PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY QUE CREA LA

RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL,

LEY N.º 9220 DEL 24 DE MARZO DE 2014

Expediente N.º 24.555

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En el numeral 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, promulgada en nuestro país en el año 1990, se consagra el interés superior del niño. Este principio implica que el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos de la niñez deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño y la niña; esta Convención además reconoce que las personas menores de edad tienen derecho a la protección y cuidados especiales por parte de su familia y del Estado, como un derecho que les es propio por su condición de personas^[1]. Por su parte, el artículo 57 del Código de la Niñez y Adolescencia, norma promulgada en el año 1998, establece la obligación del Ministerio de Educación Pública (en adelante, sus siglas, MEP) de garantizar la permanencia de las personas menores de edad en el Sistema Educativo y brindarles el apoyo necesario para conseguirlo^[2].

Asimismo, el Código de la Niñez y la Adolescencia reafirma los derechos de este grupo poblacional a un ambiente sano y a su pleno desarrollo, además de las obligaciones del Estado para procurar el cumplimiento de esos derechos. En el artículo 5 de esta norma jurídica se señala a la niñez como grupo de interés superior en las acciones públicas o privadas, en tanto que se debe procurar su “pleno desarrollo personal”; de ahí que los programas de cuido de la niñez temprana deben ser una prioridad en esas acciones del Estado^[3].

De esta manera, el Estado tiene una doble función, debe constituirse en proveedor o garante de la prestación de servicios de cuidado y desarrollo infantil, así como debe regular el funcionamiento y establecer los estándares de los establecimientos públicos y privados que prestan estos servicios.

Costa Rica, como Estado parte de la Convención, también ha reconocido que la familia es un grupo fundamental de la sociedad, gestora de la individualidad de las personas y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños y las niñas, ya que se considera la institución primaria en la que la persona menor de edad inicia su proceso de socialización, de ahí que la familia debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente tales responsabilidades.

Al tenor de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (en adelante, por sus siglas, PIEG) del año 2007, en esta se señaló que el cuido como problema social no solo implica avanzar en la creación de servicios, sino también en el cambio cultural ... (el cuido) debe pasar de ser un asunto femenino a ser un asunto también masculino, y de ser un asunto privado familiar, a ser un asunto público, estatal y empresarial. Este mismo instrumento busca, a través de su primer objetivo estratégico, que en el 2017 toda mujer que requiriera de servicios de cuido de niñas y niños para desempeñarse en un trabajo remunerado, cuente con, al menos, una alternativa de cuido pública, privada o mixta, de calidad, dando así pasos concretos hacia la responsabilidad social en el cuido y la valoración del trabajo doméstico^[4].

La PIEG, en su momento, abogó por un cambio cultural con miras a que la responsabilidad del cuido de niños y niñas dejara de ser un asunto propio del ámbito privado de los hogares, asignado y encomendado a las mujeres, para pasar a involucrar activamente a los hombres y a ser reconocido como un asunto público, que compete al Estado y al sector privado. Con ello, se buscaba incidir en la consolidación del núcleo familiar, la inserción de las madres en el mercado laboral, el intercambio comunitario; además del aporte al desarrollo y a la calidad de vida de niños y niñas que se benefician de estas intervenciones.

Ahora bien, a partir del 2010, mediante el Decreto N.º 36.020, se desarrolló e implementó la Política de Red de Cuido y Desarrollo Infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario que buscaba apoyar la inserción educativa y laboral de las mujeres. Según el espíritu del legislador al proponer el proyecto de ley 18.921, proyecto que se convirtió en la Ley N.º 9220 en 2014, quedó plasmado que la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (en adelante, por sus siglas, Redcudi) debía proponer lograr acuerdos y compromisos entre las diferentes instancias responsables de la protección, cuido y desarrollo integral de la primera infancia. Con ello, una red de servicios destinados al cuidado de los niños y las niñas amplía las oportunidades de las mujeres de insertarse o mejorar su inserción al mercado de trabajo, promoviendo a la vez un esquema que va más allá de mero cuido, avanzando en el desarrollo infantil^[5].

Además, siguiendo con la voluntad del Legislador al crear la Redcudi, se evidencia que esto llevaría como propósito la responsabilidad efectiva del Estado en la protección de la niñez a través de un instrumento legal que aseguraría, delimitaría y principalmente, erigiría un marco jurídico de coordinación competencial de instituciones en materia de cuido y desarrollo infantil, a la vez que propiciaría la incorporación de la iniciativa privada en la materia.

Es así como la Redcudi tiene como fin de perpetuar un programa universal para la atención tanto de niños en pobreza extrema, pobreza, y en riesgo y vulnerabilidad social que articula las diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las alternativas de atención infantil integral^[6]. Cabe aclarar que, según datos de la Secretaría Técnica de la Redcudi, la población objeto la conforman toda la población infantil de Costa Rica que alcanza a 963.267 niñas y niños entre los 0 y los 12 años. La población prioritaria se refiere a toda la población infantil costarricense menor de 6 años que se contabiliza en 519.111 niñas y niños. Y la población potencial se refiere a toda la población infantil menor de 12 años que presentan al menos una necesidad básica insatisfecha, dicha población alcanza un número de 317.878 niñas y niños^[7].

Una vez publicado el texto aprobado por la Asamblea Legislativa y posterior a reformas hechas al texto base, actualmente el artículo de la norma que crea la Redcudi, Red que es presidida y coordinada por el Patronato Nacional de la Infancia (en adelante, por sus siglas, PANI), reza lo siguiente:

Artículo 1   Creación y finalidad

Se crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi), con la finalidad de establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las alternativas de atención infantil integral.

Bajo el principio de universalidad que la rige, la Redcudi cubrirá a la población menor de edad, como beneficiaria primordial del sistema, sin distinciones o exclusiones de ninguna naturaleza, según los criterios que dicta esta ley y su reglamento.

Para la determinación del referido principio de universalidad en el acceso público, como mínimo se deberán considerar los siguientes criterios:

a)  Que la niñez y la población menor de edad es una sola, al tiempo que cualquier normativa que les proteja deberá aplicarse e interpretarse sin distinción alguna a favor de todo niño o niña solicitante o beneficiario del sistema, independientemente de la situación socioeconómica, la etnia, la cultura, el género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier otra condición propia de sus padres, madres, representantes legales o encargados.

b)  Que los derechos y las garantías de este grupo etario en todo caso son de interés público, irrenunciables e intransigibles, sin perjuicio de las limitaciones reguladas en esta ley.

c)  Que el interés superior de la niñez y la población menor de edad, objetivo de esta ley, inicialmente deberá considerarse de conformidad con los artículos 3, 4, 5, 9, 31 bis y 60, todos de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de febrero de 1998^[8].

Tal y como se evidencia, la más reciente reforma a la Ley N.º 9220 con la Ley N.º 9941 mejoró este artículo al sumar el principio de universalidad, lo cual amplificó la cobertura del servicio que brinda la Redcudi. No obstante, es importante sumarle a este artículo el principio de progresividad en la atención social, principal objetivo de esta iniciativa de ley. La progresividad de manera muy puntual se refiere a la distribución de recursos y servicios sociales de manera equitativa, priorizando a las personas o grupos más vulnerables o desfavorecidos económicamente. Es un principio necesario para alcanzar justicia social, donde aquellos con mayores necesidades reciben una mayor proporción de los beneficios, en comparación con aquellos que están en mejores condiciones económicas o sociales; teniendo como objeto la reducción de la desigualdad social.

Sin una distribución progresiva de recursos dirigidos a la atención social, la igualdad es sólo teórica. En tanto que, las personas que nacen en circunstancias más desfavorecidas no pueden competir en igualdad de condiciones con quienes nacen en situaciones privilegiadas^[9] . De esa manera, con una distribución universal pero progresiva de los servicios de la Redcudi, se atenderían las poblaciones de acuerdo con las categorías socioeconómicas que establece el Instituto Nacional de Estadística y Censos (en adelante, por sus siglas, Inec), de menor ingreso per cápita a mayor ingreso per cápita; justo allí reside la atención social bajo el principio progresivo.

El principio de progresividad responde a la necesidad de proteger a los más vulnerables, beneficiando así a los 32 de cada 100 niñas y niños que viven bajo la línea de pobreza (32% de 1,4 millones, es decir, cerca de 450 mil niñas y niños; 1 de cada 3, vive en pobreza)^[10]. Esto hace imperativo amplificar un alcance efectivo a las poblaciones que realmente requieren los servicios brindados por la Redcudi, con las variables y categorías del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (en adelante, por sus siglas, Sinirube), con la debida identificación por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (en adelante, por sus siglas, Imas) y el Pani para que las Unidades Ejecutoras del programa de Red de Cuido en apego a los principios de universalidad y progresividad asignen los cupos disponibles de la Redcudi.

Por las razones indicadas hago del conocimiento de sus señorías el presente proyecto de ley y les solicito su aprobación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY QUE CREA LA

RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL,

LEY N.º 9220 DEL 24 DE MARZO DE 2014

ARTÍCULO ÚNICO-  Refórmese el artículo 1 de la Ley que Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, Ley N.º 9220, del 24 de marzo de 2014, y en adelante se lea:

Artículo 1-  Creación y finalidad

Se crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi), con la finalidad de establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, progresivo, universal, y de financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las alternativas de atención infantil integral.

Bajo el principio de progresividad que la rige, la Redcudi distribuirá sus servicios de manera proporcional a las necesidades de la población menor de edad, como beneficiaria primordial del sistema, de acuerdo a las categorías socioeconómicas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), priorizando la distribución de menor a mayor ingreso per cápita, sin distinciones o exclusiones de ninguna naturaleza, según los criterios que dicta esta ley y su reglamento.

(...)

Rige a partir de su publicación.

