LEYES

10540

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 9220, RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL

ARTÍCULO ÚNICO-  Se modifica el artículo 3 de la Ley 9220, Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, de 24 de marzo de 2014. El texto es el siguiente: (...)

ARTÍCULO 3-  Población objetivo

La población objetivo la constituyen, prioritariamente, todos los niños y las niñas menores de siete años de edad; no obstante, de acuerdo con las necesidades específicas de las comunidades y familias atendidas, y la disponibilidad presupuestaria, se podrán incluir niños y niñas hasta los doce años de edad con 364 días cumplidos y, adolescente, a toda persona de trece años y menor de dieciocho años, si posee alguna discapacidad, de acuerdo con la priorización que establezca la Secretaría Técnica de la Redcudi. Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-              Aprobado a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

Carlos Felipe García Molina                 Olga Ligia Morera Arrieta

              Primer secretario                         Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado.—La Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Yorleni León Marchena.— 1 vez.—( L10540 - IN2024904619 ).

10547

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 14 BIS Y 49 DE LA LEY 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998

ARTÍCULO ÚNICO-  Refórmense los artículos 14 bis y 49 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998.Los textos son los siguientes:

Artículo 14 bis-  Una vez asumido el cargo, y en el plazo máximo de diez días hábiles, la persona titular de la alcaldía o intendencia deberá precisar y asignar las funciones administrativas y operativas de la primera vicealcaldía o primera vice intendencia, además de las establecidas en el artículo 14 de la presente ley y el articulo 49 respecto a la Comisión Permanente de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor (Comudam), las cuales deberán asignarse, de manera formal, precisa, suficiente y oportuna y correspondiente al rango, responsabilidad y jerarquía equiparable, a quien ostenta la alcaldía propietaria o intendencia.

Estas funciones, excepto las que por ley ya tenga, deberán ser establecidas mediante acto administrative escrito y debidamente motivado. Su contenido debe definir el alcance y límite de las funciones asignadas y debe ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta para su eficacia, previa comunicación al concejo municipal y a las dependencias de la corporación. En case de revocatoria o modificación del acto, se exigirá para su validez la expresión de las causas, los motives y las circunstancias que la justifican y se acompañará la documentación de respaldo.

Además, incluidas las que por ley ostente, deben ser incorporadas en el Plan de Desarrollo Municipal y en el programa de gobierno que debe presentar ante la ciudadanía y ante el concejo municipal, antes de entrar en posesión del cargo.

Cada año, al realizar su rendición de cuentas, la persona titular de la alcaldía o intendencia debe incluir en su informe las acciones desarrolladas por la vicealcaldía primera o vice intendencia primera y ratificar por escrito las funciones asignadas a dicho cargo, e informarlo al concejo municipal. De igual forma, deberá procederse si se realiza cualquier cambio en la asignación de las funciones.

Sera obligación de la persona titular de la alcaldía o intendencia asignarle, a la primera vicealcaldía o vice intendencia primera, un espacio físico adecuado y los recursos humanos y financieros necesarios, según las capacidades del presupuesto del gobierno municipal y en proporción a las funciones asignadas, para que estas puedan ser desarrolladas y no existan obstáculos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 49-  En la sesión del concejo, posterior inmediata a la instalación de sus miembros, quien ocupa la presidencia nombrará a las personas integrantes de las comisiones permanentes, cuya conformación podrá variar anualmente.

Cada concejo integrará, como mínimo, diez comisiones permanentes: Hacienda y Presupuesto, Obras Publicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor (Comudam), Condición de la Mujer y la de Seguridad. Al integrarlas, se procurará que participen en ellas todos los partidos políticos representados en el concejo municipal. Sus integrantes serán escogidos de entre los regidores propietarios y suplentes. La Comisión Permanente de Seguridad podrá tener, en calidad de asesores, s los funcionarios de las fuerzas de policías presentes en el cantón, miembros de la sociedad civil y de asociaciones comunales. Las oficinas de discapacidad que existan en las municipalidades serán auxiliares de la Comudam.

Al integrar la Comisión Permanente de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, el presidente Io hará con las personas regidoras propietarias y suplentes, las primeras vicealcaldías y vice intendencias; también podrán integrar en estas a las personas sindicas propietarias y suplentes, todas con voz y voto.

Podrán existir las comisiones especiales que decida crear el concejo. La persona que ejerce la presidencia municipal se encargara de integrarlas respetando el principio constitucional de paridad de género en su conformación.

Cada comisión especial estará integrada al menos por tres miembros: dos deberán ser escogidos de entre las personas regidoras propietarias y suplentes. Podrán integrarlas las personas sindicas propietarias y suplentes; estas últimas tendrán voz y voto.

Sesionarán ordinariamente una vez al mes y, extraordinariamente, cuando las convoque la persona coordinadora nombrada de su seno en la primera sesión que celebren.

Las personas funcionarias municipales y las particulares podrán participar en las sesiones en calidad de asesoras.

En cada municipalidad se conformará un Comité Cantonal de la Persona Joven, el cual se considera una comisión permanente de la municipalidad, integrada según Io establecido en la Ley 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de mayo de 2002, y sus reglamentos.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-              Aprobado a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

Carlos Felipe García Molina                 Olga Lidia Morera Arrieta

     Primer secretario                                  Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE

RODRIGO CHAVES ROBLES.—Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—Exonerado.—( L10547 - IN2024904625 ).

PROYECTOS

TEXTO SUSTITUTIVO

Expediente 23.528

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA

LEY PARA DETALLAR EXPLÍCITAMENTE

EL TELETRABAJO EN EL EXTRANJERO

EVITANDO INTERPRETACIONES

SUBJETIVAS

ARTÍCULO 1- Se modifican los artículos 2 y 10 de la Ley para Regular el Teletrabajo, N° 9738, de 18 de setiembre de 2019, y se lean de la siguiente forma:

Artículo 2- Ámbito de aplicación del teletrabajo y acceso voluntario

Queda sometido al ámbito de aplicación de la presente ley, tanto el sector privado como toda la Administración Pública, tanto centralizada como descentralizada, incluyendo aquellos entes pertenecientes al régimen municipal, así como las instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas y cualquier otro ente perteneciente al sector público. El teletrabajo se podrá dar tanto en el ámbito nacional como en el extranjero.

El teletrabajo es voluntario tanto para la persona teletrabajadora como para la persona empleadora y se regirá en sus detalles por el acuerdo entre las partes, observando plenamente las disposiciones de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, los instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos y los instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos laborales y demás legislación laboral. Puede ser acordado desde el principio de la relación laboral o posteriormente. Únicamente quien lo acuerde posteriormente puede solicitar la revocatoria sin que ello implique perjuicio o ruptura de la relación laboral bajo las condiciones que se establecen en esta ley, dicha solicitud deberá plantearse con al menos diez días naturales de anticipación, siempre y cuando sea justificado y siga un procedimiento elaborado al efecto por cada centro de trabajo.

ARTÍCULO 10- Riesgos de trabajo. En lo que respecta a los riesgos del trabajo, para el teletrabajo, tanto nacional como en el extranjero, se aplicarán las pólizas previstas para el trabajo presencial y se regirá por lo dispuesto en la Ley N. 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943.

Se consideran riesgos de trabajo, en la modalidad de teletrabajo, los accidentes y las enfermedades que ocurran a los teletrabajadores con ocasión o a consecuencia del teletrabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades.

Se excluyen como riesgos del trabajo, en teletrabajo, los siniestros ocurridos en los términos del artículo 199 del Código de Trabajo y aquellos riesgos que no ocurran las personas teletrabajadoras con ocasión o a consecuencia del trabajo que desempeñan.

Cuando la persona trabajadora realice sus funciones en el extranjero, la persona empleadora deberá suscribir la cobertura de extraterritorialidad en las pólizas de riesgos de trabajo.

“ARTÍCULO 2- Se adiciona un nuevo artículo 11 a la Ley para Regular el Teletrabajo, N.° 9738, de 18 de setiembre de 2019, y se lea de la siguiente forma:

Artículo 11- Teletrabajo en el extranjero

Cuando la persona empleadora dentro de sus facultades legales le solicite a la persona teletrabajadora a realizar teletrabajo en el extranjero, siempre que haya un consentimiento de la persona teletrabajadora, debe asumir todas las obligaciones establecidas en la presente ley y debe proveer los instrumentos tecnológicos, equipo, programas correspondientes, así como los seguros de riesgo de trabajo y otros requeridos para el debido ejercicio de su teletrabajo en el extranjero.”

Rige a partir de su publicación.

Dip. Diputado Oscar Izquierdo Sandí

Presidente

Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera

1 vez.—Exonerado.—( IN2024904678 ).

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE LA MUJER

TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO EN LA SESION

ORDINARIA N° 13 DEL 9 DE OCTUBRE 2024

EXPEDIENTE 23.715

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

“REFORMA DE LOS INCISOS B) Y C) Y DEL ÚLTIMO PÁRRAFO

DEL ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY Nº 2 DEL

27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS, Y REFORMA

DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY MARCO DEL EMPLEO

PÚBLICO, LEY Nº 10.159 DEL 8 DE MARZO DEL 2022.

LEY PARA EL RECONOCIMIENTO

DE LA COMATERNIDAD.”

ARTÍCULO 1- Se reforman los incisos b) y c) y el último párrafo del artículo 95 del Código de Trabajo, Ley Nº 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas. El texto se leerá de la siguiente manera:

Artículo 95- La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto y los tres posteriores a él. Estos tres meses también se considerarán como período mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica, podrá ser prorrogado para los efectos del artículo anterior.

Se otorgará licencia especial en los siguientes supuestos:

a)       En la adopción individual se otorgará licencia especial de tres meses de forma remunerada al adoptante y en la adopción conjunta se otorgará licencia especial de tres meses, divisible entre las personas adoptantes de común acuerdo, la cual podrá tomarse de forma simultánea o alterna, según decisión de las partes. En estos casos de adopción, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Código de Familia y regulación conexa, la licencia se iniciará el día inmediato siguiente a la fecha en que sea entregada la persona menor de edad. Para gozar de la licencia, la persona adoptante deberá presentar una certificación, extendida por el Patronato Nacional de la Infancia, el juzgado de familia correspondiente, o el notario público en su caso, en la que consten los trámites de adopción y su resolución favorable.

b)       A los padres biológicos se les otorgará una licencia de paternidad y a las mujeres cónyuges o convivientes de hecho de las madres al momento del parto, en razón de que ostentan también la condición de madres, una licencia de comaternidad, las cuales serán de dos días por semana durante las primeras cuatro semanas a partir del nacimiento de su hijo o hija; la persona empleadora estará en la obligación de concederles permiso para compartir con su hijo o hija recién nacido y contribuir con su cuidado dentro de los parámetros de dicha licencia. En caso de que esta disposición no se le respete al padre biológico o a la madre en su trabajo, la parte patronal incurrirá en una falta grave al contrato laboral y, además, deberá retribuir a la persona trabajadora en todos los extremos laborales que corresponde según la ley, y agregar a la indemnización la suma de seis salarios.

c)  En el caso de muerte materna en el parto, durante la licencia o durante los tres primeros meses contados a partir del parto, cuyo niño o niña haya sobrevivido, el padre biológico o la madre sobreviviente de la persona recién nacida tendrá derecho a una licencia remunerada especial posparto. Esta licencia se extenderá hasta el término del tercer mes contado a partir del parto.

El padre o la madre sobreviviente del niño o la niña recién nacido deberá comprometerse a hacerse cargo de la persona recién nacida; en ausencia del padre o de la madre sobreviviente, o en el caso de que estas personas no se comprometan a hacerse cargo de la persona menor de edad, se concederá esta licencia especial a la persona trabajadora que demuestre que se hará cargo del niño o la niña recién nacida. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) deberá colaborar de forma expedita en este trámite y otorgar una resolución certificada para estos efectos a la persona que se va a hacer cargo de la persona recién nacida y así lo solicite. Esta licencia especial se otorgará al padre, a la madre sobreviviente o a la persona que se haga cargo del niño o la niña, en tanto sean personas trabajadoras, independientemente de si la madre fallecida era persona trabajadora al momento de su muerte.

Durante la licencia, el sistema de pago de este subsidio se regirá según lo dispuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social en su normativa sobre el “Riesgo de Maternidad”, la licencia de maternidad y las licencias especiales contempladas en este artículo. El pago de esta licencia deberá computarse para los derechos laborales que se deriven del contrato de trabajo.

El monto que corresponda, según el caso, al pago de esta licencia deberá ser equivalente al salario de la trabajadora y lo cubrirán, por partes iguales, la Caja Costarricense de Seguro Social y la parte patronal. Asimismo, para no interrumpir la cotización durante ese período, la persona empleadora y la persona trabajadora deberán aportar, a la Caja Costarricense de Seguro Social, sus respectivas contribuciones sociales sobre la totalidad del salario devengado durante la licencia.

Los derechos laborales derivados del salario y establecidos en esta ley, a cargo de la persona empleadora, deberán ser cancelados en su totalidad a la persona trabajadora. Para todos los efectos, las licencias especiales no interrumpen el contrato laboral.

El cálculo de todos los derechos laborales establecidos en esta ley a cargo de la persona empleadora se realizará sobre la base del salario que tenía la persona trabajadora antes de dicha licencia.

La trabajadora embarazada adquirirá el derecho de disfrutar de la licencia remunerada, solo si presenta a la persona empleadora un certificado médico en el que conste que el parto sobrevendrá, probablemente, dentro de las cinco semanas posteriores a la fecha de expedición de este documento. Para efectos del artículo 96 de este Código, la persona empleadora acusará recibo del certificado.

Las personas profesionales en Medicina que desempeñen cargo remunerado por el Estado o sus instituciones deberán expedir este certificado.

ARTÍCULO 2- Se reforma el artículo 41 de la Ley Marco del Empleo Público, Ley Nº 10.159 del 8 de marzo del 2022. El texto se leerá de la siguiente manera:

Artículo 41- Permiso de paternidad o comaternidad. Los padres que tengan una hija o hijo biológico o en adopción, así como las mujeres cónyuges o convivientes de hecho de la madre al momento del parto o de la adopción, en razón de ostentar también la condición de madres, podrán gozar de un permiso de paternidad o comaternidad, respectivamente, con goce de salario, por un mes calendario, posterior al día de nacimiento o al momento de concretarse la adopción de la persona menor de edad.”

Rige a partir de su publicación.

DIPUTADA CAROLINA DELGADO RAMIREZ

PRESIDENTA COMISIÓN DE LA MUJER

1 vez.—Exonerado.—( IN2024904621 ).

Texto Dictaminado

Expediente 23.798

22/10/2024

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

NOMBRAMIENTO, DESTITUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE

LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACIÓN DE

LOS CENTROS OFICIALES DE ENSEÑANZA

ARTÍCULO 1- Se reforma el inciso g) del artículo 13 de la Ley N.º 7.794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, y en adelante se lea así:

Artículo 13- Son atribuciones del concejo:

(…)

g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa y mediante procedimientos que garanticen el debido proceso y el derecho de defensa de las personas investigadas. Para tal efecto, el concejo recibirá ternas de parte del director del circuito educativo, los directores de los centros educativos, los consejos de profesores, los padres de familia, comités de la persona joven, los concejos de distrito, las asociaciones y los comités comunales constituidos de conformidad con la ley y los vecinos en general.

