GOBERNACIÓN Y POLICÍA

JUNTA ADMINISTRATIVA

DE LA IMPRENTA NACIONAL

Con fecha jueves 2 de febrero del año 2023, dentro del Diario Oficial La Gaceta N° 19, páginas de la 3 a la 9, se publicó el documento N° 2023712366 correspondiente al Decreto N° 43881-H, “Régimen de Tributación Simplificada”, donde por error se indicó dentro del apartado Decretan, Artículo 5°:

Artículo 5°—Factores de cálculo de aplicación en el régimen.

Para el cálculo del impuesto sobre la renta y/o del impuesto sobre el valor agregado, los contribuyentes acogidos a este régimen aplicarán los siguientes factores:

Actividad lucrativa	Impuesto sobre la Renta	IVA
a)        Comercio minorista:
-              Compras al 2%		0,02
-              Compras al 13%	0,01	0,0033
-              Compras al 1%		0,00125

 

     Siendo lo correcto:

Artículo 5°—Factores de cálculo de aplicación en el régimen.

Para el cálculo del impuesto sobre la renta y/o del impuesto sobre el valor agregado, los contribuyentes acogidos a este régimen aplicarán los siguientes factores:

Actividad lucrativa	Impuesto sobre la Renta	IVA
a)        Comercio minorista:
-              Compras al 13%		0,02
-              Compras al 2%	0,01	0,0033
-              Compras al 1%		0,00125

 

Lo demás permanece invariable.

La Uruca, 24 de febrero del año 2023.—Jorge Castro Fonseca, Director General.—1 vez.—Exonerado.—( IN2023721505 ).

DECRETOS

N° 43922-MAG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DEAGRICULTURA Y GANADERIA

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3), 18) y 20), artículo 146 de la Constitución Política; artículos 25 inciso l), 27 inciso l), 28 inciso b) y j) de la Ley General de la Administración Pública, ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y la Ley de Protección Fitosanitaria, Ley Nº 7664, del 08 de abril de 1997.

Considerando:

I.—Que, de conformidad con la Constitución Política, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de reglamentación, así como de su respectiva derogatoria.

II.—Que de conformidad con los oficios OR-033-2021 de fecha 29 de junio de 2021 y el OR-RN-009-2022, de fecha 09 de marzo de 2022, el Departamento de Operaciones Regionales del Servicio Fitosanitario del Estado, recomendó la derogatoria de los Decretos Ejecutivos N° 34792-MAG, 39058-MAG y 27045-MAG por la procedencia por inaplicabilidad práctica.

III.—Que, con relación al Decreto Ejecutivo N° 39058-MAG, la derogación de este decreto se hace necesaria por cuanto es un organismo que se encuentra presente en el territorio nacional. El estado de emergencia se emite ante la detección de la plaga en plantas ornamentales de café por la Unión Europea, sin embargo, la Unión Europea estableció las medidas fitosanitarias para evitar la introducción de la plaga a sus países miembros.

IV.—Que, con relación al Decreto Ejecutivo N° 34792-MAG, la condición de esta plaga en el país se mantiene, el SFE realiza la vigilancia en los lugares de producción donde se ha reportado la plaga con fondos propios (presupuesto ordinario). Así también las medidas recomendadas y aplicadas por los productores para el control han ayudado a que las poblaciones no pongan en riesgo el agro nacional y minimizando el daño económico.

V.—Que, en este momento no es necesario la utilización del fondo de emergencia como se establece en estos decretos ni prorrogar el estado de emergencia dadas las condiciones actuales. Aunado a lo anterior, la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 ya establece que el SFE debe velar por la protección fitosanitaria de los cultivos en nuestro país, disponiendo, una vez comprobada la existencia de una plaga, las medidas técnicas y de control que eviten la propagación de estas. Además, también ya se establece, la obligación de que toda persona denuncie la presencia de plagas de importancia económica o cuarentenal.

VI.—Que, debido a las características propias del sector de palmáceas a nivel nacional, se hace más viable el trabajo en las regiones a través del establecimiento de grupos de técnicos regionales en donde participen todos los actores involucrados (Extensión Agropecuaria, SFE, INTA, INDER, PITTA Palmáceas, Cámara de Productores de palma, empresa privada, entre otros).

VII.—Que de conformidad con las consideraciones anteriores y por la inaplicabilidad práctica y con la finalidad de no generar confusiones innecesarias, se considera oportuna y conveniente la derogatoria de los Decretos Ejecutivos Nº 34792-MAG, PUBLICADO EN LA GACETA N° 201 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008, DENOMINADO “EMERGENCIA NACIONAL FITOSANITARIA POR LA PRESENCIA DE LA PLAGA THRIPS PALMI”, N° 39058-MAG, PUBLICADO EN LA GACETA N° 143 DEL 24 DE JULIO DE 2015, DENOMINADO “DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA FITOSANITARIA NACIONAL POR EL INCREMENTO DE LA PLAGA CONOCIDA COMO XYLELLA FASTIDIOSA” Y N°27045-MAG, PUBLICADO EN LA GACETA N° 176 DEL 9 DE SETIEMBRE DE 1998, DENOMINADO “CREAR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE PLAGAS DE LAS PALMÁCEAS, COMO ORGANISMO COORDINADOR Y ASESOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA”, DEL 27 DE ABRIL DE 1998.

VIII.—Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 12 del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012; el presente Decreto no crea ni modifica trámites, requisitos o procedimientos por lo que no requiere del Trámite de Mejora Regulatoria. Por tanto,

Decretan:

DEROGATORIA DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS

N° 34792-MAG, PUBLICADO EN LA GACETA N° 201

DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008, DENOMINADO

“EMERGENCIANACIONAL FITOSANITARIA

POR LA PRESENCIA DE LA PLAGA THRIPS PALMI”

Y N° 39058-MAG, PUBLICADOEN LA GACETA N° 143

DEL 24 DE JULIO DE 2015, DENOMINADO

“DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA FITOSANITARIA

NACIONAL POR EL INCREMENTO DE LA PLAGA

CONOCIDA COMO XYLELLA FASTIDIOSA”

Y EL DECRETO EJECUTIVO 27045-MAG, PUBLICADO

EN LA GACETA N° 176 DEL 9 DE SETIEMBRE DE 1998,

DENOMINADO “CREAR LA COMISIÓN NACIONAL PARA

LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE PLAGAS

DE LAS PALMÁCEAS, COMO ORGANISMO

COORDINADOR Y ASESOR DEL MINISTERIO

 DE AGRICULTURA Y GANADERÍA”, DEL 27

DE ABRIL DE 1998

Artículo 1º—Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 34792-MAG, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 201 del 17 de octubre de 2008, denominado “Emergencia Nacional Fitosanitaria por la presencia de la plaga Thrips palmi”

Artículo 2º—Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 39058-MAG, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 143 del 24 de julio de 2015, denominado “Declara estado de emergencia fitosanitaria nacional por el incremento de la plaga conocida como Xylella fastidiosa”

Artículo 3º—Deróguese el Decreto Ejecutivo N°27045-MAG, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 176 del 9 de Setiembre de 1998, denominado “Crear la comisión nacional para la prevención y combate de plagas de las palmáceas, como órgano coordinador y asesor del Ministerio de Agricultura y Ganadería”.

Artículo 4.—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dos días del mes de diciembre del dos mil veintidós.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras.—1 vez.—O. C. N° 4600071723.—Solicitud N° PI.002-2023.—( 43922 - IN2023719963 ).

N° 43923-MAG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), el artículo 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 de 02 de mayo de 1978; el artículo 2 incisos a), c) y d), el artículo 5° incisos a), b), f), ñ), el artículo 14, 15 y 16 de la Ley de Protección Fitosanitaria, Ley N° 7664 del 8 de abril de 1997, Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ley N° 7064 del 29 de abril de 1987.