Yonder Andrey Salas Durán

           Rosalía Brown Young                   Olga Lidia Morera Arrieta

Diputado y diputadas

NOTA:       Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024895539 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA DE LA LEY DE CREACIÓN DEL

PARQUE NACIONAL ISLA SAN LUCAS

Expediente N.° 24.561

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Parque Nacional Isla San Lucas es un lugar paradisiaco, con una naturaleza espectacular y, además, en él existe un alto valor histórico y cultural.

La provincia de Puntarenas, a la cual pertenece dicho parque, tiene como una de sus principales actividades la pesca, por ejemplo, los marineros y pescadores tienen una tradición, para ellos la Virgen del Mar los protege en los mares.

Parte de la historia de la isla, también incluye a la Virgen del Mar en la obra literaria “La Isla de los Hombres Solos”, del escritor costarricense José León Sánchez, también la trae a colación en su libro: “(…) Sobre la cruz y ascendiendo desde las gradas existía una enredadera de campánulas azules donde hacían su nido por cienes las palomas de Castilla que se chorreaban por el campanario y toda la iglesia. Cada atardecer Castillo se acercaba a la iglesia, cogía un manojo de campánulas azules con lo que hacía un ramo para la Virgen del Mar y luego se hincaba a rezar un buen rato. (…).”

La creación del parque se efectuó mediante la Ley N.° 9892 del año 2020, desde ese momento, su administración ha estado a cargo de un órgano de desconcentración máxima con personalidad jurídica instrumental, la Junta Directiva del Parque Nacional Isla San Lucas.

Las atribuciones de dicha junta consisten en definir estrategias y políticas del desarrollo, protección y conservación del parque, así como de las edificaciones históricas e infraestructura del parque; definir actividades turísticas sostenibles ambientalmente que incentiven la atracción turística; aprobar objetivos de mercadeo y promoción del Parque Nacional, así como otorgar autorizaciones, permisos de uso y concesiones para llevar a cabo obras y servicios, autorización para aprobar contratos y convenios, aprobar plan maestro del Parque Nacional, programas y planes, además de la estructura administrativa para la gestión del parque.

Sin embargo, las únicas inversiones que se han realizado en el Parque Nacional Isla San Lucas fueron a través del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Junta Administrativa no ha realizado ni un solo proyecto al no haber generado fondos propios.

Son pocos los avances en estos cuatro años por parte de la Junta Administrativa y la situación que viven los puntarenenses requiere decisiones que agilicen los resultados para generar oportunidades, para más empleos-más fuentes de ingreso-más emprendimientos; también, la Isla San Lucas requiere que se cumpla plenamente con sus metas de protección ambiental, pero también de mayor promoción del turismo sostenible.

Por ejemplo, en el año 2021 la Junta Administrativa realizó 14 sesiones, en el año 2022 10 sesiones, en el año 2023 5 sesiones y en lo que llevamos del año 2024 solo una única vez han sesionado.

Ante tal situación, es necesario reestructurar la administración del parque para mejorar su gestión. Integrar la administración del Parque Nacional Isla San Lucas, directamente bajo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), permitiría un uso más eficiente de los recursos disponibles, así como una mejor coordinación interinstitucional.

A pesar de que el artículo 13 de la Ley N.° 9892, “Creación del Parque Nacional Isla San Lucas”, autorizó a la Junta Administrativa conformar un fideicomiso y con ello administrar los recursos que ingresaran al parque por cualquier concepto, a la fecha no se ha conformado tampoco.

Esto no solo fortalecería los esfuerzos de conservación y desarrollo sostenible en la isla, sino que también ampliaría las oportunidades para la educación ambiental y la participación comunitaria en la protección y valoración de este patrimonio natural.

Si se acoge la eliminación de esta Junta Directiva, ello permitirá una redistribución más eficaz de los recursos financieros y humanos, al integrarse sus funciones dentro de las estructuras existentes del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), a su vez, facilitará la coordinación y colaboración con otras áreas protegidas, así como con entidades gubernamentales y no gubernamentales relacionadas.

Una estructura administrativa más centralizada posibilitará una implementación más coherente y efectiva de políticas de conservación y gestión de recursos naturales.

La administración del parque bajo la tutela del Sinac aprovecharía su experiencia y capacidades técnicas para asegurar una gestión más profesional y eficiente, centrada en la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural e histórico de la isla.

Simplificar la estructura administrativa favorecerá una gestión más transparente y responsable mejorando la rendición de cuentas y la supervisión de las actividades en el parque.

Una gestión más eficaz y coordinada fomentará la formulación y ejecución de estrategias para el turismo sostenible, lo cual beneficiará tanto al parque como a las comunidades locales.

Es por lo que integrar estos esfuerzos facilitará el involucramiento de la comunidad en la conservación y el uso sostenible del parque.

En conclusión, la reestructuración de la administración del Parque Nacional Isla San Lucas, mediante la eliminación del órgano de desconcentración máxima con personalidad jurídica instrumental de la Junta Directiva, se presenta como una medida imprescindible para mejorar la gestión de este valioso recurso natural y cultural. Al integrar su administración directamente bajo el Sinac se logrará una gestión más eficiente de los recursos disponibles, se promoverá una mayor coordinación interinstitucional y se fortalecerán los esfuerzos destinados a la conservación y desarrollo sostenible de la isla.

Es por lo anterior que solicito a la Asamblea Legislativa la aprobación del siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LA LEY DE CREACIÓN DEL

PARQUE NACIONAL ISLA SAN LUCAS

ARTÍCULO 1-      Reformas de la Ley de Creación del Parque Nacional Isla San Lucas

Refórmense los artículos 1, 5, 7,15 y 16 de la Ley de Creación del Parque Nacional Isla San Lucas, Ley N.° 9892, del 24 de agosto de 2020, para que en adelante se lean:

Artículo 1-  Creación

Se crea el Parque Nacional Isla San Lucas, como área silvestre protegida en administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), incluyendo en su administración el patrimonio histórico - arquitectónico y el turístico sostenible.

Artículo 5-  Significación cultural e histórica

Se declaran patrimonio histórico - arquitectónico el conjunto de las edificaciones del antiguo presidio San Lucas; el Estado deberá restaurar y preservar este patrimonio para el disfrute y conocimiento de las actuales y futuras generaciones.

El Ministerio de Cultura deberá realizar un inventario del patrimonio citado y de su estado de conservación, actualizándolo anualmente, todo lo cual comunicará al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Artículo 7-  Alcances y restricciones

El Parque Nacional Isla San Lucas se regirá por un plan maestro elaborado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), con base en criterios técnicos, sus planes estratégicos y la gestión eficiente y eficaz de las áreas de conservación y demás parques nacionales.

Para el cumplimiento de los fines establecidos en esta ley, en la zona turística se podrán otorgar concesiones y permisos para actividades e instalaciones distintas del servicio de parques. No se permitirán en esta zona los servicios de hospedaje y juegos de azar.

En todo caso, se deberá promover la participación de las organizaciones locales en el otorgamiento de concesiones.

Cualquier conflicto de competencias será dirimido por el ministro o la ministra de Ambiente y Energía.

Artículo 15-               Vigilancia y seguridad

Para la vigilancia y seguridad del Parque Nacional Isla San Lucas se contará con la dotación necesaria de guardaparques de las áreas de conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), de acuerdo con las necesidades de personal identificadas en el Plan Maestro, así como del equipo e infraestructura necesaria para llevar a cabo sus funciones.

Artículo 16-               Desarrollo de infraestructura

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), con el apoyo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) podrán desarrollar toda la infraestructura necesaria para facilitar el turismo sostenible, de acuerdo con lo identificado en el plan maestro y sus planes específicos, incluyendo la dotación de agua, electricidad, telecomunicaciones, higiene y saneamiento, muelles, atracaderos, esculturas, servicios de alimentación y vías de acceso, información y comunicación en diversos formatos, así como la que estime pertinente para el provecho de los visitantes y asegurar el disfrute y apreciación de la riqueza histórica, arquitectónica, natural y turística del parque.

En la construcción muelles, atracaderos y demás facilidades marítimas, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) suplirán el soporte técnico correspondiente al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

Además, existirá la opción de desarrollar alianzas público-privadas para estos fines.

ARTÍCULO 2-       Derogatorias

Se derogan los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 y las disposiciones de los transitorios I, II, III de la Ley N.° 9892, del 24 de agosto de 2020, Creación del Parque Nacional Isla San Lucas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I- Los activos, pasivos y contratos que tuviera la Junta Directiva del Parque Nacional Isla San Lucas, cuando entre en vigor la presente ley, deberán ser trasladados al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

TRANSITORIO II-  Para la aplicación de la regla fiscal en el primer ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigor de esta ley, se tomará como base para calcular el crecimiento interanual la sumatoria de los presupuestos de la Junta Directiva del Parque Nacional Isla San Lucas con el del Ministerio de Ambiente y Energía.

Rige a partir de su publicación.

Alexander Barrantes Chacón

     Carlos Andrés Robles Obando     David Lorenzo Segura Gamboa

   José Francisco Nicolás Alvarado             Sonia Rojas Méndez

Diputados y diputada

NOTA:              Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024895880 ).

PROYECTO DE LEY

LEY DE EXONERACIÓN FISCAL PARA LA INCLUSIÓN

Y MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Expediente N.º 24.568

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Costa Rica se ha destacado en el ámbito de las conquistas sociales, especialmente en la defensa de los derechos humanos. No obstante, aún persiste una deuda significativa con las personas con discapacidades físicas. La dependencia de vehículos particulares, un diseño urbano que prioriza el automóvil sobre el tránsito peatonal y un sistema de transporte público obsoleto que no cubre adecuadamente todas las necesidades, son desafíos que el país debe abordar. Es crucial que Costa Rica implemente políticas públicas visionarias y valientes que mejoren la calidad de vida de estas comunidades.

