TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

De conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, se corrige el error material que contiene la Publicación del Edicto en La Gaceta N° 44 de fecha 07 de marzo de 2022, expediente de trámite de naturalización N° 1435-2022, en el sentido que por error se indicó: “Francisco Javier Zúñiga Morales”, siendo lo correcto: “Francisco Javier Zuniga Morales”. Lo demás se mantiene.

Sección de Opciones y Naturalizaciones.—Germán Rojas Flores, Jefe a. í.—1 vez.—O.C. N° 4600062690.—Solicitud N° 358239.—( IN2022664191 ).

De conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, se corrige el error material que contiene la Publicación del Edicto en La Gaceta N.° 39 de fecha 28 de febrero de 2022, expediente de trámite de naturalización N° 1243-2022, en el sentido que por error se indicó: “Nohemy del Carmen Álvarez Masís”, siendo lo correcto: “Nohemy del Carmen Álvarez”. Lo demás se mantiene.

Sección de Opciones y Naturalizaciones.—Betzi Melissa Díaz Bermúdez, Jefa a. i..—1 vez.—O. C. N° 4600062690.—Solicitud N° 358242.—( IN2022664194 ).

De conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, se corrige el error material que contiene la Publicación del Edicto en La Gaceta N° 45 de fecha 20 de marzo de 2021, expediente de trámite de naturalización N° 826-2021, en el sentido que por error se indicó: “Expediente 826-201”, siendo lo correcto: “Expediente 826-2021”. Lo demás se mantiene.

Sección de Opciones y Naturalizaciones.—Betzi Melissa Díaz Bermúdez, Jefa a. í.—1 vez.—O. C. N° 4600062690.—Solicitud N° 358244.—( IN2022664195 ).

De conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, se corrige el error material que contiene la Publicación del Edicto en La Gaceta N° 78 de fecha 29 de abril de 2022, expediente de trámite de naturalización N° 1904-2022, en el sentido que por error se indicó: “Marina Aleksandrovna Danilov Sakhniuk”, siendo lo correcto: “Marina Andriushina”. Lo demás se mantiene.

Sección de Opciones y Naturalizaciones.—Betzi Melissa Díaz Bermúdez, Jefa a. í.—1 vez.—O. C. N° 4600062690.—Solicitud N° 364779.—( IN2022664206 ).

De conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, se corrige el error material que contiene la Publicación del Edicto en La Gaceta N° 97 de fecha 26 de mayo de 2022, expediente de trámite de naturalización N° 5431-2021, en el sentido que por error se indicó: “Margarita Menjivar Herrra”, siendo lo correcto: “Margarita Menjivar Herrera”. Lo demás se mantiene.

Sección de Opciones y Naturalizaciones.—Betzi Melissa Díaz Bermúdez, Jefa a. i.—1 vez.—O.C. Nº 4600062690.—Solicitud Nº 364777.—( IN2022664207 ).

De conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, se corrige el error material que contiene la Publicación del Edicto en La Gaceta N° 78 de fecha 29 de abril de 2022, expediente de trámite de naturalización N° 1906-2022, en el sentido que por error se indicó: “Oleg Viktorovich Andriushin Andriushina”, siendo lo correcto: “Oleg Andriushin”. Lo demás se mantiene.

Sección de Opciones y Naturalizaciones.—Betzi Melissa Díaz Bermúdez, Jefa a. i.—1 vez.—O. C. N° 4600062690.—Solicitud N° 364782.—( IN2022664211 ).

PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

ADICIÓN DE UN INCISO J) AL ARTÍCULO 6 DEL TÍTULO IV, RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA, CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS, DE LA LEY N.° 9635, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA EXCEPTUAR DE LA APLICACIÓN DE LA

REGLA FISCAL AL PATRONATO NACIONAL DE LA

INFANCIA Y A LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL Y SU SECRETARÍA TÉCNICA

Expediente N.° 23.199

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El objetivo de este proyecto, para quienes lo suscribimos, recae en la urgente necesidad de exceptuar la aplicación de la regla fiscal al Patronato Nacional de la Infancia y a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y su Secretaría Técnica debido a que los servicios destinados a dicha población y especialmente a sus cuidados, se encuentran en un estado de incertidumbre y crisis limitando con ello la atención y protección que el Estado debe proveerles.

Para más entendimiento, deseamos señalar los diputados firmantes de esta iniciativa, que la Constitución Política establece que el Patronato Nacional de la Infancia es la institución especializada en la protección especial de las personas menores de edad y de la madre, al disponer en su artículo 55 lo siguiente:

(…) Artículo 55- La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de otras instituciones del Estado (…).

Aunado a lo anterior, de los artículos 50 y 51 de nuestra Carta Fundamental se desprende el espíritu de protección social del Estado costarricense hacia las poblaciones más vulnerables, entre ellas, la de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, así como la de las familias.

Dichos artículos disponen lo siguiente:

(…) Artículo 50- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza (…)

(…) Artículo 51- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido (…).

En igual sentido, se pronuncia el artículo 1 de su ley orgánica al enunciar:

Su fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad.

Es por lo anterior, que resulta claro para quienes suscribimos este proyecto de ley que según la normativa costarricense la función primordial del Patronato Nacional de la Infancia recae en la protección del interés superior de las personas menores de edad y de sus familias.

Ahora bien, en el ámbito jurisprudencial, la Sala Constitucional a lo largo de los años se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre el fin primordial del PANI. Así, en la sentencia N.° 227-93 de las doce horas treinta y seis minutos del quince de enero de mil novecientos noventa y tres, estableció:

(…) El legislador Constituyente en aras de proteger a la madre y al menor, creó con rango Constitucional, el Patronato Nacional de la Infancia, convirtiéndola en la Institución rectora, por excelencia, de la niñez costarricense. Este sentimiento expresado en esta norma, está indudablemente unido también al interés de proteger a la familia como uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Los artículos 51 y 55 preceptúan pues, dos de los valores más arraigados de nuestro pueblo, valores que, gracias a la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, hoy son compartidos a nivel mundial, existiendo consenso sobre el deber del Estado de proteger siempre, el interés superior del menor. Sobre este punto en particular, así reza el artículo 3 inciso 1) de la Convención de Derechos del Niño: “En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño (…).

Según el extracto anterior, el Patronato Nacional de la Infancia es la institución autónoma costarricense que ejerce la función estatal de velar por la protección de las personas menores de edad y por ende de que cualquier decisión pública o privada se tome con el apego al principio del interés superior de la persona menor de edad. Esta idea es ratificada por el máximo tribunal en su resolución N.° 05448 – 2009, al indicar:

(…) IV.- Sobre las atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia. En aras de que se dicten medidas concretas en protección de los niños y las niñas, pero sobre todo con la intención de que sean efectivamente aplicadas, el Constituyente creó al Patronato Nacional de la Infancia, con carácter autónomo, siendo esta institución el ente rector nacional encargado de la protección especial de los menores de edad (…).

La Sala Constitucional costarricense, en su resolución N.º 16691 – 2019 de 03 de setiembre de 2019, al analizar el numeral 55 de la Carta Magna, ha establecido:

(…) resulta de relevancia indicar que es el artículo 55, de la Constitución Política, el que señala la función del Patronato Nacional de la Infancia, indicando que tendrá a cargo la protección especial de la madre y del menor. Así, esta institución se erige como la encargada de proteger los derechos de las personas menores de edad, lo que le impone la obligación de intervenir en los casos en los que se estime que exista una violación o una amenaza de violación, de los derechos constitucionales y convencionales que les asisten (…).

La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada mediante Ley N.° 7184, de 18 de julio de 1990, instrumento que resulta ser la piedra angular en la que descansan los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, ratificada por más de 191 países del mundo. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce a todas las personas menores de edad como sujetos sociales de derechos y establece que los Estados deben garantizar sus derechos de forma prioritaria.

En ese sentido, el artículo 2 de ese tratado internacional textualmente reza:

Artículo 2

1.    Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en esta Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2.    Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que el niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares (...).

Por su parte, el artículo 3 de ese mismo instrumento indica:

(…) Artículo 3-

1.     En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2.     Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3.     Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada (…).

Asimismo, el artículo 4 de la Convención dispone:

(...) Artículo 4- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional (...).

El artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación del Estado costarricense de crear servicios de cuidado de personas menores de edad, al disponer lo siguiente:

(...) Artículo 18-

1.     Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.

Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

2.     A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

3.     Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños en relación con los cuales se cumplan los requisitos establecidos (...).

Conforme con lo anterior y siendo que, tal y como se indicó previamente, el fin principal del Patronato Nacional de la Infancia consiste en la protección especial de las personas menores de edad y sus familias, siendo este uno de los principios que rigen al Estado costarricense, el legislador dotó al Patronato de autonomía y presupuesto propio, de manera que, el tema de la asignación presupuestaria a esta institución tiene una connotación Constitucional al estar estrechamente vinculada a las obligaciones adquiridas por el Estado costarricense en materia de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, no solo por mandato del artículo 55 de la Constitución, sino también a través de los convenios internacionales ratificados por Costa Rica en esta materia, específicamente en cuanto a los artículos 2, 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño y los ordinales 17, 19 y 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ordinales que imponen la obligación prioritaria del Estado de adoptar toda clase de medidas, especialmente de índole financieras, para el cumplimiento de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Incluso, el análisis del tema de asignación presupuestaria por parte del Estado al Patronato Nacional de la Infancia ha sido de larga data, siendo que en varias ocasiones ya la Sala Constitucional, se ha pronunciado al respecto. En tal sentido, en 2019, con motivo de la aprobación del presupuesto 2020 para el PANI, la Sala Constitucional dispuso en lo conducente lo siguiente:

(...) Conforme se desprende de la prueba aportada por la Contraloría General de la República, comparando la asignación original al PANI (que le corresponde según las leyes de nuestro ordenamiento jurídico) y el monto aprobado en la Comisión, se evidencia la rebaja, cuyo total obedece a una diferencia de ȼ39.228.052.500 que corresponde a un 45,96%. Así que se constata que es cierto que la suma originalmente asignada al PANI fue reducida significativamente en el Dictamen Afirmativo de Mayoría. Lo cual afectará los derechos fundamentales de los menores y las madres, protegidos por el PANI. En materia de derechos sociales, el legislador presupuestario no puede reducir la asignación de recursos dispuesta por el legislador ordinario, básicamente porque, con ello se limitan los recursos que se deben destinar programas sociales, como lo es en este caso, la atención de la niñez y la familia (…).

Ahora bien, sin demérito de lo externado en el precedente antes mencionado, conviene mencionar que recientemente en el voto número 2018- 19511 de las 21:45 del 23 de noviembre de 2018, la Sala sostuvo que si bien en aras de cumplir con el principio de equilibrio presupuestario, resultaba posible que el Estado pudiera reducir los fondos asignados a programas sociales, entre los que podían encontrarse los destinados al Patronato Nacional de la Infancia, lo cierto es que el límite a tal reducción estaba dada por los artículos 23 y 24 de la Ley número 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el sentido de que la asignación presupuestaria no podía ser inferior al presupuesto vigente en el momento de aprobación de dicha Ley.(...). (Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, voto 2019-24746).

Cabe indicar que el artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece la creación de un Comité de Expertos (Comité de los Derechos del Niño) encargado de examinar periódicamente los progresos realizados por cada uno de los Estados contratantes en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por medio de dicho instrumento internacional, con información de las circunstancias y dificultades que afectan el cumplimiento de la Convención. Así las cosas, dicho Comité, en sus sesiones 1630ª y 1631ª, celebradas el día 10 de junio de 2011, al examinar el cuarto informe periódico de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, en su sesión N.°1639ª sesión, celebrada el 17 de junio de 2011, aprobó una serie de recomendaciones, entre las que se destacan:

(…) Recomendación N.° 16. Asignación de recursos.

El Comité recomienda al Estado parte que garantice que la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, su Plan de Acción y el sistema de coordinación presidido por el PANI tengan un presupuesto estable y suficiente, para que esos mecanismos puedan alcanzar sus objetivos. En consonancia con las recomendaciones que formuló en su día de debate general sobre el tema “Recursos para los derechos del niño – Responsabilidad de los Estados” (2007), el Comité alienta al Estado parte a que:

a)     Aumente el nivel de inversión social dedicada a la promoción y protección de los derechos del niño, velando por que las asignaciones se amplíen y distribuyan equitativamente a los grupos y regiones desfavorecidos y se eliminen las disparidades étnicas y de género;

b)     Aplique, al elaborar el presupuesto del Estado, un criterio de preservación de los derechos del niño, recurriendo a un sistema de seguimiento de la asignación y utilización de los recursos destinados al niño en todo el presupuesto, de modo que la inversión hecha en los niños sea visible y se faciliten el seguimiento y la evaluación;

c)     En la medida de lo posible, aplique la recomendación de las Naciones Unidas de poner en marcha la presupuestación basada en los resultados para seguir de cerca y evaluar la eficacia de la asignación de recursos;

d)     Siga protegiendo el presupuesto para la infancia y el presupuesto social contra cualquier perturbación externa o interna, como las situaciones de crisis económica, los desastres naturales u otras situaciones de emergencia, a fin de mantener la sostenibilidad de las inversiones;

e)     Establezca partidas presupuestarias estratégicas para las situaciones que puedan exigir medidas sociales afirmativas, como la inscripción de los nacimientos, especialmente en el caso de los niños indígenas y los niños migrantes (...). (Se adiciona el resaltado).

Asimismo, recientemente dicho Comité, en sus sesiones 2434ª y 2435ª (véanse CRC/C/SR.2434 y 2435), celebradas los días 21 y 22 de enero de 2020, aprobó en su 2460ª sesión, que tuvo lugar el 7 de febrero de 2020, observaciones finales, entre las que se destacan la observación número 10 que dice de forma textual:

(…) 10. Tomando nota de la norma de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que requiere una asignación presupuestaria anual del 7% al Patronato Nacional de la Infancia y remitiéndose a su observación general núm. 19 (2016), sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño, el Comité recomienda al Estado parte que:

a)     Adopte medidas para salvaguardar las transferencias presupuestarias destinadas, según lo dispuesto en la Constitución, a dar efectividad a los derechos del niño y modifique la Ley núm. 9635, de diciembre de 2018, para evitar la reducción de las partidas presupuestarias asignadas a la infancia en el contexto de la crisis fiscal;

b)     Aumente la asignación de recursos a nivel municipal para dar efectividad a los derechos del niño y establezca un presupuesto específico para velar por los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad y marginalidad;

c)     Adopte un proceso de presupuestación que determine asignaciones para los niños en todos los sectores y niveles, que incluya indicadores y un sistema de seguimiento para vigilar la distribución de los recursos por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Patronato Nacional de la Infancia y los municipios (...). (Se adiciona el resaltado).

El martes 02 de marzo del presente año 2021, fue publicada en el diario oficial La Gaceta, la Ley 9941, “Reactivación y Reforzamiento de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”.

Dicha ley en su artículo 9 (reformado por el artículo 2° de la ley N.° 10038, de 29 de setiembre del 2021), establece que:

(…) La Redcudi tendrá una Secretaría Técnica, adscrita al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el cual incluirá en su presupuesto la partida correspondiente para atender los gastos operativos, administrativos y de personal que requiera este órgano para su funcionamiento.

La Secretaría Técnica será la instancia responsable de articular todos los actores públicos y privados, las diferentes actividades que desarrollan en el país en materia de cuido y desarrollo infantil, así como de expandir la cobertura de los servicios.

La Secretaría Técnica es un órgano de máxima desconcentración y personalidad jurídica instrumental y presupuestaria e independencia técnica y funcional.

Es el órgano ejecutivo de las actividades y responsabilidades encomendadas por la Comisión Consultiva (...).

Asimismo, la Ley N.º 9941, en su artículo 1, modificó el artículo 15 de la Ley 9220, “Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”, norma que se refiere al financiamiento de dicha Red, siendo que, en sus incisos b) y c), establece en lo atinente a lo consultado, lo siguiente:

(…) Artículo 15- Financiamiento. Además de los recursos con que cuentan las entidades y los órganos integrantes, se dota a la Redcudi con recursos provenientes de las siguientes fuentes:

(…)

b)     El veinte por ciento (20%) del total de los recursos asignados al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por concepto de impuesto sobre la renta, según lo establecido en el artículo 34 de la Ley 7648, Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, de 9 de diciembre de 1996.

c)     La totalidad del superávit libre acumulado del ejercicio económico tras anterior del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), registrado en la liquidación presupuestaria (...).

Los recursos presupuestarios asignados a la Redcudi podrán considerarse dentro del ocho por ciento (8%) del PIB, que el artículo 78 constitucional establece como el financiamiento mínimo a la educación estatal.