A las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación les serán aplicables las normas que regulan la administración de fondos públicos y actuarán bajo la vigilancia de los órganos del Estado que controlan y fiscalizan el uso de fondos públicos. Las auditorías municipales y del MEP deberán realizar al menos una revisión exhaustiva anual, sobre la labor de las juntas y enviar un informe con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones al concejo municipal y las autoridades competentes del MEP, respectivamente.

Además, corresponde a los concejos municipales nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera.

(…)

ARTÍCULO 2- Se reforman los artículos 41 y 43 de la Ley N.º 2.160, Ley Fundamental de la Educación, de 25 de setiembre de 1957, en adelante los textos serán los siguientes:

Artículo 41- En cada distrito escolar habrá una junta de educación nombrada por la municipalidad del cantón, de conformidad con el artículo 13 inciso g) del Código Municipal.

Artículo 43- Cada institución de enseñanza media contará con una junta administrativa nombrada por la municipalidad, de conformidad con el artículo 13, inciso g), del Código Municipal.

Las juntas administrativas tienen plena personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. En cuanto a bienes inmuebles, solo podrán adquirir los que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de los centros de educación que tengan a su cargo. En la realización de estos actos jurídicos, las juntas administrativas estarán sujetas a las 14 disposiciones que respecto a las juntas de educación establecen los artículos 36, 37 y 38 del Código de Educación. En cuanto a impuestos nacionales y municipales, las juntas administrativas gozarán de las mismas exenciones otorgadas por las leyes a las juntas de educación.

Los bienes propiedad de las juntas administrativas destinados a sus funciones públicas son inembargables.

TRANSITORIO I- Dentro de los siguientes 90 días posteriores a la entrada en vigencia de esta ley, las municipalidades deberán reglamentar las competencias que se les asignan.

TRANSITORIO II- Los procesos de destitución de miembros de juntas en curso y los que se generen con anterioridad a la entrada en vigencia del reglamento a la presente ley, deberán ser tramitados de conformidad con la Ley General de la Administración Pública.

Rige a partir de su publicación.

Diputado Danny Vargas Serrano

Presidente de la Comisión Permanente

Ordinaria de Asuntos Jurídicos

1 vez.—Exonerado.—( IN2024905030 ).

PROYECTO DE LEY

TEXTO DICTAMINADO

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA AUTORIZAR LA DEFENSA LEGAL DE

LAS PERSONAS FUNCIONARIAS PÚBLICAS

POR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

Expediente N.° 23.958

ARTÍCULO 1-  Se autoriza a la Administración Pública, para que, por medio del jerarca de la institución mediante acto debidamente motivado en virtud de la solicitud del interesado, recurra a los abogados institucionales o contrataciones externas, según sea el requerimiento de cada institución, para habilitar en la vía penal, la defensa legal de las personas funcionarias públicas que sean denunciadas por actos realizados en el ejercicio de su cargo, siempre y cuando de previo se cumplan al menos los siguientes requisitos:

1.  La valoración por parte de la institución del cumplimiento o ejercicio funcional por parte de la persona funcionaria sujeta al proceso judicial, siempre y cuando no sea la misma institución la que denuncie al funcionario por aparente acto ilícito o resarcible, o cuando exista conflicto de interés.

2.  Para asumir la defensa legal de la persona funcionaria por cuenta de la entidad, se valore que tal medida podría contribuir a que en el futuro no se causen perjuicios económicos para la entidad o que, con la debida defensa profesional, a cargo de la institución se podría evitar un mayor daño en perjuicio de la Institución.

3.  Al facilitarle la defensa, la Administración deberá asegurarse, por los mecanismos que considere posibles, el resarcimiento de los gastos, en el caso que el funcionario defendido penalmente con fondos públicos resulte con una condena en firme o que se acoja a una medida alterna en cualquiera de las instancias judiciales. Estos mecanismos podrán incluir garantías, pagos fraccionados, caución o cualquier otro instrumento legal que asegure el cumplimiento de esta obligación.

Los montos dinerarios correspondientes a costas personales que se generen a favor de la parte representada por la Administración corresponderán a la Institución que brinda el patrocinio legal.

4.  Cuando se considere mediante acto debidamente fundamentado que existe viabilidad técnica y financiera.

5.  Cualquier otro requisito que la Administración Pública considere conveniente.

ARTÍCULO 2-  La Administración por medio del jerarca y debidamente fundamentado, de manera conjunta con la persona funcionaria podrá decidir si la mejor alternativa es la representación legal por parte de la Procuraduría General de la República, de la Defensa Pública del Poder Judicial o por medio de la representación institucional o contratación externa de acuerdo con la normativa aplicable al efecto.

Se autoriza a la Administración a firmar convenios entre instituciones para que puedan asumir la representación y defensa del personal de dichas entidades.

Se autoriza a la Administración a firmar convenios con Universidades Públicas y Privadas y con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para que los abogados de las instituciones se especialicen en materia penal.

ARTÍCULO 3-  Los gastos de la defensa legal requerida deben asumirse únicamente con recursos propios de la institución, que deberán estar debidamente presupuestados; en caso contrario se podrán realizar las modificaciones presupuestarias requeridas en cumplimiento con la legislación vigente.

La Administración Pública deberá contar con pólizas colectivas que permitan asumir la eventual defensa legal, cuando se cumplan las condiciones establecidas para que dicha asistencia entre a operar.

TRANSITORIO UNICO-    Cada institución debe reglamentar la presente ley dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de su publicación.

Rige seis (6) meses después de su publicación.

Fabricio Alvarado Muñoz

Presidente

Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno

y Administración

1 vez.—Exonerado.—( IN2024904677 ).

TEXTO DICTAMINADO

EXPEDIENTE N° 24.202

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

PROYECTO DE LEY

REFORMA A LA LEY 9303 PARA GARANTIZAR ATENCIÓN

OPORTUNA A LAS PERSONAS QUE TENGAN

DISCAPACIDAD Y REQUIERAN CONSTANCIAS

DE SU CONDICIÓN DE CONAPDIS PARA

EVITAR PÉRDIDAS  DE OPORTUNIDADES

LABORALES

ARTÍCULO ÚNICO. -   Se adiciona un inciso al artículo 8 de la Ley 9303, Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, para que de ahora en adelante se lea así:

ARTÍCULO 8. Para cumplir los sus fines y funciones, el Conapdis deberá:

1) Suscribir todo tipo de convenios, acuerdos y cartas de entendimiento, con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.

2) Mantener, dentro de su estructura administrativa, un proceso permanente y oportuno de fiscalización a entidades públicas y privadas sobre el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, lo cual se ejecuta por medio de la aplicación Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (Igeda) y la emisión de criterios vinculantes, generados de oficio o como resultado de la atención de denuncias.

3) Realizar las acciones para la formulación, ejecución y evaluación de la Política Nacional en Discapacidad (Ponadis) y su respectivo plan de acción. En este proceso participarán diferentes entidades públicas, personas con discapacidad y organizaciones no gubernamentales.

4) Promover el diseño, rediseño y modelación de planes, programas, proyectos, productos y servicios, a fin de garantizar la armonización, el acceso, la capacidad operativa, la disponibilidad, la adaptabilidad y la calidad de la red de servicios que prestan o deben desarrollar las entidades públicas y privadas, contando para ello con la participación activa de las personas con discapacidad.

5) Formular un Plan Nacional de Inserción Laboral para la Población con Discapacidad, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con la participación de empleadores del sector empresarial, el cual incluirá las diferentes modalidades de empleo en el sector público y privado, y velar por su implementación y cumplimiento por medio de la evaluación y la fiscalización.

6) Formular y dar seguimiento a una estrategia de fortalecimiento de las Comisiones institucionales en accesibilidad y discapacidad (CIAD) y las Comisiones municipales en accesibilidad y discapacidad (Comad); a fin de garantizar el proceso de equiparación de oportunidades y el ejercicio de los derechos y deberes de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones y bajo un enfoque de derechos humanos, en las instituciones públicas y las municipalidades del país.

7) Promover acciones que fomenten el acceso de la población con discapacidad a las tecnologías de información y comunicación (TIC), en alianza con entes públicos y privados, para fomentar su desarrollo, autonomía y mejoramiento de su calidad de vida.

8) El Conapdis deberá atender las solicitudes de constancias de discapacidad, así como también los procesos que desarrolla el Servicio de Certificación dentro de un plazo máximo de treinta días hábiles, a partir de la solicitud, a fin de asegurar la pronta disponibilidad de la documentación que respalde las gestiones de búsqueda de empleo que realicen las personas con discapacidad.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Sala Plena III de la Asamblea Legislativa, Área de Comisiones Legislativas VIII, a los veinte y cuatro días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Katherine Moreira Brown

Presidenta Comisión Permanente Especial

de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor

1 vez.—Exonerado.—( IN2024904446 ).

PROYECTO DE LEY

LEY PARA PROMOVER EL ASEGURAMIENTO

POR TIEMPO EFECTIVO DE LOS PRODUCTORES,

EMPLEADOS Y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA

Y PESQUERO

Expediente Nº 24.619

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los más altos valores de la sociedad costarricense se han forjado sobre las bases de un sector agropecuario, acuícola y pesquero honesto, trabajador, solidario e integrado por miles de productores que garantizan una adecuada repartición de la riqueza y una ejemplar paz social.

Es claro que esa sociedad ha venido diversificándose, sin embargo, el modelo de negocio agroexportador, sigue teniendo un peso preponderante para la economía. Las exportaciones Agropecuarias, Acuícolas, Pesqueras y Agroindustriales, representaron el 32% del total de exportaciones en el año 2023, lo que corresponde a más de 6000 millones de dólares. Dichas exportaciones llegan a más de 150 mercados exigentes a nivel internacional, tales como Estados Unidos y la Unión Europea.

De acuerdo con los datos del Censo Agropecuario de 2014, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y la información de la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Agropecuario (Sepsa) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, nuestro país cuenta con 396 mil hectáreas sembradas de cultivos agrícolas y más de un millón de hectáreas en pastos para la producción pecuaria, lo cual se traduce en más de 93 mil fincas dedicadas a la producción agropecuaria, todas las cuales son fuente de trabajo -directo e indirecto- e ingreso para más de quinientos mil habitantes de las zonas costeras y rurales. Conforme a la Encuesta Continua de Empleo del INEC esto quiere decir que el sector agropecuario representa aproximadamente el 10% del empleo nacional, siendo el principal empleador en la ruralidad del territorio costarricense con un 29%. Asimismo, el sector representa el 4,1% del total del producto interno bruto (PIB) y aproximadamente 9% del PIB ampliado.

El sector agropecuario, acuícola y pesquero (en especial el pequeño y mediano productor) merecen una especial consideración por parte del Estado costarricense al amparo de los artículos 50, 69 y 74 de la Constitución Política, por ser un sector estratégico y de interés público para la económica nacional, debido a la gran cantidad de empleos que genera.

Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha enfatizado la especial protección que debe brindársele al pequeño y mediano productor. Así, por ejemplo, en el voto 2004-8017, expresó:

Recordemos que vivimos en un Estado de Derecho, de manera que el Estado puede, entonces, intentar plasmar sus fines y objetivos socioeconómicos impulsando la iniciativa privada, o fomentando, por medio de incentivos, la actividad a que se dedica; o bien, imponer ciertos deberes a los particulares con el fin de mantener en un mínimo aceptable el bienestar económico de la población. Se trata de repartir y utilizar los recursos de la comunidad en provecho de los grupos o sectores socialmente más desprotegidos. En este caso, dicha protección especial está fundamentada en razones de interés público, pues uno de los objetivos de la ley, es la existencia y el mantenimiento de los pequeños productores independientes. Con ello el legislador pretende un adecuado reparto de la riqueza, a través de una distribución más justa que la venía presentándose en el mercado, de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política y, además, una producción atendiendo a principios de solidaridad nacional, según el artículo 74 de la Carta Magna. La Sala en la sentencia No. 633-98 señaló: ´… la solidaridad social lejos de reñir con los demás principios constitucionales, debe coexistir con ellos en armonía, pues de lo contrario perdería su propia naturaleza para convertirse en un instrumento opresor del Estado que martiriza sólo a cierta clase de personas o a cierta clase social. La solidaridad está basada en el apoyo de todos, no de unos pocos y si bien con base en él los que más tienen, deben dar más, el principio no puede ser tan ilimitado como para que con su respaldo se nieguen los derechos fundamentales básicos a los ciudadanos…^[1]  Lo destacado no es del original.

La Procuraduría General de la República también ha reconocido esa especial protección que merece el pequeño y mediano productor, al indicar lo siguiente:

Si el Estado emite regulaciones y establece cuotas es precisamente porque considera de interés general que el sector esté sujeto a regulaciones públicas y no quede librado exclusivamente a las reglas del mercado.

En ese sentido, es posible que emita disposiciones dirigidas a tutelar a los productores o industriales más pequeños, sin que por ello pueda considerarse que se establece una diferenciación contraria al principio de igualdad. Cabe recordar que es propio del Estado el propiciar la distribución de la riqueza. El Estado Social de Derecho se fundamenta en los principios de equidad, solidaridad y justicia, lo que justifica la adopción de reglas dirigidas a fomentar la protección de grupos sociales menos favorecidos económicamente, reglas válidas en tanto no eliminan ni obstaculizan la iniciativa privada. Ese Tribunal en reiterados fallos ha indicado que el artículo 50 de la Carta Política obliga al Estado a procurar una distribución de la riqueza (resolución N° 3338-99 de las 18:45 hrs., de 5 de mayo de 1999).^[2]  Lo destacado no es del original.

Tales postularos responden al principio de solidaridad, en el que se inspira el Estado Costarricense. Así lo ha señalado la Sala Constitucional, al indicar que:

III.- Sobre el principio de solidaridad. Una adecuada lectura de nuestro texto constitucional acarrea necesariamente la conclusión de que el sistema de derechos fundamentales en él establecido no se encuentra basado en el individualismo utilitarista, sino más bien en una concepción del hombre en el marco de la sociedad en la que se desenvuelve. La Constitución Política de 1.949 parte de la noción de que el ser humano no puede desarrollarse integralmente por sí solo, sino que para ello requiere de la participación de todos los otros miembros de la sociedad. De hecho, expresamente el numeral 50 constitucional impone como uno de los deberes fundamentales del Estado costarricense la búsqueda de una adecuada distribución de la riqueza, objetivo que no puede lograr sin el concurso de sus habitantes. En otras palabras, para lograr una más homogénea estratificación social, los individuos deben contribuir de acuerdo con sus posibilidades, en beneficio de quienes menos poseen. Lo anterior es un derecho fundamental de las personas que ocupan los estratos inferiores, y un deber de todos, principalmente los más beneficiados por el sistema económico. La riqueza en una sociedad no es producida apenas por quienes poseen los medios de producción, sino también por quienes contribuyen a ella con su mano de obra, con su trabajo. En consecuencia, los beneficios producidos por el mercado deben ser redireccionados a fin de que no rediten únicamente en favor de ciertas clases sociales. Relacionado este principio con el de justicia social, positivizado en el ordinal 74 de la Constitución, según el cual las personas deben colaborar recíprocamente en aras de preservar la dignidad humana de todos los miembros de la comunidad, tenemos que el constituyente buscó fomentar una sociedad donde la solidaridad fuera la regla general de convivencia; donde la realización de pequeños sacrificios en favor de grandes metas sociales estuviera por encima de los intereses individuales; es lo que normalmente se conoce como Estado social y democrático de Derecho. Podría así afirmarse que la solidaridad entre los miembros de la colectividad es un principio de rango constitucional, que legitimaría válidamente la imposición de ciertas cargas en favor de una justa redistribución de la riqueza. (Ver en este mismo sentido las sentencias de esta Sala números 1441-92, 5125-93).^[3]  Lo destacado no es del original.

Respecto a la figura del trabajador por cuenta propia, nuestro ordenamiento jurídico la reconoce expresamente en el artículo 184 del Código de Trabajo. Al respecto, dicho numeral indica:

Artículo 194-

Sin perjuicio de que, a solicitud del interesado, se pueda expedir el seguro contra riesgos del trabajo, estarán excluidos de las disposiciones de este Título:

a)       La actividad laboral familiar de personas físicas, entendida ésta como la que se ejecuta entre los cónyuges, o los que viven como tales, entre éstos y sus ascendientes y descendientes, en beneficio común, cuando en forma indudable no exista relación de trabajo.

b)       Los trabajadores que realicen actividades por cuenta propia, entendidos como los que trabajan solos o asociados, en forma independiente, y que no devengan salario. Lo destacado y subrayado no es del original.

Este artículo se complementa con el ordinal 117 del Decreto Ejecutivo N° 37112-GOB del 21 de marzo del 2012, denominado “Reglamento de Extranjería”, que expresamente reconoce esta modalidad de contratación en el sector agropecuario al preceptuar lo siguiente:

Artículo 117-

La Dirección General mediante la Gestión de Extranjería otorgará autorización para personas trabajadoras de ocupación específica por cuenta propia en sectores específicos como agricultura, construcción y servicios, con base en las necesidades laborales del país, por un periodo de un año prorrogable; a aquellas personas extranjeras que cumplan con los siguientes requisitos:

(…). Lo destacado y subrayado no es del original.

Más recientemente, en el Decreto Ejecutivo N° 41969 - MAG – MGP del 27 de setiembre de 2019, denominado “Creación de categoría especial bajo régimen de excepción para la regularización migratoria de personas extranjeras que laboren en el sector agropecuario”, se incorporaron regulaciones específicas para los trabajadores migrantes que prestan servicios por cuenta propia en labores de recolección de cosechas.

Así, por ejemplo, en los artículos 2, 6 y 11 se indica:

Artículo 2-  Conceptos

Para los efectos aplicación del presente Decreto Ejecutivo, se entenderá por:

(…)

Actividades agropecuarias: Las actividades laborales que se realicen por cuenta propia o en relación de dependencia tendientes a la producción de bienes y servicios económicos durante un período específico, que comprende la explotación, cultivo, cosecha, cría y reproducción de recursos vegetales y animales. Lo subrayado no es del original.

Artículo 6- Requisitos que se deben presentar.

(…)

En caso de trabajadores por cuenta propia, este requisito quedará cumplido mediante una declaración jurada que se incluirá en el formulario indicado en el inciso a) del presente artículo. La declaración jurada deberá indicar el nombre, la nacionalidad y el número de identificación de la persona extranjera. Lo subrayado no es del original.

Artículo 11-  Requisitos para la renovación.

(…)

En caso de trabajadores por cuenta propia este requisito quedará cumplido mediante una nueva declaración jurada, en la que se indique el nombre, la nacionalidad y el número de identificación de la persona extranjera, así como las funciones que realiza. Esta declaración jurada se podrá rendir ante notario público o ante persona funcionario público, en el formulario que será suministrado de manera gratuita por la DGME y el MAG, con las medidas de seguridad correspondientes. No se aceptarán formularios emitidos por terceros. Lo subrayado no es del original.

En el año 2019 también se reguló la figura del “jornalero”, referida a aquellos trabajadores independientes que prestan servicios agropecuarios. Sobre el particular, en el Decreto Ejecutivo N.° 41943-H-MAG del 1° de octubre de 2019, denominado “Constitución del Régimen Especial de Tributación para el sector agropecuario relativo al impuesto sobre el valor agregado”, encontramos las siguientes disposiciones:

Artículo 3-  Jornaleros agropecuarios.

Se entenderán por servicios de jornaleros agropecuarios, aquellos que se prestan por personas físicas de forma discontinua u ocasional, en régimen independiente, siempre que sea alguno de los servicios mencionados en el artículo 5 del presente reglamento o que tengan relación directa con la actividad agropecuaria a la que se aplica este régimen. Lo destacado y subrayado no es del original.

Artículo 13-  Inscripción o cambio de régimen.

(…)

Se exime del deber de inscripción ante la Administración Tributaria, a los jornaleros agropecuarios, que presten de manera exclusiva servicios agropecuarios a contribuyentes del presente régimen especial.

(…). Lo destacado y subrayado no es del original.

Artículo 33-  Respaldo de los gastos de los servicios agropecuarios prestados por jornaleros agropecuarios.

El contribuyente del régimen especial agropecuario podrá respaldar el gasto en el impuesto sobre las utilidades por concepto de contratación de jornaleo agropecuario, en un máximo de un 5% que se calculará sobre el total de ingresos provenientes de la actividad agropecuaria del período fiscal del impuesto sobre las utilidades en el que se aplica el gasto.

(…).

El sector agropecuario, acuícola y pesquero costarricense se encuentra sumido en una profunda crisis derivada, entre otros factores, por los altos costos de producción que le impiden ser competitivos en los mercados internacionales y frente a los productos agropecuarios importados que lamentablemente van desplazando la producción nacional.

Uno de los factores que más afecta la competitividad del sector agropecuario, acuícola y pesquero son las altas cargas sociales que deben pagar los productores independientes y empleadores, tal y como lo ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De esta forma, en el informe “Análisis de políticas fiscales de la OCDE, Costa Rica 2017”, se indicó lo siguiente:

Por otra parte, las tasas de CSS son elevadas.  Los empleados de Costa Rica deben contribuir un total del 9.34% de sus ingresos brutos mensuales.  Son los empleadores quienes retienen sus contribuciones, pero éstas -a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los Estados miembros de la OCDE- no son deducibles de la base gravable del IRPF a pagarse sobre el empleo;1 en la práctica, el resultado es un aumento de la carga tributaria sobre los empleados. Además, los empleadores han de contribuir el 26.33% de los salarios de sus trabajadores, que pueden deducir como costos.  Estas CSS sirven para cubrir la salud y las pensiones que se pagan a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el seguro de desempleo, las asignaciones familiares y las pensiones complementarias, así como algunas contribuciones adicionales. Por último, a diferencia de los países de la OCDE, el Estado paga también una pequeña parte de las CSS (véase la tabla 3.1).

Las altas CSS, sobre todo para los empleadores, hacen que una parte muy importante de la responsabilidad tributaria recaiga sobre las rentas del trabajo.  La figura 3.4 compara la carga tributaria sobre los trabajadores individuales que perciben el salario promedio en los distintos países de la región de ALC.  El valor promedio de esta carga sobre los empleados se mide en forma de una cuña fiscal promedio, que expresa todos los impuestos (IRPF, y las CSS de los empleados y los empleadores) como un porcentaje de los costos totales del trabajo (salario bruto más contribución del empleador).  La cuña fiscal para un empleado costarricense promedio alcanzó el 28% en 2013, un valor bastante alto con respecto al promedio de la región de ALC (21.7%).

(…)

No obstante, la cuña fiscal promedio es muy regresiva en el segmento inferior de la distribución de renta.  Costa Rica impone una cantidad mínima de CSS así los ingresos reales estén por debajo de este mínimo.  Para trabajadores que perciben menos de CRC 228 530^[4]  al mes (en torno al 50% del salario promedio en 2016), las contribuciones a la CCSS se calculan sobre el umbral de este valor de ingresos, con independencia de las ganancias reales de dichos trabajadores.  Para otros tipos de contribuciones, se calculan a partir de las ganancias reales.  Esta contribución mínima hace que las CSS sean regresivas para los ingresos por debajo del umbral mínimo, con lo cual la tasa de contribución promedio resulta más elevada para los trabajadores de ingresos bajos.  En concreto, los trabajadores empleados a tiempo parcial pueden estar sujetos a cargas contributivas muy altas en relación con sus ingresos.  Por ejemplo, los empleados que perciben el 10% del salario promedio tienen una cuña fiscal promedio del 68%; es decir, su sueldo neto es únicamente el 32% de lo que le cuestan a su empleador (véase la figura 3.5).  Esta contribución mínima es altamente distorsionadora, dado que desalienta a los trabajadores de bajos ingresos, sobre todo a los empleados bajo un esquema de tiempo parcial, a incorporarse al sector formal de la economía.

La base mínima de contribución, que hace regresiva la cuña fiscal promedio en el segmento inferior de la distribución de ingresos, se ha incrementado en los últimos años.  Desde 2014, la base mínima de contribución se ha fijado como un porcentaje del salario mínimo y aumentará con el tiempo hasta situarse en el 100% del mismo en octubre de 2019.  Al elevar dicha base sin reforzar el cumplimiento de la legislación sobre el salario mínimo ni permitir variaciones en la base mínima según las horas trabajadas, se reducirá todavía más el incentivo para acceder al empleo formal, con consecuencias negativas para los trabajadores y para las finanzas públicas (OCDE, pendiente de publicación).

(…)

En general, las altas CSS fomentan la economía sumergida o informal.  Los elevados impuestos sobre las rentas percibidas por el trabajo de las personas físicas en el sector formal de la economía pueden incentivar a los trabajadores de productividad baja a formar parte del sector informal de la economía o al desempleo.  Estas contribuciones aumentan el costo del empleo y reducen los ingresos después de impuestos.  Cuanto mayor sea la diferencia entre los costos laborales en el sector formal y las deducciones sobre el salario después de impuestos, más altos serán los incentivos para que empleadores y empleados eludan los impuestos, y se mantengan en el sector informal de la economía o pasen a integrarse en él.  A su vez, los altos niveles de dicho sector influyen negativamente en la productividad, el crecimiento y la confianza en las instituciones gubernamentales. Lo destacado no es del original.

Aunado a lo anterior, la carencia de mano de obra pone en riesgo las labores en el sector agropecuario, acuícola y pesquero. Y es que desde hace varios años los trabajadores costarricenses han decidido dejar las labores agropecuarias, acuícolas y pesqueras para dedicarse a otras actividades acorde a su nivel de conocimientos y escolaridad, dejando un vacío muy grande en este sector nacional. Los estudios del Departamento de Migraciones Laborales así lo validan y lo confirman.

El sector agropecuario, acuícola y pesquero depende de la mano de obra migrante, procedente de países como Nicaragua y Panamá, sin los cuales se podría perder gran parte de la producción con las nefastas consecuencias que de ello se derivarían. Estas labores son atendidas en la mayoría de los casos por trabajadores migrantes, transfronterizos, temporales o por cuenta propia, que llegan por su propia voluntad a falta de trabajo en su país.

Los trabajadores migrantes del sector agropecuario, acuícola y pesquero laboran por períodos de tiempo que ellos mismos determinan, generalmente cortos. En la mayoría de los casos no están sujetos a horarios de trabajo ni a la autoridad del contratante (subordinación), es decir, no existe vínculo laboral. Además, en el caso de los transfronterizos al finalizar la labor del día regresan a su país de origen.

Los trabajadores transfronterizos cruzan la frontera solo para laborar pocos días, semanas o meses. Algunos trabajan para obtener el dinero que necesitan de momento y se regresan a su país de origen.

La contratación de los trabajadores que se dedican a las labores de recolección, en muchos de los casos, se realiza por destajo, es decir: se pacta un determinado valor por cada unidad cosechada (cajuela, tonelada, saco, etc.), lo que hace depender de la voluntad del trabajador migrante el nivel de ingreso que quiere obtener.

No resulta proporcionado ni razonable asegurar a dichos trabajadores sobre una base mínima contributiva, cuando efectúan sus labores por días o semanas, sin completar el mes laborado. Tampoco resulta razonable obligar al pago del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, cuando se trata de población migrante que ingresa y sale del territorio nacional, precisamente para atender labores estacionales, como la recolección de las cosechas, por ejemplo.

En definitiva, el sector agropecuario, acuícola y pesquero necesita la adopción urgente de medidas que le permitan ser más competitivos y reactivar la producción y el empleo que brindan, principalmente en la zona rural del país, que tanto lo requiere, por lo que sometemos a conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa, este proyecto de ley, con opciones efectivas que les permitirían a los productores del sector agropecuario, acuícola y pesquero lograr su mantenimiento y subsistencia.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA PROMOVER EL ASEGURAMIENTO POR

TIEMPO EFECTIVO DE LOS PRODUCTORES,

EMPLEADOS Y TRABAJADORES POR

CUENTA PROPIA DEL SECTOR

AGROPECUARIO, ACUÍCOLA

Y PESQUERO

ARTÍCULO 1- Objetivo

Esta ley tiene como objetivo promover el aseguramiento por tiempo efectivo de los productores, empleados y trabajadores por cuenta propia del sector agropecuario, acuícola y pesquero, al Seguro de Salud y al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, garantizando una mayor justicia contributiva, formalización y protección para los trabajadores del sector agropecuario, acuícola y pesquero.

ARTÍCULO 2- Ámbito de aplicación

Esta ley será aplicable de manera exclusiva a productores, empleados y trabajadores por cuenta propia del sector agropecuario, acuícola y pesquero, bien sean nacionales o migrantes.

ARTÍCULO 3- Definiciones

Para efectos se esta ley se entenderá por:

−   Acto de pesca: cualquiera de los siguientes:

a)  Cualquier operación o acción realizada con el objeto de aprehender peces, moluscos, crustáceos, y otras especies de fauna y flora acuáticas, con fines comerciales, industriales, científicos o deportivos.

b)  El aprovechamiento del lecho, fondos, aguas, playas, riberas, costas y puertos para la cría, reproducción y difusión de las citadas especies.

− Acuicultura: el cultivo de organismos acuáticos, es decir, de peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. El cultivo supone alguna forma de intervención en el proceso de cría para aumentar la producción como, por ejemplo, el almacenamiento periódico, la alimentación, la protección frente a los depredadores, etc. El cultivo también conlleva la propiedad individual o empresarial de la población que se cultiva y la planificación, el desarrollo y la utilización de sistemas, emplazamientos, instalaciones y prácticas de la acuicultura, así como la producción y el transporte.

− Empleados del sector agropecuario, acuícola y pesquero: trabajadores que prestan sus servicios bajo una relación de subordinación jurídica, a productores del sector agropecuario.

− Sector agropecuario: actividad económica proveniente del cultivo de la tierra, el agua, de ambientes protegidos o de tecnología hidropónica u organopónica, favorecida por la acción del hombre, que incluye la producción de alimentos vegetales, producción pecuaria, avícola, pesca, acuicultura, apicultura, flores, plantas, follajes y forestal, orientadas al mercado; se excluye de este concepto, la pesca deportiva y la pesca turística comercial.

Se incluye dentro de esta definición, aquellas actividades relacionadas con la producción de materiales de siembra, como almácigos, injertos, propagación clonal, entre otros; se excluyen los viveros de venta directa al consumidor final.

− Servicios agropecuarios, acuícolas y pesqueros: aquellos indispensables para la producción de los bienes y servicios que ofrece el sector agropecuario, acuícola y pesquero, prestados desde el inicio del ciclo productivo hasta su puesta a disposición del consumidor final.

Incluye, de manera ejemplificativa y no taxativa, los siguientes:

1-  Preparación de terreno.

2-  Siembra.

3-  Mantenimiento de cultivos.

4-  Fertilización.

5-  Manejo fitosanitario.

6-  Manejo de plagas y enfermedades.

7-  Manejo de maleza, mecánico y manual.

8-  Poda y derrama.

9-  Corta, recolección o cosecha.

10-   Fermentación o secado.

11- Servicios embalaje.

12- Servicio de engorde de animales.

13- Servicios carga y descarga.

14- Servicio de transporte.

15- Servicio de custodia.

16- Riego.

17- Actos de pesca.

− Tiempo efectivo: tiempo real, por día, semana, quincena o mes, que dedican los empleados y trabajadores por cuenta propia a prestar sus servicios agropecuarios, acuícolas y pesqueros.

− Trabajadores por cuenta propia: personas físicas que prestan servicios agropecuarios de forma independiente, sin subordinación jurídica, a productores del sector agropecuario, acuícola y pesquero.

ARTÍCULO 4- Base contributiva

Los productores, empleados y trabajadores por cuenta propia del sector agropecuario, acuícola y pesquero, contribuirán al Seguro de Salud y al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, tomando como base de referencia su ingreso real, en función del tiempo real efectivo en que prestan servicio, sin estar sujetos a ingresos de referencia o bases mínimas de contribución.

Para la determinación de su ingreso real, si el productor o trabajador por cuenta propia no cuenta con declaraciones anteriores del impuesto a las utilidades, podrá utilizarse cualquier otro medio probatorio, incluyendo una declaración jurada, sin perjuicio de las facultades de fiscalización que tendrá la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para constatar la veracidad de la información.

En el caso de los empleados, la contribución al Seguro de Salud y al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte se calculará con base en el salario reportador por el empleador del sector agropecuario, acuícola y pesquero en la planilla correspondiente, en función del tiempo efectivo de servicio agropecuario, acuícola o pesquero.

Para la cuantificación del ingreso real del productor, empleado o trabajador por cuenta propia del sector agropecuario, acuícola y pesquero, deberán considerarse aspectos como:

-    La baja rentabilidad que generan las actividades del sector agropecuario, acuícola y pesquero.

-    El tiempo efectivo dedicado a las labores agropecuarias, acuícolas y pesqueras, generalmente caracterizadas por responder a jornadas disminuidas, servicios independientes a plazo fizo o por destajo.

Los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, personas físicas, inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como pequeños y medianos productores, cuyos ingresos sean inferiores a la base mínima contributiva que tiene establecida la CCSS para el Seguro de Salud y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, no serán considerados asegurados obligatorios y, por ende, podrán optar, si así lo desean, por seguros voluntarios, utilizando en todo caso, su ingreso real.

Los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, personas físicas, inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como pequeños y medianos productores, podrán consolidar los ingresos de su núcleo familiar en caso de que su cónyuge o familiares en relación de dependencia económica, también vendan productos agropecuarios. En tal supuesto, la obligación de aseguramiento recaerá sobre el productor agropecuario principal o cabeza de grupo, pudiendo mantener a los demás miembros de su núcleo familiar como asegurados indirectos.

En el caso de los trabajadores migrantes que han sido autorizados para prestar servicios de manera temporal a productores del sector agropecuario, acuícola y pesquero, únicamente se cotizará para el Seguro de Salud, dada su condición migratoria temporal.

ARTÍCULO 5- Tasa de contribución

El porcentaje de contribución al Seguro de Salud y al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte será el siguiente:

-    Empleados del sector agropecuario, acuícola y pesquero: la correspondiente a los porcentajes de contribución para asalariados, establecida por la CCSS para el Seguro de Salud y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.

-    Productores y trabajadores por cuenta propia del sector agropecuario, acuícola y pesquero: la correspondiente a los porcentajes de contribución para asegurados voluntarios y trabajadores independientes, según el nivel de ingreso, establecida por la CCSS para el Seguro de Salud y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. En el caso de los trabajadores por cuenta propia del sector agropecuario, cuyo nivel de ingreso no supere el límite superior de la categoría dos, de la Escala de Contribución para Asegurados Voluntarios y Trabajadores Independientes de la CCSS, se les aplicará una reducción del 50% en el porcentaje de contribución.

-    Pequeños y medianos productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros: la correspondiente a los porcentajes de contribución para asegurados voluntarios y trabajadores independientes, según el nivel de ingreso, establecida por la CCSS para el Seguro de Salud y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. En el caso de los pequeños y medianos productores, cuyo nivel de ingreso no supere el límite superior de la categoría dos, de la Escala de Contribución para Asegurados Voluntarios y Trabajadores Independientes de la CCSS, se les aplicará una reducción del 50% en el porcentaje de contribución.

Rige a partir de su publicación.

Danny Vargas Serrano

Diputado

NOTA:  Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024905037 ).

DECRETOS

N° 44702-MOPT

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

En el ejercicio de las facultades y prerrogativas conferidas en los artículos 140 inciso 3) y 146 de la Constitución Política; con fundamento en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 3155, del 5 de agosto de 1963, Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en sustitución del Ministerio de Obras Públicas; los artículos 22 y 23 de la Ley N° 6043, del 2 de marzo de 1977, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre; y los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2.b) de la Ley N° 6227, del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública, y el artículo 7° inciso k) del Decreto Ejecutivo N° 43580-MP-PLAN, del 01 de junio de 2022, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo.

Considerando:

I.—Que el artículo 2° inciso c) de la Ley N° 3155 de 5 de agosto de 1963 y sus reformas, confiere al Ministerio de Obras Públicas y Transportes la competencia para planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de altura y cabotaje, las vías y terminales de navegación interior y los sistemas de transbordadores.

ll.—Que, en cuanto al transporte marítimo, la infraestructura portuaria en las costas permite las adecuadas labores y maniobras de embarque y desembarque con el adecuado resguardo y medidas preventivas para la seguridad de las personas, las embarcaciones y otros bienes materiales y naturales.

III.—Que, para el caso de las comunidades costeras, la construcción de infraestructura portuaria menor permite que éstas cuenten con las condiciones mínimas aptas para la realización de labores de embarque y desembarque, de forma cómoda, segura y con la adecuada prevención de riesgos, para la intermodalidad de transporte marítimo-terrestre y viceversa con la que conviven diariamente las personas habitantes de estos territorios, dado su ineludible ligamen al mar.

IV.—Que diversas comunidades costeras tanto en el Pacífico como en el Caribe no cuentan con infraestructura portuaria menor que permita el transporte marítimo de manera segura y adecuada.

V.—Que la ausencia de infraestructura portuaria menor en las comunidades costeras del litoral Pacífico como Caribe pone en riesgo la vida, integridad física y seguridad de las personas, habitantes de estas zonas, turistas, que utilizan embarcaciones para transportarse, lo cual compromete la seguridad y el orden público.

VI.—Que es necesaria, conveniente y oportuna para el interés público, la construcción de varios embarcaderos públicos vecinales en las provincias de Puntarenas, Guanacaste y Limón, con los cuales se proteja la vida y seguridad de las personas.

VII.—Que, en virtud de las anteriores consideraciones, por razones de oportunidad y conveniencia para la seguridad pública y el orden público, en materia de tránsito y transporte mediante embarcaciones, es necesario declarar de interés público la construcción de embarcaderos públicos vecinales en los litorales Pacífico y Caribe costarricense. Por tanto,

Decretan:

La siguiente:

“DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADEROS PÚBLICOS

VECINALES EN LAS PROVINCIAS DE

PUNTARENAS, GUANACASTE Y LIMÓN”

Artículo 1º—Declárese de interés público la construcción de embarcaderos públicos vecinales en las siguientes zonas del país:

·   Costa de Pájaros, Puntarenas, Puntarenas.

·   Chomes, Puntarenas, Puntarenas.

·   Mal País, Cóbano, Puntarenas.

·   Cabuya, Cóbano, Puntarenas.

·   Drake, Osa, Puntarenas.

·   Uvita, Osa, Puntarenas.

·   Boca Coronado, Osa, Puntarenas.

·   Conchal, Colorado, Abangares, Guanacaste.

·   Puerto Thiel, Nandayure, Guanacaste.

·   Puerto Coyote, Nandayure, Guanacaste.

·   Cuajiniquil, La Cruz, Guanacaste.

·   Parismina, Siquirres, Limón.

·   Caño Blanco, Siquirres, Limón.

·   Puerto Viejo, Talamanca, Limón.

·   Cahuita, Talamanca, Limón.

·   Puerto Lindo, Pococí, Limón.

·   Barras del Colorado, Pococí, Limón.

Artículo 2º—Se faculta a la Administración Pública Central, a las instituciones y empresas del Estado, y se insta a las empresas privadas, para que, dentro del marco de sus competencias y en estricto apego al ordenamiento jurídico, brinden las facilidades y colaboración requerida a los gobiernos locales correspondientes, para la materialización de estos importantes proyectos de embarcaderos, citados en el artículo anterior.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los 23 días del mes de setiembre del año dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes a. í., Efraím Zeledón Leiva.—1 vez.—O. C. N° 4600087592.—Solicitud N° 2024-0087.—  ( D44702 - IN2024905061 ).

N° 44708-MOPT

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b), de la Ley General de Administración Pública, N° 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus Reformas; el artículo 2 inciso a) de la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes N° 3155 del 5 de agosto de 1963 y sus reformas; el numeral 1 de la Ley General de Caminos Públicos N° 5060 del 22 de agosto de 1972 y sus reformas; el artículo 12 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220 del 4 de marzo de 2002 y sus reformas y el artículo 79 inciso e) del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N° 34331 del 29 de noviembre del 2007 y sus reformas.

Considerando:

1º—Que según lo dispuesto en el artículo 2 inciso a) de la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ley N° 3155 del 5 de agosto de 1963 y sus reformas, corresponde a dicho Ministerio regular y controlar los derechos de vía de las carreteras de la Red Vial Nacional existentes o en proyecto.

2º—Que el numeral 1 de la Ley N° 5060 y sus reformas, Ley General de Caminos Públicos, establece la clasificación funcional de los caminos públicos y dispone que la administración de la Red Vial Nacional compete al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

3º—Que el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N° 34331 del 29 de noviembre del 2007, establece en el artículo 79 inciso e), los casos especiales en los que, para la inscripción de planos en el Catastro, se requiere el visado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dicho artículo en lo conducente establece:

“Artículo 79. Visados. La Subdirección Catastral sólo inscribirá los planos que se ajusten a las disposiciones legales expresamente admitidas por la respectiva Municipalidad y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, mediante el visado correspondiente.

No aplicará la Subdirección Catastral la Ley de Planificación Urbana cuando los planos a inscribir correspondan a fincas inscritas en el Registro Inmobiliario o derechos de posesión.

La autorización o visado de un plano de agrimensura, cuando sea requerida, deberá ser previa a la inscripción en la Subdirección Catastral.

Los visados se regirán de la siguiente forma:

e. Cuando en el plano se indique la existencia de una vía pública, que no aparezca en la cartografía oficial o en los antecedentes catastrales V registrales, se solicitará el visado a la Municipalidad respectiva si se trata de red vial cantonal y el visado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes si se trata de la red vial nacional...” (Énfasis agregado).

4º—Que resulta necesario regular los requisitos que deben presentarse ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a los efectos de otorgar el visado que establece el inciso e) del artículo 79 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional. Lo anterior en virtud de que no existe ningún cuerpo normativo que regule dichos requisitos, resultando imperativo emitir este Decreto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 inciso a) de la Ley N° 8220 “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos.”

5º—Que la propuesta de regulación ingresó para ser analizada el día 03 de abril del 2018, según formulario N° 1224 ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, siendo que dicha propuesta de regulación se encuentra contenida dentro de la excepción del artículo 2 inciso e) de la Directriz 052 del 19 de junio del 2019 denominada “Moratoria a la creación de nuevos trámites, requisitos o procedimientos al ciudadano para la obtención de permisos, licencias o autorizaciones”.

6°—Que mediante el informe DMR-DAR-1NF-006-2020 del 14 de febrero del 2020, el Departamento de Análisis Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, emitió la aprobación pertinente a este Decreto Ejecutivo. Por tanto,

Decretan:

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE VISADOS

DE PLANOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE OBRAS

PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Artículo 1º—Objeto

El presente Decreto Ejecutivo tiene como objeto establecer los requisitos que deberán presentarse ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para solicitar el visado de los planos en los que se indique la existencia de una vía pública de la Red Vial Nacional, concretamente para los supuestos que establece el inciso e) del artículo 79 del Decreto Ejecutivo No. 34331 “Reglamento a la Ley de Catastro Nacional”.

Artículo 2º—Competencia.

Corresponderá a Previsión Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento del visado de planos, conforme los términos del presente Reglamento.

Artículo 3º—De la solicitud.

Toda persona física o jurídica, pública o privada, que requiera el otorgamiento del visado de planos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, deberá presentar una solicitud mediante el formulario “SOLICITUD DE VISADO DE PLANOS A CATASTRAR”, el cual se encuentra en el Catálogo Nacional de Trámites del Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (https://tramitescr.meic.go.cr/tramites/BuscarTramites.aspx).

El formulario “SOLICITUD DE VISADO DE PLANOS A CATASTRAR”, deberá completarse en todos sus espacios, a excepción de aquellos destinados a uso oficial y presentarse con los requisitos que se establecen en el artículo 4 de este cuerpo normativo.

Dicha solicitud podrá realizarla a través de los siguientes medios:

1.  De manera presencial, en el Centro Información y Trámites del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Sede Central, San José.

2.  De manera digital, en el sitio Web del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, www.mopt.go.cr, en el apartado Servicios, Alineamiento Vial, enlace del Sistema Integrado de Previsión Vial, apartado Visado de Planos, o bien en el sitio Web https://aplicaciones.mopt.go.cr/SIPREVI/SIPREV1040.aspx

Artículo 4º—Requisitos que deberán adjuntarse al Formulario:

Conjuntamente con el formulario “SOLICITUD DE VISADO DE PLANOS A CATASTRAR”, el cual se encuentra en el Catálogo Nacional de Trámites del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (https://tramitescr.meic.go.cr/tramites/BuscarTramites.aspx), se deberán presentar o aportar los siguientes requisitos, ya sea en el Centro de Información y Trámites del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, si la gestión se realiza de manera presencial, o bien, en el sitio web dispuesto en el artículo 3, inciso 2) del presente reglamento, cuando los trámites se realicen de manera digital, salvo para este segundo supuesto, lo señalado en el inciso f) del presente artículo:

a) Plano original a visar (anverso), firmado por el Profesional Responsable de su elaboración. El plano deberá acotarse en forma parcial indicando todas las secciones del derecho de vía a saber: aceras (si existen), zona verde (si existe), zona de rodamiento y ancho total.

b)  Cuando se trata de una reunión de fincas, o bien, de una segregación, se deberá aportar el croquis respectivo.

c)  Minuta de catastro, en la cual se indica el requerimiento del visado del MOPT.

d)  Imagen Minuta (plano calificado por el Registro).

e)  En caso de información posesoria no se deberá presentar el requisito b) mencionado en este apartado.

f)  Presentar la cédula de identidad o en su caso el carnet del colegio respectivo que lo acredita como profesional, a fin que sea cotejado por la Administración al momento de la presentación del trámite.

Si alguno de estos requisitos fue presentado en algún otro trámite en esta Institución y aún están vigentes, bastará con aportar copia del recibido, o bien indicar la Dependencia en la cual presentó la documentación y para qué tipo de trámite.

El Centro de Información y Trámites del Ministerio de Obras Públicas y Transportes entregará al solicitante el Formulario “RECIBO SOLICITUD VISADO PLANOS A CATASTRAR”, el cual se encuentra en el Catálogo Nacional de Trámites del Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (https://tramitescr.meic.go.cr/tramites/BuscarTramites.aspx, con el cual se podrá retirar la documentación referente al trámite cuando el mismo se encuentre listo.

Artículo 5º—Plazos

Previsión Vial analizará la gestión y verificará si se aportaron todos los requisitos o si es necesario subsanar o ampliar información, para lo que contará con un plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la presentación de la gestión. En dicho plazo, se le hará por escrito y por una única vez la prevención al interesado, sobre los requisitos que debe completar, subsanar o aclarar y le otorgará un plazo de diez días hábiles para tales efectos.

La prevención precitada suspende el plazo que tiene Previsión Vial para resolver la gestión, según lo establecido en el párrafo siguiente.

El plazo máximo para la atención de este trámite es de quince días hábiles, salvo que se requiera hacer consultas externas para poder emitir el criterio respectivo, en cuyo caso el trámite podrá extenderse hasta un máximo de tres meses.

Dentro del plazo de tres meses antes señalado, estará computado el lapso que tiene la dependencia externa para brindar la información; el cual será de dos meses a partir de que esta se le haya requerido.

Si el interesado no cumple con todos los requisitos en el plazo otorgado, se declarará sin derecho al correspondiente trámite, lo cual se comunicará por escrito.

En este trámite no aplica silencio positivo.

El visado que otorga Previsión Vial conforme lo establecido en el presente Reglamento, tiene una vigencia indefinida.

Artículo 6º—Legitimación

El Formulario “SOLICITUD DE VISADO DE PLANOS A CATASTRAR”, el cual se encuentra en el Catálogo Nacional de Trámites del Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria del Ministerio de  Economía, Industria y Comercio  (http:/tramitescr meic.go.cr/tramites/BuscarTramites.aspx), debe ser firmado por el propietario registral de la propiedad cuyo plano se va a visar; o bien, en el caso de trámites  para información posesoria, por la persona que en el plano a visar, se consigna como poseedor del bien; o en su defecto, para ambos supuestos, podrá firmarlo su apoderado, en cuyo caso debe aportarse el Poder otorgado para realizar dicho trámite o una copia certificada de éste.

También se encuentra legitimado para firmar dicho Formulario el Profesional Responsable.

En aquellos casos en los cuales quien firma el Formulario “SOLICITUD DE VISADO DE PLANOS A CA TASTRAR, no sea quien se apersone a presentarlo, la firma consignada en éste deberá estar debidamente autenticada por un abogado.

Artículo 7º—Vigencia

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los 20 días del mes de setiembre del dos mil veinticuatro.

PUBLÍQUESE,

RODRIGO CHAVES ROBLES.—Ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola.—1 vez.—O. C. N° 4600087826.—Solicitud N° 2024-0088.—( D44708 - IN2024905063 ).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 595-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las facultades que le confiere los artículos 26 inciso b) y el 47 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, del 2 de mayo de 1978 y sus reformas.

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo N° 463-P del 22 de marzo de 2024, se nombró a la señora María Mercedes Hidalgo Bravo, cédula de identidad: 1-1283-0473, como Viceministra de Juventud del Ministerio de Cultura y Juventud, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 73 del 25 de abril de 2024.

II.— Que partir del día 12 de agosto de 2024, la señora María Mercedes Hidalgo Bravo, cédula de identidad 1-1283-0473, dejó su cargo como Viceministra de Juventud del Ministerio de Cultura y Juventud.

III.—Que el señor Miguel Alberto Arrieta Berrocal, cédula de identidad: 6-0438-0561, será nombrado como Viceministro de Juventud del Ministerio de Cultura y Juventud. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1°—Cesar a la señora María Mercedes Hidalgo Bravo, cédula de identidad: 1-1283-0473, como Viceministra de Juventud del Ministerio de Cultura y Juventud.

Artículo 2°—Nombrar al señor Miguel Alberto Arrieta Berrocal, cédula de identidad: 6-0438-0561, como Viceministro de Juventud del Ministerio de Cultura y Juventud.

Artículo 3°—Rige a partir del día diez de octubre del dos mil veinticuatro.

Dado en la Presidencia de la República, San José, al décimo día del mes de octubre del dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—1 vez.—O. C.N° 4600084278.—Solicitud N° 005-2024.—( IN2024904648 ).

N° 596-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en el artículo 26 inciso b) de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública; los artículos 172, 173 y 174 de la Ley N° 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia; y los artículos 8 y 9 del Decreto Ejecutivo N° 41452-MP y sus reformas, Reglamento del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

Considerando:

1°—Que de conformidad con el artículo 172 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia está integrado por representantes gubernamentales y representantes de organizaciones sociales, quienes según lo establecido en el artículo 173 del Código de la Niñez y la Adolescencia serán nombrados por el Presidente de la Republica.

2°—Que los representantes gubernamentales ante el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, corresponden a los ministerios e instituciones señaladas en los incisos a), b), e), f) y k) del artículo 172 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Asimismo, que los representantes gubernamentales, de conformidad con el artículo 174 del Código de la Niñez y la Adolescencia, serán funcionarios de confianza y podrán ser removidos de sus cargos, en cualquier momento, por el Presidente de la Republica.

3°—Que mediante el Acuerdo N° 137-P de fecha 02 de noviembre de 2022, el Acuerdo N° 189-P de fecha 15 de diciembre de 2022, el Acuerdo N° 207-P de fecha 08 de febrero de 2023, el Acuerdo N° 344-P de fecha 06 de setiembre de 2023, el Acuerdo N° 410-P de fecha 29 de noviembre de 2023, el Acuerdo N° 541-P de fecha 17 de abril de 2024, el Acuerdo N° 533-P de fecha 03 de julio de 2024 y el Acuerdo N° 561-P de fecha 29 de julio de 2024, se nombró a los representantes gubernamentales, titulares y suplentes, que integran el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia para el presente periodo.

4°—Que en razón de la nueva designación de persona jerarca en el Instituto Nacional de Aprendizaje, debe procederse al nombramiento de la nueva representación titular de esa institución ante el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1°—Nombrar al señor Christian Alonso Rucavado Leandro, cédula de identidad 112580089, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje como representante titular del Instituto Nacional de Aprendizaje ante el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 2°—Rige a partir del 11 de octubre de 2024 y hasta el 07 de mayo de 2026.

Dado en la Presidencia de la República, a los once días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—1 vez.—O. C. N° 16864-2024.—Solicitud N° 20240003015.—( IN2024904831 ).

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

N° 20-2024 MGP

El MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 141 de la Constitución Política 28 incisos 1 y 2 acápite a) de la Ley General de la Administración Pública Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; 49 y 118 de la Ley General de Migración y Extranjería, Ley N° 8764 del 19 de agosto de 2009 230 del Reglamento para el Otorgamiento de Visas de Ingreso a Costa Rica, Decreto Ejecutivo Nº 36626-G del 23 de mayo del 2011 y el oficio DM-0660-2023 suscrito el 06 de marzo del 2023 por la señora Lydia Peralta Cordero en su condición de Ministra a.i. de Relaciones Exteriores y Culto.

ACUERDA:

Artículo 1º—Modificar parcialmente el Acuerdo N° 20-2022-MGP del veintiuno de junio del dos mil veintidós, publicado en La Gaceta N° 159 del veintitrés de agosto del dos mil veintidós, nombrar como representante del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto cuando éste no pueda asistir a las sesiones de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, al señor David Ricardo Otárola Pacheco , con cédula de identidad número 1-726-598.

Artículo 2º—Rige a partir del 11 de marzo del año 2023.

Dado en la Ciudad de San José, a las catorce horas con veinte minutos del día dieciséis de octubre del dos mil veinticuatro.

Mario Zamora Cordero, Ministro de Gobernación y Policía.— 1 vez.—O.C. N° 082202400010.—Solicitud N° 545425.—( IN2024904918 ).

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

N° 212-C.— 4 de setiembre de 2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE CULTURA Y JUVENTUD

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución Política, los artículos 4, 25.2, 28 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite a) y 92 de la Ley N° 6227, denominada Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978, y;

Considerando:

I.—Que corresponde al Presidente de la República y al Ministro del ramo ejercer las atribuciones que conjuntamente señalan la Constitución Política y la Ley, entre otras, lo establecido en el artículo 146 de la Constitución Política donde se indica que: “Los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder Ejecutivo, requieren para su validez las firmas del Presidente de la República y del Ministro del ramo y, además, en los casos que esta Constitución establece la aprobación del Consejo de Gobierno”.

II.—Que el artículo 4 de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública, establece que ésta se rige por los principios generales de  servicio público, con la finalidad de asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisface y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.

III.—Que el artículo 92 de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública, dispone que se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquél, lo cual implica la materialidad del acto de firma, no así la transferencia de las competencias.

IV.—Que la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-167-2022 del 11 de agosto del 2022, ante la consulta realizada por la Presidencia de la República, sobre la posibilidad de delegación de la firma del señor Presidente en otros funcionarios, reconsideró el dictamen C-121-2007 de fecha 18 de abril del 2007, y en lo que interesa  señaló: “En el tanto no envuelva una delegación de competencia, el Presidente de la República, el Ministro del Ramo c ambos integrantes del Poder Ejecutivo en sentido estricto pueden delegar la firma de las resoluciones, acuerdos u órdenes que deban emitir en cumplimiento de las competencias -administrativas- atribuidas por Ley.”

V.—Que el Decreto Ejecutivo N° 37389-C del 14 de setiembre de 2012, Crea el Viceministerio Administrativo del Ministerio de Cultura y Juventud, establece en su artículo 3° que el Viceministerio Administrativo asumirá la dirección del Programa Presupuestario 749 - Actividades Centrales del Ministerio de Cultura y Juventud, dirigirá la actividad administrativa y financiera del Ministerio y supervisará la gestión administrativa y financiera de los órganos desconcentrados y tendrá cualquier otra función que la persona Ministra de Cultura y Juventud le encomiende o delegue.

VI.—Que por Acuerdo Ejecutivo N° 528-P del 11 de julio de 2024, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Digital número 131 del 17 de julio de 2024, se designó al señor Jorge Rodríguez Vives, mayor, soltero, Master en gerencia y negociaciones, vecino de San Pedro de Montes de Oca, San José, titular de la cédula de identidad número 1-1247-0158, en el cargo de Ministro de Cultura y Juventud.

VII.—Que por Acuerdo Ejecutivo N° 002-P del 08 de mayo de 2022, publicado en el Alcance Digital número 91 a La Gaceta Digital N° 85 del 10 de mayo de 2022, se designó al señor Luis Alexander Castro Mena, mayor, casado, master en Administración Educativa, vecino de Tibás, San José, titular de la cédula de identidad N° 5-0296-0284, como Viceministro Administrativo del Ministerio de Cultura y Juventud.

VIII.—Que dadas las distintas responsabilidades que le atañen al Jerarca de esta Cartera Ministerial, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública, -y con la finalidad de brindar una debida atención a las múltiples gestiones administrativas que desarrolla este Ministerio se estima procedente la delegación de firma, en los términos establecidos en el artículo 92 de la citada ley, de los actos administrativos que se indican de seguido.

IX.—Que el señor Jorge Rodríguez Vives, Ministro, delega en el señor Luis Alexander Castro Mena, o quien en su lugar ocupe el puesto de Viceministro Administrativo, ambos del Ministerio de Cultura y Juventud, la firma para el dictado de los siguientes actos administrativos:

a.  Las resoluciones administrativas, sus adiciones cuando sean necesarias y sus eventuales recursos en alzada, referentes al tipo de acto de derechos laborales de las personas servidoras y personas ex servidoras de la Administración Pública, por conceptos tales como: diferencias salariales, carrera profesional, anualidades, zonaje, recargos, dedicación exclusiva, aumentos salariales, costo de vida, vacaciones, pago de prohibición, aguinaldo, salario escolar, licencias especiales por motivo de salud, reintegro por concepto sumas acreditadas que no corresponden, rectificaciones de pago.

b. Las resoluciones administrativas para el pago de derechos laborales por concepto de pensiones, el pago de derechos laborales por concepto de despido, el pago de derechos laborales por concepto de renuncia, el pago de derechos laborales por concepto de defunción, el pago de derechos laborales por concepto de cese de nombramiento interino, el pago de derechos laborales por concepto de no prórroga de nombramiento.

c.  Los actos administrativos de nombramiento de órgano director y actos finales derivados de la instrucción de procedimientos administrativos disciplinarios, así como cualquier acto correspondiente al Órgano Decisor, para el correcto desarrollo del procedimiento, así como el acto que resuelve el recurso de reposición contra el acto final.

d.  Los actos administrativos de nombramiento de órgano director y actos finales derivados de la instrucción de procedimientos administrativos de cobro, así como cualquier acto correspondiente al Órgano Decisor, para el correcto desarrollo del procedimiento, así como el acto que resuelve el recurso de reposición contra el acto final.

e.  Los actos administrativos de nombramiento de órgano director y actos finales derivados de la instrucción de procedimientos administrativos de nulidad absoluta evidente y manifiesta, así como cualquier acto correspondiente al Órgano Decisor, para el correcto desarrollo del procedimiento, así como el acto que resuelve el recurso de reposición contra el acto final.

f.   Los actos administrativos de nombramiento de órgano director y actos finales derivados de la instrucción de procedimientos administrativos de declaratoria e  incorporación de bienes inmuebles al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, así como cualquier acto correspondiente al Órgano Decisor, para el correcto desarrollo del procedimiento, así como el acto que resuelve el recurso de reposición contra el acto final.

g.  Las resoluciones administrativas para el pago de reajustes de precios en los contratos públicos.

h.  Las resoluciones administrativas para el pago de órdenes emitidas por Despachos Judiciales.

i.   Los permisos de uso de instalaciones.

j.   Los contratos para formalizar la modalidad de teletrabajo con las personas funcionarias.

k.  Los actos administrativos de cese de interinidad.

l.   Los acuerdos ejecutivos de despido.

Por tanto,

ACUERDAN:

Artículo 1º—Delegar la firma del señor Jorge Rodríguez Vives, cédula de identidad número 1-1247-0158, Ministro de Cultura y Juventud, en el señor Luis Alexander Castro Mena, cédula de identidad número 5-0296-0284, Viceministro Administrativo del Ministerio de Cultura y Juventud o quien en su lugar ocupe dicho cargo, para el dictado de los siguientes actos administrativos:

a.  Las resoluciones administrativas, sus adiciones cuando sean necesarias y sus eventuales recursos en alzada, referentes al tipo de acto de derechos laborales de las personas servidoras y personas ex servidoras de la Administración Pública, por conceptos tales como: diferencias salariales, carrera profesional, anualidades, zonaje, recargos, dedicación exclusiva, aumentos salariales, costo de vida, vacaciones, pago de prohibición, aguinaldo, salario escolar, licencias especiales por motivo de salud, reintegro por concepto sumas acreditadas que no corresponden, rectificaciones de pago.

b.  Las resoluciones administrativas para el pago de derechos laborales por concepto de pensiones, el pago de derechos laborales por concepto de despido, el pago de derechos laborales por concepto de renuncia, el pago de derechos laborales por concepto de defunción, el pago de derechos laborales por concepto de cese de nombramiento interino, el pago de derechos laborales por concepto de no prórroga de nombramiento.

c.  Los actos administrativos de nombramiento de órgano director y actos finales derivados de la instrucción de procedimientos administrativos disciplinarios, así como cualquier acto correspondiente al Órgano Decisor, para el correcto desarrollo del procedimiento, así como el acto que resuelve el recurso de reposición contra el acto final.

d.  Los actos administrativos de nombramiento de órgano director y actos finales derivados de la instrucción de procedimientos administrativos de cobro, así como cualquier acto correspondiente al Órgano Decisor, para el correcto desarrollo del procedimiento, así como el acto que resuelve el recurso de reposición contra el acto final.

e.  Los actos administrativos de nombramiento de órgano director y actos finales derivados de la instrucción de procedimientos administrativos de nulidad absoluta evidente y manifiesta, así como cualquier acto correspondiente al Órgano Decisor, para el correcto desarrollo del procedimiento, así como el acto que resuelve el recurso de reposición contra el acto final.

f.   Los actos administrativos de nombramiento de órgano director y actos finales derivados de la instrucción de procedimientos administrativos de declaratoria e incorporación de bienes inmuebles al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, así como cualquier acto correspondiente al órgano Decisor, para el correcto desarrollo del procedimiento, así como el acto que resuelve el recurso de reposición contra el acto final.

g. Las resoluciones administrativas para el pago de reajustes de precios en los contratos públicos.

h.  Las resoluciones administrativas para el pago de órdenes emitidas por Despachos Judiciales.

i.   Los permisos de uso de instalaciones.

j.   Los contratos para formalizar la modalidad de teletrabajo con las personas funcionarias.

k.  Los actos administrativos de cese de interinidad.

l.   Los acuerdos ejecutivos de despido.

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives.—1 vez.—O. C.N° 4600084278.—Solicitud N° 006-2024.—( IN2024904650 ).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

N° AMJP-0119-09-2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140 incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres, y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

Considerando:

Único.—De conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en el Alcance N° 218 en La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre del 2022, modificado por el acuerdo N° 181-P de fecha 23 de enero del 2023, publicado en La Gaceta N° 24 de 9 de febrero de 2023, reformado por el acuerdo N° 351-P de 20 de setiembre del 2023, publicado en La Gaceta N° 185 Alcance N° 196 de 09 de octubre de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el artículo 1 del acuerdo de cita.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar al señor Bryan Joshua Ramírez Arroyo, portador de la cédula de identidad número 1-1840-0250, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Sinergia, cédula jurídica N° 3-006-907723, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional para su respectiva inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día trece de setiembre del dos mil veinticuatro.

Jorge Rodríguez Bogle por/ Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600089889.—Solicitud N° 547475.—( IN2024904746 ).

Nº AMJP-0120-09-2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo Nº 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

Considerando:

Único: Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en el Alcance N° 218 en La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre del 2022, modificado por el acuerdo N° 181-P de fecha 23 de enero del 2023, publicado en La Gaceta N° 24 de 9 de febrero de 2023, reformado por el acuerdo N° 351-P de 20 de setiembre del 2023, publicado en La Gaceta N° 185 alcance N° 196 de 09 de octubre de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el artículo 1 del acuerdo de cita.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar a al señor Greivin Gerardo Villalobos Segura, cédula de identidad número 1-209-0408, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Pro Legado Pura Vida, cédula jurídica Nº 3-006-894871 inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el trece de setiembre del dos mil veinticuatro.

Jorge Rodríguez Bogle, por RODRIGO CHAVES ROBLES, Presidente de la República.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O.C. N° 4600089889.—Solicitud N° 547476.—( IN2024904766 ).

N° AMJP 0121-09-2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo Nº36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

Considerando:

Único: Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en el Alcance N° 218 en La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre del 2022, modificado por el acuerdo N° 181-P de fecha 23 de enero del 2023, publicado en La Gaceta N° 24 de 9 de febrero de 2023, reformado por el acuerdo N° 351-P de 20 de setiembre del 2023, publicado en La Gaceta N° 185 alcance N°196 de 09 de octubre de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el artículo 1 del acuerdo de cita.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar a la señora Ana Jessie Campos Obando, cédula de identidad N° 1-0831-0521, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Ilumina, cédula jurídica N° 3-006-900774, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2°—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, el dieciséis de setiembre del dos mil veinticuatro.

Jorge Rodríguez Bogle, Por/ Rodrigo Chaves Robles Presidente de la República.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600089889.—Solicitud N° 547477.—( IN2024904749 ).

N° AMJP-0122-09-2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres, y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

Considerando:

Único.—Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en el Alcance N° 218 en La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre del 2022, modificado por el acuerdo N° 181-P de fecha 23 de enero del 2023, publicado en La Gaceta N° 24 de 9 de febrero de 2023, reformado por el acuerdo N° 351-P de 20 de setiembre del 2023, publicado en La Gaceta N° 185 Alcance N° 196 de 09 de octubre de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el artículo 1° del acuerdo de cita.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar a la señora Mónica Orlich Ventura, cédula de identidad número 1-906-0277, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Familia en Alianza de Costa Rica, cédula jurídica N° 3-006-372299, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el diecinueve de setiembre del dos mil veinticuatro.

Jorge Rodríguez Bogle por/ Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600089889.—Solicitud N° 547478.—( IN2024904765).

N° AMJP-0134-09-2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140 incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N°. 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N°. 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

Considerando:

Único.—De conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en el Alcance N° 218 en La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre del 2022, modificado por el acuerdo N° 181-P de fecha 23 de enero del 2023, publicado en La Gaceta N° 24 de 9 de febrero de 2023, reformado por el acuerdo N° 351-P de 20 de setiembre del 2023, publicado en La Gaceta N° 185 alcance N° 196 de 09 de octubre de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el artículo 1 del acuerdo de cita.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar a la señora Carlina Alvarado Zúñiga, portadora de la cédula de identidad número 1-1404-0100, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación The Footprint Initiative, cédula jurídica N° 3-006-884845, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional para su respectiva inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día veinticinco de setiembre del dos mil veinticuatro.

Jorge Rodríguez Bogle.—por Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O.C. Nº 4600089889.—Solicitud Nº 547480.—( IN2024904759 ).

N° AMJP 0137-09-2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

Considerando:

Único: Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en el Alcance N° 218 en La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre del 2022, modificado por el acuerdo N° 181-P de fecha 23 de enero del 2023, publicado en La Gaceta N° 24 de 9 de febrero de 2023, reformado por el acuerdo N° 351-P de 20 de setiembre del 2023, publicado en La Gaceta N° 185 alcance N° 196 de 09 de octubre de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el artículo 1 del acuerdo de cita.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar a la señora Andrea Kristen Hughey, pasaporte de Estados Unidos de América número 642701522, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Pickle Power Atrayendo Jóvenes Al Deporte, cédula jurídica N° 3-006-888278, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2°—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el veinticinco de setiembre del dos mil veinticuatro.

Jorge Rodríguez Bogle por/ RODRIGO CHAVES ROBLES, Presidente de la República.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600089889.—Solicitud N° 547481.—( IN2024904751 ).

N° AMJP 0138-09-2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

Considerando:

Único: Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en el Alcance N° 218 en La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre del 2022, modificado por el acuerdo N° 181-P de fecha 23 de enero del 2023, publicado en La Gaceta N° 24 de 9 de febrero de 2023, reformado por el acuerdo N° 351-P de 20 de setiembre del 2023, publicado en La Gaceta N° 185 alcance N° 196 de 09 de octubre de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el artículo 1 del acuerdo de cita.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar a la señora Bárbara Alejandra del Valle Vásquez Gómez, documento de identidad migratorio para extranjeros número 186201248012, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Amanecer, cédula jurídica N° 3-006-905603, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2°—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el veinticinco de setiembre del dos mil veinticuatro.

Jorge Rodríguez Bogle por/ RODRIGO CHAVES ROBLES, Presidente de la República.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600089889.—Solicitud N° 547482.—( IN2024904763 ).

Nº AMJP-0139-09-2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo Nº 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

Considerando:

Único: Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en el Alcance N° 218 en La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre del 2022, modificado por el acuerdo N° 181-P de fecha 23 de enero del 2023, publicado en La Gaceta N° 24 de 9 de febrero de 2023, reformado por el acuerdo N° 351-P de 20 de setiembre del 2023, publicado en La Gaceta N° 185 alcance N° 196 de 09 de octubre de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el artículo 1 del acuerdo de cita.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar a la señora María José Rodríguez Terán, cédula de identidad número 4-0183-0211, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Alouatta Project, cédula jurídica Nº 3-006-886856, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día veintiséis de setiembre del dos mil veinticuatro.

Jorge Rodríguez Bogle, por Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600089889.—Solicitud N° 547483.—( IN2024904762 ).

N° AMJP-0140-09-2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140 incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N°. 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

Considerando:

Único.—De conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 7 de octubre del 2022, publicado en el Alcance N° 218 de La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre del 2022, y reformado por el Acuerdo N° 181-P de fecha 23 de enero del 2023, publicado en La Gaceta N° 24 de 9 de febrero de 2023 y el Acuerdo N° 351-P de fecha 20 de setiembre del 2023, publicado en La Gaceta N° 185 del 9 de octubre del 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el artículo1 del acuerdo de cita.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Dejar sin efecto el acuerdo ejecutivo N° AMJP-0054-05-2024 de fecha 02 de mayo del 2024, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 31 de julio del 2024, mediante el cual se nombró al señor Carlos Humberto de la Trinidad Molina Cortés, cédula de identidad N° 3-0240-0769, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Provocando Fiesta en los Cielos, cédula jurídica N° 3-006-898275, por haber renunciado.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional para su respectiva inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día treinta de setiembre del dos mil veinticuatro.

Jorge Rodríguez Bogle/ por Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—EL Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O.C. Nº 4600089889.—Solicitud Nº 547485.—( IN2024904761 ).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

Nº 0317-2024

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; artículo 25 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; así como lo dispuesto en la Ley Nº 10427 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de diciembre de 2023, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024 y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y

Considerando:

I.—Que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) tiene a su cargo la rectoría y la representación del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de conformidad con el artículo 2 de la Ley N° 9981. Aunado a lo anterior, mediante dicha ley se establece a COMEX como responsable de la coordinación nacional de los órganos, entes y poderes públicos que correspondan, según los temas de competencia de cada uno, a efectos del trabajo ante la OCDE. Además, este Ministerio es el punto de contacto de alto nivel con dicha organización para informar y dar cuentas sobre el progreso y reportes post adhesión.

II.—Que en este contexto, 26 y 27 de setiembre de 2024, la Secretaría del Consejo de la OCDE organizó un retiro en La Rochelle, Francia, con el objetivo de tener una discusión informal entre los representantes permanentes de los 38 países miembros de la OCDE sobre los retos que enfrenta la organización. En el marco de estas actividades se requiere la participación del Embajador Elías Soley con el fin de representar a Costa Rica en dicho evento.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor Elías Arturo Soley Gutiérrez, Embajador Representante Permanente de Costa Rica ante la Delegación de Costa Rica ante la OCDE en París, Francia, portador de la cédula de identidad número 1-0635-0282, para que viaje a La Rochelle, Francia, del 26 al 27 de setiembre de 2024, para representar a Costa Rica en el retiro organizado por la Secretaría del Consejo de la OCDE. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) analizar y discutir los retos en materia de desarrollo, océanos y clima de los países miembros de la OCDE y las contribuciones de la organización en esta materia; 2) intercambiar posiciones sobre el proceso de crecimiento de la organización y potenciales nuevos miembros; 3) aprovechar el espacio de interacción con los países miembros y la Secretaría de la OCDE para posicionar las prioridades de trabajo de Costa Rica en la organización, a la luz de la presidencia de Costa Rica de la próxima reunión del Consejo a nivel Ministerial.

Artículo 2º—Los gastos del señor Elías Arturo Soley Gutiérrez por concepto de hospedaje, alimentación, y transportes internos en bus asociado al seminario estarán siendo cubiertos por adelantado por la OCDE, los cuales posteriormente harán llegar la factura a la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE. El transporte terrestre en París y el boleto de tren serán cubiertos con presupuesto de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE. Los gastos correspondientes a internet en el caso de ser requerido, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, serán sufragados con recursos de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE. Por efectos de itinerario y rutas terrestres desde y hacia su lugar de destino, viaja a partir del 26 de setiembre y regresa a París, el 27 de setiembre del presente año. Se autoriza al señor Elías Arturo Soley Gutiérrez, el uso de firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia.

Artículo 3º—Rige del 26 al 27 de setiembre de 2024.

San José, a los trece días del mes de setiembre de dos mil veinticuatro.

Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior.— 1 vez.—O. C. N° 4600096114.—Solicitud N 544267.—( IN2024904505 ).

Nº 0353-2024

LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; artículo 25 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; así como lo dispuesto en la Ley Nº 10427 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de diciembre de 2023, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024 y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y

Considerando:

I.—Que como parte de las labores impulsadas para el cumplimiento a los objetivos institucionales del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), específicamente la adecuada representación de los intereses comerciales del país en el exterior, COMEX inició un proceso de acercamiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al ser de su interés el formar parte de dicha organización y mejorar la calidad de las políticas públicas. Esta iniciativa se encuentra dentro de los objetivos nacionales de política comercial mediante los cuales el Ministerio da cumplimiento a su misión institucional de consolidar el proceso de apertura comercial y promover la atracción de inversión al país.

III.—Que de conformidad con el Decreto N° 37983-COMEX-MP, se declararon de interés público las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE. Luego de la Decisión Ministerial de la OCDE de mayo de 2013, se preparó un plan de acción con el fin de ampliar sus vínculos con la OCDE con miras a un proceso de adhesión (Plan de Acción OCDE), resultando en la invitación formal para iniciar un proceso de adhesión en abril de 2015. Posteriormente, en julio 2015, el Consejo de la OCDE aprobó la hoja de ruta que estableció el proceso y fijó los términos de la membresía de Costa Rica a la OCDE. El 15 de mayo de 2020 el Consejo de la OCDE tomó la decisión de invitar a Costa Rica a convertirse en miembro de la organización, mediante la suscripción de la Convención de la OCDE. En ese mismo mes, autoridades de la OCDE y Costa Rica firmaron el Acuerdo de Adhesión a la Convención de la OCDE, el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Ley Nº 9981 del 21 de mayo de 2021. Con ello, el 25 de mayo de 2021, Costa Rica se convirtió en el miembro número 38 de la OCDE.

III.—Que en este contexto, el pasado 16 de septiembre de 2024, la funcionaria Bárbara Rojas, inició funciones en el Ministerio de Comercio Exterior como asistente de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE en París, Francia. Actualmente, la funcionaria realiza sus funciones asistenciales y apoyo de manera virtual a la Delegación Permanente y está completando los procesos de inducción profesional en COMEX, mientras finaliza los procedimientos de formalización de su nombramiento ante las autoridades costarricenses. En este sentido, en la semana del lunes 30 de septiembre al viernes 4 de octubre, la Delegación Permanente deberá atender una gran cantidad de actividades y compromisos propios de las funciones diplomáticas, políticas y técnicas requeridas. Por tal motivo, se requiere que la funcionaria Bárbara Rojas viaje a París, Francia durante la semana mencionada y pueda prestar apoyo asistencial a las labores de la Delegación Permanente, particularmente en el marco de la celebración del día Nacional de Costa Rica que se realizará en la OCDE el día 30 de septiembre y en el marco de la visita a la OCDE que realizará el Ministro de Economía, Industria y Comercio Francisco Gamboa como parte de las actividades de la reunión Ministerial de Políticas de Consumidor. De igual manera, tomando ventaja de la presencia de la funcionaria en París, Francia, la misma tendrá reuniones de coordinación con el personal de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE, con funcionarios estratégicos de la OCDE para desempeñar correctamente sus labores asistenciales y con sus contrapartes de las Delegaciones Permanentes de los demás países miembros de la OCDE.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la señora Bárbara Josette Rojas Quirós, portadora de la cédula de identidad número 1-1627-0718, Asistente Negociador Comercial de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE, para que viaje del 28 de setiembre al 5 de octubre de 2024, para brindar apoyo asistencial a la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE durante una semana clave de actividades diplomáticas y técnicas, incluyendo la celebración del Día Nacional de Costa Rica en la OCDE y la visita del Ministro de Economía, Industria y Comercio, del 30 de setiembre al 4 de octubre de 2024. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) apoyar la ejecución de la celebración del Día Nacional de Costa Rica en la OCDE el 30 de septiembre; 2) asistir a la Delegación Permanente en las actividades relacionadas con la visita del Ministro Francisco Gamboa para la reunión Ministerial de Políticas de Consumidor; 3) coordinar reuniones con el personal de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE para fortalecer la colaboración y el desempeño de funciones; 4) realizar reuniones con funcionarios estratégicos de la OCDE para optimizar el trabajo asistencial dentro de la organización. 5) establecer contacto con las contrapartes de las delegaciones permanentes de otros países miembros de la OCDE para facilitar la gestión de la delegación.

Artículo 2º—Los gastos del viaje de la señora Bárbara Josette Rojas Quirós, por concepto de boleto aéreo de ida y regreso, el transporte terrestre en Costa Rica y Francia será cubiertos con recursos de la Delegación de Costa Rica ante la OCDE. Los gastos correspondientes a Internet en el caso de ser requerido, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, serán sufragados con recursos de Delegación de Costa Rica ante la OCDE. El seguro viajero será cubierto con recursos del Ministerio de Comercio Exterior, por la subpartida 10601 del programa 796. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia su lugar de destino viaja a partir del 28 de setiembre y regresa a Costa Rica el 5 de octubre de 2024. Se autoriza a la funcionaria Bárbara Josette Rojas Quirós, el uso de firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia.

Artículo 3º—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido para realizar el viaje.

Artículo 4º—Rige del 28 de setiembre al 5 de octubre de 2024.

San José, a los veintisiete días del mes de setiembre de dos mil veinticuatro.

Indiana Trejos Gallo, Ministra de Comercio Exterior a.i.—O.C. N° 4600096115.—Solicitud N° 544269.—( IN2024904521 ).

Nº 0357-2024

LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; artículo 25 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; el artículo 8, inciso b) de la Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996, Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica; así como lo dispuesto en la Ley Nº 10427 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de diciembre de 2023, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024 y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y

Considerando:

I.—Que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es el órgano responsable de definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera directa del país, promoviendo una vinculación global exitosa, la apertura de mercados internacionales, el apoyo a la ampliación, diversificación y sofisticación de la oferta exportable, la atracción de inversión, y el constante mejoramiento de la eficiencia en el funcionamiento del Estado y en su capacidad de aportar al clima de negocios del país; todo ello con incidencia positiva en el bienestar general.

II.—Que el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, por sus siglas en inglés), es un instituto que presenta soluciones sostenibles a los problemas más urgentes del mundo, mediante la promoción del desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental.

III.—Que desde el 2007, el IISD ha organizado, de forma anual, el Foro de Política de Inversión, el cual convoca a funcionarios gubernamentales de 50 países, así como a expertos en derecho de las inversiones, representantes de organizaciones regionales e internacionales y miembros de la sociedad civil, para buscar que el derecho y las políticas internacionales de inversión contribuyan al desarrollo sostenible. Este espacio de diálogo también busca apoyar las prioridades nacionales de los países en desarrollo, aprovechando el creciente impulso hacia una reforma significativa del derecho de las inversiones.

IV.—Que el 15vo Foro de Política de Inversión tiene como tema principal “Fomentar la coherencia en la gobernanza de las inversiones sostenibles: Alinear las dimensiones económica, social y ambiental”, tema que ha sido estandarte en la política de atracción de inversión de nuestro país. Por ende, la participación en este foro pretende fomentar la mejora continua de los países invitados, permitiendo un diálogo interestatal sobre las aspiraciones de bienestar centrado en el ciudadano, objetivos que son compartidos por quienes forman parte de la red de IISD. Este espacio de conversación y discusión de ideas y experiencias se enmarca en el compromiso del país de promover las inversiones sostenibles e inclusivas, y de crear el clima necesario para atraer inversión de calidad, por medio de una mejora en la competitividad, los servicios públicos, reducción de las brechas sociales y digitales, mejorar la política regulatoria y aumentar la productividad, entre otros.

V.—Que en este sentido, la participación de la funcionaria Andrea Rojas, negociadora de inversión, en el foro, es fundamental para aprovechar la gran oportunidad de discutir temas actuales sobre inversión que pueden informar la estrategia de negociación de tratados que ha adoptado COMEX. Asimismo, esta participación permitirá que la funcionaria participe en discusiones sobre prioridades estratégicas y los trabajos recientes en materia de inversión que están realizando los países, así como las iniciativas de organizaciones e instituciones internacionales.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la funcionaria Andrea Rojas Jiménez, portadora de la cédula de identidad número 1-1644-0389, Asesora de la Dirección de Inversión del Ministerio de Comercio Exterior, para que viaje del 13 al 19 de octubre de 2024 a Manila, Filipinas, para  participar en las diversas sesiones y paneles sobre el fortalecimiento de la coherencia en la gobernanza de las inversiones sostenibles, organizado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, con el fin de contribuir a los esfuerzos de promoción de los objetivos de la agenda de inversión que se encuentra a cargo del Ministerio de Comercio Exterior, del 16 al 18 de octubre de 2024. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) participar en las sesiones y paneles del Foro de Política de Inversión, en las que se tratarán temas como los procesos de reforma de los acuerdos internacionales de inversión; la promoción de las inversiones sostenibles; desarrollos recientes en la fiscalidad internacional y sus efectos en la inversión; la coherencia en la inversión y la gobernanza de los derechos humanos; y la coherencia entre la gobernanza de las inversiones y la fiscalidad; 2) tomar parte de las discusiones sobre temas claves para la política de inversión que tendrán lugar durante todas estas reuniones, durante las cuales se conocerán los desafíos y experiencias de los países participantes en la definición e implementación de políticas públicas específicas en el área de desarrollo sostenible; 3) utilizar el diálogo e intercambio de experiencias que tendrá lugar en las reuniones, para optimizar el aprovechamiento de los instrumentos asociados con temas de inversión, incluyendo las mejores prácticas en temas de acuerdos de inversión y en la implementación y fortalecimiento de políticas públicas costarricenses pertinentes; 4) contribuir en la discusión, análisis y reflexión de las temáticas del foro, recogiendo elementos de las experiencias de los participantes que puedan resultar valiosas en el desarrollo interno de políticas públicas dirigidas a potenciar estos temas en Costa Rica; 5)  aprovechar la ocasión para fortalecer la red de contactos entre los países participantes y demás participantes del evento.

Artículo 2º—Los gastos del viaje de la señora Andrea Rojas Jiménez por concepto de boletos aéreos, hospedaje y alimentación durante los días del evento serán cubiertos por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible. El cobro de equipaje, la alimentación en tránsito cuando corresponda a saber $37.56 (treinta y siete dólares con cincuenta y seis centavos) y el transporte terrestre (desde/hacia el aeropuerto) en Filipinas y Costa Rica, serán financiados con recursos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). Los gastos correspondientes a Internet en el caso de ser requerido, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, serán sufragados con recursos de PROCOMER. El seguro viajero será cubierto con recursos de COMEX por la subpartida 10601 del programa 796. Se autoriza a la funcionaria a realizar escala en Houston y San Francisco, Estados Unidos de América por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia su lugar de destino, viaja a partir del 13 de octubre y regresa a Costa Rica el 19 de octubre del presente año.  Se autoriza a la señora Andrea Rojas Jiménez, el uso de la firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia.

Artículo 3º—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido para realizar el viaje.

Artículo 4º—Rige del 13 al 19 de octubre de 2024.

San José, al segundo día del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Indiana Trejos Gallo, Ministra de Comercio Exterior a.i.—1 vez.—O.C. N° 082202400270.—Solicitud N° 545555.—( IN2024905081 ).

Nº 0370-2024

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; artículo 25 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; así como lo dispuesto en la Ley Nº 10427 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de diciembre de 2023, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024 y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y

Considerando:

I.—Que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es el responsable de definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera del país. Como parte de sus funciones, le corresponde velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales y la defensa de los intereses comerciales del país; así como representar al país en los foros comerciales internacionales donde se discutan temas de comercio e inversión.

II.—Que por lo anterior, el valor público generado por el Ministerio de Comercio Exterior se manifiesta en la promoción del comercio de bienes y servicios, así como en la atracción de inversión extranjera directa, los cuales constituyen esfuerzos que están orientados a impulsar un mayor crecimiento económico y desarrollo, con el fin de crear nuevas y mejores oportunidades para la población, contribuyendo de manera significativa al bienestar colectivo y al progreso del país.

III.—Que en este contexto, entre las labores que realiza el Ministerio para la creación de valor público se encuentra lo relativo a la mejora regulatoria, el cual es un elemento fundamental para la creación de un entorno normativo eficiente, transparente y que promueva el bienestar ciudadano.

IV.—Que en este sentido, la importancia de la mejora regulatoria radica en su capacidad para optimizar el diseño, implementación y evaluación de las regulaciones, asegurando que estas generen los mayores beneficios posibles para la sociedad, sin imponer costos innecesarios o barreras desproporcionadas. La mejora regulatoria garantiza que las decisiones normativas sean tomadas de manera transparente y participativa, lo cual fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones y refuerza, entre otros aspectos, la rendición de cuentas y la adaptación a los compromisos internacionales. Por ejemplo, Costa Rica, al ser un país altamente integrado en la economía global y parte de acuerdos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se han asumido compromisos en materia de mejora regulatoria que buscan alinear sus políticas con los más altos estándares internacionales, promoviendo la eficiencia y la competitividad.

V.—Que sobre la base de lo antes expuesto, el Ministerio de Comercio Exterior fue invitado a participar en el XIII Encuentro ordinario de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria el cual busca abordar el proceso de diseñar, implementar y evaluar las regulaciones desde una perspectiva integral. Durante tres días de trabajo, los participantes podrán explorar, discutir e intercambiar sobre distintas áreas de la mejora regulatoria, a fin de incrementar la calidad de las regulaciones en sus países e instituciones.

VI.—Que en este sentido, la señora Vega, como representante de la Unidad de Planificación Institucional y Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Mejora Regulatoria (CIMER), ha sido designada para participar del 15 al 17 de octubre de 2024 a esta actividad que se realizará en La Ciudad de México, México en virtud del apoyo que brinda a las diversas instancias de la institución en los esfuerzos que realizan en materia de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites para el cumplimiento de los compromisos institucionales en dichas materias para lograr la satisfacción del interés público y cumplir con los principios de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en su actuación administrativa.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la señora Angie Vega Segura, portadora de la cédula de identidad número 1-1395-0782, Coordinadora del Departamento de Planificación Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, para que viaje a Ciudad de México, México del 14 al 18 de octubre de 2024, para participar en el XIII Encuentro ordinario de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria el cual busca abordar el proceso de diseñar, implementar y evaluar las regulaciones desde una perspectiva integral, del 15 al 17 de octubre de 2024. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) intercambiar buenas prácticas regulatorias para fortalecer la calidad regulatoria en los países de Iberoamérica y del Caribe; 2) participar de las conferencias en las que se abordaran casos de éxito y lecciones aprendidas relacionadas con simplificación administrativa y de trámites, mejora regulatoria.

Artículo 2º—Los gastos del viaje de la señora Angie Vega Segura por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje a saber $1.112,28 (mil ciento doce dólares con veintiocho centavos) sujetos a liquidación, serán cubiertos con recursos de COMEX, de la subpartida 10504 del programa 792. El boleto aéreo y el transporte terrestre en México serán asumidos con recursos de COMEX, de la subpartida 10503 del programa 792.  El transporte terrestre en Costa Rica será sufragado con recursos de COMEX de la subpartida 10501 del programa 792. Los gastos correspondientes al cobro de equipaje serán sufragados con recursos de COMEX, de la subpartida 10504 del programa 796. El seguro viajero será cubierto con recursos del Ministerio de Comercio Exterior, por la subpartida 10601 del programa 796. Los gastos correspondientes a Internet en el caso de ser requerido, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, serán sufragados con recursos del Ministerio de Comercio Exterior. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia su lugar de destino, viaja a partir del 14 de octubre y regresa a Costa Rica el 18 de octubre de 2024. Se autoriza a la señora Angie Vega Segura, el uso de la firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia.

Artículo 3º—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido para realizar el viaje.

Artículo 4º—Rige del 14 al 18 de octubre de 2024.

San José, a los ocho días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior.—1 vez.—O. C. Nº 4600096116.—Solicitud Nº 544273.—( IN2024904508 ).

Nº 0371-2024

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; artículo 25 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; así como lo dispuesto en la Ley Nº 10427 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de diciembre de 2023, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024 y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y

Considerando:

I.—Que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) tiene a su cargo la rectoría y la representación del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de conformidad con el artículo 2 de la Ley N° 9981. Aunado a lo anterior, mediante dicha ley se establece a COMEX como responsable de la coordinación nacional de los órganos, entes y poderes públicos que correspondan, según los temas de competencia de cada uno, a efectos del trabajo ante la OCDE. Además, este Ministerio es el punto de contacto de alto nivel con dicha organización para informar y dar cuentas sobre el progreso y reportes post adhesión.

II.—Que una de las prioridades de Costa Rica como miembro activo de la OCDE es mantener un espíritu reformista con el objetivo de robustecer, mejorar y profundizar en áreas prioritarias y necesarias de trabajo, tales como la productividad, la inclusión social, la gobernanza pública, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento y desarrollo económicos. Como parte de los compromisos permanentes del país como miembro de la OCDE, Costa Rica participa en el Grupo de Trabajo del Comité de Comercio de dicha organización. Se trata de un foro de suma importancia en el que participan funcionarios de alto nivel de las autoridades comerciales de los países miembros, en proceso de adhesión y observadores de la OCDE.

III.—Que en este contexto, el Grupo de Trabajo del Comité de Comercio llevará a cabo una reunión los días 10 y 11 de octubre de 2024, en la sede de la OCDE en París, Francia. Durante este encuentro se celebrará el Foro Global sobre Comercio: Crecimiento Verde y Desarrollo Sostenible, en el que se discutirán temas clave como las tendencias del comercio mundial, la sostenibilidad y el comercio de bienes y servicios. El Embajador ha sido invitado como panelista en la sesión inaugural del foro, lo que hace que su participación sea de suma importancia para avanzar en los objetivos de la política comercial y de inversión del país.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor Rónald Saborío Soto, Embajador-Jefe de la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, portador de la cédula de identidad número 2-0368-0158, para que viaje a París, Francia, del 9 al 11 de octubre de 2024, para participar en la reunión del Grupo de Trabajo del Comité de Comercio, el 10 y 11 de octubre de 2024. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) continuar con la participación regular de Costa Rica en el Grupo de Trabajo del Comité de Comercio; 2) participar como panelista y en las diferentes discusiones que tendrán lugar en la reunión para compartir la experiencia de Costa Rica en la definición de políticas de comercio en el entorno mundial actual; mejorar el entendimiento del comercio de bienes y servicios y su impacto sobre el crecimiento y el desarrollo; y explicar las acciones que impulsa el país en el sistema multilateral, regional y bilateral en materia de comercio; 3) contribuir en la discusión, análisis y reflexión de las temáticas del Grupo de Trabajo, recogiendo elementos de las experiencias de los participantes que puedan resultar valiosas en el desarrollo interno de políticas públicas dirigidas a potenciar estos temas; 4) aprovechar la ocasión para fortalecer la red de contactos que se ha establecido con los países miembros de la OCDE y reforzar el interés del país en continuar profundizando y mejorando su participación en la OCDE.

Artículo 2º—Los gastos del señor Rónald Saborío Soto por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, hospedaje y alimentación a saber, $734,00 (setecientos treinta y cuatro dólares) sujetos a liquidación, además, del boleto de tren, el transporte terrestre (traslados al/desde la estación de tren) en Ginebra y París, serán cubiertos con el presupuesto de la Oficina de COMEX ante la OMC en Ginebra. Los gastos correspondientes a internet en el caso de ser requerido, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, serán sufragados con recursos de la Oficina de COMEX ante la OMC. Por efectos de itinerario y rutas terrestre desde y hacia su lugar de destino, viaja a partir del 9 de octubre y regresa a Ginebra, Suiza el 11 de octubre de 2024. Se autoriza al funcionario Ronald Saborío Soto, el uso de firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia.

Artículo 3º—Rige del 9 al 11 de octubre de 2024.

San José, a los ocho días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior.— 1 vez.—O. C. N° 4600096119.—Solicitud N° 544276.( IN2024904527 ).

N° 0374-2024

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; artículo 25 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; así como lo dispuesto en la Ley N° 10427 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de diciembre de 2023, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024 y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y

Considerando:

I.—Que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es responsable de dirigir y representar a Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 9981. Asimismo, este Ministerio funge como el principal enlace de alto nivel encargado de reportar los avances y resultados relacionados con la adhesión del país a la organización.

II.—Que como miembro activo de la OCDE, Costa Rica participa activamente en el Comité de Comercio de la OCDE, un foro fundamental donde se reúnen altos funcionarios de los países miembros, aquellos en proceso de adhesión y observadores para intercambiar reflexiones y crear discusiones sobre los temas concernientes al Comité. La próxima reunión de este Comité se llevará a cabo los días 14 y 15 de octubre de 2024 en las oficinas de la OCDE en París, Francia.

III.—Que en este contexto, la representación de Costa Rica fue invitada a reflexionar sobre los resultados de la Reunión del Consejo Ministerial (MCM) de 2024. A la Delegación de Costa Rica se le invitó a presentar sus ideas sobre los temas para la MCM de 2025 en el marco de la Sesión Plenaria del Comité.

IV.—Que la participación de Costa Rica en este espacio, donde se abordarán temas como las tendencias del comercio internacional, la cooperación intergubernamental y las futuras iniciativas del Comité, es crucial para avanzar en los objetivos estratégicos de su política comercial y de inversión.

ACUERDA:

Artículo 1°—Designar al señor Ronald Saborío Soto, Embajador-Jefe de la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, portador de la cédula de identidad N° 2-0368-0158, para que viaje a París, Francia, el 13 al 16 de octubre de 2024, para participar en la reunión del Comité de Comercio de la OCDE. La participación en dichas reuniones es un medio para que Costa Rica comparta experiencias y reciba insumos valiosos sobre las nuevas tendencias del comercio mundial, las mismas, se llevarán a cabo el 14 y 15 de octubre de 2024. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) participar en las diferentes discusiones que tendrán lugar en el Comité de Comercio de la OCDE; 2) compartir la experiencia de Costa Rica en la definición de políticas de comercio en el entorno mundial actual; mejorar el entendimiento sobre las nuevas tendencias comerciales y regulatorias en el comercio digital, explicar las acciones que impulsa el país para incrementar su competitividad, atraer inversión extranjera, integrarse a las cadenas de valor, generar crecimiento, empleo, mejoramiento industrial y desarrollo tecnológico; 3) contribuir en la discusión, análisis y reflexión de las temáticas del comité, recogiendo elementos de las experiencias de los participantes que puedan resultar valiosas en el desarrollo interno de políticas públicas dirigidas a potenciar estos temas.

Artículo 2°—Los gastos del señor Ronald Saborío Soto por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, hospedaje y alimentación a saber $998,24 (novecientos noventa y ocho dólares con veinticuatro centavos) sujetos a liquidación, además, del boleto de tren, el transporte terrestre (traslados al/desde la estación de tren) en Ginebra y París, serán cubiertos con el presupuesto de la Oficina de COMEX ante la OMC en Ginebra. Los gastos correspondientes a internet en el caso de ser requerido, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, serán sufragados con recursos de la Oficina de COMEX ante la OMC. Por efectos de itinerario y rutas terrestre desde y hacia su lugar de destino, viaja a partir del 13 de octubre y regresa a Ginebra, Suiza el 16 de octubre de 2024. Se autoriza al funcionario Ronald Saborío Soto, el uso de firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia.

Artículo 3°—Rige del 13 al 16 de octubre de 2024.

San José, a los nueve días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior.— 1 vez.—O. C. N° 4600096120.—Solicitud N° 544279.—( IN2024904523 ).

N° 0376-2024

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; artículo 25 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; así como lo dispuesto en la Ley N° 10427 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de diciembre de 2023, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024 y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y

Considerando:

I.—Que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) tiene a su cargo la rectoría y la representación del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de conformidad con el artículo 2 de la Ley N° 9981. Aunado a lo anterior, mediante dicha ley se establece a COMEX como responsable de la coordinación nacional de los órganos, entes y poderes públicos que correspondan, según los temas de competencia de cada uno, a efectos del trabajo ante la OCDE. Además, este Ministerio es el punto de contacto de alto nivel con dicha organización para informar y rendir cuentas sobre el progreso y reportes post adhesión.

II.—Que en este sentido, el país participa en el Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe (LAC), cuyo objetivo es apoyar a esta región en el avance de reformas clave para desencadenar el crecimiento económico sostenible y el desarrollo social en toda la región. Asimismo, busca brindar a los formuladores de políticas un espacio para que el diálogo de políticas basadas en evidencia acerque a los países de la región a los estándares y las mejores prácticas de la OCDE.

III.—Que en este contexto, del 21 al 23 de octubre de 2024, se celebrará en Colombia la III Cumbre Ministerial de Inclusión Social: Repensando la Inclusión Productiva del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe. En el marco de esta Cumbre, se realizará la XIX Reunión del Grupo Directivo de este Programa. El Embajador de Costa Rica ante la OCDE, Elías Soley Gutiérrez participará en la III Cumbre Ministerial de Inclusión Social del Programa Regional de la OCDE, así como en las reuniones y eventos a celebrarse en el marco de dicha Cumbre. Debido a la importancia de este evento de alto nivel, en la que participaran el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y la Ministra de la Condición de la Mujer, es necesaria la presencia del funcionario días antes con el fin de participar, junto al equipo de San José, en las reuniones de coordinación y preparación de cara a esta Cumbre.

IV.—Que aunado a lo anterior, el 24 y 25 de octubre se llevarán a cabo reuniones de trabajo convocadas por el Ministro de Comercio Exterior, con el fin de coordinar y planificar las acciones estratégicas necesarias de cara a la Reunión del Consejo de la OCDE a nivel Ministerial (MCM) a celebrarse en 2025, que será presidida por Costa Rica. En este sentido, el Ministro de Comercio Exterior solicitó que el Embajador Soley viaje a Costa Rica para que participe en estas reuniones.

ACUERDA:

Artículo 1°—Designar al señor Elías Arturo Soley Gutiérrez, Embajador Representante Permanente de Costa Rica ante la Delegación de Costa Rica ante la OCDE en París, Francia, portador de la cédula de identidad número 1-0635-0282, para que viaje a Bogotá, Colombia y San José, Costa Rica, del 20 al 28 de octubre de 2024. En Bogotá, del 21 al 23 de octubre de 2024, va a representar a Costa Rica en la III Cumbre Ministerial sobre Inclusión Social del Programa Regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para América Latina y el Caribe y en las reuniones que se sostendrán en el marco de esta Cumbre. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) representar a Costa Rica en la III Cumbre Ministerial sobre Inclusión Social del Programa Regional de la OCDE y la reunión de su Grupo Directivo; 2) participar en el evento “La contribución del sector privado a la inclusión social”. En San José, el 24 y 25 de octubre de 2024, va a participar en sesiones de trabajo convocadas por el Ministro de Comercio Exterior orientadas a coordinar y planificar las acciones estratégicas necesarias para la preparación de la Reunión del Consejo de Ministerial de la OCDE, que será presidida por Costa Rica en 2025. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) participar en reuniones de trabajo con el Ministro de Comercio Exterior, con el fin de planificar estrategias para las acciones y actividades identificadas por la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE en relación con la Presidencia de Costa Rica en 2025 de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE; 2) sostener reuniones de coordinación con el equipo de la Dirección General de Comercio Exterior y el equipo OCDE, con el fin de coordinar las acciones y próximos pasos en relación con la Presidencia de Costa Rica en 2025 de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE.

Artículo 2°—Los gastos del viaje del señor Elías Arturo Soley Gutiérrez por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje a saber $457,56 (cuatrocientos cincuenta y siete dólares con cincuenta y seis centavos) sujetos a liquidación, además, del boleto de aéreo, el transporte terrestre en Francia, Colombia y Costa Rica serán cubiertos con presupuesto de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE. El día 26 de octubre, el funcionario Elías Soley tiene cita de la firma digital, por lo que se solicita que el regreso sea el domingo 27 de octubre de 2024. Los gastos correspondientes a internet en el caso de ser requerido, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, serán sufragados con recursos de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia su lugar de destino, viaja a partir del 20 de octubre y regresa a París el 28 de octubre del presente año. Se autoriza al señor Elías Arturo Soley Gutiérrez, el uso de firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia.

Artículo 3°—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido para realizar el viaje.

Artículo 4°—Rige del 20 al 28 de octubre de 2024.

San José, a los diez días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior.— 1 vez.—O. C. N° 4600096121.—Solicitud N° 544288.—( IN2024904519 ).

Nº 0377-2024

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; Artículo 25 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; así como lo dispuesto en la Ley Nº 10427 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de diciembre de 2023, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024  y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y

Considerando

I.—Que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) tiene a su cargo la rectoría y la representación del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 9981. Aunado a lo anterior, mediante dicha ley se establece a COMEX como responsable de la coordinación nacional de los órganos, entes y poderes públicos que correspondan, según los temas de competencia de cada uno, a efectos del trabajo ante la OCDE. Además, este Ministerio es el punto de contacto de alto nivel con dicha organización para informar y dar cuentas sobre el progreso y reportes post adhesión. 

II.—Que una de las prioridades de Costa Rica como miembro activo de la OCDE es conseguir el máximo aprovechamiento de su membresía a la Organización, robusteciendo, mejorando y profundizando la gestión pública en áreas prioritarias y necesarias de trabajo, tales como la productividad, la inclusión social, la gobernanza pública, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento y desarrollo económicos.

III.—Que uno de estos espacios de participación dentro de la Organización es el Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe (PRLAC), cuyo objetivo es apoyar a la región América Latina y el Caribe (LAC) en el avance de reformas clave para desencadenar el crecimiento económico sostenible y el desarrollo social en toda la región. Asimismo, busca brindar a los formuladores de políticas un espacio para que el diálogo de políticas basadas en evidencia acerque a los países de la región a los estándares y las mejores prácticas de la OCDE.

IV.—Que cabe destacar que Costa Rica fue designado como Presidente de la Reunión del Consejo Ministerial (MCM, por sus siglas en inglés) de la OCDE para 2025. Este es el evento más importante que realiza la organización cada año y su objetivo es definir la visión y las prioridades que delinearán el trabajo de la OCDE en los próximos años. En este sentido, resulta vital demostrar el sostenido compromiso del país con todos los espacios de participación, así como promover las buenas prácticas y estándares de la OCDE en la región.

  V.—Que en este contexto, Colombia será el anfitrión de la “III Cumbre Ministerial de Inclusión Social: Repensando la Inclusión Productiva” del PRLAC de la OCDE, que tendrá lugar el 22 de octubre de 2024, así como la XIX Reunión del Grupo Directivo del PRLAC de la OCDE el 23 de octubre de 2024, eventos y actividades en los márgenes de la Cumbre, el día 21 de octubre. En representación de Costa Rica participarán el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Andrés Romero Rodríguez y la Ministra de la Condición de la Mujer Cindy Quesada Hernández. Adicionalmente, el Embajador de Costa Rica ante la OCDE, Elías Soley Gutiérrez participará en los dos eventos anteriores, así como en el evento paralelo “La contribución del sector privado a la inclusión social” el 21 de octubre de 2024. 

VI.—Que debido a la importancia de este evento de alto nivel es necesaria la presencia del funcionario durante los eventos y reuniones bilaterales con el fin de brindar soporte técnico y acompañamiento a los jerarcas nacionales, así como participar de las reuniones de coordinación y preparación previa a los eventos, y los eventos en sí. 

ACUERDA:

 Artículo 1º—Designar al señor André Sagot Amador, portador de la cédula de identidad número 1-1616-0588, Negociador Comercial en la  Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE en París, Francia, para que viaje a Bogotá, Colombia, del 20 al 24 de octubre de 2024, para brindar soporte técnico y acompañamiento a los jerarcas que representarán a Costa Rica en la Cumbre Ministerial que tendrá lugar en Bogotá, Colombia, el 22 de octubre de 2024 y eventos asociados, así como las reuniones bilaterales que se organicen al margen de dichos eventos, del 21 al 23 de octubre de 2024. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) representar a Costa Rica en la Tercera Cumbre Ministerial sobre Inclusión Social del Programa Regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para América Latina y el Caribe; 2) participar en la reunión del Grupo Directivo del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe; 3) participar en los eventos y actividades paralelos; 4) asistir en las reuniones bilaterales que se organicen al margen de dichos eventos con expertos de la OCDE, representantes de alto nivel de otros países y de organismos internacionales

Artículo 2º—Los gastos del viaje del señor André Sagot Amador por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje a saber $428,48 (cuatrocientos veintiocho dólares con cuarenta y ocho centavos) sujetos a liquidación, además, del boleto de aéreo, el transporte terrestre en Francia y Colombia serán cubiertos con presupuesto de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE. Los gastos correspondientes a internet en el caso de ser requerido, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, serán sufragados con recursos de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia su lugar de destino, viaja a partir del 20 de octubre y regresa a París, el 24 de octubre del presente año. Se autoriza al señor André Sagot Amador, el uso de firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia.

Artículo 3º—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido para realizar el viaje.

Artículo 4º—Rige del 20 al 24 de octubre de 2024.

San José, a los once días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior.— 1 vez.—O. C. N° 4500096122.—Solicitud N° 544291.—( IN2024904395 ).