En el marco de la búsqueda de un país más inclusivo, se presenta el siguiente proyecto de ley, cuyo objetivo es modernizar la exoneración fiscal para vehículos destinados a personas con discapacidades físicas, mentales y sensoriales. Este proyecto tiene como propósito actualizar el monto sobre el cual recae la exoneración fiscal, actualmente fijado en $35,000.00 USD, ya que esta cifra no refleja adecuadamente el mercado actual ni el costo de vida y, por ende, no se ajusta a las necesidades actuales de esta población, ya que es un dato establecido con la una realidad de mercado de hace casi veinte años, cifra que se ha visto afectada por una década sumamente marcada por el fenómeno económico de la inflación (del 2005 a 2024 se registra un 61,97%).

Además de ajustar el monto de la exoneración para que se alinee con el mercado actual, esta ley también propone reglamentar el vacío existente en el caso de la venta de estos vehículos. Las personas con discapacidad enfrentan restricciones tanto en la compra como en el traspaso de su vehículo, ya que deben encontrar automóviles adaptados a sus necesidades específicas, lo que limita las opciones disponibles. A menudo, estos vehículos se trasladan de una persona con discapacidad a otra, dado que no todas las personas están en busca o dispuestos a adquirir un automóvil adaptado a condiciones ajenas a las suyas. Por lo tanto, la ley sugiere establecer parámetros para la exoneración fiscal en casos de traslado entre personas con discapacidades el tipo de discapacidades dispuestas en la ley, garantizando así que el beneficio fiscal se mantenga en situaciones de transferencia entre quienes realmente lo necesitan.

Es fundamental resaltar que esta reforma tendría un impacto mínimo en las finanzas públicas, ya que la exoneración se aplica a un grupo muy reducido de personas. De acuerdo con datos del INEC, en total hay 62,922 personas con algún tipo de discapacidad, cifra que disminuye considerablemente cuando se considera el grupo específico elegible para la exoneración. Esta reducción es aún más notable al tener en cuenta que solo unas pocas personas efectivamente aprovechan la exoneración. Esta información es confirmada por la Dirección General de Hacienda, a través de su División de Incentivos Fiscales y la Subdirección de Programación, que reporta que entre 2007 y 2014 se realizaron únicamente 1,288 trámites en un período de siete años.

A partir de lo expuesto, se puede afirmar que este cambio implicaría una reducción insignificante en los ingresos del Estado, a cambio de brindar un considerable apoyo a una población con capacidades motoras, cognitivas o sensoriales reducidas. Esta población enfrenta un transporte público deficiente y debe gastar más dinero en un vehículo adaptado a sus necesidades, en un país donde poseer un vehículo es más una necesidad que un lujo. Desde esta perspectiva, este proyecto se erige como una ayuda importante, acorde con la lucha por las conquistas sociales, la igualdad y los derechos humanos.

De acuerdo con la Agenda 2030, este proyecto de ley está en consonancia con los objetivos de salud y bienestar, así como con la reducción de desigualdades. Se alinea particularmente con el Objetivo de desarrollo sostenible número 3, ya que fomenta el bienestar de una población afectada por diversas condiciones adversas mencionadas en la introducción. Además, el proyecto promueve la dignidad al facilitar el acceso a vehículos adaptados a las necesidades específicas de estas personas, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y reducir las barreras que enfrentan en su día a día.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE EXONERACIÓN FISCAL PARA LA INCLUSIÓN

Y MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ARTÍCULO 1-          Se reforma el inciso u) del artículo 2 de la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, Ley N.º 7293, del 31 de marzo de 1992, y sus reformas, para que lea de la siguiente manera:

Artículo 2-  Excepciones. Se exceptúan, de la derogatoria del artículo precedente, las exenciones tributarias establecidas en la presente ley y aquellas que:

(...)

u)  Se exoneran del pago de tributos los vehículos automotores importados o adquiridos en el territorio nacional, destinados al uso exclusivo de personas que presenten limitaciones físicas, mentales o sensoriales severas y permanentes, las cuales les dificulten, en forma evidente y manifiesta su movilización y a consiguiente, su capacidad de tránsito.

(...).

ARTÍCULO 2-         Se reforman los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Modificación de la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, Ley N.º 7293, de marzo de 1992, Ley 8444, del 17 de mayo de 2005, para que lean de la siguiente manera:

Artículo 2-  Las limitaciones que se consideran severas y permanentes pueden ser físicas, mentales o sensoriales. Estas incluyen afectaciones en el sistema neuromusculoesquelético, parálisis parcial o completa de las extremidades inferiores, amputación de una o ambas extremidades inferiores por debajo o sobre la rodilla, ceguera total y sordera profunda. Adicionalmente, se verán aceptadas aquellas condiciones que la CCSS considere acordes.

En estos casos, la persona, para su movilización, deberá depender total o parcialmente de asistencia personal, de una silla de ruedas u otra ayuda técnica. Esta última se entiende como todo elemento requerido por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y garantizar su independencia.

Artículo 3-  El valor fiscal del vehículo adquirido al amparo de esta ley no podrá exceder el tope máximo de los cincuenta y seis mil seiscientos noventa dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (US $56,690.00) o su equivalente en colones. Dicha cifra será ajustada cada año a la inflación anual del mercado estadunidense. La Dirección General de Hacienda determinará el valor del vehículo.

El vehículo adquirido al amparo de la presente ley solo podrá ser conducido por el beneficiario y las dos personas debidamente autorizadas por el beneficiario, al formalizar la solicitud ante la Dirección General de Hacienda del Ministerio de Hacienda.

Artículo 4- La persona beneficiaria gozará, en forma exclusiva, de la exoneración del vehículo, por un período no menor de siete años, posteriormente podrá prorrogarla o trasladar el vehículo a terceros; en el primer caso deberá efectuar los trámites respectivos antes del vencimiento del plazo de exención y, en el segundo, deberá notificar, por escrito, el traslado al Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda y el adquirente deberá cancelar de inmediato los tributos que el vehículo en cuestión adeuda, exceptuando si quien recibe el vehículo también mantiene alguna discapacidad, y quien podrá solicitar, se mantenga la exoneración, siempre que cumpla las siguientes condiciones:

1-  No poseer otro vehículo registrado a su nombre que haya sido exonerado mediante la presente ley.

2-  No haber adquirido vehículos exonerados mediante la presente ley en un plazo menor a siete años.

3-  Presentar certificado de discapacidad referente a una de las condiciones admitidas por esta ley, emitido por una autoridad competente y en concordancia con el artículo 2 de la presente ley.

En el caso de traslado, el beneficiario que transfiere el vehículo a otro gozará del derecho a obtener otro vehículo exonerado cuando cumpla el plazo restante de los 7 años.

En caso de robo o accidente en el que el vehículo sea declarado como pérdida total, el beneficiario deberá completar el período restante de los siete años del beneficio de exoneración al cincuenta por ciento (50%) para poder solicitar una nueva exoneración para otro vehículo. En ninguna circunstancia se permitirá tener dos o más vehículos exonerados simultáneamente.

TRANSITORIO I-     Aquellas personas que hayan adquirido su vehículo con las condiciones y beneficios que establece la Ley N.º 8444, Modificación de la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, N.º 7293, de 23 de mayo de 2005, podrán adecuar el plazo para el disfrute del beneficio de exención en concordancia con el plazo de siete años.

Rige a partir de su publicación

Horacio Martín Alvarado Bogantes

Diputado

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024895907 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL ARTÍCULO 6 Y ADICIÓN DE UN INCISO NUEVO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N.º 17, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR LA AUTONOMÍA EN LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES   SINDICALES Y SOLIDARISTAS EN LA CCSS

Expediente N.° 24.564

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es uno de los pilares más importantes de la política social y de salud de Costa Rica. Desde su creación bajo la Ley N.º 17, del 1 de noviembre de 1941, ha sido responsable de garantizar la cobertura universal de la salud y la seguridad social para la población costarricense. En sus inicios, la CCSS fue concebida como una institución semiautónoma bajo la vigilancia del Poder Ejecutivo. Sin embargo, conscientes de la necesidad de una gestión independiente para asegurar su misión a largo plazo, en octubre de 1943 se reformó su Ley Constitutiva para dotar a la Junta Directiva de independencia respecto del Poder Ejecutivo, haciéndola responsable exclusiva de su gestión.

Esta autonomía se consolidó en la Constitución Política de 1949, que en el artículo 73 establece que “la administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social”. Esta disposición constitucional ha sido defendida y reforzada a lo largo del tiempo por la jurisprudencia, destacándose en el Voto N.º 6256-94 de la Sala Constitucional, que reconoció el grado de autonomía de la CCSS como superior al definido en el artículo 188 de la Constitución.

Importancia de la autonomía y representación democrática en la gobernanza de la  CCSS

La autonomía de la CCSS no es un simple aspecto administrativo, sino una piedra angular para la estabilidad social y económica del país. La naturaleza tripartita de su Junta Directiva —con representación de los sectores patronal, laboral y del Estado— es un reflejo de los principios democráticos que subyacen a la gobernanza del sistema de seguridad social costarricense. Esta estructura busca garantizar que las decisiones tomadas en la CCSS reflejen un equilibrio entre los intereses de todos los sectores involucrados, preservando al mismo tiempo la independencia institucional frente a posibles interferencias políticas.

La relevancia de este enfoque se refuerza con el Voto N.º 0033-96 de la Sala Constitucional, que reconoció que los seguros sociales, además de ser un derecho de rango constitucional, son un instrumento clave para la solidaridad nacional y el justo reparto de la riqueza. Este voto subraya que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los seguros sociales es fundamental para la convivencia y el desarrollo económico y social del país, lo que convierte a la CCSS en una institución de interés público y esencial para la paz social en Costa Rica.