Considerando,

1º—Que el artículo 2 de la Ley de Protección Fitosanitaria, Ley N° 7664, tiene como objetivo fundamental proteger los vegetales de los perjuicios causados por las plagas y regular el combate de las mismas.

2º—Que la Ley de Protección Fitosanitaria, Ley N° 7664, en su artículo 14 establece que una vez comprobada la existencia de una plaga de importancia económica o cuarentenal, el Poder Ejecutivo dispondrá la adopción de las medidas técnicas necesarias para combatir la plaga y prevenir su diseminación. La declaración de combate obligatorio de la plaga impondrá a los propietarios disponer de los recursos necesarios para el control de la plaga en sus sitios de producción.

3º—Que el artículo 15 de la Ley de Protección Fitosanitaria, Ley N° 7664, establece que cuando el propietario a cualquier título no combata las plagas de importancia económica o cuarentenal el SFE podrá realizar los controles respectivos y cobrar al propietario los costos incurridos en dicho control.

4º—Que las disposiciones establecidas por el Servicio Fitosanitario del Estado, amparado en la Ley de Protección Fitosanitaria, Ley N° 7664, son de acatamiento obligatorio para los productores, importadores, comercializadores y auxiliares de la función pública.

5º—Que el área dedicada al cultivo de palma de aceite actualmente oscila las 76.860 hectáreas, siendo la Región Brunca del país, la que posee mayor cantidad de área sembrada con el 64.5%, seguida por la Región Pacífico Central con el 21.9% y el restante se encuentra distribuido en otras regiones del país.

6º—Que el sector palmero como tal genera alrededor de 7.245 empleos directos y 5.000 empleos indirectos. Asimismo, la actividad genera beneficios a más de 37.000 personas, entre ellos a 3.899 productores, quienes el 33% labora de forma independiente y el 67% corresponde a afiliados de cooperativas o asociaciones.

7º—Que el cultivo de palmáceas como palma aceitera (Elaeis guineensis), pejibaye (Bactris gasipaes) y cocotero (Cocos nucifera) representa para el país uno de los rubros más relevantes en cuanto a área de cultivo, proceso agroindustrial, así como producto de exportación. Para el año 2020, el sector productor de palma aceitera se posicionó como el mayor exportador de aceite en Centroamérica al vender $148,4 millones de dólares, siendo los Países Bajos el mayor comprador de aceite de palma en la región con $24,87 millones.

8º—Que la enfermedad conocida como Anillo Rojo causada por el nematodo Bursaphelenchus cocophilus y cuyo vector es el insecto Rhynchophorus palmarum, se encuentra presente en las plantaciones de palmáceas (palma aceitera, cocoteros y pejibaye) en todo el país, provocando severos daños a estos cultivos.

9º—Que la enfermedad de Anillo Rojo ha sido considerada la enfermedad más importante del cocotero y la palma aceitera y puede alcanzar altas incidencias en las plantaciones. El progreso de los síntomas puede ser muy rápido y la palma puede morir en unos pocos meses después de que aparecen los primeros síntomas. O bien, un continuo de síntomas, donde las hojas más jóvenes emergen cortas y con varios tipos de malformaciones.

10.—Que la incidencia de la enfermedad puede mantenerse a un bajo nivel, si se siguen una serie de medidas enfocadas a reducir las fuentes de infección del nematodo, la población de insecto vector y el manejo de las plantaciones para hacer un ambiente menos atractivo al insecto.

11.—Que el Rhyncophorus palmarum es atraído por compuestos volátiles que emanan de palmas con heridas o pudriciones y al desarrollarse en las palmas enfermas pueden adquirir el nematodo Bursaphelenchus cocophilus que eventualmente puede viajar en el adulto de R. palmarum cuando este abandona la palma infectada y así llegar hasta plantas sanas e infectarlas.

12.—Que se requiere que todos los productores apliquen las medidas técnicas para el combate del insecto Rhynchophorus palmarum y reducir la incidencia de Anillo Rojo de las palmáceas. Así también el combate de otros picudos como lo son el Metamasius hemipterus y Metamasius dimidiatipennis. causantes de daños en las palmas que podrían atraer al vector R. palmarum, por los olores (volátiles) que emanan de heridas o las pudriciones que provocan.

13º—Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 12 del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012; el presente Decreto no crea ni modifica trámites, requisitos o procedimientos por lo que no requiere del Trámite de Mejora Regulatoria. Por tanto;

DECRETAN:

COMBATE PARTICULAR Y OBLIGATORIO

DE LA ENFERMEDAD CONOCIDA COMO “ANILLO ROJO”

CAUSADA POR EL NEMATODO  BURSAPHELENCHUS

COCOPHILUS Y SU VECTOR, EL PICUDO NEGRO

 DE LAS PALMÁCEAS RHYNCHOPHORUS PALMARUM,

ASÍ COMO DE OTROS PICUDOS QUE AFECTAN

 LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS DE PALMÁCEAS

(METAMASIUS HEMIPTERUS Y METAMASIUS

DIMIDIATIPENNIS).

Artículo 1º—Se declara de combate particular y obligatorio la enfermedad conocida como “Anillo Rojo” causada por el nematodo Bursaphelenchus cocophilus y su vector, el picudo negro de las palmáceas Rhynchophorus palmarum, así como de otros picudos que afectan la producción de los cultivos de palmáceas (Metamasius hemipterus y Metamasius dimidiatipennis).

Artículo 2º—Dictar las medidas técnicas para el manejo del picudo negro de las palmáceas (Rhynchophorus palmarum), vector del nematodo conocido como Bursaphelenchus cocophilus causante de la enfermedad Anillo Rojo de las palmáceas, así como de otros picudos que afectan la producción de los cultivos de palmáceas (Metamasius hemipterus y Metamasius dimidiatipennis).

Artículo 3º—Todo productor u ocupante de áreas de producción de palmáceas está obligado a implementar, con recursos propios, las medidas técnicas establecidas en el presente Decreto.

Artículo 4º—Todo productor u ocupante debe establecer en sus áreas de producción de palmáceas un sistema de trampeo para la captura de picudos y dar el mantenimiento de dicho sistema, según plazos para recebo y cambio de feromonas, de conformidad con las técnicas actualizadas y compartidas entre el sector público y privado.

Artículo 5º—El productor u ocupante debe destruir las palmáceas enfermas en forma inmediata, siguiendo las prácticas o procedimientos establecidos por el SFE, de manera que no se constituyan en un sitio de reproducción de las plagas antes mencionadas y por ende la diseminación de la enfermedad Anillo Rojo en las plantaciones de palmáceas establecidas.

Artículo 6º—Se prohíbe la voltea o eliminación de palmáceas, (palma aceitera, cocoteros, pejibaye y otras de crecimiento espontáneo como la palma real (Roystonea regia) y el coyol (Acronoma vinífera), sin aplicar el procedimiento recomendado y establecido por el SFE.

Artículo 7º—Cuando se requiera eliminar un área de palmáceas, ya sea porque están enfermas o porque el terreno se destinará a otro fin, las mismas se eliminarán mediante inyección con un arboricida o cualquier otro método debidamente registrado y autorizado por el SFE que evite la proliferación del picudo negro de la palma vector del nematodo que causa la enfermedad Anillo Rojo, así como de otros picudos.

Artículo 8º—En caso de incumplimiento de las medidas prescritas, el funcionario del SFE dictará una medida cautelar fitosanitaria indicando la obligación de implementar la medida incumplida, la cual será verificada en el plazo fijado bajo criterio técnico del funcionario. En la inspección de verificación en caso de no cumplir, se procederá con la denuncia ante las autoridades de Justicia, si cumple, se deja constancia de dicho cumplimiento en la boleta de seguimiento del establecimiento o unidad de producción, la finca quedará sujeta a nuevas inspecciones y en caso de reincidir se procederá también con la denuncia ante las autoridades judiciales por infracción a la Ley de Protección Fitosanitaria, Ley N° 7664 y su reglamento Decreto ejecutivo N° 26921-MAG.

