PROYECTOS

APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO

EN EL SECTOR PESQUERO, 2007

Expediente N.º 17.380

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Cumpliendo con las obligaciones contraídas por el Gobierno de Costa Rica como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sometemos para su consideración y eventual aprobación el siguiente Convenio sobre el Trabajo en el Sector Pesquero, 2007, adoptado en la nonagésima sexta reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, el 30 de mayo de 2007, cuyo texto auténtico se adjunta.

La remisión a ese Parlamento del instrumento de cita, se efectúa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, punto 5, inciso b) de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que establece a los miembros la obligación de someter los instrumentos adoptados ante las autoridades competentes, acompañados de una declaración del Poder Ejecutivo en la que exprese su recomendación, a efecto que le den forma de ley, o adopten otras medidas.

El ámbito de aplicación del Convenio N.º 188 sobre el trabajo pesquero, comprende a todos los pescadores y todos los buques pesqueros que se dediquen a operaciones de pesca comercial.

Dicho convenio introduce una serie de responsabilidades para los propietarios de buques pesqueros, los capitanes o patrones y los pescadores, en cuanto la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, así como el cumplimiento de las normas en materia de seguridad de la navegación y guardia y de las buenas prácticas marineras conexas.

Asimismo, establece los requisitos mínimos para trabajar a bordo de buques pesqueros, entre ellos el de la edad mínima y el examen médico. Este último requisito implica el equipamiento de los buques pesqueros con suministros médicos y al menos un pescador a bordo calificado o formado en materia de primeros auxilios, así como otros requerimientos más avanzados, dirigidos a buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros, los cuales en todo caso no resultan aplicables al caso de Costa Rica, debido a que buena parte de las embarcaciones nacionales son inferiores a los quince metros de eslora o están entre los 15 y 24 metros¹.

Adicionalmente, el convenio contiene regulaciones sobre las condiciones de servicio, relativas a la dotación y las horas de descanso, la lista de tripulantes, el acuerdo del pescador, repatriación, contratación y colocación y remuneración del pescador.

El acuerdo del pescador implica una responsabilidad para el propietario del buque pesquero, en asegurarse que cada pescador tenga un acuerdo de trabajo escrito, firmado conjuntamente por el pescador y el propietario del buque pesquero y/o un representante autorizado de este. Dicho acuerdo se asimila al “contrato de embarque” que establece el artículo 120 del Código de Trabajo, el cual también requiere la indicación de los datos mínimos del trabajador, del barco a bordo del cual va a trabajar y de la modalidad del contrato.

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¹  Oficio DMHSO N.º 297-08 de 16 de octubre de 2008, del Consejo de Salud Ocupacional.

El convenio también contiene un apartado relativo al tema de la atención médica, protección de la salud y seguridad social, que a su vez abarca los aspectos relacionados con la prevención de accidentes laborales y la protección en caso de enfermedad, lesión o muerte relacionadas con el trabajo. En relación la atención médica a bordo de las embarcaciones, nuestro país carece de normativa que establezca su obligatoriedad.

Finalmente, en el texto del convenio existe un apartado referido al cumplimiento y control de la aplicación de la normativa establecida. Estas obligaciones recaen directamente en las instituciones del Estado encargadas de realizar la supervisión, inspecciones, tramitación de quejas y aplicación de sanciones y medidas de conformidad con la legislación nacional, lo cual requiere de un análisis serio sobre las capacidades institucionales y los recursos económicos que implica el acatamiento de estas disposiciones, en caso de la eventual aprobación del convenio por parte de las autoridades competentes.

Cabe la observación de que el presente Convenio N.º 188 sobre el trabajo en el sector pesquero revisa el Convenio N.º 112, sobre la edad mínima (pescadores), Convenio N.º 113, sobre el médico de los pescadores, y el Convenio N.º 126 sobre el alojamiento de la tripulación, lo cual significa que la normativa contenida en estos convenios se encuentra comprendida y actualizada en el Convenio N.º 188 que nos ocupa.

Es importante señalar que el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, contiene normas de alcance mundial y reúne en un instrumento único, prácticamente todos los convenios y recomendaciones sobre el trabajo marítimo adoptados desde 1920, con nuevo formato y requerimientos innovadores que reflejan las condiciones modernas del sector. No obstante, el instrumento mencionado se encuentra en proceso de sumisión ante la Asamblea Legislativa y a la fecha no ha sido aprobado.

También, debe indicarse que el Convenio N.º 188 sobre el trabajo en el sector pesquero, aún no ha entrado en vigor, habida cuenta que ningún país ha registrado la ratificación respectiva ante la OIT, al mes de enero de 2009.

Ahora bien, abocándonos ante el eventual campo de aplicación nacional del nuevo Convenio, la cartera de Trabajo y Seguridad Social responsable de las obligaciones internacionales que emanan de los artículos 19 y 22 de la constitución de la OIT, previo a la preparación del presente instrumento de sumisión, procedió a realizar una amplia consulta entre todas las autoridades competentes involucradas en los temas que desarrolla el Convenio, así como a las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas, a estos últimos por medio de los oficios DMT-0114-2009, DMT-0115-2009 y DMT-0116-2009.

Mediante memorial DMT-1081-2008 de fecha 23 de setiembre de 2008 el señor Ministro solicitó a las autoridades competentes involucradas en los temas que desarrolla el Convenio, los comentarios o proposiciones que tuvieran a bien manifestar todos los consultados, acerca del curso que debiera darse el texto bajo examen, toda vez que ante un caso de una eventual aprobación de este, conllevaría su puesta en ejecución y cumplimiento, sujeta a los órganos de control nacionales e internacionales pertinentes.

Para una mejor referencia, dentro de las instituciones y organizaciones de trabajadores y empleadores consultadas, se encuentran el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo de Salud Ocupacional, la Dirección Nacional de Seguridad Social, la Dirección Nacional de Empleo, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central de Movimiento de Trabajadores Costarricense (CMTC), Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (Uccaep), entre otras.

De todos los consultados, solamente el Incopesca, el PANI, y el Ministerio de Salud no remitieron observaciones. Ninguna organización de trabajadores ni de empleadores remitió respuesta.