Los recursos señalados en los incisos b), c) y d) serán trasladados por cada institución a las unidades ejecutoras de la Red, con base en la estrategia nacional que defina la Comisión Consultiva de la Redcudi (…).

Dicha Ley también, en su artículo 3, adicionó un inciso a) al artículo 34 de la Ley N.° 7648, Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, de 9 de diciembre de 1996, el cual indica lo siguiente:

(…) Artículo 34- Fuentes de financiamiento. Para cumplir cabalmente con sus fines y desarrollar sus programas de manera óptima, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) contará con estas fuentes de financiamiento: a) El Estado deberá transferir un cinco por ciento (5%) de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la renta al Patronato en un solo giro, en el mes de enero de cada año. Del total de estos recursos, el veinte por ciento (20%) serán dotados a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (...).

Los ingresos descritos implican necesariamente un aumento presupuestario para el PANI del 5% de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la renta, el cual, debe materializarse por completo para garantizar el cumplimiento del giro del 20% de ese 5% a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi) para cumplir el mandato de la Ley 9941.

Cabe mencionar que para el año 2020, el Patronato Nacional de la Infancia registró un superávit libre de ¢2.705.214.758,46 de colones, según consta en el Informe de Ejecución Anual 2020.^[1] Al respecto, el PANI solicitó a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda,^[2] sobre el uso de estos recursos. La Secretaría, realizó un análisis de los recursos del superávit libre acumulado del ejercicio económico tras anterior de la institución a los que se refiere el artículo 15 inciso c) de la Ley N.° 9920, “Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”. En el criterio expresan:

(…) La ley N.° 9635, dispone un destino general para los superávits libres generados por la aplicación de la regla fiscal, para todos los entes y órganos del sector público no financiero (amortizar su propia deuda y en caso de entidades que reciben transferencias del presupuesto nacional, reintegrar el superávit para ser utilizado en la amortización de la deuda o en inversión pública), lo cierto es que el numeral 15 inciso c) de la citada Ley 9941, de manera especial y posterior a la emisión de la primera, establece un destino específico para el uso del superávit libre del PANI del año 2019, que sería el financiamiento de la Redcudi.

Al respecto la Procuraduría General de la República, en el Dictamen N.° C-048:2018 del 18 de febrero del 2008, citado en el Dictamen N.° C-281-2019 de 01 de octubre de 2019, ha manifestado lo siguiente: «Para que pueda entenderse que una Ley especial priva sobre una ley con pretensión de generalidad, es necesario que la primera sea posterior, lo que evidenciaría la intensión irrefutable del legislador de establecer una excepción a la regla»

En este sentido, tanto el Dictamen Unánime Afirmativo del 26 de noviembre de 2020, como la aprobación del proyecto de ley en el segundo debate, son claros en manifestar su deseo de modificar lo dispuesto en la Ley N.° 9635, en algunos aspectos, por ejemplo, con respecto a los recursos que se le deben asignar al PANI provenientes del impuesto sobre la renta. (…).^[3]

Por lo que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria interpreta que lo dispuesto en la Ley N.° 9941 está por encima de lo establecido en la Ley N.° 9635, con lo relacionado al restablecimiento del destino específico para el PANI que proviene del impuesto sobre la renta, y sobre el uso que se le debe dar al superávit libre.

Además, al considerarse estos ingresos dentro del 8% del PIB para el gasto en financiamiento de la educación su naturaleza adquiere protección constitucional, lo cual debe ser considerado en la presupuestación.

La Ley N.° 9635 en su título IV, capítulo I, denominado “Responsabilidad Fiscal de la República”, en sus artículos 4 y 9 norma, que su objeto es establecer reglas para la gestión de las finanzas públicas, con el fin de lograr que la política presupuestaria garantice la sostenibilidad fiscal y define la regla fiscal como el “Límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno central a PIB”. Sin embargo, también dispone en su artículo 6 excepciones a la aplicación de la regla, las cuales se disponen en razón de la institución y de ciertas actividades, donde se destaca la indicación de exceptuar a la: “(…) empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad abierta al régimen de competencia (…)”.

Así las cosas, y a modo de resumen debe indicarse, que el legislador dotó al Patronato Nacional de la Infancia de autonomía y presupuesto propio, de manera que, el tema de la gestión presupuestaria hacia esta institución tiene una connotación Constitucional al estar estrechamente vinculada a las obligaciones adquiridas por el Estado costarricense en materia de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, no solo por mandato del artículo 55 de la Constitución, sino también a través de los convenios internacionales ratificados por Costa Rica en esta materia, específicamente en cuanto a los artículos 2, 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño y los ordinales 17, 19 y 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ordinales que imponen la obligación prioritaria del Estado de adoptar toda clase de medidas, especialmente de índole financieras, para el cumplimiento de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Es claro que el Patronato Nacional de la Infancia es la institución autónoma costarricense que ejerce la función estatal de velar por la protección de las personas menores de edad y, por ende, de que cualquier decisión pública o privada se tome con el apego al principio del interés superior de la persona menor de edad y que la Convención de Derechos del Niño dispone que en todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Existe la obligación para el PANI de intervenir en los casos en los que se estime que exista una violación o una amenaza de violación, de los derechos constitucionales y convencionales que les asisten. En ese marco de ideas, cabe recordar, que el Estado debe adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, y que debe adoptar esas medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga.

El Comité de los Derechos del Niño encargado de examinar periódicamente los progresos realizados por cada uno de los Estados contratantes en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por medio de la Convención, dispuso que el Estado debe adoptar medidas para salvaguardar las transferencias presupuestarias destinadas, para dar efectividad a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y recomienda que se modifique la Ley N.° 9635, de diciembre de 2018, para evitar la reducción de las partidas presupuestarias asignadas a la infancia en el contexto de la crisis fiscal.

Los diputados que suscribimos consideramos que la Ley N.° 9635 limita el crecimiento del gasto corriente, y exceptúa de su aplicación en virtud de su artículo 6, en razón de la institución y de ciertas actividades, donde cabe perfectamente como una nueva excepción, el justificante del cumplimiento de obligaciones vinculadas a la protección de los derechos humanos de las personas menores de edad y la observancia de su interés superior.

Adicionalmente, se debe recalcar, que la exclusión de la aplicación de la regla fiscal también encuentra fundamento en que la Ley N.º 9941 regresó recursos específicos para que sean utilizados en la niñez y adolescencia, y particularmente, en las labores de cuido, esta es una ley especial y de vigencia posterior a la Ley N.° 9635, que es una ley general. Dicha ley establece un régimen especial y particular, en relación con las fuentes de ingreso para el funcionamiento de la Redcudi, cuyos efectos también cubren a la fuente de financiamiento ordinaria del PANI, establecida en el artículo 34 inciso a) de la Ley N.° 7648 y que debe primar sobre la ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, dado que esta última es una ley general anterior. No considerar esto o tener una interpretación en sentido contrario, implicaría necesariamente que el financiamiento de la citada Red sea inaplicable, lo que vulnera el criterio de especialidad empleado por el legislador.

La voluntad del legislador a la hora de promulgar la Ley N.° 9941 era exonerar de la Regla Fiscal a los recursos ahí dispuestos (en sus artículos 1, modificó el artículo 15 incisos b) y c) de la Ley N.º 9220, “Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”, y 3 (que adicionó un inciso a) al artículo 34 de la Ley N.° 7648).

En este particular y como parte del ejercicio de interpretación de las normas de la Ley N.° 9941, mediante revisión del expediente legislativo N.° 21957, correspondiente al procedimiento legislativo de aprobación de la Ley N.° 9941; específicamente el dictamen unánime afirmativo aprobado por la comisión dictaminadora, en el cual queda especificada la voluntad del legislador, a la hora de elevar el citado proyecto de ley al Plenario legislativo. En ese apartado se indicó:

(…) Cabe decir, que el pasado 11 de agosto se aprobaron una serie de mociones presentadas al proyecto de ley. De los cambios realizados destaca el siguiente:

El Estado deberá transferir un cinco por ciento (5%) de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la renta, al Patronato Nacional de la Infancia. Del total de estos recursos, el veinte por ciento (20%) serán dotados a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.