Además, se aplicará lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Protección Fitosanitaria Ley N° 7664, en cuanto a ordenar por parte del Estado la ejecución de las medidas necesarias, incluyendo la destrucción de las plantas enfermas, corriendo por cuenta de su propietario todos los gastos que tal acción demande.

Artículo 9º—Los propietarios u ocupantes por cualquier título de las unidades de producción y comercialización de palmáceas deberán permitir el libre acceso a los funcionarios del SFE debidamente identificados, para verificar el cumplimiento de las medidas técnicas para el combate del picudo negro de la palma, vector de la enfermedad conocida como Anillo Rojo, así como de otros picudos presentes que causan daño a las palmas.

 En caso de no permitirse el ingreso de los funcionarios, se recurrirá a la autoridad judicial a fin de que autorice el allanamiento o ingreso del funcionario del SFE, siguiendo el debido proceso interpondrán la denuncia en la Jurisdicción correspondiente, por infracción a la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664.

Artículo 10.—Los propietarios u ocupantes de áreas o sitios de producción donde se detecte el picudo negro de la palma, vector del nematodo Bursaphelenchus cocophilus causante de la enfermedad del Anillo Rojo, así como los otros picudos regulados en el presente Decreto, están obligados a aplicar las medidas de control recomendadas oficialmente. El SFE otorgará investidura de autoridad fitosanitaria a funcionarios de Extensión Agropecuaria, del INTA y otros que el SFE determine para que estos se sumen a la investigación, manejo y control del complejo Picudo Negro-Anillo Rojo, así como cualquier otra plaga que ponga en riesgo la condición fitosanitaria del cultivo de las palmáceas.

Artículo 11.—El SFE coordinará con las instituciones públicas y privadas donde existan plantas de palmáceas, como el Instituto Costarricense de Turismo, Municipalidades, INDER, ICE, SINAC, MINAE, Fideicomiso Palmero, Sistema Bancario Nacional (público y privado), para el seguimiento de los lineamientos técnicos emitidos, para el manejo del complejo Picudo negro-Anillo Rojo, así como de otros picudos.

Artículo 12.—El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del SFE con el apoyo del sector público-privado, podrán establecer las medidas fitosanitarias para el manejo del complejo Picudo Negro-Anillo Rojo, así como de otras plagas que puedan afectar la producción de palmáceas.

Artículo 13.—Se podrán crear grupos técnicos regionales cuando se considere necesario, con el fin de apoyar las labores de vigilancia tanto del picudo negro y otras plagas de importancia en el cultivo de palmáceas

Artículo 14.—Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 27043-MAG, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 176 del 9 de setiembre de 1998.

Artículo 15.—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dos días del mes de diciembre del dos mil veintidós.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras.—1 vez.—O.C. N° 4600071724.—Solicitud N° PI.003-2023.—( D43923 - IN2023719965 ).

N° 43900-MAG-MINAE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y LOS MINISTROS DE AGRICULTURA

Y GANADERIA Y DE AMBIENTE Y ENERGIA

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 6, 50, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25, 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de la Administración Pública N° 6227 del 02 de mayo de 1978: los artículos l, 2, 3, 4, 5 y 46 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 04 de octubre de 1995; los artículos l, 14, 61 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, N° 7317 del 30 de octubre de 1992: los artículos 22, 51, 55 inciso 1), 56 inciso l) y 58 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 del 30 de abril de 1998; la Ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436, el Decreto N° 27919-MAG, Aplicación Oficial por parte del Estado Costarricense del Código de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), del 16 de diciembre de 1998, el Convenio sobre Diversidad Biológica y sus anexos aprobado mediante Ley N° 7416 del 30 de junio de 1994; la Convención sobre la Conservación de las especies migratorias de animales silvestres, aprobada por la Ley N° 8586 del 21 de marzo del 2007; la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar aprobada por Ley N° 7291 del 23 de marzo de 1992; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), Ley N° 5605 del 30 de octubre de 1974; Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y de las Poblaciones de Peces Migratorios, Ley N° 8059 del 22 de diciembre del 2000, la Convención para el Fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical establecida por la Convención de 1949 entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica, Ley N° 8712 del 13 de febrero del 2009;

Considerando:

I.—Que las medidas de conservación y manejo de la pesca deben fomentar el mantenimiento de la calidad, la diversidad y disponibilidad de los recursos pesqueros en cantidad suficiente para las generaciones presentes y futuras, en el contexto de la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible. Lo anterior en consonancia con el enfoque precautorio de la FAO.

II. Que el aprovechamiento de los tiburones, ligada a la comercialización cle sus aletas a nivel mundial ha tenido un impacto global sobre el estado de algunas poblaciones de este recurso pesquero.

III.—Que Costa Rica ha venido realizando esfuerzos para la conservación y manejo de los tiburones, tales como la implementación de las diferentes resoluciones de tiburones en el marco de la CIAT, las normativas nacionales de aleta adherida con corte parcial al cuerpo, el Reglamento Regional OSP-05-11 para prohibir la práctica del aleteo del tiburón en los países parte del SICA, la Declaración Santuario Natural de Tiburones al Parque Nacional Isla del Coco”, Decreto Ejecutivo N° 43477-MINAE, el Reglamento para el Establecimiento de las Áreas Marinas de Pesca Responsable y Declaratoria de Interés Público Nacional de las Áreas Marinas de Pesca Responsable, Decreto Ejecutivo N°35502-MAG, el Santuario del Tiburón Martillo Golfo Dulce,  Decreto Ejecutivo N° 41056-MINAE.

IV.—Que el tiburón martillo en el 2013 se introdujo en el Apéndice ll de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Siendo Costa Rica parte de esta Convención CITES tiene obligaciones de cumplimiento en torno a las especies incluidas en los apéndices de la misma, las cuales se ejercen por medio del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) como la Autoridad Administrativa CITES a nivel nacional para especies de interés pesquero y acuícola, según Decreto N° 42842-MINAE- MAG.

V.—Que los tiburones martillo contribuyen con el mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas marinos.

VI.—Que como medida de conservación y manejo pesquero debe establecerse la prohibición de la pesca de tiburón martillo, lo cual lejos de constituir limitantes a la actividad pesquera e impacto en las economías derivadas de dicha actividad, representa una garantía de preservación para la sostenibilidad de estas especies. Misma que encuentra su fundamento en el numeral I de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) ratificada por el país.

VII.—Que el INCOPESCA ha venido manteniendo acercamientos importantes con el sector pesquero de palangre costarricense en cuanto a la generación de políticas de conservación y el uso responsable, participativo y sostenible de los recursos pesqueros, dando como resultado la aplicación del principio de desarrollo sostenible de la actividad pesquera comercial.

VIII.—Que, en esa línea, los pescadores costarricenses de palangre reconocen la importancia de contribuir a la sostenibilidad de las poblaciones de tiburón martillo (Sphyrnidae) al ser una especie clave para el ecosistema marino de nuestro país y del océano Pacífico Oriental.

IX.—Que a pesar de que no existe ninguna norma jurídica que lo disponga, los pescadores de palangre, unilateralmente y de manera voluntaria y participativa como un servicio ambiental, se han comprometido a la implementación de buenas prácticas para la manipulación y liberación de los tiburones martillo (Sphyrnidae) que son capturados durante la faena de pesca.

X.—Que de manera conjunta el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) suscribieron en el mes de octubre del 2022, un acuerdo conjunto de intenciones denominado Medidas vinculantes para la conservación, protección y gestión sostenible de las especies de tiburones regulados por las diferentes Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROPs), convenciones internacionales tales como la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Convención sobre Especies Migratorias (CMS); además mediante Acuerdos de Junta Directiva del INCOPESCA y Resoluciones del SINAC; cuyo objetivo es la conservación, manejo pesquero y promoción de la gestión sostenible de los servicios ecosistémicos brindados por las especies de tiburones. Por tanto;

Decretan:

PROHIBICIÓN DE CAPTURA, RETENCIÓN A BORDO,

TRANSBORDO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO V

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

 DE LOS TIBURONES MARTILLO (SPHYRNIDAE)

Artículo 1º—Se prohíbe la captura, retención a bordo, transbordo, descarga, almacenamiento, y comercialización de productos y subproductos de los tiburones martillo (Sphyrnidae).