En términos generales, las entidades consultadas fueron contestes en considerar que en caso de aprobación del nuevo convenio, nuestro país se vería obligado a realizar erogaciones pecuniarias de presupuesto muy elevadas, con el fin de que las autoridades competentes puedan cumplir plenamente con las responsabilidades de supervisión y control de la aplicación de lo dispuesto en el convenio que nos ocupa. En ese sentido, es indispensable realizar de previo, un análisis del impacto económico que tendría la aprobación de este instrumento para nuestro país.

En esa línea, es indispensable contar de previo con el criterio de las entidades rectoras en la materia, a saber, el Consejo de Salud Ocupacional, el PANI y el Incopesca, debido a la trascendencia y sensibilidad de los temas que aborda el instrumento en cuestión.

Por el momento, se cuenta con el criterio del Consejo de Salud Ocupacional, recibido mediante oficio DMHSO N.º 297-08 de 16 de octubre de 2008, el cual dejó manifiesto su conformidad ante una eventual aprobación del Convenio, en “defensa del derecho de los trabajadores a su salud holística y la productividad de los armadores²,” sin perjuicio de lo que la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tenga a bien señalar, en virtud de las potestades que ostenta a partir de la Ley de pesca y la legislación laboral vigente.

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²  Oficio DMHSO N.º 297-08 del Consejo de Salud Ocupacional de 16 de octubre de 2008.

Adicionalmente, el Consejo de Salud Ocupacional señala que las responsabilidades patronales que establece el Convenio son compatibles con el Código de Trabajo y la Ley de riesgos del trabajo en relación con la salud y seguridad de los trabajadores dedicados a faenas de pesca en bajura o altura, prevención de la fatiga, supervisión patronal en condiciones óptimas de seguridad y salud durante sus actividades, posibilitar la formación estando a bordo y con la obligación de cumplir las normas establecidas en salud ocupacional en términos generales. Según la legislación nacional vigente, los trabajadores del mar están en la obligación de seguir las instrucciones que se le brinden para prevenir algún tipo de patología laboral, situación que se enmarca en el artículo 285 de la Ley riesgos del trabajo, N.º 6727.

En cuanto al requisito del examen médico para trabajar a bordo de buques pesqueros, el Consejo de Salud Ocupacional señala que para cumplir eventualmente con este requisito mínimo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debería establecer en conjunto con el Instituto Nacional de Seguros, el protocolo médico de examen para los trabajadores del mar y que a la autoridad laboral portuaria competente (Oficinas Regionales de la Inspección de Trabajo en las zonas costeras), les correspondería verificar que el mismo se haya realizado.

El Consejo de Salud Ocupacional también indica que las disposiciones relativas a la prevención de accidentes, enfermedades profesionales y riesgos relacionados con el trabajo a bordo de buques pesqueros, incluida la formación de los pescadores para la manipulación de los tipos de artes de pesca que utilizarán y el conocimiento de las operaciones de pesca, representan un avance para el sector pesquero costarricense, debido a que no existe norma que establezca la obligatoriedad de la atención médica a bordo. Resalta además el hecho de que el convenio retoma aspectos fundamentales de los convenios N.º 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y el N.º 166 sobre la repatriación de la gente de mar, ambos actualmente sin ratificación por nuestro país.

Para la cartera de trabajo a mi cargo, resulta importante señalar que las inspecciones de trabajo regionales cuentan con recursos limitados para fiscalizar un cumplimiento pleno de las condiciones de servicio y requisitos mínimos para trabajar a bordo de buques pesqueros que establece el convenio. Concretamente el apartado VII del Convenio que nos ocupa, se refiere al “Cumplimiento y control de la aplicación” y hace alusión a que cada país debe ejercer efectivamente su jurisdicción y control sobre los buques que enarbolen su pabellón, estableciendo un sistema para garantizar el cumplimiento de los requisitos del convenio, el cual incluirá, según proceda, las inspecciones, la presentación de informes, la supervisión, los procedimientos de tramitación de quejas, la aplicación de sanciones y las medidas correctivas apropiadas, de conformidad con la legislación nacional.

Puede observarse que las acciones de supervisión y control de la aplicación de la normativa del convenio, son amplias y demandan un despliegue institucional eficiente por parte de la Administración, lo cual constituye todo un reto para las autoridades competentes, debido a la falta de recursos materiales y humanos. En ese sentido, y en caso de una eventual aprobación del convenio en cuestión, resultaría primordial el fortalecimiento de las inspecciones de trabajo regionales, con recurso humano y material suficiente para asumir de manera eficaz las responsabilidades que recaen sobre la inspección de trabajo, a nivel nacional.

Ahora bien, lo anterior no significa que en Costa Rica el trabajo en el mar se encuentre desprotegido. Por el contrario, aún y cuando las particulares condiciones en que se llegó a desarrollar, la actividad que nos ocupa se encuentra regulada en diversas disposiciones, dentro de las cuales sobresale el Capítulo XI del Código de Trabajo, denominado “Del Trabajo en el mar y en las vías navegables”. Adicionalmente la Ley de pesca N.º 8436 y la Ley Nº 7384 de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) complementan la normativa nacional en el ámbito del trabajo pesquero en el tanto establecen que:  “El INCOPESCA será la autoridad ejecutora de esta Ley y del Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola que dicte el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las atribuciones otorgadas por ley a otras instituciones del Estado, las cuales necesariamente deberán coordinar con este Instituto lo referente al sector pesquero y de acuicultura³”.

Asimismo, la legislación nacional vigente se encuentra en armonía con lo establecido por el convenio en cuanto a las responsabilidades del capitán de los buques pesqueros. Al respecto el artículo 12 de la Ley de pesca y acuicultura establece que: “el capitán será considerado la máxima autoridad a bordo y el responsable por el estricto cumplimiento de la legislación pesquera vigente, so pena de las responsabilidades civiles, penales y administrativas ocasionadas en el desempeño de su puesto⁴.”  Sin perjuicio de las funciones que ejerce la autoridad administrativa en esta materia, a saber el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, como encargado de la regulación de los requisitos y condiciones que deberán cumplir los patrones de pesca o capitán de la embarcación pesquera, de conformidad con la legislación nacional vigente.

Dicha normativa nacional se complementa con los 50 Convenios internacionales de la OIT que a esta fecha se encuentran aprobados y ratificados por nuestro país, que en forma genérica garantizan en debida forma los derechos sociolaborales de la totalidad de trabajadores, y en especial los que fortalecen y mejoran las condiciones de los trabajadores de mar, contenidas en los convenios específicos que sobre la materia que nos ocupan y que se encuentran ratificados por nuestro país, a saber:

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³  Artículo 12 de la Ley de pesca y acuicultura.

