LEYES

9932

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE PATENTES DE LA MUNICIPALIDAD

DE RÍO CUARTO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1-     Objeto

El objeto de la presente ley es establecer, a favor de la Municipalidad del cantón de Río Cuarto de Alajuela, un impuesto sobre las actividades lucrativas que desarrollen las personas físicas o jurídicas en el cantón.

ARTÍCULO 2-     Sujetos pasivos

Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas o jurídicas que realicen actividades lucrativas en el cantón de Río Cuarto de Alajuela.

ARTÍCULO 3-     Hecho generador del impuesto de patentes

El hecho generador del impuesto es el ejercicio de cualquier tipo de actividad lucrativa efectuada por persona físicas o jurídicas a título oneroso, que se desarrolle en un establecimiento o no, en el cantón de Río Cuarto de Alajuela.

Previo a realizar cualquier actividad lucrativa en el cantón de Río Cuarto, el interesado deberá obtener un permiso o licencia y pagar el impuesto de patentes que se derive de dicha actividad comercial. El impuesto de patentes se pagará todo el tiempo que el establecimiento se encuentre abierto, se ejerza el comercio en forma ambulante o se desarrolle por medios digitales y durante el tiempo en que se posea dicha licencia, aunque la actividad no se haya ejercido.

En aquellos casos en que la actividad lucrativa principal se desarrolle fuera del cantón de Río Cuarto, pero el contribuyente realice también actividades lucrativas en este cantón, por medio de sucursales, agencias o similares, de conformidad con los lineamientos que oportunamente emita la Municipalidad, los sujetos pasivos que operen en ese nivel deberán pagar a la Municipalidad de Río Cuarto el impuesto de patentes que se determine porcentualmente, de conformidad con lo declarado en un informe porcentual aclaratorio que deberá presentar el sujeto pasivo, donde se demuestre lo percibido por concepto de los ingresos brutos en el territorio de cada Municipalidad; los datos serán verificados por la Municipalidad, en las otras municipalidades.

ARTÍCULO 4-     Excepciones

Las actividades económicas de subsistencia no requerirán de una patente para su funcionamiento. Se considerarán como actividades económicas de subsistencia las que reúnan las siguientes características:

a)            Son ejecutadas de manera unipersonal por quien se ve beneficiado de dicha actividad.

b)            No se desarrollan en un local comercial o de ventas, sea este arrendado o propio.

c)             Únicamente generen los réditos económicos necesarios para la supervivencia de la persona que ejecuta la actividad económica.

No está sujeto a este impuesto la exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento.

ARTÍCULO 5-     Período del impuesto

El período del impuesto de patentes es anual, contado a partir del 1° de enero de cada año. No obstante, si la Dirección General de Tributación autoriza al contribuyente, en el impuesto sobre la renta, un período diferente, podrán existir períodos del impuesto con fechas de inicio y cierre distintos del señalado anteriormente. Si la actividad se inicia con posterioridad al 1° de enero, el primer período impositivo se generará el primer día de operaciones y el período impositivo será coincidente con la duración efectiva.

ARTÍCULO 6-     Potestades de Administración Tributaria de la Municipalidad

En el ejercicio de sus potestades de Administración Tributaria, la Municipalidad de Río Cuarto podrá exigir el cumplimiento de los deberes de los contribuyentes del impuesto de patentes, para lo cual podrá realizar funciones determinativas, administrativas, fiscalizadoras, recaudatorias y establecer las sanciones que esta ley, sus reglamentos y el ordenamiento jurídico nacional vigente le faculten.

CAPÍTULO II

Licencias

Título I

Otorgamiento y tipos de licencias

ARTÍCULO 7-     Otorgamiento de la licencia

Las patentes objeto de esta ley serán otorgadas por la Municipalidad, especialmente por la oficina de patentes; según lo establecido en esta ley, sus reglamentos y el ordenamiento jurídico nacional vigente. De manera excepcionalísima, el Concejo Municipal de Río Cuarto podrá conocer y recomendar la revocatoria de una patente otorgada cuando, mediante solicitud expresa, formal y fundamentada, la persona titular de la Oficina de Patentes le remita los casos que presenten controversias.

ARTÍCULO 8-     Licencias en un mismo establecimiento

Cuando en un mismo establecimiento dedicado a actividades lucrativas, donde ejerzan, conjuntamente, varias personas físicas o jurídicas, cada una de ellas solicitará la licencia por separado y así pagará la patente según la actividad que realice.

ARTÍCULO 9-     Requisitos de la licencia de patentes

Es requisito indispensable, para obtener la licencia, el traslado o el traspaso de la licencia municipal, que el interesado se encuentre al día en el pago de los tributos municipales y de las obligaciones tributarias establecidas en otras disposiciones legales o en el reglamento de la presente ley. De igual forma, están obligados a adjuntar copia de la declaración del impuesto de la renta presentada ante la Dirección General de Tributación, con su respectivo comprobante de recibido.

Asimismo, serán requisitos generales de cumplimiento obligatorio, para la obtención por primera vez de la patente, los siguientes:

a)            Realizar solicitud formal a la Oficina de Patentes, mediante el formulario que la Municipalidad habilite para tal efecto.

b)            El original y la copia, o la copia certificada, del documento de identidad vigente del titular de la patente. En el caso de las personas jurídicas, certificación de personería jurídica vigente.

c)             El original y la copia, la copia certificada, del permiso sanitario de funcionamiento al día, emitido por el Ministerio de Salud.

d)            El original y la copia, o la copia certificada del permiso de uso del suelo vigente, emitido por la Municipalidad de Río Cuarto.

e)             La certificación literal del Registro Público de la Propiedad. Cuando la persona solicitante no sea el propietario registral del inmueble, deberá presentar el original y la copia, o la copia certificada del contrato de arrendamiento respectivo.

f)             Constancia de estar al día con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

g)             El original y la copia, o la copia certificada de la declaración jurada del impuesto de renta presentado a la Dirección General de Tributación, o del Régimen de Tributación Simplificada o del documento requerido para tal efecto por la Administración Tributaria, según corresponda, con el respectivo comprobante de recibido conforme por el Ministerio de Hacienda.

h)            Copia del formulario de los proveedores y clientes presentado ante la Dirección General de Tributación Simplificada o del documento requerido para tal efecto por la Administración Tributaria, que permita realizar el cruce de información y la fiscalización necesaria del impuesto, con el respectivo comprobante de recibido conforme por el Ministerio de Hacienda.

i)              Estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuando corresponda.

j)             Estar al día con la Póliza Riesgos del Trabajo, del Instituto Nacional de Seguros (INS), cuando se requiera.

k)            Flujo de caja proyectado de ventas a un año emitido por un contador público autorizado, en caso de comercios que inicien actividades por primera vez.

l)              El informe de distribución de los ingresos brutos y la copia de la declaración jurada del impuesto de patentes presentada ante otras municipalidades, cuando la actividad lucrativa se realice en varios cantones.

El Concejo Municipal queda autorizado para ampliar, complementar o especificar los requisitos contenidos en esta ley; asimismo, cuando medie la necesidad de incluir cualquier otro tipo de requisito fundado en la ley y que resulte imprescindible para el control de las actividades productivas dentro del cantón, siempre ajustándose a lo establecido en la Ley 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 de marzo de 2002.

ARTÍCULO 10-  Licencias temporales

La Municipalidad podrá conceder licencias temporales para el ejercicio de una actividad comercial, cuando la naturaleza de la actividad económica se limita en el tiempo. Estas patentes serán emitidas por un plazo hasta de dos meses y puede prorrogarse a solicitud del patentado temporal hasta por un período igual.

Serán requisitos para la obtención de una licencia temporal los contenidos en el artículo 9 de la presente ley, sin perjuicio de todos aquellos demás requisitos que los reglamentos de esta ley y el ordenamiento jurídico nacional determinen.

ARTÍCULO 11-  Licencia en precario

La Municipalidad podrá otorgar una licencia en precario, cuando la persona solicitante no cumpla la totalidad de los requisitos establecidos por el artículo 9 de la presente ley, licencia que se expedirá por única vez. Para el otorgamiento de una licencia en precario será indispensable que la persona solicitante cumpla al menos con los requisitos esbozados en el primer párrafo y los incisos a), b), c), f), h) y j) del artículo 9 de la presente ley de patentes y los que así se determine vía reglamentaria.

Dicha licencia se otorgará por un plazo improrrogable de dos meses calendario, plazo durante el cual el patentado en precario podrá ejecutar la actividad comercial objeto de la licencia expedida. El patentado en precario deberá cumplir, antes o al término del citado plazo, con la presentación de los requisitos faltantes; de lo contrario, se entenderá que la persona solicitante no desea continuar con el negocio y la licencia de patente concedida en precario quedará sin efectos y deberá iniciar el proceso de solicitud de una licencia permanente.

Durante todo el tiempo en que se encuentre vigente la licencia temporal o la licencia en precario, el titular ostentará todos los derechos y las obligaciones que un patentado permanente.

Título II

Cálculo del impuesto de patentes

ARTÍCULO 12-  Base de cálculo del impuesto

La base de cálculo del impuesto de patentes será los ingresos brutos anuales, percibidos por las personas físicas o jurídicas titulares de la licencia para el ejercicio de una actividad comercial durante el período fiscal anterior al año que se grava. En el caso de los establecimientos financieros y de correduría de bienes muebles e inmuebles, se consideran ingresos brutos las comisiones y los intereses. De los ingresos brutos se excluye la suma correspondiente al impuesto del valor agregado (IVA), excepto en los casos en que esta ley o el ordenamiento jurídico nacional dispongan otra forma.

Los contribuyentes cuya actividad lucrativa sea la venta de combustibles y lubricantes, igualmente pagarán el impuesto de patentes calculado sobre la base de sus ingresos brutos, para lo cual deberán incluir el impuesto de patentes dentro de la estructura de costos, presentada ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

ARTÍCULO 13-  Tarifa aplicable

Para el cálculo del impuesto de patentes en contribuyentes del Régimen Tradicional, se aplicará un colón con cincuenta céntimos por cada mil colones exactos (¢1,50 x ¢1000,00) sobre los ingresos brutos anuales. El resultado dividido entre cuatro determinará el impuesto trimestral a pagar.

En el caso de los contribuyentes acogidos al Régimen de Tributación Simplificada, se aplicará la siguiente tabla:

Tabla Régimen Simplificado

Categoría	% a aplicar
Ingresos brutos de 0,00 a 24.999.999,00	13% salario base
Ingresos brutos de 25.000.000,00 a 49.999.999,00	20% salario base
Ingresos brutos de 50.000.000,00 a 64.999.999.00	25% salario base
Ingresos brutos de 65.000.000.00 en adelante	30% salario base

 

En el caso de emprendimientos, se aplicará la tarifa mínima permitida de un diez por ciento (10%) sobre el salario base.

El contribuyente deberá adjuntar, con su declaración jurada del impuesto de patente, la copia de la declaración de renta de régimen simplificado o el documento requerido por la Administración Tributaria para tal efecto, presentada a la Dirección General de Tributación, con su respectivo comprobante de recibido.

La tarifa correspondiente al salario base se determinará conforme al salario base mensual del oficinista uno del Poder Judicial, determinado por el Consejo Superior del Poder Judicial, según la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993.

Las sumas establecidas por la tabla contenida en el presente artículo se actualizarán automáticamente de forma anual, de conformidad con los índices de inflación publicados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Este aumento automático surtirá efectos en el mes de enero de cada año.

ARTÍCULO 14-  Determinación del impuesto al iniciar actividades

Los sujetos pasivos, que inicien alguna de las actividades lucrativas sujetas a esta ley, deberán presentar las proyecciones de ingresos de caja a un año emitidas por un contador público autorizado, las cuales permitan determinar el impuesto y pagar la cuota trimestral que esté al cobro. Será requisito indispensable tal condición para conceder la licencia.

Para el caso de la actividad temporal, el sujeto pasivo debe presentar, conjuntamente con la solicitud de la licencia, una declaración provisional en la que estime sus ingresos brutos y liquide también, provisionalmente, el respectivo Impuesto.

Los sujetos pasivos que ya se encuentren ejerciendo su actividad lucrativa en otros cantones de Costa Rica o en otros países, cuando deseen iniciar la ejecución de una actividad comercial idéntica en el territorio del cantón Río Cuarto, se les calculará el impuesto de patentes con base en el trece por ciento (13%) sobre el monto del salario base establecido por la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993.

ARTÍCULO 15-  Distribución de los ingresos cuando la actividad se realiza en varios cantones

En caso de que el contribuyente realice actividades en varios cantones, debe acompañar, a su declaración jurada del impuesto de patentes, un informe en el cual se realice la distribución de sus ingresos brutos realizados entre cantones, lo cual podrá ser fiscalizado por la Municipalidad. Se debe adjuntar la copia de la declaración jurada del impuesto, recibida y sellada de las otras municipalidades.