Artículo 2º—Cuando se presenten capturas incidentales de tiburones martillos en los artes de pesca los mismos deberán ser liberados de manera inmediata y hasta donde sea posible ilesos. Es necesario que los capitanes de aquellas embarcaciones comerciales de mediana escala y avanzada, registren en el Formulario de Registro de Lances del INCOPESCA, las capturas incidentales de tiburones martillo (Sphyrnidae).

Artículo 3º—El INCOPESCA en coordinación con el SINAC-MINAE, definirán lineamientos y herramientas para las buenas prácticas de manipulación y liberación de los tiburones martillo (Sphyrnidae) que son capturados de forma incidental.

Transitorio I.—Para aquellas embarcaciones que se encontraren realizando viajes cle pesca al momento de la publicación del presente Decreto, la vigencia del mismo se tenclrá a partir del momento en que zarpen nuevamente con fecha posterior a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta

Artículo 4º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras.—El Ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra.—1 vez.—O.C. N° 4600071736.—Solicitud N° 006.—( D43900 - IN2023720074 ).

ACUERDOS

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

N° 01-2023 MSP

EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 11, 28 inciso 2) aparte a), 84 a),89, 90 d), 102 y 103 de la Ley General de la Administración Pública,

Considerando:

1.—Que la competencia administrativa es un corolario del principio de legalidad, cuyo objeto es señalar los poderes y deberes con que cuenta la Administración Pública para actuar siempre conforme al ordenamiento y para el logro de los fines públicos generales o específicos asignados.

2.—Que de conformidad con los artículos 28, 102, y 103 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública, el Ministro de Seguridad Pública es el competente para autorizar la suscripción de documentos y todos las gestiones que implica el trámite y uso de la póliza de seguros relacionados con los vehículos propiedad de este Ministerio, tanto para reparar los vehículos propiamente, como para cubrir los daños ocasionados a terceros, por lo que se requiere un acto normativo expreso para asignar, esas atribuciones, a una unidad administrativa con competencias legales atinentes.

3.—Que el Decreto Ejecutivo N° 36366 SP, Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Publica, establece en el numeral 87 que la Dirección de Transportes tendrá dentro de sus funciones “1. Velar por la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, políticas, manuales y lineamientos sobre la administración de los vehículos automotores del Ministerio que transitan por vías públicas terrestres. (…) 3. Velar por la correcta administración del Erario, respecto a los vehículos automotores del Ministerio. (…)10. Velar por el cumplimiento de los contratos y asignaciones de servicio de mecánica, reparación, enderezado, pintura y otros, que tengan que realizar los proveedores autorizados y contratistas. (…) 12) Realizar las gestiones pertinentes que garanticen el debido aseguramiento en la póliza de aseguramiento voluntario de automóviles; de los vehículos automotores pertenecientes al Ministerio. (…) 14. Velar por el cumplimiento de los trámites de reclamo de póliza y la posterior reparación de los vehículos automotores a través del contrato de póliza de seguro voluntario de automóviles. (…) 16. Emitir lineamientos técnicos y propuestas de políticas relacionadas con la verificación del cumplimiento de la normativa legal y administrativa en materia de vehículos automotores del Ministerio. (…) 19. Realizar cualquier otra función propia de su competencia” y forma parte de la Dirección General Administrativa y Financiera.

4.—Que de conformidad al Punto 2.5.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, aprobadas mediante Resolución Nº R-CO-9-2009 del 26 de enero del 2009 de la Contraloría General de la República, se dispone que “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de que la delegación de funciones se realice de conformidad con el bloque de legalidad, y de que conlleve la exigencia de la responsabilidad correspondiente y la asignación de la autoridad necesaria para que los funcionarios respectivos puedan tomar las decisiones y emprender las acciones pertinentes.” Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1°—Autorizar a la persona servidora Randall Vega Blanco, cédula de identidad número 1-09140296, en su condición de Director de Transportes para:

a.  Aprobar y suscribir todos los actos derivados de las gestiones para el debido aseguramiento voluntario de vehículos de uso institucional pertenecientes al Ministerio de Seguridad Pública; así como a todos los seguros que sean asignados para su tramitación a Departamentos pertenecientes a la Dirección de Transportes.

b.  Aprobar y suscribir todos los actos derivados del trámite de avisos de accidente, reclamo de póliza por accidentes de tránsito, autorizar cambios de partidas en reparaciones autorizadas por el ente asegurador, gestiones posteriores a la reparación de vehículos del Ministerio de Seguridad Pública y las gestiones de órdenes de pago a los talleres autorizados ante el Instituto de Nacional de Seguros. Lo anterior incluye el otorgamiento y revocación de poderes especiales a los talleres autorizados por el Instituto Nacional de Seguros para que éstos gestionen la tramitación de la reparación efectiva de los automotores con cargo a la póliza que tiene el MSP con ese ente asegurador; así como aceptar, rechazar e impugnar el monto que el ente asegurador establezca como propuesta indemnizatoria. Tendrá las mismas autorizaciones para todos los seguros que sean asignados para su tramitación a los Departamentos pertenecientes a la Dirección de Transportes.

c.  Aprobar y suscribir todos los actos necesarios para la aprobación del uso de póliza de automotores de esta Cartera por parte de terceros, cuando por sentencia en firme, dictada por la Autoridad Competente, el funcionario del MSP sea declarado autor responsable del accidente de tránsito en que se vio involucrado mientras conducía un vehículo propiedad del MSP.

d.  Autorizar o rechazar las solicitudes de conciliación que remita la Procuraduría General de la República en procesos donde esté involucrado un vehículo oficial del Ministerio.

e.  Aprobar la inclusión y exclusión temporal o definitiva de talleres autorizados por el Instituto Nacional de Seguros, como talleres proveedores del MSP, en caso de accidentes de tránsito y que se requiera la utilización de la póliza suscrita con ese ente asegurador.

f.  Aprobar y suscribir los trámites de inscripción, desinscripción, reinscripción, cambio de características, solicitud de placas, solicitud de devolución de placas retenidas y todo trámite registral de los vehículos automotores pertenecientes al Ministerio. Lo anterior incluye la firma de escritura y de solicitudes de inscripción por primera vez y de desinscripciones.

g.  Aprobar y suscribir los trámites de inscripción, desinscripción, cambio de características y todo trámite registral de bienes muebles pertenecientes al Ministerio o que exista un convenio de uso que autorice al MSP realizarlo.

h.  Solicitar y autorizar a funcionarios del MSP para que realicen trámites ante autoridades judiciales, en procesos donde esté involucrado un vehículo perteneciente al MSP, tales como: levantamiento de gravámenes, anotaciones e infracciones de vehículos institucionales, solicitud y retiro de copias de sumarias y sentencias certificadas.

i.   Aprobar y suscribir todos los actos derivados de las gestiones necesarias para la tramitación de permisos especiales ante el MOPT, tal como el permiso de pesos y dimensiones.

j.   Aprobar y suscribir todos los actos derivados de las gestiones necesarias para tramitar ante el Registro Nacional la salida de vehículos institucionales del territorio nacional previa solicitud del Director donde esté asignado el vehículo.

k.  Aprobar y suscribir todos los actos necesarios para el normal funcionamiento del “Convenio entre el BCR y la Tesorería Nacional de la República de Costa Rica para el servicio denominado tarjeta de compras interinstitucionales de combustible” en lo aplicable al MSP, relacionado con la generación, mantenimiento y control de las tarjetas para la compra de combustibles y otros pagos que se autoricen relacionados a los vehículos pertenecientes al MSP.

l.   Aprobar y suscribir todos los actos derivados de los trámites requeridos para exoneraciones donde esté involucrado un vehículo perteneciente al MSP.

