MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

De conformidad a la publicación realizada en La Gaceta N° 73 del martes 25 de abril del 2024 (IN2024859188), a nombre de la Familia Arias Pereira; se corrige que se lea correctamente: Cementerio Central de Heredia y no “Cementerio Mercedes”.

Heredia, 28 de agosto, 2024.—Licda. Erika Arguello Sánchez, Administradora de Cementerios.—Unidad Financiera-Administrativa.—Enio Vargas Arrieta, Proveedor Municipal, evargas@heredia.go.cr.—1 vez.—O. C. N° 65876.—Solicitud N° 533892.—( IN2024890189 ).

PROYECTOS

Texto Dictaminado

Expediente N°24109

DECRETA:

ADICIÓN DEL ARTÍCULO 2 BIS A LA LEY N°. 7955

DEL 9 DE DICIEMBRE DE 1999 Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO 1- Adiciónese el artículo 2 bis a la Ley N°. 7955 del 9 de diciembre de 1999 y sus reformas, Ley de Subsidio y Finiquito a Trabajadores de Estiba y Desestiba de Muelles. El texto es el siguiente:

Artículo 2 bis- A partir de la presente reforma, en aquellos casos de personas que hayan consolidado un derecho de conformidad con esta ley o, en su defecto, sus causahabientes debidamente declarados por la autoridad judicial competente, de previo al dictado de la resolución N°. 5500-00 de las 14:33 horas del 5 de julio de 2000 de la Sala Constitucional, a las cuales no se les haya cancelado el monto de la compensación correspondiente, este deberá ser cancelado de conformidad con las siguientes disposiciones.

a)  El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deberá reponer la lista de todas las personas ex estibadoras afectadas por la apertura de los muelles en Limón y Moín el 31 de octubre de 1995, beneficiarias del pago de compensación, con base en la información que conste en la Caja Costarricense de Seguro Social o cualquier otra institución pública y en el propio Ministerio, así como mediante otras fuentes e instrumentos jurídicos pertinentes, con la que se acredite que las personas solicitantes fueron despedidas de las organizaciones: Carga y Descarga de Costa Rica Sociedad Anónima (CADESA), la Compañía de Estiba Sociedad Anónima (ESTIBA, SA) y la Cooperativa Autogestionaria de la Unión de Trabajadores Bananeros Responsabilidad Limitada (COOPEUTBA R.L.), así como sus respectivas filiales, con motivo de la apertura de los muelles realizada en Limón en octubre de 1995 y que no se les ha hecho el pago correspondiente de conformidad con la presente Ley. Dichas personas, además, deben cumplir con los supuestos de antigüedad laboral acumulada indicados en las categorías de los incisos a), b) o c) del artículo 3, tomando como referencia haber trabajado en labores de estiba y desestiba, durante los últimos seis meses anteriores al 31 de octubre de 1995 y la antigüedad acumulada en dichas empresas previa a esta fecha, lo cual deberá comprobarse mediante la certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social u otro documento legal válido que dé fe de que laboró en dichas empresas en ese periodo de tiempo. Dicho Ministerio será el encargado de realizar los pagos mediante resolución administrativa. 

b)  El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizará una convocatoria en el Diario Oficial La Gaceta, con el objeto de que las personas trabajadoras o sus causahabientes a las que se refiere este artículo realicen su solicitud en un plazo máximo de tres meses calendario, a partir de la publicación correspondiente, plazo que se interrumpirá para cada caso específico cuando existan procesos sucesorios o testamentarios pendientes de resolución para aclaración del causahabiente, en cuyo caso, esto deberá serle informado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por parte de los interesados en el mismo plazo de tres meses que se señala en este inciso.

c)  Las personas beneficiarias que, apareciendo en la lista a la que hace referencia el inciso a), tengan consolidado el derecho o, en su defecto, sus causahabientes debidamente declarados por la autoridad judicial competente, deberán realizar la solicitud de pago ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro del plazo establecido en el inciso anterior, misma que será tramitada mediante el procedimiento administrativo ordinario para el pago de la compensación, en el cual deberá determinarse la procedencia legal y técnica del pago.

d)  El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social gestionará los pagos de la compensación, la cual estará compuesta conforme a los montos dispuestos en el artículo 3 de esta Ley con la indexación y los intereses correspondientes, calculados a partir de la entrada en vigencia de la ley. Asimismo, para el caso de cada persona ex trabajadora, al monto de intereses se les aplicará un multiplicador de 0.5 por cada año laborado adicional al primero, por concepto de daños y perjuicios ocasionados por el retraso en el pago, con un límite de 25 años equivalentes a un multiplicador de 10.5, de conformidad con la siguiente tabla:

AÑOS TOTALES LABORADOS	MULTIPLICADOR
1	1
2	1,5
3	2
4	2,5
5	3
6	3,5
7	4
8	4,5
9	5
10	5,5
11	6
12	6,5
13	7
14	7,5
15	8
16	8,5
17	9
18	9,5
19	10
20	10,5
21	11
22	11,5
23	12
24	12,5
25	13

 

De manera tal, la fórmula de cálculo para el pago deberá ser la siguiente:

P = Mi + (Md x In)

En donde:

P: Pago por persona.

Mi: Monto original, de conformidad con el artículo 3 de esta ley, con la indexación correspondiente.

Md: Multiplicador de daños y perjuicios según la tabla señalada en este inciso. In: Intereses generados a partir de la vigencia de esta ley y hasta la fecha de elaboración del estudio técnico respectivo para el pago correspondiente, de acuerdo con la Tasa Básica Pasiva del Banco Central de Costa Rica y calculados sobre el monto original correspondiente, de conformidad con el artículo 3 de esta ley.

e)  Los pagos se realizarán con presupuesto nacional, por lo cual, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá presupuestar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda para la formulación presupuestaria respectiva y de conformidad con la legislación y normativa presupuestaria vigente, los recursos que se destinen para efectuar los pagos que se generen en razón de las solicitudes descritas; esto como máximo en la próxima formulación presupuestaria, extraordinaria u ordinaria, a partir de la elaboración del Estudio Técnico respectivo, según corresponda por criterio de inmediatez para el aseguramiento de los recursos.

f)  Para todos los efectos de la presente ley, los pagos que se realicen a partir del año 2024 serán definidos como compensación.

Efectuar los pagos pendientes será de interés público, dada su importancia para el desarrollo económico y social de la provincia de Limón.

Artículo 2.- Se derogan los artículos 4 y 5 de la ley No. 7955 del 9 de diciembre de 1999 y sus reformas, Ley de Subsidio y Finiquito a Trabajadores de Estiba y Desestiba de Muelles.

TRANSITORIO ÚNICO.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizará la convocatoria y repondrá la lista a la que refiere el artículo 2 bis, que se adiciona a la Ley N°. 7955 del 9 de diciembre de 1999 y sus reformas, en un plazo de hasta seis meses a partir de la vigencia de la presente reforma. Asimismo, podrá realizar la reposición de manera segmentada, conforme a la recopilación de la información necesaria, hasta completar la lista y mientras no se supere el plazo de seis meses, procurando el pago de un primer grupo de la lista en el año 2024, de conformidad con la normativa presupuestaria vigente.

Rige a partir de su publicación.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024887878 ).

TEXTO DICTAMINADO

EXPEDIENTE: 23.621

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

“LEY PARA ELIMINAR EL COBRO DE TARIFAS

POR TRANSPORTAR OBJETOS PARA EL USO O

DESENVOLVIMIENTO DIARIO, EN EL SERVICIO

PÚBLICO DE TRANSPORTE MODALIDAD DE

AUTOBÚS Y PARA FOMENTAR EL

TRANSPORTE INTERMODAL

DE PASAJEROS”

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el artículo 1 de la Ley N°3503, “Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores” de 10 de mayo de 1965.

“Artículo 1.- El transporte remunerado de personas en vehículos automotores colectivos, excepto los automóviles de servicio de taxi regulado en otra ley, que se lleva a cabo por calles, carreteras y caminos dentro del territorio nacional, es un servicio público regulado, controlado y vigilado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

La prestación es delegada en particulares a quienes autoriza expresamente, de acuerdo con las normas aquí establecidas.

Para los efectos de esta ley, los términos siguientes se definen así:

Ruta: Trayecto que recorren, entre dos puntos llamados terminales, los vehículos de transporte remunerado de personas.

Línea: Servicio de transporte que se presta en determinada ruta.

Concesión: Derecho que el Estado otorga, previo trámite de Licitación pública, para explotar comercialmente una línea por medio de uno o varios vehículos colectivos, tales como autobuses, busetas, microbuses o similares.

Tarifa: Retribución económica fijada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, como contraprestación por el servicio de transporte.

ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

Equipaje: cualquier tipo de bolso, bolsa, maleta, maletín, maleta de viaje, salveque o cualquier tipo de recipiente utilizado para trasladar pertenencias lícitas y permitidas para ser transportadas en unidades de autobús que, de conformidad con las disposiciones sobre peso y dimensiones que establezca el Consejo de Transporte Público, sea factible transportar en los maleteros de los autobuses ubicados sobre los asientos de los pasajeros, o bien, en los maleteros accesibles por las compuertas laterales externas de las unidades de autobús, siempre y cuando la unidad cuente con uno o ambos de estos espacios.

Objetos de uso personal: cualquier objeto lícito que la persona usuaria requiera para su actividad o desenvolvimiento diario que, de conformidad con las disposiciones sobre peso y dimensiones que establezca el Consejo de Transporte Público, sea factible transportar en los maleteros internos de los autobuses, ubicados sobre los asientos de los pasajeros, o bien, en los maleteros accesibles por las compuertas laterales externas de las unidades de autobús, siempre y cuando la unidad cuente con uno o ambos de estos espacios. Se consideran objetos de uso personal el equipo deportivo, los instrumentos musicales, el equipo fotográfico como pedestales o trípodes, etc.; las bicicletas plegables, patinetas y scooters plegables, scooteres no plegables y cualquier otro que, por su peso y dimensión, se puedan transportar en las unidades de autobús, de conformidad con las disposiciones del Consejo de Transporte Público.

ARTÍCULO 2.- Adiciónese un nuevo inciso b) al artículo 17 de la Ley N° 3503, “Ley Reguladora del Transporte Remunerado Personas en Vehículos Automotores” de 10 de mayo de 1965 y se corre la numeración como corresponda. El nuevo inciso b) se leerá de la siguiente manera:

“Artículo 17.- Son obligaciones del empresario de transporte remunerado de personas:

a)  No cobrar por el transporte un precio distinto del establecido en las tarifas aprobadas por la Comisión Técnica de Transportes.

b)  Transportar, sin costo alguno adicional o implícito para las personas usuarias o para las tarifas fijadas, el equipaje y los objetos de uso personal, siempre y cuando la persona usuaria viaje en la misma unidad en que se transporta el equipaje u objeto y la unidad de autobús cuente con maleteros ubicados sobre los asientos de los pasajeros o con maleteros ubicados accesibles por compuertas laterales externas.

c)  Realizar el transporte en toda la ruta especificada en la concesión y efectuar el recorrido conforme a los horarios e itinerarios aprobados.

d)  Sustituir los vehículos que, temporal o definitivamente, se retiran del servicio, por otros de capacidad igual o mayor, características idénticas y calidad igual o mejor.

e)  Llevar la contabilidad de los ingresos y gastos de operación, de conformidad con las normas contables generalmente aceptadas; poner esa contabilidad a disposición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y suministrar los datos estadísticos e informes sobre los resultados económicos y financieros de la operación del servicio, así como los comprobantes que ambas instituciones requieran. El concesionario deberá presentar esta información, por lo menos, una vez al año y cuando lo dispongan el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

f)  No suspender la prestación del servicio durante la vigencia de la concesión.

g)  Respetar lo dispuesto en el capítulo IV, artículo 162 al 176 inclusive del Código de Trabajo, relativos a las medidas de protección del salario. En particular, se prohíbe al empresario de transporte remunerado rebajar unilateralmente los salarios de los conductores que laboran para él, mediante la imputación de las marcas realizadas en barras electrónicas u otros mecanismos dispuestos para controlar el ingreso de pasajeros, sin la realización de un debido proceso en el que se demuestre la responsabilidad del conductor en la comisión de una falta laboral.”

Rige a partir de su publicación.

Diputado Luis Diego Vargas Rodríguez

Presidente a.i.

Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno

y Administración

1 vez.—Exonerado.—( IN2024887877 ).

Texto Dictaminado del expediente N. º 23.663, en la sesión

N. º 19, de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos

Sociales, celebrada el día 21 de agosto de 2024.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICIÓN DE UN INCISO F) AL ARTÍCULO 5, UN INCISO

M) AL ARTÍCULO 6 Y UN TRANSITORIO XII, Y REFORMA

DEL ARTÍCULO 7, TODOS DE LA LEY 7052, LEY

DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI

(BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA),

DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1986

ARTÍCULO 1- Se adicionan un inciso f) al artículo 5 y un inciso m) al artículo 6 de la Ley 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi (Banco Hipotecario de la Vivienda), de 13 de noviembre de 1986.  Los textos son los siguientes:

Artículo 5-

El Banco Hipotecario de la Vivienda tendrá los siguientes objetivos principales:

(…)

f) Promover la atención prioritaria de las personas en condición de pobreza y pobreza extrema, en especial los habitantes de aquellos distritos con mayores índices de pobreza, de asentamientos informales en precario, tugurio y cuarterías, con énfasis en la atención de mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad sin núcleo familiar, personas adultas mayores sin núcleo familiar, jóvenes entre los dieciocho y los treinta y cinco años con núcleo familiar y personas damnificadas por alguna situación de emergencia, mediante el desarrollo de una planificación estratégica que implique la articulación institucional pertinente para incidir en la situación actual de estas poblaciones y coadyuvar en el mejoramiento de su calidad de vida y desarrollo humano.

Artículo 6-

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Hipotecario de la Vivienda tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

(…)

m) Realizar una planificación estratégica que considere la coordinación interinstitucional para facilitar el acceso a la vivienda de las poblaciones vulnerables, de los distritos con mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema.

(…).

ARTÍCULO 2- Se reforma el artículo 7 de la Ley 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi (Banco Hipotecario de la Vivienda), de 13 de noviembre de 1986.  El texto es el siguiente:

Artículo 7-

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) deberá promover programas de desarrollo de vivienda rural y urbana en condiciones preferenciales de crédito y proyectos habitacionales que se desarrollen al amparo de incentivos fiscales, para cumplir los objetivos de carácter social y el propósito de que las familias de escasos recursos económicos que habitan en asentamientos informales en precario, tugurio y cuarterías, mujeres jefas de hogar, adultos mayores sin núcleo familiar, personas con discapacidad sin núcleo familiar, jóvenes entre los dieciocho y los treinta y cinco años con núcleo familiar y personas damnificadas, por alguna situación de emergencia, tengan la posibilidad de adquirir casa propia.

Asimismo, para el mejor cumplimiento de sus fines, el Banco podrá conceder créditos por medio de las entidades autorizadas para la construcción de viviendas de carácter social, sus obras y los servicios complementarios. Las garantías de estos créditos serán las que el Banco considere satisfactorias.

Transitorio XIl- Se otorga al Poder Ejecutivo un plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor de esta reforma, para que reglamente la presente ley.

Rige a partir de su publicación.

Diputada Andrea Álvarez Marín

Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales

1 vez.—Exonerado.—( IN2024889655 ).

Texto Dictaminado del expediente N. º 23.959, en la sesión N. º 19, de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, celebrada el día 21 de agosto de 2024.

LEY PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS

DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN PROCESOS

DE ADOPCIÓN

ARTÍCULO 1- Para que se reforme el inciso a) del artículo 95 del Código de Trabajo, Ley número 2 del 26 de agosto de 1943, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 95- 

[…]

Se otorgará licencia especial en los siguientes casos: 

a)  En la adopción individual se otorgará licencia especial por tres meses de forma remunerada al adoptante y en la adopción conjunta se otorgará licencia especial de tres meses, divisible entre las personas adoptantes de común acuerdo, la cual podrá tomarse de forma simultánea o alterna, según decisión de las partes. En estos casos de adopción, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Código de Familia y regulación conexa, la licencia se iniciará el día inmediato siguiente a la fecha en que sea entregada con fines de adopción la persona menor de edad o en su defecto a partir de la firmeza de la sentencia que aprueba la adopción y se ordene su entrega efectiva. Para gozar de la licencia, la persona o personas adoptantes deberán presentar una certificación de la resolución administrativa o judicial o sentencia en firme que permita la entrega e inicio de la convivencia efectiva de la persona menor de edad con fines de adopción o adopción definitiva. La suspensión de la medida de entrega efectiva de la persona menor de edad o la sentencia que declare sin lugar el proceso de adopción deberá ser comunicado por parte del Patronato Nacional de la Infancia o el Juzgado de Familia a la Caja Costarricense del Seguro Social dentro del plazo de tres días posteriores a su firmeza. Lo anterior con el fin de que se ponga fin a la licencia de paternidad y maternidad otorgada.

ARTÍCULO 2-         Para que se reforme el inciso a) del artículo 13 de la Ley 7756, Beneficios para los responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas, para que se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 13-        Licencia extraordinaria

[…]

a)  Que el familiar enfermo tenga una relación de dependencia con la persona asegurada activa que solicita su cuido. En el caso de las personas menores de edad, puede tratarse de los progenitores que ejercen la patria potestad, el tutor, el curador, el representante legal o, en ausencia de estos, el familiar más cercano del enfermo. En el caso de procesos de adopción, se requerirá que la persona que solicite el beneficio en nombre de una persona menor de edad la haya recibido con el propósito de la adopción. Para poder acceder a la licencia, el adoptante deberá presentar una certificación de la resolución o sentencia en firme que permita la entrega e inicio de la convivencia efectiva de la persona menor de edad con fines de adopción o adopción definitiva. 