Sin embargo, para que esta estructura de gobernanza funcione plenamente, es imprescindible que los representantes de los sectores involucrados —en particular los sectores sindical y solidarista— sean designados de manera independiente y auténtica, sin la intervención del Poder Ejecutivo. La falta de claridad en el artículo 6 de la Ley Constitutiva actual permite que el Poder Ejecutivo tenga un papel en la designación de estos representantes, lo que pone en riesgo la independencia de estos sectores laborales en la Junta Directiva y, por ende, la autonomía de la propia CCSS.

Disposiciones constitucionales y obligaciones internacionales de Costa Rica

Nuestro texto constitucional, reconoce una autonomía diferenciada (también llamada de segundo grado) a la Caja Costarricense de Seguro Social, que va más allá de la denominada “autonomía administrativa”. A modo de referencia, la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-349-2004 del 16 de noviembre de 2004, indicó lo siguiente:

(…)         nuestra Carta Política ha dotado a la Caja Costarricense de Seguro Social con un grado de autonomía distinto y superior al que ostentan la mayoría de los entes autárquicos descentralizados, para independizarla así del Poder Ejecutivo y frente a la propia Asamblea Legislativa; esto último implica una serie de limitaciones a la potestad de legislar, dado que la ley deberá siempre respetar el contenido mínimo de la autonomía reconocida a la Caja Costarricense de Seguro Social en materia de seguridad social, (…).

Sobre el órgano directivo, la PGR también afirmó el carácter colegiado del órgano y la diversidad de intereses que deben confluir en su integración:

La Caja Costarricense de Seguro Social constituye un ente autónomo, dirigido por una Junta Directiva. Si se tratara de determinar la naturaleza jurídica de ese órgano director, habría que afirmar que es un órgano colegiado, lo que se desprende de lo dispuesto en el artículo 6 de su Ley Constitutiva, N. 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas. De conformidad con dicha disposición, la Junta Directiva está constituida por el Presidente Ejecutivo y ocho miembros directivos. Como órgano colegiado, la Junta está formada por varias personas físicas ordenadas con base en una relación de colegialidad (igualdad recíproca), por lo que deben actuar colectivamente como colegio, concurriendo la voluntad de cada una de ellas a la formación de la voluntad del órgano (R, ALESSI: Instituciones de Derecho Administrativo, I, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1970, p. 85)

En un hecho, y así se desprende, sin lugar a duda, del numeral 6 de la Ley constitutiva de la CCSS, que la intención del legislador (ratio legis) fue que en el máximo órgano de la CCSS existiera la más amplia representación de intereses (Estado, patronos y trabajadores).

Resulta acorde con este espíritu que la presente iniciativa de ley busca garantizar por un lado la autonomía constitucional de la institución, al fomentar que los representantes de los sectores solidarista y sindical sean libremente escogidos y designados por las organizaciones más representativas y además proteger la esencia representativa del cuerpo directivo, al permitir que los intereses de estos sectores sean efectivamente escuchados y representados en la toma de decisiones de la institución.

El presente proyecto de ley también se fundamenta en las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que han sido ratificadas por Costa Rica, en donde se reafirma la importancia de la representación libre y auténtica de los sectores laborales en los procesos de diálogo social y toma de decisiones mediante el tripartismo:

El Convenio N.º 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, ratificado por Costa Rica, establece que los trabajadores tienen el derecho de constituir organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas sin intervención de las autoridades públicas. Este principio es fundamental para garantizar que los representantes de los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS sean electos de manera directa y sin interferencia, asegurando la independencia de su representación.

El Convenio N.º 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva refuerza la protección de los trabajadores para ser representados por organizaciones de su elección en las negociaciones colectivas. La reforma propuesta al artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS asegura que los trabajadores tengan una representación efectiva y legítima en la Junta Directiva, de acuerdo con estos principios.

Además, el Convenio N.º 135 sobre los representantes de los trabajadores y el Convenio N.º 144 sobre la consulta tripartita, destacan la importancia de que los representantes de los trabajadores gocen de protección legal para desempeñar sus funciones, así como que las consultas entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores se realicen a través de procedimientos en los que participen las organizaciones más representativas. La reforma propuesta garantiza que la CCSS continúe siendo una institución alineada con las obligaciones internacionales de Costa Rica en materia de derechos laborales, diálogo social y consulta tripartita. Importancia de la representación a través de las organizaciones más representativas

Para asegurar una verdadera representatividad en la Junta Directiva de la CCSS es esencial que los representantes de los sectores sindical y solidarista sean electos por las organizaciones más representativas de dichos sectores. Este enfoque garantiza que los representantes elegidos gocen del respaldo y la confianza de la mayoría de los trabajadores y afiliados a nivel nacional, asegurando así que la voz de los trabajadores sea escuchada de manera efectiva en la toma de decisiones.

El principio de que los representantes de los trabajadores deben ser designados por las organizaciones más representativas no solo está alineado con los convenios internacionales de la OIT, sino que también es una salvaguarda contra la posible fragmentación o falta de legitimidad de la representación. Al permitir que las organizaciones más representativas del movimiento sindical y del movimiento solidarista designen directamente a sus representantes, se asegura que los intereses del sector laboral estén adecuadamente representados en la CCSS.

Este principio es vital para mantener la paz social en Costa Rica, ya que asegura que las decisiones que afectan a los trabajadores sean tomadas por quienes realmente entienden y representan sus necesidades. Al fortalecer la representatividad, se promueve un diálogo más inclusivo y efectivo en la Junta Directiva, lo que redunda en una gestión más justa y equitativa de los recursos de la seguridad social.

Beneficios de la reforma propuesta

a)  Fortalecimiento de la autonomía institucional: esta reforma garantizará que la independencia de la CCSS no se vea comprometida por la intervención del Poder Ejecutivo en la designación de los representantes laborales. Al asegurar que los representantes sindicales y solidaristas sean elegidos por las organizaciones más representativas de dichos movimientos, se refuerza la autonomía de la Junta Directiva y, por ende, de la institución.

b)  Representación auténtica y democrática: al eliminar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo designe indirectamente a los representantes de los sectores sindical y solidarista a partir de ternas abiertas, y al garantizar que estos sean designados por las organizaciones más representativas, se asegura que los representantes cuenten con el respaldo y la confianza plena de sus bases. Esto contribuirá a una toma de decisiones más legítima y representativa en la Junta Directiva de la CCSS.

c)  Consolidación del principio democrático y la paz social: la reforma refuerza el principio democrático que subyace a la estructura tripartita de la CCSS, al permitir que los sectores laborales tengan un papel decisivo en la elección de sus representantes. Esto no solo protege la autonomía de la CCSS, sino que también contribuye a la estabilidad social y económica del país, al garantizar que las decisiones que afectan a los trabajadores sean tomadas por quienes verdaderamente los representan.

d) Cumplimiento de obligaciones internacionales: la propuesta alinea la legislación costarricense con los compromisos internacionales adquiridos en el marco de la OIT. Al garantizar la libertad sindical y la representación auténtica en la Junta Directiva de la CCSS, Costa Rica cumple con los principios consagrados en los convenios N.º 87, N.º 98, N.º 135 y N.º 144 de la OIT, consolidando su posición como un país comprometido con los derechos laborales y la justicia social.

Reformar el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS es un paso esencial para consolidar la autonomía de esta institución fundamental para la sociedad costarricense. Al garantizar que los sectores sindical y solidarista designen de manera independiente a sus representantes en la Junta Directiva, se refuerza la independencia de la CCSS y se asegura una representación auténtica y democrática de los trabajadores. Además, esta reforma asegura que Costa Rica cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales y refuerza la paz social y la estabilidad del país.

Por todo lo anterior, se somete a conocimiento y consideración de las señoras diputadas y de los señores diputados el presente proyecto de ley, para su tramitación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 6 Y ADICIÓN DE UN INCISO NUEVO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N.º 17, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR LA AUTONOMÍA EN LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES   SINDICALES Y SOLIDARISTAS EN LA CCSS

 ARTÍCULO 1-         Se reforma el artículo 6 de la Ley N.° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de 22 de octubre de 1943; para que en adelante se lea de la siguiente forma:

Artículo 6-  La Caja será dirigida por una Junta Directiva, integrada en la siguiente forma:

1-  Un presidente ejecutivo de reconocida experiencia y conocimientos en el campo correspondiente a la institución, designado libremente por el Consejo de Gobierno. Su gestión se regirá por las siguientes normas:

a)  Será el funcionario de mayor jerarquía para efectos del gobierno de la institución, cuya Junta Directiva presidirá. Le corresponderá fundamentalmente velar por que se ejecuten las decisiones tomadas por la Junta Directiva, así como coordinar internamente la acción de la institución, y la de esta con las demás instituciones del Estado. Asimismo, asumirá las demás funciones que por ley están reservadas al presidente de la Junta Directiva y las otras que le asigne la propia Junta.

b)  Será un funcionario de tiempo completo y dedicación exclusiva; consecuentemente no podrá desempeñar otro cargo público ni ejercer profesiones liberales.

c)  Podrá ser removido libremente por el Consejo de Gobierno, en cuyo caso tendrá derecho a la indemnización laboral que le corresponda por el tiempo servido en el cargo. Para determinar esa indemnización se seguirán las reglas fijadas en los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo, con las limitaciones en cuanto al monto que esos artículos determinan.

d)  Tendrá la representación de la institución, con facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma. No será necesaria la inscripción de su personería en el Registro Público y bastará únicamente la publicación de acuerdo de nombramiento en La Gaceta.

2)  Dos representantes del Estado, de libre nombramiento del Consejo de Gobierno, quienes no podrán ser ministros de Estado, ni sus delegados.

3) Tres representantes del sector patronal. Estos representantes serán designados por la Unión Costarricense de Cámaras y asociaciones del sector empresarial privado.