Con dicha disposición, se estaría garantizando al menos 18 mil millones de colones a la Red de Cuido. Cabe decir, que antes de la aprobación de la ley N.° 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, la cual derogó la asignación de los recursos provenientes del impuesto sobre la renta, al PANI le correspondía un 7% de lo recaudado por dicho impuesto, sin embargo, la mayor asignación que logró recibir fue de un 4.7%, no obstante, su ejecución final nunca logró llegar ni al 80% de lo recibido.

Ante ello, las mociones aprobadas el 11 de agosto, no afectarán al PANI ni al Presupuesto Nacional, contrario a ello, realiza una mejor distribución del recurso disponible de una manera más eficiente.

Es importante aclarar que, por disposición de la propia Sala Constitucional, el PANI debe seguir recibiendo un porcentaje específico de lo recaudado por el impuesto de la renta, ante ello, la disposición de la ley N° 9635, antes mencionada, para este caso no podrá ser aplicada (...).” (LO RESALTADO ES ADICIONADO).

La regla fiscal aplicada al PANI ha funcionado como una herramienta jurídica que justifica por distintas causas la reducción de los recursos destinados a la niñez y la adolescencia, ya que implica topes en el gasto que se aplican con rigurosidad, pero, estándares de presupuestación que no se aplican, de forma que su vigencia en el caso particular del PANI hace que los servicios destinados a dicha población y especialmente a sus cuidados se encuentren en un estado de incertidumbre y crisis.

Ejemplo de lo anterior es que la Ley 9635 contiene una “cláusula de protección” en su artículo 24, en cuya virtud se establece un piso a los recursos transferidos a favor de las instituciones encargadas de brindarlas, en el sentido de que la asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente y, dado que, dicha ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas inició su vigencia en el año 2018, en tesis de principio, no se le podría asignar al Patronato recursos por debajo de los ¢96.948.315.032,47 que fue la formulación total para ese periodo, pero en tesis de realidad esto no ocurre, pero para efectos de la gestión de la presupuestación la asignación cada vez más reducida sí tiene que estar sujeta a las restricciones de la regla fiscal, de forma que se genera un circulo de restricción y disminución creciente y constante.

Detalle de los presupuestos asignados en los últimos 7 años al PANI:

Año	Presupuesto ordinario	Presupuesto extraordinario	Formulado total
2016	52,290,006,826.24	8,181,110,354.43	60,471,117,180.67
2017	57,710,253,961.70	15,093,954,301.24	72,804,208,262.94
2018	89,782,878,070.92	7,165,436,961.55	96,948,315,032.47
2019	100,480,029,742.00	2,635,593,207.24	103,115,622,949.24
2020	79,404,547,149.68	7,085,214,758.46	86,489,761,908.14
2021	76,273,623,335.69	13,973,659,417.72	90,247,282,753.41
2022	75,633,483,659.70		75,633,483,659.70

 

No se obsta indicar que actualmente el PANI requiere recursos en el orden de los ¢33.020.079.951,44 distribuidos de la siguiente manera: a). ¢16.512.490.000.00 que corresponden al financiamiento de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Ley N.° 9941) para la sostenibilidad del servicio actual y la ampliación de cupos para niñas y niños, además de personas adolescentes con discapacidad, b). ¢16,507,589,951.44 millones para la protección que brinda el PANI a 11.857 personas menores de edad en riesgo y vulnerabilidad, que están ubicados en alternativas de protección en diferentes modalidades, ya que, para el segundo semestre del presente año 2022, estos servicios no cuentan con disponibilidad presupuestaria para garantizar su continuidad.

El faltante de estos recursos afectaría a los centros residenciales que atienden a niños, niñas y adolescentes que han tenido que ser separados de sus familias por razones de encontrarse en condiciones de alto riesgo. Para proteger a esta población, el PANI dispone de 46 albergues, los cuales son insuficientes para cubrir las necesidades existentes, por lo que la institución ha tenido que recurrir al apoyo de organizaciones no gubernamentales, a las cuales se les definen sus alcances y responsabilidades. Estas tienen la labor de brindar albergue, alimentación, educación, vestuario, salud, atención psicológica y recreación a la niños, niñas y adolescentes. Durante el año 2022, cerca de 2.302 niños y adolescentes recibieron la protección de estas organizaciones, ingresos y gastos en estos diferentes programas, de los cuales el PANI aportó el 49% de los recursos necesarios y las ONGs el 51%, según consta en el oficio enviado a Casa Presidencial.^[4]

Otro programa que no cuenta con recursos para el segundo semestre 2022 es el de Centros Infantiles, que atiende diariamente a aproximadamente 5.715 niños y niñas, cuyos padres y madres requieren sus servicios de cuido para poder cumplir con sus responsabilidades laborales.

El programa Hogares Solidarios con Subvención es el tercer programa afectado por este faltante de estos recursos. Este atiende a niños, niñas y adolescentes que tienen que ser separados de sus hogares por motivos de alto riesgo, provocados por situaciones de negligencia, maltrato o abuso, y de los cuales se ha determinado, que, por diversos factores, no se ingresen a los albergues o residencias.

Otra agravante de la difícil situación que apareja la aplicación de la regla fiscal al PANI tiene que ver con el hecho de que, en virtud de la eventual aprobación de un presupuesto extraordinario en favor del PANI, los nuevos recursos aprobados, salvo disposición expresa en contrario, quedan igualmente sujetos a las restricciones de la regla fiscal lo que implica que no se deben superar los límites al crecimiento del gasto, por lo que eventualmente, pueden no poder utilizarse esos recursos aunque recién se hallan aprobado, como se señaló anteriormente, esto constituye un círculo nefasto que opera en aras de la restricción de los recursos destinados a las personas menores de edad, especialmente los dedicados al cuido y la importancia de estos para el desarrollo de las familias, la superación de las mujeres cabeza de familia, el cumplimiento de obligaciones estatales y hasta el mejoramiento de diversos indicadores sociales del país.

Es importante agregar, que la Contraloría General de la Republica en el oficio N.°16243, rectifica que debido a la Ley N.° 9635, el ente contralor no otorgó autorización para el uso de los recursos del superávit, es por esta razón que es de vital importancia que el PANI y la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil no sean sujetos a la regla fiscal, para que puedan hacer uso de los fondos disponibles por concepto de superávit y solventar las necesidades ya expuestas en el presente proyecto de ley.

Como diputados consideramos que dotar de recursos para el debido funcionamiento de la red nacional de cuido y desarrollo infantil es un tema urgente e impostergable. Así lo confirma el oficio PANI-OLPVB-OF-00576-2022, en su respuesta a la solicitud de información planteada por el Pablo Sibaja Jiménez a la oficina Poás-Vara Blanca adscrita a la Dirección Regional de Alajuela del PANI, en el que señalan:

(…) es digno de una “declaratoria de emergencia nacional” el hecho de no contar con presupuesto a partir de julio del 2022, ya que de esto depende, no sólo el sustento económico de más de 550 niños y adolescentes sólo en la región de Alajuela, sino la permanencia de muchos de ellos su permanencia en “Hogares de Acogimiento”, que lamentablemente por un tema de no tener recursos para mantenerlos, se verían en la obligación, de entregarlos para que sean institucionalizados, aún sin tener nuestra institución, capacidad material para albergarlos.(…).^[5]

De tal forma, para las diputaciones que suscribimos el presente proyecto de ley, resulta necesario y urgente se exima del ámbito de cobertura del título IV, Responsabilidad Fiscal de la República, capítulo I, Disposiciones Generales Objeto, Ámbito de aplicación, Definiciones y Principios, de la Ley N.° 9635 al Patronato Nacional de la Infancia en relación con todos los recursos destinados a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y su Secretaría Técnica, es por ello que los diputados que suscribimos este proyecto de ley plasmamos esta urgente necesidad en esta iniciativa que pretende adicionar un inciso j) para este fin, o bien, la numeración que le corresponda al momento de que sea Ley de la República ya que sabemos que hay otras iniciativas que pretenden eximir otras instituciones de la regla fiscal.

Por las razones expuestas se somete a consideración de las señoras y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICIÓN DE UN INCISO J) AL ARTÍCULO 6 DEL TÍTULO IV, RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA, CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS, DE LA LEY N.° 9635, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE

DE 2018, PARA EXCEPTUAR DE LA APLICACIÓN DE LA REGLA FISCAL AL PATRONATO NACIONAL DE LA

INFANCIA Y A LA RED NACIONAL DE CUIDO

Y DESARROLLO INFANTIL Y SU

SECRETARÍA TÉCNICA

ARTÍCULO ÚNICO-     Se adiciona un inciso j) al artículo 6 del título IV, Responsabilidad Fiscal de la República, capítulo I, Disposiciones Generales Objeto, Ámbito de aplicación, Definiciones y Principios, de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 6- Excepciones. Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las siguientes instituciones:

[…]

j)      El Patronato Nacional de la Infancia y todos los recursos destinados a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y los de su Secretaría Técnica.