Artículo 2°—Autorizar a la persona servidora que ostente el puesto de Director General Administrativo y Financiero, para que en ausencia de la persona servidora Randall Vega Blanco, pueda realizar las diligencias señaladas en el artículo anterior.

Artículo 3°—La vigencia de esta autorización es hasta el 07 de mayo del 2026, reservándose el derecho de revocarla en cualquier momento. Igualmente podrá el Ministro avocarse el conocimiento y decisión de cualquier asunto que corresponda decidir al Director de Transportes y al Director General Administrativo y Financiero.

Artículo 4°—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en el Despacho del Ministro de Seguridad Pública a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

Publíquese.

Jorge Torres Carrillo, Ministro de Seguridad Pública.—1 vez.—O.C. N° 4600070966.—Solicitud N° 412981.—( IN2023720129 ).

Nº 247-2022-MSP

EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Con fundamento en las facultades que otorgan los artículos 25 inciso 2), 28 incisos 1 y 2 subincisos a) y j) de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978 y 7 de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública N° 5482, de 24 de diciembre de 1973.

Considerando:

I.—Que el artículo 28, inciso 2) aparte a) de la Ley General de la Administración Pública, establece que el Ministro es el órgano jerárquico superior del respectivo Ministerio y le corresponde de manera exclusiva, dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio.

II.—Que el Banco Interamericano de Desarrollo BID aprobó una operación de crédito para Costa Rica por US$100 millones, para el financiamiento del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, el cual ya fue inscrito en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN.

III.—Que Mediante Ley N° 9968 del 16 de marzo de 2021, publicada en el Alcance N° 57 a La Gaceta Nº 53 del 17 de marzo de 2021, el Poder Ejecutivo aprobó el Contrato de Préstamo Nº 4871/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 17 de marzo de 2020, por un monto hasta de cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $100 000 000), para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia.

IV.—Que el objetivo general del Programa es contribuir a la disminución de los homicidios y asaltos en Costa Rica. Los objetivos específicos son: (i) mejorar la efectividad policial para prevenir el delito en los distritos priorizados; y (ii) reducir los comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia, en distritos con desventajas concentradas.

V.—Que la distribución de los recursos de dicho Préstamo se efectuará entre el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Seguridad Pública, correspondiéndole a este último la suma de US $63 millones, que serán empleados para desarrollar el Componente del Programa denominado “Efectividad Policial”, el cual busca prevenir el delito (homicidios y asaltos) en los distritos priorizados. Para ello, se financiará: (i) desarrollos informáticos que permitan la interoperabilidad del Sistema de Plataforma Tecnológica de la Fuerza Pública (DATAPOL) con otras plataformas policiales; (ii) el desarrollo de la capacidad de georreferenciación de los delitos, en línea de DATAPOL, incluyendo dispositivos móviles para el registro de los hechos delictivos, preparación de los partes de incidentes entre otras aplicaciones; (iii) la actualización técnica del personal policial1 en técnicas de análisis criminal, monitoreo de dinámicas delictivas y en estrategias para mejorar la legitimidad policial y el trato con personas en situación de vulnerabilidad (incluyendo el enfoque de género, diversidad e inclusión), estableciendo actividades específicas para involucramiento y comunicación con ciudadanos y gobiernos municipales; (iv) asistencia técnica y capacitación para la implementación de estrategias policiales basadas en evidencia (EPBE), bajo un enfoque preventivo, incluyendo la metodología de policía orientada a la resolución de problemas (POP), seguridad comunitaria y el patrullaje preventivo en áreas de alta concentración delictiva (HSP) en los 40 distritos con mayor afectación por homicidios y asaltos, incluyéndose además su evaluación de impacto; (v) el diseño, construcción, dotación de equipamiento tecnológico, supervisión y mantenimiento de la infraestructura de delegaciones policiales durante el plazo de desembolsos del Programa, donde se apoyará el fortalecimiento de la policía comunitaria (seguridad comunitaria) -Se contemplarán actividades específicas de fortalecimiento de la seguridad comunitaria. Esta inversión incluye la posibilidad de financiar la adquisición de terrenos para incrementar la presencia policial mediante delegaciones policiales en los cuatro distritos centrales de San José, en caso de ser necesario, y previa no objeción del Banco-; y (vi) la optimización de los procesos de recepción y manejo de quejas, incluyendo el desarrollo un sistema unificado de información que permita agilizar la gestión de quejas ciudadanas y asuntos disciplinarios de la Fuerza Pública.

VI.—Que el Organismo Ejecutor del Programa es el Ministerio de Justicia y Paz y con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del mismo, se constituirá un Comité de Dirección, que será integrado por altas autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y del Ministerio de Seguridad Pública, nombradas por los titulares de los respectivos Ministerios. El Comité de Dirección será responsable de emitir orientaciones y velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Programa y facilitará la coordinación entre las dos principales instituciones participantes del Programa que serán el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Seguridad Pública.

VII.—Que mediante Oficio N° MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-DRS-SS-4520-2022-MA de fecha 13 de mayo de 2022, se nombra al señor Carlos Andrés Torres Salas como Director Administrativo y Financiero a partir del 16 de mayo de 2022 hasta el 07 de mayo de 2026. Asimismo, por Acuerdo Nº 82-2022 MSP de fecha 30 de mayo de 2022, se nombró al señor Carlos Andrés Torres Salas, cédula de identidad 2-0561-0166, como Oficial Mayor del Ministerio de Seguridad Pública a partir del 16 de mayo de 2022.

VIII.-Que mediante oficio Nº MSP-DM-JTC-1852-2022 de fecha 03 de noviembre de 2022, el suscrito, con fundamento en lo que dispone textualmente el Manual Operativo del Programa en su ítem: “4.6.1.1 El Comité de Dirección (CD) estará integrado por los Ministros del MJP y el MSP o las personas que ellos designen para tal efecto”, designé a partir de esa fecha, al señor Carlos Torres Salas, Director General Administrativo Financiero y Oficial Mayor, como mi representante ante el Comité Director del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia. 

IX.—Que el artículo 92 de la Ley N° 6227, dispone que se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquél, lo cual implica la materialidad del acto de firma, no así la transferencia de la delegación de las competencias que le corresponden al Poder Ejecutivo. En virtud de lo anterior y de conformidad con los principios de legalidad, seguridad jurídica y eficacia administrativa, resulta necesario la delegación de la firma del suscrito en aquellos actos relacionados con el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del BID. Por tanto;

ACUERDA:

Artículo 1º—Delegar al señor Carlos Andrés Torres Salas, cédula de identidad 2-05610166, Director General Administrativo y Financiero y Oficial Mayor del Ministerio de Seguridad Pública, la firma de todas aquellas gestiones y trámites relacionados con el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del BID ante las siguientes instituciones:

1.  Bomberos de Costa Rica

2.  Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

3.  Dirección General de Aviación Civil

4.  Empresa de Servicios Públicos de Heredia

5.  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y sus dependencias

6.  Instituto Costarricense de Electricidad

7.  Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

8.  Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

9.  Ministerio de Ambiente y Energía y sus dependencias

10.  Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

11.  Ministerio de Salud

12.  Municipalidades 

13.  Registro Nacional y sus dependencias 

Así mismo, se delega la firma del protocolo de profesionales en Topografía del Ministerio de Seguridad Pública, cuando así corresponda.

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.

Dado en el Despacho del Ministro de Seguridad Pública, el primer día del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

Jorge Luis Torres Carrillo, Ministro de Seguridad Pública.—1 vez.—O.C. N° 46000709.—Solicitud N° 413019.—( IN2023720197 ).