⁴  Párrafo segundo del artículo 116 de la Ley de pesca y acuicultura N.º 8436.

•       Convenio N.º 8 sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920.

•       Convenio Nº 16 sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921.

•       Convenio N.º 112 sobre la edad mínima (pescadores), 1959.

•       Convenio N.º 113 sobre el examen médico de los pescadores, 1959.

•       Convenio N.º 114 sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959.

•       Convenio N.º 134 sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970.

•       Convenio N.º 137 sobre el trabajo portuario, 1973.

•       Convenio N.º 145 sobre la continuidad del empleo (gente de mar), 1976.

•       Convenios N.º 147 sobre la marina mercante, 1976.

Sobre el particular, cabe la aclaración de que la normativa de los convenios N.º 137, 145 y 147 antes indicados, a pesar de formar parte del marco de referencia de instrumentos internacionales en materia de trabajo marítimo, por cuanto aplican a personas que se dedican al trabajo portuario de manera regular y que obtienen de ese trabajo la mayor parte de sus ingresos anuales, y a todo buque dedicado a la navegación marítima, de propiedad pública o privada, destinado con fines comerciales al transporte de mercancías o de pasajeros o empleado en cualquier otro uso comercial, no resulta aplicable a buques que se dedican a la pesca.

Los antecedentes antes indicados, resultan importantes como marco de referencia para que las autoridades correspondientes conozcan el estado actual de la legislación nacional e internacional vigente en nuestro país y les facilite determinar la necesidad de aprobación del Convenio N.º 188 sobre el Trabajo Pesquero que nos ocupa.

En cuanto al tema de seguridad social, mediante oficio S.J.8488-2008 de 27 de octubre de 2008, la CCSS tuvo a bien referirse al derecho de los pescadores a recibir tratamiento médico en tierra y al respecto se indica que la Caja únicamente brinda dicho tratamiento, a los trabajadores que se encuentren asegurados por sus patronos, o en su defecto cuando cuyo costo que sea cubierto por el interesado o su empleador y en los casos de emergencia. Además, resalta que el Reglamento del seguro salud, establece en su artículo 8 la “territorialidad del seguro”, lo cual implica que las prestaciones que se brindan a través de este, a favor de los asegurados directos o familiares, proceden únicamente dentro del territorio nacional y según el área de atracción.

En el oficio AJ-02362-2008-AC de 10 de octubre de 2008, la Dirección General de Migración y Extranjería tuvo a bien referirse sobre la “Repatriación”, en el sentido de que el cumplimiento de las disposiciones del convenio relativas a este tema, impondrían una carga pecuniaria excesiva, cuando se trate de deportar o repatriar a trabajadores pesqueros que arriban a puertos costarricenses, o que decidan desertar por diversas razones. El artículo 21 establece el derecho a la repatriación, cuando el pescador o el propietario del buque pesquero denuncien el acuerdo de trabajo por causas justificadas, cuando el acuerdo de trabajo haya vencido, o cuando los pescadores se vean incapacitados para prestar sus servicios. El Estado miembro se encuentra en la obligación de sufragar los gastos de la repatriación, con la expectativa de recuperar la erogación pecuniaria.

Sobre el particular, la Dirección General de Migración y Extranjería remitió observaciones sobre este tema por ser materia de su competencia. Al respecto, indica que en la actualidad cuando se presentan este tipo de situaciones son las empresas pesqueras o aseguradoras las que corren con los gastos de repatriación de los tripulantes o trabajadores (incluso polizontes), además de los gastos de pasajes y viáticos de policías de migración, quienes deben custodiar a estas personas, en su mayoría pescadores asiáticos, hasta su país de origen.

Ante la eventual aprobación del convenio, el Estado se vería en la obligación de realizar erogaciones de presupuesto muy elevadas, sin mencionar que se pueden suscitar casos en los que las personas deban permanecer en territorio nacional más tiempo del que pasan en la actualidad por falta de recursos económicos para cubrir los gastos requeridos, lo cual podría provocar la interposición de innumerables recursos de habeas corpus ante la Sala Constitucional en contra de las autoridades estatales competentes⁵.

Asimismo, existen aspectos relativos a la repatriación que se contraponen a la legislación migratoria actual, por ejemplo al aplicar la figura del rechazo, si el pescador que debe ser repatriado ostenta algún tipo de impedimento de ingreso al país, en aplicación del convenio en cuestión, el mismo debería ser aceptado por lo menos en tránsito. Lo anterior, no es conteste con lo estipulado en el artículo 54 de la Ley N.º 8487 de migración.

Finalmente, tengo a bien referirme al tema de edad mínima para trabajar a bordo de buques pesqueros. El convenio que nos ocupa establece que la edad mínima para trabajar a bordo de un buque pesquero deberá ser de 16 años y de 15 años para aquellas personas que ya no estén sujetas a la enseñanza obligatoria y que participen en una formación profesional en materia de pesca.

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⁵  Oficio AJ-02362-2008-AC de 10 de octubre de 2008, de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Asimismo, establece a manera de excepción que la legislación nacional o las autoridades competentes, deberán determinar los casos en los cuáles la edad mínima para trabajar a bordo de buques pesqueros será de dieciocho años, en virtud de que las actividades puedan resultar peligrosas para la salud, seguridad o la moralidad de los jóvenes. Además, prohíbe expresamente la contratación de pescadores menores de dieciocho años para trabajar de noche.

El Código de la Niñez y Adolescencia, Ley N.º 7739, en armonía con el Convenio N.º 138 sobre la edad mínima de la OIT, constituye el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad y establece el régimen especial de protección al trabajador adolescente. En ese sentido, dispone que el Estado reconocerá el derecho de las personas adolescentes mayores de quince años a trabajar, y podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral impone riesgo o peligro para el desarrollo, la salud física, mental y emocional o cuando perturbe la asistencia regular al centro educativo. Adicionalmente, el 10 de enero de 2001 entró en vigencia el Decreto ejecutivo N.º 29220-MTSS, que establece el “Reglamento para la contratación laboral y condiciones de salud ocupacional de las personas adolescentes”. Este reglamento establece las condiciones laborales que deben prevalecer en la contratación laboral de personas adolescentes, con énfasis especial en el tipo de labores permitidas y las condiciones necesarias de trabajo, con el fin de proteger su salud, permitir su desarrollo físico, emocional y social, y evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. Concretamente el artículo 5 de dicho reglamento define las labores que se encuentran absolutamente prohibidas para adolescentes, y en el inciso “m” señala los “trabajos en alta mar”.