ARTÍCULO 16-  Declaración jurada del impuesto de patentes

Los contribuyentes obligados presentarán, a la Municipalidad, una declaración jurada con sus ingresos brutos en los primeros quince días hábiles del mes de enero y se calculará el impuesto de patentes respectivo. De estar autorizados por la Dirección General de Tributación, a presentar la declaración del impuesto de renta en una fecha diferente, podrán presentar la declaración municipal diez días después de la fecha autorizada por esa Dirección. En caso de que el contribuyente no presente la respectiva declaración jurada, la Municipalidad, en el ejercicio de sus potestades de Administración Tributaria, le aplicará la calificación del año anterior, salvo que la unidad encargada de la administración de patentes determine la necesidad de recalificar la respectiva patente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y 25 de la presente ley.

Título III

Modificaciones de las licencias

ARTÍCULO 17-  Traslado de la licencia

Los patentados podrán realizar el traslado del lugar en que fue otorgada la patente o en que opera actualmente, siempre y cuando este cambio no implique la violación o el incumplimiento de lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. Para realizar estos trámites, el patentado debe comunicarlo formalmente por escrito a la Oficina de Patentes, mediante el formulario correspondiente que la Municipalidad facilite para tal efecto.

Adjunto a dicha solicitud deberán presentarse los siguientes requisitos para el traslado de la patente:

a)            El original y la copia, o la copia certificada, del permiso sanitario de funcionamiento vigente, con la nueva dirección del local.

b)            Una constancia emitida por el Instituto Nacional de Seguros (INS), o la entidad aseguradora correspondiente, de la póliza de riesgos del trabajo o exoneración con la nueva dirección del local.

c)             La certificación literal del Registro Público de la Propiedad. Cuando la persona solicitante no sea el propietario registral del inmueble, deberá presentar el original y la copia, o la copia certificada del contrato de arrendamiento respectivo.

d)            El cartón original de la patente comercial.

e)             Encontrarse al día en el pago de los tributos generados en virtud de esta ley.

Estos requisitos podrán ser ampliados, complementados o especificados mediante reglamento, cuando exista la imperiosa necesidad de incluir cualquier otro tipo de requisito fundado en la ley y que resulte imprescindible para el control de las actividades productivas dentro del cantón, siempre ajustándose a lo establecido en la Ley 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 de marzo de 2002.

ARTÍCULO 18-  Traspaso de la licencia

Los sujetos pasivos podrán traspasar, a otra persona física o jurídica, la licencia de la cual son titulares, cuando así lo deseen.

Para la solicitud de traspaso de patente será necesario aportar, sin perjuicio de demás requisitos que se establezcan por vía reglamentaria, los siguientes documentos:

a)            Certificado Uso del suelo, aprobado y vigente.

b)            Permiso sanitario de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud para el nuevo patentado; en caso de que esté vigente deberá presentar una certificación de No Deuda ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

c)             Una constancia emitida por el Instituto Nacional de Seguros (INS) o la entidad aseguradora correspondiente de la póliza de Riesgos del Trabajo o exoneración, con la nueva dirección del local.

d)            Una certificación literal del Registro Público de la Propiedad. Cuando la persona solicitante no sea el propietario registral del inmueble deberá presentar el original y la copia, o la copia certificada del contrato de arrendamiento respectivo o de su cesión.

e)             El cartón original de la patente comercial.

f)             Encontrarse al día en el pago de los tributos generados, según lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 19-   Cambio del tipo de actividad de una licencia

La licencia que haya sido otorgada para una actividad determinada o actividades y en condiciones específicas, de acuerdo con el perfil diseñado por el contribuyente, podrá ser ampliada a otras actividades, previa solicitud formal del patentado mediante el formulario que al respecto habilite la Municipalidad. Para estos efectos, deberán cumplirse los requisitos que demanda esta ley y las demás normas vigentes.

Título IV

Confidencialidad y fiscalización

ARTÍCULO 20-  Confidencialidad de la información y colaboración entre administraciones tributarias

La información suministrada por los contribuyentes es confidencial y solo podrá ser usada con fines tributarios. Se autoriza a la Municipalidad, como Administración Tributaria, para que suscriba convenios de cooperación con la Dirección General de Tributación, con los cuales ambas administraciones podrán dar y recibir información relevante para la fiscalización de tributos. La información que la Municipalidad de Río Cuarto obtenga de los patentados, responsables y terceros, por cualquier medio, tiene carácter confidencial, salvo orden judicial en contrario.

Sus funcionarios, representantes y titulares no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o el origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones o certificaciones, ni deben permitir que estas o sus copias, libros o documentos que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos por otras personas ajenas a las encargadas por la administración de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los tributos a su cargo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente, su representante legal o cualquier otra persona debidamente autorizada por el contribuyente pueden examinar los datos y anexos consignados en sus respectivas declaraciones juradas. Asimismo, cualquier expediente que contemple ajustes o reclamaciones formuladas sobre dichas declaraciones.

ARTÍCULO 21-  Fiscalización del impuesto de patentes

Según sus potestades de Administración Tributaria, la Municipalidad de Río Cuarto podrá verificar, investigar, inspeccionar y valorar la información recibida, con el fin de recalificar el impuesto, cuando compruebe que dicha información es errónea, fraudulenta o falsa. Podrá realizar cruces de información con la Dirección General de Tributación y recalificar el impuesto de patentes evadido por el contribuyente hasta un máximo de cinco años atrás.

Asimismo, la declaración que deben presentar los patentados ante la Municipalidad queda sujeta a lo establecido en la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970, y al ordenamiento jurídico nacional vigente.

CAPÍTULO III

Actuaciones de oficio

ARTÍCULO 22-  Impuesto determinado de oficio

Queda facultada la Municipalidad para fijar o recalificar, de oficio, el impuesto de patentes en los siguientes casos:

a)            Cuando se trate del inicio del ejercicio de la actividad lucrativa en el cantón.

b)            Cuando el contribuyente no presente del todo la declaración jurada.

c)             Cuando compruebe la existencia de intenciones evasivas, elusivas y/o defraudatorias.

d)            Cuando no se adjunte la declaración del impuesto de renta presentada a la Dirección General de Tributación o presente una con alteraciones.

e)             Cuando el contribuyente se niegue a presentar documentos o la información solicitada por la Administración Tributaria de Río Cuarto.

f)             Cuando se alegue la realización de la actividad lucrativa en varios cantones y no se adjunte o se niegue presentar el informe de distribución de los ingresos brutos entre cantones, o la declaración jurada a otras municipalidades relacionadas con esa situación.

g)             Cuando haya una recalificación por la Dirección General de Tributación.

h)            Algún otro caso relacionado por el que el contribuyente busque impedir el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y el ordenamiento jurídico nacional vigente.

CAPÍTULO IV

Notificaciones y recursos

ARTICULO 23-  Notificación

La determinación de oficio o la recalificación de la obligación tributaria, efectuada por la Municipalidad, debe ser notificada al contribuyente, siguiendo las formas señaladas en el artículo 137 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971. De la misma forma se notificará cualquier acto administrativo que se emita relacionado con esta ley.

Todos los contribuyentes deberán suministrar, a la Municipalidad, una dirección de correo electrónico. Cuando el contribuyente se encuentre imposibilitado para suministrar o acceder a una dirección de correo electrónico, deberá suministrar la dirección de su domicilio fiscal como medio de notificación. Asimismo, se establece la obligación de los contribuyentes de actualizar anualmente la dirección electrónica, en caso de modificaciones, comunicarlo a la Municipalidad en un plazo de diez días hábiles a partir de que se produzca el cambio. Dicha actualización se realizará ante las oficinas de la Municipalidad, por los medios que se pongan a disposición para estos efectos.

Para efectos de notificación, se tendrá como medio preferente la dirección de correo electrónico aportada por el contribuyente y de manera supletoria se tendrá en domicilio fiscal del contribuyente. En caso de negarse a brindar la dirección de correo electrónico o la dirección del domicilio fiscal, o las direcciones brindadas no sean válidas, se tendrá por notificado cualquier acto relacionado con esta ley a las veinticuatro horas de emitido.

Las personas jurídicas deberán aportar el documento de personería jurídica al día e indicar en este las calidades y el domicilio de notificación de su representante legal; estarán obligadas a reportar cualquier cambio o modificación en sus condiciones o capacidades presentadas ante el Registro Nacional.

Las personas solicitantes manifestarán su consentimiento informado para el uso de su información personal suministrada en los diferentes formularios, así como de la dirección de correo electrónico, ambos para la realización de todo tipo de notificaciones, comunicaciones y emisión de cualquier acto administrativo relacionado con las solicitudes que realice el administrado de conformidad con esta ley.

ARTÍCULO 24-  Recursos

Una vez notificada la determinación de oficio o la recalificación de la obligación tributaria efectuada por la Municipalidad, el contribuyente podrá interponer, dentro de los cinco días siguientes, recurso de revocatoria ante la unidad encargada de la Administración de Patentes o recurso de apelación ante la Alcaldía, indicando las normas legales en que funda su reclamo, las defensas respectivas y ofreciendo las pruebas necesarias.

El rechazo definitivo del recurso agota la vía administrativa y, si lo desea, el contribuyente podrá interponer la demanda correspondiente ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, para lo cual de previo debe haber cancelado la obligación tributaria con las multas y los intereses, si los hay.

Los plazos y los requisitos se regirán por la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

CAPÍTULO V

Régimen sancionatorio

ARTÍCULO 25-  Sanción por declaración tardía

A los contribuyentes que no presenten la declaración jurada del impuesto de patentes, en el plazo establecido en esta ley, se les impondrá una multa de la siguiente forma:

a)            De un dos por ciento (2%), cuando se exceda de diez días hábiles el plazo establecido hasta un máximo de quince días, calculado sobre el monto del impuesto del año anterior.

b)            De un diez por ciento (10%), cuando se exceda de quince días el plazo, calculado sobre el monto del impuesto del año anterior.

La multa anterior debe ser cancelada en el trimestre inmediato a la firmeza, de lo contrario se cargarán intereses corrientes, cobrados a los tributos municipales.

ARTÍCULO 26-  Sanción por incumplimiento de obligaciones sustanciales

La Municipalidad multará a los sujetos pasivos que incurran en una o en varias de las siguientes violaciones sustanciales:

a)            Después de dos veces de hecha la solicitud, por no acudir a la Municipalidad o no brindar la información necesaria, para determinar el impuesto de patentes que se pretenda determinar o recalificar, se aplicará medio salario base.

b)            En el evento de cierre del local según permiten las disposiciones legales, cuando el contribuyente destruya, altere los sellos o reinicie la actividad, se le impondrá una multa de uno y medio salario base.

c)             Cuando se determine una diferencia entre el monto declarado y el correspondiente realmente, se aplicará una multa de un quince por ciento (15%) sobre dicha diferencia.

d)            En caso de que ante un cruce de información, con la base de datos de la Dirección General de Tributación o cualquier autoridad tributaria competente, la Municipalidad determine diferencias con la base de datos propia, se aplicará una multa hasta de un veinte por ciento (20%) del monto evadido.

e)             En caso de la realización de actividad lucrativa en varios cantones, se aplicará un quince por ciento (15%) sobre el monto correcto, cuando se compruebe que la distribución de los ingresos brutos es falsa.

La tarifa correspondiente al salario base se determinará conforme al salario base mensual del oficinista uno del Poder Judicial, determinado por el Consejo Superior del Poder Judicial, según la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993.

ARTÍCULO 27-  Reducción de sanciones

Las multas establecidas en esta ley y sus reglamentos podrán ser reducidas a la mitad, cuando, una vez iniciado el proceso sancionatorio y/o cobratorio correspondiente, el contribuyente subsane espontáneamente su incumplimiento y realice el pago antes de que la resolución quede en firme.

ARTÍCULO 28-  Cierre del negocio por cancelación de la licencia

Las patentes se pagan por trimestre adelantado. El atraso en el pago generará el pago de intereses, que se regirá por lo establecido en la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971. En este caso, la Municipalidad podrá certificar, por medio de su contador o auditor, las deudas por estos conceptos. Esta certificación constituirá título ejecutivo, según lo establece la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, en su artículo 80.

La licencia que se requiere para el ejercicio de la actividad lucrativa, en el cantón de Río Cuarto, se podrá cancelar por falta de pago de dos o más trimestres, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al vencimiento del segundo trimestre; también, por el incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad o por contravenir el orden público, la moral y las buenas costumbres.

El cierre se podrá realizar incluso mediante cumplimiento forzoso; para ello, la Municipalidad podrá solicitar el concurso de la policía, según señala el inciso 2 del artículo 149 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

CAPÍTULO VI

Terminación de las licencias

ARTÍCULO 29-  Prescripción del impuesto de patentes y sus sanciones

El impuesto de patentes y las sanciones relacionadas prescriben en cinco años, contados a partir del 1 0 de enero del año siguiente a aquel en que el tributo y su multa deben ser pagados. La prescripción debe ser alegada por el interesado y no podrá ser declarada de oficio por la Municipalidad.