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

N° MTSS-DMT-AUGR-4-2023

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

En uso de las facultades conferidas por los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, N° 1860 del 21 de abril de 1955; artículos 4, 28 incisos1 y 2 subinciso a), 84, 89, 90, 91 y 92 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 del 02 de mayo de 1978; artículo 1, 37 y 38 de la Ley General de Contratación Pública, N° 9986 del 27 de mayo de 2021; el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo N° 21 de 14 de diciembre de 1954; Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 del 18 de setiembre de 2001; Reglamento de Reorganización y Racionalización del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, Decreto Ejecutivo N° 1508-TBS del 16 de febrero de 1971 y el Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, Decreto Ejecutivo N° 30640-H del 27 de junio de 2002.

Considerando:

I.—Que el Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131, establece la obligación de crear las Proveedurías Institucionales en todos los Ministerios de Gobierno, así como regular su funcionamiento y organización.

II.—Que la Proveeduría Institucional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se creó mediante Decreto Ejecutivo N° 30593-H-MTSS del 27 de junio del 2002.

III.—Que de conformidad con el artículo 131 de la Ley General de Contratación Pública, 5 y 12 inciso g) del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, corresponde al Ministro de ramo, la declaratoria de deserción y de infructuosidad, así como dictar la resolución final de adjudicación en los distintos procedimientos de contratación administrativa, dentro de los que cabe incluir las modificaciones unilaterales y las nuevas contrataciones.

IV.—Que con fundamento en el artículo 12 inciso h) del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, la revisión y firma de las órdenes de compra, originadas en adjudicaciones firmes, podrá ser delegada por el máximo jerarca de la institución, en una persona funcionaria u órgano técnico.

V.—Que al tenor del artículo 131 de la Ley General de Contratación Pública, la Proveeduría Institucional puede dictar los actos que resulten necesarios para preparar la decisión final por lo que no se requiere delegación alguna para que dicho órgano disponga, la insubsistencia del concurso (manifestación tácita o expresa del adjudicatario) y la revocación del acto de adjudicación pendiente de firmeza (razones de oportunidad y legalidad de la Administración) con la finalidad de emitir un nuevo acto final, así como las resoluciones para prorrogar el plazo para el dictado del acto final.

VI.—Que según se desprende del artículo 10 incisos k) y n) del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno, la Proveeduría Institucional es el órgano competente para la imposición de las sanciones de apercibimiento e inhabilitación previstas en los ordinales 118 y 119 de la Ley General de Contratación Pública y, por ende, para el conocimiento del recurso de revocatoria contra esos actos.

VII.—Que del artículo 44 de la Ley General de Contratación Pública, en concordancia con el inciso n) del artículo 10 del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno, la Proveeduría Institucional es el órgano director del procedimiento y emisor del acto mediante el cual se dispone la ejecución de garantías.

VIII.—Que en aplicación de los artículos 131 de la Ley General de Contratación Pública, 106 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y 12 inciso g) del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno, la firma de contratos corresponde al/la Jerarca institucional o a la persona funcionaria legalmente facultada, cuando se delegue esa suscripción.

IX.—Que los numerales 37 y 38 de la Ley General de Contratación Pública, a propósito de la definición de los requisitos previos al procedimiento de contratación administrativa, exige que el/la Jerarca o titular subordinado competente deben adoptar justificadamente la decisión administrativa de promover la adquisición de obras, bienes y servicios, para lo cual deberán contar con los recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación y, acreditar que dispone o dispondrá, en el momento oportuno, de los recursos humanos y la infraestructura administrativa suficiente para verificar el fiel cumplimiento del objeto de la contratación (previsión de verificación).

X.—Que esas disposiciones, en concordancia con el artículo 6 del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno, definen que los responsables de los programas presupuestarios o de proyectos de cada Ministerio, salvo disposición en contrario del máximo Jerarca, serán los competentes para dar la orden de inicio en cada procedimiento de contratación administrativa.

XI.—Que las prórrogas al plazo de entrega y sustitución de artículos formuladas por los adjudicatarios o contratistas deben ser atendidas por la Administración, al tenor de la obligación de tramitación, regulada en el artículo 12 de la Ley General de Contratación Pública.

XII.—Que para brindar mayor flexibilidad y eficiencia a la fase de ejecución del contrato y en concordancia con los numerales 37 y 106 de la Ley General de Contratación Pública, que prevé la designación de un (a) encargado (a) general del contrato, quien como parte de su deber de fiscalización de las obligaciones de los contratistas podría atender las solicitudes de prórroga del plazo de entrega y de sustitución de artículos, con sujeción a los requisitos normativos y de oportunidad o conveniencia institucional aplicables, en tanto delegado del Jefe del Programa Presupuestario.

XIII.—Que según se infiere de los artículos 113 y 115 de la Ley General de Contratación Pública y el inciso k) del artículo 10 del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno, la Proveeduría Institucional es el órgano competente de la Administración para tramitar y resolver los procedimientos administrativos, tendientes a declarar la rescisión unilateral y la resolución de los contratos públicos o institucionales, previo levantamiento de una información preliminar, a cargo del Programa presupuestario respectivo o la persona funcionaria o unidad encargada del contrato.

XIV.—Que el artículo 12, párrafo final, en concordancia con su numeral 20, ambos del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno, establece que “... en las ausencias temporales del Proveedor Institucional, asumirá sus funciones el Subproveedor Institucional, con sus mismas atribuciones y funciones, si éste cargo existiere en la estructura organizacional correspondiente. En su defecto, las funciones del Proveedor Institucional serán asumidas durante sus ausencias, por el funcionario que sea su superior jerárquico inmediato.”.

XV.—Que los incisos 2) y 4) del artículo 89 de la Ley General de la Administración Pública autorizan la delegación no jerárquica o en diverso grado cuando exista norma expresa que lo autorice, así como la delegación para un tipo de acto en el tanto sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta y el artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública, permite la delegación de la firma de resoluciones, limitándose a firmar lo resuelto por el delegante.

XVI.—Que a efecto de lograr una mayor celeridad y eficiencia en la tramitación de los procedimientos de contratación – esencialmente electrónicos- de los Programas Presupuestarios y órganos adscritos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, resulta indispensable -en aras de garantizar el interés público- delegar algunas de estas funciones en la Dirección General Administrativa Financiera y, en su defecto, en la Proveeduría Institucional, dada la relevancia y especialización de este órgano en el proceso de contratación administrativa.

XVII.—Que en virtud del artículo 90 de la Ley General de la Administración Pública, la delegación de los trámites y actos en los procedimientos de contratación administrativa, tendrán los límites regulados, conforme este numeral, y podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la ha conferido.

XVIII.—Que conforme a la regla del artículo 91 de la Ley General de la Administración Pública, “El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado”.

XIX.—Que el Consejo de Salud Ocupacional es un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y la administración financiera de los recursos de dicho Consejo se encuentra a cargo del Ministerio, de conformidad con los artículos 274, 275 y 280 del Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943; por lo que en aras de lograr una mayor celeridad y eficiencia en tramitación de los procedimientos propios del Consejo de Salud Ocupacional, se estima conveniente que, en aquellos actos que hayan sido previamente aprobados por la Junta Directiva del Consejo de Salud Ocupacional, y que requieren la firma de la máxima autoridad institucional, sea el Director Ejecutivo de dicho Consejo, quien firme el documento o confiera el aval respectivo; así como en asuntos de carácter administrativo.

XX.—Que la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo, Decreto Ejecutivo N° 15024-TSS, del 21 de diciembre 1983, es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con el artículo 20, esta Junta cuenta con los recursos económicos del ministerio.

XXI.—Que el artículo 5 de la Ley General de Pensiones, Ley N° 14 del 02 de diciembre de 1935, establece que toda pensión de gracia, será resuelta por la Junta Nacional de Pensiones, constituida por un funcionario propietario de las dependencias de Tesorería Nacional, la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; integrada por Acuerdo Ejecutivo que se expide por medio del Despacho de Trabajo.