4) Tres representantes del sector laboral: uno del movimiento cooperativo, uno del movimiento sindical y uno del movimiento solidarista. El representante del movimiento cooperativo será designado por el Consejo Nacional de Cooperativas. 

El representante del movimiento sindical y del movimiento solidarista será designado por la organización más representativa de cada movimiento, la cual será determinada por el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con base en criterios objetivos y cuantitativos.

La elección de los representantes de los incisos 3) y 4) anteriores se realizará mediante asamblea extraordinaria de las respectivas organizaciones, convocada para tal efecto y celebrada conforme a la ley. Los representantes que resulten electos serán nombrados por el Consejo de Gobierno, sin que el Poder Ejecutivo pueda impugnar tales designaciones. Los representantes serán nombrados por períodos de cuatro años y podrán ser reelectos por una única vez.

Las respectivas asambleas elegirán a sus representantes por mayoría absoluta de sus miembros. En estas asambleas solo podrán participar las asociaciones o entes debidamente inscritos y organizados de conformidad con la ley, y que no se encuentren morosos en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social.

La Caja Costarricense de Seguro Social informará con antelación suficiente a los sectores en que, por renuncia o por vencimiento del plazo de nombramiento, quedará vacante el cargo de su representante ante la Junta Directiva de la institución, para que en el plazo de treinta días hábiles se celebre la correspondiente Asamblea que elegirá al nuevo representante.

Si la Asamblea no se celebra dentro del plazo indicado, o no elige al nuevo representante, el Consejo de Gobierno podrá nombrar libremente a un representante de forma temporal, quien ocupará el cargo hasta que se realice la asamblea y designación correspondiente, y el Consejo de Gobierno nombre al representante definitivo del sector.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social dispondrá reglamentariamente los procedimientos necesarios para complementar los procesos de elección indicados en este artículo.

ARTÍCULO 2- Se adiciona un inciso nuevo al artículo 9 de la Ley N.° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, de 22 de octubre de 1943; para que en adelante se lea de la siguiente forma:

Artículo 9-  Cesará de ser miembro de la Junta Directiva:

(…)

Inciso nuevo) El que tenga una medida cautelar judicial o sentencia judicial en firme.

(…).

Rige a partir de su publicación.

        Kattia Rivera Soto                              Óscar Izquierdo Sandí

   Alejandra Larios Trejos               Geison Enrique Valverde Méndez

Rosaura Méndez Gamboa             Katherine Andrea Moreira Brown

María Marta Padilla Bonilla              Vanessa de Paul Castro Mora

Gloria Zaide Navas Montero                 Monserrat Ruiz Guevara

José Francisco Nicolás Alvarado   Luis Fernando Mendoza Jiménez

Andrés Ariel Robles Barrantes             Olga Lidia Morera Arrieta

     Pedro Rojas Guzmán                       Kattia Cambronero Aguiluz

    Andrea Álvarez Marín                          Danny Vargas Serrano

      Sonia Rojas Méndez                     José Joaquín Hernández Rojas

Alejandro José Pacheco Castro     Paulina María Ramírez Portuguez

Diputadas y diputados

NOTA:        Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales,  materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024895895 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA PARCIAL DE LA LEY PARA PREVENIR

LA REVICTIMIZACIÓN Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EN EL

SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE,

LEY 9999, DEL 27 DE AGOSTO DE 2021

Expediente N.° 24.565

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto tiene como objetivo fundamentar la necesidad y pertinencia de la reforma al artículo 3, inciso o), de la Ley 9999, denominada “Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense”, y de esa manera darle una interpretación bajo la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.

La Ley 9999 se aprobó el día 29 de junio del 2021, y empezó a regir el día 27 de agosto de ese mismo año, con el fin de prevenir la revictimización de las personas menores de edad, cuando estas figuran como denunciantes de alguna situación acontecida en el ámbito educativo relacionada con maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor.

Surgió precisamente por iniciativa de la Defensoría de los Habitantes y un grupo de diputaciones para reconocer a las personas menores como sujetas de derecho, por investigaciones disciplinarias reiteradas en el MEP, para sancionar conductas de personas funcionarias, en casos de maltrato físico, emocional y sexual. Además, de una diferencia entre las garantías de la persona docente investigada y la protección de la persona menor de edad estudiante, para quienes la participación era casi nula y más bien sometiéndoles a procedimientos y actos revictimizantes.

Es importante destacar que en su momento la Defensoría de los Habitantes, ante este razonamiento indicó esta ley no generó un menoscabo a los derechos y garantías constitucionales del personal docente y administrativo del MEP y que esta normativa había superado el filtro de constitucionalidad, ya que una vez que entró en vigor la Asociación de Profesoras de Segunda Enseñanza (APSE) planteó una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, la cual en la resolución N.° 2022-013100 el 08 de junio de 2022 fue declarada sin lugar en toda su extensión. En esa acción la Defensoría de los Habitantes rechazó que las reformas y adiciones introducida en esa ley, violentaran la Constitución Política o los principios del debido proceso y derecho de defensa, así como el principio de inocencia, principio de carga de la prueba, principio de igualdad y no discriminación y el principio de razonabilidad y proporcionalidad en perjuicio del personal docente investigado.

En el año 2023, se planteó una reforma a esta ley bajo el expediente 23.593, que conllevó a la desaplicación de las normas protectoras de la ley 9999, a las personas estudiantes con discapacidad, en circunstancias en las que se hace necesario realizar contención física o entrar en contacto físico con éstas.

Asimismo, la Defensoría de los Habitantes consideró que dicha reforma era violatoria de los principios de interés superior del niño y la niña y de supervivencia y desarrollo reconocidos en la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Además, es regresivo y devuelve al escenario de desprotección anterior de la niñez y la adolescencia.

Abordado lo anterior, esta nueva reforma busca aclarar la justificación y fortalecer los mecanismos de protección para estudiantes con discapacidad, en circunstancias en las que se hace necesario realizar contención física o entrar en contacto físico con éstas, los cuales no estaban contemplados en la reforma en la Ley 10420 anteriormente aprobado.

Se espera que contribuya a una administración más eficiente de recursos públicos, reduzca la litigiosidad asociada a confusiones en el abordaje del tema conductual en estudiantes en situación de discapacidad, dentro del Espectro del Autismo, con Síndrome de Down u otra condición que pueda implicar lo que se denomina conducta problemática, y que, según Martín, M. (2009) lo define como:

Un comportamiento que constituye un reto para los servicios de apoyo y destaca la necesidad de modificar la prestación de apoyos para superar tal dificultad comportamental y lograr que la persona alcance una vida satisfactoria en la comunidad. Además, las conductas problemáticas generalmente son adaptativas, suelen servir a una función para quien las muestra, lo que explica su elevada estabilidad y frecuencia.

De igual forma, cada centro educativo deberá elaborar el respectivo procedimiento, para apoyar a estudiantes que se encuentren en crisis conductuales, que según la definición del MEP es:

Una reacción emocional y conductual de alta intensidad y con una gran probabilidad de agravarse, en la que temporalmente la persona pierde la racionalidad y el control de su propio comportamiento, por lo que requiere apoyo y cuidado, para proteger su propia integridad y la de terceras personas, hasta que recupere la capacidad de autocontrol. Esta situación está precedida por un estímulo desencadenante, que puede ser interno o externo y que en ocasiones ni siquiera está presente en el propio centro educativo. (MEP, 2021)

El desarrollo integral del ser humano incluye el proceso de adquisición de habilidades de autodirección, que engloban entre otras, la capacidad de regular su propio comportamiento, resolver situaciones problemáticas, gestionar las propias emociones, solicitar apoyo, seguir indicaciones y horarios. Partiendo de esta premisa, se deben reconocer dos axiomas: primeramente, que las personas menores de edad requieren apoyo para adquirir y utilizar estas habilidades y es esperable, ocasionalmente o ante la presencia de barreras para el aprendizaje de estas, que niños, niñas o adolescentes presenten crisis conductuales; el segundo, que además se deduce del anterior, las crisis conductuales no son eventos que pueden ocurrirle únicamente a estudiantes en situación de discapacidad.

Por tanto, la postura del centro educativo debe ser formativa, es decir realizar una valoración integral de la situación, para determinar la etiología del comportamiento agresivo y a partir de ésta generar los apoyos que la persona requiera, para aprender las habilidades de afrontamiento y autocontrol, necesarias para superar futuras situaciones similares.

La crisis conductual debe entenderse como un incidente de emergencia, en el que cualquier persona funcionaria del centro educativo está en obligación de actuar, de una forma proactiva y no violenta, en aras de resguardar la integridad y dignidad de las personas estudiantes, tanto de la persona que se encuentra en crisis como de las demás.

Las crisis conductuales son incidentes de emergencia donde todo el personal del centro educativo debe actuar de manera proactiva, no violenta, dentro del marco legal vidente y en aras de resguardar la integridad y dignidad de las personas estudiantes.

Es importante destacar que un procedimiento general puede resultar insuficiente en sí mismo, por eso, el estudiantado que presenta conductas problemáticas debe contar, además, con un plan de apoyo conductual personalizado, en el que se establecen estrategias de prevención primaria y secundaria para evitar que un evento así llegue a suceder.

En conclusión, la reforma al artículo 3, inciso o) de la Ley 9999 es crucial para adaptar nuestra legislación a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, ley 8661 y asegurar un marco legal que promueva el respeto a la dignidad inherente de las personas estudiantes en situación de discapacidad.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA PARCIAL DE LA LEY PARA PREVENIR

LA REVICTIMIZACIÓN Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EN EL

SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE,

LEY 9999, DEL 27 DE AGOSTO DE 2021

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 3 de la Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense, Ley 9999, del 27 de agosto de 2021, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 3-  Definiciones y siglas

Para efectos de la siguiente ley se entiende lo siguiente:

o)  Maltrato físico: toda acción intencional e injustificada en contra de la integridad física de la persona estudiante menor de edad, realizada por la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).

