PROYECTOS

LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO

DE SEGURIDAD PÚBLICA

TEXTO SUSTITUTIVO

Expediente N.º 18.751

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Ministerio de Seguridad Pública ejerce una atribución derivada de la Constitución Política: el ejercicio del “poder de policía” para la defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial, la seguridad de las personas y de sus bienes, y la conservación del orden público. Junto con el Ministerio de Gobernación y Policía, históricamente fue desarrollando sus competencias en materia de seguridad.

Formalmente el Ministerio de Gobernación y Policía surge mediante la Constitución del 9 de abril de 1844; posteriormente, mediante Ley N.º 1 de 8 de mayo de 1948 se constituye la Junta Fundadora de la Segunda República, que entre sus integrantes menciona al “Ministro de Gobernación y Policía”.

Para ilustrar lo anterior, basta remontarse al año 1849, cuando por Ley N.º 35, de 30 de octubre de 1849 se promulgó el “Reglamento de Policía”, el cual dispone que la policía estará a cargo de los gobernadores, quienes en sus respectivas provincias y por medio de comisarios y agentes despeñan funciones tales como: velar por la conducta pública de los ciudadanos, garantizar la seguridad individual y la de sus propiedades, garantizar la quietud y el reposo de los habitantes de la República, y dictar providencias para promover la decencia, el ornato y salubridad de las poblaciones.

En los años siguientes se emiten diversas disposiciones normativas relacionadas con las mismas materias, siempre bajo la responsabilidad y dirección funcional y operativa de las gobernaciones. Para ese entonces existen gobernadores, jefes políticos, agentes principales, auxiliares de policía, miembros de los resguardos fiscales, Policía Militar, Guardia Civil, Guardia Presidencial, personal de cárceles y prisiones, oficiales e inspectores de tránsito, de la Dirección General de Detectives, de los departamentos de Extranjeros y Cédulas de Residencia y de Migración y Pasaportes, entre otros.

Para la década de los años 1950-1960, las gobernaciones mantienen bajo su cargo la mayoría de estas fuerzas del orden y de la seguridad. Sobresalen la Policía Nacional de Resguardo Fiscal y la Policía de Villas y Pueblos. La primera ejerce el control de la legalidad de las actividades de comercio, la supervisión de medidas y pesos, y la venta de licores; además, tiene la facultad de efectuar decomisos de las mercancías que no cumplan con los requerimientos fijados, y puede ejercer sus funciones en regiones alejadas del Valle Central. La segunda, es la encargada de la vigilancia en las comunidades y de resolver asuntos relacionados con disputas de la propiedad. Ambas policías concentran funciones de carácter preventivo y represivo, pues se encargan de restaurar la armonía cuando el ordenamiento jurídico es quebrantado.

En esta misma década, mediante Decreto Ejecutivo N.º 3 de 8 de noviembre de 1953, publicado en La Gaceta N.º 263 de 19 de noviembre de 1953, se crea formalmente el Ministerio de Seguridad Pública, cuya función exclusiva en ese entonces es la seguridad ciudadana y defensa del país.

Por Acuerdo N.º 57 de 3 de junio de 1954, la Guardia Civil, derivada de la abolición del ejército y creada mediante Decreto-Ley N.º 2 de 12 de mayo de 1949, se adscribe al Ministerio de Seguridad Pública. Esta fuerza policial es la encargada de la vigilancia y conservación del orden público y de la seguridad de la Nación, tal como lo señala la Constitución Política en su artículo 12.

Ante la diversidad de fuerzas policiales sin una clara estructura pero con fines y objetivos comunes o al menos muy similares, en fecha 15 de setiembre de 1970 se promulga la Ley N.º 4639: Ley Orgánica de la Guardia de Asistencia Rural, que busca solventar esta situación y satisfacer otras necesidades como es el salario justo para la policía, mejor preparación, las potestades que tendrá la nueva policía para evitar roces con la Guardia Civil del Ministerio de Seguridad Pública, y conseguir que cada cuerpo policial desempeñe adecuadamente sus funciones. La Guardia de Asistencia Rural, por su parte, depende directamente del Ministerio de Gobernación, tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, incorpora el Resguardo Fiscal y la Policía de Villas y Pueblos, colabora con la Fuerza Pública sin formar parte de ella; sin embargo, tiene facultades para efectuar arrestos, detenciones y decomisos.

Casi al mismo tiempo, el 24 de diciembre de 1973 se dicta la Ley N.º 5482: Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, que establece las funciones de esa cartera: preservar y mantener la soberanía nacional; coadyuvar en el fortalecimiento del principio de la legalidad mediante el respeto y acatamiento generales de la Constitución Política y las leyes; velar por la seguridad, tranquilidad y el orden público en el país. La misma Ley Orgánica le fija jurisdicción en todo el territorio nacional, aguas territoriales, plataforma continental y espacio aéreo de la República; establece que el mando supremo de la Fuerza Pública lo ejerce el presidente de la República, y que la Fuerza Pública, constituida conforme a la Constitución Política por todas las fuerzas de policía del país y las eventuales fuerzas militares que se organicen en los casos de excepción que la Constitución establece, son organizaciones sometidas a la superior jerarquía del presidente de la República y del ministro de Seguridad Pública.

Nótese que para ese entonces, pese a tener dos cuerpos normativos para la policía administrativa (Ley Orgánica de la Guardia de Asistencia Rural y Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública) las labores de seguridad ciudadana continúan divididas: en las zonas urbanas, a cargo de la Guardia Civil del Ministerio de Seguridad Pública; y en las zonas rurales, a cargo de la Guardia de Asistencia Rural del Ministerio de Gobernación y Policía.

Para la década de 1980-1990, el análisis de la realidad nacional en materia de seguridad ciudadana evidencia una serie de situaciones negativas urgentes de resolver. El marco jurídico existente es escaso e insuficiente y no responde a las nuevas necesidades, motivo por el cual se nombra una comisión que da inicio a la redacción de un proyecto de ley en procura de garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos y dignificar la función policial. Se pretende aportar una solución estructural a una serie de problemas relacionados con la delincuencia, buscando una mejor coordinación interinstitucional y que a su vez procure la profesionalización y estabilización de los cuerpos policiales.

Así, el 26 de mayo de 1994 se promulga la Ley N.º 7410: Ley General de Policía, publicada en el Alcance N.° 16 a la Gaceta N.° 103 de 30 de mayo de 1994, que derogó gran parte de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de la Guardia de Asistencia Rural. Tanto la Guardia Civil como la Guardia de Asistencia Rural pasan a depender del Ministerio de Seguridad Pública. Por su parte, el Ministerio de Gobernación continúa ejerciendo el poder de policía que le es propio desde larga data en materias de orden social como el desarrollo y fomento de las comunidades, el control de la propaganda, el control de radio, la Imprenta Nacional; y en materia de seguridad mantiene bajo su cargo la Policía Profesional de Migración y Extranjería. (Tomado de la exposición de motivos del proyecto de ley denominado “Ley Fusión de los Ministerios de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía”, expediente legislativo N.° 17.544)

En el Ministerio de Seguridad Pública, a más de 18 de años de promulgada la Ley General de Policía N.° 7410, y casi 40 años de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, existe urgente necesidad de contar con una nueva Ley Orgánica que permita crecer y desarrollar la institución policial con un verdadero y efectivo programa de acciones estratégicas tendientes a prevenir y combatir las diversas formas de delincuencia, la preparación y disposición anticipada para garantizar la seguridad ciudadana y conservación del orden público, un modelo pedagógico policial que responda a las necesidades actuales, la creación de un Tribunal de Conducta Policial de alto nivel que conozca las causas disciplinarias contra la policía, y lineamientos dirigidos a la dignificación de la función y del funcionario policial, entre otras. Para ello se propone:

Mayor apertura de la visión sistémica del aparato policial

En el Ministerio de Seguridad Pública se desarrollan una serie de acciones que no son necesariamente las policiales propiamente dichas, sino otras preparatorias, conexas y coadyuvantes a la policial sin las cuales no se puede desarrollar la función principal, como son las relacionadas con armas, explosivos y equipos policiales; la inspección, supervisión y control de los servicios de seguridad privada; las acciones preventivas de seguridad ciudadana mediante sistemas de vigilancia electrónica; las labores de análisis y tratamiento de información policial, de inteligencia policial, de lofoscopía, dactiloscopia y cualquier otro método de identificación policial; el control e investigación de la actuación policial; la formación, capacitación y especialización del personal policial incluyendo la investigación, la instrucción y la conducción de los alumnos; la captación de información por medio documental o audiovisual de los operativos policiales en el lugar y momento en que estos se desarrollan; las labores de psicólogos, médicos y paramédicos policiales así como de otras especialidades, durante los operativos policiales; entre otras. Sin embargo, interpretaciones de tipo jurídico administrativo han catalogado estas labores accesorias como administrativas, lo que genera confusiones, obstaculiza el normal desarrollo de las operaciones policiales, y en general, afecta negativamente el crecimiento integral de una institución cuya función sustantiva es la policial. Por este motivo en el presente proyecto se establece legal y formalmente el carácter policial de dichas funciones, las cuales serán desarrolladas por policías como verdaderamente corresponde, tanto durante el transcurso de los operativos policiales como en su actividad rutinaria policial.

La creación por ley del Consejo Superior de Oficiales

Será un órgano asesor conformado por los altos jerarcas policiales del Ministerio, que facilitará la toma de decisiones al ministro en materia de seguridad, al tiempo que desarrollará e implementará las políticas dictadas por el Consejo Nacional de Seguridad, propondrá políticas y lineamientos generales de organización, funcionamiento, formación y desarrollo de los cuerpos policiales del Ministerio, así como aquellas necesarias para la adecuada promoción humana, social y profesional de los miembros de los cuerpos policiales; nombrará y removerá a los miembros del Tribunal de Conducta Policial; seleccionará a los agregados policiales que representarán al Ministerio en el servicio exterior; entre otras. Asumirá todas las funciones y atribuciones del Consejo de Personal previsto en la Ley Nª 7410, excepto la de conocer y resolver como Órgano Decisor los procesos disciplinarios de faltas graves seguidos contra los funcionarios policiales adscritos a este Ministerio, la cual le corresponderá al Tribunal de Conducta Policial.

Creación de Agregadurías Policiales en misiones diplomáticas

El Ministerio podrá designar funcionarios de alto perfil, de sobrada experiencia y solvencia moral, para que en el marco del principio internacional de reciprocidad y de acuerdo con las necesidades del país en materia de seguridad, nos representen en el extranjero y participen en actividades tales como orientar y cooperar en temas policiales, coordinar actividades policiales con autoridades homólogas del país al que es acreditado, y propiciar y participar en actividades de asistencia técnica, humanitaria y de cooperación bilateral en temas de interés.

Creación de Tribunal de Conducta Policial

El Tribunal conocerá y resolverá los asuntos relacionados con la materia disciplinaria policial, y en los casos en que la sanción a imponer sea el despido, elevará las diligencias al Poder Ejecutivo para la emisión del respectivo acuerdo. Estará integrado por tres jueces, con capacitación profesional suficiente, que por su reconocida trayectoria y amplia experiencia serán garantía de imparcialidad y acierto en el desempeño de sus funciones. Para la consecución de sus objetivos, contará con la estructura necesaria que garantice su labor.

Reordenamiento de los cuerpos de policía y la potenciación de la vigilancia y seguridad de los estudiantes en centros educativos

Hace más de tres administraciones la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural operativamente se encuentran fusionadas de hecho, ya que la distinción entre lo rural y urbano actualmente no incide significativamente sobre las formas delictivas; en consecuencia, las labores que realizan son básicamente las mismas: la vigilancia general y la seguridad ciudadana. Por esta razón, se propone la fusión de derecho de estos cuerpos y de la Policía Escolar y de la Niñez (adicionada a la Ley General de Policía en el año 2005 por la Ley N.° 8449 de 14 de junio de 2005) en un solo cuerpo que se denominará: “Policía Civil”, que entre otras funciones velará por el mantenimiento de la tranquilidad, el orden público, la seguridad y la integridad de las personas y de sus bienes. Asimismo, se pretende potenciar la vigilancia y seguridad de los estudiantes en estos centros y colaborar en los operativos que se desarrollen contra la explotación sexual de la niñez y de las personas jóvenes, ya no con un limitado grupo de oficiales de un cuerpo policial sino con toda una fuerza azul compuesta por miles de policías que desde la Academia Nacional de Policía serán capacitados para esta labor que realizarán en todo el territorio nacional.

Desarrollo y fortalecimiento de la Reserva de las Fuerzas de Policía

La Reserva de las Fuerzas de Policía constituye uno de los más valiosos recursos para coadyuvar con las fuerzas regulares de policía en las labores de seguridad ciudadana. Conscientes del potencial de la Reserva y con la finalidad de operativizarla de la mejor manera, se propone definir con mayor precisión su naturaleza y esfera competencial, para así contribuir a su fortalecimiento jurídico y armonizarla con la realidad nacional, de acuerdo con las competencias que por disposición legal y constitucional corresponden al Ministerio de Seguridad Pública.

Desde el punto de vista operacional se propone una directa relación de dependencia con la Policía Civil para fortalecer su capacidad de respuesta, coordinación y funcionalidad.

Para ser miembro de la Reserva se adiciona a los actuales requisitos, ser de intachable probidad y conducta, ya que se trata de personas que trabajarán en condición “ad honórem” (sin recibir remuneración a cambio de sus servicios), pero ese solo hecho puede producir responsabilidad objetiva institucional al igual que en el caso de los servidores regulares del Estado, por lo que bajo esta óptica confluye también el nivel personal, el cual debe ser el óptimo.

Debido a la misma condición “ad honórem”, se establece que los reservistas no estarán amparados al Régimen del Estatuto Policial, no gozarán de los incentivos salariales establecidos en la Ley General de Policía, ni pertenecerán al régimen de empleo público, pero estarán sometidos al régimen disciplinario del Ministerio de Seguridad Pública. Incluso, atendiendo a esta especial naturaleza del régimen reservista, se autoriza su libre remoción por el Poder Ejecutivo.

Se incluye la indemnización por muerte o incapacidad permanente, ya que de producirse alguna de estas situaciones, al no existir indemnización, el Estado podría ser objeto de cuantiosas demandas.

En el proyecto, se propone que los reservistas del Poder Ejecutivo podrán ser llamados para recibir capacitación y adiestramiento, o bien, para unirse al servicio activo policial, dentro de su jornada laboral ordinaria, lo cual no afectará ninguno de los derechos, beneficios e incentivos derivados de sus contratos de trabajo.

Se propone que cada cuerpo policial del Ministerio de Seguridad Pública podrá organizar su respectiva unidad de reserva.

Creación y desarrollo de la Academia Nacional de Policía y del modelo pedagógico policial

A lo largo de la historia y de manera aislada, en nuestro país se han dado infructuosos intentos tendientes a la creación de una institución militar. En el año de 1842 se pretende instaurar el servicio militar obligatorio, planteamiento que no tiene éxito. El costarricense sencillo, abocado a las labores de la tierra, opta por la tradición civilista y la Constitución de 1848 suprime el ejército. Sin embargo, a finales de 1850 retoman las armas y el espíritu militar reaparece para defender a Costa Rica del ataque de los filibusteros quienes pretenden invadirla.

Con la ley del 9 de abril de 1844 se crea el Ministerio de Guerra, actual Ministerio de Seguridad Pública, y, en 1849 se restablece el ejército. No obstante, este pequeño grupo de hombres no posee una verdadera formación militar, más bien, los nombramientos en los altos cargos se hacen atendiendo razones políticas. A los militares se les asignan ciertas funciones de orden civil.

En 1948 estalló la Guerra Civil y al año siguiente se abolió nuevamente el ejército y en su lugar se crea una Guardia Nacional, luego se promulga nuestra Constitución Política en 1949, vigente al día de hoy, la cual dispone la abolición del ejército en forma definitiva.

En 1949 se substituye el Ministerio de Guerra por el Ministerio de Seguridad Pública y en la Escuela Militar de Guadalupe, denominada posteriormente “Escuela Cívico Militar”, adscrita al Ministerio de la Presidencia, se realizan las labores de capacitación de la Guardia Civil.

En 1965, se funda en nuestro país la Escuela Nacional de Policía, que tiene como objetivo principal brindar adiestramiento y capacitación a los cuerpos de policía. A partir de 1970 se le da el nombre de “Escuela Nacional de Policía Francisco J. Orlich B.”, como homenaje al expresidente. El 1 de enero de 1979 dicha Escuela queda adscrita al MSP, a la orden del director general de Planificación y Coordinación. En este mismo año el Instituto de Estudios Policiales, creado en 1977, pasa a formar parte de la Escuela. Hasta esa fecha las lecciones se impartían en algunos hangares del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, no obstante, en 1981 se inicia la construcción de sus instalaciones en San Rafael de Ojo de Agua de Alajuela, en un terreno muy próximo al Centro Penitenciario La Reforma.

En 1983, mediante Decreto Ejecutivo N.° 14.330, la Escuela Nacional de Policía pasa a llamarse “Academia de la Fuerza Pública Francisco J. Orlich B.”, y queda bajo la autoridad del director general de la Guardia Civil. Sin embargo, en 1985 esta Academia se desvincula de la Guardia Civil y se consolida como una unidad adscrita al MSP.

Mediante la Ley Nº 7410, publicada en el Alcance N.º 16 de la Gaceta N.º 103, de 30 de mayo de 1994, se decreta la “Ley General de Policía”, la cual establece que las labores de adiestramiento y capacitación policial estarán a cargo de la Escuela Nacional de Policía Francisco J. Orlich y de cualquier entidad pública, autorizada para ese fin por el Ministerio de Educación Pública y por el Consejo de Seguridad Nacional. Ese mismo año entra en vigencia el Decreto Ejecutivo N.º 23881-SP, el cual viene a regular la organización de los cuerpos policiales adscritos al MSP y dedica su capítulo V a la “Escuela Nacional de Policía Francisco J. Orlich”. Así, nuevamente se le cambia el nombre de “Academia” y en adelante se le denomina “Escuela”.

En el año 2001, con la Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista N.° 8096, se introducen reformas a la Ley General de Policía, y en algunas de sus normas se menciona a la “Academia Nacional de Policía”; no obstante, se mantiene incólume o sin reforma el término “Escuela” acuñado en 1994 en el artículo que establece cuáles son los entes encargados de brindar las labores de adiestramiento y capacitación policial. Lo mismo sucede en los posteriores reglamentos de organización (Decretos Ejecutivos N.° 32.177 y 36.366)

En el presente proyecto, y con base en el desarrollo que se pretende para este centro de capacitación, adiestramiento y estudios de alto nivel profesional para el personal de la institución policial, se propone la creación de la Academia Nacional de Policía, en donde la pedagogía policial es de orden prioritario en procura de la prestación de un servicio público de seguridad ciudadana de alta calidad, con proyección social. La modernización de la Academia se proyecta mediante la institucionalización de los procesos de capacitación y formación de personal, la construcción de una doctrina educativa de vanguardia, la constante actualización del currículo para una formación integral, con visión humana basada en los principios y valores éticos, de justicia y equidad, y el fortalecimiento e institucionalización de las prácticas pedagógicas.

Se propone además una capacitación básica general para todos los miembros de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, impartida por la Academia Nacional de Policía u homologada por esta, de manera tal que, una vez superada esa etapa de formación esencial, el estudiante se encuentre en capacidad de iniciar el ciclo de formación especializada según las competencias del cuerpo policial al que pertenece. En este proceso de desarrollo y modernización de la Academia Nacional de Policía, el Consejo Académico que se crea en esta ley tendrá un papel preponderante.

No menos importante es la formulación de nuevas disposiciones normativas que autorizan a la Academia a vender servicios de capacitación en el ámbito nacional e internacional, y para ello se crea un fondo especial que será administrado por la dirección general de ese centro de estudios. Los recursos del fondo serán incorporados al presupuesto general de la República, y serán destinados exclusivamente a la adquisición y mejoramiento de infraestructura, equipo, materiales y demás implementos necesarios para la formación y capacitación policial.

Otra novedad es la autorización para recibir donaciones, transferencias o subvenciones del Poder Ejecutivo, de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, empresas e instituciones estatales autónomas y semiautónomas, con el fin exclusivo de cumplir sus objetivos, de conformidad con la normativa vigente.

Por último se crea el régimen disciplinario interno estudiantil y de instructores, para que las acciones formativas se desarrollen dentro de un ambiente de orden, respeto y disciplina por parte del estudiantado y de los instructores, con estricta observancia de los valores éticos que rigen la función policial.

Actualización y mayor definición del Estatuto Policial

Luego de más de dieciocho años de vigencia del Estatuto Policial, se estima necesaria su actualización y fortalecimiento con disposiciones acordes a la realidad nacional, tales como la duración del período de prueba que se extenderá a un año contado a partir de la aprobación del Curso Básico Policial, con la finalidad de asegurar un servicio policial de calidad; la definición y alcances de la carrera y el grado policial; así como la determinación anual de las necesidades de nuevas plazas policiales para las Escalas Básica, Ejecutiva y Superior, así como aquellas necesarias para la gestión de apoyo de los cuerpos policiales para su adecuado desempeño, con la finalidad de que las primeras se aboquen en forma exclusiva al cumplimiento de las funciones policiales y no de otro tipo.

Creación de una Inspectoría de vigilancia y control de la actuación policial

Una de las metas más importantes del Ministerio de Seguridad Pública es que sus funcionarios policiales se conviertan en hombres y mujeres ejemplares para todos los habitantes del país, respetuosos de los principios éticos, morales y del orden jurídico.

Una de las debilidades que enfrenta el Ministerio de Seguridad Pública es la falta de una instancia jurídicamente consolidada que con conocimiento de la materia y del quehacer policial, y que durante todos los días del año y todas las horas del día al igual que la jornada policial -a diferencia del régimen administrativo- realice la supervisión y fiscalización de la actuación policial y el mejoramiento del servicio policial, mediante el seguimiento a los planes anuales operativos de los cuerpos policiales del Ministerio, participando de manera proactiva en la búsqueda de soluciones de las necesidades de los cuerpos policiales. Esta Dirección dependerá jerárquicamente del ministro de Seguridad Pública, será de naturaleza policial, fiscalizadora, de vigilancia y de control de la función policial.

Creación del Patronato de Construcciones y Adquisición de Bienes y Servicios y de un fideicomiso operativo

Con la finalidad de flexibilizar la gestión con miras a la mejora institucional integral, se crea el Patronato de Construcciones y Adquisición de Bienes y Servicios, que será el encargado de realizar las inversiones y licitaciones para la obtención de los bienes y servicios que se adquieran con los fondos de un fideicomiso operativo del Ministerio de Seguridad Pública que se crea en este proyecto, el cual estará constituido por los disponibles presupuestarios asignados a esta cartera ministerial mediante las leyes de presupuesto de la República, al cierre de cada ejercicio económico. Los fondos serán depositados en una cuenta especial a nombre del Ministerio de Seguridad Pública, en un banco estatal. Todo lo anterior, bajo las normas, control y fiscalización de la Contraloría General de la República.

Régimen de Bienestar Social de los funcionarios policiales del Ministerio de Seguridad Pública

La verdadera dignificación del funcionario policial es un tema que ha sido discutido ampliamente a lo largo de las diferentes administraciones, pero a la fecha los esfuerzos aislados y sin soporte normativo no han sido suficientes. Por ello se propone crear un órgano que se aboque a promover la motivación, bienestar y calidad de vida de los miembros de los cuerpos de policía del Ministerio de Seguridad Pública, en las áreas de salud, educación, cultura, recreación y vivienda, con planes, proyectos y programas encaminados a promover el bienestar social laboral de estos funcionarios.

Igualmente, se pretende crear un régimen de jubilación anticipada para los funcionarios policiales que hayan laborado al menos 25 años en funciones policiales. La edad de retiro, según los resultados de los estudios realizados, deberá ser a partir de los 55 años de edad.

Se plantea la creación de una entidad de Derecho Público, no estatal, con personería jurídica instrumental para la administración del Fondo de Pensiones de los funcionarios de los cuerpos de policía. La determinación de su estructura interna y de sus potestades será desarrollada por el Poder Ejecutivo en el Reglamento correspondiente.

Fortalecimiento y potenciación de la Policía de Fronteras

Se crea la Policía de Fronteras como un cuerpo altamente especializado para el resguardo, vigilancia y defensa de las fronteras terrestres, incluidas las aguas interiores del Estado y las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias. Se busca garantizar la soberanía y el patrimonio nacional en las fronteras del país y prevenir eventuales violaciones al territorio.

Para ello, entre sus funciones destacan: el patrullaje fronterizo permanente, las acciones operativas de vigilancia y protección, propias o en coordinación con otras instituciones o gobiernos amigos, en materia de ayuda humanitaria, protección al ambiente, estabilización en casos de desastres naturales o provocados por el ser humano; acciones de prevención de delitos nacionales e internacionales en las franjas fronterizas; coadyuvar en los procesos de integración de las comunidades y poblaciones indígenas de estas zonas; entre otras.

Estos son los temas más relevantes que aborda el presente proyecto, que en concordancia con la Constitución Política permitirá a la policía cumplir de manera oportuna y eficiente con la función de mantenimiento del orden y de la tranquilidad pública, la vigilancia, seguridad y protección de los habitantes y de sus bienes, el resguardo de nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas, así como mejorar las condiciones socio laborales de nuestra policía, en beneficio de los ciudadanos, de la comunidades y del país en general, al tiempo que actualiza la organización del Ministerio modernizándola según las necesidades evidenciadas a lo largo de los años.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto: “Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública”.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO

DE SEGURIDAD PÚBLICA

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.-       Competencia

El Ministerio de Seguridad Pública, de naturaleza policial, tiene la función de preservar y mantener la soberanía nacional y coadyuvar en el fortalecimiento del principio de legalidad mediante el respeto y acatamiento de la Constitución Política y las leyes.

Es el ente ministerial encargado de velar por la tranquilidad, la vigilancia, la seguridad y el orden público, y de desarrollar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana con un carácter primordialmente preventivo, bajo el enfoque democrático de que el derecho a la seguridad consiste en la certeza del goce de los derechos humanos.

ARTÍCULO 2.-       Interés público

Declárense de interés público, todos los aspectos relacionados con las materias que son de la competencia del Ministerio de Seguridad Pública, incluyéndose la presente ley, las leyes especiales y sus respectivos reglamentos.

ARTÍCULO 3.-       Jurisdicción

La jurisdicción del Ministerio de Seguridad Pública se extiende a todo el territorio nacional, aguas territoriales, plataforma continental y espacio aéreo de la República, de conformidad con la Constitución Política, los tratados vigentes y los principios de Derecho internacional.

ARTÍCULO 4.-       Organización

Para realizar sus funciones, contará con los cuerpos de policía que requiera, cuyas competencias deberán estar establecidas en la ley; asimismo, contará con las dependencias que requiera para la gestión de apoyo a los cuerpos policiales, cuyos funcionarios se regirán por el Régimen de Servicio Civil.

La organización policial y la de gestión de apoyo a los cuerpos policiales serán dadas por reglamento y en él se contemplará el reparto de competencias, deberes, atribuciones, funciones, relaciones de jerarquía y denominación de las dependencias, salvo la materia disciplinaria la cual se regulará mediante la presente ley

El Ministerio de Seguridad Pública contará con una estructura estratégica policial mediante la integración de sus sistemas de comunicaciones y tecnologías, por medio de la Dirección de Comunicaciones y Tecnologías.

ARTÍCULO 5.-       Aprovechamiento de recursos

Es deber del Ministerio procurar el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles, integrar los servicios y coordinar la función policial.

ARTÍCULO 6.-       Indemnización ministerial

En caso de muerte o de incapacidad absoluta permanente para el ejercicio de sus funciones, acaecidas en cumplimiento de labores propias de su cargo, o como consecuencia de estas, o por ser funcionario policial; en los tres casos tanto durante como fuera de servicio, los funcionarios policiales del Ministerio tendrán derecho a una indemnización igual al monto de su salario mensual por cada año de servicio o fracción no menor de seis meses, sin perjuicio de cualquier otra indemnización a que tuviera derecho el servidor o sus causahabientes.

Una indemnización similar recibirán las demás autoridades y servidores del Ministerio, en caso de muerte o de incapacidad absoluta permanente para el ejercicio de sus funciones, acaecidas en cumplimiento de labores propias de su cargo, sin perjuicio de cualquier otra indemnización a que tuviera derecho el servidor o sus causahabientes.

ARTÍCULO 7.-       Donaciones

El Ministerio podrá recibir donaciones, transferencias o subvenciones de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, del Poder Ejecutivo, empresas e instituciones estatales autónomas y semiautónomas, con el fin exclusivo de dar cumplimiento a sus objetivos.

Podrá recibir dineros, títulos valores, valores, bienes muebles, bienes inmuebles, semovientes, servicios y todo bien que resulte de utilidad para la consecución de sus fines, sin que pueda verse comprometida en forma alguna la función pública, ni su imparcialidad y objetividad.

El trámite se hará de conformidad con las disposiciones normativas aplicables en cada caso, mediante expediente y con apego a las normas de control interno y principios de transparencia.

Solo requerirán escritura pública los bienes inmuebles y los bienes muebles inscribibles en el Registro Nacional.

ARTÍCULO 8.-       Exenciones

El Ministerio estará exento del pago de tributos, impuestos, cánones, timbres y cargas de fisco, actuales o futuras, ante cualquier ente, órgano o institución, independientemente de su naturaleza descentralizada, desconcentrada, autónoma, semiautónoma, municipal o de otro tipo.

CAPÍTULO II

CONSEJO SUPERIOR DE OFICIALES

ARTÍCULO 9.-       Consejo Superior de Oficiales

Créase el Consejo Superior de Oficiales, dependiente del despacho del ministro.

El Consejo será el órgano asesor que facilite la toma de decisiones que el ministro haga en materia de seguridad.

El Consejo Superior de Oficiales estará integrado por el ministro o el viceministro policial que este designe, los directores generales de los cuerpos policiales del Ministerio, de la Academia Nacional de Policía y de Armamento.

El Consejo podrá convocar a cualquier persona para hacerse asesorar sobre temas específicos.

ARTÍCULO 10.-     Funciones

El Consejo Superior de Oficiales tendrá las siguientes funciones:

1.-     Desarrollar e implementar las políticas dictadas por el Consejo Nacional de Seguridad.

2.-     Proponer políticas y lineamientos generales de organización, funcionamiento, formación y desarrollo de las fuerzas de policía del Ministerio.

3.-     Proponer las políticas generales de la administración de los recursos humanos.

4.-     Emitir lineamientos que generen condiciones favorables para la adecuada promoción, humana, social y profesional de los miembros de los cuerpos policiales.

5.-     Conocer y aprobar las becas para los funcionarios policiales, cuya duración sea igual o superior a los dos meses.

6.-     Nombrar y remover a los miembros propietarios y suplentes del Tribunal de Conducta Policial.

7.-     Seleccionar a los agregados policiales que representarán al Ministerio en el servicio exterior.

8.-     Conocer y refrendar las recomendaciones de ascensos y separaciones de puestos de los funcionarios policiales que ocupan puestos de alta dirección.

9.-     Revisar y realizar sugerencias sobre el equipo policial, avituallamiento y tecnología a adquirir.

10.-   Solicitar a los mandos policiales y a los de gestión de apoyo a los cuerpos policiales, la rendición de cuentas sobre la aplicación de las políticas y lineamientos dictados por este Consejo, así como emitir las propuestas de solución que correspondan.

11.-   Cualquier otra que sea competencia del Consejo de Personal previsto en la Ley N° 7410, excepto la de ser Órgano Decisor de los procesos disciplinarios por faltas graves seguidos contra funcionarios policiales, la cual será de conocimiento del Tribunal de Conducta Policial.

12.-   Cualquier otra que le sea asignada por el ministro.

CAPÍTULO III

AGREGADURÍAS POLICIALES

ARTÍCULO 11.-     Agregadurías policiales

El Ministerio de Seguridad Pública podrá designar agregados policiales en misiones diplomáticas, en el marco del principio internacional de reciprocidad y de acuerdo con las necesidades del país en materia de seguridad.

El Consejo Superior de Oficiales seleccionará y recomendará al ministro la designación de los agregados policiales.

Estos funcionarios serán destacados en el país que corresponda, con todos los privilegios e inmunidades propias del rango diplomático y mantendrán su condición de autoridad de policía; no obstante, podrán ser trasladados de sede, según lo dicte la necesidad, o por motivos de oportunidad y conveniencia.

Los agregados policiales deberán ostentar, como mínimo, el grado de comisionado de policía; experiencia de al menos doce años en funciones policiales debidamente acreditadas; y haber recibido el curso del Instituto Diplomático del Servicio Exterior, Manuel María de Peralta u otro debidamente acreditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

ARTÍCULO 12.-     Atribuciones

Son atribuciones de los agregados policiales:

1.-     Orientar y cooperar en temas policiales.

2.-     Cooperar con las autoridades nacionales en todos aquellos requerimientos que sean de interés, en el país en donde se encuentren destacados.

3.-     Integrar la representación diplomática del país como asesor policial.

4.-     Coordinar actividades policiales con autoridades homólogas del país al que es acreditado.

5.-     Propiciar y participar en actividades de asistencia técnica, humanitaria y de cooperación bilateral en temas de interés.

CAPÍTULO IV

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL

ARTÍCULO 13.-     Creación e integración

Créase el Tribunal de Conducta Policial, que tendrá sede en San José y competencia en todo el territorio nacional, su principal función es resolver los asuntos relacionados con la materia de responsabilidad disciplinaria y civil que deriven de las faltas graves en que puedan incurrir los funcionarios policiales y cuya sanción sea suspensión sin goce de salario de uno a treinta días o el despido sin responsabilidad patronal, en cuyo caso remitirá las diligencias al Poder Ejecutivo para la emisión del acuerdo respectivo.

El Tribunal dependerá del despacho del ministro, tendrá desconcentración mínima del Ministerio de Seguridad Pública y estará integrado por tres miembros propietarios y tres suplentes, quienes actuarán en caso de ausencia, impedimento, recusación o excusa de los propietarios y serán nombrados por el Consejo Superior de Oficiales, previo concurso público de antecedentes. La suplencia será remunerada mediante la partida presupuestaria respectiva.

Los miembros de dicho Tribunal ejercerán sus cargos por un período de seis años y podrán ser reelegidos con el procedimiento indicado en el párrafo anterior. Podrán ser removidos de sus puestos una vez vencido el plazo de su nombramiento, o bien, mediante la aplicación del Procedimiento Ordinario establecido en la Ley General de la Administración Pública.

Los miembros del Tribunal serán juramentados por el presidente del Consejo Superior de Oficiales.

Los jueces del Tribunal resolverán los asuntos con independencia funcional, y solamente estarán sometidos a la Constitución Política y la ley. Las resoluciones que dicte, en los asuntos de su competencia, no le imponen más responsabilidades que las expresamente señaladas por la ley.

ARTÍCULO 14.-          Atribuciones del Tribunal de Conducta Policial

Son atribuciones del Tribunal de Conducta Policial:

1.-     Conocer y resolver como Órgano Decisor las causas relacionadas con la materia de responsabilidad disciplinaria y civil que deriven de las faltas graves en que puedan incurrir los funcionarios policiales y cuya sanción sea suspensión sin goce de salario de uno a treinta días o el despido sin responsabilidad patronal, en cuyo caso remitirá las diligencias al Poder Ejecutivo para lo que corresponda; las cuales serán remitidas por la Dirección Disciplinaria Legal, el Departamento Legal de Tránsito de este Ministerio y los Jefes Inmediatos cuando actúen como Órgano Director. Contra lo resuelto cabrá únicamente el recurso de revocatoria o reposición dentro del plazo de tres días después de notificada la sanción, el cual será conocido y resuelto por éste Tribunal.

2.-     Las demás atribuciones que la presente ley y sus reglamentos le confieran.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de votar en asuntos que previamente hayan conocido y sobre los que hayan emitido criterio.

ARTÍCULO 15.-     Miembros

Para ser miembro propietario y suplente del Tribunal de Conducta Policial, deberá tenerse el grado mínimo de licenciatura experiencia mínima de diez años en materia disciplinaria policial u otras afines. Dos miembros propietarios y sus respectivos suplentes deberán ser abogados.

Tanto los miembros propietarios como los suplentes deberán ser personas que, por sus antecedentes, capacitación profesional y reconocida experiencia en la materia, sean garantía de imparcialidad y acierto en el desempeño de sus funciones.

Los propietarios deberán trabajar tiempo completo, en tanto a los suplentes se les remunerarán sus servicios solo cuando ejerzan efectivamente la suplencia. Tanto el salario de los jueces propietarios como el de los suplentes, será el establecido como salario base de la clase “magistrado” del Tribunal Supremo de Elecciones.

Anualmente, este Tribunal elegirá de su seno un presidente, un vicepresidente y un secretario.

ARTÍCULO 16.-     Actuación del Tribunal

El Tribunal deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidos en la presente ley, en la Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas, Ley General de Policía, Ley General de la Administración Pública, y supletoriamente, por el Código de Trabajo y demás disposiciones concordantes del ordenamiento jurídico.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

FUERZAS DE POLICÍA

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 17.-     Fuerzas de policía y carácter de sus miembros

Las fuerzas de policía, de carácter eminentemente policial, están constituidas por los diferentes cuerpos de policía del Ministerio, cuyas competencias estén previstas en la ley. Estarán al servicio de la comunidad y se encargarán de preservar y conservar la soberanía nacional y la integridad territorial, vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones que pudieren alterar la paz y la armonía social, las de delincuencia, y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina en el ordenamiento jurídico.

Están integradas por funcionarios bajo relación de empleo público, nombrados por idoneidad comprobada, de conformidad con el Estatuto Policial. Son simples depositarios de la autoridad, subordinados al poder civil, por lo que no podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva, y deberán observar y cumplir, fielmente, el ordenamiento jurídico costarricense.

El armamento y la organización de estas fuerzas serán los propios y adecuados para el buen desempeño de la función policial.

ARTÍCULO 18.-     Funcionario policial

El carácter de autoridad y la condición de funcionario policial no se limita al tiempo de servicio ni al lugar al que estén asignados los servidores. Están obligados a desempeñar sus funciones por orden superior, de conformidad con principios de subordinación, obediencia y probidad; por iniciativa propia o a requerimiento de cualquier habitante.

ARTÍCULO 19.-          Normas fundamentales de la actuación policial

En el cumplimiento de sus funciones, los miembros de las fuerzas de policía deberán respetar las siguientes normas:

1.-     Observar y cumplir la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes.

2.-     Acatar los trámites, los plazos y los demás requisitos, exigidos en el ordenamiento jurídico para la tutela de las libertades y los derechos ciudadanos.

3.-     Actuar responsablemente y con espíritu de servicio.

4.-     En todo momento, mantener estricta neutralidad político-partidista y ser imparciales, para evitar intervenciones arbitrarias o discriminatorias.

5.-     Proteger las libertades ciudadanas, la dignidad de las personas y los derechos humanos.

6.-     Emplear la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que se requiera para el desempeño de sus funciones.

7.-     Guardar secreto respecto de asuntos confidenciales que puedan dañar el honor de las personas y que los hayan conocido en razón de sus funciones. Solo se les releva de esta obligación cuando deban cumplir con un deber legal.

8.-     Guardar absoluta discreción y secreto profesional en asuntos confidenciales, y sobre todos los documentos o los asuntos que constituyan secreto de Estado.

9.-     Abstenerse de divulgar información sobre asuntos que se encuentren en su fase investigativa. Para publicar informes, fotografías, video filmes y similares, que vinculen a un ciudadano con la comisión de hechos delictivos, será necesaria la autorización previa del ministro.

10.-   Cuidar y proteger la salud física y mental de las personas bajo su custodia. En especial, deberán atender el suministro de medicamentos autorizados, la revisión médica o la atención hospitalaria de quienes requieran esos servicios, cuyos costos no podrán ser trasladados al Ministerio de Seguridad Pública.

11.-   En el cumplimiento de sus funciones o en razón de ellas, no podrán recibir ningún beneficio susceptible de apreciación pecuniaria y distinta de la remuneración legal, proveniente ya sea de personas físicas o jurídicas, oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, aunque aceptarlo no configure delito.

12.-   Deberán denunciar todo delito que conozcan, no cometer delitos ni actos de corrupción ni tolerarlos en su presencia. Asimismo, están obligados a rechazar esos actos y a denunciar a quienes los cometan.

13.-   Vestir los uniformes o indumentaria policial autorizados y portar las armas, los equipos reglamentarios y los documentos de identidad que los acrediten como autoridad pública, salvo que peligre la prevención, persecución o investigación de algún asunto. La policía de Control de Drogas, por su naturaleza de policía investigativa, será regulada por reglamento en estos aspectos.

14.-   Acatar fielmente las instrucciones y las órdenes emanadas de sus superiores. Sin embargo, no podrán ser sancionados cuando se nieguen a obedecer órdenes que revistan el carácter de una evidente infracción punible o cuando lesionen las garantías constitucionales.

15.-   Por ningún concepto y en ninguna circunstancia podrán invocar la obediencia debida a situaciones especiales, como estado de guerra o amenaza a la seguridad nacional o al Estado, una situación excepcional o cualquier otra emergencia pública, como justificación, exculpación o impunidad para la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

16.-   En el momento de aprehender a una persona, estarán obligados a exponerle el motivo y a explicarle su derecho de ser asistido por un defensor y de abstenerse de declarar en su contra.

17.-   Cumplir con las demás funciones previstas en el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 20.-     Funciones policiales del Ministerio de Seguridad Pública

El Ministerio de Seguridad Pública será el órgano primordialmente encargado de prevenir el delito, mediante la formulación, desarrollo e implementación de estrategias, tácticas y acciones, con la finalidad de conservar el orden público, la tranquilidad de los habitantes, el libre disfrute de las libertades públicas, y de disminuir el riesgo de los habitantes a ser víctimas de alguna conducta delictiva. La prevención del delito se llevará a cabo, mediante la actuación de sus policías y el desarrollo de estrategias para la colaboración, capacitación y concientización de los habitantes.

Además de preservar, mantener y defender la soberanía nacional, tendrá las siguientes funciones policiales, sin perjuicio de las demás establecidas en esta y en otras disposiciones normativas:

1.-        Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, las marítimas y las aéreas, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias, aguas marítimas jurisdiccionales y aguas interiores del Estado, la plataforma continental, el zócalo insular y los mares adyacentes al Estado costarricense.

2.-     Coordinar con las demás autoridades para la vigilancia y la seguridad de los estudiantes en los centros educativos ubicados en zonas de alta peligrosidad y colaborar en los operativos que se desarrollen contra la explotación sexual de la niñez y de las personas jóvenes.

3.-     Garantizar la seguridad e integridad de las personas y de los bienes.

4.-     Vigilar, mantener, conservar y restablecer el orden público y la seguridad ciudadana.

5.-     Prevenir las manifestaciones que pudieren alterar la paz y la armonía social, las de delincuencia y cooperar para reprimirlas.

6.-     Procurar el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos.

7.-     Realizar las actividades de prevención en las diversas zonas del país, con el propósito de detectar e impedir acciones tendientes al consumo, tenencia y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que prevé y sanciona la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

8.-     Velar por el legítimo aprovechamiento y la protección de los recursos naturales existentes en las aguas marítimas jurisdiccionales y en las aguas interiores del Estado.

9.-     Velar por la seguridad del tráfico portuario, marítimo y fluvial de naves nacionales y extranjeras en las aguas jurisdiccionales del Estado.

10.-   Desarrollar los operativos necesarios para rescatar a personas extraviadas o en situación de peligro en las aguas nacionales y para localizar embarcaciones extraviadas.

11.-   Velar por el cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico nacional sobre las aguas interiores y las aguas marítimas jurisdiccionales del Estado, en coordinación con las autoridades nacionales competentes.

12.-   Colaborar con las autoridades administrativas y judiciales encargadas de proteger los recursos naturales.

13.-   Vigilar y resguardar el espacio aéreo de la nación, brindar seguridad aeroportuaria, y coordinar y cooperar con las instituciones vinculadas en la atención de emergencias nacionales, en operativos de búsqueda, detección y rescate de personas, aeronaves y embarcaciones extraviadas, entre otros.

14.-   Colaborar con la ejecución de las acciones preventivas relacionadas con el combate a la trata de personas y actividades conexas.

15.-   Colaborar con el cumplimiento de las normas sobre protección y conservación de la naturaleza, el ambiente y el patrimonio cultural e histórico.

16.-   Mantener actualizados los registros de armas, explosivos y equipos indispensables para cumplir con sus funciones.

17.-   Levantar y mantener actualizados los registros de armas propiedad de particulares y otorgar los permisos para portar armas.

18.-   Controlar el manejo de explosivos para usos industriales mineros o recreativos.

19.-   Ejercer la inspección, la supervisión y el control de los servicios de seguridad privada y de los casinos del país.

20.-   Ejercer acciones preventivas de seguridad ciudadana mediante sistemas tecnológicos y de comunicación, vigilancia electrónica tales como circuitos cerrados de televisión, transmisión de voz, datos, videos y similares.

21.-   Ejercer labores de análisis y tratamiento de información policial, así como aquellas de inteligencia policial.

22.-   Ejecutar las labores de lofoscopía y dactiloscopia, así como de cualquier otro método de identificación policial.

23.-   Fiscalizar, vigilar, controlar e investigar en materia relacionada con la actuación policial.

24.-   Ejecutar las decisiones de los órganos jurisdiccionales, electorales y administrativos.

25.-   Las labores de formación, capacitación y especialización del personal policial, incluyendo la investigación, la instrucción y la conducción del personal.

26.-   Ejercer labores de mecánica de los vehículos policiales terrestres, marítimos y aéreos.

27.-   Captación de información por medio documental o audiovisual, de los operativos policiales que realizan los miembros de los cuerpos de policía del Ministerio, en el lugar y momento en que estos se desarrollan.

28.-   Ejercer labores de abogados, psicólogos, médicos y paramédicos policiales, así como de otras especialidades profesionales que sean requeridas para su desempeño.

29.-   Aquellas actividades preparatorias o conexas, definidas por reglamento, necesarias para el cumplimiento de la labor principal y operativa de la función policial.

30.-   Aquellas funciones de apoyo a la labor policial que realizan los funcionarios del Ministerio, independientemente de la clase de puesto que ocupan y de su ubicación en la estructura administrativa.

31.-   Promover actividades de acción comunitaria.

32.-   Coordinar acciones con las autoridades competentes para colaborar en las campañas de higiene y salubridad.

33.-   Coordinar acciones con las autoridades competentes para asesorar en el cuidado del ganado, en la protección de la riqueza forestal y arqueológica y en la conservación de la fauna silvestre.

34.-   Cooperar en la asistencia humanitaria ante el requerimiento expreso de países amigos, en caso de desastres naturales y otras emergencias que pongan en peligro la vida y la salud de las personas, previa autorización del Consejo Nacional de Seguridad.

35.-   Representar al Ministerio en el servicio exterior.

36.-   Actuar según el principio de cooperación y auxilio recíprocos, para el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Migración y Extranjería y su Reglamento.

37.-   Las demás funciones policiales derivadas del ordenamiento jurídico que se establezcan por reglamento.

Las fuerzas de policía del Ministerio de Seguridad Pública no podrán ser requeridas para efectuar notificaciones u otras diligencias similares correspondientes a otras instituciones del Estado, salvo que se trate se situaciones que impliquen alta peligrosidad y deban ser diligenciadas por la autoridad policial.

El Ministerio podrá nombrar como policías a profesionales de distintas disciplinas que requieran los cuerpos de policía para el efectivo cumplimiento de sus funciones, para lo cual creará las plazas respectivas con el pago de prohibiciones, dedicación exclusiva, incentivos profesionales y policiales que correspondan.

Para todo efecto, debe entenderse que los funcionarios nombrados en puestos de naturaleza policial se encuentran obligados a desempeñar las funciones operativas policiales de campo en cuanto al mantenimiento del orden público, vigilancia y seguridad de los ciudadanos y de sus bienes. El incumplimiento de esta disposición conlleva las responsabilidades disciplinarias que en derecho correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales o de cualquier otra naturaleza.

ARTÍCULO 21.-     Uniformes y vehículos

Los uniformes que utilizará la Policía Civil serán de color azul. Los demás cuerpos de policía tendrán los uniformes y vestimentas acordes a su especialidad.

De igual manera, los vehículos que la Policía Civil serán del color azul o blanco. Los demás cuerpos de policía tendrán los vehículos y colores acordes a su especialidad

El Ministerio reglamentará los tipos de uniformes.

SECCIÓN II

ORGANIZACIÓN POLICIAL

ARTÍCULO 22.-     Cuerpos policiales

Los cuerpos de policía del Ministerio de Seguridad Pública son los siguientes: la Policía Civil, la Policía de Control de Drogas no Autorizadas y Actividades Conexas, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Vigilancia Aérea, la Policía de Fronteras y la Reserva de la Policía Civil.

Tendrán las atribuciones generales de todas las fuerzas de policía establecidas en la Ley General de Policía, y en el cumplimiento de sus funciones deberán respetar los principios y normas fundamentales de la actuación policial contenidos en la ley.

Asimismo, podrán participar en allanamientos o registros domiciliarios, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política y la ley.

ARTÍCULO 23.-     Direcciones generales, subdirecciones generales, direcciones y subdirecciones de los cuerpos policiales

Los cuerpos de policía del Ministerio de Seguridad Pública contarán con direcciones generales, subdirecciones generales, directores y subdirectores, salvo la Reserva de la Policía Civil, que contará con un director y un subdirector.

Todos estos cargos son de libre nombramiento y remoción por el ministro de Seguridad Pública.

CAPÍTULO II

POLICÍAS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECCIÓN I

POLICÍA CIVIL

ARTÍCULO 24.-     Policía Civil

La Policía Civil es el cuerpo encargado primordialmente de la vigilancia general y de la seguridad ciudadana; ejercerá sus funciones en todo el país.

Estará conformada por una Dirección General, subdirecciones generales, las direcciones y subdirecciones regionales, las direcciones y subdirecciones de las unidades policiales que requiera, y las unidades de mando organizadas según lo determine el Ministerio, mediante el Reglamento de organización.

ARTÍCULO 25.-     Atribuciones de la Policía Civil

Son atribuciones de la Policía Civil:

1.-     Prevenir el delito, mediante la formulación, desarrollo e implementación de estrategias, tácticas y acciones, con la finalidad de conservar el orden público, la tranquilidad de los habitantes, el libre disfrute de las libertades públicas, y de disminuir el riesgo de los habitantes a ser víctimas de alguna conducta delictiva, así como prevenir las manifestaciones que pudieren alterar la paz y la armonía social.

2.-     Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial.

3.-     Mantener la tranquilidad y el orden públicos.

4.-     Velar por la seguridad y la integridad de las personas y sus bienes.

5.-     Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes.

6.-     Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles.

7.-     Colaborar con las demás autoridades en los operativos que se desarrollen contra la explotación sexual de la niñez y de las personas jóvenes.

8.-     Coordinar con las demás autoridades para la vigilancia y la seguridad de los estudiantes en los centros educativos.

9.-     Promover actividades de acción comunitaria.

10.-   Aquellas otras que se deriven del ordenamiento jurídico, de conformidad con su competencia, y que por acuerdo firme del Consejo Superior de Oficiales sean requeridas para las labores de prevención del delito y para mantener la lucha contra la criminalidad.

ARTÍCULO 26.-     Dirección Policial de Apoyo Legal

La Dirección Policial de Apoyo Legal es una unidad bajo el mando de la Dirección General de la Policía Civil; estará conformada administrativamente por una dirección, una subdirección y una delegación para cada región programática policial.

Dicha unidad técnica operacional estará integrada por profesionales en Derecho incorporados al colegio respectivo, los cuales estarán bajo el régimen del Estatuto Policial.

La Dirección Policial de Apoyo Legal Policial podrá celebrar convenios con las universidades públicas y privadas del país para incluir, en dicha dependencia, el servicio ad honórem de estudiantes de Derecho, cuyo tiempo les será acreditado para su trabajo comunal universitario. Estas personas no estarán bajo el régimen del Estatuto Policial ni gozarán de los incentivos salariales establecidos para los profesionales integrantes de dicha Dirección.

ARTÍCULO 27.-     Funciones de la Dirección Policial de Apoyo Legal

Las funciones de la Dirección Policial de Apoyo Legal serán:

1.-     Brindar apoyo y asesoramiento legal y policial a la Dirección General de la Policía Civil.

2.-     Brindar apoyo legal policial a todos los integrantes de las unidades policiales que componen la Policía Civil.

3.-     Emitir criterios técnicos jurídicos relativos a las actuaciones policiales, cuando sean requeridos o las circunstancias lo ameriten.

4.-     Brindar apoyo legal policial en los operativos de rutina y en todos los que planifique el Departamento de Planes y Operaciones cuando así lo requieran.

5.-     Emitir las recomendaciones necesarias que aseguren el ejercicio de las garantías constitucionales y el mantenimiento del orden público y la paz social, cuando así lo soliciten las unidades policiales por medio de la Dirección General de la Policía Civil.

6.-     Emitir dictámenes vinculantes, opiniones consultivas, resoluciones y cualquier otro criterio legal aplicable a la materia y al área policial.

7.-     Otorgar el apoyo legal oportuno y razonable, en las causas judiciales incoadas contra los funcionarios policiales, así como en aquellas en las cuales figuran como víctimas, y darles el seguimiento necesario a las resultas del proceso penal.

8.-     Asesorar en la tramitación de los recursos de hábeas corpus y de amparo, incoados contra los funcionarios policiales.

9.-     Otorgar la capacitación legal y técnica necesaria o requerida por los oficiales policiales.

10.-   Coadyuvar en los procedimientos administrativos disciplinarios de los funcionarios policiales, cuando le sea requerido.

11.-   Cumplir con todas las demás funciones propias de la actividad policial.

ARTÍCULO 28.-     Incentivos salariales de la Dirección Policial de Apoyo Legal

Los profesionales integrantes de dicha Dirección tendrán derecho a los siguientes incentivos salariales:

1.-     El sesenta y cinco por ciento (65%) a la base por concepto de prohibición.

2.-     Carrera profesional de acuerdo con la reglamentación vigente.

3.-     Un veinticinco por ciento (25%) a la base por concepto de disponibilidad.

4.-     Anualidades conforme a los parámetros vigentes.

5.-     Riesgo policial conforme a los parámetros vigentes.

ARTÍCULO 29.-     Reserva de la Policía Civil y reservas de los demás cuerpos de policía

La Reserva de la Policía Civil constituye un cuerpo policial auxiliar, con carácter voluntario, civilista, democrático, defensor de los derechos humanos y ad honórem, con competencia en todo el territorio nacional, destinado a coadyuvar con las fuerzas regulares de policía, a velar por la seguridad pública y ciudadana, conforme con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y conexos de esta ley, así como la protección del medio ambiente y los recursos naturales, y para atender estados de emergencia o situaciones excepcionales. Estará sometida a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables a la Policía Civil.

Cada cuerpo policial del Ministerio de Seguridad Pública podrá organizar su respectiva unidad de reserva, dependiente de la Dirección de la Reserva de la Policía Civil.

ARTÍCULO 30.-     Subordinación y organización

La Reserva de la Policía Civil estará subordinada en grado inmediato a la Dirección General de la Policía Civil, estará conformada por una dirección, una subdirección, así como las oficinas, dependencias centrales y regionales necesarias para llevar a cabo los objetivos, funciones y atribuciones otorgadas por esta ley y sus reglamentos, o que le asigne el director general de la Policía Civil.

El director y el subdirector de la Reserva serán funcionarios de libre nombramiento y remoción por parte del ministro de Seguridad Pública, únicamente vinculados a los requisitos establecidos por esta ley y sus reglamentos para ser nombrados.

Para el desempeño de sus funciones, atribuciones, programas, objetivos, así como para su funcionamiento orgánico, la Reserva dependerá presupuestariamente de la Dirección General de la Policía Civil.

La Reserva de los demás cuerpos policiales estará subordinada en grado inmediato, al director general del cuerpo policial respectivo.

ARTÍCULO 31.-     Registro de miembros

Los cuerpos policiales del Ministerio llevarán un registro de los miembros de su Reserva, en el cual constarán los datos de identificación, calidades y domicilio exacto de todos sus miembros activos, con base en los registros propios que deberá llevar y mantener actualizados.

ARTÍCULO 32.-     Requisitos, régimen disciplinario e indemnización

Para ser miembro de las reservas deberán reunirse los mismos requisitos mínimos necesarios para pertenecer a la Policía Civil, y ser de intachable probidad y conducta. Los reservistas tendrán las mismas obligaciones, funciones y atribuciones específicas, estarán sometidos al régimen disciplinario del Ministerio de Seguridad Pública, y además tendrán el deber de ajustarse a los principios de actuación policial definidos en esta ley y sus reglamentos, durante el período de su convocatoria y mientras se encuentren en servicio activo.

Los reservistas en servicio activo tendrán derecho a una indemnización de noventa veces el salario mensual, si fallecen o sufren invalidez total durante el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 33.-     Reservistas del Poder Ejecutivo

Los reservistas del Poder Ejecutivo podrán ser llamados para recibir capacitación y adiestramiento, o bien, para unirse al servicio activo policial, dentro de su jornada laboral ordinaria, lo cual no afectará ninguno de los derechos, beneficios e incentivos derivados de sus contratos de trabajo.

SECCIÓN II

POLICÍA CONTROL DE DROGAS

NO AUTORIZADAS Y ACTIVIDADES CONEXAS

ARTÍCULO 34.-     Competencia

La Policía encargada del control de drogas no autorizadas y actividades conexas, para prevenir los hechos punibles, contemplados en la legislación sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas, y para cooperar con la represión de esos delitos, según las leyes.

ARTÍCULO 35.-     Atribuciones

Corresponde a este cuerpo policial:

1.-     Investigar los hechos ilícitos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas, de conformidad con la legislación penal en vigencia, identificar, de manera preventiva, a los presuntos responsables y ponerlos a la orden de la autoridad judicial competente.

2.-        Levantar los informes relacionados con este tipo de delincuencia.

3.-        Efectuar los decomisos, realizar todas las actuaciones policiales tendientes a esclarecer los hechos y poner a la orden de las autoridades judiciales competentes a los detenidos por estos delitos.

4.-     Recibir denuncias relacionadas con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas.

5.-     Ejecutar aquellos actos y diligencias necesarias para prevenir, detectar, investigar y evitar toda actividad delictiva relacionada con lo dispuesto en la legislación sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, Ley General de Policía que regula su competencia, y demás legislación y convenios internacionales concordantes y/o conexos.

6.-     Investigar los hechos ilícitos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas, de conformidad con la legislación penal en vigencia, identificar, de manera preventiva, a los presuntos responsables y ponerlos a la orden de la autoridad judicial competente.

7.-     Investigar los hechos ilícitos de crimen organizado relacionados con lo dispuesto en la legislación sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas.

8.-     Realizar los registros, allanamientos, detenciones, requisas, decomisos e informes concernientes así como todas aquellas otras diligencias que fueren necesarias para la buena marcha de las investigaciones con este tipo de delincuencia conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal y tendientes a esclarecer los hechos y poner a la orden de las autoridades judiciales competentes a los detenidos por estos delitos.

9.-     Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante los exámenes, inspecciones, planos, fotografías, o cualquier otro medio tecnológico y demás operaciones técnicas necesarias.

10.-   Realizar acciones de prevención e investigación de lugares, personas y actividades en diversas zonas y centros de todo el país, con el propósito de detectar e impedir acciones tendientes al consumo, tenencia y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que prevé y sanciona la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas.

11.-   Entrevistar a las personas que pudieren aportar datos de interés a la investigación.

12.-   Preservar el sitio del suceso y realizar las diligencias técnicas y científicas que se consideren necesarias para el éxito de la investigación.

13.-   Identificar y entrevistar a los presuntos responsables en la forma y con las garantías que establece la ley.

14.-   Disponer, de ser estrictamente necesaria, la incomunicación de los presuntos responsables, según lo establecido por el ordenamiento jurídico.

15.-   Practicar los peritajes necesarios, para lo cual podrá requerir la colaboración de técnicos o científicos externos y/o extranjeros, cuando las circunstancias lo requieran. Tales técnicos y científicos prestarán juramento de cumplir fielmente su encargo y de guardar secreto sobre la materia en que intervinieron.

16.-   Realizar operaciones de control preventivo en fronteras, costas, puertos y aeropuertos, y otros lugares nacionales estratégicos, para impedir el ingreso o salida de drogas ilegales del país y los bienes y/o derechos originados o utilizados en actividades de tráfico de drogas y/o legitimación de capitales y actividades conexas.

17.-   Prestar especial atención a la prevención, detección e investigación de las acciones tendientes a la utilización de nuestro país para el desvío de sustancias químicas esenciales y de precursores para la producción de drogas ilícitas, así como aquellas investigaciones policiales contra la legitimación de capitales, bienes y/o derechos, provenientes o utilizados en el tráfico ilícito de drogas, procurando la efectiva actuación policial sustentada en criterios técnicos jurídicos, con la finalidad de recabar la prueba necesaria e identificar a los presuntos responsables.

18.-   Solicitar la colaboración de otros cuerpos policiales nacionales y/o internacionales.

19.-   Solicitar a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, brindar oportunamente la información o colaboración necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

20.-   Aquellas otras que se deriven del ordenamiento jurídico, de conformidad con su competencia.

ARTÍCULO 36.-     Grados y plazas de la Policía de Control de Drogas

La Policía de Control de Drogas, dada su naturaleza investigativa, será regulada en la nomenclatura de sus plazas por el reglamento respectivo.

SECCIÓN III

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

ARTÍCULO 37.-     Competencia

El Servicio Nacional de Guardacostas es el cuerpo policial especializado en el resguardo de las aguas territoriales, la plataforma continental, el zócalo insular y los mares adyacentes al Estado costarricense.

El personal del Servicio, para desarrollar sus funciones, tendrá en tierra las mismas competencias y facultades policiales que los otros cuerpos definidos en esta ley y en la Ley General de Policía.

ARTÍCULO 38.-     Atribuciones

Son competencias del Servicio:

1.-     Vigilar y resguardar las fronteras marítimas del Estado las aguas marítimas jurisdiccionales, definidas en el artículo 6 de la Constitución Política y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

2.-     Vigilar y resguardar las aguas interiores navegables del Estado.

3.-     Velar por el legítimo aprovechamiento y la protección de los recursos naturales existentes en las aguas marítimas jurisdiccionales y en las aguas interiores del Estado, según la legislación vigente, nacional e internacional.

4.-     Prevenir y velar por la seguridad del tráfico portuario y marítimo tanto de naves nacionales como extranjeras en las aguas jurisdiccionales del Estado.

5.-     Desarrollar los operativos necesarios para rescatar a personas extraviadas o en situación de peligro en las aguas nacionales y para localizar embarcaciones extraviadas.

6.-     Velar por el cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico nacional sobre las aguas interiores y las aguas marítimas jurisdiccionales del Estado, en coordinación con las autoridades nacionales competentes.

7.-     Colaborar con las autoridades administrativas y judiciales encargadas de proteger los recursos naturales, luchar contra el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas, sustancias sicotrópicas y actividades conexas, así como contra la migración ilegal, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas.

8.-     Todas las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de sus fines legales y reglamentarios.

9.-     Y las demás atribuidas mediante su ley de creación N° 8000.

SECCIÓN IV

POLICÍA DE VIGILANCIA AÉREA

ARTÍCULO 39.-     Competencia

Créase la Policía de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, para garantizar el orden público, vigilar y resguardar el espacio aéreo y el territorio de la nación.

ARTÍCULO 40.-     Atribuciones

1.-     Son atribuciones de la Policía de Vigilancia Aérea:

2.-     Vigilar y resguardar las fronteras aéreas.

3.-     Garantizar el orden público y la salvaguarda e integridad del espacio aéreo y territorio nacional, mediantes operativos y patrullajes.

4.-     Velar por el respeto a la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes garantes de la integridad del espacio aéreo y el ejercicio de los derechos correspondientes al Estado.

5.-     Coordinar, cooperar y participar activamente dentro de su ámbito de acción, con los operativos que realicen los demás cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, conforme las atribuciones generales de las fuerzas de policía indicadas en la presente ley, tales como persecuciones, aprehensiones, detenciones, requisas, inspecciones, erradicación de plantaciones de marihuana, patrullajes, vigilancias, traslado de funcionarios, de detenidos, de equipo, de materiales, de objetos decomisados y otros elementos que puedan constituir evidencias en sede judicial.

6.-     Coordinar y cooperar con las instituciones vinculadas en la atención de emergencias nacionales, en operativos de búsqueda, detección y rescate de personas, aeronaves y embarcaciones extraviadas, entre otros.

7.-     Brindar transporte dentro y fuera del país en casos calificados de excepción, de emergencia o por convenio entre instituciones del Estado, a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y a cualquier otro habitante.

8.-     Brindar vigilancia y seguridad dentro de las instalaciones y perímetro de los aeropuertos nacionales e internacionales, bases aéreas, aeronaves, equipo y armamento, instalaciones, terrenos y edificios adyacentes, cuyo acceso esté o no controlado o restringido.

9.-     Asignar el personal policial necesario en los aeropuertos nacionales e internacionales, de acuerdo con el tráfico aéreo.

10.-   Prestar colaboración a las diferentes autoridades que laboran en las terminales aéreas.

11.-   Aquellas otras que se deriven del ordenamiento jurídico, de conformidad con su competencia.

SECCIÓN V

POLICÍA DE FRONTERAS

ARTÍCULO 41.-     Competencia

La Policía de Fronteras es la encargada de resguardar, vigilar y defender la soberanía y el patrimonio nacional en sus fronteras, prevenir toda violación al territorio nacional, así como prevenir el fenómeno criminal mediante estrategias y acciones de sus dependencias operativa, unidades móviles, administrativa, y las que sean necesarias determinadas por Reglamento, para el efectivo cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 42.-     Atribuciones

1.-     Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, incluidas las aguas interiores del Estado y las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias.

2.-     Velar por el respeto a la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes garantes de la integridad del territorio nacional, y el ejercicio de los derechos correspondientes al Estado.

3.-     Desarrollar planes estratégicos que permitan orientar el accionar de la Policía de Fronteras.

4.-     Mantener patrullajes fronterizos permanentes que permitan vigilar y proteger la integridad territorial.

5.-     Realizar acciones de prevención de delitos nacionales e internacionales en las franjas fronterizas.

6.-     Realizar acciones operativas, propias y en coordinación con autoridades administrativas y judiciales encargadas de proteger los recursos naturales, luchar contra el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas, sustancias psicotrópicas y actividades conexas, así como contra la migración ilegal, el tráfico de armas, tráfico y trata de persona y otras actividades ilícitas en los cordones fronterizos.

7.-     Gestionar convenios de cooperación nacional e internacional, con otros cuerpos policiales, instituciones públicas, privadas y gobiernos amigos para el fortalecimiento de la vigilancia y seguridad fronteriza.

8.-     Realizar acciones de vigilancia y de protección, propias o en coordinación con otras instituciones en materia de ayuda humanitaria, protección al ambiente, estabilización en casos de desastres naturales o provocados por el ser humano.

9.-     Coadyuvar en la protección y preservación de los recursos naturales, de conformidad con la legislación vigente y los convenios internacionales.

10.-     Coadyuvar en los procesos de integración de las comunidades y poblaciones indígenas, de las zonas fronterizas del país.

11.-   Velar por la correcta administración de los bienes y servicios para el buen desempeño de la Policía de Fronteras.

12.-   Desarrollar iniciativas de comunicación e información con el propósito de fortalecer la imagen y el sentido de pertenencia de la Dirección General de la Policía de Fronteras.

13.-   Cualquier otra propia de su competencia.

SECCIÓN VI

ARTÍCULO 43.- Dirección de Inspectoría General de la Policía

Créase la Dirección de Inspectoría General de la Policía, la cual dependerá del despacho del ministro. Su esencia es en dos vertientes: la supervisión y fiscalización de la actuación policial y el mejoramiento del servicio policial.

ARTÍCULO 44.-     Atribuciones

La Inspectoría dará seguimiento a los planes anuales operativos de los cuerpos policiales del Ministerio, participará de manera proactiva en la búsqueda de soluciones de las necesidades de los cuerpos policiales, en el proceso de rendición de cuentas y en aquellas actividades tendientes al mejoramiento del servicio policial. Asimismo, tendrá naturaleza policial, fiscalizadora, de vigilancia, supervisión y control en materia relacionada con la actuación policial.

Su organización y estructura será establecida vía reglamentaria.

TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO

ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 45.-     Creación

Créase la “Academia Nacional de Policía Francisco J. Orlich”, en adelante “La Academia”, como una institución de naturaleza policial primordialmente encargada de la formación, perfeccionamiento y especialización de los servicios policiales dependientes del Poder Ejecutivo y, cuando resulte oportuno y así sea aprobado por el Ministerio de Seguridad Pública, de las instituciones públicas y privadas que así lo requieran.

Tanto la organización como la estructura y puestos de la Academia serán de naturaleza policial, consecuentemente todos sus funcionarios estarán cubiertos por los deberes, derechos y obligaciones establecidos en la presente ley, y deberán ser miembros de alguno de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública.

Las actuaciones de la Academia se adecuarán a los principios fundamentales señalados en el artículo 10 de la Ley General de Policía. Su plan de estudios se ajustará, además, a los siguientes criterios:

1.-        Carácter profesional y permanente, así como una orientación civilista, democrática y defensora de los derechos humanos.

2.-     Los estudios cursados en la Academia podrán ser convalidados, para lo que corresponda, por el Ministerio de Educación Pública o entidades de educación superior.

La Academia promoverá la colaboración e intercambio institucional con las universidades, el Poder Judicial y otras instituciones docentes nacionales o extranjeras que interesen para sus fines.

ARTÍCULO 46.-     Organización

La Academia tendrá el nivel de Dirección General, dependerá del ministro de Seguridad Pública, contará con las sedes necesarias para atender las diferentes escalas jerárquicas definidas en el estatuto de esta ley, así como la estructura organizacional que requiera para el cumplimiento de sus fines según se estipule en el reglamento respectivo, y contará con su propio subprograma dentro del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, para llevar a cabo los objetivos, funciones y atribuciones otorgadas por esta ley y sus reglamentos.

Los cargos de director general y de subdirector general de la Academia serán de libre nombramiento y remoción por el ministro de Seguridad Pública.

La Academia Nacional de Policía estará conformada por personal policial; sin perjuicio de poder contar con personal civil y profesionales de diferentes áreas atinentes a la función policial y a la labor de seguridad. Las atinencias serán determinadas por la Academia Nacional de Policía, previa aprobación del Consejo Académico.

A solicitud del director general de la Academia, los funcionarios policiales podrán ser ascendidos provisionalmente para brindar instrucción en las plazas que para tal efecto tenga la Academia; cuando el director general así lo disponga, volverán a sus puestos de origen.

ARTÍCULO 47.-     Funciones

Son funciones de la Academia:

1.-     Determinar las necesidades de formación, perfeccionamiento y especialización, a todos los niveles, incluido el universitario, de los servicios policiales dependientes del Poder Ejecutivo.

2.-     Participar junto con los jerarcas de los distintos cuerpos de policía del Ministerio de Seguridad Pública en la definición de los perfiles de ingreso en los servicios policiales y de promoción, así como en las características de una carrera policial.

3.-     Planificar, desarrollar, supervisar y evaluar los programas de educación básica, perfeccionamiento y especialización del personal policial de ingreso, ejecutivo y superior, en coordinación con las direcciones generales de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública.

4.-     Impartir cursos de formación en educación universitaria en materia policial, en coordinación con las demás direcciones de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública.

5.-     Promover la firma de acuerdos con instituciones públicas nacionales y extranjeras, así como con organismos internacionales, orientados al intercambio de profesores y expertos, al acceso a la bibliografía y cualquier forma de material didáctico, y el desarrollo de programas conjuntos.

6.-     Reconocer, equiparar y convalidar los cursos nacionales e internacionales con los programas y cursos que imparta la Academia, lo cual será regulado por el reglamento que se emita al efecto.

7.-     Participar en los procesos de otorgamiento de becas.

8.-     Supervisar y coordinar las tareas de formación y capacitación de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas conforme a lo dispuesto en la ley que la creó.

9.-     Coordinar con la Dirección de Servicios de Seguridad Privada cuando brinde capacitación a las empresas y oficiales de seguridad privada que prestan este servicio.

10.-   Autorizar a las entidades públicas y privadas para que puedan brindar formación y capacitación en materias de seguridad.

11.-   Impulsar e identificar las modalidades de formación a distancia para el personal policial, sobre todo con respecto a la actualización de materias especializadas.

12.-   Realizar las investigaciones de carácter académico y de investigación social que permitan mejorar las políticas y estrategias de seguridad del país.

13.-   Aquellas otras que se deriven del ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 48.-     Proceso de formación policial

El funcionario ingresará a la Academia en una plaza policial, y a partir de ese momento será considerado funcionario policial con todos los derechos, deberes y obligaciones que tal cargo implica. Deberá aprobar el Curso Básico Policial, completar la totalidad del proceso de formación, y previo juramento del cargo desempeñará sus funciones en donde la Institución lo requiera.

Finalizado el proceso de formación básica con la aprobación del Curso Básico Policial, dará inicio el período de prueba que tendrá una duración de un año, dentro del cual podrá ser cesado en sus funciones con responsabilidad patronal en caso de no ser considerado idóneo. Superado satisfactoriamente este período de prueba y cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios, será considerado policía de carrera y adquirirá la estabilidad en el puesto.

La pérdida del Curso Básico Policial del funcionario de primer ingreso, generará el cese del nombramiento sin responsabilidad patronal.

Un reglamento determinará las posibles especialidades a considerar en el plan de estudios, estableciendo prioridades entre ellas, así como las necesidades y frecuencia de la actualización de conocimientos en los ámbitos nacional e internacional.

ARTÍCULO 49.-     Instructores

Los instructores dedicados a los diversos aspectos técnicos y profesionales de la formación policial serán policías seleccionados de los distintos cuerpos de policía, con base en su experiencia profesional operativa, su capacitación, y sus aptitudes pedagógicas.

La Academia podrá confiar determinados cursos a otro tipo de personal calificado y con experiencia en la materia de que se trate, para el cabal cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 50.-     Consejo Académico

El Consejo Académico será un órgano asesor de la Academia, y determinará las políticas generales a seguir en materia de capacitación policial; asimismo, asesorará al director general de la Academia en las materias que este le solicite.

Estará integrado por el ministro de Seguridad Pública o su representante, quien lo presidirá, el director general de la Academia, los directores generales de los cuerpos policiales del Ministerio, el director de Recursos Humanos del Ministerio, un representante del Ministerio de Educación Pública y cualquier otro miembro que el ministro estime oportuno.

ARTÍCULO 51.-     Autonomía presupuestaria y fondo especial

El presupuesto de la Academia será tratado como una cuenta autónoma dentro del presupuesto general del Ministerio de Seguridad Pública.

La Academia tendrá personalidad jurídica instrumental, en especial para administrar, mediante su Dirección General, un Fondo Especial destinado exclusivamente a la adquisición, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura, materiales, equipo y demás implementos necesarios para la capacitación policial. Todo ello, con apego al ordenamiento jurídico vigente y al reglamento que al efecto se emita dentro del plazo de seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley.

Este Fondo, que será representado legalmente por el director general de la Academia, comprenderá los recursos procedentes de las donaciones de la cooperación internacional y otros aportes que reciba la Academia, así como de los servicios de capacitación prestados mediante remuneración económica. Estos recursos serán incorporados al presupuesto general de la República, y el Ministerio de Hacienda, por medio de una cuenta especial, los girará al Fondo Especial de la Academia y serán administrados mediante un fideicomiso operativo creado en la Caja Única del Estado y bajo los controles de los órganos correspondientes.

ARTÍCULO 52.-     Junta Administrativa

Créase la Junta Administrativa de la Academia Nacional de Policía, en adelante denominada “Junta Administrativa”, que contará con personería jurídica instrumental para administrar el presupuesto de la Academia, adquirir bienes y servicios, suscribir contratos y fiscalizar el uso y la administración del Fondo Especial, sin perjuicio de las competencias que con respecto a la fiscalización, le competen al Ministerio de Seguridad Policía y a la Contraloría General de la República.

La Junta Administrativa estará integrada por:

1.-     El ministro de Seguridad Pública o su representante.

2.-     El director general de la Academia.

3.-     El director administrativo de la Academia.

4.-     El director general administrativo financiero del Ministerio de Seguridad Pública.

5.-     Un representante del Consejo Académico, designado por el ministro de Seguridad Pública.

La Junta Administrativa podrá convocar a cualquier persona para hacerse asesorar sobre temas específicos. Su composición, funciones y funcionamiento serán determinados por el reglamento correspondiente.

ARTÍCULO 53.-     Donaciones

Las instituciones del Estado, entidades u organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, municipalidades, personas físicas o jurídicas, quedan autorizadas para efectuar donaciones, establecer rentas y contribuciones a favor de la Academia Nacional de Policía.

ARTÍCULO 54.-     Alimentación y exenciones

La Academia queda facultada para adquirir en las diferentes regiones del país, previo cumplimiento de los procedimientos de contratación administrativa, los bienes perecederos que sean necesarios para la alimentación de su personal.

Asimismo, la Academia y sus sedes estarán exentas del pago de tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales), cargas o contribuciones parafiscales, cánones y especies fiscales, independiente de la naturaleza jurídica del recaudador, sea esta pública o privada, municipal o de otro tipo.

SECCIÓN II

RÉGIMEN DE DISCIPLINA

ARTÍCULO 55.-     Régimen interno de disciplina, tipos de faltas disciplinarias y reincidencia

Todo el personal perteneciente al régimen policial, mientras se encuentre realizando funciones, o realizando cualquiera de los cursos de formación, capacitación o especialización que en ella o en sus sedes se imparte, quedará sometido en sus actos, a las disposiciones que contemplan la presente ley, sus reglamentos y demás disposiciones complementarias.

Las faltas contra el régimen interno se clasifican en leves y graves, en función de la intencionalidad, la reincidencia, perturbación del funcionamiento y dignidad de la Academia y de sus miembros.

Se entenderá reincidente el funcionario que durante el período de instrucción incurra en falta por dos ocasiones.

ARTÍCULO 56.-     Faltas leves

Las faltas leves se sancionarán con amonestación escrita y serán aplicadas por el director académico, una vez otorgada la audiencia de ley.

ARTÍCULO 57.-     Faltas graves de los estudiantes

Se considerarán faltas graves por parte de los estudiantes, las siguientes:

1.-     Toda forma de deshonestidad o falta de integridad académica, incluyendo, pero sin limitarse a, acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta.

2.-     La conducta fraudulenta, incluyendo, pero sin limitarse a, la alteración maliciosa o falsificación de calificaciones, expedientes, tarjetas de identificación u otros documentos oficiales de la Academia, del Ministerio o de cualquier otra institución.

3.-     Pasar o circular como genuino y verdadero cualquiera de los documentos antes especificados sabiendo que los mismos son falsos o alterados.

4.-     Daño a la propiedad institucional, tanto a su infraestructura como a sus ornamentos, mediante rótulos, leyendas, avisos, manchas, rasgaduras y otras marcas, dibujos, escritos o cualquier otro medio. Lo dispuesto anteriormente será igualmente aplicable independientemente de la naturaleza de la propiedad, sea esta tangible o intangible, mueble o inmueble, e incluyendo la propiedad intelectual, así como a espacios y medios electrónicos, tales como redes y portales de Internet.

5.-     Uso no apropiado de las instalaciones de la Academia con un fin diferente al uso o propósito para el que fue destinada.

6.-     Obstaculización de las tareas, tales como la enseñanza, prácticas, actos oficiales, y demás actividades similares, sea dentro o fuera de las instalaciones de la Academia.

7.-     La conducta que atente contra la vida, libertad, propiedad, dignidad, salud y seguridad de las personas.

8.-     La comisión de cualquier acto obsceno, impúdico o lascivo.

9.-     Cualquier otra considerada como tal en la presente ley, en la Ley General de Policía, reglamentos y demás normativa aplicable a los funcionarios policiales.

Las faltas graves que cometan los estudiantes de la Academia se sancionarán con la suspensión sin goce de salario, de uno a treinta días, o bien, el despido, y serán aplicadas por el director general de la Academia, una vez otorgada la audiencia de ley.

En caso de despido, el director general remitirá las diligencias al Poder Ejecutivo para lo de su competencia. Contra la sanción de despido únicamente cabrá recurso de reposición.

ARTÍCULO 58.-     Faltas graves de los instructores

Se considerarán faltas graves por parte de los instructores, las siguientes:

1.-     Colocar en situación de peligro, por negligencia, imprudencia o descuido, la seguridad e integridad física de los estudiantes durante el proceso de formación y capacitación.

2.-     Aplicar castigos corporales a los estudiantes.

3.-     Utilizar calificativos insultantes o degradantes.

4.-     Utilizar las instalaciones de la Academia, el material didáctico, los recursos de apoyo o equipo de la Academia, con fines ajenos a la función educativa.

5.-     Desatender en forma manifiesta y voluntaria el desarrollo de los planes y programas educativos.

6.-     Alterar información relativa a los estudiantes para su perjuicio o beneficio.

7.-     Promover en la población estudiantil ideas que contravengan los principios morales, las buenas costumbres, los valores institucionales y los derechos humanos.

8.-     Llevar en forma inadecuada e inexacta los registros y demás documentos relacionados a la población estudiantil.

9.-     Actuar en beneficio propio o de terceros, recibiendo de o brindando dádivas de o a los estudiantes o a la administración del personal a cargo.

10.-   Incumplir con lo establecido en la orden de operaciones y en los lineamientos académicos de las prácticas supervisadas de los estudiantes.

11.-   Romper el vínculo laboral–estudiantil al sostener relaciones personales que quebranten los principios de objetividad e imparcialidad con los estudiantes.

12.-   Solicitar al personal a su cargo, dinero o avituallamiento ajeno al que entrega la Academia.

13.-   Violentar los derechos fundamentales de los estudiantes.

14.-   Aplicar exámenes a estudiantes que se encuentren incapacitados o suspendidos.

15.-   Incumplir las demás disposiciones que integran el ordenamiento jurídico costarricense.

Las faltas graves que cometan los instructores de la Academia serán tramitadas de conformidad por el régimen disciplinario ordinario del personal del ministerio.

ARTÍCULO 59.-     Recursos de los estudiantes

El recurso de revocatoria por faltas leves será resuelto por el director académico.

El recurso de reposición por faltas graves será resuelto por el director general de la Academia, cuando la sanción impuesta sea la suspensión temporal o el despido. En caso de que la sanción impuesta sea el despido, el director general remitirá las diligencias al Poder Ejecutivo para que emita el respectivo acuerdo.

Los recursos deberán ser interpuestos dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la sanción.

TÍTULO IV

CAPÍTULO I

ESTATUTO POLICIAL

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 60.-     Alcance y objetivos

El Estatuto Policial regulará las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los servidores miembros de las distintas fuerzas de policía del Ministerio, con el propósito de garantizar la eficiencia en el mantenimiento de la seguridad pública y proteger los derechos de estos servidores.

ARTÍCULO 61.-     Servidores cubiertos por el Estatuto

Sin ninguna discriminación, únicamente podrán ser miembros de los cuerpos de las fuerzas de policía, las personas nombradas de conformidad con las normas prescritas en la presente ley y sus reglamentos.

ARTÍCULO 62.-     Puestos sin estabilidad laboral

No gozarán de estabilidad en sus puestos, únicamente los siguientes funcionarios:

1.-     Ministros, viceministros y demás puestos de confianza.

2.-     Los puestos de directores generales y subdirectores generales, directores y subdirectores de los cuerpos policiales, de la Academia Nacional de Policía, de los Servicios de Seguridad Privados, Dirección General de Armamento, de la Inspectoría General de la Policía, y los agregados policiales en el servicio exterior.

SECCIÓN II

INGRESO A LAS FUERZAS DE POLICÍA

Y NOMBRAMIENTOS

ARTÍCULO 63.-     Requisitos de ingreso al servicio de las fuerzas de policía

Para ingresar al servicio de las fuerzas de policía, se requiere:

1.-     Ser costarricense.

2.-     Ser mayor de dieciocho años y ciudadano en el ejercicio pleno de sus derechos.

3.-     Haber aprobado como mínimo, el tercer ciclo de la Enseñanza General Básica.

4.-     No tener asientos inscritos en el Registro Judicial de Delincuentes, por delitos dolosos.

5.-     Poseer aptitud física y moral para el desempeño idóneo del cargo.

6.-     Someterse a las pruebas y los exámenes que la ley y sus reglamentos exijan.

7.-     Ser escogido de las listas confeccionadas mediante los procedimientos establecidos en el Estatuto Policial y sus reglamentos.

8.-     Aprobar el período de prueba de un año previsto en esta ley.

9.-     Jurar fidelidad a la Constitución Política y a las leyes.

10.-   Cumplir con cualquier otro requisito que establezcan la presente ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

El Ministerio estará obligado a impartir el Curso Básico Policial a todo funcionario de primer ingreso.

ARTÍCULO 64.-     Período de prueba

Las personas que ingresen al servicio policial solo estarán cubiertas por la estabilidad en sus puestos, luego de cumplir satisfactoriamente con un período de prueba de un año, contado a partir de la fecha de aprobación del Curso Básico Policial correspondiente al cuerpo policial respectivo.

El período de prueba también se exigirá para todos los ascensos y traslados, en cuyo caso el período se reducirá a ocho meses, salvo en los casos en que se haya ejercido el cargo en forma interina por un período equivalente.

ARTÍCULO 65.-     Nombramientos temporales

A instancia de cualquier jerarca de las fuerzas de policía, el Consejo Superior de Oficiales podrá llenar, de inmediato y en forma temporal, los puestos vacantes. Para ello, escogerá a los candidatos elegibles, según el registro respectivo llevado por la administración de los recursos humanos.

En caso de agotarse la lista de elegibles, el Consejo Superior de Oficiales procederá a instalar, temporalmente, a quienes hayan presentado una solicitud de ingreso al servicio, previo cumplimiento de las pruebas psicológicas, por un plazo no mayor de nueve meses. Pasado este lapso, la instalación provisional deberá terminarse.

ARTÍCULO 66.-     Nombramiento originado en fraude o error

A petición de la administración de los recursos humanos, el Tribunal de Conducta Policial podrá disponer la destitución inmediata del servidor, cuando se compruebe que su nombramiento fue producto de un fraude o de cualquier otro error grave. El servidor destituido será notificado y oído dentro de los tres días siguientes, para que exponga las alegaciones que estime pertinentes. El Tribunal remitirá las diligencias al Poder Ejecutivo para que emita el respectivo acuerdo de despido.

ARTÍCULO 67.-     Nombramiento ilegal, validez parcial de actuaciones

Será absolutamente nulo cualquier nombramiento que infrinja las disposiciones de esta ley o sus reglamentos. Sin embargo, las actuaciones de un funcionario, mientras desempeñe su cargo, serán válidas siempre y cuando estén ajustadas a Derecho.

SECCIÓN III

ASCENSOS, PERMUTAS Y MOVILIZACIONES

ARTÍCULO 68.-     Ascensos y publicidad del concurso de antecedentes

Todos los ascensos se definirán por concurso de antecedentes, al cual deberá dársele publicidad con la información necesaria, mediante circulares que deberán colocarse en lugares visibles y cualquier otro medio de difusión. El incumplimiento de este requisito acarreará la nulidad del concurso de antecedentes, y será declarable, en primera instancia, por el Consejo Superior de Oficiales y en segunda instancia, por el ministro.

Se podrá prescindir del procedimiento de concurso por motivos de oportunidad, conveniencia, mérito o interés público, cuando la plaza vacante pueda ser llenada mediante ascenso o permuta, siempre y cuando el funcionario reúna los requisitos establecidos, o en el caso de funcionarios que estén desempeñando un puesto el cual ganaron mediante concurso o por ascenso o permuta.

El Poder Ejecutivo reglamentará los criterios pertinentes para calificar a los candidatos a los ascensos.

ARTÍCULO 69.-     Ascensos temporales

Los sustitutos de los servidores ascendidos también podrán ser promovidos temporalmente; no obstante, deberán volver a sus puestos de origen si el servidor ascendido o trasladado tuviera que regresar, a su vez, al puesto que ocupaba.

ARTÍCULO 70.-     Permutas

Los directores generales de los cuerpos policiales podrán autorizar las permutas, previa solicitud de los interesados.

ARTÍCULO 71.-     Descensos

El Consejo Superior de Oficiales autorizará los descensos de puestos de los funcionarios, por deficiencia en el servicio, siempre que no constituya falta disciplinaria, previa valoración del expediente que se levante. Al servidor afectado se le conferirá audiencia por cinco días hábiles, y contra lo resuelto cabrá únicamente recurso de revocatoria o reposición ante el Tribunal de Conducta Policial, quien resolverá en definitiva.

ARTÍCULO 72.-     Reubicaciones

Todos los funcionarios policiales podrán ser destacados en cualquier parte del territorio nacional, por el tiempo necesario, mediante solicitud debidamente motivada del director general del cuerpo policial respectivo.

SECCIÓN IV

CARRERA POLICIAL, GRADOS

Y ESCALAS JERÁRQUICAS

ARTÍCULO 73.-     Carrera policial

La carrera policial es el orden de ascenso, a partir del conocimiento, experiencia y mérito, desde el momento en que el funcionario ingresa al Ministerio de Seguridad Pública hasta su jubilación.

ARTÍCULO 74.-     Grados policiales

El grado policial constituye un requisito más de los que se exigen para ocupar alguno de los puestos de las clases contenidas en los manuales de puestos y clases policiales del Ministerio. El hecho de ostentar determinado grado policial no obliga a la administración a otorgar un puesto.

El Ministerio emitirá un reglamento para establecer la correspondencia entre los grados policiales y las plazas existentes en la estructura organizacional del Ministerio.

Durante el mes de abril de cada año, el Ministerio deberá determinar para el año calendario siguiente las necesidades de nuevas plazas policiales para las escalas básica, ejecutiva y superior, así como aquellas necesarias para la gestión de apoyo de los cuerpos policiales para su adecuado desempeño, a fin de incluir en su presupuesto anual la creación de dichas plazas.

Los grados policiales otorgados antes de la vigencia de la Ley N° 8096, vía decreto ejecutivo publicado en La Gaceta, quedarán automáticamente homologados con los grados que dicha ley creó.

ARTÍCULO 75.-     Escalas jerárquicas

El Estatuto Policial contará con las escalas jerárquicas de oficiales superiores, oficiales ejecutivos y escala básica.

a)      La escala de oficiales superiores, será integrada por los siguientes grados:

1.-     Comisario

2.-     Comisionado

3.-     Comandante

b)      La escala de oficiales ejecutivos estará compuesta por los siguientes grados:

1.-     Capitán de policía

2.-     Intendente

3.-     Subintendente

c)       La escala básica estará integrada por los siguientes grados:

1.-     Sargento de policía

2.-     Inspector de policía

3.-     Agente de policía

Los cuerpos de policía especializados del Ministerio de Seguridad Pública serán regulados en cuanto a los requisitos para grados policiales y nomenclatura de sus clases de puestos, por el reglamento respectivo.

ARTÍCULO 76.-     Acceso a las escalas jerárquicas

El sistema de acceso a cada una de las escalas jerárquicas y los grados policiales definidos por esta ley para la Policía Civil, será el siguiente:

a)      Escala de oficiales superiores

El ingreso al escalafón de oficiales superiores será regulado de acuerdo con los siguientes requisitos:

1.-     Haber obtenido como mínimo, un título universitario.

2.-     Tener el grado de capitán de Policía.

3.-     Haber aprobado el curso de oficiales superiores.

Internamente, la promoción desde el grado de comandante hasta el de comisario será regulada por el reglamento correspondiente bajo el procedimiento de concurso interno y respetando los criterios de capacitación, tiempo de servicio y otros méritos.

b)      Escala de oficiales ejecutivos

El acceso al grado de subintendente se establece mediante el procedimiento de concurso de oposición, al que podrán optar los miembros de la escala básica que reúnan los siguientes requisitos:

1.-     Haber obtenido como mínimo, el bachillerato de Educación Secundaria otorgado por el Ministerio de Educación.

2.-     Tener el grado de sargento de Policía.

3.-     Haber aprobado el curso de oficiales ejecutivos impartido por la Academia Nacional de Policía o la escuela de capacitación especializada de cada cuerpo policial.

Además, podrán ingresar a la escala ejecutiva aquellos profesionales con título universitario, que por el interés institucional y de servicio, sean necesarios. Podrán optar por el grado de subintendente previo cumplimiento de los cursos establecidos.

Internamente, la promoción desde el grado de subintendente hasta el de capitán, será regulada por el reglamento correspondiente bajo el procedimiento de concurso interno, respetando los criterios de capacitación, tiempo de servicio y otros méritos relacionados con la excelencia en la prestación de los servicios policiales.

Para efectos del ingreso a la escala de oficiales ejecutivos, la Academia Nacional de Policía será el ente rector para convalidar estudios realizados en academias policiales de otros países, siempre y cuando los programas sean acordes con las necesidades de la Policía costarricense.

c)       Escala básica

Para acceder al grado de agente, el aspirante deberá cumplir con los requisitos referentes al ingreso a las fuerzas de policía que dispone esta ley y sus reglamentos.

Internamente, la promoción desde el grado de agente hasta sargento de Policía será regulada por el reglamento correspondiente y el Manual de Clases Policiales del Ministerio de Seguridad Pública, respetando el procedimiento de concurso interno, los criterios de capacitación, tiempo de servicio y otros méritos relacionados con la excelencia en la prestación de los servicios policiales.

En todo caso, los ascensos de un grado a otro, se realizarán en forma escalonada y únicamente ante la existencia de una plaza vacante en un nivel superior, siempre con los requisitos determinados en esta ley, sus reglamentos y en el Manual de Clases Policiales.

En el caso de los cuerpos de policía especializados, los grados y escalas jerárquicas, así como los requisitos de ascenso, serán determinados por sus respectivos reglamentos.

ARTÍCULO 77.-     Escalafón de oficiales superiores

El escalafón de oficiales superiores de Policía está integrado por los comisarios, comisionados y comandantes debidamente inscritos en él, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que se establezcan al efecto.

ARTÍCULO 78.-     Cargos policiales de libre nombramiento y remoción

Los cargos policiales de libre nombramiento y remoción por el presidente de la República y el ministro de Seguridad Pública son los siguientes: los directores generales y subdirectores generales, directores y subdirectores de los cuerpos policiales, de la Academia Nacional de Policía, Inspectoría General y Subinspectoría General de la Policía, y los agregados policiales en el servicio exterior.

Los demás cargos policiales que por su especial naturaleza y a juicio del ministro de Seguridad Pública se les exija un grado del escalafón de oficiales superiores, gozarán del derecho a la estabilidad en sus puestos conforme lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 79.-     Cargos y grados policiales

Los directores generales de los cuerpos policiales, de la Academia Nacional de Policía, del Tribunal de Conducta Policial y de la Inspectoría General de la Policía, deberán ostentar el grado de comisario.

Los subdirectores generales y directores de los cuerpos policiales, de la Academia Nacional de Policía, y de la Inspectoría General de la Policía, y los agregados policiales deberán ostentar el grado mínimo de comisionado.

Los subdirectores de los cuerpos policiales y los de la Academia Nacional de Policía, deberán ostentar el grado mínimo de comandante.

Al ser removidos de los cargos mencionados en este artículo, los funcionarios podrán optar por el pago de los extremos laborales a los cuales tengan derecho, o si así lo desean, podrán regresar al puesto que ocupan en propiedad bajo el régimen del Estatuto Policial.

SECCIÓN V

DERECHOS, INCENTIVOS Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 80.-     Derechos

Los miembros de los cuerpos de policía gozarán de los siguientes derechos:

1.-     Estabilidad en sus puestos, siempre y cuando ingresen al servicio de acuerdo con los requisitos exigidos en el presente Estatuto y si cumplen con sus deberes en la prestación del servicio, según las condiciones determinadas en esta ley y sus reglamentos. El servidor solo podrá ser removido de su puesto cuando incurra en una falta grave de conformidad con el ordenamiento jurídico; por falta de idoneidad comprobada; o cuando, para mejorar el servicio, se determine su ineficiencia o incompetencia manifiestas.

2.-     Remuneración salarial justa.

3.-     Disfrute de vacaciones anuales por quince días naturales durante los primeros cinco años de servicio; veinte días naturales durante los segundos cinco años y un mes después de diez años de trabajo. Para el disfrute de este derecho, no es preciso que el tiempo servido haya sido continuo. Excepcionalmente podrá interrumpirse disfrute de este derecho ante estado de necesidad o en los casos de emergencia previstos en esta ley. Igualmente tendrán derecho a vacaciones proporcionales, en la forma que se establezca en el reglamento respectivo.

4.-     Disfrute de licencias ocasionales con goce de salario o sin él, según los requisitos y las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

5.-     Disfrute de licencias para realizar estudios y cursos de perfeccionamiento, siempre y cuando no se perjudique el servicio público. Los requisitos y condiciones para obtener este tipo de beneficios se establecerán en el Reglamento de la presente ley.

6.-     Conocer las calificaciones con las que sus superiores evalúan sus servicios.

7.-     Reconocimiento salarial por el grado de capacitación que vayan obteniendo a lo largo de su carrera.

8.-     A toda mujer en estado de gravidez, protegida por este Estatuto, deberá otorgársele licencia con goce de salario durante cuatro meses, un mes antes y tres después del parto.

9.-     Indemnización de noventa veces el salario mensual, si fallecen o sufren invalidez total en el ejercicio de sus funciones, o como consecuencia de estas, o por ser funcionario policial; en los tres casos tanto durante como fuera de servicio, sin menoscabo de los demás derechos determinados en la legislación vigente. Una indemnización similar se les concederá si fallecen o sufren invalidez total como producto del ejercicio de las funciones policiales de psicólogos, médicos y paramédicos policiales y de otras especialidades profesionales, las de captación de información por medio documental o audiovisual de los operativos que realiza la policía del Ministerio, siempre y cuando estas funciones sean realizadas en el lugar y momento en que los operativos se desarrollan. Verificada la procedencia de la indemnización, la misma será pagada al interesado por medio de resolución administrativa.

ARTÍCULO 81.-     Incentivos salariales

Los servidores policiales tendrán derecho a los siguientes incentivos salariales, que deberán especificarse en el Reglamento de esta ley:

1.-     Un reconocimiento anual de un uno punto cinco por ciento (1.5%), cuando obtengan en la evaluación del desempeño anual una calificación de excelente, independientemente del reconocimiento por antigüedad que establece la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley N.° 2166, de 9 de octubre de 1957.

2.-     Un aumento hasta de un treinta y cinco por ciento (35%) del salario base, como máximo, según avancen en la instrucción general del sistema educativo costarricense o en la especializada, recibida en la Academia Nacional de Policía o en otras instituciones autorizadas, de conformidad con la reglamentación correspondiente.

3.-     Un aumento de un cinco por ciento del salario base, al cumplir cada lustro de servicio en cualquiera de los cuerpos de policía amparados por esta ley.

4.-     Un sobresueldo fijo y permanente de un veinticinco por ciento del salario base, por concepto de disponibilidad de servicio sin sujeción a horario, según las necesidades y la libre disposición requeridas por el superior jerárquico.

5.-     Riesgo policial, equivalente a un dieciocho por ciento (18%) del salario base, inherente a todo puesto policial. Un incentivo similar se les concederá a los demás funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, siempre y cuando realicen las funciones policiales de psicólogos, médicos y paramédicos policiales y de otras especialidades profesionales, las de captación de información por medio documental o audiovisual de los operativos que realizan los miembros de los cuerpos policiales del Ministerio, siempre y cuando estas funciones sean realizadas en el lugar y momento en que los operativos se desarrollan. Verificada la procedencia del incentivo, el mismo será pagado por medio de resolución administrativa.

6.-     Reconocimiento por instrucción equivalente a un veinte por ciento (20%) del salario base, que corresponderá a todos los instructores de la Academia Nacional de Policía, de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas y de la Dirección de Programas Policiales Preventivos. Este incentivo podrá ser extendido temporalmente a otros funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública siempre y cuando impartan cursos especializados en alguna de tres dependencias mencionadas en este inciso, con una duración mínima de un mes calendario. El reconocimiento salarial por instrucción no excluye el pago de los incentivos por concepto de riesgo policial, alto riesgo y demás incentivos y beneficios policiales. Las labores de formación y capacitación para el desempeño profesional de los funcionarios policiales, contarán para efectos de experiencia policial y de experiencia administrativa.

7.-     Los demás beneficios e incentivos, previamente reconocidos por ley.

ARTÍCULO 82.-     Obligaciones

Los miembros de los cuerpos de policía, además de los deberes ético-jurídicos consignados en la ley, tendrán las siguientes obligaciones específicas:

1.-     Dedicarse exclusivamente a sus labores a tiempo completo.

2.-     No podrán ocupar, simultáneamente, otros cargos o puestos dentro de la Administración Pública, excepto los previstos en la Ley de la Administración Financiera de la República. Tampoco podrán participar en actividades político-partidistas, aspirar a puestos de elección popular ni ejercerlos.

3.-     Ajustarse a los horarios definidos por reglamento, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la disponibilidad para el servicio y de las movilizaciones.

4.-     Observar buena conducta.

5.-     Respetar y considerar a las personas con quienes tratan en el ejercicio de sus funciones.

6.-     Recibir, obligatoriamente, los cursos de adiestramiento y capacitación que sus superiores les indiquen.

7.-     Abstenerse, durante el servicio, de portar armas distintas de las autorizadas por reglamento.

8.-     Las demás que les impongan las leyes y reglamentos específicos.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 83.-     Procedimiento disciplinario

El Ministerio está obligado a tramitar las denuncias por irregularidades que cometan sus funcionarios y resolver lo que proceda, respetando las garantías del debido proceso.

ARTÍCULO 84.-     Dirección Disciplinaria Legal

Créase la Dirección Disciplinaria Legal, como instancia legal técnica especializada, exclusivamente para efectos de investigación, tramitación disciplinaria y de responsabilidad civil, que deriven de las faltas graves cuya sanción esté regulada en la normativa con suspensión sin goce de salario igual o superior a ocho días en casos policiales y todos los casos de los servidores de la Gestión de Apoyo a los Cuerpos Policiales del Ministerio de Seguridad Pública. Salvo, en aquellos casos que por ley no sean de su competencia y en los asuntos de ausencias laborales que no generen despido sin responsabilidad patronal y las faltas graves que sean susceptibles de una sanción menor a 8 días de suspensión sin goce de salario, en las cuales el Órgano Director será el jefe inmediato.

ARTÌCULO 85.- Atribuciones

La Dirección Disciplinaria Legal estará adscrita al Despacho del (de la) Ministro (a), y tendrá las siguientes funciones:

1.       Fungir como Órgano de Investigación Preliminar y Órgano Director de Procedimientos Disciplinarios administrativos, ordenados e incoados en contra de los (las) funcionarios (as) del Ministerio y emitir la resolución de recomendación, con autonomía de criterio, ante el órgano competente de decisión.

2.       Recomendar al Ministro (a) el inicio o no de gestión de despido ante la Dirección General de Servicio Civil, por faltas graves, en el caso de funcionarios amparados a ese Régimen.

3.       Preparar la información correspondiente y elaborar la acción que firmará el (la) Ministro (a) en las gestiones de despido que se tramitan ante la Dirección General del Servicio Civil.

4.       Dar seguimiento y elaborar los escritos que suscribirá el (la) Ministro (a) en las gestiones de despido que se tramitan ante la Dirección General del Servicio Civil y remitir la disposición final a la Dirección de Recursos Humanos, para lo de su cargo.

5.       Recomendar al Órgano Decisor la suspensión provisional con goce de salario de los (las) servidores (as) del Ministerio, previo a la apertura de la causa administrativa y como medida cautelar, de conformidad con lo estipulado en la normativa vigente.

6.       Recomendar la procedencia de la reubicación temporal ya sea del (de la) funcionario (a) que denuncie hostigamiento sexual o laboral del (de la) funcionario (a) denunciado (a).

7.       Recomendar o no la procedencia de una causa administrativa disciplinaria, en asuntos de daño o pérdida de bienes y/o derechos del Estado, posterior a las diligencias administrativas de reparación o reposición que corresponda.

8.       Disponer el archivo interno de asuntos que no representan interés actual para la Administración o constituyan pérdida económica para el Estado, que no ameriten apertura de causa administrativa, o inclusive de aquellas que ya estén abiertas, siempre y cuando se emita resolución fundada.

9.       Remitir al Ministerio Público, los trámites administrativos correspondientes, cuando de los procesos disciplinarios se evidencie la posible comisión de un delito por parte de un servidor del Ministerio.

10.     Notificar al Patronato Nacional de la Infancia las causas administrativas en donde se involucre a una persona menor de edad.

11.     Tramitar las solicitudes y brindar información en materia disciplinaria que planteen instituciones vinculadas al ámbito jurídico o cualquier otra instancia o particular legitimado que la requiera.

12.     Preparar las resoluciones interlocutorias y finales que correspondan según su competencia.

13.     Cuando las circunstancias de tiempo, distancia o lugar lo aconsejen, la Jefatura de la Dirección Disciplinaria Legal podrá comisionar la instrucción a un funcionario del Ministerio para que sea el encargado de participar en la comparecencia oral y privada, estando facultado para juramentar a los testigos y peritos, tomar las declaraciones de los testigos, recibir la prueba de los encausados y sus conclusiones, preguntar y repreguntar, suspender o reiniciar la comparecencia, dar la palabra a las partes, admitir o rechazar preguntas de las partes. Podrá reservar para la resolución final, los recursos o incidentes que podrían interponer las partes.

14.     Concluida la comparecencia, el funcionario encargado remitirá un correo electrónico a la Dirección Disciplinaria Legal, donde consten todas las declaraciones y conclusiones de los testigos y las partes que participaron. Inmediatamente remitirá de la forma más segura y confidencial posible, el expediente disciplinario, mismo que deberá estar debidamente completo, ordenado y foliado.

15.     Cuando las circunstancias de tiempo, distancia o lugar lo aconsejen, la Jefatura de la Dirección Disciplinaria Legal podrá comisionar la investigación preliminar, a un funcionario del Ministerio para que sea el encargado de realizar las diligencias investigativas. Realizada la misma, inmediatamente, se remitirá de la forma más segura y confidencial posible, el legajo de investigación completo, que incluya el informe final, mismo que deberá estar debidamente completo, ordenado y foliado.

16.     Cualquier otra propia de su competencia.

ARTÍCULO 86.-

La Dirección Disciplinaria Legal estará conformada por los siguientes Departamentos:

1) Departamento de Asuntos Internos

2) Departamento de Inspección Administrativa

3) Departamento de Inspección Policial

ARTÍCULO 87.- Departamento de Asuntos Internos

Será el encargado de recibir, valorar y gestionar según corresponda las denuncias que se presenten sobre funcionarios de esta Cartera, tanto policiales como administrativos. Asimismo, deberá realizar un análisis de admisibilidad, a efectos de gestionar el procedimiento que corresponda. Este Departamento estará conformado por dos Secciones:

1) Sección de Admisibilidad y Valoración: Que tendrá las siguientes funciones:

-    Recibir las denuncias que se presenten sobre funcionarios de esta Cartera. Entendiendo por denuncia, los reportes, informes y comunicaciones de las distintas dependencias internas y externas, las gestiones formuladas por un tercero a título personal o en representación de una organización, grupo o persona física o jurídica, con el propósito de informar sobre algún hecho o acto que presume la existencia de irregularidades en el ejercicio público, o bien la violación de normas jurídicas atinentes.

-    Realizar un análisis de admisibilidad de la denuncia, determinando la relevancia de los argumentos y los elementos probatorios suministrados por el denunciante, considerando la normativa técnica y jurídica entre otros aspectos pertinentes. En este proceso se verifican los requisitos que debe reunir, para que la denuncia sea admitida como un asunto susceptible de ser analizado con mayor detalle y eventualmente investigado.

-    Determinar cuáles asuntos constituyen falta leve, falta grave que no diere mérito para la aplicación de una sanción de suspensión de trabajo igual o superior a ocho días sin goce salarial y, cuáles son faltas graves que deberán ser tramitadas en un procedimiento disciplinario en la Dirección Disciplinaria Legal.

-    Devolver para su trámite ante la Jefatura Inmediata o ante quien corresponde, las faltas leves y aquellas que no resultan de competencia para esta Dirección; asimismo las faltas que no diere mérito para la aplicación de una sanción de suspensión de trabajo igual o superior a ocho días sin goce salarial, serán devueltas mediante resolución fundada que valore la pertinencia, identificación del denunciante, precisión de la información, la presunta irregularidad, importancia relativa, perjuicio económico, evidenciad, disponibilidad de recursos, costo – beneficio, prevención de la duplicidad de esfuerzos, y todos aquellos que se consideren pertinentes al momento del estudio de la admisibilidad de la denuncia, o que resulte de la gestión de análisis de otros casos denunciados.

2) Sección de Investigación: Que tendrá las siguientes funciones:

-    Realizar y/o coordinar las diligencias necesarias en casos que se considere que las pruebas no son suficientes para la instauración del procedimiento, cuando no estén individualizados los presuntos responsables o, cuando se necesiten elementos de juicio para realizar una correcta intimación.

-    Realizar las diligencias de investigación preliminar sobre las denuncias interpuestas contra funcionarios policiales, por presuntas faltas graves que dan mérito para la aplicación de una sanción de suspensión de trabajo igual o superior a ocho días sin goce salarial y hasta el despido sin responsabilidad patronal.

-    Efectuar las diligencias de investigación preliminar sobre las denuncias interpuestas contra funcionarios administrativos por presuntas faltas graves.

-    Cuando las circunstancias de tiempo, distancia o lugar lo aconsejen, podrá comisionar la investigación preliminar, a un funcionario del Ministerio para que sea el encargado de realizar las diligencias. Realizada la misma, inmediatamente, se remitirá de la forma más segura y confidencial posible, el legajo de investigación completo, que incluya el informe final, mismo que deberá estar debidamente completo, ordenado y foliado.

ARTÍCULO 88.- Departamento de Inspección Administrativa

Será el encargado de tramitar la instrucción de todos los asuntos por faltas disciplinarias de los servidores administrativos de la Gestión de Apoyo de los Cuerpos Policiales (Servidores administrativos) y aquellos policiales que pertenezcan al régimen de inamovilidad del Servicio Civil, de conformidad con la normativa legal y reglamentaria que rige su relación de servicio. Este Departamento estará conformado por dos Secciones:

1) Sección de Faltas de Asistencia: Que tendrá las siguientes funciones:

-    Tramitar la instrucción de todos los asuntos por faltas graves disciplinarias al régimen de asistencia de los servidores administrativos y emitir la resolución de recomendación que corresponda, con autonomía de criterio, ante el órgano competente de decisión.

-    Recomendar al Ministro(a) el inicio de gestión de despido ante la Dirección General de Servicio Civil, por faltas graves de asistencia, en el caso de funcionarios amparados a ese Régimen.

-    Preparar la información correspondiente y elaborar la acción que firmará el (la) Ministro(a) en las gestiones de despido por faltas graves de asistencia, que se tramitan ante la Dirección General del Servicio Civil.

-    Dar seguimiento y elaborar los escritos que suscribirá el (la) Ministro (a) en las gestiones de despido por faltas graves de asistencia, que se tramitan ante la Dirección General del Servicio Civil y remitir la disposición final a la Dirección de Recursos Humanos, para lo de su cargo.

2) Sección de Faltas Varias Administrativas: Que tendrá las siguientes funciones:

-    Tramitar la instrucción de todos los asuntos por faltas graves disciplinarias que no correspondan al régimen de asistencia de los servidores administrativos y emitir la resolución de recomendación que corresponda, con autonomía de criterio, ante el órgano competente de decisión.

-    Recomendar al Ministro (a) el inicio de la gestión de despido ante la Dirección General de Servicio Civil, por faltas graves que no sean competencia de la Sección de Faltas de Asistencia, en el caso de funcionarios amparados a ese Régimen.

-    Preparar la información correspondiente y elaborar la acción que firmará el (la) Ministro (a) en las gestiones de despido por faltas graves que no sean competencia de la Sección de Faltas de Asistencia, que se tramitan ante la Dirección General del Servicio Civil.

-    Dar seguimiento y elaborar los escritos que suscribirá el (la) Ministro (a) en las gestiones de despido por faltas graves que no sean competencia de la Sección de Faltas de Asistencia, que se tramitan ante la Dirección General del Servicio Civil y remitir la disposición final a la Dirección de Recursos Humanos, para lo de su cargo.

ARTÍCULO 89.- Departamento de Inspección Policial

Será el encargado de tramitar los asuntos por faltas graves de todos los servidores policiales, cuya sanción sea igual o superior a ocho días sin goce salarial y hasta el despido sin responsabilidad patronal. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en ésta Ley, en la Ley General de Policía y cualquier otra normativa legal y reglamentaria que rige la relación de servicio de los miembros de los cuerpos policiales adscritas a este Ministerio. Este Departamento estará conformado por tres Secciones:

1) Sección de Corrupción: Que tendrá como funciones tramitar los procesos disciplinarios relacionados con los siguientes tipos de faltas graves:

-    Las que estén catalogadas literalmente como causales de despido sin responsabilidad patronal en los incisos d), j), k) y l) del artículo 81 del Código de Trabajo y en los numerales 17 y 81 incisos b), e), f) y n) de la Ley General de Policía; independientemente que exista un proceso judicial simultáneamente por los mismos hechos.

-    Las que sean señaladas como faltas graves y causales de despido sin responsabilidad patronal en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley General de Control Interno, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley de la Contratación Administrativa y en las normas reglamentarias de cada una de estas leyes; independientemente que exista un proceso judicial simultáneamente por los mismos hechos.

-    Todas las que sobrevengan de una denuncia penal, independiente de que se cometan en horas laborales o fuera de éstas, salvo aquellos casos que por regulación expresa le correspondan a la Sección de Asuntos de Género.

-    Las que provengan de una condenatoria penal en firme.

2) Sección de Asuntos de Género: Que tendrá las siguientes funciones:

-    Tramitar los procesos disciplinarios relacionados con los siguientes tipos de faltas graves:

-    Las relacionadas con conductas de Acoso u Hostigamiento Sexual y/o Ambiental, mencionadas en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.

-    Las relacionadas con conductas de Acoso u Hostigamiento Laboral y/o Ambiental, entre compañeros y/o contra cualquier funcionario que ejerza funciones de supervisión de personal o de mando; así como también de los funcionarios que ejercen labores de supervisión o de mando contra los colaboradores a su cargo.

-    Las que se relacionan con conductas que vulneren la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, independientemente que exista un proceso judicial simultáneamente por los mismos hechos.

-    Las que se refieren a comportamientos o actos con connotación sexual de cualquier especie, ya sea en horas de labores o fuera de éstas; contra personas particulares y/o entre compañeros y compañeras de trabajo, independientemente que exista un proceso judicial simultáneamente por los mismos hechos.

3) Sección de Faltas Varias Policiales: Que tendrá las siguientes funciones:

-    Tramitar los procesos disciplinarios relacionados con los siguientes tipos de faltas graves:

-    Todas las que no se mencionan en el acápite 1 del presente artículo ni las que le competen a la Sección de Asuntos de Género; siempre y cuando sean susceptibles de la imposición de una sanción igual o superior a ocho días sin goce salarial y hasta el despido sin responsabilidad patronal y que estén mencionadas como falta graves en las normas, reglamentos, manuales, directrices y circulares internas que rigen las relaciones de servicio de los miembros de los cuerpos policiales adscritos a este Ministerio.

-    Aquellas que versan sobre el incumplimiento de los deberes y la vulneración de los principios fundamentales, éticos y morales de la actuación policial, siempre y cuando sean susceptibles de la imposición de una sanción igual o superior a ocho días sin goce salarial y hasta el despido sin responsabilidad patronal, aunque no estén mencionadas como faltas graves en las normas, reglamentos, manuales, directrices y circulares internas que rigen las relaciones de servicio de los miembros de las fuerzas de policía adscritas a este Ministerio.

-    Todas las relacionadas con asuntos de control de doping que arrojen resultados positivos o aquellos en que se niegan sin justificación alguna, a someterse a las pruebas correspondientes.

-    Las relacionadas con el ausentismo al trabajo siempre y cuando den mérito a la imposición de la sanción de despido sin responsabilidad patronal.

-    Las que sobrevengan de la reincidencia de una falta leve previamente sancionada por el superior inmediato y que esté en firme o de una falta grave que haya sido sancionada por el superior inmediato con la suspensión de uno a siete días sin goce salarial y que esté en firme que den mérito a la imposición de una sanción igual o superior a ocho días sin goce salarial y hasta el despido sin responsabilidad patronal.

ARTÍCULO 90.-     Suspensión provisional y sus alcances

Autorizase la inmediata suspensión o traslado provisional del servidor, tanto policial como administrativo, como medida cautelar, ante la presunta comisión de una falta grave, ya sea durante la fase de investigación preliminar o con la apertura del procedimiento administrativo disciplinario, la cual podrá mantenerse hasta la finalización del mismo salvo que sobrevengan circunstancias que permitan su levantamiento o el cambio de dicha medida. En ningún caso, esta medida implicará que el servidor afectado deje de percibir el salario a que por ley tiene derecho, no así los incentivos derivados de la función policial, tales como el riesgo policial, alto riesgo, la disponibilidad, instrucción y otros que deban necesariamente cumplirse para su efectivo reconocimiento.

En el caso de los funcionarios policiales, la medida será impuesta por el Tribunal de Conducta Policial. En el caso de los servidores administrativos de la Gestión de Apoyo a los Cuerpos Policiales, la medida será impuesta por el Despacho del Viceministro designado por el ministro.

SECCIÓN II

RÉGIMEN DISCIPLINARIO POLICIAL

ARTÍCULO 91.-          Normativa aplicable a los funcionarios policiales

El régimen disciplinario aplicable a los funcionarios policiales se ajustará a las normas de actuación policial previstas en esta ley, en la Ley General de Policía, y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO 92.-     Tipos de faltas y sanciones aplicables

Las faltas dentro del régimen disciplinario podrán ser leves y graves.

Las primeras se sancionarán con el apercibimiento oral o escrito y las segundas, con la suspensión sin goce de salario de uno a treinta días o el despido sin responsabilidad patronal.

Las sanciones de suspensión menores a ocho días serán instruidas por el jefe inmediato del servidor.

Las sanciones de suspensión igual o superiores a los ocho días, así como el despido, serán autorizadas por el Tribunal de Conducta Policial.

Contra la autorización de despido que emite el Tribunal de Conducta Policial únicamente cabrá recurso de reposición.

El acuerdo de despido del funcionario será dictado por el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 93.-     Criterios para definir faltas

Las faltas se determinarán de acuerdo con:

1.-     El grado de dolo o culpa en la conducta constitutiva de la infracción.

2.-     El modo de participación, sea como autor, cómplice o instigador.

3.-     El grado de perturbación real en el funcionamiento normal de la prestación del servicio y en su trascendencia para la seguridad ciudadana.

4.-     Los daños y perjuicios ocasionados con la infracción.

5.-     Los efectos reales de la falta sobre la consideración y el respeto debido a los habitantes, los subalternos del infractor o sus superiores.

6.-     El grado de quebrantamiento de los principios de disciplina y jerarquía, necesarios para el buen desempeño de las fuerzas policiales.

ARTÍCULO 94.-     Procedimiento para las amonestaciones

Las amonestaciones orales o escritas por faltas leves, las emitirá el jerarca inmediato del amonestado, sin más trámite que concederle audiencia, de lo cual se dejará constancia en el expediente respectivo. La escrita contendrá el relato sucinto del hecho que motiva la infracción y los fundamentos que justifican la sanción disciplinaria.

ARTÍCULO 95.-     Faltas graves

Para los efectos de este régimen, se considerarán faltas graves:

1.-     La violación del juramento de lealtad a la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes de la República, y demás disposiciones que integran el ordenamiento jurídico costarricense.

2.-     Cualquier conducta tipificada en las leyes penales como delito doloso.

3.-     La violación reiterada de los trámites, los plazos o los demás requisitos procedimentales, exigidos por el ordenamiento jurídico para la tutela de los derechos de los habitantes.

4.-     Las actuaciones arbitrarias, discriminatorias o claramente inspiradas en posiciones político-partidistas, que afecten las libertades ciudadanas, la dignidad de las personas o los derechos humanos.

5.-     El uso indiscriminado, innecesario o excesivo de la fuerza en el desempeño de sus labores.

6.-     La violación de la discreción debida y del secreto profesional en asuntos confidenciales, o aquellos declarados secreto de Estado.

7.-     Cualquier abuso de autoridad o maltrato de personas, aunque no constituya delito.

8.-     La renuencia a prestar auxilio urgente, en los hechos y las circunstancias graves en que sea obligatoria su actuación.

9.-     El abandono injustificado del servicio.

10.-   El ejercicio de actividades públicas o privadas, incompatibles con el desempeño de sus funciones.

11.-   La falta manifiesta de colaboración con las otras fuerzas de policía del país.

12.-   La ingesta de bebidas con contenido alcohólico durante el servicio o el uso de drogas no autorizadas durante y fuera del servicio policial.

13.-   La portación, durante el servicio, de un arma antirreglamentaria durante el servicio policial.

14.-   Solicitar, aceptar o recibir cualquier beneficio indebido, o aceptar la promesa de una retribución de esa naturaleza, a cambio de hacer u omitir actos, sean o no propios de sus funciones.

15.-   Cualquier otra conducta sancionada con despido en el Código de Trabajo.

ARTÍCULO 96.-     El despido justificado

Los servidores amparados por el presente Estatuto solo podrán ser removidos de sus puestos por las siguientes razones:

1.-     Por la comprobación de que han incurrido en una falta grave, según lo dispuesto en la presente ley, en la Ley General de Policía y demás normativa aplicable.

2.-     Por incurrir en cualquiera de las causales establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo.

3.-     Por ingresar al servicio sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos.

4.-        Por no cumplir con sus deberes en la prestación del servicio, según las condiciones determinadas en esta ley, en la Ley General de Policía, sus reglamentos y demás normativa aplicable.

5.-     Por ineficiencia, falta de idoneidad o impericia, manifiestas y comprobadas, en el desempeño del cargo.

6.-     Por tratarse de un nombramiento ilegal.

ARTÍCULO 97.-     Efectos del despido justificado

1.-     Todo despido justificado se entenderá sin responsabilidad patronal.

2.-     El servidor despedido por causa justificada queda inhabilitado para reingresar a cualquier otro cuerpo de policía del Ministerio de Seguridad Pública, durante un período de diez (10) años.

ARTÍCULO 98.-     Prescripciones

Las faltas leves prescribirán en un mes y las graves a los dos años.

La prescripción empezará a computarse a partir del día hábil siguiente en que el resultado de la información levantada, el reporte o la denuncia se pone en conocimiento del funcionario u órgano competente de tramitar el debido proceso.

La prescripción se interrumpirá cuando la apertura del procedimiento disciplinario sea debidamente notificada al interesado, y cuando el expediente llegue al órgano decisor para la decisión final del procedimiento.

ARTÍCULO 99.-     Investigación administrativa e investigación jurisdiccional

El inicio de un proceso judicial no impide que, simultáneamente, se tramite un proceso administrativo disciplinario contra dicho servidor, por los mismos hechos. La relación de hechos probados que se pronuncien en la sentencia judicial con calidad de cosa juzgada material, ya sea condenatoria o absolutoria, vincula a la instancia administrativa para los efectos disciplinarios y laborales del caso, aunque con anterioridad haya recaído una resolución administrativa favorable o desfavorable al servidor.

ARTÍCULO 100.-  Actuación administrativa en el caso de procesamiento en sede penal

En cualquier caso de procesamiento en sede penal, por delito vinculado con torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, de inmediato la administración suspenderá al servidor y, hasta la decisión del caso, le retendrá, totalmente, el salario.

ARTÍCULO 101.-  Registro de sanciones

A partir de la amonestación escrita, toda sanción deberá constar en el expediente personal del servidor, que llevará Ministerio de Seguridad Pública.

TÍTULO V

CAPÍTULO I

PATRONATO Y FIDEICOMISO OPERATIVO

ARTÍCULO 102.-  Patronato de Construcciones y Adquisición de Bienes y Servicios

Créase el Patronato de Construcciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de Seguridad Pública, dependiente del despacho del ministro, el cual estará integrado por los siguientes miembros:

1.-     El ministro de Seguridad Pública o su representante, quien lo presidirá;

2.-     El director general de la Policía Civil;

3.-     El director general de la Policía de Control de Drogas;

4.-     El director general del Servicio Nacional de Guardacostas;

5.-     El director general de la Policía de Vigilancia Aérea;

6.-     El director general de la Policía de Fronteras;

7.-     El director general de la Academia Nacional de Policía; y

8.-     El director de Obras Civiles.

9.-     El director general administrativo;

Salvo en el caso del ministro, únicamente de manera excepcional y mediante acto debidamente motivado, podrá designarse a un suplente para cada miembro del Patronato.

Corresponderá al Patronato de Construcciones y Adquisición de Bienes y Servicios:

1.-     Realizar las inversiones y licitaciones para la obtención de los bienes y servicios que se adquieran con los fondos del fideicomiso operativo del Ministerio de Seguridad Pública, para lo cual podrá solicitar la colaboración a las diversas dependencias de este Ministerio.

2.-        Elaborar el plan de inversión por un plazo mínimo de cinco años para el desarrollo de la infraestructura policial y administrativa que requiera el Ministerio para su adecuado funcionamiento.

3.-     Disponer de los recursos que se obtengan por cualquier medio, para el mantenimiento y la construcción de la infraestructura policial del Ministerio, incluida la adquisición de bienes y la contratación de servicios, así como para el mejoramiento de las condiciones de los funcionarios policiales, como parte de su dignificación.

Lo anterior, de acuerdo a las normas, control y fiscalización de la Contraloría General de la República.

ARTÍCULO 103.-  Fideicomiso operativo

Créase un fideicomiso operativo en el Ministerio de Seguridad Pública, el cual estará constituido por los disponibles presupuestarios asignados a esta cartera ministerial mediante las leyes de presupuesto de la República, al cierre de cada ejercicio económico.

Estos fondos serán depositados en una cuenta especial a nombre del Ministerio de Seguridad Pública, en un banco estatal.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN SOCIAL LABORAL Y PENSIÓN

SECCIÓN I

RÉGIMEN DE BIENESTAR SOCIAL

ARTÍCULO 104.-  Régimen de Bienestar Social de los funcionarios policiales del Ministerio de Seguridad Pública

Créase el Consejo de Bienestar Social del Ministerio de Seguridad Pública, el cual estará adscrito al despacho del ministro, y será el encargado de promover la motivación, bienestar y calidad de vida de los miembros de los cuerpos de policía del Ministerio de Seguridad Pública, en las áreas de salud, educación, cultura, recreación y vivienda, desarrollo personal y profesional, así como cualquier otra necesaria para el cumplimiento efectivo de los objetivos de este Régimen.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo planeará, dirigirá y evaluará el desarrollo de los planes, proyectos y programas encaminados a promover el bienestar social laboral de los funcionarios policiales, mismos que deberán ser incluidos en los presupuestos anuales, y coordinados y ejecutados por las dependencias correspondientes del Ministerio.

ARTÍCULO 105.-  Conformación del Consejo de Bienestar Social

El Consejo de Bienestar Social estará conformado por los directores generales de la Policía Civil, de la Policía de Control de Drogas, de la Policía de Vigilancia Aérea, del Servicio Nacional de Guardacostas, el director general de la Academia Nacional de Policía, el director general administrativo, el director de la Asesoría Jurídica y el Director de Recursos Humanos. Lo presidirá el director general policial de mayor antigüedad en el ejercicio de funciones policiales, y en su ausencia, el segundo director general policial en esa condición.

Únicamente de manera excepcional y mediante acto debidamente motivado podrá sustituir a cada miembro de este Consejo, el funcionario de rango inmediato inferior de la dependencia respectiva.

El Consejo podrá convocar a cualquier persona para hacerse asesorar o tratar algún tema en discusión.

SECCIÓN II

RÉGIMEN DE PENSIÓN

ARTÍCULO 106.-  Derecho a la jubilación

Los miembros de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública podrán acogerse a la jubilación al haber laborado al menos 25 años en funciones policiales en cualquiera de los cuerpos policiales creados por ley de la República, ya sea en forma continua o por diferentes períodos que acumulados sumen ese cómputo. La edad de jubilación de los funcionarios policiales será a partir de la llegada de los 55 años y que cumplan con los requisitos antes establecidos.

ARTÍCULO 107.-  Junta de Pensiones de los Cuerpos Policiales del Ministerio de Seguridad Pública

Créase la Junta de Pensiones de los Cuerpos Policiales del Ministerio de Seguridad Pública, con la naturaleza jurídica de ente público no estatal, con personería jurídica para la administración del Fondo de Pensiones de los Cuerpos Policiales. La estructura orgánica, así como las competencias de la Junta creada, será definida por el Poder Ejecutivo en el reglamento respectivo, el cual deberá ser promulgado dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de esta ley. El Fondo de Pensiones de los Cuerpos Policiales del Ministerio de Seguridad Pública estará compuesto por los siguientes rubros económicos:

1.-     Las cuotas acumuladas en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social y aquellos dineros acumulados en regímenes de jubilación especiales, correspondiente a los beneficiarios de la presente ley, las cuales la Caja Costarricense de Seguro Social y los organismos u entidades administradoras de regímenes especiales de jubilación deberán traspasar, inmediata e incondicionalmente, al Fondo.

2.-     Un aporte obrero del ocho por ciento del salario bruto por parte de cada uno de los beneficiarios de la presente ley.

3.-     Un aporte laboral extraordinario, diferente del ocho por ciento establecido en el inciso anterior y adicional a este, del quince por ciento del salario base de cada uno de los beneficiarios de la presente ley, el cual provendrá del aumento extraordinario de salario decretado por el transitorio primero de la presente ley.

4.-     Un aporte patronal similar al definido en la ley para el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

5.-     Un aporte estatal similar al definido en el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

6.-     Aquellos que provengan de leyes especiales y que tengan como destino específico el Fondo.

ARTÍCULO 108.-  Monto de la pensión

Salvo lo establecido en el segundo párrafo de este artículo, los beneficiarios de la presente ley tendrán derecho a una pensión equivalente a un cien por ciento (100%) del promedio de los salarios de los últimos diez años de servicio llevados a valor actual. Sin embargo, deberán seguir cotizando un cinco por ciento del monto bruto de su pensión mensual para coadyuvar con la sostenibilidad del Fondo; además, a los funcionarios que se acojan a este régimen dentro de los primeros cinco años contados a partir de la promulgación de esta ley, se les rebajará mensualmente un monto similar al de la cotización mensual ordinaria, por un período de cinco años.

El pago de la pensión para el décimo tercer mes estará exento de la deducción establecida.

En caso de fallecimiento de un servidor policial, sin perjuicio de las indemnizaciones previstas por ley para los policías muertos en el cumplimiento de sus funciones y otras indemnizaciones legalmente procedentes, sus dependientes, recibirán entre todos una pensión proporcional al setenta por ciento (70%) del promedio de los salarios de los últimos diez años de servicio llevados a valor actual, percibidos por el servidor fallecido. Asimismo, los servidores policiales que sufran de incapacidad total y permanente, recibirán una pensión proporcional al setenta por ciento (70%) del promedio de los salarios de los últimos diez años de servicio llevados a valor actual, percibidos por el servidor discapacitado.

TÍTULO VI

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 109.-  Armas indispensables y el Arsenal Nacional

Los cuerpos de policía tendrán a su disposición las armas necesarias para el buen desempeño de sus funciones, las cuales serán determinadas por reglamento.

El Arsenal Nacional, de naturaleza eminentemente policial, estará bajo la custodia y la responsabilidad del presidente de la República, quien podrá delegarlas en el ministro de Seguridad Pública.

ARTÍCULO 110.-- Notificaciones, fijación de domicilio electrónico permanente

Para cualquier tipo de gestión o asunto que se deba tramitar ante el Ministerio de Seguridad Pública, el interesado podrá solicitar que toda notificación personal se efectúe por correo postal certificado con acuse de recibo, mediante el correo oficial de la República.

Asimismo, podrán señalar al Ministerio, una dirección única de correo electrónico para recibir cualquier tipo de comunicación en los asuntos en que deban intervenir. Esta fijación podrá ser modificada o revocada en cualquier tiempo, por la persona interesada.

ARTÍCULO 111.-  Disposiciones aplicables

En cuanto no contraríen el texto de esta ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley General de Policía, Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas y demás disposiciones relativas a la materia policial. Esta ley es de orden público y deroga cualquier disposición legal que se le oponga.

ARTÍCULO 112.-  Reformas

Refórmense el párrafo primero de los artículos 54 y 58, y el artículo 77, todos de la Ley General de Policía, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

“Artículo 54.-  Para las fuerzas de policía, en cada ministerio existirá un consejo de personal cuya competencia fundamental es la seguridad pública, salvo en el Ministerio de Seguridad Pública, el cual, en lo concerniente a este capítulo, se regirá por las disposiciones contenidas en su Ley Orgánica.”

“Artículo 58.-  El presente capítulo rige para regular las escalas jerárquicas, así como los grados y ascensos dentro de las fuerzas policiales del país, salvo en el caso del Ministerio de Seguridad Pública, el cual, en lo concerniente a este capítulo, se regirá por las disposiciones contenidas en su Ley Orgánica.”

“Artículo 77.-  Normativa aplicable

El régimen disciplinario aplicable a los miembros de los cuerpos de policía, se ajustará a los principios de actuación policial previstos en la presente ley. En el caso del Ministerio de Seguridad Pública, en lo concerniente a este capítulo, se regirá por las disposiciones contenidas en su Ley Orgánica.”

ARTÍCULO 113.-  Adición

Adiciónese un último párrafo al artículo 65 de la Ley General de Policía, el cual dirá:

“Artículo 65.-  Requisitos

(…)

En el caso del Ministerio de Seguridad Pública, en lo concerniente a este capítulo, se regirá por las disposiciones contenidas en su Ley Orgánica.”

ARTÍCULO 114.-  Derogatorias

Deróguese la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, Ley N.° 5482 de 24 de diciembre de 1973; la sección IV: “De la Policía de Fronteras” y consecuentemente sus artículos 23 y 24, y la Sección X: “Policía Escolar y de la Niñez” y consecuentemente sus artículos del 33 al 38 ambas del capítulo II, así como el capítulo III: “De la Reserva de las Fuerzas de Policía” y consecuentemente sus artículos del 39 al 42, todos del título II de la Ley General de Policía N.° 7410 de 26 de mayo de 1994; y el transitorio IV de la Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista, Ley N.° 8096 de 15 de marzo del 2001.

TRANSITORIO I.-         

El Reglamento al que se refiere esta ley deberá emitirse dentro del año siguiente a la vigencia de la misma; entretanto, se mantendrá la organización y formalidades actuales.

TRANSITORIO II.-       

Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, por medio de decretos, traslade las asignaciones presupuestarias correspondientes, del modo que resulte indispensable para la ejecución de la presente ley.

TRANSITORIO III.-      

El Poder Ejecutivo realizará a la entrada en vigencia de la presente ley un aumento extraordinario de salario a todos y cada uno de los miembros de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, equivalente al quince por ciento (15%) del salario base, el cual será destinado a capitalizar el Fondo de Pensiones para los funcionarios de los cuerpos policiales. Dicho aumento será considerado como un plus indexado al salario base y será íntegramente dedicado al desarrollo del mencionado Fondo.

TRANSITORIO IV.-      

Los funcionarios de los cuerpos policiales que a la entrada en vigencia esta ley no cumplan con los requisitos de tiempo laborado en funciones policiales o años de servicio, podrán laborar cinco años más para hacerse acreedores al régimen creado por esta ley.

TRANSITORIO V.-        

Los funcionarios de los cuerpos policiales que no tengan la posibilidad de cumplir con los requisitos exigidos por esta normativa, aún en el supuesto definido en el transitorio segundo, se mantendrán dentro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

TRANSITORIO VI.-      

Los funcionarios que durante los cinco años iniciales de vigencia de la presente ley tengan derecho a acogerse a su jubilación por medio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, podrán solicitar su exclusión del régimen especial creado por esta normativa.

TRANSITORIO VII.-    

Los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, nombrados como miembros de las fuerzas de policía antes de la entrada en vigencia de la Ley N.° 7410 en fecha 30 de mayo de 1994, que se han mantenido laborando de forma continua desde esa fecha, que en la actualidad no cuentan con el tercer ciclo de la Enseñanza General Básica, y que reúnen todos los demás requisitos exigidos para el ingreso al Estatuto Policial, pasarán a formar parte de ese régimen estatutario con el grado de “agente de policía 1”, a partir de la entrada en vigencia de la presente reforma a dicha ley.

Rige a partir de su publicación.

Nota: Este proyecto está en estudio en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

1 vez.—O. C. Nº 23285.—Solicitud Nº 101-00518-L.—(IN2013063650).

LEY MARCO DE FECUNDACIÓN IN VITRO

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA

EXPEDIENTE N.º 18.824

Las suscritas diputadas, integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre proyecto “LEY MARCO DE FECUNDACIÓN IN VITRO”, Expediente N.º 18.824, publicado en La Gaceta Nº 162 del 26 de agosto de 2013, iniciativa del diputado Luis Fishman Zonzinski.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

A partir del 15 de marzo del año 2000, la Sala Constitucional estableció una prohibición de realizar la técnica de Fertilización In Vitro en el territorio nacional. Producto de esta decisión, un grupo de personas que sintieron afectado su derecho a optar por una solución a su problema de infertilidad, acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual luego del proceso correspondiente, condenó a Costa Rica el 28 de noviembre de 2012, por impedir la práctica de la técnica.

En la corriente legislativa, se presentaron varios proyectos de ley tendientes a dar un marco legal a la implementación de la técnica para así cumplir con lo dispuesto por la Corte. Asimismo el 03 abril de 2013, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto Nº 18738, Ley de Fecundación In Vitro y Transferencia de Embriones Humanos, que fue analizado a fondo por los miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.

Sin embargo, a pesar de haber sido consultada a varios expertos en la materia (tanto en fertilización como en derecho) y entes relacionados con la salud pública, corrió la misma suerte que los anteriores proyectos de ley y fue saturado de mociones que aletargan su conocimiento por el fondo. Este último proyecto, cuenta con un texto sustitutivo aprobado por la Comisión, en el que se consideran todas las recomendaciones de los consultados y del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y fue objeto de largas sesiones ordinarias y de trabajo para su elaboración.

Por las razones descritas, la Comisión analizó las iniciativas sobre el tema y determinó que el proyecto dictaminado 18824, se apega de una manera importante a lo ordenado por la Corte aunque es completamente mejorable, además, detectó que este presenta la característica de no tener trabas procedimentales, por lo que su dictamen en Comisión, permite el avance del tema en la corriente legislativa.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Propone la regulación de la aplicación de la técnica de fertilización in vitro.

Otorga un marco legal sencillo pero apegado a la sentencia de la Corte y, por la claridad en que fue presentado el proyecto, permite realizar todos los ajustes necesarios para que la aplicación de la técnica sea efectiva.

JUSTIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN

Las y los miembros de esta Comisión, hemos estudiado el tema de la técnica de Fertilización In Vitro de manera responsable, atendiendo a la recomendación de expertos en la materia. Aun cuando dicho estudio se realizó con ocasión de otro proyecto de ley, el tema se abordó con profundidad y le fueron dedicadas varias horas de trabajo, no sólo en el pleno de la Comisión, sino también en la individualidad de los Despachos de cada Señora y Señor Diputado.

Es innegable que Costa Rica debe atender a la condena impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues la ha reconocido como órgano legalmente válido. Es necesario evitar consecuencias negativas para el país, producto del incumplimiento de la condena.

Sobre el contenido de esta sentencia, en su parte resolutiva dispone:

“1. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.

2. El Estado debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la presente Sentencia. El Estado deberá informar en seis meses sobre las medidas adoptadas al respecto, de conformidad con el párrafo 336 de la presente Sentencia.

3. El Estado debe regular, a la brevedad, los aspectos que considere necesarios para la implementación de la FIV, teniendo en cuenta los principios establecidos en la presente Sentencia, y debe establecer sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida. El Estado deberá informar anualmente sobre la puesta en vigencia gradual de estos sistemas, de conformidad con el párrafo 337 de la presente Sentencia.

4. El Estado debe incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía respecto al principio de no discriminación. El Estado deberá informar cada seis meses sobre las medidas adoptadas para poner gradualmente estos servicios a disposición de quienes lo requieran y de los planes diseñados para este efecto, de conformidad con el párrafo 338 de la presente Sentencia.

5. El Estado debe brindar a las víctimas atención psicológica gratuita y de forma inmediata, hasta por cuatro años, a través de sus instituciones estatales de salud especializadas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 326 de la presente Sentencia.

6. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 329 de la presente Sentencia, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la misma.

7. El Estado debe implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación, dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial, de conformidad con lo establecido en el párrafo 341 de la presente Sentencia.

8. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 355 y 363 de la presente Sentencia, por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos, en los términos del párrafo 373 del Fallo.

9. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe general sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.

10. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma”.

Por tanto, atendiendo a la obligación que asume el país de cumplir con lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y asumiendo la cuota de responsabilidad que le corresponde a este Parlamento, recomendamos al Plenario Legislativo la aprobación del siguiente texto:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY MARCO DE FECUNDACIÓN IN VITRO

ARTÍCULO 1.-       La presente ley regula la técnica de reproducción asistida conocida como Fecundación In Vitro. La misma consiste en un procedimiento mediante el cual el cual los óvulos de una mujer son removidos de sus ovarios, los cuales son fertilizados con esperma en un procedimiento de laboratorio; una vez concluido esto el óvulo fertilizado (embrión) es devuelto al útero de la mujer.

ARTÍCULO 2.-   El Ministerio de Salud como ente rector en la materia de salud pública, deberá establecer sistemas de inspección, control de calidad y requisitos mínimos de funcionamiento de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida. Para ello deberá de coordinar estrechamente con la Caja Costarricense de Seguro Social la creación e implementación de dichos mecanismos.

ARTÍCULO 3.-       Se prohíbe la implantación de más de tres embriones en el útero de la mujer.

Los embriones que no se utilicen se podrán congelar y ser implantados posteriormente en el útero de la misma mujer objeto del tratamiento. Bajo ninguna circunstancia se permite la donación o comercialización de embriones.

ARTÍCULO 4.-       Será sancionado con prisión de dos a seis años al que done, negocie, venda, compre o comercie con embriones humanos.

Rige a partir de su publicación.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

Gloria Bejarano Almada            María Eugenia Venegas Renauld

Damaris Quintana Porras           Marielos Alfaro Murillo

Carmen María Granados Fernández

NOTA:    Este expediente puede ser consultado en la Secretaría del Directorio.

1 vez.—O. C. Nº 23285.—Solicitud Nº 101-00517-L.—(IN2013063654).

APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL

CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA

IBEROAMERICANA

Expediente Nº 18.839

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Costa Rica es Parte del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, aprobado mediante Ley número 9009 del 10 de noviembre de 2011. Este Convenio ha sido objeto de reforma con el propósito de fortalecer y ampliar el desarrollo cinematográfico y audiovisual de los países iberoamericanos. En este sentido los Estados Partes suscribieron el presente Protocolo de enmienda, en Córdoba, España, el 28 de noviembre de 2007. La señora María Mercedes Ramírez Avilés, a la sazón Directora General del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, en representación de la República de Costa Rica, firmó este instrumento jurídico internacional, con Plenos Poderes para este acto.

Entre las enmiendas contempladas por este Protocolo, podemos mencionar el cambio de nombre del Convenio que pasa de llamarse “Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana” a “Convenio de Integración Cinematográfica y Audiovisual Iberoamericana”. Se le agrega la palabra audiovisual con el propósito de facilitar la inclusión de los nuevos formatos producto del desarrollo de las nuevas tecnologías. Igualmente se sustituye ciertos términos contenidos en el presente Convenio, como por ejemplo, Estados Miembros por Estados Parte.

Además, el presente Protocolo modifica el nombre de la máxima autoridad y sus siglas, de CACI (Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica) por CAACI (Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica) y se crea el Consejo Consultivo como uno de los órganos auxiliares.

En el Artículo X de este Protocolo establece que la CAACI es un Organismo Internacional dotado de personalidad jurídica y capacidad para celebrar toda clase de actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos con los Estados Parte de la Conferencia, con terceros Estados y con otras organizaciones internacionales, el cual estará integrada por los Estados Parte de este Convenio, a través de los representantes de sus autoridades competentes en la materia, debidamente acreditados por vía diplomática, conforme a la legislación vigente en cada uno de los Estados Parte. Además, se añade que la CAACI podrá invitar a participar en sus reuniones a Estados que no sean Parte del Convenio, así como a otros organismos, asociaciones, fundaciones o cualquier ente de derecho privado, y a personas físicas. Sus derechos y obligaciones serán determinados por el reglamento interno de la CAACI.

A su vez el presente Protocolo adiciona que la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI), podrá establecer Comisiones de Trabajo en las áreas de producción, distribución y exhibición cinematográfica u otras de interés, las que estarán integradas por los representantes de los Estados Partes interesados.

Cabe mencionar que el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica -institución especializada del Estado en el desarrollo del cine y el audiovisual en nuestro país- ha impulsado decisivamente esta actividad, gracias a los estímulos y beneficios directos que se derivan de este Convenio.

Las políticas que se gestan en el seno de este organismo internacional fortalecen el desarrollo de la industria audiovisual y cinematográfica de todas las Partes, contribuyen también a dinamizar las economías en los respectivos países y valorizan aquellos aspectos culturales de nuestra sociedad, como la construcción de la identidad de nuestros pueblos, el sentido de pertenencia a una región, y la importancia y el respeto por la diversidad. Permite también la creación de un lenguaje cinematográfico propio que nos identifica como habitantes de Iberoamérica.

Finalmente, cabe mencionar que el Protocolo de Enmienda mejora sustancialmente los mecanismos para hacer más efectivo el presente Convenio y contribuye significativamente al desarrollo de la industria audiovisual y cinematográfica nacional con los consiguientes beneficios culturales para la región.

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley adjunto relativo a la APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA, para su respectiva aprobación legislativa.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL

CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA

IBEROAMERICANA

ARTÍCULO ÚNICO.-Apruébese en cada una de sus partes el PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA, hecho en Córdoba, España, el 28 de noviembre de 2007, cuyo texto es el siguiente:

Protocolo de Enmienda al Convenio de

Integración Cinematográfica Iberoamericana

Los Estados Parte del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana:

CONSCIENTES de la necesidad de fortalecer y ampliar el desarrollo cinematográfico y audiovisual de los países iberoamericanos;

TENIENDO en cuenta que la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, en su XIII Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Santiago de Compostela, Reino de España, los días 19 y 20 de mayo de 2004, aprobó la introducción de ciertas enmiendas al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en la ciudad de Caracas, el 11 de noviembre de 1989;

CONSIDERANDO que la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, en su XV Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, el día 14 de julio de 2006, resolvió la introducción de otras enmiendas al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en la ciudad de Caracas, el 11 de noviembre de 1989;

OBSERVANDO que la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, en su XVI Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el día 18 de julio de 2007, resolvió estudiar con detalle las enmiendas propuestas con el propósito de suscribirlas en su próxima Reunión;

Han acordado efectuar ciertas enmiendas en el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana (denominado en lo adelante "el Convenio"), y para estos efectos han resuelto concertar el siguiente Protocolo de Enmienda al mencionado Instrumento internacional:

ARTÍCULO I

El Título del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“Convenio de Integración Cinematográfica y Audiovisual Iberoamericana”

ARTÍCULO II

El tercer Considerando del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“Con el propósito de contribuir a un efectivo desarrollo de la comunidad cinematográfica de los Estados Parte”.

ARTÍCULO III

El Artículo IV del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“Son Parte del presente Convenio, los Estados que lo suscriban y ratifiquen o se adhieran al mismo”.

ARTÍCULO IV

El Artículo V del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“Las Partes adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con la legislación vigente en cada país, para facilitar la entrada, permanencia y circulación de los ciudadanos de los Estados Parte que se encarguen del ejercicio de actividades destinadas al cumplimiento de los objetivos del presente Convenio”.

ARTÍCULO V

El Artículo VI del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“Las Partes adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con su legislación vigente, para facilitar la importación temporal de los bienes provenientes de los Estados Parte destinados al cumplimiento de los objetivos del presente Convenio”.

ARTÍCULO VI

El Artículo IX del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“Las Partes impulsarán la creación en sus Cinematecas de secciones dedicadas a cada uno de los Estados Parte”.

ARTÍCULO VII

El Artículo XIII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“Las Partes promoverán la presencia de la cinematografía de los Estados Parte en los canales de difusión audiovisual existentes o por crearse en cada uno de ellos, de conformidad con la legislación vigente de cada país”.

ARTÍCULO VIII

El Artículo XV del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“Las Partes protegerán y defenderán los derechos de autor, de conformidad con las leyes internas de cada uno de los Estados Parte”.

ARTÍCULO IX

El Artículo XVI del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“Este Convenio establece como sus órganos principales: la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) y la Secretaría Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana (SECI). Son órganos auxiliares: el Consejo Consultivo de la CAACI y las Comisiones a que se refiere el Artículo XXIII”.

ARTÍCULO X

El Artículo XVII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“La Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) es el órgano máximo del Convenio, Organismo Internacional dotado de personalidad jurídica y capacidad para celebrar toda clase de actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos con los Estados Parte de la Conferencia, con terceros Estados y con otras Organizaciones Internacionales. Estará integrada por los Estados Parte de este Convenio, a través de los representantes de sus autoridades competentes en la materia, debidamente acreditados por vía diplomática, conforme a la legislación vigente en cada uno de los Estados Miembros. La CAACI establecerá su reglamento interno.

La CAACI podrá invitar a sus reuniones, a Estados que no sean Parte del Convenio, así como a otros organismos, asociaciones, fundaciones o cualquier ente de derecho privado, y a personas naturales. Sus derechos y obligaciones serán determinados por el reglamento interno de la CAACI”.

ARTÍCULO XI

El primer párrafo del Artículo XVIII queda enmendado en los términos siguientes:

“La CAACI tendrá las siguientes funciones:

- Formular la política general de ejecución del Convenio.

- Evaluar los resultados de su aplicación.

- Aceptar la adhesión de nuevos Estados.

- Estudiar y proponer a los Estados Parte modificaciones al presente Convenio.

- Aprobar Resoluciones que permitan dar cumplimiento a lo estipulado en el presente Convenio.

- Impartir instrucciones y normas de acción a la SECI.

- Designar al Secretario Ejecutivo de la Cinematografía Iberoamericana.

- Aprobar el presupuesto anual presentado por la Secretaría Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana (SECI).

- Establecer los mecanismos de financiamiento del presupuesto anual aprobado.

- Conocer y resolver todos los demás asuntos de interés común”.

ARTÍCULO XII

El Artículo XIX del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“La CAACI se reunirá en forma ordinaria una vez al año, y extraordinariamente a solicitud de más de la mitad de sus miembros o del Secretario Ejecutivo, de conformidad con su reglamento interno”.

ARTÍCULO XIII

El Artículo XX del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“La Secretaría Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana (SECI) es el órgano técnico y ejecutivo. Estará representada por el Secretario Ejecutivo designado por la CAACI”.

ARTÍCULO XIV

El Artículo XXI del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“La SECI tendrá las siguientes funciones:

- Cumplir los mandatos de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI).

- Informar a las autoridades cinematográficas de los Estados Parte, acerca de la entrada en vigor del Convenio y la ratificación o adhesión de nuevos Estados.

- Elaborar su presupuesto anual y presentarlo para su aprobación a la Conferencia.

- Ejecutar su presupuesto anual.

- Recomendar a la Conferencia fórmulas que conduzcan a una cooperación más estrecha entre los Estados Parte en los campos cinematográfico y audiovisual.

- Programar las acciones que conduzcan a la integración y fijar los procedimientos y los plazos necesarios.

- Elaborar proyectos de cooperación y asistencia mutua.

- Informar a la Conferencia sobre los resultados de las Resoluciones adoptadas en las reuniones anteriores.

Garantizar el flujo de la información a los Estados Parte.

- Presentar a la Conferencia el informe de sus actividades, así como de la ejecución presupuestaria”.

ARTÍCULO XV

Se agrega un Artículo, a continuación del Artículo XXI, con la redacción siguiente:

“La CAACI establecerá por reglamento el funcionamiento del Consejo Consultivo, el cual estará integrado por no menos de tres de los Estados Parte de este Convenio, y se reunirá a solicitud del Secretario Ejecutivo. El Consejo Consultivo desempeñará funciones de asesoría respecto a las materias que sean sometidas a su consideración por la SECI”.

ARTÍCULO XVI

El Artículo XXII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“La Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) podrá establecer Comisiones de Trabajo en las áreas de producción, distribución y exhibición cinematográfica u otras de interés. Las comisiones de trabajo estarán integradas por los representantes de los Estados Parte interesados y tendrán las funciones que la CAACI estime apropiadas.

En cada una de las Partes funcionará una comisión de trabajo para la aplicación de este Convenio, la cual estará presidida por la autoridad cinematográfica designada por su respectivo gobierno”.

ARTÍCULO XVII

El Artículo XXIII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“El Secretario Ejecutivo gozará en el territorio de cada uno de los Estados Parte de la capacidad jurídica y los privilegios indispensables para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la legislación interna de cada una de las Partes”.

ARTÍCULO XVIII

El Artículo XXV del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“El presente Convenio no afectará cualesquiera acuerdos o compromisos bilaterales asumidos en el campo de la cooperación o coproducción cinematográfica entre los Estados Parte”.

ARTÍCULO XIX

El Artículo XXVI del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“El presente Convenio queda abierto a la adhesión de cualquier Estado Iberoamericano, del Caribe o de habla hispana o portuguesa, previa aprobación de la CAACI”.

ARTÍCULO XX

El Artículo XXVII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“Cada Parte comunicará por vía diplomática al Estado sede de la SECI el cumplimiento de los procedimientos legales internos para la aprobación del presente Convenio y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado sede lo informará a los demás Estados Parte y a la SECI”.

ARTÍCULO XXI

El Artículo XXVIII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes:

“Las dudas o controversias que puedan surgir en la interpretación o aplicación del presente Convenio serán resueltas por la CAACI”.

ARTÍCULO XXII

Los Artículos XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI y XXXII del Convenio deberán leerse como XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII, respectivamente.

ARTÍCULO XXIII

El presente Protocolo de Enmienda podrá ser suscrito por aquellos Estados Parte del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana.

ARTÍCULO XXIV

El original del presente Protocolo, cuyos textos en castellano y portugués son igualmente auténticos, será depositado en el Estado sede de la SECI, que enviará copias certificadas a los países miembros del Convenio para su ratificación o adhesión.

ARTÍCULO XXV

Los instrumentos de ratificación o adhesión serán depositados en el Estado Sede de la SECI, el cual comunicará a los Estados Parte y a la SECI cada depósito y la fecha del mismo.

ARTÍCULO XXVI

El presente Protocolo entrará en vigor cuando nueve (9) de los Estados signatarios hayan efectuado el depósito del Instrumento de Ratificación en los términos del Artículo anterior. Para los demás Estados el presente Protocolo entrará en vigor a partir de la fecha del depósito del respectivo Instrumento de Ratificación o Adhesión.

El presente Protocolo se considerará como parte integrante del Convenio al entrar en vigor.

Hecho en Córdoba, España, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil siete en dos ejemplares, en idioma castellano y portugués, igualmente auténticos.

Por la República Argentina

Jorge Álvarez

Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

Por la República de Bolivia

María del Carmen Almendras

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria

Por la República Federativa de Brasil

Manoel Rangel

Director Presidente de la Agência Nacional do Cinema

Por la República de Chile

Carola Leiva Russell

Secretaria Ejecutiva del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual

Por la República de Colombia

David Melo

Director de Cinematografía del Ministerio de la Cultura

Por la República de Costa Rica

Mercedes Ramírez Avilés

Directora General del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica

Por la República de Cuba

Benigno Iglesias Tovar

Vicepresidente Primero del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas

Por la República de Ecuador

Jorge Luís Serrano

Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Cinematografía de Ecuador

Por el Reino de España

Fernando Lara

Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Por los Estados Unidos Mexicanos

Marina Stavenhagen

Directora General del Instituto Mexicano de Cinematografía

Por la República de Panamá

Carlos Aguilar Navarro

Directos General del Sistema Estatal de Radio y Televisión

Por la República de Perú

Rosa María Oliart

Presidenta del Consejo Nacional de la Cinematografía

Por la República Bolivariana de Venezuela

Jeanette García

Vicepresidenta del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía

República de Costa Rica

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Dirección General de Política Exterior

JAVIER DÍAZ CARMONA

DIRECTOR general DE POLÍTICA EXTERIOR

CERTIFICA:

Que las anteriores nueve fotocopias, son fieles y exactas del texto original en idioma español del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica, hecho en Córdoba, España, el veintiocho de noviembre de dos mil siete. Se extiende la presente, para los efectos legales correspondientes, en la Dirección General de Política Exterior, a las quince horas del cuatro de junio de dos mil trece.

Óscar Arias Sánchez

Presidente de la República de Costa Rica

HACE SABER

Que por considerarlo conveniente a los Altos Intereses de la Nación, en uso de las facultades que les confieren la Constitución Política y las Leyes de la República, han tenido a bien conferir Plenos Poderes a la señora María Mercedes Ramírez Avilés, Directora General del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, para que a nombre y en representación del Gobierno de la República, proceda a suscribir el “Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana”, en el marco de la XVI Reunión Extraordinaria de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI), en la ciudad de Córdoba, España, del 26 al 30 de noviembre del año dos mil siete.

EN FE DE LO CUAL, se extiende el presente Instrumento firmado de su mano, refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y autorizado con el Sello de la Nación en la Presidencia de la República a los treinta días del mes de octubre del dos mil siete.

Óscar Arias Sánchez

Bruno Stagno Ugarte

Ministro de Relaciones Exteriores

y Culto

República de Costa Rica

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Dirección General de Política Exterior

javier díaz carmona

DIRECTOR general DE POLÍTICA EXTERIOR

CERTIFICA:

Que la anterior fotocopia es fiel y exacta de los Plenos Poderes extendidos a los treinta días del mes de octubre de dos mil siete a la señora María Mercedes Ramírez Avilés, Directora General del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, para que a nombre y en representación del Gobierno de la República de Costa Rica proceda a firmar el “Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana”, a suscribirse en la ciudad de Córdoba, España, del 26 al 30 de noviembre del año dos mil siete. Se extiende la presente, para los efectos legales correspondientes, en la Dirección General de Política Exterior a las quince horas del veinticuatro de junio de dos mil trece.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticuatro días del mes de junio del dos mil trece.

Laura Chinchilla Miranda

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Enrique Castillo Barrantes

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

8 de agosto de 2013

NOTA:  Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior.

1 vez.—O. C. Nº 23285.—Solicitud N° 3664.—(IN2013069108).

REFORMA DE LA LEY GENERAL DE CONCEJOS

MUNICIPALES DE DISTRITO N.° 8173/2001

Expediente N.° 18.902

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Recientemente la Sala Constitucional dictaminó contrariamente a la procedencia de la reforma al artículo 172 de la Constitución Política (CP), que pretendía una fórmula descentralizadora de los Concejos Municipales de Distrito (CMD), sosteniendo ese alto Tribunal que el poder reformador de la Asamblea Legislativa tiene topes (que serían sustantivos) que no puede superar, como el de la organización fundamental de la descentralización territorial.

Esto obliga a un replanteamiento del tema de la definición de un status aceptable para el desarrollo normal de los cometidos constitucionales de los CMD.

Estos Concejos existen desde hace muchos años y se han sostenido dentro de períodos de altibajos, sin que normativamente se les haya podido dotar de un status que les dé paz y dignidad. En el 2001 se constitucionalizaron, pero con imprecisión que impidió que se dieran los frutos esperados y merecidos por estos organismos, que han sido decisivos en el progreso de comunidades alejadas y abandonadas. El principal problema que presenta el texto vigente del artículo 172 CP es el de que por un lado les encarga a los CMD la “administración de los intereses y servicios en los distritos” (donde se hayan creado, por la misma municipalidad cantonal), con “autonomía funcional”, en tanto que por otro lado los declara “órganos adscritos”, fórmula que se quedó corta para evitar en la práctica toda suerte de interpretaciones nocivas en contra de las competencias y autonomía de los concejos.

Debe entonces definirse la verdadera naturaleza de los CMD como “órganos adscritos autónomos”. Para lo cual, y especialmente para compatibilizar su naturaleza con sus funciones propias autónomas (según la fórmula constitucional), solo existe la salida de conferirles personalidad instrumental, que les permitirá desenvolverse como órganos personificados a fin de que puedan tener un manejo separado en los diversos ámbitos necesarios (presupuesto propio, inscripción patronal propia, cédula jurídica aparte, bienes inscritos a su nombre, legitimación contractual y procesal, reglamentaciones propias, agotamiento de la vía administrativa, etc.).

Está claro constitucionalmente que si administran los intereses distritales (misma fórmula del 169 para las municipalidades) tienen el gobierno (al igual que las municipalidades) y congruente con su “autonomía funcional”, y que si tienen su propia “financiación” (172 CP), pues entonces perciben los ingresos originados en el distrito, los presupuestan y los disponen en forma independiente.

Así, se propone explicitar el reconocimiento de una personalidad instrumental compatible con su naturaleza de órganos, ya usada en múltiples casos de la organización pública costarricense, así como aclarar y precisar la Ley N.º 8173 que vino a implementar la reforma al 172 CP. Esa personalidad propia aunque instrumental, indispensable para atender el mandato constitucional, en realidad siempre estuvo implícita en el 172 CP.

A los convenios ya existentes sobre un reparto equitativo de ingresos excepcionales en el distrito, se agregan convenios para distribuir eventualmente competencias y definir controles, normativa consistente con la naturaleza de “órganos adscritos” y materia que es lo más conveniente que se defina a lo interno de la relación municipalidad-CMD.

Como organismos encargados explícita y constitucionalmente del ejercicio de las competencias locales en el distrito, lógicamente se les aplicará toda la legislación municipal, en lo conducente.

Otros detalles del proyecto estimamos que pueden ser entendidos fácilmente con su simple lectura. Los CMD siguen a la espera de una solución normativa que les resuelva de una vez por toda la crisis permanente en que se les ha obligado a sobrevivir, únicamente por falta de definiciones claras y acertadas y por no llevarse el texto constitucional a sus implicaciones racionales. La bondad de la institución fue reconocida con la constitucionalización de 2001, de donde no es un mero reconocimiento lo que aquí se pretende; lo que se busca es implementar un ordenamiento legal congruente y útil de cara a esa constitucionalización, que les reconoció existencia y con condiciones que la única forma de que se respeten por los intérpretes es implementándolas correctamente en la ley. Es meridiano que la Constitución no se reforma para consagrar simples órganos desconcentrados. Debe además reconocerse que el manejo autónomo de los pueblos produce desarrollo, por la satisfacción y motivación especial que conlleva. Ese manejo autónomo no puede ser pleno y así lo resolvió la Sala Constitucional, pero consideramos avaló a priori una personalidad solo instrumental, que es lo que ahora se propone. Pero en ningún caso podría cuestionarse la autonomía funcional ya concedida por la Ley Fundamental, la que elementalmente implica un manejo relativamente independiente, tanto en el aspecto estrictamente administrativo como en el aspecto político o de gobierno.

En consecuencia, y por las razones expuestas, se somete al conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA,

DECRETA:

REFORMA DE LA LEY GENERAL DE CONCEJOS

MUNICIPALES DE DISTRITO N.º 8173/2001

ADICIONES

ARTÍCULO 1. Adiciónense el párrafo segundo y tercero al artículo 1, y un transitorio que será el número IV, en los siguientes términos:

“Artículo 1.- La presente ley regula la creación, organización y el funcionamiento de los Concejos Municipales de Distrito, que serán órganos con autonomía funcional propia, adscritos a la municipalidad del cantón respectivo.

Para ejercer la administración de los intereses y servicios distritales, los concejos tendrán personalidad jurídica instrumental, con todos los atributos derivados de la personalidad jurídica.

Como órganos adscritos los concejos tendrán con la municipalidad de que forman parte, los ligámenes que convengan entre ellos. En dichos convenios se determinarán las materias y los controles que se reserven los concejos municipales. La administración y el gobierno de los intereses distritales se ejercerá por un cuerpo de concejales y por un intendente, con sujeción a los ligámenes que se dispongan.

Transitorio IV.- Se mantienen en vigencia los convenios suscritos a tenor del artículo 10 original de esta ley, hasta por el plazo establecido en los mismos o, en su defecto, hasta por dos años más a partir de la entrada en vigencia de la reforma a esta ley.”

REFORMAS

ARTÍCULO 2.- Refórmense los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito, N.° 8173, de 7 de diciembre de 2001, a fin de que en lo sucesivo se lean así:

“Artículo 3.- A los Concejos Municipales de Distrito se les aplicará la normativa concerniente a las competencias y potestades municipales, así como el régimen jurídico general de las corporaciones locales y del alcalde y los regidores.

Los concejos podrán acogerse a los reglamentos de la municipalidad o bien dictar sus propios reglamentos, en las mismas materias en que las municipalidades puedan normar. Esta regla rige para manuales y otras disposiciones generales locales. Al efecto los concejos dictarán y publicarán en La Gaceta los acuerdos correspondientes.

Artículo 4.- Podrán los Concejos Municipales de Distrito convenir con las municipalidades creadoras toda clase de alianzas de interés común.

Todos los convenios de cooperación que celebren las municipalidades y sus Concejos Municipales de Distrito serán informados a la Contraloría General de la República, al igual que los previstos en los artículos 1 párrafo 3 y 9 párrafo 2.

Artículo 5.- En los distritos administrados por Concejos Municipales de Distrito habrá Comités Distritales de Deportes y Recreación, salvo que se disponga por el concejo asumir directamente la función.”

“Artículo 7.- El órgano ejecutivo de los concejos municipales de distrito será la intendencia, cuyo titular también será elegido popularmente, en la misma fecha, por igual período, bajo las mismas condiciones y con iguales deberes y atribuciones que el alcalde municipal.

El intendente devengará un salario cuyo monto no podrá ser superior al contemplado para los alcaldes en el Código Municipal.

Artículo 8.- El Concejo Municipal de Distrito y el intendente distrital deberán rendir a la municipalidad del cantón los informes y las copias de documentos que les soliciten.

Los Concejos Municipales de Distrito tendrán su propio Auditor Interno, a tiempo completo o parcial según sus posibilidades y necesidades.

Artículo 9.- Las tasas y los precios de los servicios distritales, serán percibidos directamente por los Concejos Municipales de Distrito, así como las contribuciones especiales originadas en actividades u obras del mismo Concejo.

El concejo también percibirá directamente los productos por multas, patentes o cualquier otro impuesto originado en el distrito. Por convenio entre partes podrá disponerse una participación de la municipalidad. Las discrepancias en cuanto a estos convenios serán resueltas administrativamente por la Contraloría General de la República.

En las participaciones por ley de las municipalidades en el producto de impuestos nacionales se entenderá que los concejos participan directa y proporcionalmente, según los parámetros de reparto de la misma ley o su reglamento.

Artículo 10.- Los Concejos Municipales de Distrito elaborarán su propio presupuesto, el que lo someterán directamente a aprobación de la Contraloría General de la República, con remisión de copia al Concejo Municipal.”

Rige a partir de su publicación.

Yolanda Acuña Casto                        Agnes Gómez Franceschi

Rita Gabriela Chaves Casanova       Adonay Enríquez Guevara

Edgardo Araya Pineda                       Rodolfo Sotomayor Aguilar

José María Villalta Flórez-Estrada  Alfonso Pérez Gómez

Justo Orozco Álvarez                        Carlos Luis Avendaño Calvo

                             Luis Gerardo Villanueva Monge

                               DIPUTADAS Y DIPUTADOS

9 de setiembre de 2013

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

1 vez.—O. C. N° 23285.—Solicitud N° 101-00519-L.—(IN2013063610).

REFORMA INTEGRAL DE LA LEY GENERAL DE VIH

Expediente N.° 18.903

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La situación epidemiológica del VIH en el país es considerada concentrada, de baja prevalencia, principalmente en hombres en edad productiva y reproductiva y presenta una tendencia a la feminización y está ubicada mayoritariamente en la Gran Área Metropolitana.

En el año 2006, Onusida: Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y Sida, estimó la prevalencia del VIH en 0.3 en la población de 15 a 49 años. También indicó que había unas 7300 personas con VIH, de las cuales el 33% equivalían a mujeres entre los 15 a 49 años de edad.

Desde que se inició la epidemia, la principal vía de infección ha sido la sexual (84.2%). La transmisión perinatal se detecta a partir de 1990 con una tendencia creciente hasta 1995 en que se inicia el tratamiento a las mujeres embarazadas positivas, el porcentaje de transmisión vertical (madre-hijo/a) actualmente es de 1.3%. Por otra parte, la transmisión por transfusión sanguínea corresponde a un 4% del total de casos.

En el año 1992 la razón hombre-mujer era de 12.9 a 1 y para el año 2005 pasó de 5.4 casos nuevos del sexo masculino por cada nuevo caso del sexo femenino. Los casos de mortalidad en el período 1995-2004, muestran una tendencia a la disminución con relación al año 1997 pero no de forma sostenida, sino con una variabilidad del 3% anual. La disminución a partir de 1998 se debe probablemente a la introducción de la terapia antirretroviral. El 84.4% del total de muertes corresponden al sexo masculino y el grupo etáreo que registra más muertes comprende el rango de edad de 30 a 44 años (48,5%).

Si bien es cierto que en Costa Rica tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de los organismos internacionales han desarrollado una gran labor y se ha avanzado bastante en relación con la atención del VIH, la realidad ha demostrado que es necesario por un lado, la actualización de la ley de acuerdo con las nuevas tendencias en el mundo, y por otro, para buscar mayor efectividad en su aplicación.

En relación con lo primero, existen compromisos internacionales que el país ha adquirido y debe respetar, como la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH y Sida (Ungass) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que entre otras acciones clave señala la necesidad de tomar las medidas necesarias para que las políticas y programas sobre salud sexual y reproductiva y VIH se basen en el compromiso con los derechos humanos, eliminando la discriminación hacia las personas con VIH y sus allegados.

En relación con lo segundo, es necesario fortalecer la prevención del VIH, reforzando los esfuerzos realizados, pero incrementando la promoción de estilos de vida saludable y la prevención temprana para reducir la carga en la atención del VIH. Esto, sin duda alguna, contribuirá a contener la expansión de la epidemia en el país.

Por otro lado, es imperativo fortalecer los derechos de todas las personas y, en particular de las personas con VIH; así como precisar mejor las obligaciones de todas las partes involucradas: personas e instituciones. La Defensoría de los Habitantes ha documentado varios casos en los cuales se ha amenazado o se han irrespetado algunos derechos relativos a la salud y la protección de la seguridad social de las personas con VIH. Esta situación requiere reforzar los derechos, en aras del principio de solidaridad de la seguridad social, así como de abordar el VIH con un enfoque integral y no solo desde el enfoque médico asistencial, para reducir el estigma y la discriminación asociada al VIH.

Dado el contexto histórico y la situación de la epidemia en el momento en que surge la Ley General sobre el VIH y Sida promulgada mediante Ley N.º 7771, de 29 de abril de 1998, su enfoque se centró principalmente en la atención de la enfermedad y de las personas con VIH y no en la promoción y la prevención, además de que no contempló el impacto en personas jóvenes, mujeres y adultos mayores. Hoy se sabe que para reducir la tasa de infección, tiene más impacto la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva y la prevención en grupos vulnerabilizados, dado que la epidemia se acentúa por factores como edad, género, pobreza, etc. Esto se refleja en los datos que demuestran cómo ha variado el perfil de la epidemia en el país. El VIH está altamente relacionado con patrones socioculturales, entre ellos la violencia intrafamiliar y la drogodependencia, que impactan en la vida cotidiana de mujeres, hombres, adultos mayores y niñez; es por ello que la promoción de estilos de vida saludables puede hacer una diferencia muy importante en la reducción de la tasa de infección en el país.

Como ya se indicó, la reforma tiene como propósito actualizar la Ley General sobre el VIH y Sida para llenar los vacíos que esta presenta y lograr una mejor aplicación de sus disposiciones. De manera específica, repropone alcanzar los siguientes objetivos:

1.-               Fortalecer el Conasida.

2.-               Identificar y definir un mecanismo sostenible de financiamiento de la Política y del Plan Estratégico Nacional de VIH.

3.-               Mejorar las estrategias de promoción y prevención en VIH en el Sistema de Salud y en el Sistema de Educación.

4.-               Fortalecer los servicios de atención integral en salud.

5.-               Garantizar la estabilidad laboral de las personas con VIH.

6.-               Fortalecer la garantía de los derechos de las personas con VIH.

7.-               Readecuar el esquema de sanciones de las faltas y delitos relacionados con el VIH.

8.-               Incorporar al texto de la ley un enfoque y una terminología acorde con las tendencias actuales de respeto a la dignidad de las personas.

9.-               Señalar las obligaciones del Estado con respecto al VIH.

Tal como se indica en su artículo primero, la ley tiene por objetivo la promoción de estilos de vida saludable, la prevención del VIH, la atención integral, la investigación y la vigilancia epidemiológica; así como la garantía de la calidad de vida de todas las personas y en particular de las personas con VIH, con enfoque de derechos humanos, de género, generacional y de diversidad y con especial énfasis en las poblaciones que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad.

Entre los contenidos más importantes de la propuesta de reforma, se encuentra la elevación a rango legal la creación del Consejo Nacional de VIH (Conasida), el mismo a la fecha existe pero su creación fue promulgada mediante Decreto Ejecutivo N.º 27894-S, de 3 de junio de 1999. En el presente proyecto de ley se modifica su composición, se fortalecen sus funciones y potestades y se establece un mecanismo para el financiamiento de la política y el Plan Estratégico Nacional de VIH.

Este proyecto de ley pretende también resolver la imperiosa necesidad de que la atención el VIH cuente con recursos económicos propios, sostenibles y suficientes para atender las crecientes necesidades de reportar la pandemia. Esta situación no fue prevista por el legislador en la ley actual, por lo que la falta de recursos económicos limita el alcance y efectividad del Estado costarricense en materia de prevención y atención del VIH.

Se introduce un capítulo de derechos de las personas en relación con el VIH, que contienen derechos de las personas en general, y derechos de las personas con VIH específicamente. De igual manera se delimitan, en capítulos diferentes las obligaciones de las personas con VIH, las de habitantes en general, las de las instituciones del Estado y las obligaciones de los funcionarios/as de salud.

De manera particular, se establece la prohibición de despido laboral por causa de infección por el VIH, aspecto no contemplado en la legislación vigente.

Se incluye un capítulo referido al rol de las organizaciones de la sociedad civil en la prevención y atención del VIH y un capítulo sobre las normas de vigilancia epidemiológica. Se establecen algunas prohibiciones destinadas a eliminar la discriminación y se actualizan las sanciones por delitos y contravenciones relacionadas con el VIH finalmente, se proponen algunas reformas a leyes con el objetivo de armonizar el marco legal y eliminar contradicciones de otras leyes con los propósitos de esta.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a conocimiento y aprobación de los señores diputados de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley Reforma Integral a la Ley General de VIH.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA INTEGRAL DE LA LEY GENERAL DE VIH

CAPÍTULO I

Propósitos de la ley

ARTÍCULO 1.- Objetivo

La presente ley tiene por objetivo la promoción de estilos de vida saludable y la prevención del VIH, la atención integral, la investigación y la vigilancia epidemiológica; así como la garantía de la calidad de vida de todas las personas y en particular de las personas con VIH y sida y sus allegados, con enfoque de derechos humanos, de género y de diversidad y con especial énfasis en las poblaciones que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad.

ARTÍCULO 2.- La atención integral del VIH es de interés público

La atención integral del VIH es de interés público, por lo que el cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en la presente ley son de acatamiento obligatorio.

Todas las instituciones públicas y privadas deberán asegurar mecanismos expeditos y accesibles para que todas las personas puedan ejercer todos sus derechos y deberes en relación con el VIH.

ARTÍCULO 3.- Respeto de los derechos fundamentales

Las acciones relacionadas con la educación, la prevención, la promoción y la atención integral del VIH garantizarán el respeto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República y en particular de las personas con VIH y sida y sus allegados, consagrados en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

ARTÍCULO 4.- Definiciones

Para efectos de aplicación de la presente ley, se utilizarán las siguientes definiciones:

a) Allegados: Personas con las que habitualmente se relacionan las personas con VIH y sida.

b) Antirretrovirales: Medicamentos que actúan específicamente contra el VIH, inhibiendo su replicación o multiplicación.

c) Contactos sexuales: Mujeres y hombres con las que la persona con VIH o sida mantiene relaciones sexuales. Se considerarán contactos sexuales aquellas relaciones actuales o regulares.

d) Discriminación por VIH: Toda distinción, exclusión o restricción basada en la condición de VIH o sida, por acción o por omisión, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos por parte de las personas con VIH y sus familiares o sus allegados.

e) Enfoque de derechos humanos: Este enfoque coloca a las personas y su interrelación con el tejido social en el centro de la atención de la ley, con el fin de garantizar la dignidad humana y el interés público en la salud individual y colectiva.

f) Enfoque de diversidad: Se refiere al reconocimiento de las diferencias entre diversos grupos o sectores de la población y al respeto a esas diferencias, así como al respeto a sus derechos. Incluye la diversidad étnica, por discapacidad, por edad, por sexo, por orientación sexual, entre otras.

g) Estilos de vida saludables: Conjunto de conocimientos y decisiones personales que pueden alcanzarse en la medida que se cuente con las oportunidades y condiciones sociales que permiten a las personas ejercer cierto grado de control para la construcción de su nivel óptimo de salud.

h) ITS: Infecciones de transmisión sexual.

i) ONG: Organizaciones No Gubernamentales.

j) Personas con VIH: Mujeres, hombres, niños y niñas infectados con el VIH.

k) Poblaciones vulnerabilizadas: Grupos de personas que por su condición de género, edad, orientación sexual, discapacidad o etnia, entre otras, sufren de un mayor riesgo ante el VIH.

l) Seropositivo: Término que describe la aparición de anticuerpos del VIH en el suero de la persona y que permite diagnosticar la infección mediante una prueba específica de laboratorio.

m) Sida: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

n) VIH: Virus de inmunodeficiencia humana.

CAPÍTULO II

Comisión Nacional de VIH

ARTÍCULO 5.-Creación de la Comisión Nacional de VIH

Créase la Comisión Nacional de VIH y sida, en lo sucesivo Conasida, con representación interinstitucional y multisectorial, como una instancia asesora del Ministerio de Salud, que es el ente rector en esta materia, para apoyar la formulación de las políticas y los programas de acción relacionados con el VIH en el ámbito nacional.

ARTÍCULO 6.- Integración del Conasida

La Conasida estará integrada por instancias de diversos sectores del Gobierno y sociedad civil. Su normativa y formas de organización y funcionamiento se definirán mediante la elaboración de un reglamento aprobado vía Decreto Ejecutivo.

CAPÍTULO III

Derechos de las personas en relación con el VIH

Sección I

Derechos de las personas en general

ARTÍCULO 7.- Principios generales

Los derechos de las personas en relación con el VIH se orientarán por los principios de igualdad, no discriminación e integralidad de la salud, con el fin de garantizar el respeto a la dignidad humana.

ARTÍCULO 8.- Derecho a vivir en un entorno libre de estigma y discriminación

Todas las personas sin excepción alguna, tienen derecho a vivir en un entorno libre de actitudes y prácticas estigmatizantes y discriminatorias.

Todas las personas tienen derecho a contar con espacios de información y educación en derechos humanos con enfoque de género, generacional y de diversidad que promuevan la igualdad, la solidaridad, el respeto a las diferencias, la no estigmatización y la no discriminación.

Asimismo tendrán el deber de no incitar, promover o legitimar prácticas estigmatizantes y discriminatorias.

ARTÍCULO 9.-  Derecho a una vida sexual satisfactoria y segura

Todas las personas tienen derecho a una vida sexual satisfactoria, segura y saludable, libre de coerción, manipulación y violencia y contar con los recursos necesarios para ello.

ARTÍCULO 10.- Derecho a la información sobre el VIH

Todas las personas sin excepción alguna, tienen derecho a recibir información comprensible, confiable, oportuna y científica sobre el VIH y sobre sexualidad y salud reproductiva, en todos los ámbitos públicos y privados, formales e informales con el fin de contribuir a la prevención y la construcción de estilos de vida saludables. El cumplimiento de este derecho será prioritario en poblaciones vulnerabilizadas respondiendo a sus necesidades y particularidades.

ARTÍCULO 11.- Derecho a la educación integral para la sexualidad

Todas las personas tienen derecho a la educación integral para la sexualidad con enfoque de derechos humanos, género, generacional y de diversidad a cargo del Estado, sin menoscabo de las obligaciones que competen al grupo familiar en esta materia.

En el caso de poblaciones vulnerabilizadas, estas tienen derecho a recibir una educación integral de la sexualidad que responda a sus necesidades y particularidades.

ARTÍCULO 12.- Derecho al acceso al condón femenino y masculino

Todas las personas tienen derecho al acceso oportuno y gratuito al condón femenino y masculino de calidad en los servicios de salud públicos, de acuerdo con la normativa nacional. A ninguna persona se le negará este derecho y el Estado procurará el cumplimento de esta disposición

ARTÍCULO 13.- Derecho a la prueba de VIH

Todas las personas tienen derecho, al acceso a la prueba de VIH, así como a solicitarla y a que esta se le realice de manera oportuna y gratuita, de acuerdo con la normativa nacional en los servicios de salud públicos, siguiendo las normas de calidad establecidas por el Ministerio de Salud y contando con información previa y consejería.

ARTÍCULO 14.- Derecho a información

Todas las personas tienen derecho a ser informadas en forma objetiva y veraz para la realización de las pruebas de VIH, la prescripción de tratamientos y medicamentos y la aplicación de procedimientos relacionados con la atención de su salud.

ARTÍCULO 15.- Derecho a la prueba de VIH de las mujeres embarazadas y su pareja

Todas las mujeres embarazadas tienen derecho a solicitar la prueba de VIH. Igualmente se le deberá informar y orientar a la pareja sexual sobre la importancia de realizarse la prueba de VIH.

ARTÍCULO 16.-               Derecho a antirretrovirales de emergencia

Todas las personas que hayan sido víctimas de violación sexual y accidentes laborales en los que han sido o podrían haber sido expuestas a riesgo de infección, tendrán derecho a recibir tratamiento antirretroviral de emergencia en los establecimientos públicos de salud, de acuerdo con el protocolo establecido. Igualmente tendrán derecho a la prueba de VIH y a que esta se le realice de manera oportuna con acompañamiento y apoyo mientras dure el tratamiento de emergencia. Los establecimientos públicos y privados estarán obligados a conocer dichos protocolos y a realizar las referencias de las y los usuarios a los establecimientos de salud correspondientes.

Sección II

Derechos de las personas con VIH

ARTÍCULO 17.- Derecho a la igualdad y no discriminación

Todas las personas con VIH, sus familiares y allegados gozan de todos los derechos humanos en igualdad de condiciones con todas las demás personas, así como el derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación por razón del VIH.

ARTÍCULO 18.- Derecho al desarrollo

Todas las personas con VIH tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos y al desarrollo de todas sus potencialidades y actividades civiles, familiares, laborales, profesionales, educativas, afectivas y sexuales, con las excepciones contenidas en esta ley.

ARTÍCULO 19.- Derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones

Las personas con VIH tienen el derecho a participar en los diferentes espacios de toma de decisiones relacionadas con políticas públicas, planes, programas y proyectos relacionados con VIH y sida.

ARTÍCULO 20.- Derecho al ejercicio de una sexualidad responsable y segura

Todas las personas con VIH tienen derecho al ejercicio de una sexualidad responsable y segura. Para ello tendrán derecho entre otros a la información y acceso a los recursos que sean necesarios para asegurar su salud sexual y la toma de decisiones reproductivas de manera responsable.

ARTÍCULO 21.- Derecho a la atención integral en salud

Todas las personas con VIH tienen derecho a la atención integral de su salud, y a la prescripción y despacho oportuno de los medicamentos antirretrovirales de calidad; además, a todo tratamiento y avance científico y tecnológico tendiente a mejorar su calidad de vida o bien que le garantice la atención de su salud y que responda a sus necesidades y características particulares según edad, género y diversidad sexual; de acuerdo a la normativa nacional.

ARTÍCULO 22.- Derecho a los tratamientos profilácticos de calidad

Todas las personas con VIH tienen derecho a los tratamientos profilácticos de calidad, si así se determina según la valoración médica en cada caso particular y a todos aquellos otros que sean necesarios para su atención, de acuerdo con las normas de seguridad farmacológica que estén en la normativa vigente.

ARTÍCULO 23.- Derecho a comunicación e información

Todas las personas con VIH tienen derecho a recibir la comunicación de su estado serológico en un ambiente de respeto a su integridad física y emocional, y a recibir información clara y comprensible. Además deberán recibir información sobre sus derechos y sus obligaciones contempladas en esta ley.

ARTÍCULO 24.- Derecho a la confidencialidad

Con las excepciones contenidas en esta ley, la confidencialidad es un derecho fundamental de las personas con VIH. Nadie podrá, pública ni privadamente, referirse a esta condición sin el consentimiento previo de la persona. Las personas con VIH tienen derecho a comunicar su situación a quien deseen; sin embargo, sí tendrán obligación de comunicarlo a sus contactos sexuales.

ARTÍCULO 25.- Derecho a información sobre su salud

Todas las personas con VIH tienen derecho a contar con información comprensible, oportuna, exacta, clara, veraz y científica acerca de su diagnóstico, tratamiento y pronóstico, por parte del personal profesional.

ARTÍCULO 26.- Derecho a la consejería

Todas las personas que solicitan la prueba VIH y las personas con VIH tienen derecho a recibir consejería para obtener información, orientación, apoyo y acompañamiento psicosocial antes y después de la prueba, así como durante el tratamiento, para la toma de las decisiones relacionadas con su salud sexual y la toma de decisiones reproductivas de manera co-responsable.

ARTÍCULO 27.- Derecho a seguros de vida y de salud

Las personas con VIH tendrán derecho a adquirir seguros de vida y de salud. Las instituciones aseguradoras no les podrán negar el seguro por su condición de VIH.

ARTÍCULO 28.- Derecho de acceso a la justicia

Todas las personas con VIH, sus familiares o allegados tienen derecho de acudir a las instancias administrativas y judiciales respectivas para denunciar la violación de sus derechos y reclamar su restitución o indemnización en forma oportuna, así como para establecer las responsabilidades penales, civiles y administrativas del caso. Este proceso deberá ser expedito y garantizar la protección de la integridad y seguridad de las personas denunciantes.

ARTÍCULO 29.- Fuero opcional por VIH

Toda persona con VIH que así lo desee, podrá comunicar de su estado a su empleador. A partir de la comunicación al empleador, no podrá ser despedida, salvo por alguna de las causales establecidas en el Código de Trabajo y debidamente comprobadas conforme a la ley respetando el debido proceso. El empleador que ha sido notificado conforme a esta norma, estará obligado a cumplir con la garantía del derecho a la confidencialidad de la persona, establecido en esta ley.

CAPÍTULO IV

Deberes y responsabilidades de las personas con VIH

ARTÍCULO 30.- Deber de atender su salud

Las personas con VIH tienen la responsabilidad de atender su salud y procurar estilos de vida saludables, adherencia al tratamiento y seguir las indicaciones prescritas por el equipo de salud con el fin de contribuir a mejorar su calidad de vida.

ARTÍCULO 31.- Deber de comunicar a sus contactos sexuales

Las personas con VIH tienen el deber de comunicar su diagnóstico a sus contactos sexuales actuales o regulares. En el momento del diagnóstico, cuando una persona no quiera o no pueda comunicar este resultado a sus contactos sexuales, el personal de atención en salud deberá realizar las gestiones necesarias a fin de lograr dicha comunicación. La comunicación deberá realizarse de tal modo que garantice la confidencialidad de las personas involucradas.

ARTÍCULO 32.- Responsabilidades civiles y penales

En caso de que a sabiendas de su condición, una persona con VIH infecte a otra persona intencionalmente, podrá enfrentar responsabilidades civiles o penales según lo contemplado en el código penal.

CAPÍTULO V

Deberes de la ciudadanía en general

ARTÍCULO 33.- Obligación de no discriminar

Nadie podrá excluir a una persona por su condición de VIH ni restringirle sus derechos, ya sea por acción o por omisión.

ARTÍCULO 34.- Respeto a la confidencialidad

Todas las personas tienen el deber de respetar el derecho de las personas con VIH a la confidencialidad, en relación con su condición de seropositividad.

ARTÍCULO 35.- Deber de procurar el ejercicio de una sexualidad segura y saludable

Todas las personas tienen la responsabilidad de procurar el ejercicio de una sexualidad segura y saludable, tomando todas las medidas necesarias para su autocuidado y el cuidado mutuo.

CAPÍTULO VI

Sección I

Obligaciones de las instituciones del Estado

ARTÍCULO 36.- Cumplir los objetivos de esta ley

Todas las instituciones del Estado tienen la obligación de facilitar el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

ARTÍCULO 37.- Garantizar el acceso a programas de apoyo para el disfrute pleno de los derechos

Todas las instituciones del Estado tienen la obligación de garantizar, a las personas con VIH, el acceso con equidad a programas de apoyo laboral, educacional y económico.

ARTÍCULO 38.- Promover prácticas institucionales libres de estigma y discriminación

Todas las instituciones del Estado tienen la obligación de promover actitudes y prácticas institucionales respetuosas de los derechos humanos, con enfoque de género, generacional y de diversidad que garantice la no estigmatización y discriminación.

ARTÍCULO 39.- Debido proceso para trámites de denuncia

Actuando de conformidad con el principio de protección de la integridad y seguridad de la persona denunciante, todas las instancias públicas y privadas deberán contar con mecanismos expeditos y oportunos para tramitar denuncias de personas con el VIH, sus familiares y allegados.

Todas las instancias públicas y privadas tienen el deber de guardar la confidencialidad respecto de la identidad de las y los ciudadanos que presenten denuncias ante sus oficinas.

ARTÍCULO 40.- Obligaciones de los centros de educación y centros penitenciarios

El Conare y el Conesup deberán verificar la inclusión en la currícula de carreras formadoras de trabajadores de la salud, contenidos relacionados con la prevención, la atención y la consejería en materia de VIH.

Las instituciones de educación, así como el Ministerio de Justicia en los centros penales, deberán contribuir con la prevención del VIH y otras ITS proveyendo información y cualesquiera otro mecanismo que establezca el Ministerio de Salud como ente rector en la materia.

El Ministerio de Justicia, en los centros penales, debe garantizar adicionalmente el acceso oportuno a condones.

ARTÍCULO 41.- Deber de informar

El Ministerio de Salud, en su condición de ente rector de la Salud, velará por el cumplimiento del derecho de todas las personas a la información comprensible, confiable, oportuna y científica sobre el VIH e ITS, en todos los ámbitos públicos y privados, formales e informales.

Todas las instancias públicas y privadas deberán ejecutar programas y acciones que garanticen este derecho a toda la población sin discriminación alguna, con enfoque de derechos humanos, de género, generacional y de diversidad y que responda a las condiciones de la realidad nacional.

ARTÍCULO 42.- Proveer consejería en salud sexual y reproductiva

Los establecimientos de salud públicos y privados deben proveer consejería en salud sexual y reproductiva con el fin de garantizar el derecho de todas las personas a vivir una sexualidad segura e informada, según se establece en esta ley. Con esa misma finalidad, deberán garantizar también servicios de consejería para las personas con VIH.

Las instancias públicas y privadas tendrán la obligación de establecer servicios de consejería en salud sexual y salud reproductiva que sean amigables para adolescentes y jóvenes y que respondan a sus necesidades, particularidades y nivel de desarrollo. No se podrá violar, en función de la autoridad parental, el derecho a la intimidad de las personas menores de edad.

ARTÍCULO 43.- Proveer antirretrovirales de emergencia

La Caja Costarricense de Seguro Social proveerá tratamiento antirretroviral de emergencia en los establecimientos públicos de salud, a las personas que hayan sido víctimas de violación sexual y accidentes laborales en las que han sido o podrían haber sido expuestas a riesgo de infección, de acuerdo con un protocolo establecido. Igualmente deberá garantizar el acceso a la prueba y a que esta se le realice de manera oportuna y brindará acompañamiento y apoyo a la persona mientras dure el tratamiento de emergencia.

En casos de accidentes laborales en que las personas trabajadoras se hayan visto expuestas al riesgo de infección por VIH, la responsabilidad de proveer la terapia antirretroviral será conjunta entre el Instituto Nacional de Seguros y la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Ministerio de Salud deberá vigilar por el cumplimiento de esta disposición e incluir la terapia antirretroviral de emergencia dentro de las normas de atención integral del VIH.

Los establecimientos públicos y privados estarán obligados a conocer dichos protocolos y a realizar las referencias de las y los usuarios a los establecimientos de salud correspondientes.

ARTÍCULO 44.- No discriminación por VIH

Ningún establecimiento público o privado que brinde servicios de salud, de cuidado y de atención a las personas podrá discriminar a alguna persona por razones relacionadas con el VIH.

ARTÍCULO 45.- Adquisición de medicamentos antirretrovirales y otros

La Caja Costarricense de Seguro Social deberá importar, comprar, mantener en existencia y suministrar los tratamientos profilácticos, los medicamentos antirretrovirales y todos aquellos otros que sean necesarios para la atención de las personas con VIH, de manera oportuna, de acuerdo con las normas de seguridad farmacológica y los respectivos protocolos de atención. El tratamiento antirretroviral no será suspendido por ninguna razón administrativa o de otra índole, con excepción del criterio médico.

ARTÍCULO 46.- Obligación de guardar confidencialidad

Todas las instituciones públicas y particularmente las instituciones de salud tienen la responsabilidad de tomar medidas para garantizar la confidencialidad de la información relativa a las personas con VIH, incluido el uso y resguardo de expedientes; excepto para efectos exclusivamente probatorios en un proceso penal o de divorcio en materia de familia y a solicitud de la autoridad judicial competente.

ARTÍCULO 47.- Realización de pruebas consentidas

Ninguna institución de salud o laboratorio público o privado podrá realizar una prueba de VIH si la persona se opone aun después de dar una explicación objetiva y veraz sobre la necesidad de realizarla, salvo las siguientes excepciones:

a) Cuando exista, según el criterio médico que constará en el expediente clínico, necesidad de efectuar la prueba exclusivamente para atender la salud de la persona, a fin de contar con un mejor fundamento de tratamiento.

b) Cuando se requiera para fines procesales penales y de divorcio, previa orden de la autoridad judicial competente.

c) Cuando se trate de donación de productos humanos, incluida sangre, hemoderivados, leche materna, semen, órganos y tejidos.

d) En caso de accidente laboral que genere riesgo de infección por VIH a terceras personas, a criterio médico.

e) En caso de riesgo epidemiológico que conlleve a transmisión del virus a grupos de personas.

En todos los casos, los resultados de la prueba se utilizarán en forma confidencial.

ARTÍCULO 48.- Garantizar el derecho al aseguramiento y a seguros de vida

Las instancias aseguradoras -públicas y privadas- tendrán la obligación de garantizar a las personas con el VIH el acceso al aseguramiento para las prestaciones de salud, seguros de vida y de riesgos del trabajo, de acuerdo con la legislación vigente.

Sección II

Obligaciones de las instituciones del sector

de niñez, adolescencia y educación

ARTÍCULO 49.- Incorporación de niñas, niños y adolescentes

Todas las instituciones públicas y privadas que tienen dentro de sus competencias el trabajo con población adolescente y joven, deberán incorporar de forma prioritaria en sus políticas, programas y proyectos, la prevención del VIH en esta población, incluyendo información sobre el condón como medio de prevención. En particular, las instituciones educativas deberán incorporar la educación integral de la sexualidad en el marco de la prevención del VIH en su currícula educativa.

ARTÍCULO 50.- Adoptar una política de educación integral para la sexualidad

Con el fin de contribuir a fortalecer la prevención del VIH y otras ITS, es responsabilidad del Estado emitir la política nacional de educación integral para la sexualidad desde una perspectiva de derechos humanos, de género, generacional y de diversidad.

Corresponderá al Ministerio de Salud conducir el proceso de elaboración de esta política con amplia participación interinstitucional, sectorial y garantizando la participación ciudadana.

La educación integral de la sexualidad en niñas, niños, adolescentes y jóvenes deberá responder a las necesidades y particularidades de esta población y será de interés y prioridad pública de acuerdo con los principios consignados en la legislación nacional en materia de niñez, adolescencia y juventud.

ARTÍCULO 51.- Responsabilidades de padres y madres

El ejercicio de los derechos y las obligaciones que competen a madres y padres, en función de la autoridad parental establecida en el Código de Familia no podrá ir en menoscabo del interés superior de las personas menores de edad, en ninguna materia y, especialmente en materia de salud sexual, salud reproductiva y prevención de VIH.

ARTÍCULO 52.- Acciones de prevención y de atención integral

La Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Patronato Nacional de la Infancia, el Consejo de la Persona Joven, el Poder Judicial y las organizaciones no gubernamentales, de manera conjunta y en el marco de sus competencias, deberán realizar acciones de prevención y de atención integral del VIH en población joven y adolescente en condiciones de riesgo, así como promover su habilitación y su inserción en la sociedad.

Sección III

Obligaciones de las instituciones del sector trabajo

ARTÍCULO 53.- Obligaciones del Ministerio de Trabajo, empleadores públicos y privados y organizaciones de trabajadores/as

El Ministerio de Trabajo deberá velar por espacios laborales libres de todo estigma y discriminación por razones vinculadas al VIH, así como vigilar porque las instancias públicas o privadas no soliciten dictámenes ni certificaciones médicas a los trabajadores sobre el VIH para obtener un puesto laboral o conservarlo.

Todos los empleadores incluirán en los reglamentos internos de trabajo disposiciones que garanticen información para la prevención del VIH y el respeto y garantía a los derechos de las personas trabajadoras sin discriminación por VIH de acuerdo con la legislación laboral vigente.

Todas las organizaciones de trabajadores/as deberán promover y defender los derechos de las personas con VIH y sus allegados, así como coadyuvar en los esfuerzos por hacer efectiva las disposiciones comprendidas en la presente ley.

Sección IV

Obligaciones de las instituciones del sector justicia

ARTÍCULO 54.-               Medidas preventivas en las cárceles

El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, tendrá la obligación de definir y llevar a la práctica las políticas y actividades de prevención tendientes a disminuir el riesgo de transmisión del VIH tanto para las personas privadas de libertad como para su pareja sexual y para los funcionarios/as del Sistema Penitenciario. A efectos de prevenir el VIH deberá proveer de condones a la población penal femenina y masculina en los centros penales del país.

ARTÍCULO 55.- Atención especializada en salud

Cuando un centro penal no ofrezca las condiciones adecuadas para que las personas privadas de libertad con VIH reciban la atención sanitaria especializada, coordinará con la CCSS para que esta provea el tratamiento ambulatorio o internamiento hospitalario, así como cualquier otro requerimiento de atención, en tanto se acondicione adecuadamente el Centro Penitenciario.

ARTÍCULO 56.- Programas de prevención de la persona menor de edad institucionalizada

El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia, deberá desarrollar programas de educación en salud y de prevención del VIH dirigidos a las personas menores de edad institucionalizadas. Las decisiones relacionadas con la notificación a padres y madres o personas responsables de estos menores, acerca de su estado de infección por VIH, el consentimiento para tratarlos y cualquier tipo de intervención, deben ser realizadas con apego a las disposiciones de esta ley, atendiendo especialmente al principio de interés supremo de la infancia y de conformidad con el marco legal vigente.

ARTÍCULO 57.- Prohibición de aislamiento

Se prohíbe la segregación, el aislamiento y las restricciones a las actividades laborales, deportivas, recreativas y de cualquier otra índole, en perjuicio de las personas privadas de libertad e infectadas por el VIH. Solamente se exceptúan de lo estipulado en el párrafo anterior, los siguientes supuestos:

a) Cuando la convivencia con otras personas privadas de libertad arriesgue la salud de la persona, siempre que medie el consentimiento del afectado/a.

b) Cuando la persona privada de libertad haya sido amenazada por actos de abuso físico o sexual por parte de otros presos, o cuando estos le traten de manera discriminatoria o degradante, siempre que medie el consentimiento del afectado.

c) Cuando se trate de una persona privada de libertad que deliberadamente intente infectar con el VIH a otros sujetos, se le aplicará una medida de aislamiento, sin perjuicio de aplicar otro tipo de medidas cautelares y la respectiva denuncia penal por infracción al artículo 264 del Código Penal.

ARTÍCULO 58.- Ejecución de la pena

Las personas privadas de libertad, en estado terminal de VIH, podrán ser valoradas por el juez ejecutor de la pena para los efectos de la aplicación de los beneficios de los artículos 461 y 462 del Código Procesal Penal.

Sección V

Gobiernos locales

ARTÍCULO 59.- Responsabilidades de los gobiernos locales

En coordinación con el Ministerio de Salud y con organizaciones de la sociedad civil debidamente inscritas, y otras instituciones del Estado, los gobiernos locales deberán apoyar la ejecución de proyectos de prevención del VIH y promoción de los derechos de las personas en relación con el VIH.

CAPÍTULO V

Obligaciones de los funcionarios/as de salud

ARTÍCULO 60.- Obligación de informar

Todo médico tratante público o privado deberá proveer de información y consejería a las personas que se sometan voluntariamente a una prueba de VIH y respetar el derecho a no realizarse la prueba si la persona se opone, salvo las excepciones de esta ley.

ARTÍCULO 61.- Comunicación al paciente

El médico tratante o el personal de atención en salud que informe a una persona sobre su estado serológico en relación con el VIH, deberá hacerlo en un ambiente de respeto a su integridad física y emocional, brindándole información clara y comprensible y garantizando la confidencialidad. Deberá informarle además sobre sus derechos y obligaciones contempladas en esta ley y, en particular, de las implicaciones penales.

Para estos efectos, la Caja Costarricense de Seguro Social y las instituciones privadas que brindan servicios de salud, en coordinación con el Ministerio de Salud, deberán capacitar a su personal, para que cumplan de manera adecuada con esta responsabilidad.

ARTÍCULO 62.- Deber de confidencialidad

El personal de salud que conozca la condición de una persona con VIH, guardará la confidencialidad referente a los resultados de los diagnósticos, las consultas y la evolución de la enfermedad.

Quedan a salvo de esta disposición, la comunicación a los contactos sexuales según lo establece esta ley y los casos de secreto compartido, cuando el funcionario o profesional revele la información para efectos de garantizar la adecuada atención o bienestar de la persona, si esta comunicación no produce ningún efecto discriminatorio.

ARTÍCULO 63.- Excepciones a la confidencialidad

Para efectos exclusivamente probatorios en un proceso penal, de divorcio o de separación judicial y a solicitud de la autoridad judicial competente, el personal de salud que atienda a la persona con VIH deberá reportar el diagnóstico, con el debido respeto a la dignidad humana.

ARTÍCULO 64.- Medidas universales de bioseguridad

Los bancos de productos humanos, los laboratorios y establecimientos de salud deberán contar con el personal, material y equipo adecuados, de conformidad con las recomendaciones sobre medidas de universales de bioseguridad, difundidas por el Ministerio de Salud.

Los trabajadores/as en servicios de atención de la salud, públicos o privados, en especial las personas profesionales en odontología, microbiología, enfermería, medicina y todos los que practiquen procedimientos faciales y capilares, acupuntura, tatuajes o cualquier otro procedimiento, quirúrgico o invasivo, deberán acatar las medidas de bioseguridad universal así como otras disposiciones del Ministerio de Salud para el uso de equipos y el manejo tanto de instrumentos como de material humano y biológico.

El Ministerio de Salud se encargará de regular y controlar la operación correcta de los establecimientos relacionados con las actividades mencionadas en este artículo.

CAPÍTULO VI

Organizaciones de la sociedad civil y sector privado

ARTÍCULO 65.- Organizaciones no gubernamentales

Las personas físicas y jurídicas que trabajan en VIH, deberán registrarse ante el Ministerio de Salud, cumpliendo los requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento de esta ley. Las acciones que desarrollen estas organizaciones inscritas, deberán responder a las priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo así como el l Plan Estratégico Nacional de VIH y las Política de VIH.

Las organizaciones no gubernamentales deberán prestar el apoyo requerido por las autoridades de salud, con el fin de garantizar mejores resultados en las acciones relacionadas con la prevención y atención del VIH.

ARTÍCULO 66.- Financiamiento de programas y albergues

El Estado podrá destinar recursos para el desarrollo de programas de promoción de estilos de vida saludable, prevención y atención en relación con el VIH por parte de las ONG, así como para la creación y el fortalecimiento de albergues para la atención de las personas con VIH que requieran apoyo, según los lineamientos del Ministerio de Salud. El Estado está facultado para apoyar, en iguales términos, los albergues privados sin fines de lucro, que se dediquen a atender a estas personas.

ARTÍCULO 67.- Medios de comunicación

Los medios de comunicación deberán contribuir con el cumplimiento de los fines de esta ley, promoviendo información que coadyuve a la creación estilos de vida saludables y que velen por el respeto a los derechos de las personas en relación con el VIH y la no discriminación.

ARTÍCULO 68.- Sector Privado

Dentro de los planes de responsabilidad social empresarial, las empresas procurarán incluir actividades destinadas a la promoción de estilos de vida saludables, al respeto de los derechos de las personas en relación con el VIH y a la no discriminación.

ARTÍCULO 69.- Provisión de condones

Los hoteles, moteles y centros de habitación ocasional que no llevan registro de huéspedes, tienen la obligación de entregar como mínimo dos condones -femeninos o masculinos-, como parte del servicio básico que brindan. Los bares y discotecas deberán colocar dispensadores de condones para ponerlos a disposición de sus clientes.

CAPÍTULO IX

Vigilancia epidemiológica

ARTÍCULO 70.- Información epidemiológica

La Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud debe mantener el sistema de información con los datos epidemiológicos en forma actualizada desagregada y sistemática, garantizando la confidencialidad de los casos y el uso oportuno de la información y análisis de la epidemia de VIH y sida.

ARTÍCULO 71.- Obligación de reportar

Exclusivamente para fines epidemiológicos y estadísticos, los médicos y microbiólogos de los servicios de salud públicos y privados, deberán remitir los resultados confirmatorios de las pruebas positivas de VIH y los datos requeridos según el protocolo de vigilancia establecido a la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, quien establecerá los formularios oficiales y los sistemas automatizados de información para los fines indicados.

ARTÍCULO 72.- Gratuidad de la donación

Toda donación de sangre, leche materna, semen, órganos y tejidos deberá ser gratuita. Se prohíbe la comercialización de estos productos. El Ministerio de Salud es responsable de establecer las regulaciones e implementar los controles correspondientes.

ARTÍCULO 73.- Acciones de los bancos de productos humanos

Para prevenir la transmisión del VIH, los bancos de productos humanos deberán ejercer control sobre la calidad y los procesos que apliquen, con el objeto de procurar garantizar la inocuidad de la sangre y sus derivados, de la leche materna, el semen y otros tejidos u órganos, desde la recolección hasta la utilización.

Para ese fin, todos los bancos de productos humanos deberán realizar, antes de utilizar los productos mencionados, las pruebas correspondientes para determinar la existencia de VIH, según determinen las autoridades competentes de salud.

ARTÍCULO 74.- Control de los hemoderivados

Los fabricantes de hemoderivados y productos biológicos de origen humano estarán obligados a certificar que la prueba exigida por el Ministerio de Salud fue realizada, para determinar que cada donante, sus productos y la sangre empleada en el proceso no son portadores de VIH.

Además, deberán acreditar que cuentan con las instalaciones, los equipos, las materias primas y el personal adecuado para realizar dichas pruebas, sin perjuicio del cumplimiento de otro tipo de controles y normas de calidad y de cualquier otra medida requerida por el Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 75.- Restricciones a la donación

Las personas con VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis o las portadoras de algún otro agente de transmisión sanguínea no podrán donar sangre o sus derivados, semen, leche materna, órganos o tejidos. Para la donación no se podrá discriminar por ninguna otra razón no contemplada en esta ley.

ARTÍCULO 76.- Uso de sustitutos sanguíneos

Para evitar la infección por VIH, las instituciones competentes de salud promoverán el uso de sustitutos sanguíneos, especialmente cristaloides y coloides o el mecanismo de la transfusión autóloga, cuando sea posible.

CAPÍTULO X

Investigación en materia de VIH

ARTÍCULO 77.- Reglas

De conformidad con las reglas vigentes en la materia, las investigaciones relativas al VIH deberán respetar las consideraciones especiales de las personas, por esta razón el protocolo de investigación y los investigadores quedan sujetos a las disposiciones de esta ley, la Ley General de Salud, la Declaración de Helsinki, dictada por la Asociación Médica Mundial, así como a cualquier otra normativa, nacional o internacional, dictada para tal efecto.

Ninguna persona infectada por el VIH podrá ser objeto de experimentos, sin haber sido informada de la condición experimental de la investigación y de los riesgos de la misma, y sin que medie su consentimiento previo o el de quien legalmente este autorizado para darlo.

CAPÍTULO XI

Prohibiciones

ARTÍCULO 78.- Prohibición de discriminación por VIH

Se prohíbe toda distinción, exclusión o restricción basada en la condición de VIH, por acción o por omisión, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos por parte de las personas con VIH y sus familiares o sus allegados.

ARTÍCULO 79.- Prohibición de medidas coercitivas

Se prohíben las restricciones o medidas coercitivas de los derechos y las libertades de las personas con VIH, sus familiares o allegados, excepto los casos previstos en esta ley.

ARTÍCULO 80.- No discriminación laboral

Ninguna persona trabajadora estará obligada a informar a su empleador ni compañeros de trabajo acerca de su estado de VIH. Cuando la persona trabajadora lo considere necesario, podrá informarlo a su empleador, quien quedará obligado a guardar la confidencialidad.

Queda prohibida toda discriminación laboral contra cualquier persona trabajadora con VIH. En caso de desarrollar alguna enfermedad que le impida continuar con sus actividades habituales, recibirá el trato establecido en la legislación laboral vigente.

Ningún empleador, público o privado, nacional o extranjero, podrá, por sí mismo ni mediante otra persona, solicitar dictámenes ni certificaciones médicas sobre VIH a las y los trabajadores para obtener un puesto laboral o conservarlo.

CAPÍTULO XII

Reforma de leyes

ARTÍCULO 81.- Reforma del Código Penal

Refórmase el artículo 373 del Código Penal para que en adelante diga:

“Artículo 373.- Discriminación

Será sancionado con pena de cuarenta a ochenta días multa, quien aplique, disponga o practique medidas discriminatorias fundadas en consideraciones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, libertad de opinión, religión, orientación sexual, posición social, situación económica, estado civil o condición de salud o enfermedad, incluyendo el VIH.

En todo caso como pena accesoria el juez ordenará a la persona responsable de discriminación, asistir a un curso de formación o sensibilización sobre derechos humanos.”

ARTÍCULO 82.- Reformas del Código de Trabajo

Refórmense los siguientes artículos del Código de Trabajo:

“Artículo 71.-, inciso f), para agregar un párrafo que diga lo siguiente:

Ningún patrono podrá solicitar pruebas de VIH para efectos de contratación laboral o permanencia en el trabajo. Cuando requiera pruebas de salud podrá incluir exámenes hematológicos (pruebas de sangre), solamente en caso de que exista criterio médico que demuestre su necesidad y únicamente para efectos de protección de la salud de la persona trabajadora.”

“Artículo 81.-, para agregar un nuevo inciso que diga:

m) Cuando la persona trabajadora incurra en actos discriminatorios contra un compañero de trabajo, por razones de VIH.”

“Artículo 83.-, para agregar un nuevo inciso que diga:

k) Cuando el patrono incurra en actos discriminatorios contra la persona trabajadora por razones de VIH.”

CAPÍTULO XIII

Disposiciones finales

ARTÍCULO 83.- Vigencia de artículos del Código Penal

Se mantienen en vigencia el artículo 264, relativo al delito de propagación de enfermedades y el 81 bis inciso d) sobre delitos de acción pública perseguibles a instancia privada, ambos del Código Penal.

ARTÍCULO 84.- Derogatoria

Derógase la Ley N.° 7771, de 29 de abril de 1998.

ARTÍCULO 85.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en el plazo de seis meses a partir de su publicación.

Luis Antonio Aiza Campos

DIPUTADO

10 de setiembre de 2013

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.

1 vez.—O. C. N° 23285.—Solicitud N° 101-00520-L.—(IN2013063613).

IMPORTACIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS

REALIZADAS POR CIUDADANOS PANAMEÑOS

CON FINES TURÍSTICOS Y AUTORIZACIÓN

DE SALIDA DE VEHÍCULOS CON PLACAS

PANAMEÑAS DECOMISADOS EN EL PAÍS

Expediente N.º 18.905

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Que los gobiernos de Costa Rica y de Panamá, desde el año 1992, firmaron el Convenio de Cooperación para el Desarrollo Fronterizo, con el ánimo de reafirmar la común creencia de ambos países, de la necesidad de desarrollar las zonas limítrofes como zonas de paz y cooperación transfronteriza, así como su vocación social, con el objeto de facilitar y contribuir al desarrollo y mejoramiento social, económico, comercial, ambiental y político de la región fronteriza.

En razón de ello, resulta pertinente establecer en nuestro ordenamiento jurídico, facilidades que mantengan y fomenten las buenas relaciones y el turismo entre Costa Rica y Panamá, según los acuerdos vigentes y los que en el futuro se establezcan, por lo que se somete al conocimiento de las señoras y los señores diputados, el presente proyecto de ley, el cual tiene como objetivo autorizar la importación temporal de vehículos realizadas por los ciudadanos panameños con fines turísticos y la autorización de salida de vehículos con placas panameñas que se encuentran en nuestro país.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

IMPORTACIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS

REALIZADAS POR CIUDADANOS PANAMEÑOS

CON FINES TURÍSTICOS Y AUTORIZACIÓN

DE SALIDA DE VEHÍCULOS CON PLACAS

PANAMEÑAS DECOMISADOS EN EL PAÍS

ARTÍCULO 1.- Importación temporal de vehículos con fines turísticos. Los ciudadanos panameños podrán ingresar al país un vehículo automotor terrestre con placas panameñas, con fines turísticos, de conformidad con el Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Panamá sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo y su Anexo, aprobado mediante la Ley N.° 7518, de 10 de julio de 1995, cuyo plazo de permanencia en el país, será el mismo plazo otorgado por la entidad migratoria correspondiente, en su calidad de turista. En estos casos no será exigible ninguna garantía que responda por el monto de los tributos aplicables.

A tales efectos el interesado, además de cumplir con los trámites aduaneros, de migración y demás controles exigibles, deberá demostrar, ante las autoridades aduaneras, haber satisfecho el pago del seguro obligatorio e impuesto al ruedo y demás requisitos establecidos por la legislación nacional, para la importación temporal de vehículos sin fines lucrativos.

Tratándose de vehículos ingresados al amparo de este artículo, que no hayan salido del país antes del vencimiento del plazo de permanencia autorizado al ciudadano panameño, deberá el interesado, cancelar ante la autoridad aduanera, una multa de quinientos pesos centroamericanos, de previo a que se le autorice la reexportación o importación definitiva del vehículo.

En el caso que el ciudadano panameño no reexporte, nacionalice o someta el vehículo a un régimen aduanero procedente, el mismo será considerado legalmente en abandono a favor del Fisco, un mes después de ser decomisado o aprendido en el territorio nacional y será sometido a subasta pública.

En aras de garantizar el debido control del ingreso de vehículos al amparo de este artículo, la Policía de Control Fiscal y autoridades competentes, sin perjuicio del ejercicio de sus demás facultades legales, deberán, al ingreso del vehículo al país, verificar que se haya cumplido con el trámite aduanero correspondiente, y en caso de que no se haya realizado el trámite respectivo, deberán impedir que el vehículo continúe en el país, y lo pondrán inmediatamente a la orden de las autoridades aduaneras, quienes de previo a autorizar la salida del vehículo del país, impondrán al interesado, una multa de quinientos pesos centroamericanos, por la vulneración del régimen jurídico aduanero.

ARTÍCULO 2.- Autorización de salida de vehículos puestos a la orden de la autoridad aduanera

Los turistas extranjeros, que a la fecha de vigencia de la presente ley, hayan ingresado al país, un vehículo automotor terrestre con placas panameñas, con fines turísticos, y que se encuentren decomisados en el país a la orden de la autoridad aduanera, tendrán un único plazo de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para solicitar ante la Aduana de jurisdicción la salida del vehículo.

La aduana autorizará la salida del vehículo, si así se le solicita por parte de la persona legitimada al efecto, dentro del plazo indicado, siempre y cuando, de previo a la salida del vehículo del país, dicha persona cancele una multa de quinientos pesos centroamericanos. La multa deberá ser cancelada ante la Aduana de Paso Canoas.

Vencido dicho plazo sin que se solicite la salida del vehículo del país, el mismo será considerado legalmente en abandono a favor del Fisco y la aduana de control deberá iniciar los procedimientos respectivos para la subasta del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que su titular solicite la importación definitiva del vehículo, mediante la figura del rescate de mercancías.

Esta disposición solo aplica, cuando se trate de detenciones o decomisos realizados por parte de las autoridades administrativas, y siempre que, a la fecha de vigencia de la presente ley, los vehículos estén bajo la orden de la autoridad aduanera.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil trece.

Laura Chinchilla Miranda

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Edgar Ayales

MINISTRO DE HACIENDA

12 de setiembre de 2013

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

1 vez.—O. C. N° 23285.—Solicitud N° 101-00522-L.—(IN2013063623).

PROYECTO DE ACUERDO

DECLARACIÓN COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA

PARA EL EXIMIO CIUDADANO CARLOS GAGINI

CHAVARRÍA

Expediente N.º 18.907

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Debe constituirse en una sana costumbre de la patria reconocer las virtudes de sus hijos más preclaros que por su modelo de vida han construido una estima y respeto en las distintas generaciones.

Reconocer como Benemérito de la Patria a uno de los habitantes del país teniendo en cuenta que es de especial relevancia, respetar siempre la línea de pensamiento esbozada por la Carta Magna, en cuanto a que la concesión de un honor solo es posible por servicios notables prestados a la nación, lo que significa servicios más allá de lo ordinario a lo que está obligado, por actuaciones eminentes que las hace acreedoras de esas distinciones.

Carlos Gagini Chavarría nace en la ciudad de San José el 15 de marzo de 1865. A penas cumpliendo sus 17 años murió su padre y tuvo que trabajar para mantener a su familia dando clases privadas que con el tiempo de los años fue su vocación profesional. Su vida fue ardua y en cada una de sus facetas tuvo que luchar para obtener sus propósitos y metas en una época pionera después de nuestra independencia social, política y económica.

Su aptitud para los idiomas la desarrolló muy tempranamente como profesor de latín, griego, inglés e italiano, además tuvo conocimientos del alemán y del portugués; tradujo en francés. Así también, abrió las puertas al esperanto en Costa Rica con su libro “Cartilla de esperanto”, inédita, sin fecha.

Sus traducciones del español al inglés están en la revista de Pandemónium. Y sobre todo fue el investigador incansable de nuestros idiomas indígenas.

En 1887 con solo 22 años de edad fue inspector de escuelas de la provincia de Alajuela, bajo el gobierno de don Bernardo Soto Alfaro.

Fue un ejemplo de valores y dedicación de servicio a la patria, sirviéndole desde la dirección de varios establecimientos de la enseñanza, entre ellos el más destacado el Liceo de Costa Rica, que cuenta actualmente entre la lista de los beneméritos de la patria, galardonado en Cultura e Institución del país.

Pionero de los estudios filológicos en Costa Rica puso a Costa Rica hombro a hombro al nivel cultural de los otros países representados por Andrés Bello, Rufino J. Cuervo, Miguel de Toro y Gómez, Rufino Lanchetas, Julio Cejador y otros más eruditos de aquella época con su Diccionario de Barbarismos (1898), 2ª. Edición aumentada en 1919 con el nombre de: “Diccionario de Costarriqueñismos”.

Hoy en día está en nuestra Academia Costarricense de la Lengua escrito lo siguiente:

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Sus libros de gramática y de vocabulario, fueron unos de los primeros libros hechos en el país por un costarricense para los costarricenses, abriendo muchos caminos en la investigación, especialmente en las lenguas indígenas del país por medio de su obra de investigación de “Los Aborígenes de Costa Rica”, cuando desempeñaba el cargo de director de la Biblioteca Nacional.

Uno de los fundadores de la literatura costarricense, sobre todo fue el protagonista de la célebre polémica en 1894 contra Ricardo Fernández Guardia (hoy Benemérito de la Patria), es más, marcó así la consolidación de la conciencia de la identidad costarricense por medio de discusiones fructíferas y objetivas, claras y precisas también con don Joaquín García Monge y don Roberto Brenes Mesén, ambos beneméritos de la patria.

La historia consigna que don Carlos Gagini Chavarría, como una de las figuras más relevantes de fines del siglo XIX e inicios del XX en Costa Rica.

Aparte de su obra, dinamismo, literario y excepcional, dejó para la historia una imagen de líder, guía y caballero insigne, dentro y fuera de las letras costarricenses. Fue educador donde destacó el valor de la educación como elemento de progreso del pueblo.

Formó hombres y mujeres del que hoy en día algunos ya son beneméritos de la patria y que ocuparon cargos importantes en nuestra sociedad, dejando así su huella impregnada en cada uno de ellos por medio de sus ejemplos, palabras y discusiones reflexivas, sin duda dando testimonio de que el mérito de un profesor está en los alumnos. Todos ellos fueron mencionados en su autobiografía “Al través de mi vida”, pp.95 edición de 1976:

n   Teodoro Picado, Presidente de Costa Rica 1944-1948; Benemérito de la Patria.

n   Alberto Brenes, Benemérito de la Patria.

n   Roberto Fonseca, primer director de la Cruz Roja Costarricense,

n   Ricardo Castro M.

n   Luis Anderson, fue autor del Proyecto del Código de Procedimientos Penales de Costa Rica de 1906, además miembro fundador y tesorero del Instituto Americano de Derecho Internacional.

n   Juan Félix González.

n   Ramón Zelaya, profesor universitario.

n   Melico Aragón.

n   Víctor Guardia, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

n   Alejandro Alvarado, expresidente de la Asamblea Legislativa.

n   Gregorio Martín, fundador de la Asociación Costarricense de la Lengua.

n   Carlos Pupo, médico que fundó el primer laboratorio clínico privado en 1909.

n   Fabio Baudrit, diputado, ministro de Gobernación y de Hacienda, Académica de la Lengua.

n   Francisco Ugalde, gobernador, y

n   Francisco Segreda, médico.

Sus cargos ocupados, su producción literaria, científica y pedagógica fue muy extensa y productiva para el país. A continuación la dividiré en todos los géneros que fue pionero en nuestro país.

Cargos ocupados

1881              Maestro de aritmética en la escuela de José Ramón Chavarría.

1882              Profesor de castellano y latín en el Instituto Nacional.

1883              Escuela privada de Marie Le Cappellain. Y director en la Escuela María Peralta de Rivero.

1885              Director de la Escuela Central de Alajuela. Elaboró un proyecto de programas para las escuelas primarias.

1886              Examinador de las escuelas de la provincia de Alajuela.

1887                   Inspector de escuelas de la provincia de Alajuela. Fue subsecretario de la cartera de Instrucción Pública.

1887              Profesor en el Liceo de Costa Rica.

1888              Director de Diario Costarricense.

1889              Redacta los programas de castellano, literatura castellana y literatura comparada.

1892-1894   Director del Instituto de Alajuela.

1894-1899   Rector del Liceo de Costa Rica.

1897              Director del Teatro Nacional.

1900-1904   Profesor en el Colegio Superior de Señoritas, donde trabajó por cuatro años.

1904-1908   Liceo Santaneco en El Salvador.

1908              Es nombrado en la Subsecretaría de Estado en el despacho de Instrucción Pública. El ministro de Instrucción Pública Luis Anderson lo nombra profesor en el Liceo de Costa Rica y subsecretario de su cartera.

1909-1914   Director del Liceo de Heredia.

1909              Programas oficiales de instrucción primaria de la República de Costa Rica, que estuvieron vigentes hasta los años 1918 (rigieron 10 años).

1911              Secretario de Estado en el despacho de Instrucción Pública.

1915-1917   Director de la Biblioteca Nacional.

1917              Director de la Imprenta Nacional.

1918-1919   Director de la Escuela Normal de Costa Rica

1918              Dio a conocer sus programas de educación primaria para escuelas rurales.

1919              Inspector de los programas de enseñanza primaria, y de programas rurales.

1920-1924   Jefe de la Sección Histórica de Archivo Nacionales hasta su jubilación.

Director de las siguientes revistas:

La Educación costarricense (1897)

Costa Rica Ilustrada

Revista Agrícola

Revista Pandemónium

Como Director de “Costa Rica Ilustrada” 1890-1892 abrió las puertas literarias a las mujeres, que empezaban a dar impulso y vitalidad al país, a continuación algunos ejemplos de sus colegas contemporáneas de su época.

•    “Así no son todas” de Celia de Ocaña (Colombia), 10 de octubre de 1890- N.º 10, respuesta directa a la poesía de José Alcalá Galiano ¿Así son todas?

•    El sentido pésame a Doña María Peralta de Rivero en la N.º 10, de 10 de octubre de 1890.

•    A Aurelia Castillo de González, de Puerto Príncipe, setiembre de 1871 en la N.º 18 con “La encina y la caña”.

•    A Laparra de la Cerda de Guatemala, 19 de octubre de 1890, con “La vejez Vicenta”.

•    De Concepción Gimeno de Flaquer de Madrid, 13 de octubre de 1890 en la N.º 19.

•    A Ermelinda de Ormanche de Bayona Crónica Policroma”, en la N.º 20, octubre 1890 con “La Ciencia y la poesía”.

•    A Celia Elizondo de Managua el 7 de diciembre de 1890 con “Enfermedad social”, en la N.º 23.

Libros de textos y materiales escolares fruto de su larga carrera en la enseñanza

1883              Escribe la Gramática teórica.

1885              Escribe “Gramática práctica.

1889              Lectura aplicada para las Escuelas.

1897              El vocabulario de las escuelas. Fue adoptada oficialmente como libro de texto en Costa Rica, San Salvador y algunas ciudades de Cuba, además el Consejo de Instrucción Pública de Chile la declaró obra de consulta para los maestros. En el periódico de las Baleares la Escuela Práctica, fue reproducida completamente.

1897              Ejercicios de lengua castellana, fueron publicados fragmentos de su gramática en la revista El Maestro, la cual fue obra de texto para los años de tercero al sexto de las escuelas primarias oficiales. De ellos se imprimieron 3000 ejemplares a los maestros, profesores y directores de escuelas. Obtuvo el “premio medalla de oro” de la exposición de Guatemala de 1897.

1900              El Lector costarricense. Serie de cuatro libros. Se hicieron varias ediciones.

1904              “El vocabulario de los niños”, dos volúmenes.

1907-1919   “Elementos de gramática castellana” con cuatro ediciones.

1907              Presentó su inventó el “Aritmógrafo Gagini” al Ministerio para uso de las escuelas primarias.

Literatura infantil

En el Lector costarricense, en los tomos II y III fue recolector y seleccionador de material literario de autores hispanoamericanos como españoles que han sido clasificadas en la literatura infantil costarricense, también algunos textos del libro Cuentos grises.

La novelística de Costa Rica alcanzó su momento culminante, tanto por la calidad literaria inicial del país, y más aún por introducir los elementos patrios en sus obras, y principalmente la única novela de ciencia ficción en su género en centroamérica La caída del Águila en 1920.

Literatura como medio de expresión de los problemas políticos de la época.

Cuento

1887              El duende del Encimas.

1893-1894   “Cuentos”, en Guatemala Ilustrada.

1898              Chamarasca.

1904              El silbato de plata.

1909              A París, obtuvo el premio Primeros Juegos Florales en 1909.

1918              Cuentos Grises: “Espiritismo” (en la Biblioteca Nacional).

1922              Cuentos Bribrís.

1922              Latino, fantasía.

s.f.                 Don Quijote se va.

s. f                 La leyenda del prestamista.

En el campo de la dramaturgia, sus obras contienen el discurso humorístico costarricense, sobre todo introdujo el idioma patrio:

1890              Los pretendientes, con música de Eduardo Cuevas.

1900              El marqués de Talamanca.

1902              Don Concepción, teatro.

1905              Trocitos de carbón. Apud Luz y bambalinas, antología de teatro para niños, Imprenta Tormo, Juguete cómico, en verso, inédita, Madre modelo.

El reino de Flora, música de Ismael Cardona. Las dos tinajas, Las cuatro y tres cuartos, Toño, El Candidato, Las nueve musas

Mañanita de sol.

Novela

1887              Elisa.

1890              El Sargento Gerard.

1918              El árbol enfermo, traducida al inglés por B.E.Bradford.

1920              La caída del águila.

1920              La Sirena.

1922              El Erizo, novela histórica (en la Biblioteca Nacional novela histórica) Juan Santamaría, hoy Benemérito de la Patria.

En su poesía fue espontáneo como en prosa:

1881              Lacrimae Rerum

1887              A Costa Rica

1890              El herrero de la aldea

1891                   Abandonado, Almas Buenas Rimas, Juan Santamaría y Sueños

1908              El trabajo (leer abajo)

1905              Ilusiones muertas

1911              Flores tronchadas

1925              Vagamunderías, poemas

1953              La muerte del quetzal

1890              Elisa

*1890-1891 Poemas en Lira costarricense.

 

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Lexicografía

1808              Reparos á los nahualismos de don Juan F.Ferraz.

1892              “Ensayo lexicográfico sobre la lengua de Térraba”

1892              Diccionario de Barbarismo y provincialismos de Costa Rica. Impreso por la Imprenta Nacional por orden del presidente José Joaquín Rodríguez.

1892              Ensayo lexicográfico sobre la lengua deTérraba, en colaboración con H.Pittier.

1917              Los aborígenes de Costa Rica

1919              Diccionario de costarriqueñismos.

Sin fecha:     Estudio sobre los indios güetares de Costa Rica, publicado en el periódico “El Imparcial”.

                       Costa Rica primitiva, inédita

                       s.f Cartilla de esperanto, inédita.

En los campos de Psicología y de Filosofía

1911              “Nociones de psicología para los Colegios de Segunda Enseñanza.

1918              “La ciencia y la metafísica”

Ensayo crítico en defensa de la Universidad a los 19 años

1884              Ensayo crítico en defensa de la Universidad. Buen éxito en su gestión formulada al presidente Próspero Fernández y al ministro de Instrucción Pública. Eusebio Figueroa.

                       Él fue alumno en los cursos de ingeniería dirigidos por Rodolfo Bertoglio y Lesmes Jiménez y en ese momento inicio su carrera literaria.

Autobiografía póstuma, testimonio del período costarricense en que vivió

Al través de mi vida. Imprenta de Costa Rica. Edición de 1976.

Historia de Costa Rica

1921              Documentos para la historia de Costa Rica.

Premio y miembro de las academias

1897              Bajo el presidente de Rodríguez recibió la medalla de plata en la exposición de Guatemala por el Diccionario de Barbarismos y provincialismos de Costa Rica (1892).

1922              SILLA O Carlos Gagini Chavarría. Fundador de la RAE de Costa Rica. E ingresa como miembro de la institución.

Miembro de la Real Academia Española de la Lengua.

Miembro de la Asociación de Autores y Artistas de Madrid.

Miembro de la Academia de Historia y Geografía de Brasil.

Miembro de la Academia de Ceará del Brasil.

Miembro de la Academia de la Lengua de El Salvador.

Miembro de la Academia de la Lengua de Guatemala.

Miembro de la Academia de la Lengua de Venezuela.

Miembro de la Academia de Historia de Río Janeiro.

Carlos Gagini se constituyó en el maestro nacional. Posee las características de nobleza y patriotismo que se exigen para reconocerlas a través de ser “Benemérito de la Patria”, sobre todo en él se resumen los más altos anhelos de identificación patria y ejemplo para las generaciones pasadas, presentes y venideras todo lo más relevante de la historia de nuestro país lo escribió en su autobiografía, “Al través de mi vida” en 1917.

Hay que resaltar su preocupación social siempre demostrada en hechos, así sucedió cuando escribió la letra del himno “Los obreros”, el cual se estrenó en 1902, con música de J.J. Vargas Calvo para el partido de obreros que surgió de las injusticias sociales.

 

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El 31 de marzo de 1925 murió con 60 años con su divisa humana y fecunda “por la literatura y por educación” de 45 años consecutivos a la enseñanza de servicios prestados a la instrucción académica y una gran producción literaria amplia y sólida en las diversas disciplinas enunciadas arriba, a pesar de que en la sociedad del siglo XIX en que vivió estuvo muy agitada de golpes militares, donde se ponían y se quitaban gobiernos y destierros políticos estaban a la orden del día, no fueron obstáculos para él, ni la situación política ni la pobreza, sino todo lo contrario retos para mejorar el sistema al alcance de sus límites humanos.

En el año 2015 cumple don Carlos Gagini Chavarría 150 años de nacimiento. En momentos en que los valores se van perdiendo, es menester que se envíe un mensaje claro a las presentes y futuras generaciones que reconociéndole a personas extraordinarias como Carlos Gagini, en la figura del Benemérito de la Patria, damos fe de que la conducta de honradez intachable, el ánimo de servicio desinteresado al país y sus habitantes, el don de ser un hombre de familia, trabajador incansable y orgulloso representante de nuestra nación sea un mérito enorme para la patria, este gran acontecimiento, en el año 2015 para cumplir a cabalidad su intuición:

 

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Además, la actitud del Benemérito Don Carlos Gagini fue ejemplar en las siguientes etapas de su vida:

1.    De joven tuvo que renunciar a dos becas de estudios para ser útil al país.

2.    Como maestro ejerció su profesión al servicio de la calidad de la enseñanza de los alumnos, por el bien del país presentó una solicitud de: Iniciativa al Congreso Constitucional, el de 4 de junio de 1920, R1019, N.º 25, terminándola con la siguiente frase: “Como profesor y ciudadano tengo derecho de denunciar los males; toca al gobierno remediarlos”.

3.    Durante la etapa de la identificación nacional fue guía extraordinario de nuestro pueblo por medio de la literatura, la cual desempeñó un papel importante social y político en la vida de los costarricenses de su época.

4.    Durante los cambios socio-políticos con un inconmensurable patriotismo manifestaba los peligros de la nación por medio de sus novelas y cuentos.

5.    Como profesor, director durante diferentes instituciones de su vida, dio muestras de su capacidad, honradez y entrega al servicio de sus semejantes, manifestando abiertamente el derecho de la igualdad de género, del trabajador, del indígena y de la naturaleza.

6.    Su preocupación por lo nacional llevó al país a formar parte de la lexicografía latinoamericana como pionero del primer diccionario hecho e imprimido en el país introduciendo el concepto del “idioma patrio”.

7.    Se enfrentó a los problemas de su tiempo decidido y los defendió resueltamente por medio de la palabra.

8.    Su nombramiento como Benemérito de la Patria recuperará para las futuras generaciones costarricenses, valores y costumbres dignas de revivirlas para el progreso de la nuestra patria.

Por las razones expuestas, someto a la consideración de las señoras diputadas y de los señores diputados, el siguiente proyecto de acuerdo.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

ACUERDA:

DECLARACIÓN COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA

PARA EL EXIMIO CIUDADANO CARLOS GAGINI

CHAVARRÍA

ARTÍCULO ÚNICO.-     Declárase al eximio ciudadano, don Carlos Gagini Chavarría, Benemérito de la Patria.

Rige a partir de su aprobación.

Adonay Enríquez Guevara

DIPUTADO

10 de setiembre de 2013

NOTA:    Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Honores.

1 vez.—O. C. Nº 23285.—Solicitud Nº 101-00533-L.—(IN2013063624).

PROYECTO DE LEY

PARA QUE EL MINAE REALICE UN ESTUDIO TÉCNICO

INTEGRAL EN EL REFUGIO NACIONAL DE VIDA

SILVESTRE CORREDOR FRONTERIZO NORTE

PARA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

A SUS OCUPANTES

Expediente N.º 18.908

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Ley de Tierras y Colonización N.º 2825 de 1961, en el artículo 7 inciso f), declaró propiedad agrícola del Estado los terrenos comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá.

En La Gaceta N.º 48 de 9 de marzo de 1994, el Poder Ejecutivo declaró Refugio Nacional de Vida Silvestre al corredor fronterizo conformado por los terrenos comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de la frontera con Nicaragua desde Punta Castilla en el Mar Caribe hasta Bahía Salinas en el Océano Pacífico.

Tal declaratoria obedeció a que la zona es un importante corredor biológico entre el Área de Conservación Tortuguero, los Humedales de Tamborcito y Maquenque, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro y la Reserva Forestal El Jardín.

Sin embargo existen amplias zonas incluidas en este Refugio que han sido colonizadas y ocupadas desde hace muchos años, existiendo en ellas pueblos enteros como La Boca del San Carlos, La Cureña, Fátima y Delta Costa Rica. Lógicamente en esos pueblos están ubicadas instalaciones de instituciones públicas, iglesias y otros servicios comunales.

También hay grandes terrenos dedicados a la agricultura desde mediados del siglo pasado en donde la cubierta forestal prácticamente no existe, habiendo tenido los ocupantes de las mismas que adaptarse a las condiciones de manejo que se exigen en un Refugio de Vida Silvestre.

Con la publicación de la Ley N.º 7774, de 21 de mayo de 1991, se desafecta un área de 48 hectáreas 9.091.64 metros cuadrados, los cuales según la ley citada quedan en administración del IDA y la Municipalidad de la Cruz y que corresponde a la zona en la que opera la Aduana de Peñas Blancas.

En junio de 2010 se publica la Ley N.º 8803 que desafecta un área total de ciento veintiún mil doscientos treinta y siete metros con veintitrés centímetros cuadrados para la instalación y operación de las instituciones del Estado, prestadoras de los servicios públicos requeridos para la adecuada operación del puesto fronterizo de Tablillas.

Cabe mencionar que de acuerdo con el IGN el Estado no ha invertido en un plan nacional de fronteras, y por lo tanto no se conocen con exactitud los perímetros completos de las líneas fronterizas solo en los pocos sectores donde se ha trabajo en los últimos años. Estos microprocesos son muy caros para las instituciones y al final se resuelven problemas en sectores que no representan un valor significativo dentro de la frontera misma.

Se subraya que en esta temática además del Instituto Geográfico Nacional, hay varias instituciones estatales involucradas en la ejecución de los procesos, por mencionar algunas esta la Procuraduría General de la República, Ministerio de Ambiente y Energía, municipalidades y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.

Los cantones y distritos que conforman esta faja del territorio nacional son:

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En relación con el uso de la tierra en las zonas limítrofes el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) indica que en estos espacios existen importantes brechas de desarrollo y bienestar que revelan la urgencia de concentrar esfuerzos del Estado a fin de solventarlas. Por ejemplo en el caso de la zona norte al ser esta un área protegida bajo la categoría de Refugio Nacional de Vida Silvestre, los habitantes de esta zona están en condición de desventaja, pues no pueden tener título de propiedad lo que dificulta su desarrollo individual y colectivo^[1].

Probablemente para muchos los desalojos forzosos no constituyen una materia de derechos humanos, sino consecuencia de un efecto secundario del desarrollo o de la renovación urbana o un aspecto de la protección del medio ambiente; no obstante solo la constante amenaza o el hecho de ser desalojado por la fuerza de su casa o de su tierra genera una de las mayores iniquidades que se realizan contra una persona, una familia, un hogar o una comunidad^[2].

La Ley N.º 9073, Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, dice en su artículo 1:

ARTÍCULO 1.-    Por el plazo de veinticuatro meses, se suspenderá el desalojo de personas, demolición de obras, suspensión de actividades y proyectos en la zona marítimo-terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado.

Esta moratoria vence el 25 de octubre de 2014 y los ocupantes del corredor fronterizo nuevamente pasarán por las penurias y difíciles situaciones familiares ante eventuales desalojos.

El Minae, con recursos de preinversión de Mideplán ejecutará un estudio integral de todo el Refugio Nacional de Vida Silvestre corredor fronterizo, este estudio que será la base para determinar posteriormente con referencias técnicas y legales el futuro de la tenencia en el mismo, demorará cerca de un año.

Posterior al estudio vendrán las propuestas de desafectación y establecimiento del régimen de tenencia de la tierra en el Refugio Nacional, así como la importante discusión nacional relacionada al ancho de franja que el Estado se debe reservar en la frontera norte; todo lo cual se deberá reflejar en una ley que regule y resuelva en definitivo el problema social de seguridad y de protección ambiental que conviven en la zona y que afecta directamente a los ocupantes e indirectamente a todos los habitantes del país.

Es por ello que proponemos el presente proyecto de ley para otorgar tiempo y tranquilidad solamente a los actuales ocupantes del Refugio Nacional y no a potenciales ocupantes; a la vez que se da tiempo para que Minae realice el estudio técnico y se permita se tomen las correctas decisiones para el futuro del país.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

PARA QUE EL MINAE REALICE UN ESTUDIO TÉCNICO

INTEGRAL EN EL REFUGIO NACIONAL DE VIDA

SILVESTRE CORREDOR FRONTERIZO NORTE

PARA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

A SUS OCUPANTES

ARTÍCULO 1.-  El objetivo de la presente ley es contar con un registro objetivo, técnico y claro de los habitantes que ocupan terrenos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, así como de ser necesario, ajustar, según corresponda, la naturaleza o régimen de protección y conservación, y determinar las zonas con posibilidad de ser desafectadas en esa porción del territorio nacional.

ARTÍCULO 2.-  Encárguese al Ministerio de Ambiente y Energía representado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a efectuar un censo de población en el mencionado Refugio y elaborar el Plan General de Manejo del mismo, así como los estudios técnicos y jurídicos necesarios para determinar cuáles de esas áreas pueden ser susceptibles de desafectación y reconocimiento de derechos a sus ocupantes; y cuáles por su importancia ambiental requieren mantenerse en un régimen de protección y conservación.

ARTÍCULO 3.-  En el marco y condiciones establecidas en la Ley N.º 9073 “Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales”, ninguna institución pública podrá proceder a desalojar a las personas que actualmente ocupan terrenos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, si antes el Ministerio de Ambiente y Energía no ha finalizado con los estudios indicados en el artículo 2 de esta ley y se haya aprobado la ley de régimen especial para esa zona.

Lo anterior no limita la aplicación del artículo 3 de la Ley N.º 9073, cuando se determine la comisión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente.

ARTÍCULO 4.-  Se autoriza a las municipalidades, ministerios y demás instituciones públicas, instituciones autónomas y semiautónomas, a destinar los recursos necesarios y a brindar la información requerida, para apoyar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en la realización del censo y en la elaboración de los estudios mencionados en el artículo 1 y 2 de esta ley.

ARTÍCULO 5.-  Durante la vigencia de la presente ley, el Estado no deberá permitir que se den nuevas ocupaciones en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte.

ARTÍCULO 6.-  Se autoriza al INEC, municipalidades, ministerios y demás instituciones públicas, instituciones autónomas y semiautónomas, a destinar los recursos necesarios para apoyar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación en la realización del censo y elaboración de los estudios técnicos mencionados en los artículos 1 y 2 de esta ley.

ARTÍCULO 7.-  Se autoriza a las municipalidades, en las zonas de su competencia, a aplicar la presente ley, previo acuerdo razonado del concejo municipal respectivo.

Rige a partir de su publicación.

Néstor Manrique Oviedo Guzmán   María Jeannette Ruiz Delgado

Edgardo Araya Pineda                       Pilar Porras Zúñiga

Luis Alberto Rojas Valerio               Adonay Enríquez Guevara

José Joaquín Porras Contreras

DIPUTADAS Y DIPUTADOS

11 de setiembre de 2013

NOTA:    Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.

1 vez.—O. C. Nº 23285.—Solicitud Nº 101-00524-L.—(IN2013063627).

LEY DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA

Expediente N.º 18.909

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, entró en vigencia en el mes de enero de 1995. La defensa de los derechos del consumidor, la promoción de la competencia y la eliminación de las regulaciones innecesarias fue lo que se estableció como objetivo y fin en esa ley.

Desde ese entonces y hasta la fecha, el país ha vivido importantes y profundos cambios en materia económica y de comercio internacional. Se han acentuado los procesos de desregulación, privatización y liberalización; y se han firmado varios tratados de libre comercio. El énfasis ha estado en el predominio del mercado, la apertura comercial y la atracción de la inversión extranjera directa.

Esto ha contribuido no solo a modificar la estructura productiva, sino también las relaciones de poder entre los distintos agentes económicos. La presencia del capital transnacional, actuando por sí mismo o en conjunto con el gran capital nacional, ha conllevado a la aparición de grandes jugadores en diferentes áreas de la actividad productiva nacional. Esto ha conllevado a que los agentes económicos con mayor poder impongan sus condiciones, afectando no solo a los consumidores, sino también a otros agentes productores, proveedores, distribuidores o comercializadores.

Los cambios en materia económica y comercial, en las prácticas y estrategias empresariales, en las relaciones de poder, no solo se han dado en nuestro país, sino también en otras latitudes. Estos cambios obligan a los países a revisar sus leyes, a actualizarlas, a reforzar sus marcos regulatorios. El derecho comparado permite constatar esta situación, en lo que respecta a la defensa de la competencia, en países como España, México, Brasil, Colombia, Chile o El Salvador.

En nuestro país ya se han dado varias reformas a la Ley N.º 7472 y en la Asamblea Legislativa hay varias iniciativas en el mismo sentido pendientes de aprobación, tales como las que se están tramitando mediante los expedientes 16.434, 17.348 y 17.519.

Las reformas que se han dado y las que están pendientes han sido parciales, excepto en el caso de la iniciativa bajo el expediente 17.348, la cual se presenta como una reforma integral. Sin embargo, en todos los casos se sigue abordando de manera conjunta la defensa de los derechos del consumidor, la promoción de la competencia, la mejora regulatoria y la simplificación de los trámites.

En el caso de España y de los otros países citados, estos han elaborado leyes específicas en lo que respecta a la defensa de la competencia económica. Es decir, no mezclan este tema con los otros que aborda, en el caso de Costa Rica, la Ley N.º 7472.

En este sentido, esta iniciativa tiene como objetivo la creación de una ley específica e integral en materia de defensa de la competencia económica. Por supuesto, pretende actualizar y fortalecer lo desarrollado hasta el momento, mediante la eliminación, el mejoramiento o la incorporación de nuevos aspectos. Para llevar a cabo esta labor se revisó la Ley N.º 7472, la propuesta contenida en los expedientes señalados y la revisión de las leyes de competencia de los países citados, extrayendo e incorporando en la iniciativa los aspectos relevantes.

Seis capítulos conforman este proyecto de ley. El primero establece algunas disposiciones generales, que incluyen el objeto, las definiciones y el ámbito de aplicación. Cabe destacar que lo establecido en esta iniciativa no aplica a los concesionarios de servicios públicos en virtud de una ley, a los que ejecutan actos debidamente autorizados en leyes especiales y a los monopolios del Estado, todos estos en los términos y condiciones que establece su normativa.

El capítulo II aborda el tema de las prácticas restrictivas de la competencia, las cuales se prohíben de manera general. Se establece que las prácticas monopolísticas absolutas son nulas de pleno derecho. En lo que respecta a las prácticas monopolísticas relativas, se le encomienda a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) determinar cuándo una de estas prácticas es violatoria de lo establecido en esta propuesta de ley. En los artículos de este capítulo se definen y tipifican estas prácticas y se señalan los aspectos a considerar para su valoración. Al igual que en la Ley de Competencia de España, en este apartado se señala el procedimiento en lo que respecta a las prácticas o conductas monopolísticas, aspecto que no contiene la Ley N.º 7472 ni las propuestas de los expedientes citados.

El tema de las concentraciones económicas se trata en el capítulo III. En este se define lo que es una concentración y se prohíben de manera general. Le corresponde a la Conacom valorar, siguiendo determinados aspectos, si una determinada concentración viola lo estipulado en esta iniciativa de ley. Al igual que en las leyes de varios de los países citados y en la propuesta contenida en el expediente 17.348, en esta iniciativa se establece como obligatorio la notificación ex ante de determinadas concentraciones económicas, cuya autorización o denegación se le asigna a la Conacom. De nuevo, al igual que se hace en España, en esta propuesta se establece el cobro por el estudio y análisis de las concentraciones que deben notificarse; también se establece la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda valorar las concentraciones atendiendo a determinados criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia. Se señala el procedimiento y se establece que la ejecución de las concentraciones que deben notificarse no puede darse hasta que no lo autorice la Conacom.

En el capítulo IV se da la creación de la Comisión Nacional de Competencia (Conacom), donde se indican aspectos como el de su integración, los requisitos que deben cumplir las personas que la conforman y las causas de cese de estos y la conformación del cuórum. Se incluye también y se amplían las potestades de la Comisión. Se establece la obligatoriedad de la coordinación entre la Comisión y los órganos reguladores sectoriales, que incluye no solo a los del ámbito financiero, sino también a los que tienen que ver con la prestación de servicios públicos como transporte, electricidad, telecomunicaciones, agua, etc. También se da la creación de la Dirección de Apoyo de la Comisión y se establece la potestad de inspección que tiene. Un elemento nuevo que se incorpora es el que tiene que ver con la transparencia de la Comisión, que incluye, entre otras cosas, la publicidad de sus acuerdos y resoluciones y la obligatoriedad de remitir la memoria anual y la evaluación cuatrienal a la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

El procedimiento general y el régimen sancionador se abordan en el capítulo V. En este se contemplan aspectos como el del inicio del procedimiento, la obligatoriedad de brindar información, el carácter confidencial y secreto de esta, la suspensión y ampliación de plazos, el archivo de las denuncias o investigaciones, las resoluciones y la vigilancia de su cumplimiento. Se establecen y amplían las facultades de inspección que tienen la Comisión y la Dirección de apoyo. También se trata el tema de las conductas infractoras y se establecen las sanciones a los infractores. Se incorpora en qué casos la Comisión puede reducir las sanciones o incluso eximir a los agentes infractores del pago del monto de estas. Se aborda también lo que respecta a la prescripción de las prácticas prohibidas y las sanciones, así como lo referente a la publicidad de las sanciones.

Un aspecto importante de destacar es lo que tiene que ver con el destino de los ingresos que obtiene la Comisión por el cobro de la realización de análisis y estudios de las concentraciones y las multas impuestas a los infractores sancionados. Al igual que se establece en la Ley de Competencia de México, en esta propuesta de ley se indica que dichos recursos financieros deben destinarse únicamente a los programas de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa.

Por último, en el capítulo VI se señalan las modificaciones y derogaciones que deben hacerse en el texto de la Ley de de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, ya que esta iniciativa de ley saca el tema de la competencia de dicho texto. En el capítulo también se incorporan algunas disposiciones finales.

Con base en todo lo anterior, someto a conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa, el presente proyecto de ley de la competencia económica.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.-       Objeto

El objeto de la ley es la defensa de la competencia económica, mediante la prohibición, prevención o eliminación de las concentraciones económicas y las prácticas o conductas restrictivas de la competencia, que afectan negativamente el funcionamiento eficiente del mercado.

ARTÍCULO 2.-       Definiciones

Agente económico: en el mercado, toda persona física o jurídica, entidad de hecho o de derecho, pública o privada, con o sin fines de lucro, nacional o extranjera, que participa en cualquier forma de actividad económica, como coordinador, comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios, en nombre propio o por cuenta ajena, con independencia de que estos sean importados o nacionales, o que hayan sido producidos o prestados por él o por un tercero.

Conacom: Comisión Nacional de la Competencia o la Comisión.

DA: Dirección de Apoyo.

Fijación de precios: práctica o conducta mediante la cual dos o más agentes económicos que producen un mismo bien o prestan un mismo servicio, en todo o en parte del mercado nacional, se ponen de acuerdo respecto al precio de este, independientemente de lo que le cuesta a cada uno producirlo.

MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Mercado relevante: definido de manera conjunto por el mercado geográfico y el mercado de bienes y servicios. El primero se refiere al área geográfica en la cual operan los agentes económicos competidores y en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas; el segundo comprende todos los bienes o servicios considerados sustitutos.

Órganos reguladores sectoriales: se refiere, entre otros, a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese).

Posición de dominio: poder que tiene un agente económico para, de manera previsible e independiente, influenciar de forma sustancial el funcionamiento de un mercado. Un agente económico con poder o posición de dominio puede desplazar, cuando lo desea, a otros agentes económicos competidores, y puede determinar de manera decisiva el comportamiento de los demás agentes. La posición de dominio le permite a un agente económico obtener rentas monopólicas, a través de la reducción de la oferta o el incremento de precios por encima del nivel competitivo.

Menor salario mínimo mensual: se refiere al monto del menor salario mínimo mensual incluido en la lista de salarios mínimos para el sector privado, la cual pública el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante Decreto Ejecutivo. Estos salarios mínimos son fijados por el Consejo Nacional de Salarios, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 832.

ARTÍCULO 3.-       Ámbito de aplicación

Esta ley aplica a toda persona física o jurídica, entidad de hecho o de derecho, pública o privada, con o sin fines de lucro, nacional o extranjera, que participa en cualquier forma de actividad económica.

Se exceptúan de la aplicación de esta ley a los concesionarios de servicios públicos en virtud de una ley, a los que ejecutan actos debidamente autorizados en leyes especiales y a los monopolios del Estado, todos estos en los términos y condiciones que establece su normativa.

CAPÍTULO II

PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA

ARTÍCULO 4.-       Prohibición general

Se prohíben las prácticas o conductas que impiden, limitan o disminuyen la competencia económica, en la producción, procesamiento, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios.

Son responsables solidarios los agentes económicos que hayan adoptado la decisión y el directamente involucrado en la conducta prohibida por esta ley.

ARTÍCULO 5.-       Prohibición de prácticas monopolísticas absolutas

Se prohíben las prácticas monopolísticas absolutas, las cuales deben sancionarse conforme a esta ley.

Las prácticas monopolísticas absolutas son los contratos, convenios, arreglos, acuerdos, prácticas concertadas o conscientemente paralelas, procedimientos, actos o combinaciones de estos, entre agentes económicos competidores entre sí, que tienen por objeto, producen o pueden producir el efecto de impedir, limitar o disminuir la competencia económica en todo o parte del mercado nacional. En particular, son aquellas prácticas cuyo objeto o efecto es cualquiera de los siguientes:

a)    La fijación, de forma directa o indirecta, de precios de los bienes y servicios.

b)    El intercambio de información para la fijación de precios.

c)    La limitación o el control de la producción, procesamiento, transporte, distribución, comercialización, desarrollo técnico o las inversiones.

d)    El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.

e)    El establecimiento, concertación o coordinación de las ofertas o la abstención en las licitaciones, concursos, remates o subastas públicas o privadas.

f)       La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que colocan a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.

g)    La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guardan relación con el objeto de tales contratos.

h)    La negación a comprar o vender bienes o servicios.

i)     La denegación de acceso al mercado a un ente de hecho o de derecho.

Las prácticas a las que se refiere este artículo son nulas de pleno derecho, y los agentes económicos que incurren en ellas serán sancionados conforme a esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere resultar.

ARTÍCULO 6.-  Prohibición de prácticas monopolísticas relativas

Se prohíben, se consideran violatorias de esta ley, y deben sancionarse conforme a esta, las prácticas monopolísticas relativas, en las que se comprueben las siguientes tres condiciones:

1.-   El agente económico que realiza la práctica tiene posición de dominio en el mercado relevante.

2.-   La práctica se realiza respecto de los bienes o servicios que corresponden o están relacionados con el mercado relevante de que se trate.

3.-   La práctica ha producido o puede producir el desplazamiento indebido de otros agentes en el mercado relevante, el impedimento sustancial de su acceso, o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos.

Las prácticas monopolísticas relativas son los contratos, convenios, arreglos, acuerdos, prácticas concertadas o conscientemente paralelas, procedimientos, actos o combinaciones de estos, realizados por uno o varios agentes económicos con posición de dominio en el mercado relevante, cuyo objeto o efecto es o puede ser el desplazamiento indebido de otros agentes en dicho mercado, el impedimento sustancial de su acceso, o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos. En particular, la práctica puede tener los siguientes objetos o efectos:

a)    La fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución o comercialización exclusiva de bienes o servicios, por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de tiempo determinados, incluyendo la división, la distribución o la asignación de clientes o proveedores, entre agentes económicos que no son competidores entre sí.

b)    La imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determinado o determinable, entre agentes económicos que no son competidores entre sí.

c)    La imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un proveedor o distribuidor de bienes o servicios.

d)    La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre la reciprocidad.

e)    La venta, la transacción o el otorgamiento de descuentos o beneficios comerciales, sujeto a la condición de no usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, transportados, distribuidos o comercializados por un tercero.

f)       La acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a determinados agentes económicos, bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros.

g)    La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a estos, para ejercer presión contra algún agente económico o para rehusarse a vender, comercializar o adquirir bienes o servicios a dicho agente económico, con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado.

h)    La venta sistemática de bienes o servicios a precios por debajo de su costo medio total o su venta ocasional por debajo del costo medio variable, cuando existen elementos para presumir que estas pérdidas son recuperadas mediante incrementos futuros de precios. Cuando se trata de bienes o servicios producidos conjuntamente o divisibles para su comercialización, el costo medio total y el costo medio variable deben distribuirse entre todos los subproductos o coproductos.

i)     El uso, por parte de un agente económico, de las ganancias que obtiene de la venta, comercialización o prestación de un bien o servicio, para financiar las pérdidas producto de la venta, comercialización o prestación de otro bien o servicio.

j)     El establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes compradores o vendedores situados en igualdad de condiciones.

k)    Las acciones que, directa o indirectamente, incrementan los costos, obstaculizan el proceso productivo o reducen la demanda que enfrentan los demás agentes económicos.

ARTÍCULO 7.-  Carácter violatorio y sancionable de las prácticas monopolísticas relativas

Le corresponde a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) determinar el carácter violatorio y sancionable de las prácticas monopolísticas relativas. En su resolución, la Comisión debe analizar las pruebas que aportan los agentes económicos involucrados, que demuestran o comprueban las ganancias en eficiencia económica derivadas de la conducta y que inciden favorablemente en la competencia económica. Las ganancias en eficiencia económica pueden incluir:

a)    La introducción de bienes y servicios nuevos.

b)      El aprovechamiento de saldos, bienes defectuosos o perecederos.

c)    Las reducciones de costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y métodos de producción, de la integración de activos, de los incrementos en la escala de la producción y de la producción de bienes o servicios diferentes con los mismos factores de producción.

d)    La introducción de avances tecnológicos que producen bienes o servicios nuevos o mejorados.

e)    La combinación de activos productivos o inversiones y su recuperación que mejoran la calidad o amplían los atributos de los bienes y servicios.

f)     Las mejoras en calidad, inversiones y su recuperación, oportunidad y servicio que impactan favorablemente en la cadena de distribución.

g)    Que no causan un aumento significativo en precios, o una reducción significativa en las opciones del consumidor, o una inhibición importante en el grado de innovación en el mercado relevante.

h)    Las demás que demuestran que las aportaciones netas al bienestar del consumidor derivadas de dichas prácticas superan sus efectos anticompetitivos.

ARTÍCULO 8.-  Posición de dominio en el mercado relevante

Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen una posición de dominio en el mercado relevante, debe considerarse:

a)    La participación del agente económico en el mercado relevante y la posibilidad de este de fijar precios unilateralmente o de restringir el abastecimiento en dicho mercado, sin que los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar esa posición.

b)    La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente pueden alterar tanto esas barreras como la oferta de otros agentes económicos.

c)    La existencia y posición de los demás agentes económicos en el mercado relevante.

d)    Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a las fuentes de insumos.

e)    El comportamiento reciente de los agentes económicos en el mercado relevante.

f)     Los demás criterios que se establecen en el reglamento de esta ley, así como los criterios técnicos que para tal efecto emite la Conacom.

ARTÍCULO 9.-       Posición de dominio de dos o más agentes económicos en el mismo mercado relevante

Para determinar la existencia de posición de dominio de dos o más agentes económicos en el mismo mercado relevante, la Conacom debe acreditar lo siguiente:

a)    Que se cumplen los criterios establecidos en el artículo 8 de esta ley para los agentes económicos involucrados considerados en conjunto.

b)    Que existe un comportamiento similar sostenido, implícito o explícito, entre los agentes económicos de que se trate.

c)    Que existen barreras de entrada al conjunto de agentes económicos involucrados, así como barreras de entrada al mercado relevante.

d)    Que existe una disminución, daño o impedimento, actual o potencial, al proceso de competencia.

e)    Los demás criterios que se establecen en el reglamento de esta ley, así como los criterios técnicos que para tal efecto emite la Conacom.

ARTÍCULO 10.-     Mercado relevante

Para determinar el mercado relevante deben considerarse los siguientes criterios:

a)    Las posibilidades de sustituir el bien o el servicio de que se trate, por otro de origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, el grado en que los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar tal sustitución.

b)    Los costos de distribución del bien mismo, de sus insumos relevantes, de sus complementos y de sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y del extranjero, teniendo en cuenta los fletes, los seguros, los aranceles, las restricciones no arancelarias, las limitaciones impuestas por los agentes económicos o sus organizaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esos otros lugares.

c)    Los costos y las posibilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados.

d)    Las restricciones normativas, nacionales o internacionales, que limitan el acceso de los usuarios o consumidores a las fuentes de abastecimiento alternativas, o el de los proveedores a los clientes alternativos.

ARTÍCULO 11.-     Procedimiento en el caso de las prácticas restrictivas de la competencia económica

a)    El procedimiento inicia de oficio o por denuncia. Cualquier agente económico, interesado o no, puede presentar denuncia, con el contenido que se establece reglamentariamente. La Conacom abre expediente cuando se observan indicios racionales de la existencia de prácticas prohibidas y notifica a los interesados el acuerdo de instrucción.

b)    Ante el conocimiento o la denuncia de la posible existencia de una infracción, la Comisión puede realizar una información reservada, incluso con investigación domiciliaria de los agentes implicados, con el fin de determinar con carácter preliminar si concurren las circunstancias que justifican la instrucción del expediente sancionador.

c)    La Comisión puede acordar no iniciar los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas y el archivo de las actuaciones, cuando considere que no hay indicios de infracción de esta ley.

d)    La Comisión, una vez abierto el expediente, debe llevar a cabo los actos de instrucción necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

e)    Una vez instruido el expediente, la Comisión puede adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares necesarias tendientes a asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte. La Comisión tiene un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud, para dictar y notificar la resolución relativa a la adopción de medidas cautelares, en los casos en que actúa por instancia de parte; si la solicitud se presenta antes de la apertura del expediente, el plazo corre a partir de la fecha del acuerdo de instrucción del expediente. El vencimiento del plazo determina la desestimación de la adopción de las medidas cautelares.

f)     Los agentes económicos que argumentan ganancias en eficiencia económica deben aportar las pruebas.

g)    Los hechos que pueden ser constitutivos de infracción se deben recoger en un pliego de concreción de hechos, el cual debe ser notificado a los interesados para que, dentro de un plazo de quince (15) días naturales contados a partir de la notificación, lo contesten y, en su caso, propongan las pruebas que consideran pertinentes.

h)    Los agentes económicos interesados pueden solicitar audiencia ante la Comisión.

i)     La Comisión puede resolver la terminación del procedimiento sancionador, cuando los presuntos infractores proponen compromisos que resuelven los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente y queda garantizado suficientemente el interés público. Los compromisos son vinculantes y surten plenos efectos una vez incorporados a la resolución que pone fin al procedimiento. Lo estipulado en este inciso i) no puede acordarse una vez elaborada la propuesta de resolución señalada en el inciso j) de este artículo.

j)     Practicados los actos de instrucción necesarios, la Comisión debe formular la propuesta de resolución, la cual debe ser notificada a los interesados para que, dentro de un plazo de quince (15) días naturales contados a partir de la notificación, formulen las alegaciones que tengan por convenientes.

k)    La Comisión tiene un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha del acuerdo de instrucción del expediente, para dictar y notificar la resolución que pone fin al procedimiento. La distribución de los plazos entre las fases de instrucción y resolución se establecen reglamentariamente. El vencimiento del plazo determina la caducidad del procedimiento.

l)     La Comisión, concluida las actuaciones, dictará resolución.

m)   Las resoluciones de la Comisión pueden declarar la existencia de conductas prohibidas por la presente ley, la existencia de conductas que no son capaces de afectar de manera significativa a la competencia o la inexistencia de prácticas prohibidas. Las resoluciones pueden contener la orden de cesación de las conductas prohibidas en un plazo determinado, la imposición de condiciones u obligaciones determinadas, la orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al interés público, la imposición de multas, el archivo de las actuaciones de acuerdo al inciso c) de este artículo y cualquier otra medida cuya adopción le autoriza esta ley.

n)    La Comisión puede, de oficio o a instancia de parte, aclarar conceptos o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones. Las aclaraciones o adiciones pueden hacerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución o, en su caso, a la petición de aclaración o adición, que debe presentarse dentro del plazo improrrogable de tres (3) días hábiles siguientes al de la notificación. Los errores materiales y los aritméticos pueden ser rectificados en cualquier momento.

o)    La Comisión puede proceder a la revisión de las condiciones y de las obligaciones impuestas en sus resoluciones, cuando se acredita una modificación sustancial y permanente de las circunstancias tenidas en cuenta al dictarlas.

CAPÍTULO III

CONCENTRACIONES ECONÓMICAS

ARTÍCULO 12.-     Concentraciones económicas

Una concentración económica se produce cuando tiene lugar un cambio estable del control de la totalidad o parte de uno o varios agentes económicos, como consecuencia de la fusión de dos o más agentes económicos anteriormente independientes, la adquisición por un agente económico del control sobre la totalidad o parte de uno o varios agentes económicos, o la creación de un agente económico en participación.

El control resulta de los contratos, derechos o cualquier otro medio que, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, confieren la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre un agente económico y, en particular mediante:

a)    Derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de parte de los activos de un agente económico.

b)    Contratos, derechos o cualquier otro medio que permiten influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos del agente económico.

En particular, se entiende como concentración económica la fusión, la compra venta de establecimiento mercantil o cualquier otro acto o contrato, mediante los cuales se concentran las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, los fideicomisos, los poderes de dirección, los activos, o se da la creación de un nuevo agente económico, cuyo objeto o efecto es la obtención del control.

ARTÍCULO 13.-     Prohibición de las concentraciones económicas

Se prohíben, se consideran violatorias de esta ley y deben sancionarse conforme a esta, las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto es impedir, limitar o disminuir la competencia económica, respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.

Se deben considerar como indicios de la afectación de la competencia económica, que la concentración económica o tentativa de esta:

a)    Confiere o puede conferir al fusionante, al adquirente o agente económico resultante de la concentración, el poder de fijar precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abastecimiento o suministro en el mercado relevante, sin que los agentes económicos competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder.

b)    Tiene o puede tener por objeto indebidamente desplazar a otros agentes económicos, o impedirles el acceso al mercado relevante.

c)    Tiene por objeto o efecto facilitar sustancialmente el ejercicio de las prácticas monopolísticas absolutas y relativas señaladas en esta ley.

ARTÍCULO 14.-     Carácter violatorio y sancionable de las concentraciones económicas

Le corresponde a la Conacom determinar el carácter violatorio y sancionable de las concentraciones económicas, así como autorizar, condicionar, denegar u ordenar la desconcentración total o parcial de estas. En su resolución, la Comisión debe considerar los siguientes aspectos:

a)    La estructura de todos los mercados relevantes.

b)    La posición en los mercados y la fortaleza económica y financiera de los agentes económicos afectados.

c)    La competencia real o potencial de agentes económicos situados dentro o fuera del territorio nacional.

d)    Las posibilidades de elección de proveedores y consumidores, el acceso a las fuentes de suministro o a los mercados.

e)    La existencia de barreras para el acceso a dichos mercados.

f)     La evolución de la oferta y de la demanda de los bienes y servicios de que se trate.

g)    El poder de negociación de la demanda o de la oferta y la capacidad para compensar la posición en el mercado de los agentes económicos afectados.

h)    Las eficiencias económicas derivadas de la operación de concentración y, en particular, la contribución que la concentración puede aportar a la mejora de los sistemas de producción o comercialización así como a la competitividad empresarial, y la medida en que dichas eficiencias son trasladadas a los consumidores intermedios y finales, en concreto, en la forma de una mayor o mejor oferta y de menores precios.

i)     Los demás criterios que se establecen en el reglamento de esta ley, así como los criterios técnicos que para tal efecto emite la Conacom.

ARTÍCULO 15.-     Concentraciones económicas que deben notificarse previamente

Las siguientes concentraciones económicas deben notificarse y solicitar autorización a la Conacom, previamente a su ejecución.

a)    Las que permiten adquirir o incrementar una cuota igual o superior al treinta por ciento (30%) del mercado relevante de producto o servicio, en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro de dicho ámbito.

b)    Las que conllevan a que el monto de la suma del total de los activos productivos de los agentes económicos involucrados y sus casas matrices, exceda el monto equivalente a cuarenta y cinco mil (45.000) veces el monto del menor salario mínimo mensual, en el territorio nacional. Lo anterior aplica para transacciones sucesivas que se perfeccionen dentro de un plazo de dos años y que en total supere ese monto.

c)    Las que conlleven a que el monto de la suma de los ingresos totales de todos los agentes económicos involucrados, generados en el territorio nacional en el último año fiscal, exceda el monto equivalente a cuarenta y cinco mil (45.000) veces el monto del menor salario mínimo mensual.

Están obligados a notificar y solicitar autorización:

1.-   Conjuntamente las partes que intervienen en una fusión, en la creación de un agente económico en participación o en la adquisición del control conjunto sobre la totalidad o parte de uno o varios agentes económicos.

2.-   Individualmente, la parte que adquiere el control exclusivo sobre la totalidad o parte de uno o varios agentes económicos.

En los casos en que una concentración económica, que debe notificarse y pedir su autorización, no cumpla con dicha disposición, la Conacom debe requerir de oficio dicha notificación a los agentes económicos obligados, los cuales deben actuar en un plazo no superior a los veinte (20) días naturales contados a partir de la recepción del requerimiento. Si una vez transcurrido el plazo, la concentración económica no se ha notificado, la Comisión puede iniciar de oficio el expediente respectivo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y multas coercitivas establecidas en esta ley. Las concentraciones económicas notificadas a requerimiento de la Conacom no se beneficiarán del silencio positivo.

Las concentraciones económicas distintas a las estipuladas en los incisos a), b) y c) de este artículo, pueden ser notificadas voluntariamente a la Conacom.

ARTÍCULO 16.-     Cobro por análisis y estudio de las concentraciones

Se autoriza a la Comisión a cobrar por el estudio y análisis de las concentraciones económicas que deben notificarse y solicitar autorización. Los montos se establecen en el reglamento de esta Ley. Los agentes económicos deben cancelar el monto correspondiente en el momento de presentación de la notificación.

Los recursos financieros deben depositarse en una cuenta a nombre del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y deben destinarse únicamente a los programas de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa. La Comisión no puede administrar ni disponer de estos ingresos.

ARTÍCULO 17.-     Procedimiento en el caso de las concentraciones económicas

a)    Los agentes económicos pueden consultar a la Conacom si una determinada operación constituye una concentración económica y si debe ser notificada.

b)    La Comisión puede realizar actuaciones previas a la notificación, para determinar de manera preliminar si esta corresponde.

c)    El procedimiento inicia una vez recibida en forma la notificación de la concentración económica.

d)    La notificación y solicitud de autorización de la concentración económica debe presentarse a la Conacom de acuerdo con el formulario de notificación, el cual se establece en el reglamento de esta ley. El formulario de notificación debe indicar la información y los documentos que deben aportar los agentes económicos. Estos últimos pueden incluir en la notificación una propuesta para contrarrestar los efectos anticompetitivos de la concentración.

e)    Si la Comisión notifica a los agentes económicos que la propuesta para contrarrestar los efectos anticompetitivos de la concentración es improcedente, estos pueden presentar una nueva propuesta dentro de los diez (10) naturales siguientes a la notificación. El plazo establecido en el inciso l) de este artículo se incrementará en igual cantidad de días. La Comisión, inmediatamente después de recibir la nueva propuesta, debe hacerla del conocimiento de los terceros agentes económicos interesados.

f)     Dentro de los diez (10) días naturales contados a partir de la recepción de la notificación, la Comisión puede requerir al notificante presentar información o documentos que hayan sido omitidos o estuviesen incompletos, dentro de un plazo máximo de diez (10) días naturales. Si el notificante no cumple con el requerimiento o lo hace fuera de plazo, la solicitud de autorización de la concentración se da por desistida y la Comisión puede proceder al archivo del caso.

g)    En cualquier momento del procedimiento, la Comisión puede requerir al notificante aportar información o documentos adicionales, dentro de un plazo máximo de diez (10) días naturales. Si el notificante no cumple con el requerimiento o lo hace fuera de plazo, el silencio positivo no aplica.

h)    En cualquier momento del procedimiento, la Comisión puede solicitar a terceros agentes económicos la información o documentos que considere oportunos para la valoración de la concentración económica.

i)     La Comisión debe publicar en un diario de circulación nacional, a costa de los notificantes, una breve descripción de la concentración con la lista de los agentes económicos involucrados, para que los terceros interesados puedan presentar, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la publicación, la información y documentos pertinentes ante la Comisión, sin perjuicio de lo establecido en el inciso h) de este artículo.

j)     Recibida en forma la notificación, la Comisión valora la concentración económica de acuerdo con los aspectos o criterios señalados en el artículo 14 de esta ley.

k)    Los agentes económicos interesados pueden solicitar audiencia ante la Comisión.

l)     La Comisión tiene un plazo de treinta (30) días naturales contados a partir de la recepción de la notificación en forma, para emitir la resolución. En casos excepcionalmente complejos, la Comisión puede, antes de que venza el plazo señalado, ampliarlo hasta por sesenta (60) días naturales. Si al vencimiento del plazo la Comisión no emite resolución, el silencio positivo aplica, sin perjuicio de lo establecido en relación con dicho silencio en el artículo 15 de esta ley.

m)   La Comisión puede, en la resolución, autorizar la concentración económica, subordinar la autorización al complimiento de la propuesta presentada por los agentes económicos o de condiciones impuestas por esta, prohibir la concentración o acordar el archivo del caso de conformidad con el inciso f) de esta ley. En el caso de las autorizaciones subordinadas, la Comisión debe especificar el contenido y el plazo para el cumplimiento de la propuesta o las condiciones.

n)    La Comisión puede ordenar la desconcentración parcial o total de las concentraciones económicas que deben notificarse, que se ejecutan sin la debida autorización de la Comisión y que afectan negativamente la competencia económica.

o)    Las resoluciones de la Comisión deben estar debidamente fundamentadas y motivadas. Deben comunicarse al ministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y notificarse a los agentes económicos interesados.

p)    La resolución favorable no prejuzga sobre la realización de otras prácticas monopolísticas prohibidas por esta ley, por lo que no releva de otras responsabilidades a los agentes económicos involucrados.

q)    La Comisión puede investigar nuevamente las concentraciones que hayan obtenido resolución favorable, únicamente cuando dicha resolución se haya obtenido con base en información falsa, o cuando las condiciones impuestas para la autorización de la concentración no se hayan cumplido en el plazo establecido.

ARTÍCULO 18.-     Interés general y concentraciones económicas

El Poder Ejecutivo, a solicitud del ministro del MEIC y habiendo emitido resolución la Conacom en la que se prohíbe o subordina la concentración, puede valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia, entendiendo como tales los siguientes:

a)    Defensa y seguridad nacional.

b)    Protección de la seguridad o salud públicas.

c)    Libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional.

d)    Protección del medio ambiente.

e)    Promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos.

f)     Garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.

El MEIC tiene un plazo de quince (15) días naturales contados a partir de la emisión de la resolución de la Comisión, para elevarla al Poder Ejecutivo y solicitar la valoración de la concentración. La resolución del MEIC debe comunicarse a la Conacom y a los agentes económicos interesados.

El Poder Ejecutivo tiene un plazo de treinta (30) días naturales contados a partir del recibo de la solicitud del MEIC, para emitir la resolución. El acuerdo del Poder Ejecutivo, debidamente fundamentado, debe comunicarse a la Conacom y a los agentes económicos interesados.

Si el MEIC o el Poder Ejecutivo no acuerdan una decisión dentro de los plazos establecidos, el silencio positivo aplica en lo que respecta a la resolución de la Conacom.

ARTÍCULO 19.-     Ejecución de las concentraciones económicas y levantamiento de la suspensión

Las concentraciones económicas que deben notificarse no pueden ejecutarse hasta que la Conacom las autorice de manera expresa o tácita, excepto en el caso de que dicha Comisión levante la suspensión de la ejecución, para lo cual debe valorar o ponderar, entre otros factores, el perjuicio que causa dicha suspensión a los agentes económicos partícipes en la concentración, y el daño que causa la ejecución de la concentración en la competencia económica.

El levantamiento de la suspensión de la ejecución puede estar subordinado al cumplimiento de condiciones y obligaciones que garanticen la eficacia de la decisión que finalmente se adopte en la resolución.

ARTÍCULO 20.-          Condiciones en las autorizaciones subordinadas

En las autorizaciones subordinadas, la Comisión puede imponer una o varias de las siguientes condiciones:

a)    La cesión, el traspaso, licencia o venta de uno o más de los activos, derechos, acciones, sistemas de distribución o servicios a un tercero autorizado por la Comisión.

b)    La limitación o la restricción de prestar determinados servicios o vender determinados bienes; o la delimitación del ámbito geográfico en que estos pueden ser prestados o vendidos, o del tipo de clientes al que pueden ser ofrecidos.

c)    La obligación de suplir determinados productos, o prestar determinados servicios en términos y condiciones no discriminatorios, a clientes específicos, o a otros competidores.

d)    La introducción, eliminación o modificación de cláusulas contenidas en los contratos escritos o verbales, con sus clientes o proveedores.

e)    Cualquier otra condición, estructural o de conducta, necesaria para impedir, disminuir o contrarrestar los efectos anticompetitivos de la concentración.

Las condiciones impuestas deben cumplirse en los plazos que establezca la Comisión, y su aplicación no puede exigirse por plazos mayores a diez años. Sin embargo, al vencerse el plazo, la Comisión puede ordenar la extensión del plazo si el agente económico aún tiene poder de dominio.

CAPÍTULO IV

COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

ARTÍCULO 21.-     Creación de la Comisión Nacional de la Competencia

Créase la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), como órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Se encarga de la defensa de la competencia económica y vela por la aplicación de la presente ley, mediante el ejercicio de las potestades que se le atribuyen en esta.

La Conacom ejerce sus potestades en todo el territorio nacional y en relación con todos los mercados o sectores productivos de la economía, sin perjuicio de las competencias que la legislación vigente atribuye a los órganos reguladores sectoriales.

ARTÍCULO 22.-     Integración de la Conacom

La Comisión Nacional de la Competencia la integran diez (10) personas, de las cuales cinco (5) son propietarios y cinco (5) son suplentes, nombradas por el Poder Ejecutivo, a propuesta del ministro del MEIC. El término del nombramiento de los integrantes de la Comisión es de cuatro años, y pueden ser reelegidos por más de una vez. El término del nombramiento del presidente de la Comisión es de dos años, el cual debe ser electo, de su seno, por los integrantes de esta.

De los cinco integrantes propietarios, uno deber ser abogado, dos deben ser economistas y dos deben ser graduados en ramas de la ciencia afines con las labores de la Comisión. Esta misma conformación aplica en lo que corresponde a los integrantes suplentes, los cuales ocupan los cargos de los propietarios, en casos de ausencia temporal, impedimento o excusa.

Los integrantes propietarios y suplentes pueden asistir ambos a una misma sesión, en cuyo caso los primeros tienen derecho a voz y voto, y los segundos solo derecho a voz.

Los integrantes de la Comisión devengan una dieta por sesión, cuyo monto equivale a la tercera parte del monto del menor salario mínimo mensual. El máximo de sesiones por mes, sumando las ordinarias y extraordinarias, es de seis (6). En los casos, en que a una misma sesión asisten el integrante propietario y el suplente, este último devenga la mitad del monto de una dieta.

ARTÍCULO 23.-     Requisitos de los integrantes de la Conacom

Las personas que integran la Comisión Nacional de la Competencia deben cumplir los siguientes requisitos:

a)    Ser costarricense por nacimiento o naturalización y ciudadano en ejercicio.

b)    Ser mayor de treinta y cinco (35) años de edad y menor de setenta y cinco (75).

c)    Ser graduado universitario, con título de licenciatura como mínimo.

d)    Ser de reconocida y probada honorabilidad.

e)    Contar con diez (10) o más años de experiencia comprobada en su profesión.

ARTÍCULO 24.-               Causas de cese de los integrantes de la Conacom

Son causas de cese de los integrantes de la Comisión Nacional de la Competencia, las siguientes:

a)    Renuncia.

b)    Expiración del término del nombramiento.

c)    Incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 23 de esta ley.

d)    Declaración de culpabilidad por el cometimiento de un delito doloso, incluso en grado de tentativa.

e)    Ineficiencia en el desempeño del cargo.

f)     Negligencia reiterada en el cumplimiento de los deberes del cargo.

g)    Ausencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas. No pueden justificarse más de cuatro (4) ausencias en un mes.

h)    Ausencia del país por más de un (1) mes sin la autorización de la Comisión. No pueden autorizarse términos mayores a tres (3) meses.

i)     Incapacidad física o mental que impida desempeñar el cargo, temporalmente durante un mínimo de seis (6) meses, o de manera permanente.

El procedimiento de cese debe tramitarse ante el Poder Ejecutivo, conforme a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, Ley N.º 6227.

ARTÍCULO 25.-     Impedimento, excusa y recusación

Son motivos de impedimento, excusa y recusación los establecidos en el capítulo V del título I del Código Procesal Civil. También es motivo de excusa para los integrantes de la Comisión, cuando son propietarios, directores, representantes, abogados o consultores de agentes económicos competidores de otros agentes involucrados en un procedimiento o investigación; así como cuando están involucrados o interesados los parientes hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad.

El procedimiento por observar en estos casos, es el establecido en el Código Procesal Civil.

ARTÍCULO 26.-     Cuórum y resoluciones

El cuórum de la Comisión Nacional de la Competencia se conforma con la asistencia de cuatro (4) integrantes como mínimo. Las resoluciones o los acuerdos se toman por mayoría de votos de los asistentes. Los integrantes que se abstengan o voten negativamente deben razonar su voto. En casos de empate decide el voto de calidad del presidente de la Comisión.

ARTÍCULO 27.-     Potestades de la Conacom

La Comisión Nacional de la Competencia tiene la potestad para instruir y resolver sobre los asuntos que le atribuye esta ley. En particular, tiene las siguientes potestades:

a)    Investigar, de oficio o por denuncia, la existencia de prácticas restrictivas de la competencia o concentraciones económicas contrarias a esta ley, para lo cual puede requerir a los agentes económicos la información o documentos que considera relevantes y pertinentes.

b)    Declarar la admisibilidad, inadmisibilidad o improcedencia de las denuncias presentadas ante la Comisión.

c)    Resolver los casos de su competencia, sancionar administrativamente las infracciones a esta ley, así como formular denuncias ante el Ministerio Público respecto de las probables conductas delictivas en materia de competencia económica de las que tenga conocimiento.

d)    Ordenar la suspensión de la práctica restrictiva de la competencia o la concentración económica que se investiga, así como fijar caución para evitar o levantar dicha suspensión.

e)    Ordenar de oficio o a petición de parte, cualquier medida cautelar que considere adecuada y necesaria para asegurar la efectividad de la resolución final, o cuando hay razones suficientes para considerar que la práctica objeto de investigación puede causar daño grave e irreversible al proceso de libre competencia o sobre algún competidor. Las medidas cautelares pueden ser acordadas antes o en el transcurso de un procedimiento administrativo. Si la medida es previa, el procedimiento debe iniciarse dentro de los siguientes diez (10) días hábiles, caso contrario la medida debe levantarse. Es aplicable el Código Procesal Contencioso-Administrativo, en lo pertinente.

f)     Autorizar, condicionar o denegar las solicitudes de autorización de las concentraciones económicas, así como ordenar la desconcentración parcial o total de estas, de conformidad con esta ley.

g)    Solicitar autorización a un juez de lo contencioso-administrativo, para visitar e inspeccionar los establecimientos industriales y comerciales de los agentes económicos, cuando esto es indispensable para recabar, evitar que se pierda o destruya evidencia relacionada con las investigaciones.

h)    Impugnar ante el órgano judicial competente, actos administrativos emitidos por cualquier entidad pública, de los que se derivan obstáculos para la competencia. Asimismo, puede accionar contra las leyes que son contrarias al artículo 46 de la Constitución Política.

i)     Emitir criterio para la cuantificación de las indemnizaciones que los autores de las prácticas restrictivas a la competencia o las concentraciones económicas, deben satisfacer a los denunciantes y a terceros que hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de estas, cuando le es requerido por el órgano judicial competente.

j)     Celebrar convenios o acuerdos interinstitucionales en materia de regulación o políticas de competencia económica.

k)    Establecer mecanismos de coordinación con los órganos reguladores sectoriales para la defensa de la competencia económica.

l)     Actuar como órgano consultivo en materia de defensa de la competencia económica.

m)   Emitir, de oficio o a petición de parte, opinión de carácter vinculante en materia de competencia económica a los órganos de la administración pública, respecto de los ajustes a políticas y programas, cuando estos pueden afectar negativamente la competencia económica. El Poder Ejecutivo puede objetar esta opinión. La opinión y, en su caso, la objeción, deben publicarse en el diario oficial La Gaceta.

n)    Emitir, de oficio o a petición de parte, opinión de carácter vinculante en materia de competencia económica a los órganos de la Administración Pública, respecto de las directrices, acuerdos, circulares y demás actos administrativos de carácter general que pretenden emitir, cuando estos pueden afectar negativamente la competencia económica. El Poder Ejecutivo puede objetar esta opinión. La opinión y, en su caso, la objeción, deben publicarse en el diario oficial La Gaceta.

o)    Opinar, de oficio o a petición de parte, con carácter no vinculante y en lo que respecta a aspectos de competencia económica, sobre iniciativas de leyes, reglamentos y decretos. Las opiniones deben publicarse en el diario oficial La Gaceta.

p)    Opinar, en los casos en que así lo soliciten los agentes económicos, sin que estas opiniones tengan efectos jurídicos o vinculantes.

q)    Emitir, de oficio, opinión en materia de competencia económica, respecto de leyes, reglamentos, decretos, directrices, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter general. Las opiniones deben publicarse en el diario oficial La Gaceta.

r)    Promover, realizar y publicar estudios, trabajos de investigación, criterios e informes generales en materia de defensa de la competencia económica.

s)    Proponer al ministro del MEIC, para su elevación al Poder Ejecutivo, las directrices de política de defensa de la competencia económica en el marco de la política económica de dicho Poder y, en particular, las propuestas de elaboración y reforma normativa correspondientes.

t)     Recomendar a la Administración Pública la regulación de precios y el establecimiento de restricciones que no son arancelarias, cuando procede de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley de Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472.

u)    Publicar cada cuatro (4) años una evaluación cuantitativa y cualitativa de las aportaciones netas al bienestar del consumidor que haya generado la actuación de la Comisión en el periodo respectivo.

v)    Participar en la discusión y negociación de tratados y convenios internacionales, en materia de regulación o políticas de competencia económica.

w)   Representar al país ante organismos internacionales relacionados con políticas de competencia económica.

ARTÍCULO 28.-     Creación de la Dirección de Apoyo

Créase la Dirección de Apoyo (DA), como un órgano de apoyo, ejecutor y asesor de la Comisión Nacional de la Competencia. Las funciones de esta Unidad son las que se indican en el reglamento de esta ley y las que le asigna la Comisión.

La integración de la Dirección la decide y aprueba la Comisión. Los funcionarios que integran la DA deben ser profesionales con formación y experiencia comprobada en áreas del conocimiento afines a las labores de la Conacom. La DA, con la debida aprobación de la Comisión, puede contratar los asesores y consultores que considere necesarios para el efectivo cumplimiento de las funciones.

ARTÍCULO 29.-     Facultad de inspección de la DA

Los funcionarios de la Dirección de Apoyo, por orden de la Comisión y autorizados mediante resolución fundamentada de un juez de lo contencioso- administrativo, pueden visitar e inspeccionar las oficinas y los establecimientos industriales y comerciales de los agentes económicos involucrados en un procedimiento, para revisar libros de contabilidad, contratos, correspondencia, correos electrónicos y cualquier otro tipo de información o documentos relacionados con las estrategias de producción, distribución, promoción, comercialización y venta de los bienes y servicios, considerados indispensables para la investigación y emisión de la resolución. Asimismo, pueden recabar la prueba que consideren necesaria y entrevistar a cualquier trabajador, representante, director o accionista que se encuentre presente durante la visita. La Comisión y la DA deben respetar el carácter confidencial de la información obtenida mediante este medio.

La autorización judicial indicada en el párrafo anterior debe ser resuelta dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su solicitud, y no requiere notificación previa a los agentes económicos involucrados, sino hasta la ejecución de la inspección.

En casos especiales y en los que la acción de los funcionarios de la DA debe ser inmediata, o en los que se les impide el acceso al establecimiento del agente económico, estos pueden requerir el auxilio de las autoridades de policía para el cumplimiento eficaz y oportuno de sus deberes.

Las actas que levantan los funcionarios de la Dirección y los informes que rinden en materia de sus atribuciones, tienen el valor de prueba muy calificada, y solo se prescinde de ella si hay otras pruebas que, de modo evidente, revelan la inexactitud, parcialidad o falsedad del acta o informe.

ARTÍCULO 30.-     Coordinación con los reguladores sectoriales

La Comisión Nacional de la Competencia y los reguladores sectoriales deben cooperar en el ejercicio de sus funciones en los asuntos de interés común, respetando, en todo caso, las competencias atribuidas a cada uno de ellos. Para ello, deben transmitir mutuamente de oficio o a instancia del órgano respectivo, información sobre sus respectivas actuaciones, así como dictámenes determinantes, en el marco de los procedimientos de aplicación de la regulación sectorial y de la presente ley. Los dictámenes serán determinantes, según se aplique, para los reguladores sectoriales o para la Comisión Nacional de la Competencia, que solo pueden disentir de su contenido de forma expresamente motivada.

Los reguladores sectoriales deben informar a la Comisión Nacional de la Competencia sobre los actos, acuerdos, prácticas o conductas de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones y que presenten indicios de ser contrarios a esta ley, aportando todos los elementos de hecho a su alcance y elaborando, en su caso, el dictamen correspondiente, que tendrá carácter determinante.

Los reguladores sectoriales deben solicitar informe, que tendrá carácter determinante, a la Comisión Nacional de la Competencia, antes de su adopción, sobre las circulares, instrucciones, decisiones de carácter general o resoluciones en aplicación de la normativa sectorial correspondiente que puedan incidir significativamente en las condiciones de competencia en los mercados.

La Conacom debe solicitar a los reguladores sectoriales la emisión del correspondiente informe determinante, en el marco de los expedientes de control de concentraciones de agentes económicos que realizan actividades en el sector de su competencia. En la vigilancia de las resoluciones de la Comisión en procedimientos sancionadores o de control de concentraciones, los reguladores también deben emitir un informe determinante cuando:

a)    Se detecta la existencia de un incumplimiento de las condiciones o compromisos impuestos por la resolución sometida a vigilancia.

b)    Debe proponerse la finalización de la vigilancia por haberse cumplido las condiciones o compromisos.

c)    El agente económico autorizado solicita algún tipo de suspensión, modificación o dispensa de las obligaciones derivadas de la resolución objeto de vigilancia.

También se puede emitir dicho informe, a iniciativa del regulador sectorial, cuando como consecuencia de la modificación de la estructura del mercado o de la actividad normativa desarrollada por aquél, se considera que las condiciones o compromisos impuestos por la Comisión devienen innecesarios o se debe proceder a su modificación.

La Comisión debe solicitar a los reguladores sectoriales la emisión del correspondiente informe determinante, en el marco de los expedientes instruidos por prácticas o conductas restrictivas de la competencia económica.

La máxima autoridad de la Comisión Nacional de la Competencia y de los respectivos órganos reguladores sectoriales, deben reunirse al menos con periodicidad anual para analizar las orientaciones generales que guiarán la actuación de los organismos que presiden y, en su caso, establecer mecanismos formales e informales para la coordinación de sus actuaciones.

ARTÍCULO 31.-     Transparencia de la Conacom

La Comisión Nacional de la Competencia debe hacer públicas todas las resoluciones y acuerdos que dicte en aplicación de esta ley. En particular, deben hacerse públicas las resoluciones que pongan fin al procedimiento en expedientes sancionadores, las que acuerden la imposición de medidas cautelares y las que pongan fin al procedimiento en expedientes de concentraciones económicas.

Debe ser público el hecho de la iniciación de un expediente de control de concentraciones.

La Comisión debe hacer públicos los informes que elabore en aplicación de esta ley. En particular, los informes elaborados en el procedimiento de control de concentraciones, una vez adoptadas las resoluciones correspondientes; los informes elaborados sobre proyectos normativos o actuaciones del sector público, después de su remisión al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y a los órganos de la Administración Pública correspondientes; los informes elaborados sobre la estructura competitiva de mercados o sectores productivos.

Las resoluciones, acuerdos e informes se deben hacer públicos por medios informáticos y telemáticos una vez notificados a los interesados, tras resolver, en su caso, sobre los aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos de carácter personal, salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores.

La Comisión debe hacer pública su memoria anual, la cual debe enviar al ministro del MEIC y a la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. La evaluación señalada en el inciso u) del artículo 27 de esta ley también debe ser enviada a estos órganos.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO GENERAL

Y RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 32.-     Inicio del procedimiento

El procedimiento inicia de oficio o por denuncia y está a cargo de la Dirección de Apoyo de la Conacom. Los requisitos para la presentación de las denuncias se establecen reglamentariamente.

ARTÍCULO 33.-     Documentos e información

Los agentes económicos están obligados a entregar, con carácter de declaración jurada, lo documentos y la información que requiere y considera necesarios para la aplicación de esta ley la Conacom. Los plazos son los establecidos en esta ley.

Asimismo, los órganos y entes de la Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Conacom y están obligados a proporcionar, a requerimiento de esta y en plazo, toda clase de información y datos de que disponen y que pueden resultar necesarios para la aplicación de esta ley. Dicho plazo será de diez (10) días hábiles contados a partir del requerimiento, salvo que por la naturaleza de lo solicitado o las circunstancias del caso se fije de forma motivada un plazo diferente. La colaboración, a instancia propia o a instancias de la Comisión, no implica la condición de interesado en el correspondiente procedimiento.

La negativa de entrega, la falsedad o la inclusión de datos inexactos o incompletos, en la información y los documentos requeridos, configura el delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 307 del Código Penal, debiéndose testimoniar piezas al Ministerio Público para el trámite correspondiente.

Cuando los agentes económicos no facilitan o niegan el acceso a los documentos o a la información requerida, o cuando entorpecen significativamente la investigación, y ante la eventual urgencia de imponer medidas correctivas, la Comisión puede utilizar la mejor información disponible para resolver.

ARTÍCULO 34.-     Información confidencial

En cualquier momento del procedimiento, la Comisión puede ordenar, de oficio o a instancia de parte, que se mantengan secretos los datos o documentos que considera confidenciales, formando con ellos pieza separada.

ARTÍCULO 35.-     Deber de secreto

Todas las personas que participan en la tramitación de expedientes previstos en esta ley o que conozcan tales expedientes por razón de profesión, cargo o intervención como parte, deben guardar secreto sobre los hechos e información de naturaleza confidencial, incluso después de cesar en sus funciones.

Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pueden corresponder, la violación del deber de secreto se considera siempre falta disciplinaria muy grave.

ARTÍCULO 36.-     Suspensión y ampliación de plazos

El conteo de los plazos máximos previstos en esta ley para resolver un procedimiento se puede suspender, mediante resolución motivada, cuando debe requerirse a cualquier agente económico involucrado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos u otros elementos de juicio necesarios; cuando debe solicitarse a terceros o a otros órganos de las Administración Pública la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios; o cuando se interpone recurso contencioso-administrativo.

Los plazos máximos también se pueden suspender cuando la Comisión solicita a los reguladores sectoriales los informes determinantes señalados en el cuarto y sétimo párrafo del artículo 30 de esta ley. El plazo de la suspensión no puede exceder de tres meses en ningún caso.

La existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no puede prescindirse para dictar la resolución o que condiciona directamente el contenido de esta, determina la suspensión del procedimiento mientras resuelven los correspondientes órganos penales.

La suspensión de los plazos máximos de resolución no suspende necesariamente la tramitación del procedimiento. Excepcionalmente, puede acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes. En el caso de acordarse la ampliación del plazo máximo, esta no puede ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelve sobre la suspensión o sobre la ampliación de plazos, que debe ser notificado a los interesados, no cabe recurso alguno en vía administrativa.

ARTÍCULO 37.-     Archivo de las actuaciones

La Conacom puede acordar no iniciar un procedimiento o el archivo de las actuaciones o expedientes instruidos, por falta o pérdida de competencia o de objeto. Lo anterior, sin perjuicio de los establecido en los artículos 11 y 17 de esta ley.

ARTÍCULO 38.-     Facultades de Inspección

La Conacom, y en particular la Dirección de Apoyo, tienen la condición de agente de la autoridad y pueden realizar las inspecciones que son necesarias para la debida aplicación de esta ley. El personal habilitado a tal fin tiene las siguientes facultades de inspección:

a)    Acceder a cualquier local, terreno o medio de transporte de los agentes económicos involucrados en un procedimiento, y al domicilio particular de los representantes, directores o accionistas de estos. Esta facultad requiere el previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.

b)    Verificar los libros y otros documentos relativos a la actividad empresarial, cualquiera que sea su soporte material; hacer u obtener copias o extractos de estos, en cualquier formato; retenerlos por un plazo máximo de 10 días.

c)    Precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de los agentes económicos durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección. Esta facultad requiere el previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.

d)    Solicitar a cualquier trabajador, representante, director o accionista de los agentes económicos, explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.

Los agentes económicos están obligados a someterse a las inspecciones que la Conacom autorice. Si estos se oponen o existe el riesgo de tal oposición, la Comisión debe solicitar la correspondiente autorización judicial a un juez de lo contencioso-administrativo cuando la misma implique restricción de derechos fundamentales, el cual debe resolver dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud. Las autoridades públicas deben prestar la protección y el auxilio necesario al personal de la Comisión para el ejercicio de las funciones de inspección.

La información y los documentos obtenidos solo pueden ser utilizados para las finalidades previstas en esta ley.

Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 de esta ley.

ARTÍCULO 39.-     Audiencias

La Conacom puede recibir en audiencia a los agentes económicos que así lo solicitan. La Comisión debe levantar un acta de las comparecencias, junto con la correspondiente grabación por medios digitales o de vídeo, que sustituye la transcripción íntegra de lo acontecido, salvo que el órgano director del procedimiento determine lo contrario. El contenido del acta es el que exige el Código Procesal Contencioso-Administrativo.

ARTÍCULO 40.-     Interpretación

Para establecer la verdad real, la Conacom o el tribunal jurisdiccional correspondiente pueden prescindir de las formas jurídicas adoptadas por los agentes económicos que no corresponden a la realidad de los hechos investigados.

ARTÍCULO 41.-     Resoluciones de la Conacom

Las resoluciones emitidas por la Conacom deben reunir los requisitos establecidos en los artículos 128 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.º 6227. Asimismo, la notificación debe realizarse en la forma debida, de acuerdo con los artículos 245 y 335 de la misma ley.

Contra las resoluciones puede interponerse recurso de revocatoria, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. Si al vencimiento del plazo no se presenta dicho recurso, la resolución queda en firme. Si el recurso se presenta fuera del plazo, este debe ser declarado inadmisible mediante resolución fundamentada, contra la que no cabe recurso.

Contra las resoluciones finales en firme emitidas por la Comisión no cabe ningún recurso en vía administrativa. Solo pueden impugnarse directamente por ilegalidad, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las resoluciones emitidas se ejecutan desde su notificación, excepto que proceda la suspensión de sus efectos, en los términos y las condiciones establecidos en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública.

ARTÍCULO 42.-     Desobediencia

Constituye el delito de desobediencia previsto en el Código Penal, el no observar ni cumplir en los plazos establecidos, las resoluciones o las órdenes dictadas por la Comisión. En estos casos, la Comisión debe proceder a testimoniar piezas, con el propósito de sustentar la denuncia ante el Ministerio Público, para los fines correspondientes.

ARTÍCULO 43.-     Vigilancia del Cumplimiento

La Conacom debe vigilar la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley y de las resoluciones y acuerdos que se adoptan en aplicación de la misma, tanto en materia de conductas restrictivas a la competencia, como de medidas cautelares y de control de concentraciones.

La vigilancia debe llevarse a cabo en los términos que se establecen reglamentariamente y en la propia resolución de la Comisión que pone fin al procedimiento.

La Comisión puede solicitar la cooperación de los reguladores sectoriales en la vigilancia y cumplimiento de las obligaciones, resoluciones y acuerdos.

En caso de incumplimiento de obligaciones, resoluciones o acuerdos de la Comisión, esta puede resolver sobre la imposición de multas sancionadoras y coercitivas, sobre la adopción de otras medidas de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento y, en su caso, sobre la desconcentración.

ARTÍCULO 44.-     Sujetos infractores

Son sujetos infractores las personas físicas o jurídicas, entidades de hecho o de derecho, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, que realizan, promueven o facilitan las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta ley.

ARTÍCULO 45.-     Sanciones

La Conacom puede imponer a los agentes económicos infractores las siguientes sanciones:

a)    La suspensión, corrección o supresión de la práctica restrictiva de la competencia o la concentración económica.

b)    La desconcentración parcial o total de la concentración económica.

c)    La prohibición de participar en todo tipo de contratación administrativa con cualquier entidad de la Administración Pública, por un plazo de hasta cuatro (4) años, en los casos de infracción al artículo 5, inciso e) de esta ley.

d)      El pago de una multa por un monto equivalente de hasta setenta y cinco (75) veces el monto del menor salario mínimo mensual, por no suministrar, retrasar o entregar información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa, requerida por la Comisión.

e)    El pago de una multa por un monto equivalente de hasta doscientas (200) veces el monto del menor salario mínimo mensual, por notificar la concentración económica a la Comisión fuera del plazo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 15 de esta ley.

f)     El pago de una multa por un monto equivalente de hasta seiscientas (600) veces el monto del menor salario mínimo mensual, por no notificar una concentración económica previamente a su ejecución, cuando debe hacerse de acuerdo al artículo 15 de esta ley, o por no notificar la concentración económica requerida de oficio por la Comisión, según lo previsto en el penúltimo párrafo del mismo artículo.

g)    El pago de una multa por un monto equivalente de hasta mil treinta (1.030) veces el monto del menor salario mínimo mensual, por no someterse a una inspección ordenada de acuerdo con lo establecido en los artículos 29 y 38 de esta ley.

h)    El pago de una multa por un monto equivalente de hasta seiscientas (600) veces el monto del menor salario mínimo mensual, por obstruir por cualquier medio la labor de inspección de la Comisión.

i)     El pago de una multa por un monto equivalente de hasta seiscientas (600) veces el monto del menor salario mínimo mensual, por incumplir o violar una medida cautelar impuesta por la Comisión.

j)     El pago de una multa por un monto equivalente de hasta mil treinta (1.030) veces el monto del menor salario mínimo mensual, por incurrir en una práctica monopolística absoluta.

k)    El pago de una multa por un monto equivalente de hasta seiscientas (600) veces el monto del menor salario mínimo mensual, por incurrir en una práctica monopolística relativa.

l)     El pago de una multa por un monto equivalente de hasta seiscientas (600) veces el monto del menor salario mínimo mensual, por ejecutar una concentración económica antes de notificarla a la Comisión o antes de la resolución final sin que se haya acordado el levantamiento de la suspensión.

m)   El pago de una multa por un monto equivalente de hasta mil treinta (1.030) veces el monto del menor salario mínimo mensual, por incumplir alguna de las condiciones impuestas por la Comisión para la autorización de una concentración, de acuerdo con el artículo 20 de esta ley.

n)    El pago de una multa por un monto equivalente de hasta mil treinta (1.030) veces el monto del menor salario mínimo mensual, por incumplir o contravenir lo establecido en una resolución, acuerdo o compromiso adoptado en aplicación de esta ley, tanto en materia de prácticas restrictivas de la competencia como de concentraciones económicas.

o)    El pago de una multa por un monto equivalente de hasta cien (100) veces el monto del menor salario mínimo mensual, a cada una de las personas físicas que intervienen en el acuerdo o decisión de una persona jurídica o entidad de hecho o de derecho infractora. Quedan excluidas de esta sanción las personas físicas que no asisten a las reuniones o votan en contra o salvan su voto.

p)    El pago de una multa por un monto equivalente de hasta cien (100) veces el monto del menor salario mínimo mensual, a los agentes económicos que coadyuvan, propician, inducen o participan en prácticas restrictivas de la competencia y en concentraciones económicas violatorias de esta ley.

q)    El pago de una multa por un monto equivalente de hasta cien (100) veces el monto del menor salario mínimo mensual, por cada día de atraso en el cumplimiento de lo establecido en una resolución, acuerdo o compromiso adoptado en aplicación de esta ley, tanto en materia de prácticas restrictivas de la competencia como de concentraciones económicas.

Las infracciones mencionadas en los incisos del f) al n) de este artículo, que a juicio de la Comisión revistan gravedad particular, pueden ser sancionadas, mediante resolución razonada, con una única multa a cada agente económico por un monto de hasta el diez por ciento (10%) de las ventas anuales obtenidas por el infractor en su actividad ordinaria durante el año fiscal anterior a la resolución de la Comisión.

En caso de reincidencia, la Comisión puede imponer una multa hasta por el doble del monto determinado por la Comisión. Se considera reincidente al agente económico que habiendo incurrido en una infracción que ha sido sancionada, comete otra del mismo tipo o naturaleza.

En la imposición de las sanciones, la Comisión debe respetar los principios del debido proceso, el informalismo, la verdad real, el impulso de oficio, la imparcialidad y la publicidad, que informan el procedimiento administrativo estipulado en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública.

Si el agente económico infractor se niega a pagar el monto establecido por concepto de multa, la Comisión debe certificar el adeudo para que con base en este, que constituye título ejecutivo, se plantee el proceso de ejecución en la vía judicial, en los términos en que se dispone en el Código Procesal Civil.

ARTÍCULO 46.-     Criterios para determinar el monto de las sanciones

En la imposición de las sanciones, la Comisión debe fijar el monto de las multas valorando, entre otros, los siguientes criterios:

a)    El alcance y duración de la infracción.

b)    La amenaza o el daño que causa la infracción.

c)    Los indicios de intencionalidad.

d)    La participación del agente económico infractor en el mercado.

e)    La dimensión y características del mercado afectado por la infracción.

f)     El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros agentes económicos.

g)    Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción.

h)    Las circunstancias agravantes: la reincidencia del infractor, la condición de responsable o instigador de la infracción, las medidas adoptadas para imponer o garantizar el cumplimiento de las conductas ilícitas, la falta de colaboración u obstrucción de la labor de inspección.

i)     Las circunstancias atenuantes: la realización de actuaciones que ponen fin a la infracción, la no aplicación efectiva de las conductas prohibidas, la realización de actuaciones tendientes a reparar el daño causado, la colaboración activa y efectiva con la Conacom que no responde a la obtención de reducción o exoneración del monto de las multas.

j)     La capacidad económica del agente económico infractor.

ARTÍCULO 47.-     Exención y reducción del pago del monto de la multa

Sin perjuicio de lo establecido en esta ley, la Conacom puede eximir del pago del cien por ciento (100%) del monto de la multa por la realización de una práctica monopolística absoluta, al agente económico y a las personas físicas que participan en su nombre, que expresamente lo solicitan por escrito a la Comisión antes de que se inicie procedimiento administrativo en su contra, y que cumplen con los siguientes requisitos:

a)    Ser los primeros en confesar por escrito el ser parte de una práctica monopolística absoluta.

b)    Ser los primeros en aportar toda la evidencia que esté en su poder e identificar a los agentes económicos y personas físicas involucrados. La evidencia, incluida la audiencia oral y privada, debe ayudar a determinar la existencia, características y duración de la práctica.

c)    Cooperar plena, continua y diligentemente con la Comisión hasta el final del procedimiento.

d)    Poner fin a su participación en la realización de la práctica, excepto en aquellos casos en los que la Comisión estima necesario la continuidad de dicha participación con el fin de preservar la eficacia del procedimiento.

En los casos en que se ha iniciado el procedimiento administrativo y no se ha celebrado audiencia oral y privada, y los agentes económicos y las personas físicas cumplen únicamente con los requisitos señalados en los incisos c) y d) de este artículo, la Comisión puede reducir hasta en un cincuenta por ciento (50%) el monto de la multa, cuando la evidencia que aportan dichos agentes o personas físicas añade un valor significativo con respecto a la evidencia de la que ya dispone la Comisión.

Sin importar si se ha iniciado o no el procedimiento administrativo, la Comisión puede eximir del pago del cien por ciento (100%) de la multa a los agentes económicos y a las personas físicas, que además de cumplir con los requisitos establecidos en los incisos del a) al d) de este artículo, denuncian la existencia de otra práctica monopolística absoluta aunque sea en un mercado relevante distinto.

Las pruebas aportadas por las partes al amparo del presente artículo no pueden ser utilizadas en su contra en procesos civiles por daños y perjuicios.

ARTÍCULO 48.-     Destino de los ingresos por multas

Los ingresos que se obtienen de las multas impuestas por sanción a las infracciones a lo dispuesto en esta ley, se deben destinar a los programas de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa. Estos recursos financieros deben depositarse en una cuenta a nombre del MEIC. La Comisión no puede administrar ni disponer de estos ingresos.

ARTÍCULO 49.-     Prescripción de las infracciones y de las sanciones

Las infracciones prescriben a los dos (2) años, término contado a partir desde el día en que se comete la infracción o desde que se conoce de esta por parte de los afectados o de la Comisión cuando el procedimiento se inicia de oficio. En el caso de las infracciones continuadas, el término inicia a partir del acaecimiento del último hecho.

Las sanciones impuestas por la Comisión prescriben a los cuatro (4) años, término contado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución.

La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Administración, con conocimiento formal del interesado tendiente al cumplimiento de la ley y por los actos realizados por los interesados al objeto de asegurar, cumplir o ejecutar las resoluciones correspondientes.

ARTÍCULO 50.-     Publicidad de las sanciones

Son públicas, en la forma y condiciones que se prevé reglamentariamente, las sanciones impuestas en aplicación de esta ley, el monto, el nombre de los sujetos infractores y la infracción cometida.

CAPÍTULO VI

MODIFICACIONES, DEROGACIONES

Y DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 51.-     Modificaciones

1.-   Modifíquese el título, el artículo 1 y el título del capítulo III y IV, todos de la Ley Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de la siguiente manera:

a)    Título

        “LEY DE DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR”

b)    Artículo 1

        “Artículo 1.-  Objetivos y Fines

El objetivo de la presente ley es proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas.”

c)    Título del capítulo III

        “COMPETENCIA DESLEAL”

d)    Título del capítulo IV

        “COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA”

2.-   En los artículos 5, 6, 7 y 19 numeral 5, 36, 47 y 55 de la Ley Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, sustitúyase “Comisión para Promover la Competencia” por Comisión Nacional de la Competencia.

3.-   En el artículo 43 de la Ley Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472, sustitúyase “Comisión para Promover la Competencia” por Comisión Nacional del Consumidor.

4.-   En los artículos 64, 67, 68 y 70 de la Ley Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, elimínese “Comisión para Promover la Competencia”.

ARTÍCULO 52.-     Derogatorias

Deróguense los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29 y 30 de la Ley Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472.

ARTÍCULO 53.-     Supletoriedad

Para lo no previsto en esta ley, rige supletoriamente la Ley General de la Administración Pública, Ley N.º 6227 y el Código Procesal Contencioso- Administrativo.

ARTÍCULO 54.-     Alcance

Esta ley es de orden público; sus disposiciones son irrenunciables por las partes y de aplicación sobre cualesquiera costumbres, prácticas, usos o estipulaciones contractuales en contrario, especiales o generales.

Asimismo, son nulos los actos realizados como fraude en contra de esta ley, de conformidad con el artículo 20 del Código Civil.

ARTÍCULO 55.-     Elaboración del Reglamento

El Poder Ejecutivo, a través del MEIC, debe elaborar y publicar en el diario oficial La Gaceta el reglamento a esta ley, en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

ARTÍCULO 56.-     Vigencia

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Néstor Manrique Oviedo Guzmán

DIPUTADO

10 de setiembre de 2013

NOTA:    Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

1 vez.—O. C. Nº 23285.—Solicitud Nº 101-00525-L.—(IN2013063630).

REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

N.º 7428, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1994 Y ADICIÓN DE

UN ARTÍCULO 20 BIS; REFORMA DE LOS ARTÍCULOS

2 INCISO H) Y ADICIÓN DEL INCISO i), ARTÍCULOS 4,

8, 30, 53, 80, 81, 84, 86 Y 89 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA, N.º 7494, DE 8 DE JUNIO DE

1995, ASÍ COMO ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 40

BIS Y DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS

 91 Y 92 DE DICHA LEY

Expediente N.º 18.910

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los procesos de contratación administrativa se convierten, con cierta constancia, en obstáculos para que los postulados constitucionales de la eficiencia y eficacia alcancen su verdadero contenido. El reclamo ciudadano de obras, infraestructuras o de bienes y servicios que se presten con calidad y oportunidad, se justifica en el tanto no hay coherencia entre lo que se predica y lo que, en la realidad, se logra ejecutar.

Es claro, por supuesto, que en la deficiente ejecución de obras públicas juega un papel importante el factor humano, la mística y actitud con que las autoridades y los funcionarios públicos encaran sus responsabilidades, además de reconocer la escasez de recursos humanos, económicos y técnicos. Sin embargo, es un hecho que el mayor reparo a esta realidad está en la existencia de un ordenamiento legal que no facilita la toma de decisiones por el bien de las comunidades o del país. Hay buenas intenciones, pero no instrumentos lógicos que, sin dejar de controlar y fiscalizar el buen uso de la Hacienda Pública, permitan avanzar en pro del desarrollo de las administraciones.

Ciertamente se han dado cambios importantes, particularmente en los últimos dos o tres años, en el marco de contratación administrativa, pero las modificaciones siguen sin ayudar a dar respuesta a lo que demanda la sociedad y el mismo sector privado. No obstante, estos cambios siguen la misma tesis errónea de considerar que todas las administraciones deben ser tratadas como iguales, siendo improcedente tan siquiera pensar que el mismo ordenamiento que se aplica a grandes compradores como el ICE, el INS, la CCSS o Recope, se aplique, por igual, al resto de las administraciones que poseen muy marcadas diferencias de tamaño, capacidad técnica, presupuestaria, de ubicación geográfica, de estructura administrativa, entre otros. En ese sentido, el ordenamiento jurídico debe ayudar a alcanzar eficiencia y eficacia, pero con leyes y reglamentos que partan de una inteligencia de mayor verificación de la realidad imperante.

En ese sentido, la presente propuesta pretende, con sustento en el mandato y reconocimiento superior de la Constitución Política, la emisión de normas encaminadas a hacer de la eficiencia y la eficacia verdaderos postulados en la gestión pública, buscando procedimientos o instrumentos que fortalezcan a las administraciones y resguarden el deber de control y fiscalización oportuno, inteligente y equilibrado en manos de la Contraloría General de la República. Si a instituciones como la CCSS, el INS o el ICE se les ha dado un tratamiento especial, porque se supone que están encarando la prestación de servicios especiales, con una competencia particular, con igual razón cabe afirmar esa misma línea para el resto del sector público que con la misma responsabilidad debe cumplir sus mandatos de servicio público hacia los ciudadanos. Así, tan válido es afirmar que el ICE merece un ordenamiento adecuado de contratación administrativa más eficiente y eficaz para la prestación de los servicios públicos, de igual forma que lo requieren Acueductos y Alcantarillados, los bancos públicos, las municipalidades, las universidades, el Senara u otros. Es decir, la misma ley debe preveer esa adecuación de manera que la norma se ajuste a los parámetros de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Ahora, el artículo 182 de la Constitución Política afirma que los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de estas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a estas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo. Así, siendo la licitación el medio o instrumento ordenado para poder comprar o vender bienes o servicios, de esto deriva la aplicación de una serie de factores atinentes al tema que hemos citado.

En ese mismo sentido, y aquí es donde se encuentra buena parte del mérito de la labor constitucional, mismo que debe reconocerse al alto tribunal al sintetizar una serie de principios constitucionales aplicables a la contratación administrativa (particularmente los votos 1998-998 y 2004-14421), siendo los más importantes los de eficiencia, eficacia y transparencia.

Pero, el proceso de contratación administrativa ha generado, y lo sigue haciendo, una serie de críticas por sus etapas burocráticas, exigencia de requisitos formales sin sentido, exceso en plazos, favorecimiento más a los derechos de los empresarios, etc. En ese sentido, la propuesta busca, después de un análisis mesurado de los cambios que se han dado en el ordenamiento en los últimos tres años, potenciar algunas figuras y procedimientos que, existentes, no han dado los réditos esperados, amén de valorar la incorporación de remedios de controles previos en sede administrativa, en donde es más consecuente con la responsabilidad final de control interno y sin que se dejen de lado las competencias que instancias externas como la Contraloría General deben ejercer.

Con claridad en la crítica existente, huelga reiterar las conclusiones del Informe de Evaluación del Sistema de Contratación Pública Patrio, realizado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, de noviembre del 2006:

“16. Incrementar la eficiencia del sistema de control. La CGR debería reevaluar su tendencia a emitir opiniones técnicas acerca de los procesos de compra y considerar el fortalecimiento de la responsabilidad de las entidades compradoras al limitar sus intervenciones ex-ante, particularmente con relación a aspectos que no están estrictamente relacionados con el cumplimiento de requisitos legales (p. Ej. decisiones de compras sustanciosas). De hecho, la CGR está proponiendo una enmienda a la LCA que limita sus intervenciones en las licitaciones públicas, que es donde ocurren las más serias controversias antes de la adjudicación. Para maximizar este enfoque, es particularmente importante adoptar umbrales consistentes para el uso de las licitaciones públicas. Los umbrales no deberían estar basados simplemente en el presupuesto asignado, si no que deberían incluir un análisis del riesgo inherente en el método, el valor del contrato, y la capacidad de la institución. Todas estas consideraciones deberían ser introducidas en una matriz para que sirvan para identificar el método de compra que debería ser utilizada”.

Ahora, solo por mencionar algunas de las recomendaciones que señalaron en su momento las entidades de cita, están:

“48. Este informe ha identificado las debilidades del sistema legal que deben ser atendidas:

•      La falta de reglamentaciones que regulen o aclaren los vacíos de la LCA, y ofrezcan criterios normativos uniformes entre los niveles centrales y descentralizados.

•      La necesidad de simplificar las modalidades de contratación.

•      La necesidad de desarrollar una modalidad específica para la contratación de servicios y consultorías.

•      La necesidad de simplificar y racionalizar las excesivas etapas de control y vistas en procesos en ejecución controles los cuales generan procedimientos muy extensos.

•      La necesidad de reducir plazos que las instituciones dedican a la toma de decisiones en las diferentes etapas del proceso.

•      Los procedimientos de recursos están mas bien orientados a los derechos de los oferentes, sin tomar en cuenta las necesidades de la administración en perseguir la eficiencia y eficacia

49. Entendiendo las prioridades de la Asamblea Legislativo, el esfuerzo de mejoramiento de la LCA se puede realizar mediante la emisión de reglamentos y directrices por parte del Ejecutivo y la CGR, así como mediante la emisión de documentos y herramientas estandarizadas de contratación”.

El informe indicado de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo que tomó una fotografía real y reciente de lo que es el proceso de compras, ayuda a que la propuesta de ley que nos ocupa vaya en la línea de alcanzar mayor eficiencia, eficacia y transparencia, amén de concretizar una lógica de controles previos más inteligentes y afines al interés público, con base en el texto expreso del artículo 182 de la Constitución Política, que nutre postulados para la materia y deja la posibilidad de que la Asamblea Legislativa sea la que emita las leyes que considere más convenientes y pertinentes para regular la actividad de contratación administrativa, partiendo, por regla de sentido común, las diferencias palpables dependiendo del tipo de organización de que se trate.

Solo por recodarlo, en noviembre del 2004 el sector privado y público analizaron y determinaron algunas “quejas” que, vistas al día de hoy, persisten en buena medida y ayudan en la viabilidad técnica y de respuesta a los sectores implicados, del presente proyecto; así:

a)    Una debilidad institucional en la planificación; cultura ineficiente de planificación.

b)    Uso abusivo de trámites, dando con ello pie a una burocracia sin sentido en un proceso sensible como el de compras.

c)    Voluntad política poco consistente para fortalecer las proveedurías institucionales.

d)    Falta de conocimiento de la materia de contratación administrativa en actores estratégicos de las organizaciones.

e)    Uso escaso de las fortalezas de las tecnologías para hacer más eficiente y transparente el proceso.

f)     Falta de estandarización de los carteles, contratos y otros.

g)    Criterios duales en la misma Contraloría General de la República, lo que genera inseguridad jurídica, y no pocas veces hay decisiones que podrían verse como decisiones que deben ser de las administraciones activas.

Datos CGR: Un control previo que no aporta valor

Ahora, de los propios datos estadísticos de la Contraloría General de la República se puede demostrar -con precisión- que la participación de esa institución en recursos de objeción al cartel, recursos de apelación contra adjudicaciones y refrendo de contratos es sumamente bajo, casi insignificante, en comparación con el grueso de las compras del Estado. En esa línea podemos afirmar que algunos pregonan que la Contraloría General debe conservar el control previo, que se resume básicamente en tres procesos (objeción, apelación y refrendo), sin detenerse a revisar que esa participación contralora, de frente a la totalidad de compras del Estado, es prácticamente nula o insignificante. Y, adicionalmente, en eso poco que le llega, la tendencia es la de confirmar las actuaciones de la Administración Pública, por lo que cabe preguntarse sobre el valor agregado de un control previo que realmente NO aporta.

Citamos datos extraídos de las propias memorias anuales del órgano contralor.

Año 2009

“Según datos del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), la administración pública inició cerca de 71.926 procesos (7% menos que en el año 2008), y adjudicó 65.009 (5% menos que en el año 2008) por un monto cercano a ¢2,3 billones. De estos procesos, el 79% correspondieron a contrataciones directas y 15% en procedimientos basados en principios de contratación, el 6% restante corresponde a licitaciones públicas nacionales e internacionales y licitaciones abreviadas, entre otras.

En el año 2009 se tramitaron 418 recursos de apelación; el 80% de los fallos confirmaron el acto de adjudicación, y el 20% lo anularon. En el caso de las objeciones al cartel, el 16% de los fallos las declararon sin lugar o fueron rechazadas, y en 52,5% de ellos llevó a la Administración a revisar y ajustar el cartel. La CCSS fue la institución más recurrida en el 2009. Contra sus carteles se presentaron impugnaciones en 96 ocasiones, y el 62,5% de los fallos otorgó la razón al recurrente. Sobre las solicitudes de contratación directa, durante el 2009 se atendieron un total de 624, de las cuales 438 (70,19%) fueron autorizadas y 135 (21,63%) fueron denegadas; las restantes gestiones fueron archivadas sin trámite. El monto de las contrataciones directas presentadas ante la CGR ascendió a la suma de ¢90.017,86 millones.

La cantidad de gestiones sometidas al proceso de refrendo mantuvo la tendencia de reducción iniciada en el 2003. En el 2009 se atendieron 1284 gestiones, otorgándose el refrendo en 1021 casos”.

Año 2008

“Según datos del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), la administración pública inició cerca de 77.557 procesos, y adjudicó 68.673 por un monto cercano a ¢1,7 billones. De estos procesos, el 60% correspondieron a contrataciones directas, 18% a licitaciones públicas nacionales, 11% a licitaciones públicas abreviadas y 8% a licitaciones internacionales.

En el año 2008 se tramitaron 408 recursos de apelación; el 76% de los fallos confirmaron el acto de adjudicación, y el 24% lo anularon. En el caso de las objeciones al cartel, el 39% de los fallos las declararon sin lugar o fueron rechazadas, y solo el 9% de ellos llevó a la Administración a revisar y ajustar el cartel. El BNCR fue la institución más recurrida en el 2008. Contra sus carteles se presentaron impugnaciones en 205 ocasiones, y el 58% de los fallos otorgó la razón al recurrente. En ese año hubo un aumento relevante en las impugnaciones declaradas con lugar o parcialmente con lugar, denotando deficiencias en la formulación de los carteles promovidos por ese Banco.

En el 2008 se atendieron 636 solicitudes de contratación directa, y se autorizó el 65% por un monto total de ¢214.580 millones. Se dio un crecimiento del 23% en la cantidad de gestiones atendidas y un incremento del 74% en el monto autorizado.

La cantidad de gestiones sometidas al proceso de refrendo mantuvo la tendencia de reducción iniciada en el 2003. En el 2008 se atendieron 1360 gestiones, otorgándose el refrendo en 930 casos”.

Año 2007

“La cantidad de objeciones al cartel atendidas en Contraloría presenta un decrecimiento del 34% respecto al año 2006, pasando de 441 gestiones en el año 2006 a 289 en el año 2007. Esta reducción puede encontrar su explicación en el cambio introducido a la ley de Contratación Administrativa, mediante la ley N° 8511, que concentró las atribuciones de la Contraloría General en el ámbito de la licitación pública.

Al respecto se emitieron 335 fallos y por las características del proceso, una resolución puede generar más de un fallo. En consecuencia, de 289 resoluciones emitidas, se declararon sin lugar o fueron rechazadas 182, de modo que un 63% de los fallos mantienen los requerimientos y condiciones establecidas por la administración, evitando cuestionamiento en etapas posteriores salvo motivos de nulidad absoluta.

Asimismo, en 45 fallos se declararon con lugar los argumentos presentados por los objetantes y en 106 parcialmente con lugar, de manera que el 36% de los fallos conllevó a la administración el deber de revisar y ajustar el cartel en los términos analizados en la resolución respectiva. Cabe señalar que la declaratoria con lugar o parcialmente con lugar, no implica la anulación de todo el cartel, sino más bien el ajuste de cláusulas específicas objeto de la impugnación.

Es preciso indicar que si bien es cierto, se redujo en un 38% las impugnaciones declaradas con lugar o parcialmente con lugar en relación con el año anterior, la administración podría procurar mayor eficiencia en los procesos de compras, lo cual reduciría el riesgo de impugnación a sus carteles. En este orden de ideas, la administración debe trabajar con mayor énfasis en la planificación del proceso de compra, lo que implica una adecuada determinación de la necesidad por satisfacer así como de las alternativas que el mercado le puede brindar. En algunas ocasiones, por ejemplo, el uso de la herramienta de audiencia previa introducida en la Ley de Contratación Administrativa, puede permitir mayor calidad en la elaboración del cartel.

Para ilustrar la problemática señalada, el siguiente cuadro muestra las instituciones cuyos carteles fueron más recurridos y el resultado de la gestión por institución.”

De la información citada de las mismas Memorias Anuales de la Contraloría General de República no hay duda de que el supuesto control previo vía objeciones, apelaciones o refrendos es, al final de cuentas, de poca incidencia en los procesos de compra total del Estado. La CGR controla un espectro sumamente limitado y, en ese poco de asuntos que le llegan, su tendencia es a confirmar lo que ha hecho la Administración. Es decir, al final de cuentas las administraciones remiten a la Contraloría General contratos o estas deben enfrentar largos plazos de objeciones y apelaciones en esa institución para que al final se confirme que todo está ajustado a derecho. Un control así no aporta mayor valor agregado y se traduce en atrasos injustificados.

Gráficamente tenemos, según datos de las memorias anuales indicadas:

Detalle Puntual de Control CGR	2008	2009
Apelaciones	408	418
Anuladas	24%	20%
Confirmadas	76%	80%
Refrendos	1369	1284
Otorgados	930	1021
Denegados	139	263

 

Obsérvese cómo el comparativo nos muestra con total claridad que la tendencia en la CGR es la de confirmar las adjudicaciones u otorgar el refrendo, eso significa que las administraciones por regla realizan bastante bien su trabajo, sea, se actúa con apego a la legalidad pero, pese a que esa es la tendencia, deben esperarse plazos hasta de 60 días hábiles para que se confirme una adjudicación que fue apelada. El plazo potencial anterior lo es en razón de la prórroga que la CGR puede otorgarse para resolver. Y en el caso del refrendo, debe esperarse la administración hasta 25 días o 20 días hábiles, según si es pública o abreviada, para poder emitirse la orden de inicio de la contratación.

Entonces, un sistema de control previo como el indicado, que al final confirma como regla que todo está ajustado a la legalidad y que en todo caso analiza si acaso, como se verá en el siguiente cuadro, un seis por ciento (6%) del total de compras del Estado, no tiene sentido; no aporta valor agregado, pero sí afecta la gestión eficiente y eficaz de las administraciones.

Participación Real CGR en Contratación Administrativa 2007
Año	2009
Cantidad de procesos o concursos	71926
Procesos o concurso adjudicados	65009
Contrataciones directas o por principios	94%
Públicas y/o abreviadas	6%

 

Del anterior cuadro, es evidente que el radio de control previo en CGR es insignificante. Un noventa y cuatro por ciento (94%) no es controlado vía objeción, apelación o refrendo de los contratos, lo que demuestra que la tesis del control previo en esa institución, en la práctica, se traduce en la posibilidad real de fiscalizar si acaso el seis por ciento (6%) del total de los procesos de compra que hace todo el Estado.

Se debe aclarar incluso que ese seis por ciento (6%) tiene licitaciones abreviadas cuyas objeciones al cartel actualmente no resuelve la CGR y la casi totalidad de contrato que derivan de esos procedimientos los aprueban las unidades internas de las administraciones. Por ende, ese seis por ciento (6%) es todavía más limitado porque básicamente se limita a un control de licitaciones públicas en el órgano contralor.

No se deja de mencionar que la regla en CGR al momento de refrendar los contratos, y eso así consta en el Reglamento de refrendos emitido por esa misma institución, es la de que, pese a que se da el refrendo, siempre queda bajo la responsabilidad administrativa la legalidad de lo actuado. Así, CGR que otrora afirmaba la necesidad de asegurar la legalidad de los contratos, hoy en día da el refrendo pero señalando en los oficios de aprobación que la legalidad de lo hecho queda en esos términos, lo que en todo caso está bien, pues siempre es la administración activa la responsable.

Controles en Contratación Administrativa NO tienen rango constitucional, por lo que es decisión del legislador ordinario definir el modelo de controles por aplicar en esta materia

Súmese a lo anterior el preclaro criterio de la Sala Constitucional en el Voto 2008-11210, de las 15:00 horas del 16 de julio del 2008, en el sentido de que es competencia de la Asamblea Legislativa disponer lo que mejor estime en cuanto a los controles por aplicar en materia de contratación administrativa. Es decir, descansa en la discreción legislativa disponer lo que mejor estime en materia de objeciones al cartel, recursos en contra de las adjudicaciones o refrendo de contratos. En general, en materia de contratación administrativa el legislador puede disponer lo que mejor estime.

En tal sentido, leamos lo que el alto Tribunal ha indicado con bastante claridad al respecto:

“…Los consultantes cuestionan una serie de aspectos con relación al refrendo contralor contenido en el proyecto de ley. Es preciso señalar que el desarrollo del refrendo contralor como una forma específica de aprobación, en el ejercicio de la tutela administrativa o dirección intersubjetiva ejercida por la Contraloría General de la República, que dota de eficacia a determinados actos, es una cuestión de legalidad ordinaria, salvo los supuestos genéricos en que el constituyente originario lo impone… Tocante al tipo de control que debe ejercer la Contraloría General de la República, ciertamente por el artículo 183 constitucional le compete la vigilancia de la Hacienda Pública, sin embargo salvo lo señalado en el ordinal 184 constitucional, el constituyente originario en vista de la textura abierta inherente al texto fundamental no indicó que los controles debían ser ex ante o ex post, de modo que sobre el particular el legislador ordinario tiene un amplio margen de libertad o discrecionalidad en la regulación legislativa del tema… Tampoco resulta inconstitucional que la ley ordinaria le reserve al reglamento la definición de los requisitos de la solicitud del refrendo, lo cual resulta congruente con el carácter general y abstracto de la ley que no debe ser reglamentista. Como se indicó supra, salvo algunas excepciones puntuales de orden constitucional, la regulación de refrendo es una cuestión de legalidad ordinaria librada a la ley y el reglamento, el refrendo contralor es una institución emplazada en la parte orgánica de la constitución y no puede entenderse bajo ningún concepto, como sucede con la parte dogmática, esto es, el régimen de los derechos fundamentales, que sea reserva de ley.”

“El punto medular de este extremo de la consulta consiste en determinar si el constituyente originario o el poder reformador establecieron con rango constitucional un control o fiscalización a priori. El Título XIII de la Constitución se denomina “Hacienda Pública” siendo que el Capítulo II se intitula “La Contraloría General de la República” y se conforma por los artículos 183 y 184. En el artículo 183 constitucional ciertamente se la asigna a la Contraloría General de la República la “vigilancia de la Hacienda Pública”, no obstante este precepto no dispone expresamente que el control en materia de contratación administrativa debe ser a priori o ex ante, deja abierta la posibilidad, también, de una supervisión o fiscalización a posteriori, precisamente la textura abierta del precepto constitucional le permite al legislador optar, en el ejercicio de su libertad de configuración, por una modalidad de control preventivo o posterior. El artículo 184 constitucional hace un elenco de las competencias constitucionales de la Contraloría General de la República, siendo que en ninguno de sus incisos se refiere el control en materia de contratación administrativa, este tema puede ser ubicado en la cláusula residual del inciso 5° al disponer que es atribución de la Contraloría “Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen”, consecuentemente el establecimiento del tipo o modalidad de control en materia de contratación administrativa es una cuestión que está librada a la libertad de conformación del legislador. Bajo esta inteligencia, la modalidad del control posterior en materia de contratación contenido en el proyecto de ley no infringe el Derecho de la Constitución.”

“Es preciso añadir que el Constituyente originario, en el ordinal 182 de la Constitución Política, se refiere a la figura general de la licitación, sin calificarla de pública o no, de otra parte desconstitucionalizó -asignándole al legislador ordinario- el tema de la definición de los montos para que procedan las distintas modalidades de licitación -pública o abreviada- con lo cual se trata, claramente, de un extremo librado a libertad de configuración legislativa.”

(Lo que está en cursiva no es del original).

Visto el criterio del intérprete autorizado de la Constitución Política, las reformas que plantea el presente proyecto son posibles de considerar por el legislador derivado, en razón de que la materia de contratación administrativa NO goza de algún fuero especial de orden constitucional. Así las cosas, el legislador podrá analizar y aprobar aquella legislación que con responsabilidad estime como la más idónea, amén de que en la especie, los cambios sugeridos no incidirán mayormente en la gestión del órgano contralor, en tanto su rol en la actualidad es sumamente limitado, por lo que sus esfuerzos deberían dedicarse a formalizar un modelo de control permanente sobre la actividad contractual, sin controles previos en objeciones al cartel, revisión de actos de adjudicación o refrendo de contratos que, en todo caso, ha sido regla en cuanto asunto resuelve esa institución la de indicar que pese a su resolución, cualquier hecho irregular que se presentase, descansa en la responsabilidad del jerarca y titulares subordinados de la administración.

Propuesta específica de reforma

•      Se reforma el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, para que el órgano contralor elabore un sistema de fiscalización regular sobre la actividad de contratación administrativa que permita el aseguramiento de la legalidad. Ese sistema analizará la buena conducta administrativa en cumplimiento del ordenamiento de hacienda pública, especialmente de compras públicas. Así, esa institución podrá analizar y proponer un sistema de control a posteriori, con métricas de evaluación, con resultados que permitan categorizar a las administraciones. El numeral precisa que la objeción al cartel se interpone en administración licitante, lo mismo que el recurso en contra de las adjudicaciones y las aprobaciones de los contratos, lo que regulariza la práctica que muestra que es la propia administración la que ya, de por sí, resuelve lo que se ha señalado de forma casi total.

•      Se agrega un artículo 20 bis en la Ley ya citada, con el objeto de regularizar el modelo alternativo de aprobación interna en cada administración. Esta posibilidad ya la reconoce el Reglamento de refrendo de contratos de la administración pública, de manera que la CGR estaría potenciando su control de manera más inteligente hacia las administraciones.

•      El artículo 2, de excepciones o supuestos de contratación directa, regula los plazos del supuesto de escasa cuantía para dotarla de mayor agilidad. Asimismo, se incluye un supuesto que ya el ordenamiento jurídico reconoce en el reglamento al título II de la Ley N.º 8660, artículo 112, inciso t), de ahí que, si ya la posibilidad se ha normado, cabe reconocerla para el resto del sector público.

•      El artículo 4, sobre eficiencia y eficacia, para que se precise lo que la misma jurisprudencia constitucional ha valorado como alcances de los enunciados rectores de las compras públicas. Es traducir los alcances del Voto de la Sala Constitucional Número 2004-14421.

•      La reforma del artículo 8 es para armonizar en la ley el cambio que sufrió la norma conexa de disponibilidad presupuestaria, artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Lo importante acá es precisar que ese requisito previo se puede confirmar previo a dictar la adjudicación, de manera que no se atrase un procedimiento tan solo por la eventual imposibilidad temporal de certificar el contenido presupuestario.

•      El artículo 30 se modifica para que el jerarca y titular subordinado de cada institución asuma la responsabilidad de aplicar un procedimiento menos gravoso, siempre y cuando se expliquen razones de infructuosidad en el primer procedimiento realizado. Siendo ello siempre responsabilidad de la administración activa, carece de sentido que la CGR otorgue una venia que el cien por ciento (100%) de las veces la otorga.

•      Se adiciona un artículo 40 bis para darle el respaldo del que ha carecido el uso de una sola plataforma de compras electrónicas.

•      Se agrega en el artículo 53 un alcance mayor de los registros de precalificados, asunto que igualmente ya está en el ordenamiento jurídico, en el reglamento al título II de la Ley N.º 8660. Así las cosas, no se está haciendo más que legislando una opción de agilidad en contratación para el resto del sector público.

•      Se modifica el artículo 80 sobre supuesto de urgencia, en razón de que este articulado, lejos de ayudar en situaciones altamente críticas donde la vida de las personas y los bienes de la hacienda pública han estado comprometidos, ha generado mayor burocracia de la necesaria. Debe afirmarse que estos procedimientos siempre estarán sujetos al control de la Contraloría General de la República y que hay responsabilidad del jerarca institucional en promover procesos declarados como urgentes o por razones de imprevisibilidad; asimismo, deberán quedar documentadas las razones técnicas, de lo contrario, habría responsabilidades penales (según delitos de la Ley N.º 8422), civiles y administrativas. Así, la modificación aclara mejor bajo qué supuestos se pueden realizar procedimientos de emergencia, sea por razones de urgencia o imprevisibilidad.

•      Por razones de insignificante incidencia de la CGR, se hace un ajuste en el artículo 81 de la ley, en cuanto a la sede para interponer objeciones en contra de carteles de licitaciones públicas. La administración activa será la competente para revisar las objeciones, su decisión agota la vía administrativa y, en caso de que el interesado no comparta la resolución, podrá acudir a la vía contencioso administrativo.

•      Por razones parecidas se ajusta el texto del artículo 84 para que los actos de adjudicación se impugnen en la propia administración. Por tal modificación, los artículos 86 y 89 deben precisarse en sus redacciones.

•      Por disponerse sobre una única instancia en la propia administración, deben derogarse los artículos 91 y 92 de la Ley de Contratación Administrativa.

Por las razones anteriores presentamos a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

N.º 7428, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1994 Y ADICIÓN DE

UN ARTÍCULO 20 BIS; REFORMA DE LOS ARTÍCULOS

2 INCISO H) Y ADICIÓN DEL INCISO i), ARTÍCULOS 4,

8, 30, 53, 80, 81, 84, 86 Y 89 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA, N.º 7494, DE 8 DE JUNIO DE

1995, ASÍ COMO ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 40

BIS Y DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS

 91 Y 92 DE DICHA LEY

ARTÍCULO 1.-       Refórmese el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.º 7428, y agréguese un artículo 20 bis; cuyos textos dirán:

“Artículo 20.-  Potestad en contratación administrativa

La Contraloría General de la República elaborará una metodología para fiscalizar de forma efectiva la actividad de contratación administrativa. Esta le debe permitir verificar el apego a la legalidad de la conducta administrativa. Podrá disponer de métricas de evaluación y sus resultados permitirán dictar medidas de control y mejora en la gestión a cada sujeto integrante de la hacienda pública. El modelo reconocerá la buena aplicación del ordenamiento de contratación administrativa, y advertirá y dispondrá controles especiales a los sujetos que no despliegan una gestión en términos satisfactorios.

Las unidades de aprobación interna de cada administración serán responsables de verificar la legalidad de los documentos contractuales de licitaciones públicas y abreviadas de previo a emitirse la orden de inicio o de compra. La inexistencia o la denegación de la aprobación interna impedirán la eficacia jurídica del acto o contrato y su ejecución quedará prohibida, so pena de sanción de nulidad absoluta. Cuando se den actividades o actuaciones propias de la ejecución contractual, estas generarán responsabilidad personal del servidor que las ordene o ejecute. En todo caso, la continuidad de la ejecución quedará sujeta a una resolución debidamente motivada del jerarca donde deje acreditadas razones de interés público en concluir con la ejecución contractual.

Artículo 20 bis.-     Verificación de legalidad

La verificación de legalidad dispuesta en el artículo anterior se regirá por los lineamientos generales que al respecto emita la Contraloría General de la República. Esta institución igualmente podrá aprobar trámites alternativos de aprobación previa en las unidades internas de aprobación, conforme a las siguientes reglas:

a)    El trámite alternativo se dará para categorías contractuales que se determinen.

b)    El cartel deberá incorporar los términos sustanciales del futuro contrato, con la salvedad de los aspectos derivados de la oferta adjudicataria; de variarse los términos sustanciales del contrato revisado, este deberá someterse a la aprobación interna.

c)    La administración interesada en someterse al trámite alternativo deberá solicitarlo a la Contraloría General de la República; en la gestión deberán señalarse las medidas de control interno que se aplicarán.

La Contraloría General de la República analizará la solicitud y resolverá dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente de su recepción.

Una vez comunicada la resolución a la administración, esta la comunicará en cada cartel que formalice.

En conocimiento de un recurso de objeción al cartel o de revocatoria se podrá otorgar aprobación previa del proyecto de contrato que se remita. En caso del trámite de una objeción, la propuesta borrador deberá estar en un anexo del cartel. En el caso del trámite de un recurso de revocatoria, la propuesta podrá estar en un anexo del cartel o ser presentada por la proveeduría al contestar la audiencia inicial o al menos cinco días hábiles antes de que venza el plazo para que se resuelva el recurso.”

ARTÍCULO 2.-       Refórmese el artículo 2, inciso h), agréguese un inciso i) al artículo 2, y refórmense los artículos 4, 8, 30, 53, 80, 81, 84, 86 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa, N.º 7495, cuyos textos dirán:

“Artículo 2.-    Excepciones

Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades:

[…]

h)    La actividad de contratación de escasa cuantía. En esta se deberá confeccionar una ficha técnica o un pliego de condiciones sencillo en donde se describa el objeto contractual, el plazo y la forma de la entrega, así como también se deben fijar la hora y fecha para la recepción de las propuestas. En la adjudicación se considerarán aspectos de precio y calidad.

La Administración dará un plazo mínimo de un día y un máximo de cinco días hábiles para la presentación de las ofertas. Este plazo podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por cinco días hábiles. En casos acreditados como urgentes se pueden solicitar las cotizaciones con al menos con cuatro horas de anticipación a su recepción.

Se invitará a no menos de tres potenciales oferentes del registro de proveedores. En caso de que el número de proveedores inscritos sea menor a tres, o no exista ninguno inscrito, se podrá invitar a otros que no lo estén, acudiendo incluso a información de otros registros de proveedores. La Administración estudiará las ofertas presentadas, sin distinguir si provienen de proveedores invitados o no.

Para la validez del procedimiento no será necesario contar efectivamente con las tres cotizaciones, pero sí que los invitados estén dedicados al giro propio del objeto contractual específico.

El cartel deberá facilitar la presentación de ofertas por fax, correo electrónico u otros medios, particularmente de carácter electrónico.

El acto de adjudicación deberá dictarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados. El acto de adjudicación será comunicado dentro de un plazo de veinticuatro horas a los participantes, quienes podrán interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a su notificación. Si el recurso es admisible, se concederá audiencia al adjudicatario por el plazo de dos días hábiles, vencido el cual se deberá resolver dentro de los tres días hábiles siguientes. En los casos declarados urgentes no habrá recurso alguno.

i)     Cuando los bienes, las obras o los servicios a contratar puedan obtenerse de un número limitado o restringido de proveedores, mismos que son identificables en el mercado, y en razón de lo cual por economía y eficiencia no resulte adecuada la aplicación de los procedimientos ordinarios de contratación, en estos casos se deberá justificar la compra y realizar un concurso con invitación directa a los potenciales interesados; se deberá documentar el proceder en expediente administrativo y particularmente se dejará constancia de las actuaciones administrativas que conllevan a afirmar que hay un número identificable de posibles proveedores. En este supuesto, la Administración podrá alegar y documentar razones de ubicación geográfica, en el tanto es la que conoce que en su cercanía existen pocos posibles interesados o idóneas contrapartes para sus necesidades de compra, particularmente cuando se trate del levantamiento de obra o infraestructura pública.

[…].”

“Artículo 4.-    Principios de eficacia y eficiencia

[…]

En todas las etapas de los procedimientos de contratación prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. Los aspectos de forma de un cartel de ninguna manera podrán imponerse como un argumento para no alcanzar el fin último de un procedimiento de contratación administrativa que es satisfacer el interés público, así, si hay hechos históricos de imposible modificación por parte de un oferente que no fueron referenciados en la oferta, falta de firma en una oferta que sí se presenta y es muestra clara de querer pactar con el Estado, defectos de cualquier índole en la garantía de participación, entre otros que no representen conceder una ventaja indebida, cabrá la subsanación.

Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán de forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés público. Los defectos subsanables, sean estos elementos de forma o de fondo, no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación. Cuando la Administración decida excluir una oferta por falta a un requisito sustancial, deberá dejar constancia en expediente de las razones que estimó para no haber otorgado el derecho a la subsanación y catalogar la falta como ventaja indebida en caso de otorgar un de previo de subsanación.

[…].”

“Artículo 8.-    Disponibilidad presupuestaria

Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio y bajo la responsabilidad de la Administración, podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, la Administración advertirá expresamente en el cartel que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario.

En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones.”

“Artículo 30.-  Modificación del procedimiento en licitación infructuosa

Si se produce una licitación pública infructuosa, la Administración podrá utilizar en el nuevo concurso el procedimiento de licitación abreviada.

Si una licitación abreviada resulta infructuosa, la Administración podrá realizar una contratación directa.

En el caso de un remate infructuoso, la Administración podrá aplicar hasta dos rebajas a la base fijada por el avalúo respectivo, hasta en un veinticinco por ciento (25%) cada vez.

En expediente deberá constar un documento que de forma particular informe las causas por las cuales la Administración considera que se dio la infructuosidad. Este documento deberá ser firmado por el jerarca o el titular subordinado.”

“Artículo 40 bis.-   Uso plataforma de compras electrónicas

El Poder Ejecutivo reglamentará los términos necesarios y suficientes para el desarrollo y uso de una sola plataforma de compras electrónicas para todo el Estado. Entre otros deberá regularse el catálogo de mercancías y registro único de proveedores, las disposiciones para evaluar el desempeño de los proveedores, como de la actividad contractual de las instituciones, los tipos de controles por aplicar, así como la promoción de acceso y uso de las tecnologías en términos de igualdad para las administraciones como para los proveedores. En el reglamento ejecutivo para desarrollar todos los alcances del sistema de compras electrónicas se establecerá, igualmente, lo concerniente a los requisitos previos, garantías, elaboración de carteles, oferta y su estudio, acto final, tipos de contratos y su ejecución, régimen recursivo, entre otros.”

“Artículo 53.-  Precalificación

[…]

Asimismo, la Administración podrá elaborar registros de proveedores precalificados, ya sea para la totalidad o para ciertos bienes o servicios.

En estos casos, la Administración invitará al proceso de precalificación mediante publicación en por lo menos un diario de circulación nacional.

En el proceso de creación de estos registros se podrán evaluar aspectos legales, técnicos, particularmente aspectos de calidad, y financieros básicos de los proveedores. Revisado lo anterior, la Administración comunicará al interesado el resultado del proceso de precalificación; contra la resolución administrativa podrá plantearse recurso de revocatoria dentro del quinto día hábil ante la propia Administración, lo que se resuelva dará por agotada la vía administrativa. Cualquier interesado podrá ingresar, en cualquier momento, a estos registros en tanto cumplan los criterios establecidos.

La Administración, cada vez que tenga la necesidad de compra, invitará únicamente a los precalificados, sabiendo que la oferta de un no precalificado será excluida del concurso. En el desarrollo de estos procesos concursales la Administración cuidará por la mayor transparencia posible, igualdad de trato y concurrencia de los proveedores precalificados; la escogencia del adjudicatario será basada en aspectos de calidad, con preponderancia del factor precio.

Según lo defina la Administración, al promover cada concurso podrá utilizar las modalidades de entrega según demanda, cantidad definida, subasta a la baja u otras que justifique y sean idóneas para el fin perseguido.

Contra el acto de adjudicación de cada concurso promovido cabrá igualmente recurso de revocatoria, según lo dispuesto sobre el recurso de revocatoria de los procesos de escasa cuantía. La Administración podrá acudir a esos registros siempre que le resulten idóneos para la satisfacción del interés público.”

“Artículo 80.-       Procedimientos de urgencia e imprevisibilidad

La Administración, en casos de urgencia o imprevisibilidad y para evitar lesiones del interés público o a los servicios públicos esenciales, daños graves a las personas y daños irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación, incluso podrán dictarse procedimientos sustitutivos.

Si fuese necesario, el jerarca institucional incluso podrá acordar la modificación del presupuesto aprobado y vigente para destinar más recursos a procedimientos de contratación declarados como urgentes o imprevisibles o para transferirlos a la Comisión Nacional de Emergencias. En el caso del Gobierno central, el Poder Ejecutivo decretará y declarará el estado de emergencia, sea por razones de urgencia o imprevisibilidad. En los demás casos, el jerarca institucional será el competente. En expediente deberán documentarse las razones técnicas e imperiosas que justifican tal declaratoria.

En estos supuestos, y conforme a las competencias de la Contraloría General de la República, la Administración quedará sujeta al control posterior.

Artículo 81.-    Plazo y órganos competentes

Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. El recurso se interpone ante la propia administración licitante.”

“Artículo 84.-  Recurso contra la adjudicación

En contra del acto de adjudicación de licitaciones públicas, abreviadas o directas de escasa cuantía podrá interponerse recurso de revocatoria.

En los concursos promovidos de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 1 de esta ley, igualmente cabrá recurso de revocatoria.

En las adjudicaciones derivadas de autorizaciones basadas en razones de urgencia no procederá recurso alguno.

El recurso deberá ser presentado ante la propia Administración, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación pública. Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esta ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación. Cuando se trate de escasa cuantía, el recurso deberá interponerse dentro de los dos días siguientes a la comunicación de la adjudicación.

El recurso se presentará ante el mismo órgano que dictó el acto o ante el máximo jerarca, si así lo solicita el interesado. Uno u otro estarán obligados a resolver conforme a los plazos indicados. La resolución que dicte la Administración dará por agotada la vía administrativa. Queda a discreción del interesado acudir directamente a la sede de lo contencioso- administrativo por el carácter facultativo del agotamiento de la vía administrativa.”

“Artículo 86.-  Admisibilidad

La Administración dispondrá para recursos contra adjudicaciones de licitaciones públicas y abreviadas, en los primeros cinco días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.

Si se admitiera un recurso que debió ser rechazado por los criterios antes dichos, la Administración investigará si hubo una conducta negligente del funcionario responsable para tomar las medidas del caso.”

“Artículo 89.-  Plazo para resolver

En los casos de licitaciones públicas, el recurso de revocatoria deberá ser resuelto dentro de los treinta días hábiles siguientes al auto inicial; en dicho auto se conferirá, a la parte adjudicataria, un plazo de diez días hábiles para que se manifiesten sobre los alegatos del recurrente y aporten las pruebas respectivas. Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esta ley, el plazo de resolución será de veinte días hábiles y el emplazamiento será por cinco días hábiles.

En casos muy calificados, cuando para resolver el recurso haya sido necesario recabar prueba para mejor resolver que, por su complejidad no pueda ser rendida dentro del plazo normal de resolución, mediante decisión motivada podrá prorrogarse el período hasta por otros quince días hábiles, en los casos de licitaciones públicas, y por diez días hábiles, cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de esta ley.”

ARTÍCULO 3.-       Deróguense los artículos 91 y 92 de la Ley de Contratación Administrativa.

ARTÍCULO 4.-       Disposiciones transitorias

TRANSITORIO I.-   Los procedimientos con publicación o comunicación de invitación a concursar, previo a la publicación de la presente ley, continuarán tramitándose conforme a las reglas anteriores.

TRANSITORIO II.- Las administraciones deberán conformar, en un plazo no mayor a cuatro meses, una unidad interna de aprobaciones de contratos separada de sus direcciones o asesorías legales. Salvo casos justificados por el jerarca institucional, tal unidad podrá ser parte de aquella instancia, aunque los funcionarios de esta deberán gozar de independencia de criterio con respecto a la jefatura de aquella.

TRANSITORIO III.-            El reglamento indicado en el artículo 40 bis deberá ser elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y será publicado en La Gaceta a los seis meses luego de publicada la presente reforma de ley.

ARTÍCULO 5.-       Reglamento

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los seis meses siguientes a su publicación. En la reglamentación, el Poder Ejecutivo podrá reformar otros alcances del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, Decreto N.º 33411-H y sus reformas, en tanto atienda a la ley vigente y sea para procurar una mejora efectiva del ordenamiento de compras públicas, especialmente en lo relacionado con la implementación de una sola plataforma de compras electrónicas para todo el Estado.

Rige seis meses después de su publicación.

Fabio Molina Rojas

DIPUTADO

16 de setiembre de 2013

NOTA:    Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

1 vez.—O. C. Nº 23285.—Solicitud Nº 101-00526-L.—(IN2013063647).

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE

VIVIENDA Y URBANISMO PARA LA DONACIÓN

DE TERRENO A LA MUNICIPALIDAD DE

CARTAGO Y ESTA A SU VEZ PARA

DONAR PARTE DEL MISMO A LA

ASOCIACIÓN SERES DE LUZ

Expediente N.º 18.926

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Asociación Seres de Luz es una organización que brinda atención a personas adultas con discapacidad, incluyendo a egresados de diversas instituciones educativas de enseñanza especial como a personas que no han gozado del privilegio de estos servicios. Se trata de una población que requiere de un apoyo prolongado y permanente para la mayoría de las actividades y ocupaciones de la vida cotidiana.

La Asociación Seres de Luz, fundada por los padres de los jóvenes que allí se atienden, se propone brindar una atención en la medida de las necesidades de los jóvenes, incluyendo atención individualizada, a través de diversas capacitaciones de calidad, con el fin de ofrecer la atención requerida para esta población con discapacidad, que debido a diversas limitantes no poseen las herramientas de superación que requieren.

Como norma de la Asociación, al aceptar a cada nuevo joven en el programa de capacitación, sus padres o encargados son invitados a formar parte de la organización, para lo cual aportan una cuota simbólica de ¢15.000 mensuales, suma que se exonera en casos de necesidad. Todos los padres y encargados participan además en diversas actividades de generación de recursos que se realizan periódicamente, lo que unido a algunos recursos aportados por entes como la Municipalidad de Cartago y donaciones de entes privados, le permiten funcionar. Se coordina además con entes de formación académica y técnica para brindar cursos específicos.

El propósito es dar adiestramiento que permita a los jóvenes cuya capacidad así lo admita, para que se incorporen al sector laboral, para lo cual se brindan cursos en áreas básicas de actividad adecuadas a sus aptitudes. Aunque es cierto que existen algunas organizaciones que tienen propósitos similares, una gran diferencia de esta organización es que la formación y socialización que se brinda va más allá de ese propósito de incorporar a sus miembros a un mercado laboral, ya que muchos de ellos no logran un proceso de aprendizaje suficiente como para que los sectores empleadores asuman su contratación. Por esta razón, se permite la matrícula permanente de los adultos especiales cuyo rango de edad va de 18 a 65 años, convirtiéndose así en un centro que da a una población que a veces es olvidada por la sociedad, una opción de socialización e intercambio de experiencias únicas.

En la actualidad, el grupo funciona en un espacio alquilado, constituyendo esta erogación una de las más importantes, debiéndose destinar gran parte de sus recursos a este rubro, distrayéndolos de otras importantes actividades como pago de profesionales y compra de materiales e insumos de enseñanza.

Es por esto que resulta fundamental para la Asociación contar con un espacio físico, un local adecuado, que permita desarrollar estas actividades y por tanto concretar las metas propuestas, en beneficio de la población que se atiende.

Paralelo a esta necesidad de la Asociación Seres de Luz, existe en la ciudad de Cartago un local que desde los años de la década de 1970 sirvió de sede a la desaparecida Asociación Nacional de Artesanía (ANDA), la cual a su desaparición trasladó sus activos al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, (INVU), el cual no realizó ninguna erogación para recibir esa donación.

Objetivos del proyecto

1.- Dotar a la mayor brevedad posible de un local para desarrollar las actividades de la Asociación Seres de Luz en beneficio de la población con discapacidad de la ciudad de Cartago y sus alrededores mediante la donación de un inmueble inscrito a nombre del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

2.- Trasladar por donación a la Municipalidad de Cartago un terreno en el que existe un nacimiento de agua que brinda servicio a la comunidad de Cartago.

Información de la organización

La Asociación Seres de Luz, debidamente inscrita y con personería legal que la faculta para recibir donaciones es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo la ayuda para adultos jóvenes con discapacidad. Fue fundada por un grupo de padres de jóvenes con estas características, y está presidida por una Junta Directiva que es seleccionada cada dos años por sus asociados.

Como parte de su cultura organizacional la empresa ha definido las siguientes declaraciones de Misión y Visión:

Misión:

“Fomentar la igualdad de oportunidad a las personas con discapacidad de Cartago, dotándoles de servicios integrales, acordes con las características, expectativas y habilidades de los usuarios para así mejorar su calidad de vida y la de sus familias”.

Visión:

“Ser una organización líder en la comunidad de Cartago, que propicie el goce de sus derechos a las personas con discapacidad, mediante el aprovechamiento de servicios integrales que potencien sus habilidades y destrezas en áreas del diario vivir, trabajo, recreación e inserción social y laboral”.

Justificación del proyecto

El sistema educativo costarricense carece de un programa integral que atienda las necesidades de la población que sobrelleva discapacidades que le dificultan o impiden su inserción laboral y en muchos casos su interrelación social. El sistema educativo formal lleva a esta población a un camino terminal luego de la llamada educación especial o prevocacional, que concluye con el último año de educación secundaria, la cual no necesariamente les capacita para su desempeño productivo.

Por tanto, debido a esta necesidad de programas y proyectos para las personas adultas con discapacidad, que después de haber cumplido su proceso en los centros de educación formales no encuentran opciones de formación y socialización, un grupo de padres de familia del cantón Central de Cartago y alrededores toma la decisión de unirse para formar una Asociación llamada Seres de Luz, cuya cédula jurídica es 3-002-644-521, iniciando con ello la creación de una serie de procesos de integración a la sociedad e independencia personal para estos jóvenes adultos en sus actividades de la vida diaria, además de abrir la posibilidad de procesos de integración a lo laboral, de acuerdo con las características y capacidades de cada adulto atendido. Con esto se aumentan las posibilidades para su involucramiento parcial o total en los diversos campos laborales como la industria, el comercio, servicios, etc., bajo una supervisión adecuada, gracias a la estimulación de sus actividades, destrezas repercutiendo en la calidad de vida para ellos y sus familias.

Incrementa además las opciones de socialización de todos los jóvenes, dando a aquellos que no logren incorporarse al mundo laboral, la opción de interactuar con otras personas de condiciones similares, ampliando su horizonte personal y dando a sus familias la posibilidad de atender de mejor manera a sus miembros con discapacidades.

Funciona actualmente en un local alquilado, cuyo monto es sufragado por cuotas de los padres de familia y mediante actividades que generen recursos económicos, dadas las limitaciones económicas de la gran mayoría de las familias participantes.

En la actualidad no existen suficientes espacios y centros especializados en la atención de personas con discapacidad en el cantón Central de Cartago, en los que la formación orientada a la población objeto se convierta en un medio para transformar este segmento inactivo en una población activa como lo pretenden la Ley N.º 7600, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley N.º 8661) y la Política Nacional en Discapacidad 2011-2021, las cuales buscan impulsar este nuevo reto dando como prioridad la capacitación y el trabajo en cualquier programa que atiende personas adultas con discapacidad.

De acuerdo con todo lo anterior, el objetivo es fortalecer este centro de aprendizaje para consolidar la oferta de oportunidades de crecimiento bajo la modalidad de aprender haciendo de manera interactiva, en donde cada persona aprenda, descubra y dé frutos a través de las experiencias vividas en cada etapa, al mismo tiempo que produzca partiendo de su capacidad residual, sin dejar de lado sus necesidades e intereses.

Para lograr los objetivos de la Asociación Seres de Luz, se requiere de la ayuda del INVU mediante la donación a la Municipalidad de Cartago del terreno denominado “Antiguo ANDA”, plano catastro número C-548733-1984, en el cantón Central de Cartago, ubicado en avenida 8, calle 5 (antes y según registro en la calle 8 y avenida 7) en barrio Asís, o bien de la esquina sur oeste de los Tribunales de Justicia de Cartago, 200 metros sur, es un terreno esquinero de aproximadamente 2466,80 mN, señalado como “plano de zona verde” e incluye un área al lado oeste como “construida”. A su vez, se requiere autorizar a la Municipalidad de Cartago para que segregue y done un 50% del terreno, en el área construida, a la Asociación Seres de Luz.

La zona construida es un edificio levantado en dos etapas; la primera en los años de la década de 1970 y la segunda en los años de 1980, el cual requiere de una reparación para la cual la Asociación Seres de Luz ya ha iniciado contactos para contar con los recursos económicos necesarios.

En vista de que, como se dijo, este terreno incluye una naciente de agua que es utilizada por la Municipalidad de Cartago, el terreno puede ser dividido y debidamente segregado, de modo que la naciente, que es administrada y cuidada por este gobierno local pase a ser de su propiedad. Esta división y donación favorecerá también al INVU ya que desde que recibió este terreno el mismo no le ha rendido ningún fruto y de hecho el área de pozo de agua cumple un importante papel en la dotación de agua a la población de la ciudad de Cartago, por lo que no tiene otro posible uso.

Esta donación significa un importante beneficio para las tres partes involucradas, a saber, el INVU por cuanto daría dos usos relevantes a un terreno que es suyo por la acción de donación generada al disolverse la antigua Asociación Nacional de Artesanía, ANDA; para la Municipalidad de Cartago que pasaría a ser propietaria de un pozo de agua que le brinda un importante caudal para el servicio de la comunidad y para los jóvenes adultos con discapacidad agrupados en la Asociación Seres de Luz, para que continúen recibiendo formación en un local adecuado, para lo cual puede aprovechar el área construida una vez reparada y otras zonas para más actividades educativas.

Sustento legal

El artículo 67 del Código Municipal, permite al Estado, las instituciones públicas y las empresas públicas constituidas como sociedades anónimas donar a las municipalidades toda clase de servicios, recursos y bienes. A la vez, el artículo 62 del Código Municipal autoriza a las municipalidades a donar bienes mediante la emisión de una ley especial como la que aquí se propone.

En este sentido la presente ley especial armoniza con el precepto constitucional del artículo 121, numeral 14 de la Constitución Política, en tanto se requiere dar al bien inmueble que se donará a la Municipalidad de Cartago, para que a su vez lo done a la Asociación Seres de Luz, un destino específico (Centro de atención y capacitación de adultos con discapacidad), por lo que indubitablemente el bien quedará afectado a un fin o servicio público determinado.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE

VIVIENDA Y URBANISMO PARA LA DONACIÓN

DE TERRENO A LA MUNICIPALIDAD DE

CARTAGO Y ESTA A SU VEZ PARA

DONAR PARTE DEL MISMO A LA

ASOCIACIÓN SERES DE LUZ

ARTÍCULO 1.- Se autoriza al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), para donar a la Municipalidad de Cartago los terrenos que corresponden a la finca plano catastro número C-548733-1984, en el cantón Central de Cartago, Finca N.º 6007 inscrita en el partido de Cartago.

ARTÍCULO 2.- Se autoriza a su vez a la Municipalidad de Cartago, para que segregue de este terreno, un cincuenta por ciento (50%), en toda su parte oeste y lo done a su vez a la Asociación Seres de Luz, cédula jurídica 3-002-644-521.

ARTÍCULO 3.- Las escrituras serán otorgadas ante la Notaría del Estado y estarán exentas del pago de todo derecho de registro, timbres, tasas e impuestos.

Rige a partir de su publicación.

Luis Gerardo Villanueva Monge          Carlos Humberto Góngora Fuentes

Víctor Hernández Cerdas                         Ileana Brenes Jiménez

Martín Alcides Monestel Contreras     José Roberto Rodríguez Quesada

Víctor Emilio Granados Calvo

DIPUTADA Y DIPUTADOS

26 de setiembre de 2013

NOTA:    Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.

1 vez.—O. C. Nº 23285.—Solicitud Nº 3458.—Crédito.—(IN2013067715).

LEY PARA EL APOYO DE LOS PEQUEÑOS

Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PIÑA

Expediente N.º 18.927

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Costa Rica posee un significativo grupo de familias productoras de piña, las cuales han estado y están afrontando una situación financiera sumamente delicada resultado de sus inversiones en esta actividad. Este grupo de costarricenses se ha caracterizado por su empeño en sus actividades y sus actitudes ante sus obligaciones. Sin embargo, las mismas han superado sus esfuerzos y se hace necesario alternativas de solución por parte del Estado.

El espíritu que impera y sustenta esta iniciativa de ley, es dar protección a los núcleos familiares tanto social, económica y emocionalmente. Es menester recalcar en esta exposición, que los resultados que acarrean estas situaciones financieras en estas familias de agricultores está erosionando la estabilidad y por ende existencia de las mismas, así como la destrucción o pérdida de sus patrimonios familiares.

Siendo así las cosas, se presenta esta alternativa de solución la cual radica en que se autorice al Sistema de Banca para el Desarrollo comprar los saldos deudores de las operaciones crediticias, por una única vez, que los pequeños y medianos productores de piña tienen vigentes con los bancos del Estado, bancos privados, cooperativas de crédito, fundaciones, ONG`s, financieras, grupos de préstamo, prestamistas privados, personas físicas y almacenes agropecuarios. Aunado a lo anterior, se les otorgue una readecuación a largo plazo y les facilite la reinserción a la producción agropecuaria. Cabe destacar, que mientras se aprueba este proyecto se solicitará a los bancos detener todos los procesos de cobro judicial.

El objetivo de este proyecto de ley, es garantizar el desarrollo socioeconómico de los pequeños y medianos productores que mantienen operaciones crediticias al día, en mora o en proceso de cobro judicial, o bienes ya rematados pero en posesión del banco; con el fin de evitar la pérdida del patrimonio familiar de los productores y sus familias, facilitar su reinserción al sistema productivo, disminuir la pobreza así como los niveles de desempleo y subempleo rural, evitando la migración hacia los centros urbanos.

Es importante mencionar, que los beneficiarios serían los productores de piña  identificados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y que formen parte de organizaciones avaladas por dicho Ministerio, cada uno con expediente que demuestre la condición actual del productor.

La clasificación de este proyecto de ley, se enmarca como inversión orientada a la reducción de la pobreza, y la recuperación del desarrollo socioeconómico de las comunidades involucradas en este proyecto.

En cuanto a la zona geográfica, se suscribe a las operaciones crediticias de fincas ubicadas en Sarapiquí, Los Chiles, Upala, Guatuso, San Carlos, Río Cuarto de Grecia, Santa Cecilia de la Cruz, Guápiles, Guácimo, Siquirres y los sitios que así encuentre y sustente el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Se considera de relevancia añadir que la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo N.º 8634, tiene dentro de sus objetivos el financiamiento de proyectos con viabilidad y factibilidad técnica, económica y ambiental; con el uso de mecanismos crediticios, avales, garantías y servicios no financieros y de desarrollo empresarial.

Así también, es necesario recordar que otros factores como el cambio climático, la floración natural, la aparición de plagas de difícil combate con el uso de tecnología orgánica, el alto costo de los insumos, la apreciación del colon respecto al dólar (disminución del tipo de cambio) y la falta de diversificación en la producción, han incrementado la vulnerabilidad.  Además, que la inestabilidad de los precios locales e internacionales de la piña, la falta de planificación de las siembras, la informalidad en la comercialización, generan mayores problemas a los productores.

Sin lugar a dudas, los pequeños y medianos productores de piña enfrentan una crisis de endeudamiento, que se origina en parte con los bajos precios de la fruta en los mercados internacionales provocados por la crisis internacional.  Hoy una importante cantidad de productores, aproximadamente 330 de la zona Norte y 40 de la Zona Atlántica, de los cantones antes citados se han visto afectados y tienen problemas para atender las deudas.

Por los motivos expuestos sometemos a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de reforma constitucional.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

LEY PARA EL APOYO DE LOS PEQUEÑOS

Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PIÑA

ARTÍCULO 1.- Se autoriza al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), para que le compre los saldos deudores de las operaciones crediticias, por una única vez que los pequeños y medianos productores de piña tienen vigentes con los bancos del Estado, bancos privados, cooperativas de crédito, fundaciones, ONG`s financieras, grupos de préstamo, prestamistas privados, personas físicas y almacenes agropecuarios.

ARTÍCULO 2.- Se autoriza al SBD para que de forma directa atienda por el período que sea necesario a los productores beneficiarios de esta ley, mediante la implementación de un Programa Especial para lo cual no necesitará de un operador financiero.

ARTÍCULO 3.- Le corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería; aportar las listas oficiales de los pequeños y medianos productores de piña con deudas en el sistema financiero, los expedientes deben ser preparados para esos efectos en un período no mayor a treinta días hábiles.

ARTÍCULO 4.- El SBD será el ente responsable de la ejecución de esta ley, para lo cual establecerá una Unidad Ejecutora encargada de dar seguimiento a todas las operaciones realizadas, dar acompañamiento y brindar asistencia técnica; además aplicará los controles y brindará los informes al Consejo Rector.

ARTÍCULO 5.- Todas las garantías otorgadas por los productores a favor de los bancos del Estado, bancos privados, cooperativas de crédito, fundaciones, ONG`s, financieras, grupos de préstamo, prestamistas privados, personas físicas y almacenes agropecuarios, pasan a favor del SBD, quien correrá con todos los gastos legales.

ARTÍCULO 6.- El SBD realizará una readecuación de todas las deudas de los pequeños y medianos productores de piña, para lo cual dará un plazo de gracia de 5 años en el pago del principal, durante el cual no se cobrará, ni acumularán ningún tipo de intereses.

ARTÍCULO 7.- Durante el período del artículo 5, el SBD realizará los avalúos de las propiedades y bienes recibidos en garantía y en caso de existir suficiente garantía, se podrá optar por un nuevo desembolso que permita la reincorporación de los agricultores a la producción, o en caso necesario de no existir saldo de garantía a favor del productor, se utilizarán los avales del SBD.

ARTÍCULO 8.- Los productores beneficiarios, pueden solicitar ante el SBD en cualquier momento la segregación parcial de las propiedades con el fin de realizar la venta a un tercero, en ese caso el SBD conservará siempre el área de la garantía que cubra el valor del saldo de la deuda, en una venta total del bien recibirá el saldo de la deuda como un pago a sus operaciones financieras, y la diferencia del valor de la venta se entregará a favor del propietario.

Rige a partir de su publicación.

Mireya Zamora Alvarado                               José María Villalta Florez-Estrada

Manuel Hernández Rivera                             Claudio Enrique Monge Pereira

Wálter Céspedes Salazar                                 Juan Bosco Acevedo Hurtado

José Roberto Rodríguez Quesada               Andonay Enríquez Guevara

Justo Orozco Álvarez                                       Ernesto Enrique Chavarría Ruiz

Víctor Hugo Víquez Chavarría                     Damaris Quintana Porras

Carlos Luis Avendaño Calvo                        María Julia Fonseca Solano

Martín Alcides Monestel Contreras

DIPUTADAS Y DIPUTADOS

26 de setiembre de 2013

NOTA:    Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales.

1 vez.—O. C. Nº 23285.—Solicitud Nº 3459.—Crédito.—(IN2013067713).

ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 3 BIS A LA LEY ORGÁNICA

DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN INFORMÁTICA

Y COMPUTACIÓN, Y SUS REFORMAS

Expediente N.º 18.928

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En las sociedades actuales el uso y la necesidad de los equipos electrónicos han creado una gran dependencia y, a su vez, una gran facilidad de comunicación por medios como los teléfonos celulares, las tabletas electrónicas con acumulación de información y datos que permiten la toma de decisiones en fracciones de segundo, sin contar ni magnificar el uso de la computadora casera y la educación que ya forman parte de nuestra vida.

En Costa Rica, la población tiene una cobertura aproximada del ochenta por ciento en el uso del teléfono portátil, independientemente del nivel social y económico, lo que indica que nuestra sociedad ha evolucionado en comunicación a un ritmo nunca antes visto por nuestros ciudadanos, lo que da una indexación a los sistemas más avanzados, tecnológicamente hablando, que nos incorpora a la realidad mundial, hoy conocida como globalización tecnológica.

Desde un punto de vista positivo, esto se traduce en conocimiento, comercio y relaciones sociales con las personas en cualquier parte del mundo, es decir, una apertura total a un mundo del que todos somos parte y que como resultado produce una gran cantidad de ideas que generan sinergias a favor de una sociedad mejor, más informada e igualitaria.

Como la antítesis de lo descrito, no podemos olvidar el hecho de que todo ese conocimiento puede ser utilizado en muchos casos para fines ilícitos e inmorales, fraudulentos, tales como malversación de fondos, lavado de dinero, robo de identidad  e información, sin límite para la imaginación del ser humano.

Estas bondades con su contraparte son el resultado del conocimiento que hoy se imparte en nuestras universidades y en los centros de formación técnica.  Es así como nace la figura de los técnicos en Computación, los ingenieros en Informática y muchos otros profesionales asociados a las tecnologías de la información, quienes en el ejercicio de sus funciones y conocimiento deben ser regulados por el Estado costarricense mediante la delegación de potestades que se otorga a los colegios profesionales.  Esta delegación convertida en leyes y reglamentos no es suficiente por sí sola, pues requiere del impulso de sus partícipes para que se ajuste a la realidad de nuestra sociedad y que no sea un simple tratado doctrinario.

Recientemente, se dio la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, de la Ley N.º 9048, Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal, de 10 de julio de 2012.  La señora presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, en la etapa de sanción de la citada ley, destacó la protección que la nueva legislación brinda a la niñez con respecto al uso doloso e irresponsable de la tecnología de la información.  Señaló, además,  que es un proyecto consultado con las autoridades judiciales, especialmente, con los representantes de la Sala Tercera, es decir, la Sala Penal.

Asimismo, la señora Presidenta detalló los aspectos relevantes de los tipos penales que serían reformados y agravados, como el delito de utilización de las redes sociales para buscar, para sí o para un grupo, actos sexuales con un menor o incapaz, contemplado en el artículo 167; el delito de violación de las comunicaciones, que señala el artículo 196 bis; el delito de fraude electrónico, contemplado en el artículo 217 bis; el delito de alteración de datos y sabotaje informático, a que se refiere el artículo 229 bis; el delito de suplantación de identidad en redes sociales, a que se refiere el artículo 230 y los delitos cometidos con medios informáticos que afecten la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, contemplado en el artículo 235, entre otros.

De lo expuesto se colige que el Estado costarricense visualiza la necesidad de tener debidamente regulada y actualizada la actividad informática.  No debemos olvidar que la ley que regula la actividad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación y sus agremiados data del año 1995, los avances tecnológicos e informáticos durante los últimos quince años han dado un salto vertiginoso; por ello, es hora de poner en igualdad de condiciones al Colegio Profesional de Informática y Computación, (CPCI), con la actualidad de la profesión que resguarda.

Esta ley tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a todos los actores de esta realidad tecnológica que vino para quedarse y crecer con el ser humano.  Esta era tecnológica fue debidamente adoptada por el mundo actual, su futuro y alcances solo dependen del mismo ser humano, razón por la que debe estar desde todo punto de vista regulada, con el fin de que se cumpla el compromiso de vigilancia y resguardo de la profesión que el Estado subrogó en este Colegio.

El Colegio de Profesionales en Informática y Computación fue creado mediante la Ley N.º 7537, de 22 de agosto de 1995, como un ente no estatal de derecho público, con plena personalidad jurídica y patrimonio propio.

Esta reforma de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática y Computación es motivada por el desarrollo de las ciencias informáticas y el creciente número de profesionales que están debidamente incorporados, y otros que aún no lo están por no tener clara la diferencia entre un “deber” y una “obligatoriedad”, que conduzca al colegiado a mostrar una relación de dependencia, de acatamiento a las normas jurídicas y éticas, sino que quedó como una opción, un tal vez agravado por falta de una reforma al articulado vigente, lo que dificulta el control, la fiscalización y la certeza jurídica para el profesional en esta ciencia.

El Voto N.º 5483-95 de la Sala Constitucional, de 6 de octubre de 1995, señaló lo siguiente:

“VI.-  LA COLEGIATURA OBLIGATORIA.- Adoptada la posición anterior por la Sala Constitucional que en realidad obedece a la tradición jurídica del país y que se fundamenta en la mayoría de la doctrina del Derecho Constitucional y Público, en el sentido de la naturaleza pública de los Colegios profesionales, se impone la necesidad de delimitar, en términos generales, el ámbito del funcionamiento y los límites que encuadran a estos entes.

En el Derecho costarricense, son notas características de la personalidad jurídica pública las siguientes:  a) pertenecen a la categoría de corporaciones (universitas personarum), que a diferencia de las asociaciones son creados y ordenados por el poder público (acto legislativo) y no por la voluntad pura y simple de los agremiados.  El acto legislativo fundacional señala, invariablemente, los fines corporativos específicos que se persiguen y la organización básica bajo la que funcionará el Colegio, b) la pertenencia obligatoria al Colegio; c) la sujeción a la tutela administrativa; y d), ejercer competencias administrativas por atribución legal.

En consecuencia, aunque también se persigan fines privados, que interesan a los miembros que integran el Colegio, las corporaciones participan de la naturaleza de la administración pública, pero solo en cuanto ejercen funciones administrativas.  Todo ello conduce, a su vez, a que en el funcionamiento de los Colegios profesionales, puedan estos representar a sus colegiados frente al poder, ejerciendo entre otros, la facultad consultiva en todas sus modalidades, ejerciendo la legitimación ante los tribunales en defensa de la profesión y ejercitando la condición de perito natural en la materia de su conocimiento.

También, son competentes los colegios para darse su propia organización interna (funcionamiento de los órganos superiores: asambleas generales y consejo o junta directiva), por medio de estatutos o reglamentos que aseguren la presencia y continuidad de la corporación en el ámbito nacional. Además, ejerce su competencia en las materias que suponen el control de la actividad de los miembros, que se debe reflejar en la actuación profesional seria, honrada y digan en beneficio de los particulares que utilizan los servicios, competencia que se puede manifestar en el acceso a la profesión, en represión del intrusismo y de los abusos profesionales, el control sobre las tarifas de honorarios, el dictado y la observancia de normas de ética profesional y la vigilancia, en general, del marco jurídico que regula la actividad.

En resumen, las atribuciones de los colegios profesionales involucran la potestad reglamentaria sobre el ejercicio de la profesión; la de gobierno y administración en cuanto al régimen interno; la de representación; la jurisdiccional, que se concreta en juzgar las infracciones del orden corporativo e imponer las sanciones disciplinarias correspondientes; y la fiscalización del ejercicio profesional.

Todo lo anterior, desde luego, se refiere a los Colegios de profesiones tituladas que es el objeto de la acción, advirtiéndose, eso si, que la sala no prejuzga sobre la posibilidad jurídica de las otras categorías diferentes que, aunque enmarcadas en el derecho corporativo y aunque compartan las notas esenciales señaladas, tienen sus propias características y especialidades, por ejemplo, las cámaras de productores o industriales (caña de azúcar y café) y cualesquiera otras actividades, empleos, facultades, oficios o profesiones no tituladas.

Igualmente, es relevante señalar que toda colegiatura puede y debe ser obligatoria; para que ello sea posible se requiere que la actividad de que se trate sea, en algún grado de importancia, el ejercicio de funciones públicas y de profesiones muy calificadas por su incidencia social y, en general, en los campos en que es imprescindible proteger valores sociales, o cuando la colegiatura sea necesaria para la consecución de fines públicos.

En otras palabras, el elemento teleológico de un colegio profesional no es la defensa de los intereses de sus agremiados, sino la defensa de la colectividad.  La repercusión que puede tener en la sociedad la actuación de los profesionales hace que el Estado haga suyo el interés de mantener la cohesión del grupo y ejercer un poder frente a los miembros del Colegio.  Sin embargo, conviene precisar que sólo en la medida en que se persigan fines públicos los Colegios profesionales utilizan y ostentan prerrogativas de poder público”.

Este voto demuestra que son consideraciones de interés público (defensa de la colectividad) las que justifican la colegiatura obligatoria, nunca de naturaleza económica. Los colegios profesionales necesitan financiamiento para cumplir las labores asignadas por el Estado; sin embargo, el ordenamiento jurídico prevé también los procedimientos especiales para el cobro de las deudas, en este caso por cuotas dejadas de pagar.

Según los datos internos del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, existen actualmente seis mil cuatrocientos profesionales acreditados, para un total estimado de más de veinte mil profesionales que integran el gremio, lo que evidencia que el Colegio ejerce las funciones de vigilancia delegadas por el Estado solamente sobre un tercio de la población profesional existente.  Asimismo, es de asumir, según los datos expuestos, que el Colegio no puede cumplir a cabalidad con los deberes y las funciones asignadas por el Estado costarricense, a excepción de aquellos que están debidamente incorporados al Colegio.

Es necesario tomar en cuenta, además, la creciente población de estudiantes que ingresan a estudiar la profesión y aquellos que están por finalizar su carrera, ya que incrementarán las cifras de los profesionales sobre los cuales el Colegio no tiene ningún control administrativo-jurídico. Con el propósito de reafirmar lo expuesto, se transcriben a continuación algunos pronunciamientos de la Contraloría General de la República, relacionados con la obligatoriedad de la colegiatura para los profesionales, así como la importancia de estar debidamente colegiado.

1.- Momento de configuración del derecho al ejercicio de la profesión.

[…]

“La profesión liberal es aquella que desarrolla, en el mercado de servicios, una persona que cuenta con un grado académico universitario, que le acredita como capaz y competente para prestar el servicio en forma ética, responsable y eficaz, y que como requisito esencial, debe estar incorporado a un colegio profesional en el caso de que exista, momento a partir del cual se materializa el derecho fundamental al ejercicio de la profesión, carácter que se deriva de la Conjunción armónica de los derechos establecidos por la Constitución Política en los artículos 46 y 56, en virtud de los cuales, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho al trabajo y la libertad de empresa ...”.

(Oficio N.º 9318 (DAGJ-2228), de 4 de agosto de 2005)

2.- El ejercicio liberal de la profesión como libertad fundamental. El ejercicio liberal de la profesión como libertad fundamental puede ser objeto de regulación e, incluso, resultar sometida a restricciones en resguardo del interés público.

[…]

 “En este sentido, debe tenerse presente que el ejercicio liberal de la profesión ha sido reconocido por la Sala Constitucional como una libertad fundamental.  Ahora bien, como Cualquier libertad, su ejercicio no es irrestricto, sino que el mismo se encuentra sujeto a una serie de limitaciones impuestas por el Estado, en virtud de que a éste le corresponde ejercer las potestades de fiscalización, regulación, control y disciplina sobre determinadas profesiones liberales tituladas, lo cual ha sido delegado en los colegios profesionales, como organizaciones corporativas de Derecho Público.

Precisamente, en ejercicio de dichas potestades, los colegios establecen las condiciones que se deben reunir para poder autorizar el ejercicio de la profesión, las cuales, como restricciones al ejercicio de una libertad fundamental que son, se encuentran sujetas al principio de reserva de ley.  Por otra parte, existe otra serie de restricciones establecidas por el legislador que resultan aplicables para quienes ya habiendo superado los respectivos requisitos para ejercer una determinada profesión liberal, encontrándose por lo tanto debidamente autorizados para ello, se les impide hacerlo por encontrarse en una particular situación que hace presumir un supuesto de incompatibilidad...”.

(Oficio N.º 7150 (DAGJ-1672), de 20 de junio de 2005)

Para tener un mayor criterio sobre este tema, se señalan a continuación algunos dictámenes de la Procuraduría General de la República:

Definición de profesión liberal

[…]

“Esta Procuraduría ha definido las profesiones liberales “como aquellas que, además de poderse ejercer en el mercado de servicio en forma libre, es necesario contar con un grado académico universitario y estar debidamente incorporado al respectivo colegio profesional, en el caso de que exista.  En otras palabras, las profesiones liberales serían aquellas que desarrolla un sujeto en el mercado de servicios, el cual cuenta con un grado académico universitario, acreditando su capacidad y competencia para prestarla en forma eficaz, responsable y ética, y que está incorporado a un colegio profesional…”.

(Dictamen N.º C-379-2005, de 7 de noviembre de 2005)

Características de la profesión liberal

[…]

“Así, el profesional liberal cuenta no sólo con una formación intelectual y científica de cierto nivel en un determinado campo de actividad o rama del conocimiento, que a su vez lo faculta para resolver los asuntos que le sean planteados…”.

[…]

“En efecto, tal como lo explica la doctrina, el profesional liberal en el desempeño de su profesión actúa con independencia de criterio, es decir, existe como premisa básica una libertad juicio, que confiere ese amplio margen de discrecionalidad en el manejo y aplicación de sus conocimientos, criterio en el cual confía el cliente para la resolución del asunto que le somete a su encargo, y en cuyo manejo no interviene, justamente por esa independencia con la que actúa el profesional liberal en su campo.  Asimismo, atendiendo al perfil de ese profesional es que su cliente lo elige a él y no a otro para asesorarlo o para la realización de determinado trabajo…”.

(Dictamen N.º C-379-2005, de 7 de noviembre de 2005)

El funcionario que de propia voluntad no desea incorporarse al colegio profesional se encuentra imposibilitado de ejercer su profesión de manera liberal, por tanto, no le corresponde el pago por concepto de prohibición.

[…]

“Al respecto, es claro que si el profesional decide no incorporarse al respectivo colegio o bien incurre adrede en una conducta que provoca su inhabilitación, se encuentra en una condición que no le permite el ejercicio liberal, a nivel privado, de su profesión, de ahí que no contando con esa posibilidad, igualmente está ausente la causa para pagar el plus compensatorio, habida cuenta de que la razón por la que no puede dedicarse al ejercicio privado no es la prohibición impuesta por ley dada su condición de funcionario público, sino el incumplimiento de requisitos legales impuestos a cualquier profesional en ese campo, aún cuando no ocupara ningún puesto en la Administración …”.

(Dictamen N.º C-287-2006, de 18 de julio de 2006)

Los funcionarios que no están incorporados al colegio profesional correspondiente, a pesar de tener una profesión liberal, no están en igualdad de condiciones de aquellos que sí cumplen con todos los requisitos.

[…]

“El funcionario que se encuentra debidamente incorporado al colegio profesional respectivo y habilitado para el ejercicio liberal de su profesión, no está en las mismas condiciones de cualquier otro funcionario que no cuenta con el respectivo grado académico o que, teniéndolo, no se encuentra habilitado para el ejercicio profesional por parte del respectivo colegio, cuando dicha habilitación la exija la ley.

Por tal razón, si al primero se le paga, como en derecho corresponde, el plus indemnizatorio previsto en el numeral 15 de la Ley Nº 8422 y a otros no se les cancela dicho rubro por no estar habilitados para el ejercicio de una profesión liberal, a nuestro juicio no se produce ninguna lesión al numeral 57 de la Constitución Política –como en forma errada afirma el criterio legal que se adjunta a la consulta dada la objetiva diferencia de condiciones indicada, así como la ausencia de causa para que pueda otorgarse el pago en el segundo supuesto, según ha quedado explicado sobradamente a lo largo del presente dictamen…”.

(Dictamen N.º C-287-2006, de 18 de julio de 2006)

Por las razones expuestas, sometemos a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 3 BIS A LA LEY ORGÁNICA

DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN INFORMÁTICA

Y COMPUTACIÓN, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO.- Adiciónese el artículo 3 bis a la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, Ley N.º 7537, cuyo texto dirá:

“Artículo 3 bis.-      Habilitación del ejercicio profesional

Todo profesional en Informática y Computación solo podrá ejercer su profesión cuando se encuentre incorporado al Colegio de Profesionales en Informática y Computación, que será el encargado de emitir la habilitación para el ejercicio profesional.  Tanto en las instituciones del sector público como en todas las instituciones privadas solo tendrán la condición de profesionales en Informática y Computación, debidamente habilitados para ejercer la profesión, aquellos que estén incorporados al Colegio.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.- En un plazo máximo de dos años, a partir de la entrada en vigencia de esta ley los profesionales en informática y computación, deberán de haberse colegiado para que puedan ejercer la profesión.

Rige a partir de su publicación.

Sianny Villalobos Argüello

DIPUTADA

8 de octubre de 2013

NOTA:  Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.

1 vez.—O. C. Nº 23285.—Solicitud Nº 3460.—Crédito.—(IN2013067710).

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN

CENTRAL DE HEREDIA PARA QUE DESAFECTE DEL

USO O BIEN PÚBLICO Y DONE DOS TERRENOS DE

SU PROPIEDAD A LA CAJA COSTARRICENSE

DE SEGURO SOCIAL

Expediente N.° 18.931

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Que la Municipalidad del cantón Central de Heredia, cédula jurídica 3-014-042092, es propietaria de la finca situada en la provincia de Heredia, distrito 4 Ulloa, cantón 1, Heredia, inscrita en el Registro Nacional bajo matrícula Nº 4-193471-000, plano catastrado H-0203515-1994, mide 570,81 metros cuadrados, colinda al norte con Milton Luis Badilla Garro y María de los Ángeles Badilla Garro, al sur con la Municipalidad de Heredia, al este con Francosta S. A., y al oeste, con calle pública Barreal-San Francisco con 12 metros 30 centímetros de frente, tiene naturaleza de terreno para construir con construcción destinada a guardia rural y correos.

Que el Área de Salud de Heredia-Virilla solicitó al Concejo Municipal, mediante oficio ASHV-DM- 236- 10, donar a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social el predio donde se ubica el Ebais de Barreal, conformado por las fincas de folio real 4-193470-000 y 4-193471-000.

Que desde hace 20 años el Centro de Salud está en funcionamiento en esta propiedad y no reúne las condiciones apropiadas para la atención médica, ni para el cumplimiento de la Ley Nº 7600 y al estar inscrito a nombre de la Municipalidad de Heredia, la Caja Costarricense de Seguro Social no puede realizar mejoras y mucho menos construcciones.

Que el numeral 62 del Código Municipal establece que las municipalidades podrán donar directamente a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas bienes inmuebles de su propiedad, siempre que cuente con el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran su Concejo; sin embargo, cuando la cesión implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, se requiere autorización legislativa.

Que en el caso concreto, al encontrarse la propiedad matrícula folio real 4-193471-000, destinada a guardia rural y correos, requiere autorización legislativa para poder realizar la donación del inmueble a la Caja Costarricense de Seguro Social.

Que el Concejo Municipal en sesión ordinaria 259-2013, celebrada el 01 de julio de 2013, artículo V, acordó solicitar a la Asamblea Legislativa la promulgación de una Ley de la República que desafecte del uso público el inmueble mencionado y autorizar al Municipio a donarlo a la Caja Costarricense de Seguro Social, cédula jurídica número 4-042147-000.

Por las razones anteriores, ampliamente expuestas por la Municipalidad de San Rafael de Heredia, presento a la consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN

CENTRAL DE HEREDIA PARA QUE DESAFECTE DEL

USO O BIEN PÚBLICO Y DONE DOS TERRENOS DE

SU PROPIEDAD A LA CAJA COSTARRICENSE

DE SEGURO SOCIAL

ARTÍCULO 1.- Desaféctese del uso público el inmueble de la provincia de Heredia, inscrito en el Registro Nacional bajo matrícula 4-193471-000, plano catastrado H-203515-94, con una cabida de quinientos setenta metros con 81 decímetros cuadrados, situado en el distrito IV, Ulloa, cantón I, Heredia de la provincia de Heredia, de naturaleza: terreno destinado a construcción destinada a guardia rural y correos; con los siguientes linderos: al norte, Milton Luis Badilla Garro y María de los Ángeles Badilla Garro; al sur, Municipalidad de Heredia; al este, Francosta S. A.; al oeste, calle pública Barreal-San Francisco con un frente correcto de 12:30 metros, naturaleza de terreno para construir con construcción destinada a guardia rural y correos, y en su lugar se destine para la construcción del Ebais del Barreal de Heredia.

ARTÍCULO 2.- Autorízase a la Municipalidad del cantón de Heredia, cédula jurídica número 3-014-042092, para que done a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, cédula jurídica 4-000-04147, el inmueble de la provincia de Heredia inscrito en el Registro Nacional bajo matrícula 4-193471-000, plano catastrado H-203515-94, descrito en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3.- Autorízase a la Notaría del Estado para que confeccione la escritura de traspaso y proceda a su inscripción en el Registro Nacional. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

Víctor Hugo Víquez Chaverri

DIPUTADO

10 de octubre de 2013

NOTA:  Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y de Recursos Naturales.

1 vez.—O. C. Nº 23285.—Solicitud Nº 3461—Crédito.—(IN2013067708).

ACUERDOS

N° 6528-13-14

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

En sesión ordinaria N° 078 celebrada el 7 de octubre de 2013 y de conformidad con lo que disponen los artículos 121 inciso 3) y 158 de la  Constitución Política

ACUERDA:

Reelegir a la señora Zarela Villanueva Monge, como Magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por el período constitucional comprendido entre el diez de octubre de dos mil trece al nueve de octubre de dos mil veintiuno.

La señora Villanueva Monge se juramentó en sesión ordinaria número setenta y nueve, celebrada el ocho de octubre de dos mil trece.

Asamblea Legislativa.—San José, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil trece.

Publíquese.—Luis Fernando Mendoza Jiménez, Presidente.—Elibeth Venegas Villalobos, Primera Prosecretaria.—Annie Alicia Saborío Mora, Segunda Secretaria.—1 vez.—O. C. Nº 23285.—Solicitud Nº 3456.—Crédito.—(IN2013067722).