En ese sentido, mediante oficio DNSS-150-200/8 de 08 de octubre de 2008, la Dirección Nacional de Seguridad Social realizó observaciones en relación con la peligrosidad que representa la actividad pesquera para las personas menores de edad, ya que en el caso del trabajo en el sector pesquero costarricense, la embarcación en la que normalmente se desempeñan los menores de edad se denomina “panga” y se caracteriza por ser pequeña, angosta y liviana, lo que proporciona inestabilidad en el balance. Este tipo de embarcación no reúne los requisitos mínimos de seguridad, ni con espacios adecuados para la movilización y maniobra en la ejecución de la actividad extractiva del producto marino. Además, hay que resaltar que los trabajadores menores de edad no cuentan con gran experiencia de sobrevivencia en el mar, ni cuentan con una cultura de seguridad o conocimientos de navegación.

Además, señala que debido a las características en las que se desarrolla la pesca a bordo de embarcaciones y los factores de riesgo para la salud y condiciones de accidentabilidad, se considera que se trata de una actividad catalogada como peligrosa e insalubre para menores de edad, además de realizarse en detrimento de su derecho a la educación, a la convivencia en familia y en general al goce pleno de sus derechos fundamentales.

En el mismo orden de ideas, mediante oficio DNI.266-08 de 30 de setiembre de 2008, la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo indica que el trabajo en el mar debe ser considerado una actividad peligrosa y por ende, de conformidad con lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, estaría prohibido para los menores de dieciocho años.

Es claro que nuestro país cuenta con una legislación apropiada, dirigida a brindar protección especial a los trabajadores del mar dedicados a la pesca. Por esta razón y tomando en cuenta las limitadas capacidades institucionales y la necesidad de aumentar los recursos económicos para ejercer un control eficaz de la aplicación de las disposiciones del texto internacional que en este acto sometemos; consideramos conveniente de previo a una eventual aprobación por parte del Plenario legislativo que su texto sea sometido a un amplio proceso de consulta ante todas las instituciones y autoridades administrativas competentes, así como a las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas afines a la actividad marítima en el sector de la pesca, para concertar una eventual viabilidad de hecho y de derecho.

Por lo tanto, sometemos a consideración de los señores diputados, el proyecto de ley de Aprobación del convenio sobre el trabajo en el sector pesquero, 2007, adoptado en la nonagésima sexta reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, el 30 de mayo de 2007.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO

EN EL SECTOR PESQUERO, 2007

ARTÍCULO 1.- Apruébase el Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero, 2007, adoptado en la nonagésima sexta reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, el 30 de mayo de 2007, cuyo texto es el siguiente:

 “CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Convenio 188

CONVENIO SOBRE EL TRABAJO

EN EL SECTOR PESQUERO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 2007, en su nonagésima sexta reunión;

Reconociendo que la globalización tiene profundas repercusiones en el sector pesquero;

Tomando nota de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998;

Tomando en consideración los derechos fundamentales plasmados en los siguientes convenios internacionales del trabajo:  Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100); Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105); Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182);

Tomando nota de los instrumentos pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, y en particular del Convenio (núm. 155) y la Recomendación (núm. 164) sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, y el Convenio (núm. 161) y la Recomendación (núm. 171) sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985;

Tomando nota asimismo del Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), y considerando que las disposiciones del artículo 77 de dicho Convenio no deberían constituir un obstáculo para la protección que los Miembros otorgan a los pescadores en el marco de los regímenes de seguridad social;

Reconociendo que la Organización Internacional del Trabajo considera que la pesca es una ocupación peligrosa en comparación con otras ocupaciones;

Tomando nota también del párrafo 3 del artículo 1 del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185);

Teniendo presente que el mandato fundamental de la Organización es la promoción de condiciones de trabajo decentes;

Teniendo presente la necesidad de proteger y promover los derechos de los pescadores a este respecto;

Recordando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982;

Teniendo en cuenta la necesidad de revisar los siguientes convenios internacionales adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo que se refieren de forma específica al sector pesquero, a saber, el Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112), el Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113), el Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114), y el Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126), a fin de actualizarlos y de abarcar a un mayor número de pescadores del mundo entero, y en especial a los que trabajan en las embarcaciones de menor tamaño;

Tomando nota de que el presente Convenio tiene por objeto garantizar que los pescadores gocen de condiciones de trabajo decentes a bordo de los buques pesqueros en lo que atañe a requisitos mínimos para el trabajo a bordo, condiciones de servicio, alojamiento y comida, protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, atención médica y seguridad social;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo en el sector pesquero, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,

adopta, con fecha catorce de junio de dos mil siete, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007.

PARTE I. DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

DEFINICIONES

Artículo 1

A efectos del presente Convenio:

a)     la expresión «pesca comercial» designa todas las operaciones de pesca, inclusive la pesca en ríos, lagos o canales, con excepción de la pesca de subsistencia y de la pesca deportiva;

b)     la expresión «autoridad competente» designa al ministro, departamento gubernamental o cualquier otra autoridad competente para dictar y hacer ejecutar reglamentos, ordenanzas u otras instrucciones de obligado cumplimiento con respecto al contenido de la disposición de que se trate;

c)     el término «consulta» designa toda consulta que la autoridad competente celebre con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, y en particular con las organizaciones representativas de propietarios de buques pesqueros y de pescadores, cuando estas organizaciones existan;

d)     la expresión «propietario de buque pesquero» designa al propietario de un buque de pesca o a cualquier otra organización o persona, como puede ser el administrador, el agente o el fletador a casco desnudo, que a efectos de la explotación del buque ha asumido la responsabilidad que incumbe al propietario o a otra entidad o persona y que, al hacerlo, haya aceptado cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben a los propietarios de buques pesqueros en virtud del presente Convenio, independientemente de que otra organización o persona desempeñe algunos de los deberes o responsabilidades en nombre del propietario del buque pesquero;

e)     el término «pescador» designa a toda persona empleada o contratada, cualquiera que sea su cargo, o que ejerza una actividad profesional a bordo de un buque pesquero, incluidas las personas que trabajen a bordo y cuya remuneración se base en el reparto de las capturas («a la parte»); se excluyen los prácticos, el personal naval, otras personas al servicio permanente de un gobierno, el personal de tierra que realice trabajos a bordo de un buque pesquero y los observadores pesqueros;