Artículo 3: Para que se reforme el artículo 41 de la Ley Marco de Empleo Público, ley número N° 10159, para que se lea de la siguiente manera: 

a)  ARTÍCULO 41-Permiso de paternidad y maternidad. Los padres que tengan un hijo biológico o a través de un proceso de adopción podrán gozar de un permiso de paternidad y maternidad, con goce de salario por un mes calendario, posterior al día del nacimiento o, en los procesos de adopción se iniciará el día inmediato siguiente a la fecha en que sea entregada con fines de adopción la persona menor de edad o en su defecto a partir de la firmeza de la sentencia que aprueba la adopción y se ordene su entrega efectiva. Para gozar de la licencia, la persona o personas adoptantes deberán presentar una certificación de la resolución administrativa o judicial o sentencia en firme que permita la entrega e inicio de la convivencia efectiva de la persona menor de edad con fines de adopción o adopción definitiva. La suspensión de la medida de entrega efectiva de la persona menor de edad o la sentencia que declare sin lugar el proceso de adopción deberá ser comunicado por parte del Patronato Nacional de la Infancia o el Juzgado de Familia a la Caja Costarricense del Seguro Social dentro del plazo de tres días posteriores a su firmeza. Lo anterior con el fin de que se ponga fin a la licencia de paternidad y maternidad otorgada.

ARTÍCULO 4- Para que se reforme el artículo 95 del Código de Trabajo, Ley número 2 del 26 de agosto de 1943, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 95- La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto y los tres posteriores a él. Estos tres meses también se considerarán como período mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica, podrá ser prorrogado para los efectos del artículo anterior. El goce de la licencia y subsecuentes, no se verá afectado por la condición laboral interina de las mujeres trabajadoras.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Transitorio I. Todos los casos no resueltos al momento de entrada en vigencia de la presente ley, se resolverán al amparo de la nueva normativa.

Rige a partir de su publicación.

Diputada Andrea Álvarez Marín

Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales

1 vez.—Exonerada.—( IN2024889665 ).

Texto Dictaminado del expediente N º 23.726, en la sesión

N. º 5, de la Comisión Permanente Especial de Juventud,

Niñez y Adolescencia, celebrada el día 27 de agosto de 2024.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA LA REALIZACIÓN DE MEJORAS

DE LA ESCUELA QUEBRADAS DE PEREZ ZELEDÓN

ARTÍCULO 1- Autorícese a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento (DIE) del Ministerio de Educación Pública a realizar las obras de reparación y construcción de la Escuela de Quebradas del Distrito de San Isidro, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José, al tenor de lo establecido en el artículo 33 bis de la ley N° 7575, Ley Forestal.

ARTÍCULO 2- La Dirección de Infraestructura y Equipamiento (DIE) en su plan remedial deberá tomar las medidas necesarias para minimizar la afectación de la naciente.

Rige a partir de su publicación.

Diputado Carlos Felipe García Molina

Presidente de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024890001 ).

TEXTO ACTUALIZADO

Aprobado en sesión N.°04, de 11 de julio de 2024

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN

DE DESAMPARADOS PARA QUE DONE UN TERRENO

DE SU PROPIEDAD EN FAVOR DEL MINISTERIO

DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Expediente N.° 23767

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN

DE DESAMPARADOS PARA QUE DONE UN TERRENO

DE SU PROPIEDAD EN FAVOR DEL MINISTERIO

DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 1- Autorízase a la Municipalidad de Desamparados, cédula jurídica N° 3-014-0420-048, para donar del inmueble de su propiedad en favor del Estado, cédula jurídica 2-000-4552 matrícula folio real N° 651885, del partido de San José, cuya naturaleza de terreno destinado a Escuela Francisco Reverendo Schmitz, con aulas y corredores, y que esta ya se encuentra edificada, situada en el distrito 1, Desamparados, cantón 03, Desamparados, de la provincia de San José; linderos correspondientes: norte: urbanización El Porvenir DUSA S.A., sur: en parte centro comunal y en parte DUSA S.A., este: Municipalidad de Desamparados, oeste: calle pública con un frente de 33.17m, mide tres mil doscientos cuarenta y ocho metros con veintiséis decímetros cuadrados, plano: SJ-0015689-1972.

ARTÍCULO 2- Se autoriza a la Notaría del Estado para que formalice todos los trámites necesarios mediante la elaboración de las escrituras correspondientes, las cuales estarán exentas del pago de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones. Además, queda facultada, expresamente la Notaría del Estado, para que actualice y corrija la naturaleza, situación, medida, linderos, y cualquier error, diferencia u omisión relacionados con el inmueble a donar, así como gestionar cualquier otro dato registral, catastral o notarial, que sea necesario para la debida inscripción de los documentos pertinentes en el Registro Nacional.

ARTÍCULO 3-  Si en un plazo de diez años a partir de la promulgación de esta ley el Ministerio de Educación Pública no haya realizado las obras para la construcción del centro educativo; la propiedad del mismo volverá de pleno derecho a la Municipalidad de Desamparados.

Rige a partir de su publicación.

Diputada Johana Obando Bonilla

Presidenta

Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación

1 vez.—Exonerado.—( IN2024889071 ).

TEXTO SUSTITUTIVO

Aprobado en la sesión N° 15 celebrada el 9 de abril 2024

LEY DE CREACIÓN DE LA JUNTA PROMOTORA

DE TURISMO DE LA REGIÓN SUR (JUPROSUR)

Expediente N° 23852

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE CREACIÓN DE LA JUNTA PROMOTORA

DE TURISMO DE LA REGIÓN SUR (JUPROSUR)

ARTÍCULO 1- Se adiciona un nuevo capítulo IV a la Ley N° 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur), de 24 de mayo de 2016, y sus reformas, denominado Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur.  Esta última adición implica correr la numeración de los capítulos y artículos subsiguientes. Los textos dirán:

CAPÍTULO IV

Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur

Artículo 67- Creación de la Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur

Se crea la Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur, en adelante denominada Juprosur, como un órgano de desconcentración máxima, adscrito a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, con personalidad jurídica instrumental y presupuestaria.

Será una entidad encargada de promover, incentivar y contribuir con el desarrollo el turismo sostenible en la región sur de la provincia de Puntarenas.

La Junta estará compuesta por representantes del sector público, el sector privado, las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el turismo.

Artículo 68- Objetivos de la Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur

Los objetivos principales de la Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur serán:

a)  Contribuir a promover la imagen y los atractivos turísticos de la zona sur, quienes podrán coordinar con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en su calidad de órgano rector en materia turística, por medio del apoyo a emprendimientos turísticos locales, impulso de campañas publicitarias, participación en eventos turísticos, ferias gastronómicas y cualesquiera otras que promuevan el turismo en la zona sur, así como colaborar con medios de comunicación, promoción en plataformas digitales, redes sociales y el desarrollo de materiales promocionales, entre otros.

b)  Facilitar la colaboración entre los actores del sector turístico locales, incluyendo empresas, comunidades, organizaciones, entidades gubernamentales, no gubernamentales y cámaras de turismo del país.

c)  Contribuir al desarrollo y promoción de productos turísticos sostenibles y auténticos que resalten la riqueza natural, cultural y patrimonial de la zona sur.

d)  Fomentar la formación y capacitación del personal turístico para garantizar la calidad de los servicios y la experiencia del visitante.

e)  Estimular la inversión privada en proyectos turísticos sostenibles en la zona sur.

f)   Coadyuvar con las empresas, comunidades locales, organizaciones, entidades gubernamentales y no gubernamentales para la adopción de prácticas turísticas sostenibles que protejan y conserven los recursos naturales y culturales de la zona sur.

g)  Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas por medio de créditos preferenciales que permitan el desarrollo de proyectos de emprendedores y empresarios turísticos de la zona sur, especialmente aquellos proyectos desarrollados por personas indígenas.

h)  Suscribir convenios de cooperación con organismos públicos y privados dedicados a la promoción del turismo, actividades educativas, culturales y ambientales, así como recibir donaciones de estos organismos.

i)   Formular y presentar, con el apoyo de los órganos especializados de Judesur para conocimiento y aprobación de su Junta Directiva, el presupuesto anual necesario para el cumplimiento de los fines de Juprosur, así como proyectos de promoción destinados a la atracción del turismo en actividades educativas, culturales, ambientales y deportivas en la zona sur, según los fines de la presente ley.

Artículo 69- Integración de Juprosur

La Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur estará integrada por los siguientes miembros:

a)  Un representante de Judesur, designado por su Junta Directiva.

b)  Un representante del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), designado por su Junta Directiva.

c)  Un representante de las municipalidades de la zona sur, designado por el Concejo Municipal.

d)  Un representante de las Cámaras de Turismo de la Zona Sur.

e) Un representante de las organizaciones comunales relacionadas con el turismo.

Los representantes a que se refieren los incisos a) y b) serán designados por el período que indiquen las instituciones representadas y los correspondientes a los incisos c), d) y e) se designarán mediante acuerdo de las instituciones y organizaciones respectivas, atendiendo el principio de participación y alternabilidad, por un período de dos años a partir de su nombramiento. Todos los miembros de esta Junta desempeñarán su cargo ad-honórem y deberán ser designados a más tardar un mes después de la entrada en vigencia esta ley.

Los miembros de la Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur elegirán de su seno, un presidente y un secretario, quienes tendrán las atribuciones y los deberes referidos en los artículos 49 y 50 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 70- Plan de Desarrollo Turístico Sostenible

La Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur, en coordinación con otras instituciones públicas, el sector privado, los representantes de las organizaciones comunales y las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el turismo, elaborará un Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para la zona sur. Este plan contendrá estrategias y acciones específicas para promover y fomentar el crecimiento turístico de manera sostenible de la zona sur, incluyendo, entre otros indicadores, la diversificación de la oferta, la mejora de la infraestructura, la promoción de la conservación ambiental y cultural, el fomento de la participación de las comunidades locales e indígenas en el turismo, y el apoyo a emprendimientos y proyectos de los micro, pequeños y medianos empresarios turísticos, especialmente aquellos desarrollados por personas indígenas.

Artículo 71- Asignación de recursos

Judesur incluirá dentro de su presupuesto anual y destinará los recursos necesarios para el funcionamiento y las actividades de la Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur. Estos recursos incluirán presupuesto, personal, infraestructura y otros recursos necesarios para cumplir con sus funciones.

Este presupuesto deberá ser remitido por la Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur a la Junta Directiva de Judesur para su aprobación y esta última deberá incluir el contenido económico necesario para cumplir los fines establecidos en la presente ley.

Artículo 72- Rendición de informes

La Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur presentará anualmente, a la Junta Directiva de Judesur, un plan que incluya los proyectos concretos por desarrollar, así como un informe detallado de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico anual anterior, con los recursos asignados por Judesur.

Artículo 73- Disposiciones generales

Para todo lo no expresamente contemplado en este capítulo, la Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur se regirá por las mismas disposiciones aplicables a la Junta Directiva de Judesur, así como por las normas contenidas en los artículos 49 a 58, inclusive de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas, concernientes a los órganos colegiados.

ARTÍCULO 2- Se autoriza a Judesur para que, una vez entrada en vigencia de esta ley, realice una transferencia de recursos económicos a la Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur, con el fin de que se destine al gasto inicial que requiera para la entrada en funcionamiento de la administración de este órgano.

ARTÍCULO 3- Se adiciona un inciso s) al artículo 16 de la Ley N.° 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (Judesur), de 24 de mayo de 2016, y sus reformas. Se corre la numeración de los incisos restantes. El texto se leerá así:

Artículo 16- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

[…]

s)  Aprobar los presupuestos de la Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur.

ARTÍCULO 4- Se reforma el párrafo primero del inciso d) del artículo 59 de la Ley N° 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur), de 24 de mayo de 2016, y sus reformas. El texto se leerá así:

Artículo 59- Los ingresos netos contemplados en el inciso a) del artículo 3 de esta ley se distribuirán de la siguiente manera:

[…]

d) El saldo resultante, después de las rebajas practicadas conforme a los incisos anteriores, la Junta Directiva de Judesur lo deberá invertir directamente para financiar proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental, salud y turismo que coadyuven al desarrollo económico o social de la zona, de conformidad con los fines y objetivos de Judesur, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, en un porcentaje igual al veinte por ciento (20%) para cada uno de ellos.

[…].

Rige a partir de su publicación

Diputada Carolina Delgado Ramírez

Presidenta

Comisión Permanente Especial de Turismo

1 vez.—Exonerado.—( IN2024889348 ).

PROYECTO DE ACUERDO

DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO AL PERIODISTA

ROLANDO ANGULO ZELEDÓN

Expediente N.° 24.483

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Constitución Política en su artículo 121 faculta a la Asamblea Legislativa conceder los máximos honores a personas o instituciones cuyas actuaciones sean merecedoras de tan alto reconocimiento, y que cuya trayectoria, servicios, contribuciones y los aportes que el sujeto haya hecho hacia la sociedad costarricense, así sea demostrado.

La Asamblea Legislativa, en su composición heterogénea política, representa el sentir del costarricense. Este, en un acuerdo formal, otorga esta máxima distinción y beneplácito, como agradecimiento ad perpetuam por sus aportes, los que quedarán grabados en la página de oro de la historia de nuestra nación.

En la memoria de generaciones costarricenses el nombre de Rolando Angulo Zeledón resuena hoy, su editorial minuto 1, minuto 2, minuto 3 y final, el comentario, el radioperiódicos reloj y el canto del Ave María.

Rolando Angulo Zeledón, premio Pío Víquez en 1980, nos deja entre sus aportes la lucha por la creación de la escuela de medicina, la creación de la radio universitaria, luchador por la creación y fundador del colegio de periodistas, profesor universitario, formador de periodistas, escritor, locutor y humanista. Generó un estilo único en su época, pionero y maestro del periodismo radial, fue la vibrante voz del pueblo. Honestidad, rápidos, resumidos y ciertos fue su lema, siempre con la verdad la justicia y la razón.

Rolando Angulo Zeledón crea en 1958 Radioperiódicos Reloj, director por 50 años y ocupó el primer lugar en noticias radiales durante 43 años consecutivos, en la emisora de los Hermanos Barahona, llamada Radio Reloj. Fue a solicitud del hoy benemérito Rodrigo Facio que Rolando se inmersa en la radio. Es en aquellos años que la televisión no se conocía, los grandes exponentes eran las rotativas del periodismo escrito. El formato radial no llamaba la voluntad del escucha. Rolando crea en su noticiero elementos que le darán una excelencia. Un formato de cuartillas, donde se leen 13 líneas por minuto.  Para el resumen del noticiero, se lee cada 15 minutos con los encabezados de las noticias más importantes de la edición y un desarrollo de esta, no más de 1 cuartilla. Cada minuto se hacía sonar la campana distintiva y se da la hora.

Enfrentó el primer gran reto radial, incorporar el Ave María en el noticiero, pues la mamá de los Barahona le pidió incorporarla tanto a las 6:00 a.m. como a las 12 mediodía; cosa que era inconcebible en una radio de noticias. Sin embargo, logró una poesía al Creador y una oración mariana. Incorporó una pieza musical que permitió la identificación del noticiero, lo logró por su contacto diario con la música clásica. Anecdotariamente, a horas de iniciar la transmisión oyó una pieza, una polka y esta fue la encargada de iniciar y cerrar las ediciones.

Nace en el cantón de Coronado; su madre, la maestra Gloria Zeledón Alvarado y su padre Darío Angulo Marín, tenedor de libros, periodista y empresario. Una familia católica y de profunda fe, gracias a las lecciones del dogma y fe que le impartía su tío Guillermo Angulo Marín, sacristán de la iglesia de Guadalupe, esto motivó pensar en aquella acción que permitiera desmarcarse de otras ponencias y lograr una atención mariana. Inicia así una de las poesías más icónicas, al inicio de la edición matutina.

Al sonido de nuestra característica

serán las 6 de la mañana hora del ángelus

Hora en que la humanidad toda expresa su fe en la verdad del espíritu

Nace la luz y el calor como el fenómeno más sublime de la presencia del

Señor en la tierra

Cada día a esta hora al volver al trabajo damos gracias a Dios

Elevamos nuestra mirada al cielo

Y sea nuestro homenaje,

una oración por la paz y la felicidad del hombre en la tierra

La música del Ave María.

Estableció 3 ediciones 5:30 a.m., 11:30 a.m. y 5: 30 p.m. La edición estelar duraba una hora con 5 minutos, antes de las doce un editorial, la voz del director analizando la política nacional, lo bueno, aplaudiendo y lo que se veía mal, objetando, sin banderas, en una línea crítica, así se crea un espacio de 3 minutos críticos, 2 minutos de desarrollo y un minuto para su conclusión y final. Luchador incansable por las democracias y por la institucionalidad.

Radioaficionado TI RAZ Tango India Romeo Alfa Zulu. Escapó de Cuba ante la orden de Fidel Castro y fue encarcelado por mantener de frente su ideal democrático advirtiendo que Fidel abrazaba el comunismo. Luchador infatigable contra el oprobioso régimen de Anastasio Somoza, dictador nicaragüense, abrazó la causa del pueblo y del Frente Sandinista para la liberación del hermano país. Nuevamente, el comunismo se enquistó. Fue así como en un homenaje a la historia y al pueblo de Nicaragua edita su libro ‘’Los últimos minutos de Somoza’’, un compendio de los editoriales que llenaron las ondas radiales mundiales, hasta su caída.

Los comunistas fueron sus amigos, Manuel Mora, Arnoldo Ferreto y otros más, siempre compartiendo y luchando por el pueblo. En el ámbito familiar, siempre luchó por valores y la familia. Se casó con Dora Esquivel Sandoval, padre de seis hijos, Jeannette, Katia, Jennifer, Rolando, Guillermo y Roberto. Miembro del Club de Leones, secretario y presidente y 2 veces gobernador. Creó el banco de córneas. Galardonado en 1980 con el premio nacional de periodismo Pío Víquez por su trayectoria en la prensa radial, escrita, televisiva, por su valentía y profesionalismo.

