridades”, de conformidad con el artículo 7 del CAUCA III.

Que de conformidad con el artículo 6 del CAUCA III, el Servicio Aduanero está constituido por los órganos de la administración pública.

Nuestra legislación nacional establece en el artículo 7 de la LGA que el Sistema Aduanero Nacional estará constituido por el Servicio Nacional de Aduanas y las entidades, públicas y privadas, que ejercen gestión aduanera y se relacionan dentro del ámbito previsto por el régimen jurídico aduanero”.

Que el numeral 8 de la LGA, establece que el Servicio estará constituido por la Dirección General de Aduanas, las aduanas, sus dependencias y los demás órganos aduaneros.

Que de conformidad con el artículo 13 del mismo cuerpo legal la Aduana es la unidad técnico-administrativa encargada de las gestiones aduaneras y del control:

“Artículo 13.—Aduana. La aduana es la unidad técnico-administrativa encargada de las gestiones aduaneras y del control de las entradas, la permanencia y la salida de las mercancías objeto del comercio internacional, así como de la coordinación de la actividad aduanera con otras autoridades gubernamentales ligadas al ámbito de su competencia, que se desarrollen en su zona de competencia territorial o funcional.

Las aduanas tendrán la facultad de aplicar las exenciones tributarias que la ley indique expresamente y las relativas a materia aduanera creadas por acuerdos, convenios y tratados internacionales”.

A su vez el artículo 35 del RLGA establece lo siguiente:

“Artículo 35.—Competencia de la Gerencia de la Aduana. Compete a la Gerencia de la aduana de jurisdicción territorial dirigir técnica y administrativamente la aduana. La Gerencia está conformada por un Gerente, un Subgerente quien estará subordinado al Gerente y lo reemplazará en sus ausencias, con sus mismas atribuciones, para lo cual bastará su actuación. El Subgerente será el colaborador inmediato del Gerente, en la planificación, organización, dirección y control de la aduana, así como en la formulación de sus políticas y directrices que orienten las decisiones y acciones hacia el logro de las metas de la aduana. El Subgerente desempeñará, transitoria o permanentemente las funciones y tareas que le delegue el Gerente.

La Gerencia de la aduana podrá tomar las medidas administrativas que estime convenientes para el control de los regímenes, operaciones y trámites aduaneros que competan a la aduana. Asimismo, podrá solicitar a la Dirección General la definición de áreas funcionales necesarias para cumplimiento de sus competencias”

La norma antes citada, señala además que, el Subgerente desempeñará, transitoria o permanentemente las funciones y tareas que le delegue el Gerente.

Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 34475 – H, del 04 de abril del año 2008, referente a la Reforma al Reglamento a la Ley General de Aduanas, concretamente en el artículo 35 bis son funciones de la Gerencia:

“Artículo 35 bis.—Funciones de la Gerencia de la Aduana. La Gerencia de la aduana ejecutará las siguientes funciones:

a. Emitir las pautas y coordinar el control y fiscalización de la entrada y salida del territorio aduanero nacional de mercancías, el tránsito, almacenamiento, custodia y verificación, de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes.

b. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con los procesos de trámites aduaneros, técnicos y administrativos que son competencia de la aduana y tomar todas las medidas administrativas que estime convenientes.

c. Resolver las solicitudes de sustitución de mercancías.

d. Organizar y dirigir las funciones y actividades de las diferentes dependencias de la aduana; comunicar las políticas y procedimientos que se han de seguir y supervisar y su cumplimiento puntual y oportuno.

e. Dirigir y controlar el funcionamiento de los Puestos de Aduana adscritos a la aduana, manteniendo un contacto directo con éstos y solicitando los informes que requiera sobre su gestión.

f. Implementar mecanismos para llevar el control y monitoreo de la gestión de los Puestos de Aduana adscritos a la aduana.

g. Resolver los reclamos, incidentes o recursos que se presenten contra actos emitidos por la aduana.

h. Brindar información detallada a la Dirección de Gestión de Riesgo, que permita la definición o actualización de criterios de riesgo para la inspección de mercancías.

i. Dirigir, autorizar y controlar la ejecución de operaciones aduaneras fuera de la jornada ordinaria de trabajo e informar a la Dirección General sobre los resultados obtenidos.

j. Determinar y comunicar a las dependencias respectivas, los niveles de acceso a los sistemas de información por parte de los funcionarios de la aduana.