Rige a partir de su publicación.

       Danny Vargas Serrano         Fabricio Alvarado Muñoz

Pablo Sibaja Jiménez

Diputados

NOTA:    Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022664080 ).

LEY DE PATENTES Y LICENCIAS DEL CANTÓN

DE SAN RAFAEL DE HEREDIA

Expediente N.° 23.223

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 inciso d), y 13 inciso b), del Código Municipal, y el 121, inciso 13), 169 y 170 de la Constitución Política, el Concejo de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, mediante acuerdo municipal, adoptado en la sesión ordinaria N.º 155-2022, celebrada el 17 de febrero del 2022, propone a las y los diputadas(os) de esta Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley de Patentes y Licencias del Cantón de San Rafael de Heredia, con fundamento en las siguientes consideraciones.

Ciertamente, en el año 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Patentes y Licencias Municipales del cantón de San Rafael de Heredia. Una vez que entró en vigencia, varios patentados, y la propia Cámara de Comercio e Industria, expresaron su disconformidad ante el Consejo Municipal y manifestando su disconformidad por varios aspectos de esa ley que los afecta y perjudica por el aumento del cobro del impuesto de patente, impactando mayormente al sector que reporta menos ingresos.

Debido a esta situación, la Municipalidad conformó una comisión para analizar y contemplar posibles mejoras a esta ley, conformada por patentados, regidores, regidores suplentes y funcionarios municipales.

Con el análisis de la comisión y participación de expertos en temas tributarios, se identifica la necesidad de mejorar, entre otros, el artículo 6 que se refiere a la tarifa aplicable para el cálculo los montos a pagar, ya que los ingresos brutos no son utilizados propiamente como base imponible, sino como una medida de la dimensión de la empresa, es decir, con los ingresos brutos se determina el rango para fijar la adscripción a cada categoría de las cuatro existentes y sobre esta base aplicar el monto fijo atribuido a cada categoría.

Como consecuencia, a esta forma de cálculo, se está encasillando a un grupo de patentados que perciben diferentes ingresos, en una misma categoría y, por ende, un mismo monto a cancelar, lo que puede ocasionar una desigualdad en el sistema de cobro o el llamado error de salto.

La Administración Municipal presentó una propuesta de cobro con base en un estudio técnico, financiero, estadístico y legal, que mantiene el sistema, de cobro por categorías que se establecen mediante el método estadístico de “cuartiles” y se calcula no sobre un monto fijo, sino sobre un porcentaje de los ingresos brutos reportados por el patentado para mantener el monto a cancelar o el impuesto de patente, más el cobro de una base o piso.

Sin embargo, la Comisión Especial para el Estudio de la Ley de Patentes Municipal no avaló la propuesta de la Administración Municipal y realizó una nueva propuesta ajustando la base o piso aplicando un porcentaje a los ingresos brutos y netos reportados por los patentados en un periodo determinado; no obstante, esta propuesta no cuenta con criterios técnicos, estadísticos y financieros avalados por la Administración Municipal en lo que respecta a los porcentajes de cobro aplicados a los ingresos brutos y netos, además tiene una afectación importante en las finanzas municipales.

Existe la preocupación y el interés de parte de la Administración Municipal para ayudar a los comerciantes del cantón, principalmente los pequeños y medianos patentados, sin perjudicar el ingreso libre que se percibe del rubro de patentes, ya que este contribuye en la atención a las necesidades del cantón como lo son la infraestructura vial, educación ambiental y cultura, de igual manera en la realización de proyectos que contemplan la seguridad ciudadana como lo son seguridad ciudadana, por medio de la policía de tránsito y policía municipal, centro de monitoreo y otros proyectos para beneficio de los comerciantes.

Por las anteriores razones, y siendo avalado y propuesto por el Concejo de la Municipalidad de San Rafael, someto a consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley de licencias y patentes de ese cantón herediano.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE PATENTES Y LICENCIAS DEL CANTÓN

DE SAN RAFAEL DE HEREDIA

ARTÍCULO 1-          Facultad de la Municipalidad

La Municipalidad de San Rafael de Heredia está facultada para el otorgamiento de licencias comerciales en la jurisdicción del cantón.

ARTÍCULO 2-          Hecho generador

Las personas físicas o jurídicas que se dediquen al ejercicio de actividades lucrativas de cualquier tipo en el cantón de San Rafael, estarán obligadas a pagar a la Municipalidad un impuesto de patentes conforme a esta ley.

a)         Empresarial.

b)         Artística.

c)         Agropecuaria.

d)         Gestión comunitaria.

e)         Recreación y ecoturismo.

f)          Educación ambiental.

g)         Control y protección.

h)         Monitoreo e investigación de la biodiversidad.

i)          Manejo forestal.

j)          Manejo del recurso hídrico.

k)         Recuperación de los ecosistemas.

l)          Actividades ruteras del transporte de turismo.

m)        Ordenamiento territorial y turismo rural comunitario,
             entre otros afines.

n)         Industria.

ñ)         Comercio.

o)         Servicios.

p)         Agencias aseguradoras.

q)         Ventas de bienes muebles e inmuebles.

r)          Operadores de redes.

s)         Compras vía internet y telecomunicaciones.

t)          Mutuales.

u)         Cooperativas.

v)         Bancos públicos o privados y otras entidades que
             brinden servicios financieros.

Los bienes de servicios financieros se deben especificar en el reglamento efectuado por los sujetos pasivos a título oneroso, se desarrollen en un establecimiento o no y cualquiera que sea el resultado obtenido, así como los fideicomisos, los fondos de inversión, las cuentas de participación y las sucesiones mientras permanezcan indivisas, en el cantón de San Rafael de Heredia, estarán obligadas a pagar a la Municipalidad un impuesto de patentes de conformidad con esta ley.

En caso de que se desarrollen actividades comerciales que no se incluyan en el artículo 2 de esta ley, la Municipalidad podrá generar el cobro respectivo de acuerdo con su actividad comercial.

La persona que ejerza su profesión y que se encuentre organizada bajo una sociedad o asociación de tipo mercantil de hecho o derecho queda obligada al pago correspondiente.

ARTÍCULO 3-          Glosario

a)         Hecho generador: es la acción o actividad generada por el sujeto pasivo por la cual surge la obligación tributaria.

b)         Sujeto pasivo o patentado o contribuyente: es el sujeto físico o jurídico, por cuya actividad o actividades se encuentran obligados al pago del impuesto a las actividades económicas.

c)         Sujeto activo: es la municipalidad como acreedor del impuesto.

d)         Patente: es la licencia de actividad comercial emitida por la Municipalidad, la cual autoriza la realización de la actividad lucrativa.

e)         Base imponible: es la cifra o cifras de referencia utilizadas para la estimación del impuesto.

f)          Alícuota: es una proporción aplicada para la estimación de un monto.

ARTÍCULO 4-          Licencia e impuesto

Las actividades determinadas en el artículo 2 de esta ley obligan al interesado a tener un permiso o una licencia de funcionamiento.

La licencia se cancela o llega a su fin a solicitud razonada del interesado o cuando haya evidencia de que la actividad no está siendo ejercida, lo cual será decidido por la Municipalidad mediante la respectiva resolución, previa inspección municipal.

Las personas que ejerzan su profesión y que se encuentren organizadas bajo una sociedad o asociación de tipo mercantil, de hecho, o derecho, quedan obligadas a obtener una licencia y al pago correspondiente.

ARTÍCULO 5-          Requisitos para la licencia municipal

En toda solicitud de otorgamiento, traslado o traspaso de licencia municipal serán requisitos indispensables los siguientes:

a)         Que los interesados estén al día en el pago de tributos y de otras obligaciones incluidas en el reglamento de esta ley.

b)         El cumplimiento de los criterios de accesibilidad establecidos en la Ley N.º 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996.

Igualmente, para mantener activa dicha licencia se requiere que el interesado cumpla con todas las obligaciones tributarias y administrativas ante la Municipalidad relativas a la actividad lucrativa a la que corresponde la licencia. Lo marcado es nuevo.