Rolando acotó, ‘’que el periodista es un soldado que vela por la democracia, la libertad y la institucionalidad’’

Seis generaciones escucharon a Rolando Angulo y bien nuestra memoria recordará.

Al sonido de nuestra característica serán,

las doce del día en Costa Rica Centroamérica, México y Chicago

Trece horas en Cuba, Ecuador y Panamá

15 horas en Rio de Janeiro  Buenos Aires y Santiago de Chile

18      horas en Londres

19      horas en Varsovia, Madrid Berlín y Ginebra

6 horas en Moscú Bagdad Bucarest y Atenas

21 horas en Tel Aviv y Jerusalén

2 de la madrugada en China y Taiwán

5 de la madrugada en Sidney Australia

Cumplimos la hora meridiana cuando el sol está en el Cenit

y la humanidad observa con fe y regocijo el misterio de la naturaleza

Hemos girado alrededor del sol y sobre nuestro propio eje

en la creación total del sistema planetario

y llegamos al punto

donde lo supremo y lo desconocido

imponen respeto y silencio

En la hora meridiana

nuestra evocación al Creador

de todo cuanto somos y nos rodea

El canto del Ave María

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

ACUERDA:

DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO AL PERIODISTA

ROLANDO ANGULO ZELEDÓN

ARTÍCULO ÚNICO- Se declara al periodista Rolando Angulo Zeledón como Benemérito de la Patria.

Rige a partir de su aprobación.

Daniel Gerardo Vargas Quirós	Ada Gabriela Acuña Castro
Paola Nájera Abarca	Alexander Barrantes Chacón
Waldo Agüero Sanabria	Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz
José Joaquín Hernández Rojas	Rosaura Méndez Gamboa
Alejandro José Pacheco Castro	Luis Diego Vargas Rodríguez

 

Diputados y diputadas

NOTA:   Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024888735 ).

PROYECTO DE LEY

LEY PARA AUTORIZAR A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

DE ALAJUELA PARA QUE DESAFECTE, SEGREGUE Y DONE A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD

Expediente N.º 24.473

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La CCSS y la Municipalidad de Alajuela han acordado emprender acciones que involucrarán el esfuerzo conjunto y coordinado de dichas instancias a favor de la colectividad y el cumplimiento de la normativa correspondiente a cada una de las partes.

A través de la presente iniciativa se pretende impulsar un proyecto de ley que permita la desafectación y donación de una parte de los terrenos pertenecientes a la Municipalidad y, posteriormente, realizar la construcción de la Sede de Área de Salud de Alajuela Sur por parte de la CCSS.

La Municipalidad de Alajuela es dueña de los terrenos inscritos en el Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles, los cuales se describen a continuación: 1) matrícula de folio real 2-403316-000, el cual es un terreno situado en el distrito octavo San Rafael, cantón primero Alajuela de la provincia de Alajuela, cuyo plano catastrado corresponde al número 2-0588531-1999, con un área de 10 000 m², con los siguientes linderos: norte: carretera a Ojo de Agua ,sur: el Estado, este: el Estado y oeste: calle pública, y 2) matrícula de folio real 2-560200-000, el cual es un terreno situado en el distrito octavo San Rafael, cantón primero Alajuela de la provincia de Alajuela, cuyo plano catastrado corresponde al número 2-1685116-2013, con un área de 21 869 m², con los siguientes linderos: norte: calle pública y el Estado, sur: Ministerio de Justicia y Paz, este: Ministerio de Justicia y Paz y oeste: calle pública.

El Concejo Municipal de Alajuela autorizó la firma del convenio con la CCSS mediante el Acuerdo que consta en el artículo N°1, capítulo II de la sesión ordinaria N°13-2024 del lunes 25 de marzo del 2024.

Dicho convenio, firmado el pasado 30 de abril de 2024, por los representantes de ambas instituciones^[1], dispone en el “Considerando VI”, que será ejecutado en dos partes o momentos que se describen a continuación:

1-            El proceso para la desafectación y donación de una parte de los terrenos pertenecientes a la Municipalidad para la futura construcción de la Sede de Área de Salud de Alajuela Sur y un Polideportivo.

2-            Una vez inscritas las nuevas fincas a nombre de la CCSS y la Municipalidad se asumirán las obligaciones y compromisos que suscriben las partes y que se encuentran incluidos en este convenio.

En concordancia con lo establecido en dicho Convenio, resulta importante señalar algunos de los aspectos recogidos en la exposición de motivos del expediente 23.155, que fue archivado^[2] en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, que se refieren a la necesidad y oportunidad de la construcción de la nueva sede del Área de Salud Alajuela Sur:

El distrito San Rafael es el tercer distrito más poblado del cantón central de Alajuela, con una población superior a los 50 mil habitantes y una extensión de 19.6 kilómetros cuadrados, que debe ser dotado de servicios básicos propios del régimen local, tales como centros de salud, parques, zonas verdes, obras complementarias e instalaciones deportivas y de recreación, que son condición necesaria para desarrollar acciones idóneas en el campo del bienestar general.

La Caja Costarricense de Seguro Social por medio del contrato de Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017 suscrito con el Banco de Costa Rica está ejecutando un Programa de Proyectos que incluye 30 sedes de Áreas de Salud a nivel nacional, dentro de las cuales está incluida el Área de Salud Alajuela Sur.

La construcción de dicha sede tiene por objetivo satisfacer las urgentes necesidades actuales en temas de infraestructura, equipamiento, tecnología, entre otros para atender la prestación de servicios sanitarios a los usuarios adscritos a esta Área de Salud, que atiende más de 100 mil habitantes.

San Rafael, Guácima, Río Segundo y San Antonio de Alajuela, con sus doce ebáis, integran el Área de Salud de Alajuela Sur, con una población de más de 100 mil usuarios que podrán beneficiarse con el citado fideicomiso.  Esta donación permitirá construir las instalaciones de su nueva sede Área de Salud Alajuela Sur, por lo que es necesario y se requiere donar terrenos a la CCSS para ese fin, en predios que posee la Municipalidad de Alajuela.

Para el desarrollo de este proyecto, la Caja Costarricense de Seguro Social debe contar con un terreno propio, de al menos 15.571 metros cuadrados, criterio de priorización imprescindible para la construcción de las obras.

Así las cosas, con la presente iniciativa se pretenden donar las siguientes “porciones de terrenos”^[3] que se describen de la siguiente manera:

a)  La Municipalidad donará a la CCSS del terreno finca folio real N° 2-403316-000 la cantidad de 10 000 m2.

b)  La Municipalidad donará a la CCSS de la finca folio real N° 2-560200-000 la cantidad de 5 570 m2.

Las nuevas fincas tendrán las siguientes dimensiones:

1-  La finca nueva a inscribir a nombre de la CCSS tendrá un área de 15 570 m².

2-  La finca nueva a inscribir a nombre de la Municipalidad tendrá un área de 16 299 m² (conformada por el resto de la finca folio real N° 2-560200-000).

A partir de lo anterior, en la “Cláusula Tercera” del Convenio se establecieron las obligaciones de ambas partes de la siguiente manera:  por un lado, la Municipalidad de Alajuela deberá proceder con el trámite de donación de las porciones de terreno descritas en la Cláusula Segunda, en observancia al fin público, cumpliendo para ello con los trámites legales correspondientes ante la Procuraduría General de la República y cualesquiera otras instituciones legalmente competentes para intervenir en el acto.  Y, por el otro lado, la CCSS deberá construir la Sede de Área de Salud de Alajuela Sur y brindar los servicios de salud para la población adscrita.

Finalmente, en aras de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71 del Código Municipal, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela aprobó mediante el artículo N.º 6, inciso 4, capítulo V de la sesión ordinaria N.º 29-2024, del martes 16 de julio del 2024, la siguiente autorización:

“AUTORICE LA DESAFECTACIÓN, SEGREGACIÓN Y DONACIÓN DE LAS “PORCIONES DE TERRENOS” que se describen en la “Cláusula Segunda” del Convenio Interinstitucional firmado entre la Municipalidad de Alajuela y la CCSS el 30 de abril del presente año 2024 que se describe a continuación:

CLÁUSULA SEGUNDA. DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LOS TERRENOS A DONAR: Con el fin de llevar a cabo el proyecto objeto del presente acuerdo, es necesaria la donación de las siguientes porciones de terrenos que se detallan a continuación:

a)            La Municipalidad donará a la CCSS del terreno finca folio real N°: 2-403316-000 la cantidad de 10 000 m2.

b)            La Municipalidad donará a la CCSS de la finca folio real N°2-560200-000 la cantidad de 5 570 m2.

Las nuevas fincas tendrán las siguientes dimensiones:

1-            La finca nueva a inscribir a nombre de la CCSS tendrá un área de 15 570 m2.

2-            La finca nueva a inscribir a nombre de la Municipalidad tendrá un área de 16 299 m2 (conformada por el resto de la finca folio real N° 2-560200-000).

Por las razones anteriores, someto a consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA AUTORIZAR A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

DE ALAJUELA PARA QUE DESAFECTE, SEGREGUE Y DONE A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD

ARTÍCULO 1- Autorización

Se autoriza a la Municipalidad de Alajuela, con cédula de persona jurídica número tres – cero uno cuatro – cero cuatro dos cero seis tres (N° 3-014-042063) para que desafecte un terreno de finca inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, partido de Alajuela, con matrícula de folio real número 2-403316-000 que hoy es terreno de naturaleza destinado exclusivamente a polideportivo, área de uso comunal, parque y recreación, situado en el distrito octavo San Rafael, cantón primero Alajuela, de la provincia de Alajuela; con una medida de diez mil metros cuadrados (10.000 m²); plano catastrado A-cero cinco ocho ocho cinco tres uno – uno nueve nueve nueve (A-0588531-1999), con los siguientes linderos; norte: carretera a Ojo de Agua, sur: el Estado, este: el Estado y oeste: calle pública, y lo done en su totalidad a la Caja Costarricense de Seguro Social, con cédula de persona jurídica cuatro-cero cero cero-cuarenta y dos mil ciento cuarenta y siete-cero tres (N° 4-000-042147-03).

También, se autoriza a la Municipalidad de Alajuela con cédula de persona jurídica número tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero seis tres (N°3-014-042063) para que desafecte y segregue cinco mil quinientos setenta metros cuadrados (5 570 m²) del terreno de la finca inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, partido de Alajuela, con matrícula de folio real número 2-560200-000 que hoy es terreno de naturaleza destinado exclusivamente a polideportivo, área de uso comunal, parque y recreación, situado en el distrito octavo San Rafael, cantón primero Alajuela de la provincia de Alajuela; con una medida de veintiún mil ochocientos sesenta y nueve metros cuadrados (21 869 m²); plano catastrado A- uno seis ocho cinco uno uno seis-dos cero uno tres (A-1685116-2013), con los siguientes linderos; norte: calle pública y el Estado, sur: Ministerio de Justicia y Paz, este: Ministerio de Justicia y Paz y oeste: calle pública; y done dicho terreno segregado a la Caja Costarricense de Seguro Social, con cédula de persona jurídica cuatro-cero cero cero-cuarenta y dos mil ciento cuarenta y siete-cero tres  (N° 4-000-042147-03).

ARTÍCULO 2- Destino de los terrenos

En los terrenos donados por la Municipalidad de Alajuela a la Caja Costarricense de Seguro Social, este ente autónomo construirá la o las edificaciones e infraestructura que sean necesarias para la prestación de servicios del Área de Salud Alajuela Sur. En el resto del terreno de la finca inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, partido de Alajuela, con matrícula de folio real número 2-560200-000 que se reserva la Municipalidad de Alajuela, y que corresponde a dieciséis mil doscientos noventa y nueve metros cuadrados (16 299 m²); la Municipalidad de Alajuela lo destinará a la satisfacción de los servicios e intereses locales de polideportivo, área de uso comunal, parque, uso recreativo y cultural.

ARTÍCULO 3- Otorgamiento

Se autoriza a la Notaría del Estado para que otorgue las escrituras de traspaso correspondientes. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que pueda señalar el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble.

Rige a partir de su publicación.

Ada Gabriela Acuña Castro

Diputada

NOTA:        Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024888728 ).

PROYECTO DE LEY

LEY DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO

PARA PREVENIR ADICCIONES Y COMBATIR

LA CRIMINALIDAD

Expediente N.° 24.485

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley propone una reforma al artículo 85 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación De Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley N.º 7786, con el objetivo de redirigir un porcentaje significativo de los recursos destinados a la prevención de adicciones hacia el fortalecimiento del acceso a la educación.

Esta propuesta se fundamenta en la convicción de que la educación es un mecanismo esencial para prevenir la drogadicción, así como para combatir el flagelo del narcotráfico, especialmente en poblaciones vulnerables.

En Costa Rica, el problema de la drogadicción y el narcotráfico es una preocupación constante, que ha venido en aumento y tiene al país inmerso en una crisis de seguridad sin precedentes, ya que afecta a diversas capas de la sociedad y de la institucionalidad nacional.

En este contexto, la educación se erige como una herramienta crucial no solo para el desarrollo personal y profesional, sino también como un mecanismo de prevención eficaz contra el consumo de drogas. De hecho, el Plan Nacional sobre Drogas (PNsD) vigente establece como política marco el “Desarrollo de acciones multisectoriales, multidisciplinarias, accesibles, inclusivas, participativas, integrales y con un enfoque centrado en las personas, de impacto y con uso racional de los recursos, para la atención del fenómeno de las drogas dirigidas a la promoción de estilos saludables y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Costa Rica”.

El acceso a una educación de calidad para los sectores más vulnerables de la población puede ser un factor decisivo en la reducción de la incidencia de la drogadicción. Las personas provenientes de zonas de desarrollo bajo o muy bajo, aquellas en situación de pobreza extrema, y las comunidades indígenas a menudo enfrentan barreras significativas para acceder a oportunidades educativas. La falta de educación puede contribuir al aislamiento social, la falta de perspectivas laborales y, en consecuencia, al aumento de la vulnerabilidad frente a las adicciones.

Estudios han demostrado que la educación actúa como un factor protector frente a la drogadicción o la incursión en actividades ligados al narcotráfico. La educación proporciona habilidades críticas, conocimientos y perspectivas que pueden disuadir a los individuos de involucrarse en actividades ilícitas y adictivas.

En ese sentido, fortalecer los mecanismos de acceso a la educación para los sectores más desfavorecidos puede resultar en un impacto muy positivo ante este terrible fenómeno social, ya que genera una mayor capacidad de la población para enfrentar el narcotráfico. La inversión en educación no solo beneficia a los individuos, sino que también contribuye a la estabilidad y seguridad social general.

Puntualmente, la reforma propuesta modifica el artículo 85 de la Ley N.º 7786, que regula la posibilidad de que el dinero decomisado por los delitos previstos en dicha normativa, o proveniente de tales acciones, sea invertidos por el Instituto Costarricense sobre drogas (ICD) en cualquier modalidad financiera ofrecida por los bancos estatales, que permita maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos.

De los intereses que se produzcan el inciso 1), el cual se propone reformar, autoriza al ICD a asignar un porcentaje del 60% al cumplimiento de los programas preventivos. Específicamente de ese porcentaje, la propia norma determina que al menos la mitad será para los programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación que desarrolla el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

La propuesta normativa que se plantea dispone que de la mitad restante al menos un veinticinco por ciento (25%) se destine para el Fondo de Avales de Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), establecido en el artículo 25 bis de la Ley N.° 6.041, Ley de Creación de la Comisión Nacional de Préstamos para la educación, de 18 de enero de 1977.

De manera que la distribución del inciso 1) del artículo 85 de la Ley N.° 7786, disponga:

De los intereses que produzca el dinero invertido, el Instituto deberá destinar:

1-       El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos; de este porcentaje, al menos la mitad será para los programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación que desarrolla el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y al menos un veinticinco por ciento (25%) para el Fondo de avales de Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), establecido en el artículo 25 bis de la Ley N.º 6.041, Ley de Creación de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), de 18 de enero de 1977. (Negrita refleja modificación planteada en el proyecto de ley).

(…).

El mencionado artículo 25 bis de la Ley N.° 6.041, establece:

La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) constituirá y administrará un Fondo de Garantías por un monto inicial de dos mil millones de colones (₵2.000.000.000), recursos los cuales provendrán de su propio superávit libre. Los términos y las condiciones de operación de este Fondo los establecerá el Consejo Directivo de la institución vía reglamento. Conape podrá gestionar donaciones por medio de la cooperación internacional, recibir bienes otorgados en administración por el sector público o privado y por las donaciones de personas físicas o jurídicas. Adicionalmente, dicho Fondo se constituirá con los recursos que ingresan a la institución por pagos de comisiones realizados por entidades aseguradoras, cuando contractualmente esté pactado en las pólizas suscritas por Conape.

Este fondo se tiene como objetivo garantizar los préstamos de aquellos estudiantes que requieran financiamiento para educación técnica y superior a nivel de pregrado y grado en el a país. La población meta del fondo de avales de Conape debe cumplir uno de los siguientes requisitos, en orden de prioridad:

-    Procedencia de una zona de desarrollo relativo bajo o muy bajo y en condición de pobreza básica, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica.

-    Personas indígenas.

-    Personas que independientemente de la zona de procedencia se encuentren en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica de acuerdo con la (FIS) y el Índice de Focalización de Pobreza emitida por Sinirube).

Esta asignación específica que propone incorporar el proyecto de ley busca asegurar que una porción significativa de los fondos se utilice para mejorar el acceso a la educación para los grupos más vulnerables, como medida preventiva contra la drogadicción y el narcotráfico, ya que, como ha quedado señalado, dicho Fondo de Avales de Conape tiene como finalidad apoyar a estudiantes provenientes de zonas con bajo desarrollo, en situación de pobreza, o pertenecientes a comunidades indígenas.