k. Conocer de las solicitudes de rectificación o anulación de declaraciones aduaneras que se presenten ante la aduana.

l. Presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad judicial cuando producto de las acciones de la aduana se presuma la comisión de delitos aduaneros, infracciones administrativas y tributarias aduaneras, así como diligenciar y procurar las pruebas que fundamenten las acciones legales respectivas.

m. Determinar los ajustes a la obligación tributaria aduanera e iniciar los procedimientos de cobro o devolución de tributos de las obligaciones tributarias aduaneras, cuando corresponda.

n. Imponer a los Auxiliares de la Función Pública Aduanera la sanción de multa, como resultado de los procedimientos sancionatorios que tramite.

o. Atender y resolver consultas de las jefaturas de los Departamentos de la aduana, con el objetivo de retroalimentar sobre la correcta aplicación a partir de las disposiciones y procedimientos aduaneros vigentes.

p. Canalizar adecuadamente la atención de las denuncias que le sean trasladadas por la Dirección de Gestión de Riesgo y retroalimentar periódicamente a esa Dirección, sobre los resultados obtenidos e informar, a quien corresponda, los resultados para que se adopten las acciones legales y administrativas procedentes.

q. Controlar y dar seguimiento a los servicios que brinda la aduana a su cargo y recomendar a la Dirección General los cambios procedimentales en las áreas técnicas y normativas de la aduana, con el fin de mejorar la calidad del servicio.

r. Supervisar la aplicación de los procedimientos aduaneros.

s. Determinar las necesidades en lo concerniente a presupuesto, recursos humanos, tecnológicos y materiales; sistemas de información; comunicaciones; registro; procesamiento automático de la información; controles y otros servicios, y establecer procedimientos de trabajo que permitan una gestión eficaz y eficiente.

t. Coordinar las actividades de la aduana con otras dependencias del Ministerio de Hacienda, el Sistema Aduanero Nacional y otras instituciones públicas y privadas, según corresponda.

u. Representar a la aduana ante los órganos administrativos o judiciales que lo requieran.

v. Colaborar en la planeación, elaboración y ejecución de proyectos a desarrollarse en la aduana.

w. Dar seguimiento a la implementación de lo estipulado en el Plan Anual Operativo, programas y proyectos especiales de cada Departamento, así como a la evaluación de recomendaciones contenidas en informes de órganos contralores, mediante la revisión constante de plazos y resultados, con el objetivo de monitorear la ejecución de los mismos y cumplir con las metas y objetivos.

x. Evaluar periódicamente los resultados de los diferentes procesos que se ejecutan en la aduana.

y. Informar a la Dirección General los roles y rotación de trabajo de los funcionarios de la aduana, así como informar cuando se presenten irregularidades que se deriven de la incorrecta aplicación de los procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas previstas por la normativa aduanera, o que emanen de la protección de los derechos relacionados con la propiedad industrial e intelectual, de conformidad con leyes especiales en la materia, para que se inicien los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.

z. Certificar la documentación o información que se custodie en la Dirección de la aduana y sus Departamentos.

aa. Facilitar a la Dirección de Gestión Técnica, los requerimientos específicos que se determinen para mejorar las funcionalidades y controles del sistema informático.

bb. Atender las actas, alertas, denuncias, informes y medidas cautelares administrativas que le sean trasladadas por los Órganos Fiscalizadores en el ejercicio de sus competencias, respecto de mercancías que se encuentren dentro del depositario aduanero tengan o no la autorización de levante.

cc. Otras que le encomiende la Dirección General de Aduanas”.

III.—Sobre la Delegación de Competencias:

Que los artículos 89 al 92 de la (LGAP) regulan lo concerniente a la transferencia de la competencia a un inferior jerárquico inmediato por medio de la “Delegación” por parte de su superior:

“Sección Tercera

De la Delegación

Artículo 89.—

1. Todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza.

(…)

4. La delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial cuando sea para un tipo de acto y no para un acto determinado.

Artículo 90.—La delegación tendrá siempre los siguientes límites:

a) La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la ha conferido;

b) No podrán delegarse potestades delegadas;

c) No podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las competencias esenciales del

(…)

Siguiendo ese mismo razonamiento la LGAP en el artículo 87 regula lo concerniente para la validez de una transferencia de competencias, indicando que para que esta ocurra válidamente debe cumplir con dos requisitos en primer lugar la temporalidad, y, en segundo lugar, que deberá transferirse la competencia, por medio de un acto administrativo motivado.