ARTÍCULO 6-          Determinación del monto del impuesto

El monto del impuesto a la licencia de actividad comercial (patente) de cada sujeto pasivo será determinado por la suma del monto de piso fijo y el cálculo de la base imponible.

𝑃𝑖𝑠𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 + 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

Esta suma, dividida entre cuatro, determinará el impuesto trimestral por pagar.

Los contribuyentes que cancelen el monto anual en un solo tracto, según la generación de cobro de patente de acuerdo con el periodo establecido por la Dirección General de Tributación Directa para cada año, recibirán un descuento en su factura por pronto pago. El Concejo Municipal aprobará el estudio técnico que le presente la administración para la aplicación del descuento.

ARTÍCULO 7-          Piso fijo

El monto del piso será determinado por la suma del 100% de los salarios brutos de los siguientes puestos más sus cargas sociales (determinadas por la CCSS):

a)         Administrador tributario.

b)         Inspector de patentes.

c)         Fiscalizador tributario.

d)         Encargado de patentes.

La suma se dividirá entre la cantidad total de patentados del cantón y el resultado será el que se le aplicará a cada sujeto pasivo.

El monto se actualizará una única vez cada año con los valores del día 15 del mes de setiembre, para su aplicación en el año siguiente.

Los porcentajes de aplicación se mantendrán fijos según se establece en los ítems anteriores mencionados en el artículo 7 de esta ley.

La administración podrá considerar las modificaciones o inclusión de plazas nuevas de los puestos y cargas sociales para el cálculo del piso fijo, únicamente sobre la unidad de patentes establecida en el artículo 7 de esta ley.

 

ARTÍCULO 8-          Base imponible

Alícuota aplicable a los ingresos brutos e ingresos netos.

Los ingresos brutos y la renta líquida anuales, determinarán el monto del impuesto de patentes que le corresponda pagar a cada contribuyente. Se aplicará el dos punto cuatro por mil (2.4 x 1.000) sobre los ingresos brutos más el cinco por mil (5 x 1.000) sobre la renta gravable.

 

ARTÍCULO 9-          Régimen simplificado

Para los contribuyentes del régimen simplificado, se las aplicará el monto del “piso” establecido según artículo 7 de esta ley, más una base imponible de un dos punto cuatro por mil (2,4 x 1000) del valor de las compras anuales, producto que dividido entre cuatro determinará el impuesto trimestral por pagar y se tomará como parámetro las declaraciones de impuesto presentada en Tributación, de la cual deberá adjuntar copias al Municipio.

En caso de que no hayan operado durante todo el período fiscal anterior, sino solo durante una parte de él, se determinará con base en el promedio mensual obtenido en los meses declarados. El monto declarado se divide entre el número de meses presentados en la declaración y así se obtiene el promedio de un mes y multiplicándolo por doce se obtendrá el promedio anual de compras, que multiplicado por el dos punto cuatro por mil (2,4 x 1000) determina el impuesto anual de patentes.

ARTÍCULO 10-        Determinación del impuesto para nuevas actividades

Los sujetos pasivos que por su condición de nuevos patentados, que no se disponga de la declaración del impuesto sobre la renta del año anterior de una determinada actividad, a los que no se les pueda aplicar el procedimiento señalado en los artículos 6, 8, 9 pagarán el piso establecido en el artículo 7 de esta ley, por el primer año, hasta el cierre fiscal.

El impuesto a pagar por el contribuyente no podrá ser inferior al piso establecido en el artículo 7 de esta ley.

ARTÍCULO 11-        Protección ambiental

En las zonas donde exista alguna disposición legal o reglamentaria de protección ambiental, previo al otorgamiento de la licencia comercial, el interesado deberá cumplir con la matriz de certificación de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), con el fin de garantizar que la actividad propuesta no pondrá en riesgo el recurso ambiental de la zona y, a la vez, incentivar el bienestar socioeconómico de los pobladores, promoviendo actividades comerciales, industriales, agropecuarias y de servicios, sin poner en riesgo la seguridad de los recursos de las futuras generaciones con una ejecución controlada sobre las acciones de las actividades comerciales. Asimismo, incentivar la implementación de actividades en temas como: la gestión comunitaria, la recreación y el ecoturismo, la educación ambiental, el control y la protección, el monitoreo e investigación de la biodiversidad, el manejo forestal, el manejo de los recursos hídricos, la recuperación de los ecosistemas, el ordenamiento territorial y el turismo rural comunitario, entre otros afines.

Con respecto a la zona inalienable definida en la Ley N.° 65, de 1888 y bajo el principio pronatura, la Municipalidad de San Rafael no podrá otorgar licencia alguna en dicha zona.

ARTÍCULO 12-        Distribución de los ingresos

Normas generales para distribuir los ingresos brutos y netos, cuando la actividad lucrativa se realice fuera de la jurisdicción de San Rafael:

a)         Cuando el contribuyente o sujeto pasivo realice sus actividades fuera del cantón de San Rafael de Heredia debe acompañar a su declaración jurada un informe donde se realice la distribución del ingreso bruto y neto entre esos cantones, lo cual será fiscalizado por la Municipalidad. Además, el patentado debe acreditar ese hecho, fehacientemente, ante la Municipalidad de San Rafael.

Si el patentado realiza su actividad en varios cantones, por medio de locales propios o alquilados, la distribución del ingreso bruto y neto entre ellos queda sujeta a que considere los principios elementales de la ciencia o la técnica contable, la lógica, la razonabilidad y la proporcionalidad.

Para realizar la distribución del ingreso bruto y neto entre los cantones, el contribuyente debe utilizar dichos principios y parámetros para comparar las capacidades, las instalaciones, el personal, la maquinaria y las funciones que posea o realice en el cantón de San Rafael, contra las que se tengan o se realicen en otro u otros cantones, y presentar la distribución mediante una certificación de un contador público autorizado.

Las funciones o las capacidades a las que se refiere el presente artículo son las productivas, las administrativas, las financieras, las contables, el almacenamiento, la distribución, la comercialización o las ventas.

Mediante la respectiva actuación fiscalizadora, así como la aplicación del principio de realidad económica, indicado en el artículo 8 de la Ley N.º 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, la Municipalidad de San Rafael podrá rechazar, razonadamente, aquella distribución de ingresos brutos y netos en la que el contribuyente diga realizar su actividad, cuando sea evidente que va contra los principios citados y lo único que se persigue es obtener un ahorro fiscal por encima de cualquier otra razón empresarial.

b)         Para distribuir los ingresos brutos y netos entre los cantones beneficiados se utilizarán alguno o varios de los siguientes parámetros:

1-         En el caso de que las instalaciones de producción, fabricación o manufactura se encuentren en San Rafael, el contribuyente distribuirá el ingreso en su declaración jurada de acuerdo con el porcentaje que el costo de ventas o el costo de la mercadería vendida representa del ingreso bruto y neto total reportado a la Dirección General de Tributación.

2-         En caso de que la actividad de dirección, administración y gerencia de la empresa se encuentre ubicada físicamente en el cantón de San Rafael, se utilizará el porcentaje que el costo de tal actividad representa del ingreso bruto y neto, para distribuir este último.

3-         Cuando la empresa sea propietaria o alquile uno o varios locales fuera de la jurisdicción de San Rafael para realizar las ventas desde allí, las administraciones tributarias de dichos cantones podrán convenir con la administración de San Rafael para utilizar, como regla de distribución del ingreso, el esfuerzo de ventas realizado en cada cantón, medido o representado por el porcentaje que los gastos de ventas tienen con respecto al ingreso bruto y neto. Como parámetro de distribución del esfuerzo de ventas se podrá utilizar también el número de vendedores en cada local respecto del total de estos. En el evento de que surja un conflicto para la distribución, se podrá dividir por igual entre todos los cantones beneficiados el monto equivalente del ingreso bruto y neto o, lo que es lo mismo, el monto del esfuerzo o gasto de ventas.

4-         Aquellas empresas que ubiquen bodegas en el cantón de San Rafael y realicen la totalidad de sus ventas en otros cantones deberán distribuir y declarar en San Rafael parte del ingreso bruto y neto, de conformidad con la proporción equivalente al costo del mantenimiento y la operación de dichas bodegas.

5-         Cuando dos o más de las anteriores situaciones sucedan en el cantón de San Rafael de Heredia, se sumarán las proporciones correspondientes.