f)     la expresión «acuerdo de trabajo del pescador» abarca el contrato de trabajo, el contrato de enrolamiento y cualquier otra forma similar de acuerdo o de contrato que rija las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores a bordo de un buque;

g)     los términos «buque pesquero» o «buque» designan toda nave o embarcación, cualesquiera sean su clase o su régimen de propiedad, que se utilice o esté destinada a ser utilizada en la pesca comercial;

h)    la expresión «arqueo bruto» designa el arqueo bruto calculado de conformidad con los reglamentos sobre arqueo contenidos en el anexo I del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969, o en cualquier instrumento por el que se modifique dicho anexo o se lo sustituya;

i)     el término «eslora» designa el 96 por ciento de la longitud total en una flotación correspondiente al 85 por ciento del puntal mínimo de trazado, medido desde el canto superior de la quilla, o la distancia existente entre la cara proel de la roda y el eje de la mecha del timón en esa flotación, si esta última magnitud es mayor. En los buques proyectados con quilla inclinada, la flotación de referencia para medir la eslora deberá ser paralela a la flotación de proyecto;

j)     la expresión «eslora total o máxima» designa la distancia medida en línea recta, y paralelamente a la flotación de proyecto, desde el extremo anterior de la proa hasta el extremo posterior de la popa;

k)    la expresión «servicio de contratación y colocación» designa a toda persona, empresa, institución, agencia u otra entidad, pública o privada, cuya actividad consiste en contratar a pescadores por cuenta de los propietarios de buques pesqueros o en colocarlos directamente a su servicio;

l)     el término «capitán» o «patrón» designa al pescador al mando de un buque pesquero.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2

1.     Salvo que en el presente Convenio se disponga otra cosa, éste se aplica a todos los pescadores y todos los buques pesqueros que se dediquen a operaciones de pesca comercial.

2.     En caso de duda respecto de si un buque o embarcación está o no dedicado a la pesca comercial, la decisión al respecto incumbirá a la autoridad competente, previa celebración de consultas.

3.     Todo Miembro, previa celebración de consultas, podrá extender, total o parcialmente, a los pescadores que trabajen a bordo de embarcaciones más pequeñas la protección prevista en el presente Convenio para los pescadores que trabajen a bordo de buques de eslora igual o superior a 24 metros.

Artículo 3

1.     Cuando la aplicación del Convenio plantee problemas especiales y de fondo, atendiendo a las condiciones de servicio específicas de los pescadores o a las operaciones de los buques pesqueros de que se trate, todo Miembro podrá, previa celebración de consultas, excluir de los requisitos del presente Convenio, o de ciertas disposiciones del mismo, a:

a)     las embarcaciones pesqueras dedicadas a operaciones de pesca en ríos, lagos o canales, y

b)     algunas categorías limitadas de pescadores o buques pesqueros.

2.     En el caso de que haya exclusiones con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, y cuando sea factible, la autoridad competente deberá tomar medidas, según proceda, para extender progresivamente los requisitos previstos en el presente Convenio a las categorías de pescadores y de buques pesqueros antes citadas.

3.     Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá:

a)     en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo:

i)     presentar una lista de las categorías de pescadores o de buques pesqueros excluidos de conformidad con el párrafo 1;

ii)    exponer las razones de tal exclusión, indicando las posturas adoptadas al respecto por las organizaciones interesadas representativas, respectivamente, de los empleadores y los trabajadores, y en particular por las organizaciones representativas de los propietarios de buques pesqueros y de los pescadores, cuando estas organizaciones existan, y

iii)   describir cualesquiera medidas que haya adoptado para proporcionar una protección equivalente a las categorías excluidas, y

b)     en las memorias que presente posteriormente sobre la aplicación del Convenio, describir cualesquiera medidas que haya adoptado de conformidad con el párrafo 2.

Artículo 4

1.     Cuando no sea inmediatamente posible que un Miembro aplique todas las medidas previstas en el presente Convenio debido a problemas especiales y de fondo a raíz del desarrollo insuficiente de la infraestructura o las instituciones, el Miembro, actuando de conformidad con un plan elaborado previa celebración de consultas, podrá aplicar progresivamente todas las disposiciones siguientes o algunas de ellas:

a)     párrafo 1 del artículo 10;

b)     párrafo 3 del artículo 10, en la medida en que se aplique a los buques que permanezcan más de tres días en el mar;

c)     artículo 15;

d)     artículo 20;

e)     artículo 33, y

f)     artículo 38.

2.     El párrafo 1 no se aplica a los buques pesqueros:

a)     de eslora igual o superior a 24 metros; o

b)     que permanezcan más de siete días en el mar; o

c)     que naveguen habitualmente a distancias superiores a 200 millas náuticas desde la línea de costa del Estado del pabellón o más allá del borde exterior de su plataforma continental, si esta distancia es mayor, o

d)     que estén sujetos al control por el Estado del puerto conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del presente Convenio, salvo cuando una situación de fuerza mayor dé lugar al control por el Estado del puerto, ni tampoco a los pescadores que trabajen a bordo de dichos buques.

3.     Todo Miembro que se acoja a la posibilidad prevista en el párrafo 1 deberá:

a)     en la primera memoria sobre la aplicación del presente Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo:

i)     indicar las disposiciones del Convenio que han de aplicarse progresivamente;

ii)    exponer las razones de la aplicación progresiva e indicar las posturas adoptadas sobre el particular por las organizaciones interesadas representativas, respectivamente, de los empleadores y los trabajadores, y en particular por las organizaciones representativas de los propietarios de buques pesqueros y de los pescadores, cuando estas organizaciones existan, y

iii)   describir el plan de aplicación progresiva, y

b)     en las memorias que someta posteriormente sobre la aplicación del presente Convenio, describir cualesquiera medidas que haya adoptado con miras a dar efecto a todas las disposiciones del mismo.

Artículo 5

1.     A efectos del presente Convenio, la autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá decidir utilizar como base de medida la eslora total o máxima en vez de la eslora, de conformidad con la equivalencia establecida en el anexo I. Además, a efectos de los párrafos indicados en el anexo III del presente Convenio, la autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá decidir utilizar como base de medida el arqueo bruto en vez de la eslora o de la eslora total o máxima, de conformidad con la equivalencia establecida en el anexo III.