Ciertamente, el artículo 84 de la Ley N.º 7786 establece que los fondos generados deben ser utilizados exclusivamente para los fines previstos por la ley, de manera que la modificación propuesta está alineada con este mandato, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente para promover la educación como una estrategia integral de prevención ante la problemática que se ha tornado prácticamente incontenible de las drogas y narcotráfico en la sociedad costarricense.

Como aspecto fundamental, se subraya que la reforma se basa en el derecho constitucional a la educación, garantizando que las personas sin recursos económicos puedan acceder a estudios superiores y técnicos. La inversión en educación para estos sectores vulnerables está respaldada por el compromiso del Estado de proporcionar igualdad de oportunidades y combatir las desigualdades sociales que pueden conducir al consumo de drogas.

En ese aspecto, se traen a colación los artículos 78 y 83 de la Constitución Política que estipulan:

ARTÍCULO 78- La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación. En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley.

ARTÍCULO 83- El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquéllos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica.

Por lo tanto, esta reforma se visualiza como un paso significativo hacia la integración de la educación como una estrategia clave en la prevención de adicciones y el combate al narcotráfico. Al fortalecer el acceso a la educación para los grupos más vulnerables, se busca no solo reducir la incidencia de drogadicción, sino también promover el desarrollo socioeconómico y la cohesión social. Esta medida permitirá utilizar de manera efectiva los recursos disponibles para ayudar a enfrentar uno de los desafíos más graves de nuestra sociedad actual, contribuyendo a un futuro más seguro y equitativo para todos los ciudadanos.

Se solicita respetuosamente la consideración por parte de la Asamblea Legislativa con el propósito de avanzar en la creación de un entorno más resiliente, saludable e igualitario para nuestras comunidades, en esta oportunidad, tomando la educación como un instrumento de inclusión y desarrollo social, que impacte favorablemente, a modo preventivo, la situación de inseguridad y criminalidad que vive la Costa Rica de hoy.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO

PARA PREVENIR ADICCIONES Y COMBATIR

LA CRIMINALIDAD

ARTÍCULO ÚNICO-    Se reforma el inciso 1) del artículo 85 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación De Capitales y Financiamiento al Terrorismo, N.° 7786, de 30 de abril de 1998. El nuevo texto del inciso es el siguiente:

Artículo 85-

(…)

1- El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos; de este porcentaje, al menos la mitad será para los programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación que desarrolla el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y al menos un veinticinco por ciento (25%) para el Fondo de Avales de Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), establecido en el artículo 25 bis de la Ley N.º 6041, Ley de Creación de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), de 18 de enero de 1977.

(…).

Esta ley entra en vigor el 1° de enero siguiente a su publicación.

     Horacio Martín Alvarado Bogantes          María Marta Carballo Arce

          Leslye Rubén Bojorges León                María Daniela Rojas Salas

         Carlos Andrés Robles Obando           Alejandro José Pacheco Castro

Diputados y diputadas

NOTA:        Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024888740 ).

PROYECTO DE LEY

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO COSTARRICENSE

DE PUERTOS DEL PACÍFICO, PARA DONAR UN LOTE

DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN

PARA EL PROGRESO INTEGRAL

DE CALLE LA LABOR

Expediente N.° 24.487

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley tiene como propósito autorizar al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico para que segregue y done un terreno de su propiedad a la Asociación para el Progreso Integral de Calle La Labor.

La Asociación para el Progreso Integral de Calle La Labor, fundada en el año 1989, con cedula jurídica 3-002-294411, ha sido la responsable de potenciar el desarrollo del barrio Calle La Labor en San Antonio de Belén, con el objetivo claro de buscar la mejora de la calidad de vida de los habitantes de nuestra comunidad y comunidades vecinas.

Esta asociación sin fines de lucro, debidamente inscrita, tiene como finalidad el desarrollo integral de la comunidad de Calle La Labor a través de proyectos sociales, culturales, deportivos y de infraestructura comunal.

Entre los logros más destacados en estos más de 30 años de trabajo comunal destacan:

-    Construcción del alcantarillado pluvial.

-    Construcción de aceras y caños.

-    Asfaltado y demarcación de carretera, así como gestiones para colocar reductores de seguridad en aras de proteger a los residentes.

-    Construcción de parque infantil y cancha multiusos.

-    Coordinación de programas de seguridad comunitaria con la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Belén.

-    Líderes y percusores de la creación del primer corredor biológico interurbano, en coordinación con la Municipalidad de Belén.

La presente iniciativa tiene por objeto autorizar al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) a donar un inmueble de su propiedad a la Asociación para el Progreso Integral Calle La Labor.

Esta donación se enmarca dentro de las potestades legales conferidas al Incop por su ley constitutiva N.° 1721 de 29 de diciembre de 1953, y sus reformas. Específicamente, el artículo 2, inciso l), faculta al Incop a “adquirir y administrar los demás bienes que necesite para el buen logro de sus objetivos, de acuerdo con las leyes correspondientes, la disponibilidad presupuestaria, los planes y los lineamientos que se fijen”. Asimismo, el artículo 4 de dicha ley establece que el Incop “tendrá capacidad para celebrar toda clase de contratos, así como para realizar todos aquellos actos comerciales que sean necesarios para cumplir con las atribuciones que están a su cargo, de acuerdo con esta ley y dentro de las limitaciones señaladas en el artículo 121, inciso 14), aparte c) de la Constitución Política.”

En virtud de lo anterior, el Incop se encuentra plenamente facultado para donar bienes inmuebles de su propiedad cuando así lo estime conveniente para el cumplimiento de sus fines institucionales y de conformidad con la normativa aplicable. Sin embargo, el proyecto de ley se vuelve necesario, toda vez que la donación del inmueble se dirige hacia una organización vecinal sin fines de lucro y debidamente constituida.

El Incop posee un terreno dentro de su propiedad que reúne las condiciones óptimas para ser destinado a la creación de una unidad de esparcimiento integral para la comunidad de Calle La Labor. Además, esta donación representa una oportunidad única para promover el desarrollo comunitario y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Actualmente, existe una creciente disyuntiva entre el desarrollo y el acceso seguro de la población a servicios esenciales, como actividades religiosas, educativas y culturales. Esta situación se ve agravada por el aumento del tránsito vehicular en las vías nacionales, lo que genera un aislamiento coyuntural de las comunidades. En este contexto, surge la necesidad de crear condiciones de accesibilidad y oportunidades para que la población pueda disfrutar de estos servicios y crecer de manera integral, tanto en el ámbito físico como espiritual y mental.

La creación de esta unidad de esparcimiento integral no solo implica la dotación de un espacio físico adecuado para la recreación, sino que también busca fomentar la integración social y el fortalecimiento del tejido comunitario. Se pretende que este espacio se convierta en un centro de encuentro y convivencia, donde se promuevan actividades culturales, deportivas y de educación para el desarrollo personal y colectivo de los habitantes de Calle La Labor.

Además, se busca mitigar la disyuntiva entre el progreso y la seguridad social, proporcionando un espacio cercano y seguro para el desarrollo de actividades esenciales, lo cual contribuirá a solventar la problemática del aislamiento coyuntural causado por la saturación de las vías nacionales.

La donación del inmueble propiedad del Incop a la Asociación para el Progreso Integral Calle La Labor representa una oportunidad para promover el desarrollo integral de la comunidad, fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de los habitantes, al tiempo que se mitiga el impacto negativo del aislamiento causado por el tránsito vehicular. Por tanto, se justifica plenamente la aprobación de la presente ley autorizando dicha donación.

Por las razones expuestas, se hace necesaria la aprobación de la presente ley autorizando la donación del inmueble propiedad del Incop a la Asociación para el Progreso Integral Calle La Labor, para que dicha organización pueda desarrollar sus objetivos en beneficio directo de la comunidad.

Es importante recalcar que la donación del inmueble no refiere a todo el Balneario de Ojo de Agua, cuya medida es cercana a los diez mil metros cuadrados, sino más bien se destina a que de la finca que comprende el Balneario se segregue una porción de menos de mil metros, según el siguiente levantamiento topográfico visado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, el 1 de julio de 2024.

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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO COSTARRICENSE

DE PUERTOS DEL PACÍFICO, PARA DONAR UN LOTE

DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN

PARA EL PROGRESO INTEGRAL

DE CALLE LA LABOR

ARTÍCULO 1- Se autoriza al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, cédula jurídica número cuatro cero cero cero cero cuatro dos uno cuatro cero (4000-042140), a segregar un lote de una finca de su propiedad, inscrita bajo el sistema de folio real matrícula número uno uno cero tres cuatro siete  (110347-000), que se sitúa en el distrito La Ribera, cantón Belén de la provincia de Heredia, conforme al plano catastrado H-0423396-1982; cuya naturaleza es de “Balneario de Ojo de Agua”, mide noventa y seis mil quinientos setenta y cuatro metros con dieciocho decímetros cuadrados (96574 m²); linda al norte con calle pública, al oeste con Arquidiócesis de Alajuela, al sur con calle pública y al este con calle pública. El lote por segregar mide quinientos ochenta y siete metros cuadrados (587m²), cuyos linderos son: al norte con el identificador predial 40702011034700; al sur con los indicadores prediales 20108P00021100 y 20108P00009200; al oeste con los identificadores prediales 20108036809200 y 20108036803900 y al este con calle pública. El resto del inmueble se lo reserva el Instituto.

ARTÍCULO 2- Se desafecta de uso y dominio público el inmueble segregado en el párrafo anterior y adquiere una nueva naturaleza de “terreno para obras”.

ARTÍCULO 3- Se autoriza al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, cédula jurídica N.° 4-000-042140, para que done el inmueble segregado en el artículo anterior a la Asociación para el Progreso Integral de Calle La Labor, cédula jurídica tres cero cero dos dos nueve cuatro cuatro uno uno (3-002-294411), el cual se destinará a obras y zonas de esparcimiento cultural y deportivo de los vecinos de la Calle La Labor y de barrio Calle Flores, así como de los vecinos aledaños.

ARTÍCULO 4- El beneficiario de esta donación no podrá traspasar, vender, redestinar, arrendar o gravar, de ninguna forma, el terreno donado.  En caso de que la Asociación se disuelva o que el bien donado deje de cumplir o no continúe con el fin que motivó la donación, volverá, de pleno derecho, a ser propiedad del Instituto.

ARTÍCULO 5- Se autoriza a la Notaría del Estado para que formalice todos los trámites de esta donación mediante la elaboración de la escritura correspondiente, la cual estará exenta del pago de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones. Además, queda facultada expresamente la Notaría del Estado para que actualice y corrija cualquier dato registral o notarial que sea necesario para la debida inscripción en el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

    Horacio Martín Alvarado Bogantes           María Marta Carballo Arce

         Leslye Rubén Bojorges León                 María Daniela Rojas Salas

        Carlos Andrés Robles Obando            Alejandro José Pacheco Castro

Diputados y diputadas

NOTA:      Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024888742 ).

PROYECTO DE LEY

 LEY DE ARBOLADO URBANO

Expediente N.° 24.489

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Costa Rica ha logrado ser considerado a nivel mundial como un líder cuando a temas ambientales se refiere, destacando por un compromiso tenaz con respecto a la protección de la biodiversidad, pero también asegurando la sostenibilidad ecológica. Se ha logrado a través de diversas series de políticas que se han ejecutado en favor de la preservación del medio ambiente en el que vivimos, esto de la mano del desarrollo tecnológico para combatir el cambio climático.

Dentro de las políticas que han hecho de Costa Rica un referente en temas ambientales a nivel mundial, destaca en los años de 1980, donde el país toma la decisión de invertir en programas de reforestación. Gracias a esta política se logró revertir de forma significativa la deforestación que se había sufrido en las décadas anteriores, siendo esta una estrategia ambiental de las más importantes en la historia del país.

Actualmente, en el país el proceso de reforestación se hace estableciendo plantaciones forestales que contengan especies nativas y exóticas con una finalidad productiva y de conservación. Los proyectos de reforestación se dan a través de terrenos desde 1 hasta aproximadamente 300 hectáreas cultivadas, los cuales pueden ser establecidos en sitios que presenten un alto potencial productivo, para el desarrollo de plantaciones forestales y según la capacidad del uso de la tierra. 

Este tipo de actividad se realiza con mucho cuidado ya que la reforestación con especies nativas se basa en un listado de especies permitidas a través del Programa de Pago por Servicios Ambientales. Esto se logra a través de dos modalidades establecidas por el Sinac mediante el Decreto Ejecutivo N.° 39660MINAE. Estas dos modalidades son: mantenimiento de la cobertura forestal que contienen las actividades, a saber: protección, protección de recurso hídrico y protección post cosecha, y recuperación de la cobertura forestal, que incluye reforestación, regeneración y sistemas agroforestales.

Costa Rica se ha posicionado ante temas ambientales como un referente a nivel mundial y aún en la actualidad se sigue trabajando por preservar la biodiversidad y luchar contra el cambio climático. Gracias a estas iniciativas y políticas el programa de reforestación de Costa Rica recibió el año pasado16.4 millones de dólares por parte del Banco Mundial para las selvas que han logrado reducir las emisiones de carbono. Además, se cree que este programa gestionará un total de 60 millones de dólares para finales del 2025.

Es por ello, que resulta esencial investigar e identificar las principales problemáticas que trae consigo el cambio climático. Dentro de estas se ha identificado la falta de árboles en nuestras zonas urbanas; estrategia que ha sido utilizada en diversos países para luchar en contra de las problemáticas ambientales.

Consideramos las y los diputados que presentamos esta propuesta de ley que la arborización urbana, o la incorporación de árboles y vegetación en las áreas urbanas, es una práctica crucial que conlleva una serie de beneficios ecológicos, económicos y sociales. Los beneficios ecológicos de la arborización urbana son múltiples y significativos. En primer lugar, los árboles actúan como filtros naturales, capturando contaminantes del aire como partículas, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono. Además, a través de la fotosíntesis, los árboles absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire que respiramos.

La presencia de árboles en las ciudades también ayuda a mitigar el efecto de isla de calor urbano, que ocurre cuando las áreas urbanas se calientan más que las zonas rurales circundantes debido a la actividad humana y la infraestructura. La sombra proporcionada por los árboles y la evaporación del agua a través de sus hojas (transpiración) pueden reducir significativamente las temperaturas locales. Además, los árboles ayudan a controlar la escorrentía de agua de lluvia, reduciendo el riesgo de inundaciones y la erosión del suelo. Las raíces de los árboles facilitan la infiltración de agua en el suelo, recargando los acuíferos y manteniendo la estabilidad del suelo.

Por ejemplo, los árboles plantados junto a pavimentos y aceras pueden proporcionar sombra, lo que reduce la temperatura del asfalto y prolonga su vida útil. La sombra de los árboles disminuye la necesidad de reparaciones frecuentes debido a la expansión y contracción del pavimento por el calor, ahorrando costos de mantenimiento.

Además, los árboles ayudan a gestionar el agua de lluvia. Sus raíces absorben grandes cantidades de agua, lo que reduce la escorrentía superficial y minimiza el riesgo de inundaciones en áreas urbanas. Esto es especialmente importante para el funcionamiento de los sistemas de drenaje, como los caños y alcantarillas, que pueden verse desbordados durante fuertes lluvias. La presencia de árboles ayuda a filtrar el agua, mejorando la calidad del agua que llega a los sistemas de drenaje y a los cuerpos de agua locales.

Desde una perspectiva económica, la arborización urbana ofrece múltiples ventajas. La presencia de árboles y espacios verdes puede aumentar el valor de las propiedades inmobiliarias cercanas, haciendo que las áreas sean más atractivas para vivir y trabajar. Los árboles también pueden reducir los costos de energía asociados con la refrigeración de edificios, ya que proporcionan sombra y reducen la necesidad de aire acondicionado. Asimismo, las áreas verdes pueden atraer a turistas y visitantes, generando ingresos adicionales para las ciudades a través del turismo y las actividades recreativas.

En el ámbito social, los árboles y los espacios verdes urbanos desempeñan un papel crucial en la mejora de la salud y el bienestar de los residentes. Se ha demostrado que la exposición a la naturaleza y los espacios verdes puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y promover una mayor actividad física. Además, los parques y jardines urbanos proporcionan lugares para la recreación, el ejercicio y las interacciones sociales, fortaleciendo el sentido de comunidad y mejorando la calidad de vida en general. Los árboles también tienen un impacto positivo en la salud mental, ofreciendo un entorno tranquilo y relajante que contrarresta los efectos negativos del estrés urbano.

La biodiversidad urbana también se beneficia de la arborización. Los árboles y espacios verdes proporcionan hábitats para diversas especies de flora y fauna, promoviendo un ecosistema urbano más equilibrado. Esto no solo enriquece la biodiversidad local, sino que también puede contribuir a la educación ambiental de la comunidad, al permitir a los ciudadanos interactuar y aprender sobre la naturaleza dentro de su entorno urbano.

Sin embargo, la planificación y el mantenimiento de la arborización en áreas urbanas presentan desafíos. Es necesario seleccionar especies de árboles adecuadas que puedan adaptarse a las condiciones específicas de cada ciudad, incluyendo el clima, el suelo, el espacio disponible y conflictos con infraestructuras y servicios. Es fundamental seleccionar arboles de buena calidad en vivero que tengan una estructura adecuada, que presenten un buen estado fitosanitario y una altura cercana a los 2 m.

Además, es crucial implementar programas de mantenimiento para asegurar la salud de los árboles y prevenir problemas como el daño a infraestructuras o el riesgo de caída de ramas. La participación comunitaria y la colaboración entre gobiernos locales, organizaciones y ciudadanos son fundamentales para el éxito de los proyectos de arborización urbana.