ARTÍCULO 13-        Declaración jurada de ingresos

La Municipalidad facilitará todos los años el formulario de declaración jurada del impuesto de patentes a los sujetos pasivos, acompañado de la explicación de la metodología de cobro (Base Imponible), que se utilizará para el cálculo del monto a pagar.

Los sujetos pasivos contenidos en esta ley deberán entregar el formulario de la declaración jurada de impuesto de patentes a más tardar cinco días hábiles posteriores al límite de entrega de la declaración de impuesto sobre la renta ante la Dirección General de tributación.

La Municipalidad podrá utilizar distintos medios para la entrega o disposición del formulario de la declaración jurada del impuesto de patentes, siendo:

a)         Entrega en las instalaciones del palacio municipal.

b)         Entrega física en la dirección registrada del sujeto pasivo.

c)         Envío al correo electrónico registrado del sujeto pasivo.

d)         Disposición libre del formulario en la página de internet oficial de la Municipalidad.

e)         Cualquier otro método que la tecnología facilite.

Los sujetos pasivos serán los responsables de completar y entregar el formulario, ya sea, físico en las instalaciones de palacio municipal o digital al correo electrónico oficial de la Municipalidad.

En casos especiales, cuando las empresas hayan sido autorizadas por la Dirección General de Tributación para presentar su declaración del impuesto sobre la renta en fecha posterior a la establecida en la ley, podrán presentar su declaración jurada de ingresos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha autorizada por esa Dirección.

ARTÍCULO 14-        Requisitos a adjuntar con la declaración anual

Los contribuyentes deben adjuntar, obligatoriamente, los siguientes requisitos con su declaración jurada de ingresos:

a)         Los declarantes del impuesto sobre la renta del régimen ordinario deberán presentar una copia ley vigente: de la declaración jurada) ante la Municipalidad de la declaración jurada de ingresos presentada a la Dirección General de Tributación o ante los entes recaudadores por ella autorizados.

b)         Los declarantes del régimen de tributación simplificada deben presentar las copias de las declaraciones trimestrales ante la Municipalidad de los reportes realizadas a la Dirección General de Tributación o ante los entes recaudadores por ella autorizados.

c)         Los patentados que realicen actividad lucrativa en varios cantones deben adjuntar la Declaración jurada presentada a la Dirección General de Tributación o ante los entes recaudadores por ella autorizados, el informe de distribución de los ingresos por cantón y certificación de contador público autorizado con la proporción de ingresos que le corresponde al cantón de San Rafael de Heredia.

ARTÍCULO 15-         Requerimiento de información y documentos para actuaciones fiscalizadoras

La información es un insumo fundamental para determinar la obligación tributaria, por lo que los contribuyentes del impuesto de patentes están obligados a facilitar cuando la Administración Tributaria Municipal se las solicite en el proceso de declaración o para realizar actuaciones fiscalizadoras. La negación por segunda vez de información trascendente hará acreedor al sujeto pasivo rebelde a la sanción respectiva que adelante se señala.

En casos especiales de actuaciones fiscalizadoras del impuesto de patentes, la Municipalidad de San Rafael podrá solicitar los elementos o los indicios que permitan realizar la determinación de la obligación tributaria, entre ellos los siguientes:

a)         La certificación literal de la propiedad donde se ubica el local de la empresa fiscalizada.

b)         La personería jurídica con detalle de la representación legal, la composición de la Junta Directiva y la distribución de la propiedad de las acciones, se trate o no de empresas vinculadas o pertenecientes a un mismo grupo económico de interés.

c)         Una o más planillas presentadas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que permitan la verificación y la determinación de la obligación tributaria.

d)         La certificación de los contratos y los recibos por concepto de alquiler de local.

e)         Los recibos de servicios públicos, que puedan ser utilizados como indicios o parámetros de comparación en las actuaciones fiscalizadoras.

f)          Cualquier otro documento o información que constituya un indicio o elemento de prueba de relevancia tributaria para la actuación fiscalizadora.

Cuando lo considere necesario, la Administración Tributaria Municipal podrá citar a los sujetos pasivos para que comparezcan en sus oficinas, con el fin de que contesten las preguntas necesarias para verificar la obligación. Si la comparecencia es oral, se deberá levantar un acta dejando constancia de las preguntas, las respuestas y otra manifestación que cualquiera de las partes desee que se incluya. El acta debe contar con las formalidades señaladas en el artículo 270 de la Ley N.º 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. En caso de que la comparecencia sea escrita, bastará con que los documentos de solicitud de información y respuesta se agreguen al respectivo expediente.

ARTÍCULO 16-        Uso, confidencialidad de la información y colaboración entre las administraciones tributarias

La información suministrada por los contribuyentes a la Municipalidad tiene carácter confidencial respecto de terceros, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley N º 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, por lo que solo podrá ser usada con fines tributarios. No obstante, la Municipalidad de San Rafael queda facultada para que suscriba convenios y establezca relaciones de colaboración mutua, dé y reciba información con relevancia tributaria y de otras administraciones tributarias municipales, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de cualquier otra entidad pública.

ARTÍCULO 17-        Actuaciones fiscalizadoras

De conformidad con las potestades de administración tributaria concedidas a la Municipalidad de San Rafael, se le faculta para que realice acciones de verificación de las declaraciones juradas y otros hechos, tareas de comprobación, investigación, inspección, valoración, solicitudes y cruce de información con otras administraciones tributarias, orientadas a determinar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos o a realizar determinaciones de oficio y recalificaciones del impuesto.

Las actuaciones fiscalizadoras irán precedidas de la respectiva solicitud de información, en la cual la Administración Tributaria Municipal comunica al contribuyente el inicio de esa actuación, el impuesto de patentes y el período a fiscalizar, así como el plazo en que se debe brindar dicha información. En todo caso, se respetará el derecho de defensa y el debido proceso del contribuyente. La administración tributaria deberá informar al sujeto pasivo sobre el debido proceso, sus derechos y garantías en el proceso, así como todos los mecanismos de defensa que este disponga ante, durante y posterior a la actuación fiscalizadora.

ARTÍCULO 18-        Revisión, verificación y recalificación

Toda declaración queda sujeta a revisión y verificación por los medios establecidos en esta ley. Si se comprueba que los datos suministrados son incorrectos o inexactos, por cuya circunstancia se determina una variación en el tributo, se procederá a la recalificación correspondiente.

En cualquier caso, la declaración jurada que deben presentar los patentados ante la Municipalidad, su contenido, veracidad o exactitud, así como las mencionadas distribuciones de ingresos brutos y netos entre los cantones, quedan sujetos a las disposiciones especiales del régimen sancionatorio la omisión, la falsedad o cualquier desviación de los datos suministrados.

Así mismo, de forma supletoria se aplicarán los artículos 103, 104, 116, 123 y 124 de la Ley N.º 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971.

ARTÍCULO 19-        Impuesto determinado de oficio

La Municipalidad está facultada para determinar de oficio el impuesto de patentes municipales que debe pagar el contribuyente y se aplicará un treinta por ciento (30%) sobre el monto cancelado el año anterior, cuando:

a)         Revisada su declaración municipal, permita comprobar la inexactitud, la omisión, la falsedad o cualquier desviación de los datos suministrados.

b)         Exista omisión de la presentación de la declaración jurada.

c)         A pesar de la presentación de la declaración jurada no se aporte copia de la declaración de la renta, presentada a la Dirección General de Tributación.

d)         También, será causal o motivo de la determinación de oficio, cuando a solicitud expresa de la Municipalidad, con el fin de realizar una actuación fiscalizadora, el contribuyente se niegue o no presente alguno de los documentos o la información solicitada en los artículos 11 y 12 de esta ley, después de que se le prevenga en una segunda vez.

e)         Aun presentada la declaración jurada, aporte una copia alterada de la que presentó a la Dirección General de Tributación.

f)          Si se trata de una actividad recientemente establecida, se aplicará el artículo 10 de esta ley.

g)         El patentado alegue realizar actividad lucrativa en varios cantones y no adjunte o se niegue a adjuntar el informe de distribución del ingreso bruto y neto o la copia de las declaraciones juradas de las otras municipalidades en que realiza la actividad.