ARTÍCULO 30-  Causas interruptoras de la prescripción

La prescripción del impuesto de patentes, sanciones e intereses relacionadas se interrumpe por:

a)            La notificación de acciones de determinación, comprobación o fiscalización del impuesto correspondiente al período vigente o de períodos vencidos.

b)            El reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor.

c)             Cuando el contribuyente realice gestiones relacionadas ante la administración de patentes de la Municipalidad, presente recursos o consulte el expediente del impuesto de patentes.

d)            El pedido de arreglo de pagos.

e)             Por la notificación de actos administrativos o judiciales que busquen el cobro de la deuda.

f)             Por la interposición de petición o reclamos administrativos relacionados con el objeto del cobro.

El plazo de prescripción empieza a correr nuevamente a partir de la fecha de la interrupción, o del 1° de enero del año siguiente a que quede en firme el recurso, en el caso de que se interponga.

ARTÍCULO 31-  Cese de actividad

Cuando el patentado decida dejar de explotar la actividad, debe comunicarlo formalmente por escrito al Departamento de Patentes, mediante el formulario correspondiente que la Municipalidad facilite para tal efecto. El patentado deberá adjuntar los siguientes documentos:

a)            El certificado de defunción, cuando el patentado haya fallecido. En este caso, la solicitud de cese de actividad la podrá realizar el cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad del patentado fallecido.

b)            La certificación del Registro Nacional de que la persona jurídica fue disuelta, cuando el patentado sea una persona jurídica que se disolvió.

c)             El original y la copia, o la copia certificada del contrato de arrendamiento, así como la certificación del título de propiedad, cuando el patentado haya hecho abandono del inmueble. El retiro lo podrá realizar el propietario del inmueble.

d)            Presentar el cartón original de la patente comercial.

e)             Encontrarse al día en el pago de los tributos generados en virtud de esta ley.

Estos requisitos podrán ser ampliados, complementados o especificados mediante reglamento, cuando exista la imperiosa necesidad de incluir cualquier otro tipo de requisito fundado en la ley y que resulte imprescindible para el control de las actividades productivas dentro del cantón, siempre ajustándose a lo establecido en la Ley 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 de marzo de 2002.

ARTÍCULO 32-  Reglamentación

Se autoriza a la Municipalidad de Río Cuarto para que reglamente esta ley, lo cual no será obstáculo para que la pueda ejecutar en todo aquello que sus normas o el ordenamiento jurídico nacional tengan el suficiente detalle o claridad.

CAPÍTULO VII

Disposiciones finales

Título I

Normas supletorias

ARTÍCULO 33-  Regulación supletoria

De manera supletoria se aplicará a esta ley lo dispuesto en la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978 y sus reglamentos; la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998; la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971 y la Ley 9342, Código Procesal Civil, de 3 de febrero de 2016.

Título II

Disposiciones transitorias

TRANSITORIO I-              Con la finalidad de que la Municipalidad de Río Cuarto pueda financiar su operación en su instalación inicial, se autoriza, en forma extraordinaria y por única vez, para que utilice como base de cálculo del impuesto de patentes, para el período 2021, los ingresos reportados por los sujetos pasivos ante la Municipalidad de Grecia, por el período 2019, que sirvió como base de cálculo en la generación de los impuestos durante el 2020. La tarifa aplicable se establece en el artículo 6 de la presente ley.

TRANSITORIO II-             La Municipalidad de Río Cuarto podrá cobrar las sumas de dinero generadas por los tributos municipales derivados del impuesto de patentes correspondientes al segundo trimestre de 2020 que al 1° de mayo de 2020 se encuentren en mora.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Eduardo Newton Cruickshank Smith

Presidente

Ana Lucía Delgado Orozco                  María Vita Monge Granados

Primera secretaria                                         Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil veintiuno.

Ejecútese y publíquese.

CARLOS ANDRÉS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Gobernación y Policía, Michael Soto Rojas.—El Ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde.—1 vez.—O. C. N° 0030-2021.—Solicitud N° 002-2021.—( L9932-IN2021521448 ).

PROYECTOS

LEY PARA PROMOVER LA TITULARIZACIÓN

DE FLUJOS FUTUROS PROVENIENTES

DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS

MINERALES Y ENERGÉTICOS

Expediente N° 22.378

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Costa Rica experimenta una delicada situación fiscal, pues a finales del 2020 el déficit alcanzó el 8,34% del Producto Interno Bruto (PIB). Adicionalmente, el país está altamente presionado por el peso del endeudamiento externo e interno. ^[1] En ese panorama, la búsqueda de recursos frescos para cancelar la deuda y bajar la tasa de interés constituye una de las prioridades de este proyecto.

Esta iniciativa de ley propone titularizar las concesiones para explotar los recursos mineros y energéticos de la nación con el propósito de obtener, en un plazo muy corto, los fondos indispensables que permitan atender la crisis y en consecuencia mejorar los índices económicos, recuperar la confianza de los inversionistas, mercados y consumidores. Los recursos no serán empleados en gasto corriente.

En otras palabras, el proyecto propone estimar técnicamente los yacimientos de oro y gas natural que tiene el país para cuantificarlos en las bolsas de valores nacionales e internacionales por medio de la titularización, figura que permite al país obtener hoy un porcentaje del dinero proyectado en los estudios, para que el gobierno pueda usarlo en el pago de los compromisos de la deuda, liberando recursos presupuestarios para, por ejemplo, inyectarlo en la protección ambiental o en el desarrollo de obra. Bajo esta perspectiva se incorpora el rol del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para la estimación de las expectativas de las concesiones, sin que ello implique que estos realizarán las concesiones ni gestionarán nada encaminado a modificar las regulaciones ni ajeno a sus competencias actuales y dadas en esta ley.

La puesta en marcha de estas medidas ayudaría a rebajar el 20% de la deuda total del país en los primeros 4 años de vigencia, acción que -junto con un conjunto de reformas estructurales- dejaría al país a las puertas del desarrollo.

Si el proyecto fuera implementado hoy, permitiría pagar los vencimientos de deuda programada para los próximos dos años, lo cual significaría que el presupuesto nacional de esos períodos bajaría en promedio un 2%, es decir, Costa Rica tendría la opción de tener los recursos propios para enfrentar sus presupuestos y así poder invertir en obra pública.

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

 

Los alcances del proyecto permitirían también programar una intervención total de la deuda interna y externa para los siguientes 8 años, todo gracias a un responsable uso de los recursos naturales.

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

 

Fuente: Construcción propia base con base en información disponible del Ministerio de Hacienda.

Con estas proyecciones del gráfico anterior, la titularización de cánones que propone este proyecto representaría un impacto en reducción de porcentaje de deuda sobre PIB superior al 17% en los próximos 6 años, lo cual significa que el presupuesto de esos respectivos años se verá impactado en una rebaja sustancial en cuanto al pago de amortizaciones e intereses; esto se traduciría en una mayor inversión en obra pública y transferencias sociales en pro del desarrollo del país.

La titularización se efectuará únicamente con la autorización del Banco Central de Costa Rica, validada mediante informes de evaluación de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Planificación Económica.

La propuesta consiste permitirle al Estado la titularización de ingresos futuros provenientes de la explotación de recursos minerales y energéticos con la posibilidad de trasladar los derechos sobre flujos futuros a un fideicomiso que garantice el pago del financiamiento, así como el destino de los fondos.

Estos flujos se estructurarán a partir de las expectativas que realicen los ministerios de Hacienda y Economía, Industria y Comercio, asociadas con los cánones, impuestos o cualquier otra prestación económica que se generen para el Estado por los derechos económicos que se desprenden de las concesiones.

En virtud de que estos fondos solo se podrán emplear para el pago de la deuda, el Ejecutivo asumirá además el compromiso de disminuir el monto de la emisión de bonos de deuda interna o externa –para el presupuesto de ese mismo año- en forma proporcional a los recursos que obtenga mediante la titularización.

Al respecto, será el Banco Central el responsable de evaluar el impacto que pueda tener la operación en trámite en la balanza de pagos, mientras que el Ministerio de Hacienda se encargará de reportarle a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República, un estado de origen y aplicación de los fondos, señalando expresamente qué se cancela con dichos recursos.

Tradicionalmente, la explotación de los recursos puede hacerse mediante tres modelos: explotación directa por parte del Estado, explotación mediante concesión a un tercero y una combinación de las dos anteriores mediante una Alianza Público Privada (APP).

El presente proyecto plantea promover la utilización de los flujos futuros productos de los proyectos de concesión que ya existen o bien que han presentado un trámite o una carta de intenciones para llevarla a cabo; no incentiva la generación de nuevas concesiones que no se apeguen a la normativa de protección ambiental y de las debidas regulaciones vigentes. De este modo, la iniciativa no genera ninguna modificación sobre la regulación asociada a las concesiones y explotación de los recursos minerales y energéticos.

En este proceso de titularización participarían el Estado en los ministerios de Hacienda y de Planificación y Política Económica, como originadores; una empresa asesora o una institución gubernamental, como estructurador; un fideicomiso, una casa de bolsa como colocador y los inversionistas que adquirirán los títulos.

De igual forma, mientras se logra la titularización se avanzaría en concesionar la explotación sostenible de esos recursos a empresas privadas, acción que tendría de por medio el cobro de una licencia que será con la que Costa Rica pagará luego los vencimientos de esos títulos en la bolsa.

La Ley Nº 6797, Código de Minería del 4 de octubre de 1982 y sus reformas, establece según su artículo 1, que el Estado podrá otorgar concesiones para el reconocimiento, exploración, explotación y beneficio de los recursos minerales: “(…) Las concesiones no afectarán en forma alguna el dominio estatal, y se extinguirán en caso de incumplimiento de las exigencias legales para mantenerlas”. ^[2]

En este caso concreto, se utilizará la titularización entendida como: una “técnica financiera que consiste en ceder incondicionalmente a un vehículo de propósito especial un activo o grupo de activos subyacentes y la venta de estos a los inversionistas en la forma de valores emitidos en forma estandarizada”. ^[3]

Ese vehículo de propósito especial al que se hace referencia es una “(...) estructura jurídica creada exclusivamente para cumplir una función específica, como separar patrimonialmente un activo o grupo de activos subyacentes de la entidad originadora y constituirse en el emisor de valores de oferta pública por medio de fideicomisos, universalidades o fondos de inversión de titularización”. ^[4] De tal forma, en la iniciativa se promueve la utilización de esta herramienta y se deja en la legislación vigente lo concerniente a las regulaciones de las concesiones y explotación de los recursos valorados en esta iniciativa.

Los esquemas de titularización son comunes en otros mercados y permiten transformar ingresos futuros en títulos valores, para obtener recursos que permitan realizar proyectos de inversión o disponer de dinero en el corto plazo para atender las obligaciones del Estado. Se manejan a través de un fideicomiso o bien un fondo de inversión.

De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento sobre Procesos de Titularización, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 13 del acta de la sesión 1124-2014, los valores emitidos en un proceso de titularización podrán adoptar las siguientes modalidades:

“Valores de contenido crediticio: incorporan el derecho a percibir la cancelación del capital y de los rendimientos financieros en los términos y condiciones señalados en el valor. Los activos que integran el patrimonio autónomo respaldan el pasivo adquirido con los inversionistas.

Valores de contenido patrimonial: incorporan un derecho de propiedad proporcional sobre el patrimonio del vehículo de propósito especial. El inversionista no adquiere un valor de rendimiento fijo sino que participa en las utilidades o pérdidas que genere este patrimonio. Los valores podrán prever su redención parcial o total, con antelación a la extinción del fideicomiso o el fondo de inversión, por motivo de la liquidación de parte de sus activos.

Valores mixtos: Son aquellos que de manera adicional a los derechos que confiere un valor de contenido patrimonial pueden ser amortizables o pueden tener una rentabilidad mínima o un límite máximo de participación en los resultados del vehículo de propósito especial”.