XXII.—Que en virtud de la especialidad de las materias y dadas las distintas responsabilidades que le atañen al Ministro de esta cartera, se estima procedente la delegación de los actos que se indican anteriormente en los términos establecidos por la Ley General de la Administración Pública.

XXIII.—En lo que se refiere a las potestades de los Viceministros, en el dictamen N° C-174-2018 del 23 de julio del 2018, la Procuraduría General manifestó lo que de seguido se transcribe en lo conducente “El cargo de Viceministro surgió como un colaborador del Ministro, de quien depende jerárquicamente, y junto a éste, son los órganos superiores del Ministerio. Es un órgano unipersonal, con capacidad de tomar decisiones en el respectivo Ministerio, de nombramiento de parte del Presidente de la República, con rango de superior jerárquico de todo el personal del respectivo Ministerio, sin perjuicio de las potestades del Ministro al respecto.”

XXIV.—Que la Procuraduría General de la República, mediante Dictamen C-171-95 del 7 de agosto de 1995, ha señalado que “(...) cabría afirmar que no existe, de principio, limitación alguna para que un Ministro delegue en un subordinado (y no necesariamente quien sea su inmediato inferior) la firma de las resoluciones que le correspondan siempre entendiendo que en tal proceder quien toma la decisión es el delegante. Amén de ello, debe precisarse que, en caso de los ministros como órganos superiores de la Administración del Estado (vid. Artículo 21 de la Ley General) dicha “delegación” se circunscribe únicamente a la resolución de asuntos que sean competencia exclusiva y excluyente de ese órgano, es decir, que no impliquen competencias compartidas con el Presidente de la República tratándose de funciones privativas del Poder Ejecutivo (...)”.

XXV.—Que la Procuraduría General de la República mediante Opinión Jurídica N° OJ-050-97 del 29 de setiembre de 1997, ha señalado “(...) La delegación de firma no implica una transferencia de competencia, sino que descarga las labores materiales del delegante, limitándose la labor del delegado a la firma de los actos que le ordene el delegante, quien asume la responsabilidad por su contenido. En otras palabras, es autorizar al inferior para que firme determinados documentos, en nombre del superior, si bien ha sido este el que ha tomado la decisión. (...)”.

XXVI.—Que en lo que respecta a la figura de la delegación de competencias, en el dictamen Nº C-299-2018 del 28 de noviembre de 2018, la Procuraduría General de la República señaló: “En virtud de la delegación, el superior puede transferir sus funciones al inmediato inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza. También es posible una delegación no jerárquica, o en diverso grado, siempre y cuando se cumplan los requisitos señalados por la misma Ley. En la delegación no se transfiere la titularidad de la competencia. El órgano delegado no ejerce una competencia propia, sino la del órgano delegante. En ese sentido, la delegación no impone ningún cambio en el orden objetivo de competencias, sino sólo en su ejercicio, de forma que la delegación puede ser revocada en cualquier momento por el órgano delegante, según lo dispone el artículo 90 de la Ley General de la Administración Pública. Ahora bien, los artículos 89 y 90 de la Ley General de la Administración Pública imponen una serie de requisitos y de límites en cuanto a la posibilidad de delegación, dentro de los que se encuentran los siguientes: - El funcionario delegante y el delegado deben tener funciones de igual naturaleza. - Para que pueda existir delegación no jerárquica, o en diverso grado, se requiere de otra norma expresa que la autorice. Es decir, el delegado debe ser el inmediato inferior, salvo disposición en contrario. - No es posible la delegación cuando la competencia haya sido otorgada al delegante en razón de su específica idoneidad para el cargo. - La delegación puede ser revocada, en cualquier momento, por el órgano que la ha conferido. - No pueden delegarse potestades delegadas. - No puede hacerse una delegación total, ni tampoco de las competencias esenciales del órgano que le dan nombre o que justifiquen su existencia. - No puede hacerse delegación sino entre órganos de la misma clase, por razón de la materia, del territorio y de la naturaleza de la función. - El órgano colegiado no puede delegar sus funciones, sino únicamente la instrucción de ellas en el Secretario.” Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Asignar al señor Wálter Villalobos Fernández, cédula de identidad número 6-0198-0735, en su condición de Viceministro del Área Laboral según Acuerdo N° 002-P del 08 de mayo de 2022, la coordinación de todos los asuntos relacionados con la Dirección de Asuntos Laborales, la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, el Consejo Nacional de Salarios, el Departamento de Salarios Mínimos y el Consejo de Salud Ocupacional.

Artículo 2º—Designar al señor Bernal Demesio Bolaños Castillo, cédula de identidad 6-0382-0274, Oficial Mayor y Director General Administrativo y Financiero; nombrarlo en el cargo de miembro propietario, ante la Junta Nacional de Pensiones de Gracia, en representación del Ministro de Trabajo y Seguridad Social y asignar la coordinación de los asuntos relacionados con la Contraloría de Servicios, el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación y Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo.

Artículo 3º—Delegar en los jefes de Programas Presupuestarios; Programa 72900- Actividades Centrales, en quien ocupe el cargo de Oficial Mayor y Director (a) General Administrativo (a) y Financiero (a); Programa 73100-Asuntos del Trabajo, en quien ocupe el cargo de Viceministro del Área Laboral, Programa 73300-Tribunal Administrativo de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, en quien ocupe el cargo representante propietario (a) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Programa 73400-Pensiones y Jubilaciones, en quien ocupe el cargo de Director (a) Nacional de Pensiones; Programa 73500-Consejo de Salud Ocupacional en quien ocupe el cargo de Director (a) Ejecutivo (a) del Consejo de Salud Ocupacional; Programa 73700-Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) en quien ocupe el cargo de Director (a) de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; para efectuar en el programa presupuestario a su cargo, los siguientes actos: a) la decisión administrativa que da inicio a los procedimientos de contratación administrativa y las autorizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo a los montos fijados anualmente por resolución, a partir de los cuales aplica cada uno de los diferentes procedimientos de contratación. Para el caso de los programas 73300-Tribunal Administrativo de la Seguridad Social, 73400-Pensiones y Jubilaciones, 73500-Consejo de Salud Ocupacional y 73700-Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, previo a dar inicio al procedimiento de contratación deberán gestionar visto bueno del Viceministro que le corresponda conforme a este acuerdo de delegación; b) la determinación de los supuestos de prescindencia de los procedimientos de contratación; c) los actos de adjudicación, revocación, re adjudicación, declaratoria de deserción, infructuosidad, insubsistencia, en los procesos ordinarios de contratación administrativa; d) la concesión de prórrogas y suspensiones de plazos en relaciones contractuales, derivados de los procesos ordinarios de contratación administrativa; e) la resolución de los recursos de objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto de los concursos derivados de los procesos ordinarios de contratación administrativa; f) la formalización, modificación y resolución de los contratos, resultado de los procedimientos ordinarios de contratación administrativa; g) la suscripción de contrataciones con otros entes de Derecho Público; h) las solicitudes de autorización dirigidas a la Contraloría General de la República; i) la autorización de la cesión de derechos y obligaciones derivados de un contrato administrativo suscrito con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 4º—Delegar en la persona asignada como Proveedor (a) Institucional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la competencia para efectuar los siguientes actos: a) la adjudicación, revocación, readjudicación, declaratoria de deserción, infructuosidad, insubsistencia de los procesos de contratación directa y o exceptuados en que participe el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo a los montos fijados por la resolución de la Contraloría General de la República, que anualmente fija los límites económicos a partir de los cuales aplica cada uno de los diferentes procedimientos de contratación; b) la resolución de los recursos de revocatoria y objeción cuando corresponda, en las contrataciones directas; c) aprobar las órdenes de pedido originadas de adjudicaciones en firme de las contrataciones directas, inyecciones de contenido presupuestario y aquellas derivadas de convenios marco; d) las solicitudes de exoneración tributaria, producto de procedimientos de contratación administrativa; e) la determinación de la eventual imposición de las sanciones de inhabilitación y apercibimiento de oferentes, adjudicatarios o contratistas; f) la ejecución de garantías de participación o cumplimiento. En ausencia del Proveedor(a) Institucional, se delega la competencia de los actos descritos en el párrafo anterior, en quien ostente el cargo de Director (a) General Administrativo (a) Financiero (a).