No constituyen maltrato físico los casos en que la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), deba entrar en contacto físico o deba asistir físicamente a estudiantes con alguna condición permanente o temporal derivada de problemas emocionales o de conducta, siempre que este contacto o asistencia sea justificado como un apoyo personal para garantizar una educación inclusiva o la seguridad física de los estudiantes, así como los casos en que dicho personal deba entrar en contacto físico o deba asistir físicamente a estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad, siempre que este contacto o asistencia sea justificado y cumpla con el objetivo de ser un apoyo personal para garantizar una educación inclusiva.

Dicha justificación debe estar amparada en un plan de apoyo personalizado, los documentos oficiales del MEP y la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.

Rige a partir de su publicación.

Andrea Álvarez Marín

Diputada

NOTA:              Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024895898 ).

PROYECTO DE LEY

LEY PARA AUTORIZAR AL MINISTERIO DE OBRAS

PÚBLICAS Y TRANSPORTES PARA QUE DESAFECTE

Y DONE AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD

Expediente N.º 24.566

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Upala es el cantón número 13 de la provincia de Alajuela, Costa Rica. Fue fundado el 17 de marzo de 1970. Su cabecera y ciudad más importante es Upala.

Según criterios geográficos de división regional, se ubica en la Zona Norte conformada por el cantón de San Carlos, Los Chiles y Guatuso, y el cantón herediano de Sarapiquí.

Posee una extensión de aproximadamente 1580.67 km², lo que lo hace el segundo cantón más extenso de la provincia de Alajuela, luego de San Carlos. Limita al norte con la República de Nicaragua; al este, sureste y sur con los cantones alajuelenses de Los Chiles y Guatuso, y de sur a oeste con los cantones guanacastecos de Cañas, Bagaces, Liberia y La Cruz, respectivamente. Se encuentra dividido en 8 distritos.

De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2023 Upala tenía 56 173 habitantes: 27 683 mujeres (49,3%) y 28 490 hombres (50,7%). Los habitantes de Upala representaban el 5,3% de la población de Alajuela en 2023.

En el año 2009 y debido a la gran necesidad de contar con una oficina de licencias que brindara servicio no solo a los habitantes de Upala, sino también a los habitantes de cantones vecinos, el ingeniero Luis Guillermo Vargas Ramírez, dueño de la empresa Arrocera Upala S. A. donó un terreno al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ubicado en el centro de la ciudad, con la finalidad de que el MOPT ubicara una oficina de licencias en ese terreno.

En vista de que el MOPT no utilizó el terreno, actualmente, la Municipalidad gestiona la obtención de un lote en la localidad de Santa Rosa de Upala, para construir dicha oficina de licencias, por lo tanto, el lote sigue sin ningún uso.

Por otro lado, la preocupación popular por la inseguridad ciudadana llegó a su punto más alto en este año, convirtiéndose en la peor dificultad por la cual atraviesa el país. Conociendo esta realidad y analizando la situación que enfrenta el cantón de Upala, debido a que no cuenta con una delegación policial, lo cual lo convierte en un territorio aún más vulnerable a los embates de la delincuencia y el crimen organizado, se ha pensado en la necesidad imperativa de que el Ministerio de Seguridad cuente con sus propias instalaciones y una delegación policial destacada en el cantón.

Las necesidades son muchas, la cantidad de kilómetros de frontera que se debe patrullar y resguardar la vuelve una zona muy permeable y vulnerable frente el crimen organizado. Es necesario contar con personal de seguridad y una delegación desde donde se puedan organizar acciones de protección y resguardo de la seguridad cantonal.

No es nada nuevo y todos hemos escuchado las recurrentes noticias donde se habla del decomiso de armas, maquinarias, alimentos o se incauten grandes cantidades de medicamentos que ingresan de forma irregular y sin controles sanitarios, siendo un peligro para la salud pública, así como el trasiego de animales, de personas, etc.

Sin contar que todas estas actividades las han estado atendiendo los pocos oficiales de seguridad que están destacados en el cantón, en condiciones deplorables. Así las cosas, se vuelve más necesario contar con esta delegación policial, además de lo conveniente y estratégico que resultaría la ubicación de dicho inmueble, no solo para este cantón de la zona norte-norte, sino para los demás pueblos colindantes pertenecientes a cantones vecinos.

Por las razones anteriores y basada en motivos de superiores intereses colectivos de la población de Upala, someto a consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA AUTORIZAR AL MINISTERIO DE OBRAS

PÚBLICAS Y TRANSPORTES PARA QUE DESAFECTE

Y DONE AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD

ARTÍCULO 1-          Autorización

Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con cédula de persona jurídica número dos – uno cero cero – cero cuatro dos cero cero ocho (N.° 2-100-042008) para que desafecte un terreno de finca inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, partido de Alajuela, con matrícula de folio real número 2-00273467-000, que hoy es terreno de naturaleza destinado a la sede regional de la Dirección General de Educación Vial, situado en el distrito primero Upala, cantón trece Upala, de la provincia de Alajuela; con una medida de dos mil seiscientos quince metros cuadrados (2615 m²); según el plano catastrado A-uno siete seis tres nueve ocho siete - dos cero uno cuatro (A-1763987-2014), inscripción: 2-1763987-2014, con los siguientes linderos: norte: resto de Arrocera Upala S. A.; sur: calle pública; al este: resto de Arrocera Upala S. A. y al oeste: resto de Arrocera Upala S. A. y lo done en su totalidad al Ministerio de Seguridad Pública, con cédula de persona jurídica dos-uno cero cero- cero cuatro dos cero uno uno (N.° 2-100-042011).

ARTÍCULO 2-          Destino de los terrenos

El terreno donado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes al Ministerio de Seguridad Pública será destinado a la construcción de una delegación policial, que atienda las necesidades de seguridad en el cantón y zonas cercanas.

ARTÍCULO 3-          Otorgamiento

Se autoriza a la Notaría del Estado para que otorgue la escritura de traspaso correspondiente. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que pueda señalar el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble.

Rige a partir de su publicación.

Dinorah Cristina Barquero Barquero

Diputada

NOTA:        Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024895902 ).

PROYECTO DE LEY

LEY PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN

FISCAL SOBRE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Expediente N.° 24.567

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Con el propósito de consolidar un marco normativo sólido y garantizar una seguridad jurídica robusta, el Primer Poder de la República tiene la responsabilidad de promover un ordenamiento jurídico coherente, fortalecido y actualizado que se ajuste a la realidad actual del país. Aunque Costa Rica ha avanzado en este sentido, aún enfrenta numerosos desafíos en su marco legal, ya que persiste un exceso de normas, así como leyes obsoletas y desactualizadas.

Un claro ejemplo de esta problemática es el impuesto a espectáculos públicos. Este tributo de larga data ha sido objeto de numerosas reformas y de normativa complementaria, lo que ha dado lugar a una situación legal extremadamente desordenada. A continuación, se detalla el historial de modificaciones y ajustes que ha experimentado este impuesto:

Periodo	Cambio
Ley N.° 3, de 14 de diciembre de 1918	Esta ley generó el impuesto sobre los espectáculos públicos, con el objetivo inicial de aumentar los ingresos del Estado.
Ley N.° 1, de 2 de septiembre de 1918	Esta ley preexistente no se enfocó en los espectáculos públicos, pero se mencionó en relación con la Ley N.° 3, lo que llevó a investigar si el impuesto había sido creado por ella.
Leyes de 1928 a 1932	Estas leyes dirigieron parte de los ingresos del impuesto a instituciones educativas como el Instituto de Alajuela, el Colegio Superior de Señoritas y otros colegios.
Leyes de 1939 a 1952	Durante este período, el impuesto fue utilizado para financiar una variedad de instituciones y causas, incluyendo el Asilo Nacional de Leprosos Las Mercedes. Las reformas ajustaron las tarifas y extendieron el impuesto a diferentes tipos de espectáculos y lugares.
Ley N.° 6844, del 11 de enero de 1983	Estableció que las municipalidades serían las beneficiarias principales del impuesto sobre los espectáculos públicos.
Ley N.° 3632, de 16 de diciembre de 1975	Se destinó el impuesto para la restauración del Teatro Nacional, exonerando algunos espectáculos culturales y deportivos del tributo.
Leyes de 1968 a 1975	Estas leyes continuaron el impuesto con ajustes que reflejaban un enfoque en la planificación urbana y exenciones para eventos culturales y deportivos recomendados por el Ministerio de Cultura o la Universidad de Costa Rica.
Leyes y decretos de 1976 a 1987	En este período se mantuvo la vigencia del impuesto, con ajustes en la distribución de los ingresos y cambios en la fiscalización. Las reformas también aclararon aspectos como la recaudación del impuesto en eventos con consumo mínimo.