No obstante, esto se ve agravado por la inexistencia de un marco legal que brinde mayor seguridad jurídica a las municipalidades para establecer medidas regulatorias y asegurar inversión en la arborización. Ejemplo de esto es que ni la Ley Forestal, ni el Código Municipal ni la normativa urbanística regulan con claridad el arbolado urbano, dejando un tema vital para la resiliencia de las ciudades a la voluntad e interpretación de cada gobierno local.

Por los motivos y razones expuestas, se somete al conocimiento de las señoras y los señores diputados el presente proyecto de ley, en el ejercicio de lo establecido en el artículo 121, inciso 1), de la Constitución Política.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA DECRETA:

 LEY DE ARBOLADO URBANO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1-     Objeto

La presente ley tiene por objeto fomentar la plantación, preservación y gestión del arbolado urbano y plantas leñosas en la infraestructura verde urbana, con el fin de promover ciudades más sostenibles, seguras y resilientes, que brinden mayor bienestar a las personas y a la biodiversidad.

ARTÍCULO 2-     Ámbito de Aplicación 

Esta ley será aplicable a todas las municipalidades del país, dentro de su propio casco urbano, conforme lo defina el plan regulador y otra normativa aplicable.

ARTÍCULO 3-     Declaratoria de interés público

Se declara de interés público la arborización urbana, así como las mejores prácticas de la arboricultura para su gestión. La promoción y divulgación de esta declaratoria estarán a cargo de las municipalidades y contarán con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para lo que esté relacionado a calles nacionales y del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para la renaturalización de las ciudades y la recuperación de cobertura arbórea en áreas de protección de ríos urbanos.

ARTÍCULO 4-     Definiciones

a)  Calle pública (calzada): camino que se rige por lo dispuesto en la Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972.

b)  Acera: área de la vía pública destinada al uso de peatones, para garantizar la movilidad, seguridad, conectividad y otros fines y funciones sociales y económicos entre las diferentes partes de un territorio determinado. 

c)  Bahía: ensanche de calzada de un ancho, que permite el estacionamiento de vehículos sin que éstos interfieran con el tránsito vehicular.

d)  Rotonda: es una calzada de un solo sentido alrededor de una isla central circular.

e)  Bulevar: es una avenida amplia y arbolada que generalmente tiene múltiples carriles de tráfico y puede incluir mediana o espacios ajardinados. 

f)  Cordón de caño: borde de la calzada canalizado para conducir aguas pluviales.

g)  Infraestructura verde urbana: se refiere a una red interconectada de espacios verdes o azules y otros elementos naturales de alto valor, planificada y desarrollada desde una perspectiva estratégica en la ciudad para conservar las funciones y valores de los ecosistemas naturales y proveer beneficios a la población humana y la biodiversidad. La infraestructura verde urbana está integrada por espacios públicos y privados.

h)  Arbolado urbano: se refiere a cualquier vegetal leñoso, plantado o no, que crece en asentamientos humanos.

i)   Árbol urbano: planta leñosa, por lo general de un solo tallo; plantado o no, aislado o en grupo y ubicado en plazas, jardines, parques y otras áreas verdes de pueblos y ciudades.

j)   Árbol nativo: especie que se encuentra de manera natural en un lugar determinado  

k)  Árbol endémico: especie que se ubica exclusivamente en una región geográfica particular.

l)   Arboricultura: ciencia y práctica del cultivo, cuidado y manejo de los árboles y otras plantas leñosas, bien sea como individuos o grupos, por lo regular en lugares urbanos o periurbanos.

m) Arborización: es el proceso de plantar árboles, la acción de arborizar, que pretende establecer árboles en un sitio determinado en el entorno urbano o en zonas que entrarán en relación con bienes y servicios, para lo cual se consideran las mejores prácticas de la arboricultura.

n)  Arborista: es un especialista en el cuidado de los árboles; que conoce las necesidades de los árboles y está entrenados y equipados para proporcionarles un buen cuidado. De profesión puede ser desde un ingeniero forestal, ingeniero agrónomo, biólogo o cualquier otra profesión, siempre que haya contado con el entrenamiento y capacidades para esto.

ñ)  Arborista certificado: los arboristas certificados son personas que han alcanzado un nivel de conocimiento en el arte y la ciencia del cuidado de los árboles a través de un mínimo de tres años de experiencia, y que han pasado un extenso examen desarrollado por algunos expertos nacionales e internacionales en la materia. La certificación de un arborista por la ISA es un proceso voluntario no gubernamental mediante el cual las personas pueden documentar su conocimiento. Funciona sin regulación legal y es un instrumento autorregulado e interno, administrado por la Sociedad Internacional de Arboricultura (ISA).

CAPÍTULO II

COMPETENCIAS

ARTÍCULO 5-     Las municipalidades deberán arborizar en las zonas públicas, donde exista infraestructura urbana (aceras u otro tipo de infraestructura vial pública) de los cantones. Deberá existir al menos un árbol por cada seis metros lineales de acera, siempre que el espacio físico los permita.

ARTÍCULO 6-     Las municipalidades emitirán su propio reglamento municipal de arbolado urbano para atender el objeto de la ley, donde se establezcan las regulaciones aplicables al meno del arbolado urbano en espacios públicos y privados.

ARTÍCULO 7-    En la construcción de nuevos fraccionamientos o proyectos de urbanización, condominios verticales o nuevas carreteras, las municipalidades velarán que el diseño contemple a las aceras con el espacio adecuado para plantar árboles en la proporción de un árbol por cada seis metros lineales.

ARTÍCULO 8-     Los árboles que se incorporen a los procesos de arborización urbana, deberán ser nativos o endémicos del territorio o zona de cada municipio, deberán ser producidos siguiendo las mejores prácticas de la arboricultura y ser adecuados para la zona de vida, así como para cada espacio físico considerando su crecimiento futuro en altura, diámetro, diámetro de copa y sistema radicular. Cuando no existan en el mercado árboles nativos disponibles, se podrá recurrir a otras especies siempre y cuando se dé una adecuada justificación técnica. Estos árboles serán definidos por los gestores ambientales de cada gobierno local, en donde existan o por especialistas arboristas. 

ARTÍCULO 9-     Tratándose de vías nacionales y en acatamiento a la presente ley, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) deberá acatar lo establecido en la presente ley. Podrá coordinar con las municipalidades por donde pasan las rutas nacionales para que estas brinden apoyo al proceso de arborización.

ARTÍCULO 10– Gestión de riesgos

Las municipalidades deberán evaluar la condición de los árboles en la ciudad, y el plan de gestión del arbolado como el instrumento de gestión de la infraestructura verde urbana cantonal. Cada gobierno local o en su defecto el MOPT, deberá generar o adoptar la metodología de evaluación del riesgo, siempre que esta responda a las mejores prácticas de la arboricultura.  

ARTÍCULO 11-  Convenios con terceros

Las municipalidades podrán establecer convenios de colaboración entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs), asociaciones comunitarias, universidades e institutos de investigación para la ejecución de proyectos de arborización urbana. Dichos convenios podrán incluir la provisión de recursos financieros, técnicos y humanos para la plantación, mantenimiento y monitoreo de los árboles.

ARTÍCULO 12–               Financiamiento por parte de los gobiernos locales

Las municipalidades podrán destinar un porcentaje de la tasa sobre mantenimientos de parques y zonas verdes y sus respectivos servicios, así como destinar un presupuesto establecido dentro de su presupuesto ordinario para la atención de los objetos de la presente ley.

CAPÍTULO III

NORMAS TRANSITORIAS

TRANSITORIO I- Las municipalidades tendrá un plazo de doce meses, a partir de la publicación de la presente ley, para aprobar el reglamento de arbolado urbano municipal; y el plan maestro o plan director de arborización.

TRANSITORIO III- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tendrá un plazo de doce meses para aprobar el reglamento sobre la gestión del arbolado urbano, arbustos y herbáceas en la infraestructura verde urbana.

TRANSITORIO III- El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tendrá un plazo de seis meses para la modificación y aprobación del reglamento municipal sobre la gestión del arbolado urbano, arbustos y herbáceas en la infraestructura verde urbana; y el plan maestro o plan director de arborización.

TRANSITORIO IV- Las definiciones de esta ley modifican todas las anteriores que se le opongan o que la contradigan, por virtud del principio de especialidad de esta ley.

Rige a partir de su publicación.

Danny Vargas Serrano

Diputado

NOTA:              Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024888745 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS DE LOS 49 Y 53

DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LEY N.° 6227, DE 2 DE MAYO

DE 1978, Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 24.492

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El derecho administrativo costarricense, específicamente en el Capítulo III, título I del libro I de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), contempla los órganos colegiados, su constitución y funcionamiento dentro del aparato administrativo nacional.

Revisten de una importancia esencial para la formación de la voluntad administrativa de nuestro Estado, al ser los órganos de deliberación y toma de decisiones por excelencia.

El órgano colegiado se crea, en la Administración Pública, para asegurar la continuidad y permanencia de sus actos, aun cuando cambien o se remuevan los titulares de los cargos públicos que lo integran, por lo que debe entenderse que este órgano no se trata de las personas físicas “per se”, sino de la sumatoria de esas personas, con sus atribuciones específicas y los aportes que realizan para su funcionamiento.

El catedrático en derecho, Eduardo Ortiz Ortiz, define al cuerpo colegiado como:

…la clase de organización que consiste en colocar al frente de una oficina y como titular de la misma a un grupo –y no a un individuo- cada uno de cuyos miembros actúan en plano de igualdad respecto de los otros, el cual grupo adopta resoluciones llamadas deliberaciones, de diversa naturaleza y función, según los principios de mayoría y de unidad de tiempo y de lugar para resolver, de acuerdo con un ordenamiento jurídico propio y distinto – aunque subordinado- al gerente del Estado.^[4]

Esta definición señala que este tipo de órgano es plural, que sus miembros actúan en igualdad de condiciones y que sus decisiones son expresadas colectivamente. A esto sumamos que la importancia para la deliberación y la toma de decisiones recae en el órgano colegiado en pleno, no en los miembros particulares, por lo que parece razonable pensar que si el órgano, después de ser debida y válidamente integrado inicialmente, perdiera su “cuórum integral”, si uno o varios de sus miembros por alguna razón no pudiera continuar, pero mantiene su capacidad de conformar el cuórum estructural y funcional establecido en la Ley General de la Administración Pública, este debería poder seguir sesionando normalmente y tomando acuerdos de forma válida en las sesiones en que alcance dicho cuórum, hasta que los puestos vacantes sean nombrados y el órgano tenga su conformación completa; mecanismo que utiliza por ejemplo la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley N.° 7558, que dice:

Artículo 25- Cuórum

(…)

Sin embargo, durante el proceso de ratificación de directores, por parte de la Asamblea Legislativa, la Junta Directiva se tendrá por integrada válidamente con cinco de sus miembros como mínimo, mientras que el cuórum se formará con la presencia en la sesión de un mínimo de cuatro de esos miembros con voto, quienes podrán tomar acuerdos válidos por mayoría simple de los votos presentes, salvo aquellos asuntos que por disposición legal exijan otro tipo de votación. En caso de empate, el presidente tendrá doble voto.^[5]

Este artículo de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica fue modificado por la Ley N.° 9670, emitida el 28 de febrero de 2019, producto de las reformas legales que eran necesarias para la incorporación de nuestro país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Dicha organización recomendaba evitar que por un período prolongado la Junta Directiva quede desintegrada durante el proceso de ratificación de nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa, lo cual también podría comprometer la autonomía y efectividad de la Junta Directiva del BCCR.

Esta situación también se presenta con frecuencia en muchos de los órganos colegiados en el sector público, que con frecuencia se ven afectados, en evidente detrimento del interés general, al transcurrir en ocasiones meses en que las instituciones o entes tienen entrabado su proceso de toma de decisiones, pues su órgano colegiado no se encuentra válidamente integrado bajo la normativa actual por la situación antes descrita y en los casos en que no puede detenerse, debe ser asumida por otros puestos como las gerencias generales y auditorías como es el caso de los bancos estatales. También ha ocurrido con las juntas directivas de otras instituciones vitales para las poblaciones vulnerables en nuestro país como la Caja Costarricense de Seguro Social y el Banco Hipotecario de la Vivienda. Esta situación podría ser solucionada de una forma sencilla, tal como se explica más adelante.

En la actualidad, los órganos colegiados, solamente pueden sesionar si se presentan tres condiciones (tipos de cuórum):^[6]

a)            Sí, al dar inicio la respectiva sesión, existe una mayoría absoluta de sus miembros presentes, ya sea física o virtualmente, conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley General de la Administración Pública, lo que es denominado formalmente como el “cuórum estructural.

b)            Contar con la cantidad de miembros presentes necesario para adoptar una deliberación o someter un asunto a votación, conocido como “cuórum funcional”.

c)                    Si, como se mencionó previamente, se encuentran debida y válidamente integrados, lo cual nace como consecuencia de una interpretación que hace la Procuraduría General de la República (PGR) en el dictamen N.° C-195-90 de 20 de noviembre de 1990, desarrollado luego en los N.° C-015-97 de 27 de enero de 1997 y N.° C-025-97 de 7 de febrero del mismo año y que tradicionalmente ha mantenido a lo largo de los años. Desde ellos, ha sido el criterio de la Procuraduría que la integración del órgano es fundamental para considerar que este existe jurídicamente y, por ende, esa integración es presupuesto indispensable para que pueda funcionar. En consecuencia, en caso de que uno de los puestos de director esté vacante, y la ley no haya previsto el supuesto de suplencia, el órgano no está integrado y, por consiguiente, no puede sesionar. Esta condición, según la doctrina y la jurisprudencia se denomina “cuórum integral”.

En el dictamen C-195-90,^[7] la Procuraduría General señaló:

...considera la Procuraduría General que la posibilidad de sesionar debe examinarse, en primer término, respecto de la integración del órgano. Ello en la medida en que, si el órgano no se encuentra debidamente integrado, no puede funcionar en forma válida. En efecto, si el órgano no está integrado no puede ejercer su competencia y, por ende, los actos que se emitan no serán válidos. Así que sólo en el tanto en que el órgano esté constituido, puede plantearse este segundo aspecto del quórum. Problema que se refiere al funcionamiento concreto del órgano colegiado ya constituido.

El hecho de que el órgano no integrado por los miembros que la Ley prevé deba considerarse como inexistente, determina la responsabilidad de los órganos llamados a nombrar a los miembros del colegio. Todo acto u omisión contrario a esa obligación, constituye una violación al ordenamiento. Luego la ausencia de integración completa del colegio entraña un vicio de constitución del órgano, y trae aparejada la nulidad de sus actos, aún si el quórum estructural está asegurado por los miembros presentes. Es decir, el problema de integración del órgano tiene incidencia en la legalidad del acto, pudiendo provocar su nulidad absoluta. Pero además, cabría afirmar que existe incumplimiento de deberes de parte de quien se ha visto investido de la competencia para nombrar. Máxime que la inexistencia del órgano -por falta de nombramiento de uno de sus miembros-, la ausencia de investidura del miembro respectivo, constituyen una infracción sustancial del ordenamiento, un vicio que afecta la competencia para actuar y que determinan la nulidad de pleno derecho de lo actuado.

Sostiene la Procuraduría General que la existencia debida del órgano, entendida como la investidura regular de las personas que lo integran, constituye un presupuesto para el ejercicio de la competencia, y no puede confundirse con el cuórum estructural y el cuórum funcional, necesarios para que el órgano pueda sesionar válidamente y adoptar sus acuerdos. Así, la posición ha sido que, en la medida en que un órgano colegiado no se encuentra debidamente integrado, no puede funcionar en forma válida, no puede ejercer su competencia y, por ende, los actos que se emitan adolecen de nulidad. 

De este modo, la Procuraduría General defiende la tesis de que no existe una correcta integración de una junta en condiciones de vacancia, ya sea por fallecimiento, vencimiento, renuncia o invalidez de uno o más nombramientos, lo cual repercute en la imposibilidad de que un cuerpo colegiado pueda sesionar válidamente.

Esta posición, si bien se entiende fundamentada en la letra de las disposiciones que contiene la Ley General de la Administración Pública, en la práctica resulta contraproducente para el correcto funcionamiento de dichos órganos, de las entidades públicas en general y del interés público, pues impide que, por un formalismo, se adopten disposiciones de una forma más ajustada a los principios de celeridad, eficacia y eficiencia que informan todo el funcionamiento de la Administración Pública.

Como se ha indicado previamente, es una práctica frecuente que se presenten serios inconvenientes para realizar las designaciones que permitirían a estos órganos retomar sus funciones, porque detrás de esas decisiones existen procedimientos y trámites engorrosos que dificultan la realización de un nombramiento oportuno, a pesar de que existen suficientes integrantes del respectivo órgano para asumir la atención de las obligaciones correspondientes, con las pertinentes consecuencias para la atención de las necesidades públicas e institucionales y las afectaciones para la población usuaria de servicios de esas instancias públicas.

Sobre esa base, se presenta la siguiente propuesta, que promueve sencilla reforma a la Ley General de la Administración Pública, mediante la cual se elevaría a rango legal una nueva regla, en virtud de la cual las vacancias en los órganos colegiados no impedirían su funcionamiento, siempre y cuando exista el quorum requerido para sesionar, para la deliberación y la toma de decisiones que ya se resguarda en esa misma norma.  

Se estima que, con la adopción de esta regla, sencilla y que no implica mayor costo ni alteración desde el punto de vista de las finanzas públicas, se podría dar continuidad a la labor de múltiples órganos colegiados en la Administración Pública, en beneficio de la protección del interés público y al oportuno y correcto desempeño de las labores que legalmente se han asignado a una gran cantidad de entidades públicas que cuentan con este tipo de órganos dentro de su estructura.

De igual forma, se propone además reforzar el deber que ya tienen las autoridades competentes de hacer las designaciones que por normativa les corresponde realizar, con el propósito de otorgar un plazo improrrogable para que se realicen los nombramientos correspondientes, evidenciando el carácter irregular del desempeño de quienes omitan atender esa obligación en forma oportuna, tal como lo califica el artículo 114 de la Ley General de la Administración Pública.