Artículo 5º—Delegar al señor Bernal Demesio Bolaños Castillo, cédula de identidad 6-03820274, quien ostenta el cargo de Oficial Mayor y Director (a) General Administrativo (a) y Financiero (a) la competencia para efectuar los siguientes actos: a) la suscripción de los contratos, adendas y resoluciones de dedicación exclusiva; b) los contratos de estudio y becas y sus licencias derivadas, establecidas en el Reglamento Autónomo de Servicios del MTSS y las licencias establecidas en la Convención Colectiva suscrita entre el MTSS - Asociación de Funcionarios del Ministerio de Trabajo; c) el otorgamiento de los permisos para las actividades organizadas por la Institución u Organizaciones internas que requieran la firma del Jerarca Institucional; d) la suscripción de los convenios de cooperación interinstitucional de préstamo de personas funcionarias y de vehículos; e) los trámites concernientes a Seguros y Reclamos ante el Instituto Nacional de Seguros; f) la autorización y firma de trámites de solicitud de servicios públicos, así como gestiones municipales; g) la emisión y suscripción de resoluciones para la ejecución de los recursos aprobados para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; h) emisión y suscripción de resoluciones para dar de alta o baja los bienes patrimoniales; i) la rendición de informe anual sobre el inventario general de los bienes patrimoniales; j) la suscripción de convenios interinstitucionales para préstamo y traslado de bienes; k) la suscripción de los convenios y trámites regidos por el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento; l) la suscripción de toda la documentación atinente al Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, la Contraloría de Servicios; m) La función de Órgano Decisor en los procedimientos administrativos de investigación de carácter disciplinario que deban iniciarse en contra de servidores que pertenezcan al programa presupuestario a su cargo y al Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones y la Contraloría de Servicios; n) la suscripción de los acuerdos de compromiso de capacitación regidos por la resolución DG-165-2017 del 20 de octubre del 2017, el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento de las personas funcionarias del programa presupuestario a su cargo, el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones y la Contraloría de Servicios; o) la autorización de los permisos/licencias ya sea con goce de salario o sin goce de salario y la suscripción de las respectivas resoluciones, de las dependencias a su cargo; p) la autorización de vacaciones y las evaluaciones de desempeño de los servidores a cargo del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, la Contraloría de Servicios, Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo y del programa presupuestario a su cargo.

Artículo 6º—Delegar la firma a la señora Cristina Cordero Porras, número de cédula 1-1281-0058, en quien ostenta el cargo Jefe de Despacho, los siguientes actos: a) Las gestiones Administrativas del Despacho Ministerial y sus dependencias técnicas (Unidad de Género, Unidad de Prensa y Dirección de Asuntos Jurídicos), de los funcionarios a su cargo, b) la autorización de vacaciones y las evaluaciones de desempeño de los servidores a su cargo, c) Autorizaciones de viáticos, uso de vehículos, permisos de ruedo y asignación y devolución de activos, que deban gestionar los funcionarios a cargo del Despacho Ministerial.

Artículo 7º—Delegar al señor Walter Villalobos Fernández, cédula de identidad número 6-0198-0735, quien funge como Viceministro del Área Laboral, la competencia en lo que corresponde a cada una de las direcciones cuya coordinación les es asignada en los artículos 1 y 2, realicen los siguientes actos: a) la función de Órgano Decisor en los procedimientos administrativos de carácter disciplinario que deban iniciarse en contra de Directores, Jefes o servidores que pertenezcan a las Direcciones que fueron delegadas; b) la suscripción de los acuerdos de compromiso de capacitación regidos por la resolución DG-165-2017 del 20 de octubre del 2017, el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento; c) la autorización de los permisos/licencias con/sin goce de salario y la suscripción de las respectivas resoluciones, de las dependencias a su cargo; d) la aprobación de las vacaciones de cada director a su cargo; e) las evaluaciones de desempeño de los directores y personas funcionarios a cargo de las dependencias que se encuentran bajo su coordinación.

Artículo 8º—Rige a partir de la publicación.

Dado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, San José, a los veintidós días del mes de febrero del dos mil veintitrés.

Andrés Romero Rodríguez, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.—1 vez.—O.C. N° 4600070093.—Solicitud N° 413009.—( IN2023720256 ).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 0028-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso l, 27 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

1.—Que la señora María Alejandra Arguedas Marín, mayor, soltera, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1 115-0593, vecina de San José, en su condición de apoderada especial con facultades suficientes para estos efectos, de la empresa ALFIPAC SEL Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101853631 , presentó solicitud para acogerse al Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora la Sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la compañía ALFIPAC SEL Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-853631, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER número 1 11-2022, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N°7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

III.—Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre de 2022, publicado en el Alcance N0218 a La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre de 2022, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de  Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita.

IV.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto;

Clasificación	CAECR	Detalle de clasificación CAECR	Detalle servicios
Servicios	5229	Otras actividades de apoyo al transporte	Actividades logísticas, incluyendo planificación, diseño y apoyo de operaciones de transporte, almacenamiento y distribución
			Manipulación de mercancías, como embalaje temporal, con la exclusiva finalidad de protegerlas durante el tránsito, desembalaje, muestreo y pesaje de la carga
			Selección, empaque, embalaje, fraccionamiento, facturación, etiquetado, desempaque, división, clasificación, reempaque, reembalaje, remarcación, agrupamiento y distribución de mercancías, siempre que no modifiquen su Naturaleza

 

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa ALFIPAC SEL Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-853631 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas.

2º—La actividad de la beneficiaria como empresa de servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de la clasificación CAECR “5229 Otras actividades de apoyo al transporte”, con el siguiente detalle: Actividades logísticas, incluyendo planificación, diseño y apoyo de operaciones de transporte, almacenamiento y distribución; manipulación de mercancías, como embalaje temporal, con la exclusiva finalidad de protegerlas durante el tránsito, desembalaje, muestreo y pesaje de la carga; y selección, empaque, embalaje, fraccionamiento, facturación, etiquetado, desempaque, división, clasificación, reempaque, reembalaje, remarcación, agrupamiento y distribución de mercancías, siempre que no modifiquen su naturaleza . Lo anterior se visualiza también en el siguiente cuadro:

Las actividades desarrolladas por la beneficiaria, no implican la prestación de servicios profesionales y así lo ha entendido y manifestado expresamente su representante en la respectiva solicitud de ingreso al régimen, mediante declaración jurada.

La beneficiaria obtuvo una puntuación de 101 en el Índice de Elegibilidad Estratégica (en adelante IEES).

3º—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Zona Franca Puntarenas S.A., ubicada en el distrito Barranca, del cantón Puntarenas, de la provincia de Puntarenas, por lo que se encuentra fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Así mismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la ley NO 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

La beneficiaria podrá introducir sus servicios al mercado local, observando los requisitos establecidos al efecto por los artículos 3 y 22 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.

6º—La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 15 trabajadores, a más tardar el 30 de agosto de 2025. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva inicial en activos fijos de al menos US $100.000,00 (cien mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 30 de agosto de 2025, así como a realizar y mantener una inversión mínima total de al menos US $120.000,00 (ciento veinte mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 30 de agosto de 2025. Además, la beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es corresponde a la de comunicación del presente acuerdo. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Además, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios Incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley N° 72 10 del 23 de noviembre de 1990, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que, para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.

16.—La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.

17.—Rige a partir de su comunicación.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

Jorge Rodríguez Bogle.—El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera.—1 vez.—( IN2023720238 ).