 

Tabla resumen realizada por el despacho del diputado Horacio Alvarado, con datos de la PGR, 2024

Como se observa en la tabla anterior, esta ley ha sido objeto de numerosos cambios y normativa complementaria. Como resultado, un solo impuesto se encuentra fragmentado en casi cinco leyes distintas, cada una con propósitos y contextos diferentes. Además, algunos aspectos del impuesto están regulados por normas que parecen completamente ajenas a su contexto actual. Otra de las problemáticas que exacerba este problema es la desordenada y confusa situación con los beneficiarios del tributo. A lo largo del tiempo, los beneficiarios del impuesto han cambiado en múltiples ocasiones. Entre los beneficiarios destacados se encuentran los siguientes:

1.     Las Arcas del Estado en General

2.     Instituto de Alajuela

3.     Colegio Superior de Señoritas

4.     Liceo de Costa Rica

5.     Colegio San Luis Gonzaga

6.     Escuela Normal de Costa Rica

7.     Juntas Administrativas de los Colegios de Segunda            Enseñanza

8.     Patronato Nacional de la Infancia

9.     Juntas Provinciales de Protección de la Infancia

10.   La Universidad de Costa Rica

11.   Asilo Nacional de Leprosos Las Mercedes

12.   Caja Costarricense de Seguro Social

13.   Teatro Nacional

14.   Las municipalidades

Actualmente, los beneficiarios del tributo son el Teatro Nacional, de acuerdo con la Ley 3632, y las municipalidades, según la Ley 6844. El problema radica en que, a diferencia de modificaciones anteriores, cuando se determinó que las municipalidades serían los nuevos beneficiarios del tributo, no se derogó (a propósito, o no) la asignación previa al Teatro Nacional, que había sido establecido originalmente para renovar su infraestructura y realizar el mantenimiento necesario, según la Ley 3632. A continuación, un breve resumen de ambos beneficiarios:

IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS A FAVOR DEL TEATRO NACIONAL: con la Ley 3632, del 16 de diciembre de 1965, se declara al Teatro Nacional como monumento nacional y lo declara beneficiario del impuesto. Posteriormente, la Ley 5780, del 11 de agosto de 1975, amplía la normativa y establece cómo se debe de distribuir el impuesto.

Cabe mencionar que el principal objetivo del tributo en relación con este beneficiario está desactualizado. A pesar de las reformas, la esencia del tributo ha permanecido inalterada, centrada en la RENOVACIÓN del teatro. Según la definición de la RAE: “renovar” significa “hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer estado”, y este objetivo planteado en el momento histórico que se planteó, ya se ha cumplido adecuadamente. Posteriormente, la Ley 5780, del 11 de agosto de 1975, le da una nueva distribución a los fondos, pero no actualizó el propósito de la ley.

Por tanto, el propósito de esta contribución fiscal se ha alcanzado, ya que su meta primordial ha sido lograda. Aunque posteriormente se menciona el “mantenimiento”, toda la normativa sugiere que el objetivo principal, el espíritu de la ley que busca beneficiar al teatro, es principalmente la renovación de este. Por lo tanto, una modernización de este impuesto debería ir de la mano con la actualización de su propósito y contexto, lo cual se plantea en este proyecto de ley.

IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES: Establecido por la Ley N.° 6844, que “Establece el Impuesto a Espectáculos Públicos a favor de las Municipalidades y Reforma la Norma sobre Bienes Muebles e Inmuebles, Rentas y Recursos de la Junta Nacional de la Vivienda y las Cooperativas Casas Baratas, La Familia, transfiriendo estos recursos a la CCSS”. Esta ley modifica el artículo 4 de la Ley N.° 148 de Pensiones de Hacienda, la cual está derogada excepto por este artículo específico. En otras palabras, la ley sigue vigente únicamente para mantener un impuesto que no guarda relación con la ley original, cuyo propósito era regular las pensiones relacionadas con los trabajadores del Ministerio de Hacienda.

Esta situación generó una importante confusión con respecto al impuesto, pues ambos beneficiarios han tratado el impuesto casi como si fuesen dos impuestos separados. Cada uno tiene su propia ley, sus propios reglamentos, sus diferentes entes administradores y sus diferentes tarifas (5% las municipalidades y 6% el Teatro Nacional). Con tanta diferenciación entre los beneficiarios, la tramitología y la diversa normativa relevante para cada uno, es fácil confundir esto como dos impuestos separados en vez de un único impuesto con dos beneficiarios distintos.

Por otro lado, después de realizar un estudio exhaustivo de la normativa relacionada a cada beneficiario, es fácil notar la baja calidad normativa y las carencias que cada una de estas normas presenta. Dicho planteamiento es respaldado por la Procuraduría General de la República, el cual reconoce la carencia de elementos esenciales y claridad en la normativa. A continuación, el siguiente pronunciamiento:

“Del análisis histórico del impuesto sobre los espectáculos públicos, podemos tener como corolario, que, si bien al principio dicho impuesto nació para llevar dineros frescos a diversas instituciones, con el transcurso del tiempo se fue direccionando en beneficio de las entidades municipales y a favor de algunas instituciones en específico como el Teatro Nacional. Es importante también destacar, que, si bien el impuesto sobre los espectáculos públicos no ha tenido bien definido los elementos esenciales, si es claro que el hecho generador ha sido el mismo a través de su desarrollo histórico, a saber, el espectáculo público como tal, la tarifa, aunque la misma ha sido variable, el sujeto activo y el sujeto pasivo.”

“De acuerdo al desarrollo histórico del impuesto sobre espectáculos públicos a través de diferentes leyes, se tiene que la ley vigente a la fecha es la N.° 6844, que no es más que una reforma introducida por su artículo 1° al inciso 1) del artículo 4 de la Ley N.° 148, y posteriormente adicionada por el artículo 16 de la Ley N.° 6890, quedando el texto vigente con la siguiente redacción”

La desorganización y desactualización de esta normativa no solo compromete el objetivo de contar con un marco normativo sólido y una amplia seguridad jurídica, sino que también tiene importantes implicaciones económicas para la industria de espectáculos públicos. Este sector, que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, desempeña un papel crucial en nuestra economía, generando un impacto económico significativo y positivo. En un contexto de creciente competencia regional para el desarrollo de espectáculos, Costa Rica debe posicionarse a la vanguardia para competir en un mercado internacional cada vez más desafiante. Para lograrlo, es esencial que el país actualice su normativa y brinde la mayor seguridad jurídica posible a los productores de espectáculos públicos, tanto nacionales como internacionales.

A raíz de lo expuesto, este proyecto de ley tiene como objetivo ordenar el impuesto en una única ley, que acuerpe a ambos beneficiarios y además mejore la calidad de la normativa, estableciendo de manera clara los elementos esenciales del impuesto. Además, al organizar el tributo en una única norma, se estaría facilitando la implementación de posibles reformas, lo cual nos permite tener más flexibilidad y control tributario. Todo lo planteado contribuye a tener mejor ejecución y transparencia tributaria.

Por otro lado, este proyecto plantea simplificar la tramitología para los sujetos pasivos con el fin de que el pago de este impuesto no esté sometido a tanta burocracia y diferente tramitología, esto acorde al principio de simplificación de trámites.

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se presenta el siguiente análisis, para fundamentar el impacto de este proyecto en concordancia con la agenda 2030 con la cual el país este fuertemente comprometido:

a)  Objetivo 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico): un sistema tributario más eficiente y un ordenamiento jurídico claro y conciso promueven la seguridad jurídica, característica distintiva de nuestro país. Esto fomenta la confianza en el sector productivo e incentiva la inversión en espectáculos públicos.

b)  Objetivo 9 (Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación): este objetivo se relaciona con el proyecto a través de la modernización de las normativas y la creación de un entorno legislativo que facilite la innovación y la eficiencia en la administración pública y tributaria. Además, al promover la innovación y el desarrollo de la industria de espectáculos públicos, se genera un mayor interés en el desarrollo de infraestructuras adecuadas y competentes o en el mejoramiento de infraestructura ya existente.

c)  Objetivo 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas): este objetivo es sumamente pertinente, ya que promueve la creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. Al unificar y modernizar la normativa, se establece un marco jurídico más claro y cohesivo, lo que a su vez contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho.

ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN

FISCAL SOBRE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 1-          Impuesto a espectáculos públicos

Se establece un impuesto a todos los espectáculos públicos no gratuitos o de diversión que requieran del pago de una entrada o una cantidad mínima de consumo para su disfrute.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por espectáculo público cualquier actividad, representación o evento que se realice en estadios, centros de eventos, teatros, cines, salones de baile, discotecas, locales, espacios públicos o privados. El espectáculo público es de carácter masivo cuando tenga una asistencia de más de 999 personas, menor a esta cantidad se considerará un espectáculo público no masivo.

ARTÍCULO 2-          Hecho generador

La obligación tributaria se genera por la realización de espectáculos públicos y diversiones que no sean gratuitas, donde se cobre por ingreso, consumo mínimo, bar libre, admisión consumible, derecho de admisión o similares.

ARTÍCULO 3-          Base imponible

La base imponible sobre la cual debe calcularse el porcentaje correspondiente del impuesto es sobre los ingresos brutos generados por la venta de boletas, tiquetes o entradas individuales a todos los espectáculos públicos y de diversión no gratuitos referidos en el artículo primero.

Si el evento requiere un consumo mínimo, este se calculará sobre la cantidad que resulte de la suma del ingreso generado por el valor de las entradas, más el consumo mínimo exigido. En el caso de que solo se cobre consumo mínimo, sobre este se cobrará el impuesto.

No forman parte de la base imponible los cargos por servicio de compra de tiquetes, impuestos adicionales ni otros cargos que aumenten el valor del precio final al consumidor, siempre y cuando no representen ingresos al organizador del evento.

ARTÍCULO 4-          Sujetos pasivos

Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas o jurídicas que, incluso de manera eventual, ejerzan la organización del espectáculo público o diversión de carácter nacional o internacional en el país. Además, son contribuyentes de este impuesto las personas físicas o jurídicas propietarias, poseedoras, arrendatarias o usufructuarias de los inmuebles dedicados a la presentación de los espectáculos y diversiones indicados en el artículo 2 de esta ley, cuando estos sean los beneficiarios de los ingresos generados con la actividad.

Cuando la actividad a realizar se realice en un inmueble de dominio público, el contribuyente del impuesto será únicamente la persona física o jurídica que tenga a su cargo la organización del evento.

Se consideran sujetos pasivos solidarios:

a)  Los empresarios que permanentemente realizan espectáculos públicos, cuando hayan cedido, a título oneroso, el uso o disfrute eventual de las instalaciones a un tercero que va a realizar el espectáculo público o de diversión.

b)  Los propietarios de locales, lotes o terrenos, cuando a título oneroso lo ceden eventualmente para la realización de diversiones o espectáculos públicos gravados.