2.     En las memorias que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución, el Miembro deberá comunicar las razones de la decisión adoptada en virtud del presente artículo, así como los comentarios formulados en el marco de las consultas.

PARTE II. PRINCIPIOS GENERALES

APLICACIÓN

Artículo 6

1.     Todo Miembro deberá aplicar y hacer respetar la legislación u otras medidas que haya adoptado para cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio por lo que respecta a los pescadores y buques pesqueros bajo su jurisdicción. Entre otras medidas, pueden figurar los convenios colectivos, las decisiones judiciales, los laudos arbitrales u otros medios conformes con la legislación y la práctica nacionales.

2.     Ninguna de las disposiciones del presente Convenio menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo entre los propietarios de buques pesqueros y los pescadores que garantice condiciones más favorables que las que figuran en este Convenio.

AUTORIDAD COMPETENTE Y COORDINACIÓN

Artículo 7

Todo Miembro deberá:

a)  designar a la autoridad competente o las autoridades competentes, y

b)  establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades pertinentes por lo que respecta al sector pesquero en los ámbitos nacional y local, según proceda, y definir sus funciones y responsabilidades, teniendo en cuenta su complementariedad y las condiciones y la práctica nacionales.

RESPONSABILIDADES DE LOS PROPIETARIOS DE BUQUES

PESQUEROS, LOS CAPITANES O PATRONES Y LOS PESCADORES

Artículo 8

1.     El propietario del buque pesquero tiene la responsabilidad global de asegurar que el capitán o patrón disponga de los recursos y los medios necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del presente Convenio.

2.     El capitán o patrón es responsable de la seguridad de los pescadores embarcados y de la seguridad operacional del buque, lo que incluye, pero no se limita a:

a)  ejercer una supervisión que permita garantizar, en la medida de lo posible, que los pescadores desarrollen sus labores en condiciones óptimas de seguridad y salud;

b)  dirigir a los pescadores en un clima de respeto de la seguridad y la salud, lo que comprende la prevención de la fatiga;

c)  posibilitar una formación de sensibilización a bordo sobre la seguridad y la salud en el trabajo, y

d)  asegurar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad de la navegación y guardia y de las buenas prácticas marineras conexas.

3.     El propietario del buque pesquero no deberá impedir que el capitán o patrón tome las decisiones que, con arreglo al criterio profesional de este último, sean necesarias para la seguridad del buque, así como para su navegación y explotación en condiciones de seguridad, o para la seguridad de los pescadores a bordo.

4.     Los pescadores deberán dar cumplimiento a las órdenes lícitas del capitán o patrón, así como a las medidas aplicables en materia de seguridad y salud.

PARTE III. REQUISITOS MÍNIMOS PARA TRABAJAR

A BORDO DE BUQUES PESQUEROS

EDAD MÍNIMA

Artículo 9

1.     La edad mínima para trabajar a bordo de un buque pesquero deberá ser de 16 años. No obstante, la autoridad competente podrá autorizar una edad mínima de 15 años para las personas que ya no estén sujetas a la enseñanza obligatoria prevista por la legislación nacional y que participen en una formación profesional en materia de pesca.

2.     La autoridad competente, con arreglo a la legislación y la práctica nacionales, podrá autorizar a las personas de 15 años a efectuar trabajos livianos durante las vacaciones escolares. Cuando así suceda, deberá determinar, previa celebración de consultas, los tipos de trabajo autorizados y deberá establecer las condiciones en que se llevarán a cabo tales trabajos y los períodos de descanso obligatorios.

3.     La edad mínima para desempeñar a bordo de buques pesqueros actividades que, por su naturaleza o las circunstancias en que se realicen, puedan resultar peligrosas para la salud, la seguridad o la moralidad de los jóvenes no deberá ser inferior a 18 años.

4.     Los tipos de actividades a las que se aplica el párrafo 3 del presente artículo deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa celebración de consultas, habida cuenta de los riesgos que tales actividades entrañan y de las normas internacionales aplicables.

5.     La realización de las actividades a que se refiere el párrafo 3 del presente artículo a partir de la edad de 16 años podrá ser autorizada por la legislación nacional o por decisión de la autoridad competente, previa celebración de consultas, a condición de que se protejan plenamente la salud, la seguridad y la moralidad de los jóvenes, y de que éstos hayan recibido una instrucción específica adecuada o una formación profesional y hayan completado con anterioridad al embarque una formación básica en materia de seguridad.

6.     Deberá prohibirse la contratación de pescadores menores de 18 años para trabajar de noche. A efectos del presente artículo, el término «noche» se definirá en conformidad con la legislación y la práctica nacionales. Comprenderá un período de al menos nueve horas contado a más tardar desde la medianoche, el cual no podrá terminar antes de las cinco de la madrugada. La autoridad competente podrá hacer una excepción al cumplimiento estricto de la restricción del trabajo nocturno cuando:

a)  pudiera verse comprometida la formación eficaz de los pescadores interesados, impartida con arreglo a programas y planes de estudio establecidos, o

b)  la naturaleza específica de la tarea o un programa de formación reconocido requieran que los pescadores a los que se aplique la excepción realicen trabajos de noche y la autoridad determine, previa celebración de consultas, que dicho trabajo no perjudicará su salud ni su bienestar.

7.     Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará las obligaciones asumidas por el Miembro al ratificar cualquier otro convenio internacional del trabajo.

EXAMEN MÉDICO

Artículo 10

1.     No deberá permitirse que trabaje a bordo de un buque pesquero ningún pescador que no disponga de un certificado médico válido que acredite su aptitud para desempeñar sus tareas.

2.     La autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá autorizar exenciones con respecto a la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, tomando en consideración la seguridad y la salud de los pescadores, el tamaño del buque, los medios de asistencia médica y de evacuación disponibles, la duración del viaje, la zona de actividades y el tipo de operación de pesca.

3.     Las exenciones previstas en el párrafo 2 del presente artículo no se aplicarán a los pescadores que trabajen en buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros o que permanezcan habitualmente más de tres días en el mar. En casos de urgencia, la autoridad competente podrá permitir que un pescador trabaje a bordo de tales buques durante un período de duración limitada y específica en espera de la obtención de un certificado médico, a condición de que dicho pescador tenga en su poder un certificado médico caducado en fecha reciente.