En nuestro país varias entidades han incursionado en este campo de la titularización. Mediante el “Fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 001-2015”, esa institución contó con un financiamiento de ¢13,750 millones del Instituto Nacional de Seguros para emprender la construcción de estaciones, actividad autorizada por la Superintendencia General de Valores. ^[5]

En el caso concreto de este proyecto de ley, se aprovechará la figura de la titularización para utilizar los flujos futuros obtenidos a partir de la explotación de los recursos mineros y energéticos. En términos generales, el diccionario panhispánico del español jurídico señala que la concesión es el “acto administrativo que implica el otorgamiento del derecho de explotación o gestión, por un período determinado, de bienes y servicios por parte de una administración pública o empresa a otra, generalmente privada”. ^[6]

De acuerdo con la legislación costarricense, la concesión de obra con servicio público se define como un “contrato administrativo por el cual la Administración encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, conservación, ampliación o reparación de cualquier bien inmueble público, así como su explotación”. ^[7]

En nuestro país se realizan dos tipos de minería: la metálica “consiste en la extracción de oro, cobre y bauxita”; mientras la no metálica “se refiere a la extracción de los minerales de canteras, tajos; arena y piedrilla provenientes de cauces de dominio público que se utiliza para la elaboración del cemento”. ^[8]

Costa Rica dispone de diversos recursos minerales y energéticos. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), entre éstos “(...) se cuentan el carbonato de calcio, sílice, azufre, manganeso, bauxita, diatomita, hierro, plata y oro, entre otros. Sin embargo, está prohibida la minería metálica a cielo abierto desde el año 2010, solo es posible realizar minería metálica en forma subterránea”. ^[9]

Actualmente, según datos de la Dirección de Geología y Minas de abril del 2017, la producción minera en el país corresponde casi en su totalidad a la minería no metálica; un 90 % son agregados para la construcción, para una producción diaria promedio de entre 500 y 1000 m3. ^[10]

Pero podría existir potencial para la extracción de otros minerales. En cuanto a los depósitos de cobres, se estima que hay altas probabilidades de trabajar en yacimientos cerca de la frontera con Panamá, se ha determinado manganeso volcánico en la península de Nicoya, cromita en la península de Santa Elena y, en Guanacaste, también hay sulfatos masivos que contienen cobre, zinc y localmente oro y plata, así como bauxita en las llanuras del noreste de Siquirres. ^[11]

Los principales recursos minerales de aluminio de Costa Rica “se encuentran en el Valle de El General, entre las cordilleras de Talamanca y Costeña”, y aunque “no hay depósitos de cobre o minas en operación, existen evidencias de tres tipos e mineralizaciones o prospectos de cobre, principalmente en Guayabo de Mora y Tarbaca de Aserrí. ^[12]

En cuanto al oro, la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) da cuenta de que en Costa Rica existían cuatro regiones en las que se desarrolla actividad relacionada con su extracción (Abangares, Montes de Oro, Dan Ramón y Zona Norte). ^[13]

Según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), la suma de oro vendido desde Costa Rica entre 2010 y agosto del 2020 asciende a $285.574.070. ^[14] Las exportaciones de oro en bruto desde nuestro país pasaron de acumular 27 toneladas en 2010 a alcanzar las 1.175 toneladas en 2018; “(…) es decir, los totales exportados se multiplicaron casi 44 veces en ocho años después de que el país se declaró “libre de minería metálica a cielo abierto”, en noviembre de 2010”. ^[15]

En el listado puede incluirse el vapor de agua para proyectos relacionados con la recreación o la generación de energía. Costa Rica tiene 875 megavatios de potencial geotérmico, de los cuales explota menos de la cuarta parte, un 23%. ^[16] En nuestro país “operan seis plantas geotérmicas en dos campos diferentes: Miravalles y Las Pailas, todas en Guanacaste. Entre ambos desarrollos, el ICE ha recuperado 1.939,8 hectáreas de bosque, que se habían convertido en potreros desérticos por el fuerte impacto de la extensión ganadera desde la década de 1950”. ^[17]

Recientemente, el Colegio de Geólogos solicitó el traslado de la Dirección de Geología y Minas al Ministerio de Industria y Comercio (MEIC) como una de las propuestas para reactivar la economía. Su argumento es que la minería es una actividad productiva y una industria y, además, este cambio permitiría un mayor control de los datos del trasiego de minerales en Costa Rica. ^[18]

Por los motivos anteriormente expuestos, se somete a consideración de la Asamblea Legislativa la presente iniciativa de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA PROMOVER LA TITULARIZACIÓN

DE FLUJOS FUTUROS PROVENIENTES

DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS

MINERALES Y ENERGÉTICOS

ARTÍCULO 1-          Objeto.

Esta iniciativa de ley tiene por objetivo promover la titularización de los flujos futuros provenientes de las concesiones de la explotación de recursos minerales y energéticos de Costa Rica para pagar la deuda y bajar la tasa de interés. Se trata de titularizar ingresos futuros para trasladar los derechos sobre dichos flujos a un fideicomiso que garantice el pago del financiamiento y el destino de los fondos. En las materias no previstas en la presente ley, se aplicará lo establecido en la Ley No, 7732, Reguladora del Mercado de Valores, del 17 de diciembre de 1997 y sus reformas.

Los recursos producto de dichas titularizaciones tendrán como único fin la cancelación de deuda, externa o interna, para mejorar las condiciones en términos de plazo y/o tasa de interés efectiva, respecto de la deuda que se estaría cancelando con esos recursos.

Con dicho fin, realizadas las respectivas titularizaciones, el Ministerio de Hacienda deberá reportar a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República (CGR), un estado de origen y aplicación de los fondos, señalando expresamente lo que se cancela con dichos recursos.

ARTÍCULO 2-         Autorización a constituir fideicomisos y otras figuras que funcionen como vehículos de propósito especial.

Se autoriza al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación y Política Económica la constitución de fideicomisos y otras figuras que funcionen como vehículos de propósito especial, para que a través de éstas se canalicen los recursos financieros de carácter nacional o internacional, necesarios con el objetivo de pagar deuda pública del Gobierno Central mediante los recursos económicos obtenidos de acuerdo a la presente ley.

ARTÍCULOS 3-        Flujos futuros de la explotación de recursos minerales y energéticos de Costa Rica.

Para efectos de la estructuración de los flujos futuros, estos serán provenientes de las expectativas asociadas a los cánones, impuestos o cualquier otra prestación económica que se generen para el Estado por los derechos económicos que se desprenden de la explotación de recursos minerales, hídricos y energéticos en estricto apego a la: Ley Nº 6797, Código de Minería, del 4 de octubre de 1982 y sus reformas y la legislación vigente aplicable.

Para lo cual el Ministerio de Hacienda junto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) valorarán lo concerniente a las expectativas de las concesiones de explotación, sin que ello implique que el primero decidirá sobre el otorgamiento de permisos, análisis y aprobación de estudios sobre la explotación y concesión de recursos minerales y energéticos.

ARTÍCULO 4-          Utilización de los recursos.

Al utilizar, el Poder Ejecutivo, los recursos para disminuir el monto de deuda interna o externa, deberá disminuir el monto de la emisión de bonos de deuda interna autorizado en el presupuesto de la República para el año correspondiente, en el mismo monto en que obtenga los recursos autorizados por esta ley obtenidos mediante la titularización. Para ello, mediante decreto ejecutivo sustituirá los ingresos sin que pueda modificar el destino de los ingresos sustituidos aprobados en la ley de presupuesto y sus modificaciones del año respectivo.

ARTÍCULO 5-          Evaluación de la titularización.

La titularización tendrá como requisito previo la autorización del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la realización de informes de evaluación de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación y Política Económica en cuanto a los efectos en la estabilidad financiera y el impacto en las variables macroeconómicas de la economía costarricense. Sin detrimento de la regulación vigente para la utilización de herramientas financieras como la titularización.

El BCCR deberá evaluará el impacto que pueda tener la operación en trámite en la balanza de pagos, en las variables monetarias, y en general, en el cumplimiento de los objetivos fijados por el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley Nº 7558 del 3 de noviembre de 1995 y sus reformas.

La respuesta del BCCR deberá darse en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de que la pretensión de titularización sea sometida a su conocimiento. Cabrá una única prórroga por un periodo igual y de transcurrir el plazo indicado y no existir un criterio expreso por parte del Banco, se entenderá que no existe objeción.

ARTÍCULO 6-          Presentación de informe de las titularizaciones.

Dentro de un mes posterior a la fecha de cierre de cada transacción, el Ministerio de Hacienda deberá enviar, a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República, un informe que deberá indicar detalles de los siguientes procesos:

a)       Proceso de selección, contratación y costos administrativos de la asesoría legal, si fuese estrictamente necesario, estructuradores y servicios de calificación de riesgo para la realización de la titularización.

b)       Proceso de emisión que incluya: monto a pactar, fecha de salida al mercado, plazo de colocación y precio.

c)       Resultados de la titularización que incluya: distribución geográfica y por tipo de inversionistas, impacto en el mercado doméstico, justificación técnica de la tasa de interés pactada en función de las condiciones financieras prevalecientes del mercado, donde se demuestren los ahorros y otros beneficios obtenidos en dicho proceso.

La Contraloría General de la República, como ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, deberá realizar un análisis periódico de dichos informes.

Rige a partir de su publicación.

Jonathan Prendas Rodríguez                     Carmen Irene Chan Mora

Ignacio Alberto Alpízar Castro                Marulín Azofeifa Trejos

Nidia Lorena Céspedes Cisneros             Harllan Hoepelman Paez

Diputados y diputadas

20 de enero de 2021

NOTA:            Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021521188 ).

ADICIÓN DE UN INCISO Ñ) AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, N.º 7801,

Y SUS REFORMAS

                                                                                            Expediente N° 22.375

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Primer estado de la justicia del año 2015 señaló que en materia de acceso a la justicia los esfuerzos se habían concentrado en la equidad de género, pero también habían ido más allá, al incluirse a otros grupos vulnerables de la población.

Se logró identificar el acompañamiento letrado como uno de los tres factores que favorecen que los procesos penales lleguen a etapa de juicio. Asimismo, rescata las disparidades de género en el acceso a la justicia y los altos grados de impunidad en delitos asociados a las víctimas de violencia de género. Entre las conclusiones establece:

Cuando la persona imputada es una mujer aumentan las probabilidades de que sea sobreseída (p. 64) b. Los expedientes en riesgo de tutela efectiva de derechos representan un tercio de la muestra y que estos, en su gran mayoría (74%), corresponden a desestimaciones, especialmente en casos de delitos sexuales, contra la propiedad y contra la vida. (p.64) c. Las desestimaciones para delitos sexuales se asocian a un riesgo potencial (de no acceso a la justicia) del 80% (p.164) d. En el grupo de casos con mayor riesgo potencial tienen una alta presencia los delitos sexuales, contra la vida y contra la autoridad pública, así como las infracciones a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

Para el Segundo estado de la justicia del año 2017, el proceso de análisis se centró en aspectos particulares del quehacer del Poder Judicial, pero como parte de la motivación de esta iniciativa de ley cabe destacar el señalamiento que se hace sobre el panorama cada vez más complejo que enfrentamos como sociedad, cuando se observa que el Poder Judicial está expuesto a una ciudadanía cada vez más demandante y sensibilizada sobre su derecho de acceso a la justicia y que confía poco en la institución, a saber:

(…) los resultados del “Barómetro de las Américas”, de la Universidad de Vanderbilt, señalan que la confianza en el Poder Judicial es notoriamente menor a la de hace dos décadas, pese a los esfuerzos de modernización y las políticas de apertura y transparencia que se han impulsado. (pág. 36).

El mayor obstáculo para una apertura de nuestro sistema judicial a fin de dar cuenta de la capacidad del sistema y dispensar una justicia pronta, cumplida e igual para todos y todas, sigue centrada en la necesidad de que como sociedad podamos proponer espacios de asesoramiento legal gratuitos para personas en estado de vulnerabilidad social.

Lo anterior se ve reflejado hoy día en la inclusión de normas en nuestro ordenamiento jurídico para dotar de este apoyo letrado a las personas, dentro de los procesos judiciales, como por ejemplo en derecho de familia y en derecho laboral.

El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública, pero no está dentro de sus actividades representar a la víctima.

La única manera de intervenir, al margen de la representación del Ministerio Público, es mediante la interposición de una querella -acusación particular- y para ello es indispensable tener patrocinio letrado y un mandato con poder especial para el caso.

El diseño del proceso penal que se hizo con la reforma que entró en vigor en 1998 prevé la figura de la querella particular en los delitos de acción pública, que constituyen una acusación del o de la ofendida ejercida de forma independiente del Ministerio Público, de modo que la acción penal puede proseguir aun cuando el Ministerio Público solicite un sobreseimiento.

Esa es la única forma procesal para garantizar que la persona ofendida tenga acceso a una defensa efectiva de sus intereses, con independencia de la actividad requirente del Ministerio Público que, debe aclararse, no tiene la función legal de representar a las víctimas, pues de conformidad con los artículos 62 y 63 del Código Procesal Penal ejerce la acción penal y debe actuar de manera objetiva.

Dicho lo anterior, es válido concluir que la representación de las víctimas de las distintas formas de violencia de género, que constituyen delitos, debe ejercerse a través de la interposición de querellas, la cual de conformidad con el artículo 75 requiere patrocinio letrado, es decir, la contratación de un profesional en derecho y que, además, sea el apoderado especial de la víctima.

Es evidente que ese requisito procesal ha constituido un obstáculo para el efectivo acceso a la justicia de las víctimas de delitos relacionados con la violencia de género y esta falencia debe ser subsanada con la creación de oficinas que ofrezcan a las víctimas un efectivo acceso a la tutela judicial, que debe tomar la forma procesal del ejercicio de la querella por delitos de acción pública, de conformidad con las normas citadas (artículos 75 y 76) del Código Procesal Penal.

Nuestro Estado social de derecho debe ofrecer un espacio en el que se les brinde el apoyo letrado a las mujeres víctimas de violencia de género. Por ello, esta iniciativa de ley pretende dar el sustento legal para replicar experiencias exitosas, como es el caso de las defensas sociales especializadas, que bajo el amparo de un convenio suscrito entre el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el Poder Judicial de Costa Rica y el Instituto Nacional de la Mujer, se procedió a constituir estos espacios dirigidos a la atención especializada y patrocinio letrado gratuito de mujeres con procesos judiciales relacionados con la Ley de Penalización de la VcM y otros delitos sexuales.

Gracias al convenio citado se crearon seis defensorías sociales especializadas en la atención y representación legal de mujeres con procesos judiciales penales por violencia de género en las siguientes jurisdicciones: Desamparados, II Circuito Judicial de San José, Pérez Zeledón, Turrialba, Alajuela centro y San Carlos, que llevaron a buen término el apoyo a muchas mujeres que por su condición de vulnerabilidad lograron tener un acompañamiento dentro de los procesos judiciales.

Nuestro ordenamiento jurídico debe ofrecer a las mujeres en condición de vulnerabilidad patrocinio legal gratuito, lo contrario conlleva consecuencias jurídicas para ellas, al revictimizarlas dentro de los procesos de violencia intrafamiliar, sexual y de género, en los que no cuentan con el asesoramiento letrado. En este sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia 415-16 indicó:

Lo cual tiene como consecuencia que, al igual que cualquier otro servicio público, dicha actividad está impregnada de una serie de principios constitucionales que la Administración debe garantizar para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación al cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.

Esta iniciativa de ley tiene su sustento en lo dispuesto por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, “Convención Cedaw”, Ley Nº 6968, de 02 de febrero de 1984, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, “Convención Belem do Pará”, Ley 7499, de 02 de mayo de 1995, para dar a las mujeres víctimas una garantía de un acceso real a la justicia de causas asociadas a la Ley de Penalización de la VcM y delitos sexuales y reducción de la impunidad asociada a este tipo de delincuencia, propiamente los artículos 7 y 8, que señalan:

Artículo 7-

(…)

d.             Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

(…)

f               Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

(…).

Artículo 8-

(…)

d.             Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;

(…).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Relatoría sobre derechos de la Mujer, sobre “Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de la violencia en las Américas”, de 20 de enero del 2007, manifestó sobre la debida diligencia Estatal:

Frente a estos problemas, la CIDH ha verificado que, en el área específica de la administración de justicia, los Estados carecen de una visión y de una política integral institucionalizada para prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de violencia contra las mujeres. La Comisión observa algunas importantes deficiencias que afectan negativamente la investigación de casos de violencia contra las mujeres: retrasos injustificados en las diligencias necesarias por parte de las instancias encargadas de efectuar la investigación, y vacíos e irregularidades en las diligencias per sé que obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los casos. A estas dos variables contribuye la falta de recursos económicos y humanos para llevar a cabo investigaciones efectivas, y para poder judicializar y sancionar los casos. Esta situación es particularmente crítica en las zonas rurales y marginadas.

Estas palabras cobran hoy día sentido, cuando resulta significativo resaltar como parte de la justificación de esta iniciativa de ley el estudio realizado por el Inamu titulado “Investigación sobre nudos críticos para el acceso efectivo y oportuno de las mujeres a la justicia penal en el marco de la aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres” del año 2013, en el que se concluyó sobre el poco acceso real, efectivo, que tienen las mujeres de recibir justicia en la aplicación de la Ley de Penalización de la VcM.

Entre los principales hallazgos de ese estudio cabe destacar, en forma resumida, que las víctimas entran, transcurren y salen solas del proceso penal. No se les empodera y acompaña en todas las etapas del proceso, lo cual constituye una causa de abandono del proceso, toda vez que se está enfrentando a un proceso penal amenazante, complejo y revictimizante.

El Informe acerca del cumplimiento del Estado costarricense de la Cedaw había señalado en el año 2017, en lo que interesa lo siguiente:

El acceso a la justicia y a los recursos jurídicos

8.             El Comité toma nota de que mecanismos como los recursos de amparo permiten a las mujeres reivindicar la protección de sus derechos y acoge con beneplácito el establecimiento de centros de resolución alterna del conflicto que ofrecen servicios gratuitos. Sin embargo, observa con preocupación:

a)            Las barreras económicas que impiden el acceso de la mujer a la justicia y la limitada cobertura de los Consultorios Jurídicos y las Defensorías del Colegio de Abogados y Abogadas;

b)            La falta de información accesible y el desconocimiento entre las mujeres de sus derechos y los recursos legales para reivindicarlos;

c)             Los estereotipos discriminatorios sobre las mujeres que tratan de obtener justicia y el escaso conocimiento de los derechos de la mujer entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía, en todo el Estado parte;

d)            Las barreras al acceso a la justicia para las mujeres indígenas, afrodescendientes, refugiadas y solicitantes de asilo, así como para las mujeres con discapacidad, y la falta de información sobre los recursos.

Pero años después, tenemos un vacío para dar contenido económico y de continuidad en la asesoría, de esta manera evitar dejar a las mujeres desamparadas para continuar ejerciendo el derecho de acceso a la justicia, que aseguran las Convenciones de Derechos Humanos de las Mujeres a cuyo cumplimiento el Estado costarricenses se ha comprometido desde los años ochenta y noventa del siglo pasado. (Pág. 16. El resaltado no es del original).

La responsabilidad de la representación y acompañamiento a las víctimas mujeres de violencia intrafamiliar y ofendidas en procesos de la Ley de Penalización de la VcM, así como de los procesos de familia conexos a estos penales, es una responsabilidad estatal para alcanzar los fines reales de las convenciones internacionales suscritas por el país en materia de los derechos humanos de las mujeres, a vivir una vida libre de violencia.

Finalmente, es sustancial indicar que el Convenio específico de Cooperación entre el Poder Judicial, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, se rescindió por el señalamiento de la Contraloría de la República de no aprobar la partida para el pago de la planilla y la parte administrativa T-AT-05-AVI-01-1-04-02-S, con la cual el Instituto Nacional de las Mujeres había cumplido con el gasto administrativo y de planilla de los profesionales contratados para asumir los procesos penales y de familia ordenados, para las mujeres que acudieron a estas defensorías sociales, dejando a más de 800 mujeres vulnerables sin patrocinio legal.

El objetivo de la modificación al artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres es adicionar un nuevo inciso ñ), para dar el sustento legal dentro del quehacer de esta institución autónoma, de promover y suscribir convenios interinstitucionales que impulsen programas de servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y patrocinio legal gratuito en procesos judiciales, a mujeres en condición de vulnerabilidad.

El Inamu tiene la capacidad económica para apoyar este fin y es consecuente con su giro, ya que es la institución protectora de los derechos de las mujeres, que eleva la igualdad formal –normas de orden internacional y nacional - a la búsqueda de una concretización de la igualdad real por cuanto es una institución que, de manera activa, puede coordinar y vigilar que las instituciones públicas establezcan y ejecuten la política nacional para la igualdad y equidad de género, así como acciones concretas para cumplir con sus competencias.

Para ello, se presenta para consideración de los señores diputados y las señoras diputadas el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICIÓN DE UN INCISO Ñ) AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, N.º 7801,

Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un inciso ñ) al artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley 7801, y sus reformas, del 18 de mayo de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 4- Atribuciones

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

(…)

ñ)            Promover y suscribir convenios interinstitucionales para el desarrollo y financiamiento de programas de servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y patrocinio legal gratuito a mujeres en el marco de procesos judiciales relacionados con la aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (VcM) Ley N.º 8589, otros delitos sexuales cometidos contra mujeres mayores de 15 años y otros procesos judiciales en materia de familia, relacionados con violencia hacia las mujeres.

Rige a partir de su publicación.

Ana Lucía Delgado Orozco

Diputada

NOTA: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021521198 )

DECRETOS

N° 42791-S-MDHIS-MCM-MNA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

EL MINISTRO A.I DE SALUD,

EL MINISTRO DE DESARROLLO HUMANO

E INCLUSIÓN SOCIAL,

LA MINISTRA DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER,

Y LA MINISTRA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

En uso de las facultades conferidas en los artículos 11, 140 incisos 3), 8), 18) y 20), y 146 de la Constitución Política, 21, 25.1, 27.1, 28, párrafo 2), inciso b), de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, artículo 2 inciso e) de la Ley N° 5525 del 2 de mayo de 1974, Ley de Planificación Nacional; y el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN del 20 de junio del 2018 y sus reformas.

Considerando:

I.—Que según la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen no solamente una fuerza normativa similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución misma (ver. sentencia N° 3435-92 y su aclaración N° 5759-93).

II.—Que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución N° 217 A (iii) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, proclama que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (...) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales (...)”

III.—Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, ratificado por Costa Rica mediante Decreto Ejecutivo N° 38513-RE del 18 de junio del 2014 establece en su artículo 10 incisos 2 y 3 que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que “2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. (...) 3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asístencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición (...)”

IV.—Que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada en el cuadragésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, suscrita por Costa Rica el 26 de enero de 1990 y aprobada mediante Ley N° 7184 del 18 de julio de 1990 recoge los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños y las niñas.

V.—Que los artículos 3.1 y 3.2; 18; 24; 26; 27 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen que toda medida del Estado debe considerar primordialmente el interés superior de las niñas y los niños, así como los derechos a la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar; derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, a beneficios de la Seguridad Social, a la educación; lo anterior teniendo en cuenta los derechos, deberes y las obligaciónes comunes de ambos padres/madres en la crianza.

VI.—Que mediante la Resolución N° A/RES/70/1 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 se aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con 17 Objetivos y 169 metas, constituyendo un plan de acción para transformar el mundo en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. La Declaración reconoce que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, especialmente la pobreza extrema, es el mayor desafío que enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.

VII.—Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 17 plantean respectivamente: poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo; poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades; garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente; lograr la igualdad de genero y empoderar a todas las mujeres y las niñas; reducir la desigualdad en los países y entre ellos; y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

VIII.—Que según el artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el mas adecuado reparto de la riqueza.

IX.—Que la Constitución Política de la República de Costa Rica reza en su artículo 51 que “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.”

X.—Que de conformidad con el artículo 140 inciso 8) de la Constitución Política, es obligación del Poder Ejecutivo ejercer la coordinación del Estado y la vigilancia y dirección del buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas, en aras de alcanzar el desarrollo humano sostenible a través de la unificación de la actuación ejecutiva.

XI.—Que según los artículos 188 y 189 de la Constitución Política, así como los numerales 21, 26 inciso b) y 27 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978, los ministerios, las instituciones descentralizadas y demás entes que forman parte de la Administración Pública, están llamados a garantizar la unidad, visión y acción del Estado. Para lograr lo anterior, estas instancias requieren de la dirección y coordinación Política del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus competencias, de manera que los objetivos, programas y proyectos gubernamentales, así como los recursos públicos, deben ejecutarse de acuerdo con las prioridades del desarrollo nacional.

XII.—Que la Ley General de Salud, Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 establece en sus artículos 12 y 13 que “Toda madre gestante tiene derecho a los servicios de información materno-infantil, al control medico durante su embarazo; a la atención médica del parto y a recibir alimentos para completar su dieta, o la del nino, durante el período de lactancia. (...) Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad.”

XIII.—Que la Ley N° 7769, denominada Ley de Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza, establece que se deberá garantizar el mejoramiento en las condiciones de vida de las mujeres, mediante un proceso de formación integral que comprenda, al menos, lo siguiente: capacitación en formación humana, capacitación técnico-laboral, inserción laboral y productivo, acceso a vivienda digna y un incentivo económico ligado a los procesos de capacitación. La coordinación de las acciones tendientes a la atención de las mujeres en condiciones de pobreza recae en el Instituto Mixto de Ayuda Social, para lo que designará el contenido presupuestario, el apoyo logístico, el equipo, los materiales y el personal necesarios para el buen desempeño de la Comisión que se crea en la Ley de cita.

XIV.—Que el artículo 9 de la Ley General de Protección a la Madre Adolescente, ley N° 7735 del 19 de diciembre de 1997, establece que las clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los centros de salud, deberán “(...) b) Brindar asistencia gratuita, prenatal y posnatal, a las madres adolescentes. c) Desarrollar programas de formación y orientación tendientes a sensibilizar a las madres adolescentes y sus familias acerca de las implicaciones de su maternidad. d) Impartir cursos informativos de educación sexual dirigidos a las madres adolescentes, con el propósito de evitar la posibilidad de otro embarazo no planeado. e) Brindarles a las madres adolescentes, por medio del servicio social, insumos importantes que les permitan criar y educar adecuadamente a sus hijos.”

XV.—Que los artículos 42 y 43 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 7739 del 6 de enero de 1998, establecen respectivamente que “Las personas menores de edad tendrán derecho a la seguridad social. Cuando no las cobijen otros regímenes, disfrutarán de este derecho por cuenta del Estado. Para ello, la Caja Costarricense de Seguro Social adoptará las medidas respectivas. Las personas menores de edad deberán ser vacunadas contra las enfermedades que las autoridades de salud determinen. Suministrar y aplicar las vacunas serán obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por razones médicas, las excepciones para aplicar las vacunas serán autorizadas solo por el personal de salud correspondiente. El padre, la madre, los representantes legales o las personas encargadas serán responsables de que la vacunación obligatoria de las personas menores de edad a su cargo se lleve a cabo oportunamente.”

XVI.—Que la Ley de Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad, Ley N° 5349 de fecha 24 de setiembre de 1973, indica que la Caja Costarricense del Seguro Social, deberá prestar asistencia médico-hospitalaria a la población no asegurada incapaz de sufragar los gastos de sus servicios médicos y para atender tales obligaciones el Estado deberá crear previamente a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, rentas específicas para completar el pago de la atención.

XVII.—Que en el marco de la Ley N° 8688 de Creación del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia intrafamiliar, una de sus funciones es promover el desarrollo de programas que amplien y fortalezcan las acciones de autonomía personal y económica de las personas afectadas por la violencia.

XVIII.—Que el inciso d) del artículo 3 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley N° 7801 del 30 de abril de 1998 establece como parte de los fines del Instituto Nacional de las Mujeres “propiciar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres y el pleno goce de sus derechos humanos, en condiciónes de igualdad y equidad con los hombres.”

XIX.—Que el inciso g) y h) del artículo 3 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, Ley N° 7648 del 09 de diciembre de 1996 establecen como fines del Patronato Nacional de la Infancia respectivamente: “g) Estimular la solidaridad ciudadana y el sentido de responsabilidad colectiva para fortalecer, promover y garantizar los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.” y “h) Promover la participación organizada de la sociedad civil, los padres de familia, las instituciones estatales y las organizaciones sociales en los procesos de estudio, análisis y toma de decisiones en materia de infancia, adolescencia y familia, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas menores de edad.”

XX.—Que el artículo 4 de la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ley N° 4760 del 4 de mayo de 1971, establece entre sus fines: atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la indigencia y sus efectos; hacer de los programas de estimulo social un medio para obtener en el menor plazo posible la incorporación de los grupos humanos marginados de las actividades económicas y sociales del país; preparar los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para que mejoren sus posibilidades de desempeñar trabajo remunerado; atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deban ser provistas de medios de subsistencia cuando carezcan de ellos; procurar la participación de los sectores privados e instituciones públicas, nacionales y extranjeras, especializadas en estas tareas, en la creación y desarrollo de toda clase de sistemas y programas destinados a mejorar las condiciones culturales, sociales y económicas de los grupos afectados por la pobreza con el máximo de participación de los esfuerzos de estos mismos grupos; y coordinar los programas Nacionales de los sectores públicos y privados cuyos fines sean similares a los expresados en esta ley.

XXI.—Que con el análisis de los datos de los sistemas de información social, complementado con la información sobre embarazos y nacimientos, se pueden identificar con precision los hogares beneficiarios que cumplen con el perfil para una intervención integral interinstituciónal.

XXII.—Que el Decreto Ejecutivo N° 38.954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN sobre la implementación y articulación de la Estrategia Puente al Desarrollo del 14 de mayo del 2015, establece que la estrategia es el mecanismo mediante el cual se articulan programas, proyectos y acciónes de instituciones del sector que “buscan garantizar el efectivo derecho de acceso a los bienes, servicios y productos, que ofertan las instituciones y organizaciones publicas y privadas a nivel Nacional dirigidos a personas en condición de pobreza.”

XXIII.—Que el modelo de atención de familias de la Estrategia de Atención de la Pobreza Puente al Desarrollo ha resultado exitoso gracias al acompañamiento por parte de personas cogestores sociales a las familias beneficiarias, que contempla un proceso de diagnóstico y formulación de un plan familiar bianual en el cual se priorizan los logros basícos que se trabajarán con la familia durante su proceso de atención integral.

XXIV.—Que la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030 (PIEG), responde a los compromisos internacionales sobre derechos humanos y la igualdad efectiva, sustentado en la convencionalidad ratificadas por Costa Rica que protegen los derechos de las mujeres; en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1984) y, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belem Do Para, OEA 1994).

XXV.—Que la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030 (PIEG) establece como objetivos de sus ejes los siguientes: “Promover cambios culturales en la ciudadania, favorables a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres para la promoción, protección, respeto y garantía de sus derechos humanos, en las todas las regiones y zonas del país; Promover la corresponsabilidad social de los cuidados de personas en situación de dependencia y del trabajo doméstico no remunerado, que posibilite oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres; Fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante el empleo inclusivo de calidad y el uso, acceso y control a ingresos, recursos y beneficios, reduciendo la desigualdad en la distribución de la riqueza del país y, considerando la corresponsabilidad social de los cuidados como eje de empodePANIento económico en todas las regiones y zonas; Fortalecer a las mujeres en su empodePANIento personal, liderazgo individual y colectivo, el autocuidado y su bienestar para la ciudadania plena y el logro de la igualdad efectiva.”

XXVI.—Que el Eje 3 de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032 (PLANOVI), “busca articular las alianzas y estrategias entre Políticas y programas públicos Nacionales para el direccionamiento y la reorganización de la inversión estatal para posibilitar la autonomía económica de las mujeres como una manera de protegerse de la violencia o como una alternativa para salir de esta y particularmente, para contribuir a romper la trasmisión intergeneraciónal de la pobreza y de la violencia contra las mujeres”. Esta atención particular hace posible desencadenar los procesos de exclusion y minimizar el riesgo de que las mujeres vivan en un continuum de la violencia.

XXVII.—Que el Ministerio de Educación Publica desde el ambito de sus competencias, cuenta con un Manual de aplicación obligatoria para la atención del embarazo y maternidad en población de menores de edad insertas en el sistema educativo, donde se definen las orientaciones puntuales, que permiten la atención integral de la persona menor de edad, como sujeto de derechos, que les posibiliten continuar ejerciendo su derecho a la educación, así como el acceso a los servicios de salud para su desarrollo integral.

XXVIII.—Que según el artículo 4 de la Ley N° 8809, denominada Ley de Creación de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de atención integral, dicha dirección tendra las siguientes funciones: “a) Contribuir a mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil y el adecuado desarrollo de la niñez, que viven en condiciones de pobreza y/o riesgo social, b) Brindar al niño y a la niña en condición de pobreza y/o riesgo social la oportunidad de permanecer en servicios de atención diaria de calidad, facilitando la incorporación de las personas responsables de su tutela al proceso productivo y educativo del país, c) Incorporar la participación organizada de las personas responsables de la tutela de la persona menor y de la comunidad en los procesos de análisis y toma de decisiones relacionados con la ejecución del programa.”

XXIX.—Que resulta oportuno y reviste un claro interés público contar con un modelo de atención integral de hogares en condición de pobreza extrema que permita centrar la intervención interinstitucional y el acompanamiento familiar de la Estrategia Puente al Desarrollo en las necesidades de la madre gestante o lactante y la persona recien nacida ajustado a las necesidades hasta los 36 meses de edad, sin detrimento de la atención integral que beneficiará a las personas integrantes del hogar mediante la intermediación entre las demandas de las familias y el acceso a los bienes y servicios articulados.

XXX.—Que según la Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2016), desde el nacimiento, la atención y educación de la primera infancia sienta las bases del desarrollo integral de las personas, su bienestar y su salud, por lo que tiene una relación directa con los derechos humanos de los niños y las niñas. La inversion en desarrollo infantil forja las competencias y aptitudes que permiten a las personas su preparación para el ingreso en la escuela primaria así como el aprendizaje a lo largo de sus vidas y el desarrollo pleno de su potencial como ciudadanos abiertos, responsables y capaces.

XXXI.—Que durante los primeros meses de vida los niños y las niñas reciben una mayor influencia del entorno y es el momento en que tiene lugar el desarrollo neurobiológico más importante del ciclo vital, por lo que es esencial que todos los niños y las niñas tengan acceso a cuidados de calidad y a educación integral durante la primera infancia.

XXXII.—Que existe sólida evidencia respecto a que la inversión en la infancia temprana constituye una de las inversiones con mayor retorno a largo plazo, y genera efectos positivos en el desarrollo del capital humano, la igualdad entre los sexos y la cohesión social. El período gestacional y la infancia temprana representan una oportunidad única en la que las privaciones o carencias, aunque temporales, pueden tener efectos irreversibles en el desarrollo de las personas durante todo su ciclo vital; y estas privaciones pueden retrasar a generaciones enteras y reproducir el círculo de la pobreza y reforzar la desigualdad; por lo que una atención integral desempeña un papel crucial para los niños y las niñas más vulnerables, permitiendo compensar las deficiencias de contextos familiares o entornos adversos a su desarrollo, sentando las bases para romper el ciclo de reproducción de la pobreza.

XXXIII.—Que según el Análisis de la OCDE acerca de las Políticas Nacionales para la Educación en Costa Rica de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Economico (2016), 7a medida mas efectiva que Costa Rica puede adopter para poner un alto a la creciente desigualdad y dar a cada niño una oportunidad justa de tener exito en cuanto aprendizaje y vida es priorizar la expansión de la Atención y la Educación en la Primera Infancia de calidad, concentrandose en las poblaciones menos favorecidas.”

XXXIV.—Que desde el PLANOVI se considera que la pobreza puede aumentar el riesgo frente a la violencia, ya que determinados grupos de mujeres y niñas que viven en la pobreza y la exclusión se enfrentan a múltiples formas de discriminación y como resultado también sufren un mayor riesgo de violencia.

XXXV.—Que según datos de ONU Mujeres, las niñas pobres tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de casarse en su infancia que aquellas pertenecientes al quintil mas rico y que este matrimonio temprano implica embarazos también tempranos y múltiples, la interrupción de los estudios, el desempleo, subempleo o empleo informal y con ello la transmisión intergeneracional de la pobreza para las nuevas generaciónes.

XXXVI.—Que los efectos de lo que ocurre durante el período de embarazo y los primeros años de vida de un ser humano suelen ser duraderos y en algunos casos permanentes por la transmisión generacional y en el caso de la maternidad en las adolescentes, porque se traduce en la falta de oportunidades y exclusión social.

XXXVII.—Que el Estado debe garantizar acciones afirmativas dirigidas a las adolescentes embarazadas o madres, sus hijos e hijas planificando con objetivos de mediano plazo, y en una lógica de proceso articulado a traves del tiempo, a fin de que ellas alcancen indicadores de inclusión social tales como: mayor escolaridad, independencia, acceso a servicios de cuidado y desarrollo infantil, subsidios y otros programas sociales, de acuerdo a sus necesidades.

XXXVIII.—Que en el marco del Proyecto Mesoamérica se sumaron experiencias exitosas en el desarrollo de un abordaje específico para la atencidn de la población adolescente desde la CCSS y que los datos demuestran su efectividad, pues la cifra de nacimientos de población adolescente se mantuvo en un 20% durante muchos años y a partir del 2014, se inició el descenso hasta llegar al 2017, con la cifra de 14.7%.

XXXIX.—Que es una prioridad Política de primer orden para la Administración Alvarado Quesada impactar de forma directa las dimensiones de la pobreza multidimensional, entendida como las privaciones que tienen los hogares y las personas en diferentes ambitos de bienestar que no estan capturadas en el ingreso familiar mediante el mejoramiento de la articulación de los programas y servicios que permitan promover el desarrollo humano integral en los hogares, así como la reducción de las desigualdades y la reproducción de la pobreza y la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. Por tanto,

Decretan:

“CREACIÓN DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL

E INTERINSTITUCIÓNAL DE HOGARES EN SITUACIÓN DE

POBREZA EXTREMA CON MUJERES EN ESTADO DE

GESTACIÓN O LACTANCIA, DENOMINADA NiDO”

Artículo 1º—Creación. Crease una modalidad de atención integral e interinstitucional, denominada NiDO (Nihez: Desarrollo y Oportunidades), dirigida a la atención de las necesidades de aquellos hogares en situación de pobreza extrema, con presencia de mujeres en estado de gestación o lactancia, durante 36 meses.

El marco de articulación se circunscribe en la Estrategia de Atención de la Pobreza Puente al Desarrollo, componente Puente al Bienestar; así como en acciónes del Eje 3 de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI 2017-2032).

Artículo 2º—Fin. El fin de la modalidad de atencidn NiDO es generar oportunidades, capacidades y entornos protectores en los hogares beneficiarios para prevenir la transmisión intergeneracional del ciclo violencia-pobreza e incidir en el desarrollo infantil temprano, focalizando la atención integral en las necesidades de las madres gestantes o lactantes y las personas recien nacidas.

Artículo 3º—Objetivo General: El objetivo general de la modalidad de atención NiDO es articular programas, servicios y proyectos que permitan la atención integral interinstitucional de los hogares en situación de pobreza extrema con mujeres en estado de gestación o lactancia, durante 36 meses.

Artículo 4º—Objetivos Específicos. Los objetivos específicos de la modalidad de atención NiDO son:

a)            Garantizar al núcleo familiar de los hogares beneficiarios, el acceso al sistema de protección y promoción social.

b)            Procurar a las mujeres en estado de gestación o lactancia de los hogares beneficiarios, el acceso a los servicios de salud materna, atención pre-natal y post-parto.

c)             Incidir en el desarrollo infantil integral de las personas recien nacidas de los hogares beneficiarios, mediante la estimulación temprana, así como la educación familiar y la promoción de la lactancia materna y la nutrición saludable y adecuada.

d)            Promover prácticas de crianza responsable basadas en la igualdad de genero y la no violencia, así como la corresponsabilidad social en los cuidados, la planificación familiar y salud sexual y reproductiva.

e)             Aumentar el acceso de las mujeres beneficiarias -sobre todo aquellas afectadas por la violencia, niñas y adolescentes embarazadas y niñas y adolescentes madres- a programas de desarrollo y empodePANIento económico y social, que coadyuven al logro de su autonomía económica.

Artículo 5º—Perfil de los hogares beneficiarios. Los hogares beneficiarios son aquellos que se encuentran en condición de pobreza extrema con al menos una mujer en estado de gestación. Sin embargo, se podran beneficiar hogares en condición de pobreza o con una mujer en período de lactancia hasta los 6 meses de edad de la persona recién nacida. Para los hogares beneficiarios de NiDO, se consideraran beneficiarias directas las mujeres en gestación o lactancia, sus hijos e hijas recién nacidas; mientras que el resto de integrantes del hogarse consideraran beneficiarios indirectos.

Artículo 6º—Criterios de priorización. Se dará prioridad a aquellos casos donde la mujer embarazada sea menor de edad y donde coexistan otros elementos de riesgo o vulnerabilidad social según criterio profesional de las instituciones competentes. Así mismo, se priorizara la atención de los casos en las regiones con un índice mas alto de vulnerabilidad de violencia contra las mujeres, según la información suministrada por el INAMU. En la priorización se debe considerar tambien la edad gestacional.

Específicamente para el cumplimiento del inciso e) del artículo 4, se priorizará la atención de niñas-madres y adolescentes madres, sus hijos e hijas en cantones seleccionados por el INAMU donde se ejecutará de manera piloto acciones vinculadas al Eje 3 de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI), atendiendo a sus acciones estrategicas.

Artículo 7º—Identificación y selección de los hogares. Para la identificación de los hogares potencialmente beneficiarios de la modalidad de atención NiDO, se contara con dos estrategias:

a)            Un protocolo mensual de embarazos y nacimientos de la Caja Costarricense del Seguro Social que permita al Instituto Mixto de Ayuda Social, a través de sus sistemas de información social, generar información de los hogares que cumplen con el perfil, según los criterios de priorización establecidos para cada ciclo de elegibilidad.

b)            Adicionalmente, el PANI, el MEP, el INAMU y la Dirección Nacional de CEN-CINAI y las propias Unidades Locales de Desarrollo Social del IMAS, podrán generar referencias para la incorporación de hogares que cumplan con este perfil de atención.

Los resultados del analisis de la información seran remitidos desde el Area de Atención Integral a las Areas Regionales de Desarrollo Social del IMAS para ser distribuidas a cada Unidad Local y así determiner cuales seran finalmente beneficiarias, según el proceso de elegibilidad vigente.

Artículo 8º—Tratamiento de dates personales. Todo el tratamiento de datos personales requerido para la selección de los hogares, se realizará según lo dispuesto en la Ley N° 8968, Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.

Artículo 9º—Metas. La Subgerencia de Desarrollo Social del IMAS con base en el criterio del Área de Atención Integral Interinstituciónal y previa coordinación con el Departamento de Violencia del INAMU, el Ministerio de Salud y el PANI, incorporara los hogares a atender a las metas de atención para las Áreas Regionales de Desarrollo Social y reservara los recursos presupuestarios requeridos del Programa de Protección y Promocidn Social para atención integral de los hogares beneficiarios, que en todos los casos formaran parte de las metas y el presupuesto dedicado a la Atención Integral Interinstitucional del IMAS.

Las metas se comunicarán oficialmente a las instituciones correspondientes a efectos de que planifiquen la atención de las referencias y la asignación de recursos que correspondan, según la oferta programática vinculada.

Artículo 10.—Aplicación o actualización de la FIS. Todos los hogares beneficiarios deberán contar con la Ficha de Información o Inclusion Social (FIS) actualizada. Este es un paso esencial y necesario para validar que se cumple con el perfil prioritario y que se cuenta con una linea base con información actualizada de las condiciones socioeconómicas del hogar, para su trazabilidad y seguimiento.

Artículo 11.—Plazo y procedimiento de atención. Para los hogares beneficiarios de esta modalidad de atención, se deberá seguir el procedimiento indicado en este Decreto Ejecutivo, en complemento al proceso metodológico del modelo de atención integral e interinstituciónal del IMAS vigente, así como la oferta programática establecida en el Decreto Ejecutivo N° 38954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN y sus reformas, sobre la Implementación y articulación de la Estrategia Puente al Desarrollo.

Artículo 12.—Diagnóstico, garantía de atención prenatal y atención de necesidades básicas. Desde el momento de la selección de la familia beneficiaria se procedera con el diagnóstico de las carencias y las privaciones de la familia, principalmente las de protección social y garantla de cobertura y acceso efectivo a los servicios de salud materna.

Independientemente del mes de gestación, desde el inicio de la atención se deberá priorizar la atención de las necesidades básicas a la madre gestante a través del Beneficio de Atención a Familias del IMAS y garantizar el acceso al Seguro de Salud por cuenta del Estado que permita a la madre recibir atención en salud prenatal y los suplementos necesarios durante el embarazo.

Artículo 13.—Nutrición Preventiva. Como medidas preventivas se debe referir el caso, siguiendo los protocolos vigentes, para garantizar el acceso a la madre gestante a los programas de nutrición preventiva de la Dirección Nacional de CEN-CINAI.

Artículo 14.—Atención de casos críticos: Adicionalmente a la intervención interinstitucional, en caso de ser una adolescente madre se deberá articular un espacio de gestión local que permita un seguimiento conjunto a estos casos en el marco del Eje 3 del PLANOVI. Se seguirán los procedimientos para la denuncia y protección de la adolescente madre de acuerdo con la Ley de fortalecimiento de la protección legal de las ninas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas, Ley N° 9406. Adicionalmente, se referira a la persona adolescente a la Red de Servicios de la CCSS de acuerdo al lugar de residencia y adscripción, para recibir la atención requerida; según se determine en los protocolos vigentes.

En caso de detectar en el núcleo familiar algún incidente de violencia intrafamiliar u otra forma de violencia contra las mujeres, se debe referir el caso al INAMU, PANI o al Ministerio Público según corresponda para atención inmediata; de conformidad con la normativa aplicable.

Artículo 15.—Formulación de Planes Familiares. El plan de intervención familiar es un instrumento de acompanamiento a los hogares que permite el acceso garantizado y preferente a la red de protección social, con resultados de participación y permanencia en los programas sociales selectivos y universales que sean determinantes en la atención integral de la familia y al ejercicio de sus derechos; sustentada en la oferta estatal vinculante para la Estrategia Puente al Desarrollo, según el Decreto Ejecutivo N° 38954-MTSSMDHIS-MIDEPLAN y sus reformas. Para la formulación de los Planes Familiares se utilizará la metodología vigente, según el Modelo de Intervención Institucional del IMAS.

En la formulación del plan familiar se deben establecer las acciones afirmativas necesarias que consideren el ciclo de vida y particularidades cuando se trata de una mujer en gestación que es menor de edad.

Artículo 16.—Acompañamiento a la ejecución del plan familiar y acceso preferente a oferta programática. A partir del inicio de la atención, se dispone la ejecución del plan de intervención familiar formulado y acordado, con acompañamiento de la persona profesional en desarrollo social o afines, según los siguientes aspectos:

a)            La implementación del plan familiar tendrá un plazo de dos años contados a partir del inicio de la atención, más el año adicional para dar sostenibilidad a los logros de la familia, resultando en la movilidad social ascendente y el disfrute de sus derechos.

b)            La familia podrá contar con tantos beneficios como sean necesarios, lo cual implica preparar el paquete de servicios y beneficios a su medida, a partir de la oferta programática de las instituciones, considerando el ciclo de vida de la mujer en estado de gestación, particularmente en casos de adolescentes madres.

c)             La familia debe avanzar en el cumplimiento de las tareas, asumiendo su corresponsabilidad según el Plan Familiar.

d)            En las sesiones de trabajo se podrá actualizar y replantear el plan familiar según la evolución de las condiciones de la familia.

Artículo 17.—Paquete de estimulación y desarrollo infantil temprano. El PANI y el IMAS coordinarán para que cada persona recién nacida de los hogares atendidos en el marco de la Estrategia Puente al Desarrollo que forman parte de la modalidad de atención NiDO reciban un paquete de estimulación y desarrollo infantil temprano. Los contenidos del paquete serán diseñados por el equipo técnico interinstitucional establecido en el artículo 23 de esta norma, según estandares internacionales y buenas prácticas en la materia. Este paquete será complementado con el Programa Creciendo Juntos de la Dirección Nacional de CEN CINAI.

Artículo 18.—Desarrollo y fortalecimiento de habilidades. El Instituto Nacional de las Mujeres seguirá atendiendo de forma prioritaria las referencias de los hogares atendidos como parte de la Estrategia Puente al Desarrollo para el programa de formación humana Avanzamos Mujeres a las madres y jefas de hogar de las familias atendidas.

Se deberá realizar al menos una sesión interinstitucional conjunta entre el INAMU y el IMAS al año. Este acompañamiento interinstitucional incluirá empoderamiento a las madres, así como información y concientización sobre derechos y salud sexual, reproductiva y planificación familiar con enfoque de derechos y de genera.

Artículo 19.—Procesos socioeducativos e intervención sociolaboral. En el proceso de seguimiento al plan familiar y en sesiones de trabajo con los hogares se definirán las acciones que permitan a sus integrantes incorporarse en procesos socioeducativos y de desarrollo sociolaboral. Para ello se deberán observar las siguientes disposiciones:

a)            Se priorizará el acceso y la permanencia de los integrantes del hogar al sistema educativo formal mediante el Programa Avancemos del IMAS.

b)            Se priorizará el acceso a los servicios de cuidado infantil institucionalizados a aquellas beneficiarias directas que requieran de estos servicios para permanecer o incorporarse en procesos socioeducativos y de desarrollo sociolaboral.

c)             La persona profesional en desarrollo social referirá y dará seguimiento a la incorporación de la familia a la intervención sociolaboral de la estrategia denominada Puente al Trabajo y para atención prioritaria en el Sistema Nacional de Empleo.

Artículo 20.—Desarrollo infantil y crianza responsable: En caso de que la familia no cumpla con los parámetros para optar por servicios de cuidado infantil institucionalizados, o que no exista disponibilidad presupuestaria por parte de las Unidades Ejecutoras de la REDCUDI, se brindará acompañamiento a la familia mediante su incorporación en los programas de Academias de Crianza del PANI y en modalidades de atención intra o extramuros de la Dirección Nacional de CEN-CINAI.

Artículo 21.—Movilidad, sostenibilidad y egreso. Posterior a los 24 meses contados a partir del inicio de la atención, se verificará el cumplimiento de los logros del plan familiar.

En caso de que la familia cumpla con el perfil de salida del modelo, según los criterios del Área de Atención Integral Interinstitucional del IMAS, se procedera con el protocolo de egreso.

En caso de que a criterio de la persona profesional en desarrollo social, según los parámetros vigentes, la familia requiere de un año adicional de acompanamiento familiar, se mantendrá la familia en fase de sostenibilidad.

Artículo 22.—Monitoreo y visitas de seguimiento interinstituciónales. Las visitas de la persona profesional en desarrollo social del IMAS a los hogares beneficiarios durante el proceso de atención, deberán coordinarse con personal local de la Dirección Nacional de CEN-CINAI, PANI, INAMU y con Asistentes Técnicos en Atención Primaria de la CCSS. La participación de los ATAPS será en estricta concordancia con los fines y competencias establecidas a la CCSS.

Estas visitas procurarán que los hogares beneficiarios reciban acompañamiento al menos una vez de cada institución, y debe permitir monitorear simultáneamente el cumplimiento del Plan Familiar, así como el desarrollo de la persona recien nacida, mediante un instrumento de seguimiento.

En las visitas se deberá verificar que la madre y la persona recién nacida se encuentren recibiendo atención en salud materna y post-parto y la vacunación correspondiente, así como medio para brindar información relevante y sensibilización a los hogares beneficiarios sobre la lactancia materna, estimulación temprana, corresponsabilidad de los cuidados y planificación familiar.

Adicionalmente, el IMAS a través de sus sistemas de información social contara con información actualizada que permita monitorear y dar trazabilidad a la atención brindada por parte de las instituciones participantes, según lo requiera el Área de Atención Integral Interinstitucional.

Artículo 23.—Equipo Técnico Interinstitucional: Para la coordinación de las acciones necesarias para la correcta ejecución, seguimiento y evaluación de esta modalidad de atención, se establece un equipo técnico interinstitucional conformado por un representante (enlace) de las siguientes instituciones:

a)            Instituto Mixto de Ayuda Social,

b)            Instituto Nacional de las Mujeres,

c)             Patronato Nacional de la Infancia,

d)            Ministerio de Salud

e)             Ministerio de Educación Publica,

f)             Caja Costarricense del Seguro Social

g)             Dirección Nacional de CEN-CINAI,

h)            Secretaria Técnica REDCUDI.

La coordinación del equipo y la convocatoria a las sesiones de trabajo sera ejercida conjuntamente por los despachos Ministeriales de Desarrollo Humano e Inclusion Social; Nihez y Adolescencia, y Condición de la Mujer. La Subgerencia de Desarrollo Social y el Area de Atención Integral e Interinstituciónal del IMAS, junto con la Gerencia Tecnica del PANI y el Departamento de Violencia del INAMU brindaran acompanamiento en todas las fases del proceso de implementación, de conformidad con sus competencias.

Artículo 24.—Informes semestrales. El Área de Atención Integral Interinstitucional del IMAS deberá sistematizar la información sobre la atención brindada a los hogares beneficiarios de esta modalidad de atención, incluyendo los principales logros y resultados obtenidos. Esta información, constituirá un informe de seguimiento de forma semestral, incluyendo recomendaciones de mejora dirigidas a las institucipnes competentes.

Artículo 25.—Actualización de Protocolos. El Área de Atención Integral Interinstitucional del IMAS, junto con las instituciones competentes, deberán de ajustar los protocolos interinstitucionales vigentes o en su defecto, elaborar nuevos protocolos de articulación, para incorporar los aspectos establecidos en este Decreto Ejecutivo para la atención integral de los hogares en pobreza extrema con al menos una mujer en gestación o lactancia.

Artículo 26.—Vigencia. Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República el seis de enero del dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Salud a.í., Pedro González Morera.—El Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez Madriz.—La Ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero Campos.—La Ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez Arias.—1 vez.—( D42791 – IN2021521388 ).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 581-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las atribuciones y facultades que confieren los artículos 139 de la Constitución Política; 47 inciso 3) de la Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”;

Considerando:

I.—Que el dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-475-2006 del 28 de noviembre del 2006 dispone en lo conducente que “... tanto los ministros como viceministros, tienen derecho a las vacaciones anuales remuneradas, a tenor del mencionado numeral 59 constitucional (...) y artículos 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 7 literal d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros”.

II.—Que el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, ha solicitado autorización para disfrutar algunos días de vacaciones de su período correspondiente. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al Dr. Daniel Salas Peraza, cédula de identidad número 1-962-826, Ministro de Salud, para que disfrute vacaciones de su período correspondiente, del 2 de enero al 16 de enero de 2021, en el entendido de que el día 01 de enero es feriado de pago obligatorio y que los días 3, 10 y 17 de enero corresponden a domingos, día semanal de descanso, retomando labores el día 18 de enero de 2021.

Artículo 2º—En tanto dure la ausencia del Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, se nombra Ministro a. í. de Salud al Dr. Pedro González Morera, Viceministro de Salud, cédula de identidad número 1-896-676.

Artículo 3º—Rige del 01 al 17 de enero de 2021.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil veinte.

Publíquese.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—1 vez.—O. C. N° 4600037836.—Solicitud N° 245697.—( IN2021520825 ).

N° 587-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las atribuciones y facultades constitucionales y legales señaladas en el artículo 139 inciso 1) de la Constitución Política de la República de Costa Rica y el artículo 47 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública, número 6227 del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho.

ACUERDA:

Artículo 1º—Modificar los artículos 1°, 2° y 3° del acuerdo N° 571-P de fecha veintidós de diciembre de dos mil veinte, de la Señora Ministra para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 1º—Autorizar a la señora Fiorella Salazar Rojas, Ministra de Justicia y Paz, con cédula de identidad número 1-0938-0646, para que disfrute de sus vacaciones legales los días 04, 05 y 06 de enero de 2021, lo anterior según dictamen de la Procuraduría General de la República Nº C475-2006 del 28 de noviembre del 2006 que dispone en lo conducente que, «[...] a no dudarlo, tanto los ministros como viceministros tienen derecho a las vacaciones anuales remuneradas al tenor del mencionado numeral 59 constitucional [...] y artículos 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 7 literal d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.

Artículo 2º—En tanto dure la ausencia de la señora ministra de Justicia y Paz, se nombrará a la señora Diana Posada Solís como ministra a. í. del Ministerio de Justicia y Paz, cédula de identidad número 9-0104-0182, los días 04, 05 y 06 de enero de 2021.

Artículo 3º—Rige del 04 al 06 de enero de 2021”.

Artículo 2º—Todo lo demás del acuerdo 571-P, permanece invariable.

Artículo 3º—Rige del 04 al 06 de enero del 2021.

Dado en la Presidencia de la República, a los cuatro días del mes de enero del dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—1 vez.—O.C. N° 4600046085.—Solicitud N° 245971.—( IN2021521142 ).

N° 571-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las atribuciones y facultades constitucionales y legales señaladas en el artículo 139 inciso 1) de la Constitución Política de la República de Costa Rica y el artículo 47 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública, número 6227 del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho.

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar a la señora Fiorella Salazar Rojas, Ministra de Justicia y Paz, con cédula de identidad número 1-0938-0646, para que disfrute de sus vacaciones legales los días 05 y 06 de enero del 2021, lo anterior según dictamen de la Procuraduría General de la República N° C475-2006 del 28 de noviembre del 2006, que dispone en lo conducente que, “[...] a no dudarlo, tanto los ministros como viceministros tienen derecho a las vacaciones anuales remuneradas al tenor del mencionado numeral 59 constitucional [...] y artículos 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 7 literal d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros”.

Artículo 2º—En tanto dure la ausencia de la señora ministra de Justicia y Paz, se nombrará a la señora Diana Posada Solís como Ministra a. í. del Ministerio de Justicia y Paz, cédula de identidad número 9-0104-0182, los días 05 y 06 de enero del 2021.

Artículo 3º—Rige del 05 al 06 de enero del 2021.

Dado en la Presidencia de la República, el día veintidós de diciembre del dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—1 vez.—O. C. N° 4600046085.—Solicitud N° 245970.—( IN2021521144 ).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

N° 93-2020 AC.—Cuatro de noviembre del dos mil veinte.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 140, inciso 2) y 146 de la Constitución Política de Costa Rica, 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, la Resolución Nº 13146 de las veinte horas cuarenta minutos del treinta de mayo del dos mil diecinueve, del Tribunal de Servicio Civil,

ACUERDAN:

Artículo 1°—Despedir con justa causa y sin responsabilidad para el Estado, a la servidora María Enriqueta Mora Rojas, mayor de edad, cédula de identidad N° 3-02510576, quien labora como Profesora de Enseñanza Media –Religión- en el Instituto Clodomiro Picado Twight, adscrita a la Dirección Regional de Educación de Turrialba, del Ministerio de Educación Pública.

Artículo 2°—El presente acuerdo rige a partir del veintiséis de noviembre del dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro.—1 vez.—O. C. N° 4600043388.—Solicitud N° 244398.—( IN2021521200 ).

N° 0108-2020 AC.—San José, 18 de diciembre del 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 140, inciso 2) y 146 de la Constitución Política de Costa Rica, 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, la Resolución N° 13231 de las veintiuna horas cinco minutos del diecisiete de setiembre del dos mil veinte del Tribunal de Servicio Civil, y la Resolución N° 047-2020 de las diez horas del veintisiete de noviembre del dos mil veinte del Tribunal Administrativo de Servicio Civil.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Dejar sin efecto el acuerdo de despido N° 0103-2020 del nueve de diciembre del dos mil veinte, a nombre de Myriam Badilla Aragón, mayor de edad, cédula de identidad N° 6-0220-0619, quién labora como Conserje de Servicio Civil en la Escuela Rafael Iglesias Castro, adscrito a la Dirección Regional de Educación de Limón, por haber indicado el nombre de la institución “Colegio Técnico Profesional de Limón”.

Artículo 2º—Despedir con justa causa y sin responsabilidad para el Estado, a la servidora Myriam Badilla Aragón, mayor de edad, cédula de identidad N° 6-0220-0619, quien labora como Conserje de Servicio Civil en la Escuela Rafael Iglesias Castro, adscrito a la Dirección Regional de Educación de Limón.

Artículo 3º—El presente acuerdo rige a partir del veintiuno de diciembre del dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro.—1 vez.—O. C. N° 4600043388.—Solicitud N° 244400.—( IN2021521204 ).

N° 0096-2020 AC.—Trece de noviembre del dos mil veinte.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 140, inciso 2) y 146 de la Constitución Política de Costa Rica, 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, la Resolución N° 13215 de las veintiún horas del cinco de setiembre del dos mil veinte del Tribunal de Servicio Civil, y la Resolución N° 38-2020 de las once horas del seis de noviembre del dos mil veinte del Tribunal Administrativo de Servicio Civil.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Despedir con justa causa y sin responsabilidad para el Estado, a la servidora Priscilla Patricia Cruz Flores, mayor de edad, cédula de identidad N° 1-1159-0805, quien labora como Profesora de Enseñanza General Básica en el Centro Educativo Gabriela Mistral (Guácima), adscrito a la Dirección Regional de Educación de Alajuela.

Artículo 2°—El presente acuerdo rige a partir del cuatro de diciembre del dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro.—1 vez.—O. C. N° 4600043388.—Solicitud N° 244402.—( IN2021521206 ).

Nº 95-2020 AC.—Once de noviembre del dos mil veinte

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 140, inciso 2) y 146 de la Constitución Política de Costa Rica, 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, la Resolución Nº 13216 de las diecinueve horas cincuenta minutos del diez de setiembre del dos mil diecinueve, del Tribunal de Servicio Civil.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Despedir con justa causa y sin responsabilidad para el Estado, a la servidora Xinia Arias Aguilar, mayor de edad, cédula de identidad Nº 7-0117-0242, quien labora como Profesora de Enseñanza General Básica en el Centro Educativo Los Ángeles, adscrita a la Dirección Regional de Educación de Guápiles, del Ministerio de Educación Pública.

Artículo 2º—El presente acuerdo rige a partir del nueve de diciembre del dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro.—1 vez.—O. C. Nº 4600043388.—Solicitud Nº 244405.—( IN2021521207 ).

N° 001-2021 AC.—San José, 04 de enero del 2021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 140, inciso 2) y 146 de la Constitución Política de Costa Rica, 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, la Resolución N° 13255 de las veintiún horas veinticinco minutos del nueve de octubre del dos mil diecinueve, del Tribunal de Servicio Civil.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Despedir con justa causa y sin responsabilidad para el Estado, a la servidora Gindra Raquel Brown Donaldson, mayor de edad, cédula de identidad N° 1-1002-0615, quien labora como Profesora de Enseñanza Preescolar en el Centro Educativo Las Palmiras, adscrito a la Dirección Regional de Educación de Limón, del Ministerio de Educación Pública.

Artículo 2º—El presente acuerdo rige a partir del quince de enero del dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro.—1 vez.—O. C. N° 4600043388.—Solicitud N° 245047.—( IN2021521212 ).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Nº AMJP-0166-11-2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo Nº 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Acoger la renuncia y dejar sin efecto el acuerdo número 208-MJP de fecha 23 de noviembre del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 11 del 16 de enero del 2012, con el que se nombró al señor Jorge Alberto Gutiérrez Gutiérrez, cédula de identidad número 1-0386-0794, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial CEGESTI, cédula jurídica Nº 3-006-131997.

Artículo 2º—Nombrar al señor Jesús María Castro Monge, cédula de identidad número 1-0465-0145, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial CEGESTI, cédula jurídica Nº 3-006-131997, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 3º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 4º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el veinticuatro de noviembre del dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.—1 vez.—O.C. N° 4600046085.—Solicitud N° 245982.—( IN2021521072 ).

Nº AMJP-0168-12-2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo Nº 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar a la señora Marianella Espinoza Sáenz, cédula de identidad número 1-0937-0861, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Comunidad que Florece, cédula jurídica Nº 3-006-797015, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el ocho de diciembre del dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.—1 vez.—O.C. N° 4600046085.—Solicitud N° 245978.—( IN2021521129 ).

Nº AMJP-0167-12-2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo Nº 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar a la señora María Fernanda Barquero Ávila, cédula de identidad número 1-1511-0048, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Atrofia Muscular Espinal Costa Rica, cédula jurídica Nº 3-006-797233, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, el primero de diciembre del dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.—1 vez.—O. C. N° 4600046085.—Solicitud N° 245975.—( IN2021521131 ).

N° AMJP-0165-11-2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar al señor Carlos Roberto Pizarro Barrantes, cédula de identidad N° 5-0346-0204, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Tamarindo Park, cédula jurídica N° 3-006-798411, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2°—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, el veinticuatro de noviembre del dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.—1 vez.—O. C. N° 4600046085.—Solicitud N° 245972.—( IN2021521135 ).