ARTÍCULO 5-          Tarifa

La tarifa corresponde al 9% de los ingresos brutos generados por la venta de cada boleta, tiquete o entrada individual a todos los espectáculos públicos y de diversión no gratuitos a los que hace referencia el artículo primero de esta ley, cuando el espectáculo se efectúa en la región central del país. De dicho porcentaje corresponderá 3% a la Junta Administrativa del Teatro Nacional y 6% a la municipalidad en cuya jurisdicción territorial se lleve a cabo el evento.

Cuando el espectáculo público no se efectúa en la región central del país, la tarifa del impuesto será de 6% y corresponderá en su totalidad a la municipalidad en cuya jurisdicción territorial se lleve a cabo el evento.

ARTÍCULO 6-          Pago del impuesto

Los sujetos pasivos deberán pagar el impuesto creado en la presente ley por los medios, en la forma y las condiciones que establezcan las municipalidades, a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes al devengo del impuesto, conforme a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.° 7472, del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas.

ARTÍCULO 7-          Administración y fiscalización

Para efectos de este impuesto, las municipalidades tendrán el carácter de administración tributaria. Se encargarán de recaudar y tramitar el cobro judicial y de administrar, en sus respectivos territorios, el tributo conforme a las disposiciones de la presente ley.

Las municipalidades son responsables por la correcta transferencia de los recursos correspondientes a la Junta Administrativa del Teatro Nacional. La Junta Administrativa del Teatro Nacional se encargará de hacer la distribución correspondiente según las disposiciones de esta ley.

ARTÍCULO 8-          Distribución del impuesto

Los recursos correspondientes al 6% del impuesto que perciban las municipalidades se distribuirán de la siguiente manera:

-    Uno por ciento (1%) lo destinará a la administración del impuesto.

-    El cinco por ciento (5%) restante se distribuirá de la siguiente manera:

-    Cincuenta por ciento (50%) para programas sociales.

-    Treinta por ciento (30%) para programas culturales.

-    Veinte por ciento (20%) para programas deportivos.

Los recursos correspondientes al 3% del impuesto que correspondan a la Junta Administrativa del Teatro Nacional, cuando el espectáculo se efectúa en la región central del país, se distribuirán de la siguiente manera:

-    Cincuenta por ciento (50%) para la Junta Directiva del Teatro Nacional, para atender las obras de mantenimiento del Teatro Nacional.

-    Treinta por ciento (30%) a la Compañía Nacional de Teatro, para sus programas de extensión, difusión y promoción.

-    Diez por ciento (10%) para la Dirección General de Artes y Letras.

-    Diez por ciento (10%) para los programas juveniles de la Orquesta Sinfónica Nacional, todas unidades del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, que cumplen actividades de extensión cultural.

ARTÍCULO 9-          Exoneraciones

Se exonera del pago de este impuesto los eventos masivos o no masivos de carácter cultural que sean propiamente declarados de interés público por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), así como los eventos deportivos declarados de interés público por el Icoder. Ambos entes deberán reglamentar la tramitología relacionada a esta declaratoria.

Además, están exentos del pago de este impuesto, todos los espectáculos y actividades de diversión, cuando el producto íntegro se destine a fines no lucrativos, escolares, de beneficencia o sociales, previa aprobación de la municipalidad correspondiente.

ARTÍCULO 10-        No sujeciones

No están sujetos a este impuesto los eventos religiosos de carácter no masivo ni los eventos realizados por partidos políticos.

ARTÍCULO 11-        Sanción

En los casos de incumplimiento o pago tardío, la administración tributaria exigirá el pago del impuesto, junto con los intereses y las sanciones correspondientes, de conformidad con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas.

ARTÍCULO 12-        Mecanismo de garantía

Como mecanismo de garantía, se autoriza a las entidades financieras supervisados por la Sugef a actuar como retenedores de la taquilla del espectáculo público masivo con facultad de retención o percepción de estos tributos y derechos generados a partir de las preventas o ventas de entradas, según lo estipulado en los artículos 23 y 24 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas.

El ente financiero retenedor de la taquilla deberá trasladar el porcentaje retenido a la municipalidad en un plazo máximo de 7 días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo de retención de 10 días, establecido por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Activa del Consumidor, Ley N.° 7472, del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas.

La municipalidad no podrá exigir el pago del impuesto por adelantado, salvo en los supuestos del artículo 14 establecidos en esta ley.

Para la aplicación de este mecanismo las municipalidades deberán reglamentar, acorde con el principio de simplificación de trámites.

Los organizadores y productores de espectáculos públicos no masivos que realicen la venta de boleta, tiquete o entrada individual el mismo día del evento deben cumplir con las obligaciones reglamentarias que dicte la municipalidad para el cobro del impuesto conforme al conteo en la entrada mediante herramientas adecuadas y, al finalizar el evento, deberán pagar la obligación tributaria que establece esta ley.

ARTÍCULO 13- Requisitos para optar por el mecanismo de garantía

Para hacer uso del mecanismo de garantía establecido en el artículo 12 de la presente ley, los sujetos pasivos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1-  Utilizar como ente retenedor de la taquilla a una entidad financiera supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

2-  Ser una sociedad inscrita en Hacienda, con operación por más de 2 años en su respectiva área.

3-  No tener obligaciones pendientes en relación con este tributo por otros eventos realizados

ARTÍCULO 14- Excepciones a la garantía

Si el organizador o productor de un evento masivo no cumple con los requisitos planteados en el artículo 13 de la presente ley, se faculta a la municipalidad a solicitar una garantía, previa al evento, para el pago del impuesto del cien por ciento (100%) de la taquilla puesta a la venta. Una vez concluido el evento, la municipalidad deberá devolver los excedentes en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Este mecanismo de pago aplicará para aquellos sujetos pasivos que no opten por el mecanismo establecido en el artículo 12 de la presente ley, siempre y cuando no tengan obligaciones pendientes relacionados con este tributo.

ARTÍCULO 15-        Reglamentos

Esta ley debe reglamentarse con un plazo máximo de seis meses desde su publicación.

ARTÍCULO 16-        Derogatorias y reforma

Se deroga la Ley N.° 296, del 26 de agosto de 1939, “Distribución del Impuesto sobre Espectáculos Públicos”.

Se deroga el artículo 4 de la Ley N.° 148, del 23 de agosto de 1943, “Ley de Pensiones de Hacienda”.

Se deroga la Ley N.° 37, del 23 de diciembre de 1943, “Administración de Fondos Asilo Las Mercedes”.

Se deroga la Ley N.° 841, del 15 de enero de 1947, “Reforma la Ley Impuestos sobre Espectáculos Públicos y la Ley N.° 37, del 23 de diciembre de 1943, “Administración de Fondos Asilo Las Mercedes”.

Se deroga la Ley N.° 561, del 1 de julio de 1946, “Reforma Norma todos los Bienes Muebles e Inmuebles, Rentas y Recursos de la Junta Nacional de la Habitación y de las “Cooperativas Casas Baratas, La Familia”, organizadas en el país, pasarán a ser propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social”.

Se deroga la Ley N.° 228, del 13 de agosto de 1948, “Reforma Ley Impuesto Empresas Teatrales Espectáculos Públicos”.

Se deroga la Ley N.° 5780, del 11 de agosto de 1975, “Distribuye Impuesto a favor del Teatro Nacional”.

Se derogan los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley N.° 3632, “Declara Monumento al Teatro Nacional e Impuesto Espectáculos Públicos”, del 16 de diciembre de 1965.

Se deroga la Ley N.° 6890, del 14 de septiembre de 1983, “Reformas al Código Municipal y otras Leyes”.

Se deroga la Ley N.° 6844, del 11 de enero de 1983, “Establece Impuesto a Espectáculos Públicos a favor de Municipalidades, Reforma Norma Todos Bienes Muebles e Inmuebles, Rentas y Recursos de Junta Nacional de la Habitación y “Cooperativas Casas Baratas, La Familia”, pasará a la CCSS”.

Se reforma el artículo 20 de la Ley N.° 362, del 26 de agosto de 1940, “Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica” para que lea de la siguiente manera:

1°- Los derechos de matrícula y de examen que deben cubrir los alumnos de las escuelas;

2°- Las sumas o rentas que destina el Estado al sostenimiento de los centros que pasan a formar parte de la Universidad y las que destina al sostenimiento de la Universidad misma, inclusive el quince por ciento del ingreso bruto que produzca el impuesto que establecen los artículos 3° y 4° de la Ley del Colegio de Farmacéuticos, N.° 15, de 29 de octubre de 1941, originalmente contemplado en la Ley N.° 74, de 12 de agosto de 1902, que será girado a la Universidad anualmente por el citado Colegio, al que corresponderá el ochenta y cinco por ciento restante.

3°- La parte proporcional que le corresponde del Fondo Nacional de Educación Común, de acuerdo con las reglas que fija la Ley N.° 127, de 21 de agosto de 1928, en el inciso 2° del artículo 6°;

4°- Los derechos de timbre y papel sellado que causa conforme al Código Fiscal (artículos 240, inciso 4°; 243, incisos 2° y 3°; 244, incisos 3° y 4°; 273, inciso 30), la 12 expedición de títulos de doctor, licenciado, ingeniero, notario público, bachiller, profesor de enseñanza o cualquier otro título profesional o universitario.

TRANSITORIO I-    Los espectáculos públicos que hayan iniciado gestiones relacionadas al tributo a espectáculos públicos a favor del Teatro Nacional o de las municipalidades, de previo a la publicación de esta ley, se regirán por las normas vigentes con anterioridad a esta norma.

Rige a partir de su publicación.

Horacio Martín Alvarado Bogantes

Diputado

NOTA:                Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024895905 ).