Artículo 11

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas que prevean:

a)  la naturaleza de los exámenes médicos;

b)  la forma y el contenido de los certificados médicos;

c)  la expedición de los certificados médicos por personal médico debidamente calificado o, en el caso de que se trate solamente de certificados relativos a la vista, por una persona habilitada por la autoridad competente para expedir este tipo de certificados; estas personas deberán gozar de plena independencia para emitir dictámenes profesionales;

d)  la frecuencia de los exámenes médicos y el período de validez de los certificados médicos;

e)  el derecho de una persona a ser examinada de nuevo por otro personal médico independiente, en el caso de que a esta persona se le niegue un certificado o se le impongan limitaciones respecto del trabajo que puede realizar, y

f)  otros requisitos pertinentes.

Artículo 12

Además de las disposiciones establecidas en los artículos 10 y 11, en lo que atañe a los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros o los buques pesqueros que permanezcan habitualmente más de tres días en el mar:

1.     En el certificado médico del pescador deberá constar, como mínimo, que:

a)  la audición y la vista del pescador examinado son satisfactorias a efectos de las tareas que ha de cumplir a bordo del buque, y

b)  el pescador no tiene ningún problema de salud que pueda agravarse con el servicio en el mar o incapacitarlo para realizar dicho servicio o que pueda poner en peligro la seguridad o la salud de las demás personas a bordo.

2.     El certificado médico tendrá una validez máxima de dos años, salvo que el pescador sea menor de 18 años, en cuyo caso el período máximo de validez será de un año.

3.     Si el período de validez del certificado vence durante un viaje, dicho certificado seguirá vigente hasta la finalización del viaje.

PARTE IV. CONDICIONES DE SERVICIO

DOTACIÓN Y HORAS DE DESCANSO

Artículo 13

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas conforme a las cuales los propietarios de buques pesqueros que enarbolen su pabellón deberán asegurarse de que:

a)  sus buques cuenten con una dotación suficiente, segura y eficiente, para garantizar que la navegación y las operaciones se efectúen en condiciones de seguridad bajo el control de un capitán o patrón competente, y

b)  los pescadores gocen de períodos de descanso regulares y de duración suficiente para preservar su seguridad y salud.

Artículo 14

1.     Además de los requisitos establecidos en el artículo 13, la autoridad competente deberá:

a)  en el caso de los buques de eslora igual o superior a 24 metros, establecer el nivel mínimo de dotación para la navegación segura del buque, especificando el número de pescadores exigido y las cualificaciones que deben poseer;

b)  en el caso de los buques pesqueros que permanezcan más de tres días en el mar, sean cual fueren sus dimensiones, fijar, previa celebración de consultas y con el objeto de reducir la fatiga, el número mínimo de horas de descanso de que dispondrán los pescadores. La duración de dicho descanso no deberá ser inferior a:

i)     diez horas por cada período de 24 horas, y

ii)    77 horas por cada período de siete días.

2.     La autoridad competente podrá permitir excepciones temporales a los límites establecidos en el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, en casos concretos y limitados. Sin embargo, en tales circunstancias, se deberá otorgar a los pescadores períodos de descanso compensatorios tan pronto como sea factible.

3.     La autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá establecer requisitos alternativos a los que figuran en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. En todo caso, tales requisitos alternativos deberán ser sustancialmente equivalentes y no poner en peligro la seguridad y la salud de los pescadores.

4.     Ninguna de las disposiciones del presente artículo podrá interpretarse de forma que coarte el derecho del capitán o patrón de un buque a exigir a un pescador que realice las horas de trabajo necesarias para la seguridad inmediata del buque, de las personas a bordo o de las capturas, así como para la prestación de socorro a otras embarcaciones o personas en peligro en el mar. De conformidad con lo anterior, el capitán o patrón podrá suspender el horario habitual de descanso y exigir al pescador que cumpla todas las horas necesarias hasta que la situación se haya normalizado. Tan pronto como sea factible tras la normalización de la situación, el capitán o patrón se asegurará de que todos los pescadores que hayan trabajado durante las horas de descanso disfruten de un período de descanso adecuado.

LISTA DE TRIPULANTES

Artículo 15

Todo buque pesquero deberá llevar a bordo una lista de tripulantes; una copia de dicha lista deberá entregarse a las personas autorizadas en tierra antes del zarpe del buque, o deberá comunicarse en tierra inmediatamente después de dicho zarpe. La autoridad competente deberá determinar quién será el destinatario de dicha información, cuándo habrá que facilitársela y cuál será su finalidad.

ACUERDO DE TRABAJO DEL PESCADOR

Artículo 16

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas para:

a)  exigir que los pescadores que trabajen a bordo de todo buque pesquero que enarbole su pabellón estén amparados por un acuerdo de trabajo del pescador que resulte comprensible para los pescadores y haya sido establecido en conformidad con las disposiciones del presente Convenio, y

b)  especificar los datos mínimos que han de figurar en los acuerdos de trabajo del pescador, de conformidad con las disposiciones contenidas en el anexo II.

Artículo 17

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas en relación con:

a)  los procedimientos para garantizar que el pescador tenga la oportunidad de examinar las cláusulas del acuerdo de trabajo y pedir asesoramiento al respecto antes de la celebración del mismo;

b)  la conservación, cuando proceda, de un registro con la relación de los servicios del pescador en el marco del acuerdo de trabajo, y

c)  los medios para solucionar los conflictos relativos al acuerdo de trabajo del pescador.

Artículo 18

Se deberá facilitar a cada pescador una copia de su acuerdo de trabajo, que deberá llevarse a bordo y ponerse a disposición del pescador, así como, con arreglo a la legislación y la práctica nacionales, de otras partes interesadas que lo soliciten.

Artículo 19

Los artículos 16 a 18 y el anexo II no se aplican a los propietarios de embarcaciones pesqueras que las explotan por sí solos.

Artículo 20

Incumbirá al propietario del buque pesquero la responsabilidad de asegurarse de que cada pescador tenga un acuerdo de trabajo escrito, firmado conjuntamente por el pescador y el propietario del buque pesquero o un representante autorizado de éste (en caso de que el pescador no haya sido empleado o contratado por el propietario del buque, éste deberá disponer de pruebas de la existencia de un acuerdo contractual o equivalente), que prevea condiciones de trabajo y de vida decentes a bordo del buque, de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio.