“Artículo 87.—

1. Toda transferencia de competencia deberá ser temporal y salvo el caso de la suplencia y de la sustitución de órgano, claramente limitada en su contenido por el acto que le da origen.

2. Toda transferencia de competencia deberá ser motivada, con las excepciones que señala esta ley.

3. La violación de los límites indicados causará la invalidez tanto del acto origen de la transferencia, como de los dictados en ejercicio de esta”.

Es por todo lo anteriormente indicado, que a afecto de proceder conforme al bloque de legalidad que regula nuestras actuaciones como funcionarios públicos, en mi condición de Gerente de la Aduana Santamaría, y dentro de las facultades legalmente otorgadas en aras de otorgar al administrado un mejor servicio continuo y eficiente, lo procedente es que además del Gerente, la atención y firma de los siguientes trámites, (estipulados además en el artículo 35 bis de la LGA, citado ya en esta resolución), sean realizados por el inferior inmediato, es decir, el subgerente de esta Aduana:

1. Dirigir y controlar el funcionamiento de los Puestos de Aduana adscritos a la Aduana Santamaría, manteniendo un contacto directo con éstos y solicitando los informes que requiera sobre su gestión.

2. Implementar mecanismos para llevar el control y monitoreo de la gestión de los Puestos de Aduana adscritos a la Aduana Santamaría, así como determinar las necesidades en lo concerniente a presupuesto, recursos humanos, tecnológicos y materiales; sistemas de información; comunicaciones; registro; procesamiento automático de la información; controles y otros servicios, y establecer procedimientos de trabajo que permitan una gestión eficaz y eficiente, para los mismos.

3. Dirigir, autorizar y controlar la ejecución de operaciones aduaneras fuera de la jornada ordinaria de trabajo e informar a la Dirección General sobre los resultados obtenidos.

4. Aprobar los dictámenes de ampliaciones y/o disminuciones de áreas, cierres o traslados de depositarios aduaneros, empresas acogidas al Régimen de Zona Franca o Perfeccionamiento Activo.

5. Evaluar periódicamente los controles de inventario en depositarios aduaneros, empresas acogidas al Régimen de Zona Franca o Perfeccionamiento Activo.

6. Certificar la documentación o información que se custodie en la Gerencia de la aduana y sus Departamentos, así como cualquier otra constancia o certificación que se requiera.

7. Certificar la documentación o información relacionada con la permanencia bajo el control aduanero.

8. Conocer de las solicitudes de rectificación y anulación de declaraciones aduaneras que se presenten ante la Aduana Santamaría.

9. Conocer y resolver en todas sus etapas las solicitudes de devolución de tributos que se presenten ante la Aduana Santamaría.

10. Conocer y resolver las solicitudes de liquidación de tributos que presenten los usuarios ante la Aduana Santamaría.

11. Otras que le encomiende la Gerencia de la Aduana.

Por su parte, en los casos antes mencionados se deberá indicar expresamente en los actos administrativos (resolución, oficio, circular, otros), la presente resolución en que consta la delegación de dichas competencias al subgerente de la Aduana.

Así mismo, cuando el Subgerente reemplace al Gerente en sus ausencias, es decir, cuando el Gerente no esté en ejercicio de sus funciones, por vacaciones, incapacidades o cualquier otra circunstancia, en este supuesto ejerce las mismas atribuciones establecidas al Gerente, aunque estas no hayan sido expresamente delegadas; bastará la actuación del Subgerente, es decir, no se requerirá de la emisión de acto administrativo alguno que así lo indique. En estos casos se deberá indicar expresamente en el acto administrativo (resolución, oficio, circular, etc.) la circunstancia o motivo por el cual no actúa el Gerente (vacaciones, incapacidad, permiso, etc.), haciendo referencia al número de acuerdo, oficio u otro documento en que conste tal circunstancia. Por tanto;

Con fundamento en las consideraciones de hecho y citas de derecho expuestas esta Gerencia resuelve: Primero: Delegar y ordenar que la atención y firma de los siguientes trámites serán competencia del Gerente y/o Subgerente de la Aduana Santamaría: