PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL ARTÍCULO 169

DEL CÓDIGO ELECTORAL

Expediente N.° 23.591

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Código Electoral vigente de nuestro país, Ley N.° 8765, entró a regir desde el 2 de setiembre de 2009, siendo que han transcurrido desde ese entonces más de 13 años, los avances en la votación electrónica son prácticamente nulos, donde apenas el TSE se encuentra en análisis de su implementación, se han realizado visitas a otros países y hemos recibido visitas para conocer los modelos electorales, pero al ser una votación que le brinda la ley de manera optativa no se ha avanzado como se quisiera.

Por ello, se considera oportuno avanzar hoy en día, no solamente en la votación electrónica, sino de acuerdo con nuestro tiempo y grandes adelantos tecnológicos, en la votación digital como un medio viable y seguro.

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones el proceso de elecciones para febrero del año 2022 estuvo conformado por un total de 3.541.908 de habitantes; sin embargo, el abstencionismo fue el mayor registrado en la historia del país con un 40,03%.

Se instalaron 6.847 recintos en 2.133 centros de votación, tanto a lo interno del país como en el voto extranjero; sin embargo, la tendencia al abstencionismo sigue siendo la misma, de acuerdo al último informe de Estado de la Nación: “Para empezar, estos comicios dejaron en evidencia un nuevo alejamiento de la ciudadanía en relación con la democracia electoral, el “núcleo duro” de cualquier sistema democrático.”

De lo anterior, se desprende que para presidente y diputados se tuvo que imprimir un total de 7.083.816 de papeletas, siendo que el 40,03% correspondió a 1.417.820 personas, el total de papeletas desechadas fue de 2.835.640.

Según lo presupuestado en dicho proceso electoral se requirieron ¢9.240,7 millones, de los cuales en primera ronda correspondieron ¢6.624,1 millones. Entre los gastos que incluyó ese presupuesto se encontraba el pago de alquileres de vehículos, impresión de papeletas, impresión de padrones electorales, pago de agentes electorales, gastos de papelería y otros útiles-suministros adicionales, campaña publicitaria, entre otros gastos relacionados. Otros gastos fueron la planilla temporal que contrataron incluyendo horas extraordinarias y las cargas obrero patronales.

Como puede observarse el sistema tradicional tiene altos costes económicos y medioambientales asociados.

Dado el incremento del abstencionismo es necesario que, como país democrático, se universalice y se coadyuve en la facilitación y la participación de los costarricenses en su derecho y deber al sufragio. Manteniendo sus principales características de elecciones libres, transparentes y ordenadas.

La crisis de la covid-19, fue una pandemia que replanteó el accionar del ser humano en todos sus ámbitos: desde las compras en línea, formas de pago, clases virtuales, trabajo a distancia, plataformas de televisión; etc., en fin, catapultó la comunicación digital en todos los sentidos.

Sin embargo, la democracia con dicha pandemia se encontró bajo un grave riesgo, ya que varios países como Bolivia, Chile, Brasil, Francia, entre otros, se vieron obligados a suspender elecciones como medida de seguridad ante la emergencia sanitaria, y en estos y otros países donde se efectuaron existió un gran ausentismo por el temor al contagio.

Actualmente, en países como Brasil el voto electrónico se efectúa, pero en unas urnas electrónicas, tipo computadoras, lo que facilita la transmisión de datos, pero este sistema y equipo tiene un alto valor de compra y de mantenimiento, pero de igual manera es requisito para el ciudadano el acudir a los centros de votación en las comunidades.

En otros países como Argentina utilizan dispositivos electrónicos, pero el registro no queda en la máquina, sino en una boleta que cuenta con un chip de radiofrecuencia que se imprime y deposita en una sola urna.

Ahora bien, es necesario que, acompañado a este nuevo paso en la democracia, se brinde seguridad jurídica al proceso, se blinde con seguridad cibernética y el debido cifrado donde se respete la voluntad el día de las elecciones, no permitiendo que un atacante modifique votos ya registrados por el sistema.

Una prioridad de las nuevas tecnologías siempre será brindar un uso correcto y ético, que las personas puedan confiar en un mundo digital, por ejemplo, actualmente el uso de transferencias por sinpe móvil es algo que ha permitido la universalización de estos movimientos bancarios.

Para el año 2022, en pequeñas transacciones se transaron 6.5 billones de colones, el cual representa aproximadamente un 16,8% del producto interno bruto, lo que representó un total de 372 millones de transacciones en teléfonos inteligentes.

El tráfico de datos hoy en día es muy común, y es obligación del Estado costarricense asegurar que no corran ningún riesgo, pero no es posible que no se avance en ello por no tomar las previsiones correspondientes.

Costa Rica es un país líder en democracia y como ejemplo a nivel mundial, por lo que debemos seguir evolucionando para mantenernos adelante y acorde con los cambios tecnológicos que existen.

Sin lugar a dudas es todo un desafío, en cuanto a conectividad digital y penetración del internet para la población costarricense, tal y como lo señala el Micitt en su página: “El concepto de Ciberseguridad ha evolucionado desde sus inicios a hoy día, cada adelanto tecnológico implica un reto en seguridad, desde evitar el robo de datos de los computadores, acción aplicada directamente a ellos, o bien con las redes de datos globales, evitar los accesos no autorizados y maliciosos con el fin de extraer datos y utilizarlos para fines no éticos.”

Todos estos riesgos existieron en nuestra democracia con el sistema tradicional; sin embargo, con el transcurso de los años, el Tribunal Supremo de Elecciones ha diseñado mecanismos de control para brindar confianza a los resultados electorales, pero el mundo no se detiene, y las nuevas tecnologías implican que también se establezcan los nuevos controles, pero como Estado costarricense debemos evolucionar, innovar y participar de manera ejemplificante a nivel mundial.

Para iniciar este proceso es necesario dar el paso, y para las elecciones del año 2026 al menos debe iniciarse un plan piloto en las diferentes mesas que se abren a nivel mundial fuera de nuestras fronteras, para posteriormente implementarlo a lo interno en las siguientes elecciones municipales y nacionales.

La disminución de gastos de transporte, gastos en impresión de papeletas, pago de agentes electorales, y de todos los otros rubros que el sistema tradicional implica, es solo un aspecto; la búsqueda de la universalización del voto es fundamental para evitar el desencanto en las urnas (además de la gobernabilidad que demandan los costarricenses), debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías como el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, y esperar que llegue el día en que los costarricenses tengan la seguridad de ejercer su derecho y deber del sufragio sin salir de su casa desde un dispositivo móvil electrónico con la misma confianza que lo hace en una urna física.

Por las razones antes expuestas, se propone a consideración de las señoras y señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 169

DEL CÓDIGO ELECTORAL

ARTÍCULO ÚNICO-       Refórmese el artículo 169 del Código Electoral, Ley N.° 8765, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:

Artículo 169- Formas de emitir el voto

Se votará en la forma y con los medios que para cada elección establezca el TSE, en el reglamento que dictará por lo menos con seis meses de anticipación. No obstante, el Tribunal deberá emplear medios digitales de votación confiables y seguros, además del uso de papeletas. Podrá prescindir de las papeletas y los procedimientos inherentes a su uso, aunque siempre deberá garantizarse un registro que sirva para auditar la votación digital.

El reglamento indicado no podrá ser variado en ninguna forma dentro de los seis meses anteriores a la elección. La elaboración y proyecto final de este reglamento, así como sus modificaciones y actualizaciones deberán ser puestos en conocimiento de los partidos políticos con antelación a su publicación.

Rige a partir de su publicación.

Alexander Barrantes Chacón

Diputado

NOTA:  Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.

1 vez.—Exonerado.—( IN2023734585 ).

PROYECTO DE LEY

LEY PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO

DE NOMBRAMIENTOS EN EL MINISTERIO

DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Expediente N° 23.592

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Esta iniciativa busca mejorar la efectividad en el proceso de nombramientos en el Ministerio de Educación Pública, esto con la intensión de liberar del trabajo tan repetitivo y muchas veces innecesario que debe realizar el departamento de recursos humanos del MEP, y que no les permite tener la oportunidad de construir herramientas para lograr una metodología de nombramientos más eficaz, y con ello evitar la cantidad de desestimaciones que existen luego de un concurso de plazas del Ministerio de Educación Pública (MEP), generado por la cantidad de docentes con plaza que buscan un traslado o descensos de plaza, adicional se busca dar una futura y pronta estabilidad a los docentes interinos con respecto a ocupar plazas en las cuales llevan años ejerciendo de manera interina.

De esta forma se busca que los próximos concursos para ocupar plazas vacantes, los educadores con propiedad solo puedan ascender, y con ello lograr cumplir con lo estipulado en el artículo 191 de la Constitución Política, el cual dicta que el servicio civil debe de garantizar la eficiencia en la administración, y con ello lograr una función pública efectiva.

Históricamente el caos que se presenta en los concursos de vacantes es producto de las miles de desestimaciones que atropellan el proceso y generan una carga excesiva de trabajo a los encargados de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, al punto que muchas de estas plazas llegan a quedar vacías para los inicios de los cursos lectivos, siendo esto una agresión al derecho de estudio de las personas menores de edad.

Los profesores con propiedad son un porcentaje importante dentro de los participantes a los puestos vacantes, esto para buscar una mejor plaza cerca de sus hogares o de su interés personal, y con la experiencia que ya poseen en postulaciones a los concursos generan múltiples solicitudes a diversas plazas aumentando exponencialmente el trabajo de análisis de los encargados tanto del Servicio Civil como del MEP.  En el siguiente cuadro se logra observar la cantidad y la calidad de los participantes del concurso PD-01-2019.

Cuadro 1. Cantidad de personas y la calidad en la que se encuentran de los participantes del concurso de plazas vacantes PD-01-2019.

Cantidad	Según Intera2
3002	Registra propiedad en este Ministerio
3762	Registra sólo contar con nombramiento interino
279	No labora para el MEP

 

Fuente:  Departamento de Recursos Humanos del MEP

Siendo un concurso para llenar plazas vacantes se nota como históricamente a los docentes interinos se les han interpuestos muchos obstáculos para conseguir las plazas en propiedad, donde muchas veces duran hasta 10 años o más en conseguir esa estabilidad laboral, generando no solo inestabilidad al docente sino también a los docentes de los centros educativos del país, esto por la cantidad de rotaciones de personal.

A los educadores se les está apoyando por medio de la reforma del artículo 101 y la adición del 101 bis del Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581, de 4 de mayo de 1970, para que se puedan trasladar o descender y así no tener que esperar a los concursos para realizar dichos movimientos, y con esto reducir la carga de trabajo al Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública y con ello podrán redireccionar sus recursos para los trámites que realmente hagan eficiente la función pública.

Dentro del artículo 101, los docentes encontrarán las herramientas para realizar los movimientos tanto por traslado, ascenso o descenso al grado inmediato, y corresponde a la mejor manera de hacer que este artículo realmente satisfaga las solicitudes de movimientos del personal y directamente sea la opción que logre cumplir con los ideales de los docentes de ir acercándose cada vez más a sus hogares.

Adicionalmente, se desea instaurar un nuevo artículo, en este caso el 101 bis, en el cual pretende que el Ministerio de Educación Pública utilice su material humano en temas de tecnología y creen una plataforma que generen una herramienta en la cual los docentes en propiedad puedan ingresar sus datos personales, y motivos del porqué desean realizar el movimiento de su preferencia, el cual puede ser de traslado, ascenso o descenso al grado inmediato, y con esto resolver la gran deuda que se le debe al gremio, donde las y los educadores puedan laborar cada vez más cerca de sus hogares.

Los docentes interinos son un grupo de funcionarios que han estado en el limbo del olvido y de la inestabilidad, esto desde el Ministerio de Educación Pública y a los cuales se les deben de proteger y tratar de sacar de esa condición a la mayor brevedad posible, tal como así lo dicta el Voto N.° 2010-003153, de la Sala Constitucional el cual dice lo siguiente:

(…) La figura del servidor interino ha sido concebida con el fin de hacer posible la sustitución temporal de los servidores públicos regulares, garantizando de esta forma la continuidad de la labor del Estado, pero no para que mediante el uso de esta figura jurídica, la Administración viole lo dispuesto por el artículo 192 de la Constitución Política, ni lesione el derecho de los individuos a la estabilidad laboral, el cual deriva de la concepción del trabajo como un derecho fundamental del hombre (...). El nombramiento de servidores interinos por plazos que se prolongan en forma indefinida y la posterior remoción de un interino para nombrar a otro en las mismas condiciones de inestabilidad sólo puede conducir a lo que nuestros constituyentes pretendieron evitar:  que existan funcionarios públicos laborando en forma regular para la Administración pero sin contar con la garantía de inamovilidad que establece la Constitución (…).

A su vez, es importante rescatar que la Carrera de Docencia es la única dentro del Servicio Civil que no otorga plazas en nombramiento a los trabajadores interinos, según lo estipulado por el artículo 11 del reglamento del Servicio Civil donde dice “(…)La misma norma se aplicará al servidor sustituto interino, con dos o más años de laborar ininterrumpidamente en el mismo puesto, si éste quedare vacante al vencer la licencia otorgada al titular de la plaza, y siempre que el servidor sustituto, hubiere sido escogido del Registro de Elegibles que lleva la Dirección General o se encuentre dentro de éste. Se exceptúan de la presente disposición los servidores propiamente docentes quienes para estos efectos se regularán por lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Estatuto.”, donde claramente provoca que los docentes interinos no logren encontrar la estabilidad laboral en un corto plazo y genera que logren esto hasta en décadas de laborar en condición de interinos.

En conciencia de las múltiples plazas vacías al inicio de los cursos lectivos, que entorpecen el transcurrir ordinario de las lecciones, se propone en el artículo 5 del presente proyecto de ley que los docentes sustitos interinos, con dos o más años de laborar ininterrumpidamente en el mismo puesto y la plaza quedare vacía o que lo nombren interinamente en una plaza vacante pura pueda ocuparla ya en propiedad y siempre que el docente sustituto hubiera sido escogido del Registro de Elegibles que lleva la Dirección General.

Por las razones expuestas someto a consideración de los señores diputados y las señoras diputadas el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO

DE NOMBRAMIENTOS EN EL MINISTERIO

DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 100 del Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581, de 4 de mayo de 1970, para que se lea:

Artículo 100-      Podrán participar en los concursos que se efectúen para llenar plazas vacantes en propiedad, los y las educadores(as) que deseen ascender, siempre que, con excepción de los casos previstos en este título, los y las interesados(as) cumplan con las normas que en este capítulo se establecen y sigan el procedimiento para la selección y nombramiento, indicados en el capítulo anterior.

Para obtener un ascenso en propiedad, será indispensable haber cumplido el cargo anterior, como servidor regular, durante un período no menor de dos años. Si un movimiento de estos se hubiera producido dentro del primer mes del curso lectivo, no podrá concederse otro a la misma persona, en ese año.  Si el movimiento se hubiera producido con posterioridad al segundo mes de sus labores, esta prohibición regirá para el resto del mismo curso y, además, para el siguiente.

ARTÍCULO 2-    Se reforma el primer párrafo del artículo 101 del Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581, de 4 de mayo de 1970, para que se lea:

Artículo 101-     Los movimientos de personal por traslado, ascenso o descenso al grado inmediato, podrá hacerlos el Ministerio de Educación Pública con previa solicitud del funcionario según la plataforma de movimientos de personal del Ministerio de Educación Pública, previo el visto bueno de la Dirección General de Servicio Civil, sin que ello requiera el trámite establecido para la selección y nombramientos estipulados en el capítulo anterior, en cualquiera de los siguientes casos:

(..).

ARTÍCULO 3-    Se adiciona un artículo 101 bis al Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581, de 4 de mayo de 1970, para que se lea:

Artículo 101 bis-            El Ministerio de Educación Pública deberá desarrollar una plataforma en la cual el personal que requiera realizar movimientos por traslado, ascenso o descenso al grado inmediato, podrá ingresar su información personal con sus pretensiones de movimientos, incluyendo la clase de puesto actual, la clase de puesto pretendida, la región en la cual desea el movimiento y o el centro educativo de su preferencia específicamente, todo esto con su debida justificación y con ello el Departamento de Recursos Humanos de el Ministerio de Educación Pública podrá realizar los trámites oportunos para los movimientos de personal.

ARTÍCULO 4-    Se reforma el artículo 104 del Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581, de 4 de mayo de 1970, para que se lea:

Artículo 104-     Toda solicitud de permuta deberá presentarse, por escrito, al director del Departamento de Personal del Ministerio de Educación Pública, quien deberá resolverla, en el término de un mes, conforme a las siguientes normas:

a)         Las permutas solo podrán ser solicitadas por los dos servidores regulares interesados(as), después de cumplidos dos años como mínimo, en los dos puestos objetos de permuta.

b)         Las permutas que se aprobaren, deberán hacerse efectivas para el primer día del mes de febrero, o de marzo, de cada año, según la naturaleza y condiciones de los puestos.

c)         Solamente en casos de fuerza mayor, tales como los indicados en los incisos b), o c) del artículo 101, podrán autorizarse permutas para que se lleven a cabo en el transcurso del período lectivo.

ARTÍCULO 5-    Se adiciona un artículo 104 bis al Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581, de 4 de mayo de 1970, para que se lea:

Artículo 104 bis-            En los casos de docentes nombrados interinamente en plazas vacantes puras (plaza sin propietario), o nombrado en sustitución o por suplencia de titulares que se encuentran temporalmente ausentes de su plaza por permisos, incapacidades, ascensos o por cualquier otra razón, y que acumulen al menos dos años o más de manera ininterrumpida en la misma plaza no haya sido asignada en propiedad por concurso o, su titular se acoja a la pensión, renuncie, se asciende o se traslada en propiedad, o por cualquier otra situación dejara su plaza vacante, el Ministerio de Educación Pública, en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil, en un lapso no mayor de seis meses, realizará el estudio de cada caso con el fin de realizar el nombramiento en propiedad de esas personas, toda vez que, además de satisfacer los requisitos y el perfil del puesto, hayan sido seleccionadas del registro de elegibles cuando se les nombro interinamente, por sustitución o por suplencia en dicho puesto.  Esta regla aplica para las clases de puesto de los estratos Docente, Docente Administrativo y Técnico Docente.

TRANSITORIO ÚNICO- En un plazo máximo de un año después de la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Educación Pública deberá desarrollar la plataforma indicada en el artículo 3 de esta ley que adiciona un artículo 101 bis al Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581, de 4 de mayo de 1970.

Rige a partir de su publicación.

Alejandro José Pacheco Castro

Leslye Rubén Bojorges León	María Marta Carballo Arce
Carlos Felipe García Molina	Vanessa de Paul Castro Mora
Horacio Alvarado Bogantes	Carlos Andrés Robles Obando

 

Diputados y diputadas

NOTA:    Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales.

1 vez.—Exonerado.—( IN2023734590 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA  DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL

DE LA  PERSONA JOVEN, LEY N.° 8261, DE 20

DE MAYO DE 2022, Y SUS REFORMAS,

PARA GARANTIZAR LA EXISTENCIA

Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS

CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN

Expediente N° 23.594

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La participación de las juventudes en la colectividad, la creación de políticas públicas para el sector y el aporte que esta población haga de sus conocimientos son factores claves para el desarrollo de la sociedad; sin embargo, para que esto suceda los jóvenes deben abrigar un sentido de pertenencia que les haga comprometerse con la participación en estos espacios.

Generar espacios seguros y accesibles para los jóvenes, con mayor agilidad y menor burocracia es una de las formas más exitosas para acercar a las juventudes a la creación de las políticas públicas que los beneficien y al resto de la sociedad, que los lleve a preocuparse e incorporarse a la sociedad civil, como un servidor.

Los comités cantonales de la persona joven son esenciales en los cantones de nuestro país. Estos comités son la máxima representación cantonal de las juventudes. Además, son instancias municipales de participación, con jóvenes representantes de distintas agrupaciones por un periodo de dos años.

Según indica la Ley N° 8261 actualmente, la conformación de estos comités se deberá realizar entre los meses de octubre y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus funciones el primero de enero del año impar. La forma de elección y los requisitos a presentar de cada representación será disposición del reglamento de cada cantón, o bien, si la municipalidad no cuenta con reglamentación será tomado por un acuerdo del Concejo Municipal.

Los gobiernos locales deben reglamentar el procedimiento de elección de los miembros del comité, así como aspectos relacionados con el cuórum estructural y funcional, la asistencia, los procedimientos y demás temas que sean necesarios para su gestión.

En caso de que la municipalidad no cuente con un reglamento, el Concejo Municipal deberá establecer cuáles serán las pautas para su conformación y también será este el encargado de juramentar y cumplir con los requisitos que pide la Ley General de la Persona Joven para su exitoso funcionamiento.

Sin embargo, la mayoría de las municipalidades del país no cuentan con un reglamento para sus comités cantonales de juventud y esto puede convertirse en un problema, pues no pueden cumplir con el plazo y requisitos establecidos por la Ley General de la Persona Joven y sus cantones se quedan sin representación cantonal en la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva por un periodo de dos años.

En el periodo actual, electo entre noviembre y octubre del año 2022, algunos cantones no cumplieron con los requisitos requeridos por el Consejo de la Persona Joven, situación que se ha presentado en años anteriores.

Por lo tanto, este proyecto pretende brindar la oportunidad a aquellos cantones que no lograron conformar su comité en el periodo establecido, estableciendo un mecanismo para su elección posterior y que puedan incorporarse por el resto del periodo a las instancias correspondientes. Por lo anterior, presentamos para la valoración del Parlamento el presente proyecto de ley para su debido estudio y aprobación final por parte de las señoras diputadas y de los señores diputados que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL

DE LA PERSONA JOVEN, LEY N° 8261, DE 20 DE MAYO DE 2022, Y SUS REFORMAS, PARA GARANTIZAR LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS

CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN

ARTÍCULO ÚNICO-        Refórmese el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley N° 8261, Ley General de la Persona Joven, de 20 de mayo de 2002, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 24-  Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités cantonales de la Persona Joven.

(…)

Cada municipalidad y concejo municipal de distrito conformará el comité cantonal de la persona joven en los meses de octubre y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus funciones el primero de enero del año impar. En el caso de que una municipalidad o concejo municipal de distrito no pueda conformar el comité cantonal de la persona joven en el periodo definido anteriormente, se podrá realizar una convocatoria extraordinaria en acuerdo con el Consejo de la Persona Joven para lograr su constitución para el resto del periodo de nombramiento.

(…).

Rige a partir de su publicación.

Luis Diego Vargas Rodríguez

Diputado

NOTA:      Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.

1 vez.—Exonerado.—( IN2023734588 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA PARCIAL DE LA LEY PARA PREVENIR

LA REVICTIMIZACIÓN Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD

EN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE,

LEY N.° 9999, DEL 27 DE AGOSTO DEL 2021

Expediente N.° 23.593

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La ley N.° 9999, denominada, Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense, busca prevenir la revictimización de las personas menores de edad, cuando estas figuran como denunciantes de alguna situación acontecida en el ámbito educativo relacionada con maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor.  Para ello la Ley incorpora una serie de mecanismos y regulaciones especiales, que parten del principio del interés superior del niño, en los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo que cubre a las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Cabe señalar que, en respeto de los Derechos Fundamentales de las personas menores de edad estudiantes, era importante establecer algunas medidas de protección a su integridad, que se deben cumplir en los procedimientos administrativos a cargo del Ministerio de Educación Pública, las cuales se deben mantener y que de modo alguno se objetan en esta propuesta, ya que procuran implementar el principio del interés superior del niño en las investigaciones y más bien este proyecto lo que se busca es modificar aspectos omisos o excesivos que distorsionan ese objetivo principal de la Ley, que vulneran ese principio protector.

Esta ley N.° 9999, se aprobó el día 29 de junio del 2021, y empezó a regir el día 27 de agosto de ese mismo año, con el fin de prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense y evitar la impunidad en los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo.  Es decir, la ley tiene como objeto determinar eventuales responsabilidades derivadas de denuncia de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad, como víctimas.

Empero, la aplicación de la misma ha provocado algunas omisiones o excesos que están interfiriendo en la labor educativa de los docentes, y afectando colateralmente el proceso del aprendizaje y, por ende, disociando el vínculo entre la familia, los estudiantes, los docentes y el centro educativo.  Tal es el caso de que, según lo establece la ley, ante la sola denuncia por un presunto maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, por parte del docente o personal administrativo, en contra de un estudiante, el MEP en forma inmediata suspende o reubica al afectado sin las garantías procesales debidas.  Esto ha generado no sólo un problema de índole administrativo, puesto que el docente suspendido o reubicado, mientras mantiene esa condición, se ve compelido a cumplir durante un lapso de tiempo funciones que no son propias de su competencia, sino también, porque afecta al estudiantado al cortarse un proceso de aprendizaje que traían con ese docente suspendido o reubicado, para iniciarlo con otro.  Pero no sólo eso, también implica que el MEP deba sustituir a los docentes suspendidos o reubicados, lo cual impacta negativamente el presupuesto de la institución.

Precisamente, una de las quejas recurrentes sobre esta ley por parte de las personas funcionarias del MEP, es que la misma contraviene el principio universal democrático del derecho sobre la presunción de inocencia y podría estar violentando el derecho a la defensa.  Esto es así, porque la ley en su artículo 10, establece el relato de la persona menor de edad como posible único indicio probatorio y, en caso de duda, indica que debe fallarse a favor de la persona menor de edad, razón por la cual, se parte de la culpabilidad ipso facto de la persona denunciada, y coloca al afectado en una situación de absoluta vulnerabilidad, que, además, según indica la norma, debe ser suspendida o reubicada a partir del momento mismo de la denuncia, generando con esto no solo una inseguridad laboral y jurídica para la persona funcionaria del MEP afectada, sino que quebranta, de entrada, la relación docente-estudiante.

Sumado a lo anterior, la ley no establece con claridad el procedimiento de defensa de la persona denunciada:  las instancias ante las que debe presentar las pruebas, qué tipo de pruebas puede ofrecer, si tendrá un defensor público, qué pasa con su salario mientras está suspendida, si queda absuelta quién repara el daño moral de lo vivido, qué sucede si pasan los tres meses que indica la ley para resolver y el MEP y demás instancias no lo han hecho, qué hacen las jefaturas con ese puesto sin nombramiento, qué pasa con lo que viven los grupos de estudiantes a cargo de esa persona docente, entre otras interrogantes.

Esto ha provocado que, según datos aportados por el Despacho de la Sra. Ministra de Educación Pública, al día de hoy, desde la entrada en vigencia de la ley número 9999 -agosto 2021- se hayan presentado 392 denuncias ante el Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, al tenor de la normativa supracitada, desglosado de la siguiente manera: Maltrato Psicológico: 260, Maltrato Físico: 35, Ambos maltratos: 49, Abuso sexual: 45 y Trato Corruptor: 3.

Asimismo, se han presentado dos causas ante el Tribunal de Servicio Civil, luego de realizarse el debido proceso, y a la fecha no consta resolución al respecto. Se han despedido sin responsabilidad para la Administración a cuatro funcionarios, todos docentes, mismos que han ostentando una condición de “interinazgo”.

Ante este panorama, las distintas agrupaciones gremiales del Magisterio Nacional han dialogado con los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión Especial de Educación, espacio en el cual plantearon sus dudas e inquietudes sobre la misma y, a su vez, presentaron un borrador con una propuesta de ley que pretende resolver los problemas señalados.

Dicha propuesta fue tomada como texto base de trabajo para ser estudiada y trabajada por los diputados y las diputadas firmantes de la presente iniciativa de ley, así como por sus equipos de asesoría y otros profesionales, logrando consensuar un texto que permite dar una posible vía de solución a todas aquellas lagunas o vacíos legales de la ley número 9999, que han provocado omisiones o excesos en su aplicación.

En virtud de lo anterior, este proyecto de ley pretende solventar y aclarar las lagunas o falencias que tiene dicha ley en perjuicio de los docentes, tanto en la forma en la que exige valorar la prueba -pro víctima-, las acciones a tomar una vez iniciada la investigación -reubicación obligatoria- y la prohibición de investigar de manera previa, a efectos de determinar la procedencia de los supuestos hechos, generando en muchas ocasiones desperdicio de recursos, tiempo y estigmatización del servidor docente, a pesar de la ausencia de elementos propios del procedimiento disciplinario en armonía con los principios procesales que constitucionalmente han sido defendidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Asimismo, tiene como objetivo establecer reglas claras del procedimiento administrativo respetando las garantías procesales del afectado, para lo cual se hace una reforma parcial de los artículos 2, 3, 7, 8 y 10 del artículo 1 de la ley; se adiciona un artículo 17 creando excepciones a esta ley, y finalmente se modifica la redacción del artículo 67 de la Ley 1581 y sus reformas, Estatuto de Servicio Civil, artículo que fue modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 9999.

De modo que, el presente proyecto de ley mantiene el principio de progresividad en materia de derecho de las personas menores edad, así como el interés superior de esta población, pero salvaguardando el respeto y claridad sobre el debido proceso de las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública (MEP) que incurran o no en alguna de las conductas tipificadas en la Ley N.° 9999; esto es fundamental para evitar caer en la indefensión del estudiantado menor de edad y en la inseguridad jurídica laboral que actualmente está afectando a muchas personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública de manera estandarizada y sin proporcionalidad en el tratamiento de los diferentes casos.

Así que una de las reformas introducidas en los artículos 2 y 3 inciso l) de la Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense, Ley N.° 9999, del 27 de agosto del 2021 y en el artículo 67 de la Ley 1581 y sus reformas, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953 (mismo que fue reformado por la Ley N.° 9999), es la referencia explícita a la “Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia”, Ley N.° 7476, del 03 de febrero de 1995, para el tratamiento de los casos en donde se esté ante conductas de hostigamiento y acoso sexual por parte de personas funcionarias del Ministerio de Educación hacia estudiantes menores de edad, ya que con el estado actual de la Ley N.° 9999, se caía en la duplicidad de las normas que regulan esta materia generando confusión al Departamento de Gestión Disciplinaria de la Dirección de Recursos Humanos del MEP sobre cual norma aplicar, siendo lo correcto aplicar la Ley N.° 7476 que es la norma rectora en las situaciones de hostigamiento y acoso sexual que suceden en el sistema educativo público de Costa Rica, y por ello su tratamiento y marco de acción debe ser diferenciado según lo que señala dicha norma.

La composición vigente de la Ley N.° 9999 provoca una interpretación ambigua y por ende una incorrecta aplicación en la mayoría de los casos, incumpliendo las garantías procesales del funcionariado de MEP, así por ejemplo actualmente se está ante un vicio procedimental en el artículo 7 “Declaración anticipada de la víctima”, pues no establece hasta que etapa del proceso la víctima menor de edad puede ampliar su declaración, cuando procesalmente lo correcto es que una vez que la persona denunciada haya sido notificada no procede la ampliación de la declaración de la víctima al menos que el Órgano Director considere que sea necesario, y bajo este espíritu se reforma dicho artículo.

Actualmente el personal docente encuentra limitaciones para facilitar de manera activa, plena e inclusiva el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo mismo sucede con las demás personas funcionarias que complementan la vida de los Centros Educativos; tanto el personal administrativo, técnico docente, administrativo docente, técnico y operativo, encuentran obstáculos para poder cumplir a cabalidad con las diferentes funciones de sus cargos, afectando a la misma población estudiantil, ya que estas funciones se expresan en diferentes formas de interacción respetuosa con la población estudiantil en su diversidad, así por ejemplo un estudiante con algún tipo de discapacidad necesitara, en determinado momento, que se le asista de manera integral o bien un estudiante con alguna situación de conducta necesitara algún tipo de contención dentro de los protocolos que establece el MEP, sin embargo, la inexacta aplicación de la Ley N.° 9999 impide que el personal del MEP pueda cumplir con estas funciones ante la posibilidad de que se tergiverse su accionar cuando este se realiza de manera justificada y bajo la normativa institucional que vela por los derechos de las personas menores de edad. Debido a lo anterior se introduce un nuevo artículo de “Excepciones” para salvaguardar el correcto accionar del personal del MEP en los que refiere a la atención a estudiantes con algún tipo de discapacidad, problemas emocionales y de conducta temporal o permanente, y asistencia a estudiantes con Síndrome de Down y estudiantes con Trastorno del Espectro Autista.

Estos cambios, sin duda, pueden darle un sentido más razonable a Ley N.° 9999, que lamentablemente se ha convertido en un instrumento que impide el adecuado ejercicio de la función docente.  Las personas funcionarias se encuentran viviendo situaciones de alta incertidumbre y estrés, al ver que ha sido afectado su seguridad jurídica y el derecho a la legítima defensa en los casos de denuncia por parte de sus estudiantes, y observar la forma en que se han interpuesto medidas cautelares innecesarias y excesivas que dañan la moral de las personas denunciadas y la continuidad del proceso educativo.

El detalle de las reformas a la Ley N.° 9999, son las siguientes:

Artículo 2 del artículo 1:

Se reforma el artículo 2, incorporando la figura del acoso u hostigamiento sexual o cualquier otra conducta tipificada como delito sexual por el capítulo de delitos sexuales del Código Penal que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad, como víctimas, conforme a lo dispuesto en la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998 y la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley 7476, del 03 de febrero de 1995. Esto pretende que las conductas del acoso y hostigamiento sexual sean objeto de esta ley, al ser conductas que eventualmente pueden desplegadas por la persona funcionaria del MEP en contra de una persona menor de edad. Además, se cita la ley 7476, para dejar por establecido que los casos de acoso u hostigamiento sexual en que incurran estos funcionarios deban tramitarse bajo el marco de los protocolos y el procedimiento de esta ley con los que ya cuenta el MEP.

Artículo 3 del artículo 1:

En primer lugar, se propone reformar el inciso a) del artículo 3, para que la definición de Víctima coincida con lo que establece el artículo 2, que se refiere al objetivo de la Ley.  Sería entonces retomar las conductas que se señalan dentro del objetivo de la norma, para que se incorporen así tal cual al artículo 3, con lo cual se evitan contradicciones normativas.

El nuevo texto que se propone para la correcta definición de víctima es el siguiente:

a) Víctima: toda persona menor de edad estudiante que sufre un daño o perjuicio por maltrato físico, emocional, abuso sexual, hostigamiento y acoso sexual, trato corruptor, o cualesquiera de las conductas tipificadas en el Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas, en su título de delitos sexuales, por parte de la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).

En el caso del daño a la propiedad, será toda aquella acción intencional e injustificada en contra de la propiedad (útiles escolares y demás dispositivos tecnológicos permitidos en la normativa interna de los centros educativos) de la persona estudiante menor de edad, realizada por parte de la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).

(…).

La reforma a este inciso presenta dos especificidades: la primera, es que la ley, en adelante, no se limitará solo a regular aquellas conductas en que incurra la persona funcionaria del MEP, en los casos de hostigamiento, acoso sexual y trato corruptor, sino que también se extiende a cualesquiera de las conductas tipificadas en el Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas, en su título de delitos sexuales.

La segunda especificidad es que se define expresamente el daño a la propiedad, que es otra de las conductas que están siendo sancionadas y sin tipicidad por esta ley 9999.  Por tanto, el daño a la propiedad, se define como toda aquella acción intencional e injustificada en contra de la propiedad (útiles escolares y demás dispositivos tecnológicos permitidos en la normativa interna de los centros educativos) de la persona estudiante menor de edad, realizada por parte de la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Ahora bien, otro de los problemas que tiene esta Ley, y que impide su correcta aplicación, es la ausencia total de las definiciones de los conceptos que se señalan en el artículo 2.  Por ello, la presente iniciativa reforma el inciso l) del artículo 3 de la ley e incorpora cuatro nuevos incisos al mismo artículo para establecer las definiciones de maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual y trato corruptor.

En el caso de la reforma al inciso l) del artículo 3, se adiciona un párrafo segundo para dejar claramente establecido que toda conducta de hostigamiento y acoso sexual, en que incurra una persona funcionaria del MEP, se regirá bajo el procedimiento dispuesto en la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley 7476, del 03 de febrero de 1995, pues tal como se dijo supra, se trata de que estos casos se tramiten bajo el marco de los protocolos y el procedimiento de esta ley con los que ya cuenta el MEP.

En cuanto a las definiciones de maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual y trato corruptor, estas se entenderán de la siguiente manera:

-           Maltrato físico: toda acción intencional e injustificada en contra de la integridad física de la persona estudiante menor de edad, realizada por la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).

-           Maltrato emocional:  toda acción u omisión intencional e injustificada, que implique ofender, insultar, intimidar, rechazar, amenazar, coaccionar, desacreditar o discriminar, en perjuicio de la persona estudiante menor de edad, realizada por la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).

-           Abuso sexual:  Todo acto realizado con fines sexuales por parte de la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), contra una persona menor de edad, o la obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona, según lo dispuesto en el Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas.

-           Trato corruptor:  Toda conducta en la cual la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP) mantengan o promuevan la corrupción de una persona menor de edad, con fines eróticos, pornográficos u obscenos, en exhibiciones o espectáculos públicos o privados, aunque la persona menor de edad lo consienta; así como la acción de pagar, prometer un pago o dar una ventaja económica o de otra naturaleza a una persona menor de edad o a un tercero, para que la persona menor de edad ejecute actos sexuales o eróticos. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas.

Con estos nuevos incisos, se logra dar seguridad jurídica a las personas denunciadas y establecer un marco jurídico apropiado, en resguardo de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, tan importantes para que la Ley cumpla el objetivo real por el cual se da su promulgación, evitando denuncias abusivas que menoscaben los intereses jurídicos tutelados por la norma.

Artículo 7 del artículo 1:

Con el fin de procurar que las denuncias puedan ser debidamente investigadas, se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 7, a efecto de que el órgano director pueda solicitar la ampliación o aclaración de los hechos por una única vez, cuando así lo considere pertinente.

Artículo 8 del artículo 1 y reforma del artículo 67 del Estatuto de Servicio Civil:

Otro aspecto fundamental, es la propuesta que se realiza por medio del artículo 4 del proyecto para reformar el artículo 8 del artículo 1 de la Ley N.° 9999, sobre medidas cautelares.  En este punto es importante señalar que desde la aprobación de la “Ley de Carrera Docente” N.° 4565 de 04 de mayo de 1970 (Título II del Estatuto de Servicio Civil), en el artículo 67 se regula la potestad de la Dirección de Recursos Humanos, de ordenar la suspensión o el traslado temporal de una persona denunciada, ante “casos muy calificados y cuando, por la naturaleza de la presunta falta, se considere perjudicial la permanencia del servidor en el puesto...”.  Por lo tanto, el establecimiento de las medidas cautelares en el ámbito educativo no es algo nuevo, ya se encontraba debidamente regulado previo a la aprobación de la Ley N.° 9999.

El problema que presenta el artículo 8 en su redacción actual, es que se elimina la potestad de la Administración de Recursos Humanos, de valorar la gravedad de la denuncia, de previo a imponer la medida cautelar, es decir, la reubicación o traslado de la persona denunciada.  El artículo 8 dice lo siguiente:

Artículo 8- Medidas cautelares Además de la obligatoria reubicación o suspensión de la persona docente, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Estatuto del Servicio Civil, durante el procedimiento administrativo, la autoridad competente deberá aplicar todas las medidas cautelares que sean necesarias para evitar la revictimización de las personas denunciantes y sus testigos; evitar cualquier represalia o acto de persecución, incluyendo la posibilidad de reubicar a la persona estudiante, si así lo solicita, con la finalidad de minimizar o prevenir cualquier impacto negativo que sufra la persona estudiante en su desempeño académico. Asimismo, se deberán suspender los efectos de cualquier medida perjudicial tomada contra la persona estudiante por parte de la persona denunciada, cuando existan indicios de que puede ser una represalia.

Y como antes se indicó, la Ley N.° 9999 también alteró la redacción original del artículo 67 del Estatuto del Servicio Civil, al agregarse el siguiente párrafo:

En el caso de las causales establecidas en el artículo 66, inciso a) de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998, procederá siempre la adopción de la medida cautelar de suspensión del cargo o la reubicación.

Lo anterior ha ocasionado que, al interpretarse estos dos artículos, integradamente, el resultado sea que en todos los casos de denuncia bajo las previsiones de la Ley N.° 9999, se aplica una reubicación obligatoria, lo cual en muchos casos resulta innecesario, excesivo e injustificado.  Situación que ha provocado trastornos en la continuidad del proceso educativo y que ha afectado tanto a la persona docente reubicada, como a las personas estudiantes a su cargo, cuando no existe motivo justificado para la reubicación.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que en el artículo 2 del artículo 1, Capítulo I “Disposiciones Generales”, que regula el objetivo de esta Ley, se hace una referencia directa al artículo 67 del Código de Niñez y adolescencia”.

Así tenemos que el artículo 67 del Código de Niñez y Adolescencia regula el tema del procedimiento disciplinario, y al efecto dispone:

Artículo 67- Procedimientos disciplinarios. Planteada la denuncia por el supuesto contemplado en el inciso a) del artículo anterior, sea por la persona menor de edad, sus padres o representante, las autoridades o los encargados educativos, el Ministerio de Educación Pública iniciará inmediatamente los procedimientos disciplinarios y adoptará las medidas cautelares que estime necesarias en interés de la persona afectada, incluso la separación del puesto de la persona denunciada mientras se tramita la investigación y hasta que se adopte la decisión respectiva.

Como puede comprobarse, el mismo artículo 67 del Código de Niñez y Adolescencia, al que refiere expresamente el artículo 2 de esta Ley, regula el tema de la aplicación de las medidas cautelares, como una potestad facultativa del Ministerio de Educación Pública, indicándose que el MEP “… adoptará las medidas cautelares que estime necesarias en interés de la persona afectada, incluso la separación del puesto de a persona denunciada mientras se tramita la investigación…”.

Conforme a lo anterior, resulta clara la falta de congruencia entre lo consignado expresamente en el artículo 2 del artículo 1 de esta Ley, que remite al artículo 67 del Código de Niñez y Adolescencia y lo establecido en el artículo 8 del artículo 1, que elimina la potestad o facultad de la Dirección de Recursos Humanos del MEP, de valorar la adopción de medidas cautelares que “estime necesarias en interés de la persona afectada”.

Lo que se propone en la presente iniciativa de ley, por medio del artículo 7, es que la reubicación como medida cautelar, sea una decisión justificada por el hecho denunciado, competencia de la instancia administrativa competente, en este caso la Dirección de Recursos Humanos del MEP; en aplicación directa del artículo 67 del Código de Niñez y Adolescencia, a la cual le correspondería decidir lo más conveniente para hacer valer los derechos de la persona denunciante, la persona denunciada y el grupo de estudiantes.

La aplicación literal de la norma ha ocasionado a la fecha un aumento significativo de las reubicaciones de docentes en puestos administrativos que han sido del todo innecesarias, ya que el procedimiento se puede realizar sin requerir de la reubicación, evitando así perjuicios colaterales innecesarios.

Por estas razones, el presente proyecto de ley propone las siguientes dos cosas: en primera instancia, por medio del artículo 4 del proyecto, modificar el artículo 8 del artículo 1 de la Ley N.° 9999, para que la reubicación o suspensión de la persona funcionaria del MEP, como medida cautelar, y resguardando el principio de proporcionalidad que sean necesarias siguiendo el debido proceso, ya no tenga carácter de obligatoriedad y sea una decisión justificada por la Dirección de Recursos Humanos del MEP, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Servicio Civil.

Y en segunda instancia, por medio del artículo 7 del proyecto, se reforma el artículo 67 de la Ley 1581 y sus reformas, Estatuto de Servicio Civil, estableciendo que siempre procederá la adopción de la medida cautelar de suspensión del cargo o la reubicación, en aquellos casos que se den las causales de trato corruptor y abuso sexual establecidas en la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, y de las causales de acoso y hostigamiento sexual establecidas en Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley 7476, así como de los delitos sexuales contenidos en la ley N.° 4573, Código Penal.

Además, se adiciona qué, en caso de proceder la reubicación del servidor, esta deberá ser en un puesto administrativo donde no desempeñe funciones que conlleven atención y/o interacción constante con personas menores de edad.

Todas estas nuevas medidas pretenden darle un sentido más equilibrado y razonable al numeral propuesto, acorde a la redacción original del artículo 67 de la Ley 1581 y sus reformas, Estatuto de Servicio Civil, más lo adicionado en cuanto a restringir la reubicación del servidor.

Artículo 10 del artículo 1:

Por último, se busca reformar el artículo 10 de la Ley N.° 9999, para garantizar, en mayor medida, resguardar los derechos tanto de la persona menor de edad, como del servidor público, de manera que, se garantice el respeto de las garantías constitucionales de todas las personas, tales como, los derechos procesales.  En este sentido, el artículo dice:

Artículo 10- Sobre la valoración de la prueba

Toda prueba debe valorarse de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia.  Ante la ausencia de prueba directa deberá recurrirse a la prueba indiciaria, atendiendo los principios especiales que rigen la materia de niñez y adolescencia.  En caso de duda, se optará por la que más beneficie a la persona menor de edad víctima.  El órgano director ordenará oficiosamente la realización de valoraciones técnicas y periciales que resulten necesarias para armonizar la búsqueda de la verdad real con el interés superior de la persona menor de edad.

En los casos en los que la única prueba que exista sea la declaración del menor o de la menor víctima, dicha declaración hará plena prueba, salvo que esta haya sido debidamente desvirtuada por el servidor accionado.  (el subrayado no es del original, corresponde al que se propone reformar).

Al respecto conviene tener en cuenta que en el texto original del expediente legislativo N.° 22.112 (que le dio origen a la Ley N.° 9999), la norma correspondiente a ‘‘la valoración de la prueba’’ se encontraba en el artículo 9 del texto, y en él no existía este segundo párrafo, el cual fue agregado en los procesos posteriores del trámite legislativo.  Esto revela que se trata de una idea apartada del espíritu original del texto, y que resultó ser totalmente contradictoria con lo dispuesto en el párrafo primero del mismo artículo, donde se establece la necesidad de que toda prueba sea valorada conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia.

Lo anterior fue claramente advertido por la magistrada Garro Vargas, en el voto salvado de la resolución N.° 2022-013100 del 08 junio del 2022, de la Sala Constitucional.

De acuerdo con la magistrada Garro Vargas, el párrafo segundo del artículo 10, contiene vicios de inconstitucionalidad, y es necesario hacer ajustes en el mismo, toda vez que, en el voto de mayoría emitido por los magistrados y magistradas en relación con este texto de la ley, señalan ser constitucional, no obstante, lleva razón la señora magistrada, al advertir que la interpretación que realizan los demás magistrados, es una interpretación muy propia, que no se ve plasmada en el texto de la ley. Señala la magistrada Garro:

Al examinar tales razonamientos, estimo que son insuficientes e, incluso, no son congruentes con el por tanto suscrito por la mayoría del Tribunal.  Nótese que la Sala se ve en la obligación de realizar esos matices, pero la norma queda incólume y no se puede asegurar que las autoridades del MEP vayan a tener en cuenta tales precisiones al aplicarla, puesto que no quedan reflejadas en la parte dispositiva, ni siquiera con una interpretación conforme.  Adicionalmente juzgo, con todo respeto, que las consideraciones realizadas son, hasta cierto punto, contradictorias con el texto expreso de la norma.  Debe observarse que la Sala considera que “aun cuando sólo se contara con la declaración de la persona menor ofendida, el resultado dependerá del valor probatorio que el decisor le otorgue a esa prueba” y se afirma que “el decisor está en la obligación de examinar la declaración, como lo haría con cualquier tipo de prueba que constara en el expediente”; mientras que el párrafo segundo dispone expresa y tajantemente que “en los casos en los que la única prueba que exista sea la declaración del menor o de la menor víctima, dicha declaración hará plena prueba”.  Es decir, contrario a las reflexiones que realizó la mayoría de la Sala, la norma quedó intacta y sin precisiones, con la expresa referencia a que la declaración de la persona menor de edad hará plena prueba cuando no haya otros medios probatorios.  Lo anterior, con el evidente peligro de que las consideraciones tan detalladas de este Tribunal no sean valoradas y aplicadas por los operadores competentes.  En síntesis, existe un riesgo de que el servidor público competente de aplicar la norma no analice si le da credibilidad o no al testimonio aportado como única prueba del procedimiento.

[…]

En la norma bajo examen hay una ausencia total de esa consideración[etaria]cuando esto es determinante respecto de la credibilidad de la declaración e, incluso, en lo que se refiere a la valoración de la buena fe que anima al menor de edad.

Es decir, que una declaración sin el debido análisis valorativo de las condiciones podría llegar a convertirse en plena prueba, sin necesidad de que existan otras pruebas que imputen a la persona accionada.  Donde el único escenario en el que la persona accionada podría defenderse es aquel en el que logre desvirtuar dicha declaración.  A este condicionamiento se le conoce como requerimiento de prueba negativa.

La magistrada Garro Vargas considera que el requerimiento de prueba negativa por sí solo tiene vicios de inconstitucionalidad y que ‘‘Una cosa es la inversión de la carga probatoria y otra muy distinta el requerimiento de una prueba negativa que desvirtúe una declaración.’’

Finalmente, la magistrada Garro Vargas no omite señalar que el párrafo primero del artículo 10 cumple con los fines perseguidos por la Ley, en función de asegurar el interés superior de la persona menor de edad.

En consecuencia, este proyecto de ley busca reformar el artículo 10 de la Ley N.° 9999, lo cual no afecta el espíritu de la Ley, ya que lo único que pretende es eliminar los posibles vicios de inconstitucionalidad, de forma tal que se pueda garantizar a las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública, que en los procedimientos administrativos en su contra, se aplicarán los  principios generales de: justicia, razonabilidad, igualdad, equilibrio procesal, no discriminación y demás que integran el Debido Proceso.

Lo anterior, es congruente con los fines de la Ley y resuelve el problema de roce constitucional advertido en el Voto Salvado de la Magistrada Garro Fallas, contenido en la Resolución N.° 2022-013100 del 08 de junio de 2022, quien considera que el requerimiento de prueba negativa por sí solo tiene vicios de inconstitucionalidad y que ‘‘Una cosa es la inversión de la carga probatoria y otra muy distinta el requerimiento de una prueba negativa que desvirtúe una declaración’.’

Además, en el párrafo primero del artículo 10, queda incólume el principio de Indubio pro-Víctima, en relación con la valoración de la prueba, al señalar que, en caso de duda, se opta por la más beneficiosa para la persona menor de edad víctima.

Artículo 17 Excepciones:

Para para salvaguardar el correcto accionar del personal del MEP en los que refiere a la atención a estudiantes con algún tipo de discapacidad, problemas emocionales y de conducta temporal o permanente, y asistencia a estudiantes con Síndrome de Down y estudiantes con Trastorno del Espectro Autista, se introduce un nuevo artículo de “Excepciones”, el cual facilitará que el personal del MEP pueda cumplir con sus funciones sin que se tergiverse su accionar a tenor de la Ley N.° 9999.

Por los motivos y razones expuestas, se somete al conocimiento y aprobación de las y los señores Diputados, el presente proyecto de ley para su estudio y tramitación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA PARCIAL DE LA LEY PARA PREVENIR

LA REVICTIMIZACIÓN Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD

EN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE,

LEY N.° 9999, DEL 27 DE AGOSTO DEL 2021

ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 2 de la Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense, Ley N.° 9999, del 27 de agosto del 2021, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 2-         Objetivo

Esta ley tiene por objetivo reconocer la condición de sujeto de derecho de las personas menores de edad, prevenir su revictimización y evitar la impunidad en los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo que cobija a la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), que tengan por objeto determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de denuncia de maltrato físico, emocional, trato corruptor, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual o cualquier otra conducta tipificada como delito sexual por el capítulo de delitos sexuales del Código Penal que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad, como víctimas, conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998 y la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley N.° 7476, del 03 de febrero de 1995.

ARTÍCULO 2- Se adiciona un párrafo final al inciso l) y cuatro nuevos incisos o), p), q) y r) del artículo 3 de la Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense, Ley N.° 9999, del 27 de agosto del 2021, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 3-         Definiciones y siglas

Para efectos de la presente ley se entiende lo siguiente:

a)         Víctima:  toda persona menor de edad estudiante que sufre un daño o perjuicio por maltrato físico, emocional, abuso sexual, hostigamiento y acoso sexual, trato corruptor, o cualesquiera de las conductas tipificadas en el Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas, en su título de delitos sexuales, por parte de la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).

En el caso del daño a la propiedad, será toda aquella acción intencional e injustificada en contra de la propiedad (útiles escolares y demás dispositivos tecnológicos permitidos en la normativa interna de los centros educativos) de la persona estudiante menor de edad, realizada por parte de la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).

(…)

l) Hostigamiento y acoso sexual: toda conducta con contenido sexual o connotación sexual realizada por una persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública contra una persona menor de edad estudiante.

Toda conducta que se desprenda de la definición anterior se regirá bajo el procedimiento dispuesto en la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley N.° 7476, del 03 de febrero de 1995.

(…)

o)         Maltrato físico: toda acción intencional e injustificada en contra de la integridad física de la persona estudiante menor de edad, realizada por la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).

p)         Maltrato emocional: toda acción u omisión intencional e injustificada, que implique ofender, insultar, intimidar, rechazar, amenazar, coaccionar, desacreditar o discriminar, en perjuicio de la persona estudiante menor de edad, realizada por la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).

q)         Abuso sexual:  Todo acto realizado con fines sexuales por parte de la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), contra una persona menor de edad, o la obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona, según lo dispuesto en el Código Penal, Ley N.° 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas.

r)          Trato corruptor: Toda conducta en la cual la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP) mantengan o promuevan la corrupción de una persona menor de edad, con fines eróticos, pornográficos u obscenos, en exhibiciones o espectáculos públicos o privados, aunque la persona menor de edad lo consienta; así como la acción de pagar, prometer un pago o dar una ventaja económica o de otra naturaleza a una persona menor de edad o a un tercero, para que la persona menor de edad ejecute actos sexuales o eróticos. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el Código Penal, Ley Nº 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas.

ARTÍCULO 3-   Se adiciona un párrafo final al artículo 7 de la Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense, Ley N.° 9999, del 27 de agosto del 2021, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 7-         Declaración anticipada de la víctima

(…)

La ampliación de la declaración no podrá realizarse una vez que la persona denunciada haya sido notificada, no obstante, el Órgano director que investiga una denuncia por las causales establecidas en esta Ley, podrá requerir, por una única vez, que se amplíen o aclaren los hechos denunciados, cuando lo considere pertinente.

ARTÍCULO 4- Se reforma el artículo 8 de la Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense, Ley N.° 9999, del 27 de agosto del 2021, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 8-         Medidas cautelares

La autoridad competente deberá aplicar las medidas cautelares que correspondan resguardando el principio de proporcionalidad que sean necesarias siguiendo el debido proceso para evitar la revictimización de las personas denunciantes y sus testigos; evitar cualquier represalia o acto de persecución, incluyendo la posibilidad de reubicar a la persona estudiante, si así lo solicita, con la finalidad de minimizar o prevenir cualquier impacto negativo que sufra la persona estudiante en su desempeño académico.  Asimismo, se deberán suspender los efectos de cualquier medida perjudicial tomada contra la persona estudiante por parte de la persona denunciada, cuando existan indicios de que puede ser una represalia.  La reubicación o suspensión de la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), procederá en los casos que así lo considere conveniente la Dirección de Recursos Humanos, conforme a lo dispuesto en el Estatuto del Servicio Civil.

ARTÍCULO 5- Se elimina el párrafo final del artículo 10 de la Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense, Ley N.º 9999, del 27 de agosto del 2021, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 10- Sobre la valoración de la prueba

Toda prueba debe valorarse de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia.  Ante la ausencia de prueba directa deberá recurrirse a la prueba indiciaria, atendiendo los principios especiales que rigen la materia de niñez y adolescencia.  En caso de duda, se optará por la que más beneficie a la persona menor de edad víctima.  El órgano director en todos los procesos ordenará la realización de pruebas técnicas y periciales que resulten necesarias para armonizar la búsqueda de la verdad real con el interés superior de la persona menor de edad.

ARTÍCULO 6- Se adiciona un articulo 17 a la Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense, Ley N.° 9999, del 27 de agosto del 2021, el cual dirá lo siguiente:

Artículo 17- Excepciones

Quedan exceptuados de esta ley:

a)         Los casos en que la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), deban hacer uso moderado de la fuerza y/o contacto físico como medio necesario para dar contención a estudiantes con discapacidad o con alguna condición permanente o temporal.

b)         Los casos en que la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), deban entrar en contacto físico o deban asistir físicamente a estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad, con el fin de que este personal cumpla su función como apoyo personal y garantice una educación inclusiva.

c)         Los casos en que la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), deban entrar en contacto físico o deban asistir físicamente a estudiantes con Síndrome de Down y estudiantes con Trastorno del Espectro Autista.

ARTÍCULO 7- Se reforma párrafo segundo del artículo 67 de la Ley N.° 1581 y sus reformas, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953, mismo que fue adicionado por la Ley N.° 9999, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 67- En casos muy calificados y cuando por la naturaleza de la presunta falta se considere perjudicial la permanencia del servidor en el puesto, el director o la directora de la Dirección de Recursos Humanos ordenará la suspensión en el cargo o su traslado temporal a otro puesto, mediante acción de personal.  En el caso de las causales de trato corruptor y abuso sexual establecidas en la Ley N.° 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998 y de las causales de acoso y hostigamiento sexual establecidas en Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley N.° 7476, del 03 de febrero de 1995, así como de los delitos sexuales contenidos en la ley N.° 4573, Código Penal, de 04 de mayo de 1970 y sus reformas, procederá siempre la adopción de la medida cautelar de suspensión del cargo o la reubicación.  En caso de proceder la reubicación del servidor, deberá ser en un puesto administrativo donde no desempeñe funciones que conlleven atención y/o interacción constante con personas menores de edad.

Rige a partir de su publicación.

Sonia Rojas Méndez

Geison Enrique Valverde Méndez	Rosaura Méndez Gamboa
Katherine Andrea Moreira Brown	Rocío Alfaro Molina
Johana Obando Bonilla	Leslye Rubén Bojorges León
Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz	Jorge Antonio Rojas López
Manuel Esteban Morales Díaz	Kattia Rivera Soto
Carlos Felipe García Molina	Gilberth Jiménez Siles
Dinorah Cristina Barquero Barquero	José Francisco Nicolás Alvarado

 

Diputados y diputadas

NOTA:      Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.

1 vez.—Exonerado.—( IN2023734587 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL

DE LA PERSONA JOVEN, LEY N.° 8261, DE 20 DE MAYO

DE 2002, Y SUS REFORMAS, PARA AGREGAR VARIOS

PUESTOS DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED NACIONAL CONSULTIVA

DE LA PERSONA JOVEN

Expediente N.° 23.597

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En el año dos mil dos, se crea el Consejo de la Persona Joven con el precepto de crear políticas públicas para las juventudes de Costa Rica desde los gobiernos locales, instituciones gubernamentales, sociedad civil y demás actores sociales de la población juvenil.

Actualmente la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven es dirigida por una Presidencia y una Secretaría, quienes son electos en el seno de la asamblea en la primera sesión del periodo anual y serán los encargados de dirigir y llevar los acuerdos de cada sesión.

Los únicos puestos establecidos por la Ley General de la Persona Joven son la Presidencia y la Secretaría, para cumplir con la dirección de la Asamblea Nacional de esta red; sin embargo, no existen actualmente las figuras de suplencia para estos puestos, pues el legislador omitió las situaciones que se pueden presentar en caso de ausencia de ambos miembros del Directorio, por situaciones que salgan de control.

Normalmente, las coordinaciones de este tipo de órganos colegiados, accesoriamente cuentan con puestos que denominan “vicepresidencia” y “prosecretaria” que son los encargados de suplir de manera temporal a los propietarios en casos especiales.

Estas ausencias mencionadas anteriormente pueden justificarse de forma previa o presentarse de último momento, por lo que es tan importante la existencia de las figuras de suplencia, para que así no se deba dar una suspensión de manera imprevista de la Asamblea, o que esta no pueda realizarse de manera satisfactoria. La figura de las suplencias puede solucionar cualquier imprevisto con el que cuenten los miembros propietarios.

Por esa razón, el objetivo de este proyecto es reformar la Ley General de la Persona Joven, Ley N.° 8261, de 20 de mayo de 2002, y sus reformas, para crear los puestos de suplencia en el Directorio de la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven.

Por lo anterior, presentamos para la valoración del Parlamento, el presente proyecto de ley para su debido estudio y aprobación final por parte de las señoras diputadas y de los señores diputados que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL

DE LA PERSONA JOVEN, LEY N.° 8261, DE 20 DE MAYO

DE 2002, Y SUS REFORMAS, PARA AGREGAR VARIOS

PUESTOS DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA

NACIONAL DE LA RED NACIONAL CONSULTIVA

DE LA PERSONA JOVEN

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el tercer párrafo del artículo 29 de la Ley N.° 8261, Ley General de la Persona Joven, de 20 de mayo de 2002, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 29- Funcionamiento

(…)

Del pleno de la Asamblea se elegirá, por mayoría simple, a una persona que ejerza la presidencia, quien moderará el debate; asimismo, a una persona que ejerza la secretaría, que llevará el seguimiento documentado de todas las reuniones. También serán nombradas dos personas en los puestos de vicepresidencia y prosecretaría, quienes suplirán en caso de ausencia temporal a la presidencia y a la secretaría respectivamente. Estas personas serán elegidas por un período de un año, al final del cual deberán entregar los respectivos informes a la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven.

(…).

Rige a partir de su publicación.

Luis Diego Vargas Rodríguez

Diputado

NOTA:    Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.

1 vez.—Exonerado.—( IN2023734589 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 25 Y 27 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY N.° 8261, DE 20 DE MAYO DE 2022, Y SUS REFORMAS, PARA EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES SUPLENTES

EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED NACIONAL

CONSULTIVA DE LA PERSONA JOVEN

Expediente N.° 23.595

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Red Nacional Consultiva de la Persona Joven es parte del Sistema Nacional de Juventudes del Consejo de la Persona Joven.  Esta red tiene como objetivo ofrecer una participación efectiva a las personas jóvenes del país, en donde participen en la formación de políticas públicas y su aplicación.

La Ley General de la Persona Joven, Ley N.° 8261, de 20 de mayo de 2002, y sus reformas, crea la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, como un órgano colegiado y máximo representante de esta red consultiva. En dicha conformación se estableció que la integración de esta asamblea solo contara con representantes propietarios y no suplentes.

La Asamblea es integrada por diversos sectores juveniles del país; en principio, un representante de cada comité cantonal del país, una representación por cada universidad pública, tres personas representantes de universidades privadas, dos representantes de educación parauniversitaria, veinte representantes de los partidos políticos que integran la Asamblea Legislativa de manera proporcional a su representación, cinco personas de grupos étnicos, cinco representantes de organizaciones no gubernamentales y dos representantes de asociaciones de desarrollo.

Todas estas representaciones, según la Ley N.° 8261, son establecidas por distintos procesos según sea la representación, pero todas tienen en común que se permite un solo representante propietario por espacio y sector, lo cual conlleva que, si por alguna razón el representante no puede asistir a la sesión de la Asamblea, o bien, por renuncia, muerte o caso de fuerza mayor deja de ser asambleísta, el proceso se debe volver a realizar.  Tomando en cuenta que los periodos de la Asamblea Nacional de la Persona Joven son solo de un año, el trámite del nuevo nombramiento conlleva inversión en tiempo y esfuerzo, para que al final el nuevo integrante ejerza durante un periodo muy corto.

Por lo tanto, este proyecto busca crear la suplencia de todas las representaciones prevista por ley presentes en la Asamblea Nacional de la Persona Joven, para que así puedan estas personas suplir en caso de que el titular deba ausentarse por alguna razón, puedan presentarse a las distintas sesiones o bien, suplir permanentemente en caso de renuncia del miembro propietario.

Por lo anterior, presentamos para la valoración del Parlamento, el presente proyecto de ley para su debido estudio y aprobación final por parte de las señoras diputadas y de los señores diputados que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 25 Y 27 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY N.° 8261, DE 20 DE MAYO DE 2022, Y SUS REFORMAS, PARA EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES SUPLENTES

EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED NACIONAL

CONSULTIVA DE LA PERSONA JOVEN

ARTÍCULO 1-          Refórmese el artículo 25 de la Ley N.° 8261, Ley General de la Persona Joven, de 20 de mayo de 2002, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 25-       Finalidad de los comités cantonales

Los comités cantonales de la persona joven tendrán como objetivo fundamental elaborar y ejecutar propuestas locales o nacionales que consideren los principios, fines y objetivos de esta ley, contribuyan a la construcción de la política nacional de las personas jóvenes. Para ello, deberán coordinar con el director ejecutivo del Consejo. Cada comité designará a una representación propietaria y su respectiva suplencia ante la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven aquí creada.

ARTÍCULO 2-          Adiciónese un último párrafo al artículo 27 de la Ley N.° 8261, Ley General de la Persona Joven, de 20 de mayo de 2002, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 27-        Creación e integración de la Asamblea

(…)

Todas las representaciones mencionadas en este artículo deberán tener una suplencia que atenderá las funciones de la representación propietaria de manera temporal en caso de ausencia temporal o de manera permanente en caso de renuncia, durante su periodo de nombramiento.

Rige a partir de su publicación.

Luis Diego Vargas Rodríguez

Diputado

NOTA:        Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.

1 vez .—Exonerado.—( IN2023734591 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY

GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY N° 8261,

DE 20 DE MAYO DE 2002, Y SUS REFORMAS,

PARA EL AUMENTO EN LA REPRESENTACIÓN

DE LAS JUVENTUDES ESTUDIANTES

DE UNIVERSIDADES PRIVADAS EN LA

ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED NACIONAL CONSULTIVA DE LA PERSONA JOVEN

Expediente N° 23.596

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

De conformidad con el inciso c) del artículo 27 de la Ley N° 8261, Ley General de la Persona Joven, de 20 de mayo de 2002, y sus reformas, que establece la elección de las representaciones de las universidades privadas; se presenta este proyecto de ley para aumentar dicha representación y participación dentro de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven.

Actualmente las universidades públicas cuentan con un representante por cada universidad, para un total de cinco; sin embargo, este no es el caso de las universidades privadas que solo cuentan con tres representaciones, a pesar de ser mayor la cantidad de centros universitarios privados.

La Constitución Política de nuestro país establece en su artículo 33 el principio de igualdad como un derecho constitucional, estableciendo que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe la práctica de discriminación alguna.

La Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, como órgano colegiado y máximo representante de la Red, está contemplado como la instancia rectora para discutir y votar la propuesta de política pública de las personas jóvenes elaborada por el Consejo, la cual se aprueba por un plazo máximo de cinco años; y es de acatamiento obligatorio para todas las instituciones que desarrollan proyectos o tienen responsabilidades vinculadas a las personas jóvenes. En este espacio se discuten políticas públicas que impulsan los derechos para el desarrollo integral, la equidad social y la igualdad de oportunidades de las personas; por lo tanto, en resguardo del principio de igualdad, en el sector de representación universitaria, los centros de estudios superiores privados se encuentran en desventaja, al contar con menos representación en esta asamblea.

Es responsabilidad del Estado garantizar el cumplimiento del principio de igualdad, según lo establece la Constitución Política, en todos los espacios de representación. Asimismo, esta desigualdad en la representación de centros universitarios públicos y privados, atenta contra los artículos 29 incisos 1 y 2, y 34, inciso 1, de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes por la Organización Iberoamericana de Juventud.

Por lo tanto, este proyecto de ley busca garantizar una representación igualitaria entre las universidades públicas y privadas, dentro de la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven y así garantizar el derecho constitucional de igualdad a todos los jóvenes universitarios.

Por lo anterior, presentamos para la valoración del Parlamento, el presente proyecto de ley para su debido estudio y aprobación final por parte de las señoras diputadas y de los señores diputados que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY

GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY N° 8261,

DE 20 DE MAYO DE 2002, Y SUS REFORMAS,

PARA EL AUMENTO EN LA REPRESENTACIÓN

DE LAS JUVENTUDES ESTUDIANTES

DE UNIVERSIDADES PRIVADAS EN LA

ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED NACIONAL CONSULTIVA DE LA PERSONA JOVEN

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el inciso c) del artículo 27 de la Ley N° 8261, Ley General de la Persona Joven, de 20 de mayo de 2002, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 27- Se crea la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, como órgano colegiado y máximo representante de la Red Consultiva; estará integrada por los siguientes miembros:

(...)

c)         Cinco personas representantes de las universidades privadas.

(…).

Rige a partir de su publicación.

Luis Diego Vargas Rodríguez

Diputado

NOTA:      Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.

1 vez.—Exonerado.—( IN2023734592 ).

ACUERDOS

N° 6957-22-23

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

En sesión ordinaria N° 142, celebrada el 22 de febrero de 2023, conforme a las atribuciones que le confiere el inciso 16) del artículo 121 de la Constitución Política, y el inciso a) del artículo 85, los artículos 221, 222, 226 y el transitorio VI del Reglamento de la Asamblea Legislativa,

ACUERDA:

Artículo Único.—Se declara Ciudadana de Honor a Marcelle Taylor Brown.

Rige a partir de su publicación.

Asamblea Legislativa.—San José, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil veintitrés.

Publíquese.

Rodrigo Arias Sánchez, Presidente.—Melina Ajoy Palma, Primera Secretaria.—Luz Mary Alpízar Loaiza, Segunda Secretaria.— 1 vez.—O. C. N° 22029.—Solicitud N° 420323.—( IN2023734572 ).