Este aspecto no es menor, considerando que, con relativa frecuencia, las autoridades administrativas incurren en inactividad u omisión material de sus deberes al retardar la realización de nombramientos y designaciones que les corresponde realizar, lo cual debe ser considerado como un comportamiento antijurídico, lesivo del principio de legalidad en tanto entra en contradicción con la exigencia de ejecutar una buena y eficaz administración y que, incluso, bien podría configurar una desviación de poder, si proviene de una táctica ilegítima para beneficiar indebidamente intereses particulares, en detrimento del interés público.

En virtud de lo expuesto, se presenta este proyecto de ley para su debido estudio y aprobación final por parte de las señoras diputadas y de los señores diputados que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS DE LOS 49 Y 53

DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LEY N.° 6227, DE 2 DE MAYO

DE 1978, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO 1-  Adiciónese un inciso 4) al artículo 49 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 49-

1-  Cada órgano colegiado tendrá un presidente nombrado en la forma prescrita por la ley respectiva o en su defecto por lo aquí dispuesto.

2-  Salvo norma contraria, el presidente será nombrado de entre los miembros del órgano colegiado, por la mayoría absoluta de ellos y durará en su cargo un año, pudiendo ser reelecto.

3-  El presidente tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

a)  Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las reuniones del órgano, las que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada;

b)  Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y reglamentos relativos a su función;

c)  Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos de forma de las labores del órgano;

d)  Convocar a sesiones extraordinarias;

e)  Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas al menos con tres días de antelación;

f)  Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso tendrá voto de calidad;

g)  Ejecutar los acuerdos del órgano; y

h)  Las demás que le asignen las leyes y reglamentos.

4-  Las vacantes que se presenten en los órganos colegiados, en ausencia de norma expresa que las regule, deberán cubrirse dentro del plazo improrrogable de un mes calendario, mas no impedirán que estos sesionen siempre y cuando exista cuórum.  La omisión de realizar los nombramientos dentro del plazo establecido será considerada como desempeño irregular de la función pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la presente ley.

ARTÍCULO 2-  Refórmese el artículo 53 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 53-

1-  El cuórum para que pueda sesionar válidamente el órgano colegiado será el de la mayoría absoluta de sus componentes. Las vacantes que se presenten en la integración del órgano colegiado no serán impedimento para que éste sesione, siempre y cuando haya cuórum.

2-  Si no hubiere cuórum, el órgano podrá sesionar válidamente en segunda convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera, salvo casos de urgencia en que podrá sesionar después de media hora y para ello será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros.

Rige a partir de su publicación.

Luis Diego Vargas Rodríguez

           Alejandra Larios Trejos                         Gilberth Jiménez Siles

   Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz                Johana Obando Bonilla

   Cynthia Maritza Córdoba Serrano                 Eliécer Feinzaig Mintz

   Paulina María Ramírez Portuguez          Daniel Gerardo Vargas Quirós

         María Marta Carballo Arce                   María Daniela Rojas Salas

Diputados y diputadas

NOTA:          Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024888748 ).

PROYECTO DE LEY

LEY DE SEGUIMIENTO DE MONITOREO ELECTRÓNICO

EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS

Expediente N.° 24.455

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los beneficiarios alimentarios tienen el derecho al refugio, alimentación, vestido y educación con el fin de llevar una vida estable que le ayude a un crecimiento favorable para el desarrollo de su vida, que le ayude a fortalecer sus habilidades y destrezas cognitivas, emocionales, físicas, sociales y culturales.

En toda situación el Estado debe de velar por el interés superior de las personas menores de edad, y que su desarrollo sea el óptimo para satisfacción de todas y cada una de sus necesidades, lo cual es una norma imperativa en el derecho internacional y podemos verlo materializado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,^[8] la cual en el artículo tres, inciso uno, establece:

1.   En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Nuestra legislación ha establecido como medida al atraso en el pago de la pensión alimentaria para los deudores, el apremio corporal, el cual consiste en la detención y puesta en prisión del deudor hasta cuando este se ponga al día con la cancelación de la deuda o que transcurran seis meses desde que fue puesto en prisión.^[9]

Y es que, dentro de un proceso de pensión alimentaria lo más importante y a lo cual debemos darle mayor relevancia es que los beneficiarios alimentarios reciban la cuota que les permita sufragar los gastos de su manutención, tener una estabilidad y les permita mantener calidad de vida. Según estadísticas entregadas por el Ministerio de Justicia y Gracia, para el 2023,^[10] se tiene un promedio de 318 personas puestas en apremio corporal, de los cuales 314 son hombre y 14 son mujeres.

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

Como vemos del cuadro anterior, aproximadamente 300 personas son puestas en apremio corporal, lo que significa que muchos beneficiarios quedan sin la oportunidad de recibir la cuota alimentaria y dejan a los obligados alimentarios sin la posibilidad de poder encontrar un empleo que ayude con la cancelación del auxilio alimentario.

Aunado a lo anterior, el egreso que tiene las arcas del erario público con la privativa de libertad de los obligados alimentarios es considerable; se estima que el Ministerio de Justicia y Gracia gasta mensual aproximadamente la suma de seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta colones, en la manutención de cada uno de ellos.^[11]

Como podemos ver, el apremio corporal no beneficia para nada a los auxiliados alimentarios, ni al mismo Estado, ya que esta puesta en prisión no da alguna ventaja o garantía de que el obligado vaya a realizar el pago del auxilio alimentario o que en su estancia el Estado vaya a gestionar cobro alguno por los gastos que va a tener el deudor en prisión.

Con la presente propuesta de ley se pretende que a los apremiados corporales primarios, que por sus deudas vayan a ingresar al sistema penitenciario, se les aplique como medida el monitoreo electrónico, así pueden realizar alguna actividad económica que permita cancelar el auxilio alimentario y que los beneficiarios alimentarios puedan tener calidad de vida.

Además, a modo de comparación, el Estado tendría un ahorro significativo en cuanto al costo que representa mantener a un apremiado corporal en prisión, ya que lo que tendría que invertir, en cuanto al costo del aparato y el monitoreo por parte de la empresa que realiza esa actividad, son doscientos cincuenta y seis mil ochocientos colones mensuales, lo que rebajaría casi un 40% del costo en estancia de un obligado alimentario en el sistema penitenciario.^[12]

Por lo cual, desde nuestro punto de vista, mantener a un obligado alimentario en prisión no viene a remediar la falta de auxilio alimentario a los beneficiarios, como legisladores debemos encontrar medidas que ayuden a que los beneficiarios alimentarios reciban los medios necesarios para su manutención.

Por las razones antes esbozadas, sometemos a las señoras diputadas y a los señores diputados la siguiente iniciativa de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE SEGUIMIENTO DE MONITOREO ELECTRÓNICO

EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS

ARTÍCULO 1-          Objeto de la ley

El objeto de la presente ley es regular el uso de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad, bajo la modalidad de localización permanente de las personas sujetas a apremio corporal por deudas en pensiones alimentarias.

ARTÍCULO 2-          Condiciones de aplicación

La aplicación de medios electrónicos autorizada en la presente ley se hará con el consentimiento expreso de la persona a la que se le aplique la medida.  Al aplicar la medida, el juez deberá explicar, de manera clara a la persona sujeta a apremio corporal, los elementos generales de cómo funciona el mecanismo electrónico, cuáles son las condiciones de su uso y cuáles serían las consecuencias de su violación.  La duración del seguimiento se regirá por un plazo no mayor de treinta días naturales y deberá el apremiado en un plazo no mayor al otorgado poner al día la deuda por pensión alimentaria.

El mecanismo electrónico deberá ser de características que no permitan la estigmatización, y es obligación de la persona sometida a ese control no alterar, no dañar, ni desprenderse de este, reportar cualquier falla o alteración involuntaria, y acatar las condiciones impuestas.  En caso de incumplimiento injustificado de lo anteriormente dispuesto, el juez competente podrá revocar inmediatamente esta modalidad de cumplimiento y ordenar el ingreso a prisión.

ARTÍCULO 3-          Supervisión y seguimiento

La supervisión y el seguimiento del cumplimiento de esta medida estará a cargo de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, la cual deberá informar inmediatamente de algún incumplimiento a la autoridad judicial o administrativa correspondiente.

Deberá el obligado alimentario indicar su domicilio fijo, así como el del lugar de trabajo correspondiente. Todos los cuerpos de policía están en la obligación de colaborar en caso de alerta por incumplimiento de la medida por parte de la persona usuaria del mecanismo.

El juez de pensiones alimentarias determinará el ámbito de movilización de la persona que usará el mecanismo.

ARTÍCULO 4- Adición de un artículo 24 bis a la Ley 7654, Ley de Pensiones Alimentarias, de 23 de enero de 1997, y sus reformas

Artículo 24 bis-    Monitoreo Electrónico por deudas alimentarias

El juez podrá aplicar monitoreo electrónico por única vez como medida alterna a la prisión por el dictado de apremio corporal. Podrá el juez otorgar esta medida alterna siempre que el obligado alimentario demuestre tener trabajo estable y obligarse a la cancelación de la deuda alimentaria en un plazo de treinta días naturales, o llegar a un arreglo de pago con la parte beneficiaria. Si en un plazo no mayor de treinta días naturales el obligado alimentario no cumple con su obligación, o llegará a incumplir el acuerdo de pago, procederá el juez correspondiente a dictar el apremio corporal y su puesta en prisión.

ARTÍCULO 5-          Adición de un artículo 283 bis a la Ley 9747, Código Procesal de Familia, de 27 de setiembre de 2022, y sus reformas

Artículo 283 bis-   Monitoreo electrónico por deudas alimentarias

El juez podrá aplicar monitoreo electrónico por única vez como medida alternativa a la prisión por el dictado de apremio corporal, siempre que el obligado alimentario demuestre tener trabajo estable y obligarse a la cancelación de la deuda alimentaria en un plazo de treinta días naturales, o llegar a un arreglo de pago con la parte beneficiaria. Si en un plazo no mayor de treinta días el obligado alimentario no cumple con su obligación, o llegara a incumplir el acuerdo de pago, procederá el juez correspondiente a dictar el apremio corporal y su puesta en prisión.

ARTÍCULO 6-          Partidas presupuestarias

El Ministerio de Justicia y Paz deberá incluir dentro de su presupuesto anual las partidas presupuestarias necesarias para la sostenibilidad de este mecanismo.

Rige a partir de su publicación.

    Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz              Olga Lidia Morera Arrieta

              Rosalía Brown Young                      Yonder Andrey Salas Durán

       David Lorenzo Segura Gamboa                 José Pablo Sibaja Jiménez

Diputados y diputadas

NOTA:        Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024888750 ).

PROYECTO DE LEY

GENERACIÓN DE EMPLEO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA. REFORMA  DEL  ARTÍCULO 101 DE LA LEY N.° 4179,  LEY  DE ASOCIACIONES  COOPERATIVAS,  DE  22  DE  AGOSTO  DE  1968

 Expediente N.° 24.486

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Las cooperativas son fundamentales para el desarrollo económico inclusivo y sostenible en Costa Rica. En Costa Rica, existen actualmente aproximadamente 600 cooperativas activas de autogestión.  Estas cooperativas juegan un papel crucial en la economía nacional, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social del país. El movimiento cooperativo costarricense abarca una amplia gama de sectores, desde la producción agrícola hasta los servicios de salud y transporte, beneficiando a miles de personas en todo el territorio nacional.

La iniciativa propuesta se centra en que las empresas existentes en zonas francas contraten servicios a cooperativas de autogestión. Este enfoque no solo busca extender los beneficios fiscales actuales, sino también fomentar la colaboración con las cooperativas, impulsando su crecimiento y estabilidad.

Al contratar servicios a cooperativas de autogestión, se fomentará la creación de empleos dentro de estas cooperativas.  Esto puede traducirse en un aumento significativo del empleo formal en sectores clave.

A través de este proyecto de ley, se pretende reformar el artículo 101 de la Ley N.° 4179, LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS, para generar una sinergia importante entre las zonas francas y cooperativas, que permite crear de forma exponencial empleos y así impactar la reactivación económica que Costa Rica requiere. Esta iniciativa permite ayudar a incluir a sectores de la población que tradicionalmente han estado marginados del mercado laboral, promoviendo la equidad y la justicia social.

El número de empresas en zonas francas es de aproximadamente 519 empresas operando bajo el régimen de zonas francas en Costa Rica según Evolution FZ, así como un promedio de ventas brutas anuales por empresa de $9.25 millones. Si se genera un cálculo del 1% de ventas brutas sería de $92,500 por empresa al año destinado a la contratación de servicios a cooperativas de autogestión. Generando un impacto total destinado por todas las empresas de $92,500 * 519 empresas para un total de $48.04 millones anuales.

Podemos estimar el costo promedio anual de un empleo en cooperativas, estableciendo un valor de $10,000 por puesto al año. Basándonos en esta cifra, se calcula que los $48.04 millones generarían aproximadamente 4,804 empleos anuales ($48.04 millones / $10,000 por empleo). Proyectando esta información a un período de tres años, se estima la creación de 14,412 puestos de trabajo (4,804 empleos anuales × 3 años).

Fomentar la contratación de cooperativas puede aumentar significativamente el empleo en áreas rurales y menos desarrolladas, contribuyendo a la descentralización económica. Un estudio del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) señala que la colaboración con cooperativas puede generar un multiplicador del empleo de 1.5 empleos adicionales en la economía.

Las cooperativas suelen adoptar prácticas más sostenibles. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha destacado que las cooperativas en Costa Rica han reducido su huella de carbono en un 20% en la última década, contribuyendo a los objetivos nacionales de sostenibilidad.

Adicional a los beneficios en empleabilidad, también la iniciativa de ley promueve oportunidades de formación, ya que es posible que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) puede desempeñar un papel vital, al proporcionar capacitación específica a las cooperativas de autogestión.  La capacitación puede centrarse en áreas clave como gestión empresarial, habilidades técnicas específicas, innovación y sostenibilidad. Esto asegurará que las cooperativas estén bien preparadas para ofrecer servicios de alta calidad a las empresas de zonas francas.  Los programas de formación pueden ser diseñados para alinearse con las necesidades específicas de las empresas de zonas francas, asegurando que los servicios ofrecidos sean competitivos, de alta calidad, desarrollando un capital humano más competente y adaptado a las necesidades del mercado.

a)  Justificación de los incentivos de prioridad

Los incentivos de prioridad para la contratación de cooperativas están alineados con los principios de equidad y desarrollo económico sostenible de Costa Rica, así como la distribución de riqueza. Estos incentivos han sido validados por estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que muestran que la prioridad en la contratación puede fortalecer la colaboración sin distorsionar los mercados.

b)    Relevancia del régimen de zonas francas para el desarrollo económico

El régimen de zonas francas en Costa Rica es un pilar esencial para el desarrollo económico del país, atrae inversión extranjera y estimula las exportaciones. Datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) indican que este régimen ha contribuido significativamente al crecimiento del PIB, generando empleo directo para más de 180,000 personas.

Por las razones expuestas se somete a consideración de las señoras diputadas y de los señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

GENERACIÓN DE EMPLEO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA. REFORMA  DEL  ARTÍCULO 101 DE LA LEY N.° 4179,  LEY  DE ASOCIACIONES  COOPERATIVAS,  DE  22  DE  AGOSTO  DE  1968

ARTÍCULO 1-           Se reforma el artículo 101 a la Ley N.° 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas de 22 de agosto de 1968, para que se lea de la siguiente manera:

[…]

Artículo 101-  Las empresas que operen bajo el régimen de zona franca y que contraten los servicios de cooperativas de autogestión por un valor mínimo equivalente al uno por ciento de sus utilidades brutas anuales, dentro del territorio nacional, gozarán de cinco años de exoneración del impuesto de consumo, impuesto de ventas e impuesto de estabilización económica en la adquisición de todos los elementos materiales necesarios para el desarrollo de su producción. Las cooperativas de autogestión también disfrutarán de estas mismas exoneraciones, sin perjuicio de los beneficios adicionales establecidos para ellas en el artículo 6 de la presente ley.

[…].

TRANSITORIO ÚNICO-        Las empresas que funcionan bajo el régimen de zonas francas dispondrán de 12 meses, a partir de su entrada en vigencia, para ejecutar las disposiciones contenidas en esta ley.

Rige a partir de su publicación.

     Horacio Martín Alvarado Bogantes         María Marta Carballo Arce

          Leslie Rubén Bojorges León               María Daniela Rojas Salas

         Carlos Andrés Robles Obando          Alejandro José Pacheco Castro

Diputados y diputadas

NOTA:           Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024888980 ).

PROYECTO DE LEY

LEY PARA LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS Y CONDONACIÓN DE DEUDAS PARA LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES DE 2022 Y 2023

Expediente N.º 24.470

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Plan General de la Emergencia, Decreto Ejecutivo N.°43752-MP, declara estado de emergencia en los cantones de Alajuelita, Aserrí y Desamparados en la provincia de San José por la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical. Esta declaración permite que se puedan adoptar medidas excepcionales para la atención de emergencias y que se planteen iniciativas que busquen la recuperación de dichas áreas.

Afectación e impacto en los distintos cantones supra mencionados

1-  Lluvias intensivas y deslizamientos: según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las lluvias intensas y deslizamientos en setiembre de 2022 causaron graves daños en infraestructura pública y privada en los cantones afectados, incluyendo carreteras, puentes, alcantarillas y centros educativos.

2-  Inundaciones y evacuaciones: hubo 376 eventos reportados, incluyendo inundaciones y deslizamientos. Se evacuaron 800 personas a albergues en Aserrí y Desamparados.

3-  Pérdidas económicas: las pérdidas totales se estiman en varios miles de millones de colones, afectando principalmente infraestructura educativa, ríos y quebradas, viviendas sociales y obras correctivas.

Con base en el apartado tercero antes descrito, y tomando datos oficiales de la Comisión Nacional de Emergencia y el Decreto Ejecutivo N.°43752-MP sobre el Impacto Económico Detallado, que pudiera medir en términos cuantitativos las afectaciones por la emergencia acontecida.

Dichos rubros sobre la afectación económica son los siguientes:

-    Carreteras y puentes:

o   Alajuelita: ₡2,877,166,212.00.

o   Aserrí: ₡655,000,000.00.

o   Desamparados: ₡101,075,000.00.

-    Ríos y quebradas:

o   Alajuelita: ₡3,392,000,000.00.

o   Aserrí: ₡870,000,000.00.

o   Desamparados: ₡550,000,000.00.

-    Centros educativos:

o   Alajuelita: ₡740,000,000.00.

o   Aserrí: ₡280,000,000.00.

o   Desamparados: ₡109,000,000.00.

-    Vivienda social y obras correctivas:

o   Alajuelita: ₡2,832,166,212.00.

o   Aserrí: ₡2,870,000,000.00.

o   Desamparados: ₡9,198,363,700.72.

-    Monto total estimado de daños y pérdidas:

•    Alajuelita: ₡9,841,332,424.00.

•    Aserrí: ₡5,867,114,970.00.

•    Desamparados: ₡15,100,463,705.72.

Monto total general: ₡30,808,911,099.72.

De esta forma, en el contexto antes descrito, presento la siguiente iniciativa de ley que tiene por objeto la exoneración de impuestos y la condonación de deudas municipales para los habitantes de las comunidades afectadas por las inundaciones de 2022 y 2023. Y es que la pérdida de propiedades y la necesidad de reconstrucción imponen una carga financiera significativa a los habitantes de las áreas afectadas y con la exoneración buscaríamos aliviar y liberar una parte crucial de los recursos de las familias y empresas, permitiéndoles destinar más fondos a la recuperación y la reconstrucción de los inmuebles.

Bajo la misma línea, muchas familias y pequeñas empresas se encuentran en una situación de endeudamiento debido a los daños causados por las inundaciones y deslizamientos, es por esto que la condonación de deudas municipales permite a las familias y negocios aliviarse económica y financieramente, evitando una crisis prolongada.

Aliviar la carga económica de los habitantes de Alajuelita, Aserrí y Desamparados permitirá una recuperación más rápida y sostenible de las comunidades afectadas, alineándose con las estrategias y objetivos establecidos en el Plan General de la Emergencia, Decreto N.°43752-MP.

Es por todo esto que planteo el siguiente proyecto de ley para exonerar de impuestos y condonar las deudas acumuladas desde las afectaciones por la declaratoria de emergencia de 2022, a estas personas que tanto han sufrido y que no han contado con el debido respaldo municipal, el cual someto para su estudio y aprobación por parte de las señoras y los señores diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS Y CONDONACIÓN DE DEUDAS PARA LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES DE 2022 Y 2023

 ARTÍCULO 1-       Se autoriza a las municipalidades de los cantones de Desamparados, Alajuelita y Aserrí de la provincia de San José, para que otorguen a los sujetos pasivos de los tributos municipales, la exoneración total por concepto de impuestos, contribuciones, cualquier tipo tasas de servicios y las obligaciones accesorias referidas a intereses, recargos y multas de los tributos señalados, según corresponda, y a personas físicas o jurídicas que resultaron afectadas por las inundaciones producidas por la Zona de Convergencia Intertropical durante los años 2022 y 2023.

Para poder optar por los beneficios que otorga esta exoneración tributaria, esta se aplicará a solicitud de la parte interesada, según los medios y mecanismos que ponga a disposición cada una de las municipalidades mencionadas anteriormente. 

ARTÍCULO 2- La condonación comprende únicamente las obligaciones tributarias generadas en los períodos que inician desde el mes de enero del año 2022 hasta el último período del año 2023, inclusive. 

ARTÍCULO 3- La condonación solo podrá ser concedida por el concejo municipal mediante acuerdo debidamente razonado y por votación calificada de más de dos terceras partes de sus miembros. 

Para poder optar por los beneficios que otorga esta exoneración tributaria, esta se aplicará a solicitud de la parte interesada, según los medios y mecanismos que ponga a disposición cada una de las municipalidades mencionadas anteriormente y presentando la certificación expedida por la Comisión Nacional de Emergencias en la que consten las afectaciones sufridas por las inundaciones acontecidas desde el primero de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023. 

En el caso de que existan contribuyentes de las zonas afectadas que cancelaron la totalidad de sus deudas para los periodos 2022 y 2023, se autoriza a las municipalidades de los cantones de Desamparados, Alajuelita y Aserrí para que puedan aplicar la condenación de deudas contenida en el artículo primero, para los dos períodos fiscales siguientes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 4-         Las administraciones municipales indicadas elaborarán los reglamentos y procedimientos correspondientes para determinar la correcta aplicación de las disposiciones de esta ley.  Los reglamentos serán aprobados por los concejos municipales para ser implementados por la administración dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la presente ley; de no cumplirse el plazo indicado, la alcaldía municipal deberá presentar un informe ante el concejo explicando las razones del incumplimiento y soluciones perentorias. 

Rige a partir de su publicación.

Leslye Rubén Bojorges León

Diputado

NOTA:           Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024889067 ).

PROYECTO DE LEY

LEY DE MODERNIZACIÓN Y ACCESO EQUITATIVO

A SERVICIOS PÚBLICOS EN CONDOMINIOS

DE INTERÉS SOCIAL

Expediente N.° 24.488

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A lo largo de más de 35 años de existencia del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), regulado mediante la Ley N.° 7052, de 13 de noviembre de 1986, ha otorgado más de 400 mil subsidios de bono familiar de vivienda los cuales se han distribuido en diferentes programas; como lo son: la modalidad de reparación, ampliación, mejoras o terminación, construcción en lote propio, bono en segunda planta, compra de vivienda existente y compra de lote y construcción, este último se ha otorgado como casos individuales y bajo el modelo de proyectos habitacionales en modalidad de urbanizaciones o condominios tanto verticales como horizontales.

El Estado costarricense, mediante el SFNV, ha facilitado que gran parte de la población de menores ingresos logre tener acceso a la vivienda, por medio del otorgamiento del bono familiar de vivienda, lo cual ha incidido en buena medida para que el déficit habitacional cuantitativo presente estabilidad en el tiempo.

Según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2021 (ENAHO-2021) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), se identifica un déficit habitacional de 184,810 viviendas, que representa un 11,2% del total de hogares, siendo el déficit cuantitativo de 15.915 y el cualitativo de 168.895.

Sin embargo, la demanda de viviendas continúa creciendo, el costo de la aumenta y los terrenos adecuados para la construcción son cada vez más escasos, principalmente en las zonas urbanas. Ante esta situación, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) ha implementado la densificación a través del financiamiento con bonos de vivienda para soluciones en condominios, contribuyendo al ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

En los últimos diez años, Costa Rica ha visto un crecimiento significativo en la construcción de condominios, impulsado por diversos factores como el aumento de la población urbana, la necesidad de mejorar el acceso a servicios, la mayor percepción de seguridad, en ocasiones las mejores condiciones de la movilidad urbana y el uso eficiente del terreno disponible. Este fenómeno, que ha transformado la forma de vida de muchos costarricenses, también se refleja en la vivienda de interés social mediante la construcción de condominios verticales, con esta estrategia, se ha logrado atender a un mayor número de familias de bajos ingresos en un espacio más reducido, optimizando así el uso del suelo y aprovechando la disponibilidad de los servicios públicos existentes, alineándose con el ODS 10: Reducción de las desigualdades y el ODS 1: Fin de la pobreza.

Entre 2019 y 2024, el Banco Hipotecario de la Vivienda Banhvi, junto con las entidades del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda a través del financiamiento con Bono Familiar de Vivienda, ha entregado proyectos en condominio como Torres de la Montaña en Desamparados, Las Trojas en Sarchí y Almendares en Sagrada Familia, San José, Vistas de Guadalupe en Goicoechea. Durante este periodo cerca de 900 familias han recibido una solución de vivienda bajo este modelo, cuando sus residencias anteriores se ubicaban en asentamientos informales, donde se carecía de la titularidad de las viviendas y en ocasiones se exponían a problemas de salubridad, inseguridad, ausencia de espacios públicos, entre otros. Estos proyectos ejemplifican como esta tendencia de optar por los condominios se ha materializado en la vivienda de interés social, optimizando el uso del suelo disponible.

Actualmente, se encuentran en desarrollo los condominios de interés social Cristal y La Esperanza, ubicados respectivamente en las provincias de Cartago y Alajuela, que representan una alternativa de vivienda para cerca de 300 familias de escasos recursos en estas regiones y que evidencian una tendencia al alza en el desarrollo de esta modalidad de proyectos. Así, sin descuidar la construcción de viviendas en zonas rurales y costeras, esta nueva forma de edificación se ha consolidado como una opción para las áreas urbanas, donde hay menos suelo disponible y este tipo un mayor valor, por lo que debe optimizarse su uso.

Además de facilitar el acceso a la vivienda adecuada a las familias más vulnerables de la sociedad, debido a las particularidades del modelo de vivienda en condominio, se ha hecho necesario destinar recursos para capacitar a las personas para adaptarse a esta nueva modalidad de vida, lo anterior puesto que vivir en condominios requiere una mentalidad y habilidades diferentes en comparación con las viviendas unifamiliares tradicionales, puesto que se requiere de la colaboración de los condóminos en aspectos como el mantenimiento de las áreas comunes, el cumplimiento de un Reglamento de Condominio, la participación en asambleas y otras características que son propias de este régimen de propiedad, contribuyendo al ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Sin embargo, la actual regulación bajo la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio no se ajusta adecuadamente a las necesidades y características específicas de los proyectos de vivienda de interés social, lo que genera problemáticas tanto jurídicas como sociales, tales como:

Falta de acceso directo del estado a servicios públicos: la normativa actual de condominios establece que la gestión de los servicios públicos esenciales (agua potable, saneamiento, electricidad, plantas de tratamiento, entre otros) a lo interno del condominio recae en la administración de este. Lo anterior resulta problemático en el caso de los condominios de interés social, pues dicha responsabilidad puede resultar en una gestión ineficaz, especialmente en comunidades con recursos limitados, afectando gravemente la calidad de vida de los residentes. Al regular los condominios de interés social bajo condiciones diferenciadas, se permitiría una intervención directa de los prestadores de servicios públicos a lo interno del condominio, garantizando la provisión adecuada de estos servicios esenciales.

Onerosidad de cuotas condominales: según la Ley de Condominios, los propietarios están obligados a sufragar los gastos de administración, conservación y operación de los servicios comunes, independientemente de su capacidad de pago. Debido a los altos costos derivados de la administración de los condominios, se generan conflictos y dificultades económicas para las familias de escasos recursos, perpetuando un ciclo de deterioro y conflictividad dentro de los condominios, por ende, la externalización de las áreas comunes a prestadores de servicios especializados puede contribuir significativamente a la reducción de las cuotas condominales que deben asumir las familias residentes, puesto que ya no serían las responsables directas de las infraestructura necesaria para tales servicios.

Gestión inadecuada de servicios y mantenimiento: en los condominios de interés social a menudo enfrenta deficiencias significativas debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos especializados por parte de los administradores. En muchos casos, los administradores de estos condominios carecen de la formación y experiencia necesarias para llevar a cabo de manera eficiente las tareas de mantenimiento y operación de las áreas comunes y gestión de servicios. Esta carencia puede resultar en la implementación de soluciones inadecuadas o temporales, que no abordan de manera efectiva los problemas estructurales y operativos que surgen en un condominio.

Además, la limitada disponibilidad de recursos financieros en los condominios de interés social restringe la capacidad de los administradores para contratar personal calificado o adquirir equipos y materiales necesarios para el mantenimiento adecuado de las instalaciones. Esta situación ha conducido a un deterioro progresivo de las infraestructuras y servicios comunes.

La inadecuada gestión y el deterioro resultante no solo afectan la calidad de vida de los residentes, sino que también generan un ambiente de conflictividad dentro de la comunidad. Los problemas no resueltos causan frustración y descontento entre los vecinos, aumentando las tensiones y los conflictos interpersonales.

Ante dichas problemáticas, se propone que los condominios de interés social cedan la gestión de los servicios públicos a los prestadores de los respectivos servicios y las vías, áreas recreativas y facilidades comunales al uso público, para que la municipalidad o la entidad competente se encargue de la operación y mantenimiento de esta infraestructura. Esto le evita la carga a la administración del condominio de sufragar estos gastos y realizar gestiones en las que puede que no estén especializados, dejando que las entidades competentes asuman sus competencias incluso a lo interno de los condominios de interés social.

Con esta propuesta se pretende también disminuir los gastos en los que deben incurrir los condóminos por conceptos de cuotas de mantenimiento, puesto que en vez de tener que sufragar directamente los costos las reparaciones o mejoras que requiera la infraestructura común del condominio, este será asumido por el prestador del servicio público respectivo, el cual lo diluirá en las tasas o tarifas que se cobren a la población. Lo anterior hace que quienes viven en un condominio de interés social no deban asumir cargas adicionales en comparación con si vivieran en una urbanización bajo el esquema de fraccionamiento simple, haciendo que esa solución sea igual de accesible y justa para toda la población que se beneficia del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, incluso la regulación diferenciada podría incluir subsidios o modelos de financiación adaptados a las realidades económicas de los beneficiarios.

La propuesta planteada en este proyecto de ley se alinea con varios Objetivos de desarrollo sostenible claves:

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Meta 11.1: Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles.

•    Indicador 11.1.1: Proporción de la población urbana que vive en asentamientos precarios, barrios marginales o viviendas inadecuadas.

Meta 11.3: Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles.

•    Indicador 11.3.2: Proporción de ciudades con una estructura de participación directa de la sociedad civil en la planificación urbana y la gestión.

ODS 10: Reducción de las desigualdades

Meta 10.2: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas.

•    Indicador 10.2.1: Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de ingresos.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Meta 16.6: Desarrollar instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

•    Indicador 16.6.2: Proporción de la población satisfecha con su última experiencia de servicio público.

Por estos motivos, sometemos a las señoras diputadas y a los señores diputados la siguiente iniciativa de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE MODERNIZACIÓN Y ACCESO EQUITATIVO

A SERVICIOS PÚBLICOS EN CONDOMINIOS

DE INTERÉS SOCIAL

ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 10 de la Ley N.º 7933, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, de 25 de noviembre de 1999, cuyo texto dirá lo siguiente:

Artículo 10- Deberán ser comunes:

a)  El terreno donde se asienta el edificio, cuando se trate de construcciones verticales, lo cual da como resultado que dos filiales o más descansen sobre el mismo suelo, o cuando, por requerirse así, deba considerarse común el suelo.

b)  Los cimientos, las paredes maestras y medianeras, los techos, las galerías, los vestíbulos y las escaleras, además las vías de acceso, salida y desplazamiento interno, cuando deban considerarse como tales, por el tipo de construcción o desarrollo.

c)  Los locales destinados al alojamiento del personal encargado de la administración o seguridad del condominio.

d)  Los locales y las instalaciones de servicios centrales como electricidad, iluminación, telefonía, gas, agua, refrigeración, tanques, bombas de agua, pozos y otros. Excepto para los condominios de interés social bajo declaratoria expresa del Banco Hipotecario de la Vivienda.

e)  Los ascensores, los incineradores de residuos y, en general, todos los artefactos y las instalaciones destinados al beneficio común.

f)  Otras que indique expresamente el reglamento.

La enumeración anterior no es taxativa, pues también son comunes las cosas necesarias para la existencia, seguridad, salubridad, conservación, acceso y ornato del condominio, aparte de las que expresamente se indiquen en la escritura constitutiva o en el reglamento del condominio. Con las excepciones establecidas para los condominios de interés social bajo declaratoria expresa del Banco Hipotecario de la Vivienda.

ARTÍCULO 2- Se reforma el artículo 39 de la Ley N.º 7933, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, de 25 de noviembre de 1999, cuyo texto dirá lo siguiente:

Artículo 39- Se establece la figura del condominio de interés social, bajo declaratoria expresa del Banco Hipotecario de la Vivienda. En los condominios de interés social, los complejos habitacionales disfrutarán de todos los derechos especiales, los programas, las normas específicas, las facilidades crediticias, las subvenciones, los controles y las obligaciones de que goza la vivienda de interés social, sin perder por ello ninguna de las prerrogativas de la propiedad en condominio.

En los condominios de interés social, las instalaciones de servicios centrales como electricidad, telecomunicaciones, agua, tanques, bombas de agua, pozos, tratamiento de aguas residuales, gestión de aguas pluviales y otro, deberán ser cedidas al prestador del servicio público correspondiente. Además, en el caso de los condominios de interés social que deban construir para su funcionamiento calles, aceras, cordón y caño, parques y facilidades comunales, estos deberán ser cedidos gratuitamente al uso público municipal. Los condominios de interés social también estarán sujetos al pago de tasas y precios municipales. Todo lo anterior, de conformidad con el reglamento que se establezca al efecto.

Los espacios destinados a parqueos y los locales comerciales en caso de vivienda productiva se mantendrán como propiedades de naturaleza privada.

Los condominios de interés social existentes a la publicación de esta ley pueden ceder al uso público, cuando así lo decida por mayoría simple de sus condóminos en Asamblea General, las áreas y servicios mencionados en el párrafo anterior.

TRANSITORIO ÚNICO-        El Poder Ejecutivo deberá actualizar las disposiciones de esta ley dentro de un plazo de tres meses a partir de su publicación.

Rige tres meses después de su publicación.