ARTÍCULO 20-        Medios de notificación

La Administración Tributaria Municipal podrá utilizar las siguientes formas de notificación:

a)         Personalmente, cuando el patentado concurra a las oficinas de la Administración, en cuyo caso se debe dejar constancia de su notificación en el respectivo expediente.

b)         Por notificación efectuada mediante correo público o privado, o por sistemas de comunicación telegráficos, electrónicos, facsímiles y similares, siempre que tales medios permitan confirmar la recepción y este haya sido señalado como tal por el administrado. Se podrá notificar por correo electrónico, conforme a los principios de la Ley N.º 8687, Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008, y sin perjuicio de que se establezcan reglamentariamente sistemas para garantizar que la notificación por medios electrónicos sea efectiva y tutele los derechos del patentado a un debido proceso.

La Administración Tributaria Municipal podrá establecer reglamentariamente la obligación de contar con un buzón electrónico permanente. En este supuesto, la Administración Tributaria Municipal deberá implementar un sistema razonable de alertas de la existencia de una notificación, ya sea por medio de mensaje de texto al número de teléfono celular indicado por el contribuyente o al correo electrónico que este designe, conforme a los principios de la Ley N.º 8687, Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008.

Las notificaciones practicadas en los medios señalados en este inciso producirán los efectos de las realizadas en el domicilio fiscal constituido.

c)         Por medio de notificación que entreguen los funcionarios de la Administración o de las oficinas públicas o autoridades de policía a las que se encomiende tal diligencia. En estos casos, los notificadores deben dejar constancia de la entrega de la notificación al patentado o su representante, requiriéndole su firma. Si el patentado o su representante no sabe o no le es posible hacerlo, puede firmar a su ruego un tercero mayor de edad. Si el patentado o su representante se niega a firmar o/a recibir la notificación o no se encuentra en su domicilio, se debe entregar la notificación a cualquier persona mayor de quince años que se encuentre en el domicilio del interesado, requiriéndole que firme el acta respectiva. En todo caso, el acta de la diligencia debe expresar la entrega de la carta o la cédula y el nombre de la persona que la reciba; si esta no sabe, no quiere o no puede firmar, el notificador lo debe hacer constar así bajo su responsabilidad. El notificador, al entregar la notificación o cédula, debe indicar al pie de esta la fecha y la hora de su entrega.

d)         Por medio de un solo edicto publicado en La Gaceta o en un diario privado de los de mayor circulación en el país, cuando no se conozca el domicilio del interesado o tratándose de personas no domiciliadas en el país, o que no sea del conocimiento de la Administración la existencia de un apoderado en la República.

En estos casos, se considera notificado el interesado, según lo dispuesto en la Ley N.º 8687, Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008.

ARTÍCULO 21-        Notificación del traslado de cargos

La determinación de oficio o la recalificación de la obligación tributaria efectuada por la Municipalidad deberá ser notificada al contribuyente por la Administración Tributaria; para ello, se aplicará lo señalado en el artículo 20 de la presente ley.

Previo a la notificación de cargos, ya sea de forma escrita o mediante audiencia oral, la Administración Tributaria propondrá al contribuyente la regularización o el pago de la obligación determinada mediante el debido proceso.

De no ser aceptada la regularización o el pago por parte del contribuyente, la Administración Tributaria emitirá una resolución más detallada que contenga los antecedentes que motivaron la actuación, el período del impuesto fiscalizado, las observaciones o los cargos que se formulen, las infracciones que se estime se han cometido, los recursos y el plazo en que se pueden interponer y cualquier otro aspecto que garantice el debido proceso de las partes interesadas.

ARTÍCULO 22-        Recursos

Los recursos establecidos para la impugnación de los actos aquí descritos se regirán por lo establecido en el artículo 171 de la Ley N.º 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998.

ARTÍCULO 23-        Sanción por no presentación de la declaración

La sanción por la no presentación de la declaración será de un quince por ciento (15%) sobre el monto cancelado el año anterior.

ARTÍCULO 24-     Sanciones por incumplimiento de obligaciones o violaciones sustanciales

Serán sancionados, como se indica y de conformidad con el procedimiento establecido en esta ley, los contribuyentes cuya conducta, violaciones legales o negligencia sean de tal gravedad que pretendan evadir el tributo y su deber de contribuir, y traten de dificultar o impedir a la Administración Tributaria que cumpla sus potestades de determinación y recaudación del impuesto de patentes.

a)         Por no acudir a las oficinas de la Municipalidad ante solicitud expresa o negarse a entregar la información de relevancia tributaria que se les solicite, para realizar la verificación y la determinación de la obligación tributaria correspondiente; después de ser prevenido una segunda vez, se aplicará al contribuyente rebelde una sanción equivalente a dos salarios base según el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993.

b)         Por la destrucción, alteración de sellos y reinicio de la actividad comercial clausurada, se le impondrá al sujeto pasivo una sanción equivalente a dos salarios base según el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993.

c)         Al sujeto pasivo que deje de declarar o declare un valor distinto, se le aplicará una sanción de un veinte por ciento (20%) sobre la diferencia entre el monto del impuesto declarado y el que les correspondía declarar realmente, según sea liquidado por la Administración Tributaria, mediante determinación de oficio o fiscalización, correspondiente al período anual vigente.

d)         Los sujetos pasivos que realicen o hayan realizado actividades comerciales sin la debida licencia comercial, serán sancionados con lo establecido en incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 88 de la Ley N.º 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998.

e)         A los contribuyentes que digan realizar una mayor proporción de su actividad lucrativa en otro cantón, cuya ley de patentes fije una tarifa de impuesto de patentes menor a la de San Rafael de Heredia y se les compruebe que se trata de una maniobra para obtener un ahorro fiscal, mediante la exportación del ingreso hacia el cantón de tarifa más baja, a pesar de que la mayoría de sus instalaciones y operaciones se encuentran en San Rafael, se les aplicará una multa del treinta y cinco por ciento (35%) sobre la diferencia entre el monto del ingreso bruto y neto reportado a la Municipalidad de San Rafael y lo que por razonabilidad y proporcionalidad le debería corresponder al otro cantón.

Las multas anteriores deben ser canceladas dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firmeza de la resolución.

ARTÍCULO 25-        Cierre del negocio por suspensión de la licencia

La licencia que se requiere para el ejercicio de la actividad lucrativa en el cantón de San Rafael se podrá suspender por cualquiera de las siguientes razones:

a)         Falta de pago de dos o más trimestres.

b)         El incumplimiento de los criterios de accesibilidad establecidos en la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

c)         El incumplimiento de los requerimientos ordenados por las leyes para la actividad.

d)       Contravenir el orden público, la moral y buenas costumbres.

El plazo de la suspensión será hasta que se haga efectiva la regularización del pago o las mejoras de accesibilidad requeridas.

El cierre se podrá realizar a partir del quinto día, mediante cumplimiento forzoso; para ello, la Municipalidad podrá solicitar el apoyo de la Policía, según señala el inciso 2 del artículo 149 de la Ley N.º 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

La sanción de cierre se hará constar por medio de los sellos oficiales colocados en las puertas, las ventanas u otros lugares del negocio, cuando sea procedente. Se considerará violación a la clausura, cuando el interesado reinicie su actividad comercial y así sea constatado por la Municipalidad.

ARTÍCULO 26-        Procedimiento para aplicar sanciones

El procedimiento para aplicar sanciones será el establecido en los artículos 218 y siguientes de la Ley N.º 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

ARTÍCULO 27-        Concurrencia de hechos y sanciones

Cuando un hecho configure más de una infracción, se debe aplicar la sanción más severa.

ARTÍCULO 28-        Reducción de sanciones

Se faculta a la Municipalidad de San Rafael para que reduzca las sanciones estipuladas en el artículo 24, cuando concurran las condiciones siguientes:

a)         Cuando el infractor subsane espontáneamente su incumplimiento y realice el pago antes de que la Administración realice cualquier actuación de verificación, liquidación o traslado de cargos, la sanción será rebajada en un veinticinco por ciento (25%).

b)         Cuando el infractor subsane espontáneamente su incumplimiento antes de que la Alcaldía dicte la resolución determinativa final, la sanción será rebajada en un quince por ciento (15%).

ARTÍCULO 29-        Autorización

Se autoriza a la Municipalidad de San Rafael de Heredia a realizar los procedimientos necesarios para la aplicación de esta ley.

ARTÍCULO 30-  Derogatoria

Se deroga la Ley de Patentes y Licencias del cantón de San Rafael de Heredia, N.° 9713, de 1 de agosto de 2019.

Rige a partir del trimestre siguiente a su publicación en La Gaceta.

Pedro Rojas Guzmán

Diputado

NOTA:        Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022664399 ).