    Horacio Martín Alvarado Bogantes          María Marta Carballo Arce

         Leslye Rubén Bojorges León                María Daniela Rojas Salas

        Carlos Andrés Robles Obando           Alejandro José Pacheco Castro

Diputados y diputadas

NOTA:        Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024889070 ).

PROYECTO DE LEY

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO COSTARRICENSE

DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS PARA

CONDONAR LA DEUDA POR SERVICIOS

PRESTADOS DE AGUA POTABLE,

CARGOS VARIOS Y MULTAS,

FACTURADOS A POBLACIÓN

NGÄBE - BUGLÉ DEL

CANTÓN DE SIXAOLA,

EN LA PROVINCIA

DE LIMÓN

Expediente N.° 24.490

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Ley Nº 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas), es una institución autónoma de derecho público encargada, en lo que aquí interesa, de la administración y prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial en todas aquellas comunidades o ciudades del territorio nacional que estén o llegaren a estar bajo su administración. Conforme lo regula el artículo 17 de la Ley Constitutiva, AyA no podrá hacer condonaciones sin la aprobación de la Asamblea Legislativa.

El presente proyecto de ley propone autorizar la condonación de la deuda que presenta los siguientes servicios NIS: 5524371, 5524353, 5524763, 5524223, 5524679, 5524661, 5524359, 5524361, 5524727, 5524402, 5524220, 5524271, 5524229, 5524394, 5524336, 5524729, 5524338, 5524232, 5524340, 5524290, que abastecen de agua a personas indígenas Ngäbe-Buglé del cantón de Sixaola, en la provincia de Limón. Según lo que la Dirección de la Región Huetar Caribe informa que el total adeudado es de ¢18,003,577.15.

Las razones en las que se fundamenta esta iniciativa de ley se exponen seguidamente de conformidad con el informe técnico GSP-RHC-2024-01061 de fecha 15 de mayo de 2024, emitido por la Dirección Huetar Caribe de AyA. Así también en los mandatos que se derivan del principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y se desarrolla en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que establecen que los actos y comportamientos de la Administración Pública, deben estar regulados por norma escrita.

Por último, se basa en la obligación del Estado de generar acciones afirmativas y diferenciadas para reducir y eliminar la brecha de exclusión social que afectan a los pueblos indígenas, de conformidad con los diversos convenios internacionales que velan por los derechos de los pueblos indígenas. Además, se sustenta en la priorización de garantizar el derecho humano al agua a dichas poblaciones.

Antecedentes

Sixaola es una comunidad situada en la frontera con Panamá, en el extremo sur del cantón de Talamanca, cuyos habitantes se dedican principalmente al comercio y al trabajo en fincas bananeras. Por su cercanía con la frontera también es habitada por miembros de la comunidad indígena Ngäbe-Buglé que se han asentado en esta área y en otras a lo largo de la Ruta 36.

Existe muy poca información sobre la caracterización de la población Ngäbe-Buglé habitante de Sixaola. Según el Censo Centroamericano de Población de 2011, existe una población de 2254 personas que se han asentado en este cantón fundamentalmente para trabajar en las plantaciones de banano y plátano.^[13] No obstante, otras investigaciones estiman que el número de habitantes debe estar muy por encima de los 2600 habitantes.^[14] Según datos del Ministerio de Salud, estas personas constituyen el segundo pueblo originario más numeroso del cantón de Talamanca.

Este grupo indígena es el más numeroso de la Baja Centroamérica, con aproximadamente 284,058 personas en Panamá y 9,543 en Costa Rica. Toda la región de Talamanca forma parte de territorio ancestral común para los NgäbeBuglé. Debido a que están ubicados en la frontera entre Panamá y Costa Rica, este grupo es considerado transfronterizo. Como tal, han enfrentado el desafío de ser considerados extranjeros en su propia tierra, ya que el concepto de fronteras nacionales es ajeno a su identidad cultural.^[15]

Sobre sus condiciones sociales y económicas también existe una escasez de información. No obstante, visitando la zona se puede constatar que la mayoría viven en condiciones de vulnerabilidad social. No son propietarios, sino que habitan en tierras alquiladas, prestadas o una parte importante vive en tierras de una empresa privada, con la cual sostienen un conflicto laboral desde hace muchos años; por otro lado, las casas de habitación se encuentran en situación de precariedad. Además, una de las principales fuentes de trabajo para los hombres indígenas de la zona es como peón de fincas bananeras mientras que las mujeres se dedican a la confección y venta de artesanía. La misma falta de información concisa sobre esta población es un indicador de la vulnerabilidad en la que se encuentran y de la exclusión que han vivido por parte del Estado costarricense.

A modo de ejemplo, para el 2023 el Instituto Mixto de Ayuda Social, en el marco de la discusión sobre los desalojos en Finca 1 y Finca 2, realiza un informe socioeconómico de las familias Ngäbe-Buglé y señala que de las 87 familias censadas (aproximadamente 434 personas) 41 se encuentran en condición de pobreza extrema, 22 en pobreza básica y 11 en pobreza vulnerable. Es decir, del total de familias censadas, el 85% se encuentra en alguna condición de vulnerabilidad social.^[16]

Un antecedente significativo es que, en 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza (Ley N.º 9710). Esta ley otorgó a las personas indígenas transfronterizas el pleno derecho a la nacionalidad costarricense y marcó el inicio de su proceso de obtención de cédula de identidad. De esta manera las personas indígenas Ngäbe-Buglé han podido acceder a servicios públicos y recibir atención de instituciones de las que estuvieron privadas durante décadas debido a la falta de ciudadanía.

Sobre la condonación

Actualmente, dicha población recibe el servicio de agua proporcionado por AyA en la zona. Algunos de estos usuarios han experimentado facturaciones superiores al promedio establecido para tarifas residenciales.

Según el informe GSP-RHC-2024-01061, emitido por la Dirección de la Región Huetar Caribe, durante las inspecciones de campo real, se han identificado diversas causas como fugas internas registradas en los hidrómetros, servicios que abastecen a más de una unidad habitacional y un factor de ocupación mayor al promedio en comparación con otras áreas. Esto, sumado a la decisión de no desconectar servicios por morosidad durante la pandemia de COVID-19, ha resultado en la acumulación de deudas que en algunos casos han alcanzado montos significativos.

Por la situación de vulnerabilidad económica anteriormente expuesta, los aumentos en las facturas del servicio de agua sobrepasaron la capacidad de pago de las personas indígenas usuarias, por lo tanto, la acumulación de la deuda creció a montos elevados imposibles de pagar por parte de ellas. En el siguiente cuadro se detalla la condición de la deuda de cada servicio.

 

Cabe mencionar que desde el 2022 las personas usuarias afectadas han buscado espacios de diálogo para resolver su situación. Por otro lado, el AyA ha generado los procesos de cobro correspondientes pero los resultados fueron infructuosos debido a la situación económica y social de los habitantes, pero también por problemas de comunicación de la institución con la población indígena.

Debido a la relación costo-beneficio, no es conveniente seguir destinando recursos a más gestiones de cobro, ya que esto implicaría un gasto real para AyA sin obtener resultados positivos. Por lo tanto, la tramitación de esta iniciativa de ley ofrece una oportunidad para que los montos incobrables de estos servicios ya no aparezcan en los Estados Financieros de la Institución, permitiendo así priorizar el principio de garantizar el derecho humano al acceso al agua.

Por el principio de legalidad, se requiere de una ley que autorice la condonación de la deuda. Existen antecedentes de procesos similares como el expediente 22.875 para autorizar al AyA que condone la deuda por servicios prestados de agua potable al asentamiento Los Lirios, de la provincia de Limón, que justamente a raíz de la condición socio económica de los habitantes del asentamiento no podían cancelar la obligación.

Además, se debe tener en cuenta que Costa Rica es firmante de convenios internacionales (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo) que obligan al Estado a garantizar las condiciones necesarias para la vida digna de los pueblos indígenas, condiciones entre las que se cuenta el acceso a servicios básicos. Así también de esta normativa internacional se desprende que el Estado debe desarrollar acciones afirmativas y normativas alternativas diferenciadas para estas poblaciones con miras a eliminar la condición histórica de exclusión social a la que han sido sometidas.

En mérito de las anteriores consideraciones, este proyecto de ley se ha desarrollado en coordinación con las propias personas del pueblo Ngäbe-Buglé que se han visto afectadas por elevadas facturaciones y acumulación de montos adeudados que provocan que se les limite su acceso a agua potable. Y también se ha dialogado y coordinado con el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que nos ha facilitado la información necesaria, con el objetivo de que se le autorice a declarar la condonación de la deuda los servicios anteriormente expuestos, que abastecen a familias de la población indígena Ngäbe-Buglé del cantón de Sixaola.

Por las razones expuestas, sometemos a consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO COSTARRICENSE

DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS PARA

CONDONAR LA DEUDA POR SERVICIOS

PRESTADOS DE AGUA POTABLE,

CARGOS VARIOS Y MULTAS,

FACTURADOS A POBLACIÓN

NGÄBE - BUGLÉ DEL

CANTÓN DE SIXAOLA,

EN LA PROVINCIA

DE LIMÓN

ARTÍCULO ÚNICO-               Condonación

Se autoriza al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que condone y proceda a liquidar contra la Provisión de Incobrables de las Cuentas por Cobrar derivadas de la venta de servicios, la deuda total que presentan los siguientes servicios:

Nis                  Nombre cliente

5524371        Víctor Cubilla Beker

5524353        Constantino Juan Choli

5524763        Eliecer Miller Marcelino

5524223        Emilia Miranda Miranda

5524679        Ramiro Becker Becker

5524661        Marlon Orlando Hernández

Nis                  Nombre cliente

5524359        Maritza Francisco Francisco

5524361        Aurelio Miranda Castillo

5524727        Arturo Molina Molina

5524402        Diofila Pedro Pedro

5524220        Simón Guerra Abrego

5524271        Suleyka Sánchez Santana

5524229        Paula Santos Molina

5524394        Armodio Santiago Archibol

5524336        Yomira Abrego Cruz

5524729        Itzenia Beker Miranda

5524338        Ceneida Migar Santiago

5524232        Magali Sánchez Sánchez

5524340        Carlos Hompris Juan

5524290        Ramiro Villagra Castillo

Cuyo uso del agua está clasificado en tarifa domiciliar y que abastece a diversas familias indígenas Ngäbe-Buglé ubicadas en el cantón de Sixaola de la provincia de Limón, correspondiente a facturas vencidas, en estado de morosidad, por concepto de los servicios de agua potable, cargos varios y multas.

Rige a partir de su publicación.

Jonatan Jesús Acuña Soto

             Rocío Molina Alfaro                             Priscilla Vindas Salazar

     Antonio José Ortega Gutiérrez                Andrés Ariel Robles Barrantes

Diputados y diputadas

NOTA:        Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024889181 ).

ACUERDOS

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

N° DH-A-2723-2024

LA DEFENSORA DE LOS HABITANTES

DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en los artículos 1 y 2 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, Ley N° 7319 publicada en La Gaceta N° 237 del 10 de diciembre de 1992; los artículos 1, 6 incisos 2) y 3), 7 incisos c), ch), 9 incisos a), d) y e), 20 y 63 del Reglamento a dicha Ley, Decreto Ejecutivo N° 22266-J del 16 de julio de 1993; los artículos 4, 6, 10, 11, 13, 101, 102 incisos a) y b), 103 incisos 1) y 3), 105 inciso 1), 129 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, artículo 8 incisos c) y d), 10, 12 incisos a) y b), 15 incisos a) y b) de la Ley General de Control Interno, Ley N° 8292.

Considerando:

I.—Que en su condición de Jerarca, a la Defensora de los Habitantes le corresponden las funciones de organización, dirección y coordinación en el funcionamiento de la institución, para el mejor logro de los cometidos y funciones legalmente asignadas.

II.—Que para cumplir su mandato legal de proteger los derechos e intereses de las personas habitantes, la institución ha organizado su estructura funcional y sus procesos de trabajo con miras a ser una institución dinámica, flexible, eficiente y eficaz.

III.—Que mediante Acuerdo N° 2477 de fecha 26 de julio de 2022, la entonces Jerarca modificó el nombre del “Manual de Macroproceso de Defensa de los Derechos e Intereses de la Defensoría de los Habitantes de la República”, que así había sido asignado mediante Acuerdo N° 2268 de fecha 19 de diciembre de 2019 y lo cambió por “Reglamento para la atención, trámite y registro de las quejas, reclamos y consultas de las y los habitantes de la República”.

IV.—Que en el considerando VIII del Acuerdo N° 2477, se establece que la fundamentación de tal modificación se basa en la “…necesidad de redimensionarán (sic) su accionar, como resulta ser la modificación tanto de la nomenclatura, como del escalafón jerárquico de la normativa, a fin de que se acorde con la realidad organizacional, actual de la institución, por cuanto el concepto de reglamento, en el caso específico, conlleva la aplicación efectiva de un Enfoque Basado en Derechos Humanos, procurando una identificación integral, que busque asegurar normativamente, que los derechos e intereses de las y los habitantes, sean el centro y fin de la gestión del Estado”.

V.—Que el considerando IX del Acuerdo N° 2477 señala que “…de acuerdo con el contenido desarrollado dentro del cuerpo normativo, estamos en presencia de un reglamento que regula el procedimiento para la atención, trámite y registro de las quejas, reclamos y consultas de las y los habitantes, no así un manual de instrucciones sobre los pasos que se deben seguir, en tema en específico”.

VI.—Que los manuales administrativos contribuyen al mejoramiento de la gestión institucional, toda vez que proveen a las personas funcionarias un medio para recibir una orientación técnica clara y precisa sobre el modo de ejercicio de las funciones a fin de asegurar el cumplimiento del objetivo institucional, que en el caso de la Defensoría de los Habitantes, se encuentra establecido en el artículo 1 de la Ley N° 7319, Ley de la Defensoría de los Habitantes.

Según lo establece el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica^[17], los manuales administrativos son instrumentos que apoyan el funcionamiento institucional, en ellos se concentra información amplia y detallada acerca del quehacer de la institución, pero no son duplicados de otros instrumentos normativos como leyes, reglamentos, directrices, entre otros. Los manuales facilitan el desarrollo de las funciones administrativas y operativas, son un instrumento de comunicación cuyo principal propósito es instruir al personal acerca de las funciones, relaciones, procedimientos, políticas, objetivos y normas para lograr una mayor eficiencia en el trabajo.

Entre los principales objetivos de los manuales de procedimiento se encuentra la instrucción a los colaboradores sobre procedimientos, precisar funciones, propiciar la uniformidad en la ejecución de las labores, servir como medio de integración y orientación a los colaboradores de nuevo ingreso, servir para el análisis o revisión de los procesos de una institución para el mejoramiento de sistemas, procesos, procedimientos, y métodos de trabajo y aumentar la eficiencia de los funcionarios indicándoles qué es lo que deben hacer y cómo hacerlo.

VII.—Que el término “reglamento” alude particularmente a cuerpos normativos que pueden ser de tres tipos^[18], a decir, autónomos (de organización o servicio), ejecutivos y delegados. Los reglamentos autónomos no requieren de una ley previa y su regulación refiere a la organización interna de las dependencias y distribución de las competencias, se ocupan de crear órganos internos, en suma son normas de carácter interno sin relación directa con los administrados; en el caso de los de servicio, éstos refieren a la organización en la prestación del servicio público y la regulación de la relación de servicio o estatutaria entre la Administración y el personal. Los reglamentos ejecutivos por su naturaleza requieren de una ley previa a la cual desarrollan, complementan y ejecutan. Por último, los reglamentos delegados, son aquellos que por autorización expresa de una ley, refieren a la materia reservada a la ley formal, o la derogan o modifican como si fueran leyes emitidas por el Poder Legislativo.

VIII.—Que en línea con la naturaleza y propósitos que persigue un manual administrativo según lo señalado en el Considerando VI del presente Acuerdo, el Manual de Macroproceso de Defensa de los Derechos e Intereses de la Defensoría de los Habitantes, es una herramienta de trabajo que articula, de manera integral, un conjunto de procesos orientados a lograr un fin u objetivo específico; integra todas las estrategias de defensa que utiliza la Defensoría de los Habitantes para atender su mandato, es decir, a partir de la estructura de un macroproceso, el manual contempla el conjunto de procesos establecidos por la institución para ejercer la defensa de derechos, tanto los solicitados por una persona habitante, por organizaciones de la sociedad civil o entidades y los definidos a criterio institucional como intervenciones de oficio e investigaciones temáticas y estructurales.

IX.—Que la atención, trámite y registro de las quejas, reclamos y consultas de las personas habitantes –nombre asignado a través del Acuerdo N° 2477– constituyen actividades tan sólo de algunas de las estrategias de defensa que utiliza la institución, de modo que no es un nombre que abarque y contemple todos los procesos de trabajo que regula y articula ese cuerpo normativo. Aunado a lo anterior, el instrumento que desarrolla los procesos de defensa institucional no corresponde a un reglamento según la clasificación que rige en nuestro ordenamiento jurídico señalado en el Considerando VII del presente Acuerdo. Por tanto,

ACUERDA:

Único: Revocar el Acuerdo N° 2477 de fecha 26 de julio de 2022, de modo que para referirse al instrumento normativo interno que regula todos los procesos de trabajo y las estrategias de defensa que utiliza la Defensoría de los Habitantes emitido mediante Acuerdo N° 2268 de fecha 19 de diciembre de 2019, dejará de utilizarse el nombre de Reglamento para la atención, trámite y registro de las quejas, reclamos y consultas de las y los habitantes de la República y en su lugar, se restablece el uso del nombre Manual de Macroproceso de Defensa de los Derechos e Intereses de la Defensoría de los Habitantes de la República.

Comuníquese a todo el Personal y Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Ciudad de San José, a las nueve horas del día dieciocho de julio de dos mil veinticuatro.

Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes de la República.—1 vez.—O. C. N° 024018.—Solicitud N° 529531.—( IN2024887868 ).