REPATRIACIÓN

Artículo 21

1.     Los Miembros deberán velar por que los pescadores a bordo de un buque pesquero que enarbole su pabellón y entre en un puerto extranjero tengan derecho a la repatriación en los casos en que el acuerdo de trabajo del pescador haya vencido o haya sido denunciado por causas justificadas por el pescador o por el propietario del buque pesquero, o cuando los pescadores se vean incapacitados para prestar sus servicios en virtud del acuerdo de trabajo o no quepa esperar que presten dichos servicios habida cuenta de las circunstancias. Esto también se aplica a los pescadores del buque pesquero que sean transferidos por los mismos motivos del buque al puerto extranjero.

2.     El costo de la repatriación a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo será sufragado por el propietario del buque pesquero, salvo cuando se haya constatado que, de conformidad con la legislación nacional u otras medidas, el pescador ha cometido un incumplimiento grave de las obligaciones derivadas de su acuerdo de trabajo.

3.     Los Miembros deberán establecer, por medio de la legislación u otras medidas, las circunstancias exactas que dan a los pescadores amparados por el párrafo 1 del presente artículo el derecho a la repatriación, la duración máxima de los períodos de servicio a bordo que dan a estos pescadores el derecho a la repatriación y los destinos a los que los pescadores pueden ser repatriados.

4.     Si un propietario de buque pesquero omite autorizar la repatriación a que se hace referencia en el presente artículo, el Miembro cuyo pabellón enarbole el buque deberá adoptar todas las medidas necesarias para la repatriación del pescador de que se trate y tendrá derecho a reclamar al propietario del buque pesquero el reembolso de los gastos correspondientes.

5.     La legislación nacional no menoscabará ningún derecho del propietario de un buque pesquero a recuperar el costo de la repatriación con arreglo a lo dispuesto en acuerdos contractuales suscritos por terceras partes.

CONTRATACIÓN Y COLOCACIÓN

Artículo 22

Contratación y colocación de pescadores

1.     Todo Miembro que mantenga un servicio público de contratación y colocación de pescadores deberá asegurarse de que este servicio forme parte de un servicio público de empleo para todos los trabajadores y empleadores, o sea coordinado por éste.

2.     Todo servicio privado de contratación y colocación de pescadores que desarrolle actividades en el territorio del Miembro deberá operar en conformidad con un sistema normalizado de licencias o certificación u otra forma de reglamentación, que sólo podrán establecerse, mantenerse o modificarse previa celebración de consultas.

3.     Todo Miembro deberá, por medio de la legislación u otras medidas:

a)  prohibir que los servicios de contratación y colocación usen medios, mecanismos o listas destinados a impedir que los pescadores obtengan un empleo o a disuadirlos de ello;

b)  prohibir que se imputen a los pescadores, directa o indirectamente y en su totalidad o en parte, los honorarios u otros gastos correspondientes a su contratación o colocación, y

c)  fijar las condiciones en que cualesquiera licencias, certificados o autorizaciones similares para explotar un servicio privado de contratación o de colocación podrán suspenderse o retirarse en caso de infracción a la legislación pertinente, y especificar las condiciones en que dichos servicios privados podrán ejercer sus actividades.

Agencias de empleo privadas

4.     Todo Miembro que haya ratificado el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), podrá atribuir, en virtud del mismo, ciertas responsabilidades a las agencias de empleo privadas que presten los servicios especificados en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 de dicho Convenio. Las responsabilidades respectivas de dichas agencias y de los propietarios de buques pesqueros, que serán las «empresas usuarias» a efectos de dicho Convenio, se determinarán y atribuirán de conformidad con el artículo 12 del mismo. Los Miembros mencionados en el párrafo anterior deberán adoptar leyes, normativas u otras medidas a efectos de que ninguna de las responsabilidades u obligaciones atribuidas a las agencias de empleo privadas que presten el servicio, y a la «empresa usuaria», según lo dispuesto en el presente Convenio, impida al pescador hacer valer un derecho de privilegio marítimo sobre el buque pesquero.

5.     No obstante lo dispuesto en el párrafo 4, el propietario del buque pesquero seguirá siendo responsable en el caso de que la agencia de empleo privada incumpla sus obligaciones con un pescador respecto del cual, en virtud del Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), dicho propietario del buque pesquero sea la «empresa usuaria».

6.     Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá ser interpretada en el sentido de que impone a un Miembro la obligación de permitir en su sector pesquero la actividad de agencias de empleo privadas como las mencionadas en el párrafo 4 del presente artículo.

REMUNERACIÓN DE LOS PESCADORES

Artículo 23

Todo Miembro, previa celebración de consultas, deberá adoptar una legislación u otras medidas a fin de garantizar que los pescadores perciban una remuneración mensual o de otra periodicidad.

Artículo 24

Todo Miembro deberá exigir que todos los pescadores que trabajen a bordo de buques pesqueros dispongan de medios para transferir a sus respectivas familias, sin costo alguno, la totalidad o parte de las remuneraciones percibidas, inclusive los anticipos.

PARTE V. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Artículo 25

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas con respecto al alojamiento, los alimentos y el agua potable a bordo de los buques pesqueros que enarbolen su pabellón.

Artículo 26

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas para exigir que el alojamiento a bordo de los buques pesqueros que enarbolen su pabellón sea de tamaño y calidad suficientes, y esté equipado de manera apropiada para el servicio del buque y la duración del período en que los pescadores han de vivir a bordo. En particular, esas medidas deberán abarcar, según proceda, las cuestiones siguientes:

a)  aprobación de los planos de construcción o de modificación de buques pesqueros por lo que respecta al alojamiento;

b)  mantenimiento de los espacios destinados al alojamiento y la cocina en las debidas condiciones de higiene y seguridad, salud y comodidad en general;

c)  ventilación, calefacción, refrigeración del ambiente e iluminación;

d)  mitigación de ruidos y vibraciones excesivos;

e)  ubicación, tamaño, materiales de construcción, mobiliario y equipamiento de los dormitorios, comedores y otros espacios de alojamiento;

f)  instalaciones sanitarias, incluidos retretes e instalaciones para lavarse, y suministro de agua caliente y fría en cantidad suficiente, y

g)  procedimientos para responder a las quejas relativas a condiciones de alojamiento no conformes con los requisitos del presente Convenio.

Artículo 27

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas en las que se estipule que:

a)  a bordo de los buques pesqueros se lleven y se sirvan alimentos de valor nutritivo, calidad y cantidad suficientes;

b)  se lleve a bordo una cantidad suficiente de agua potable de calidad adecuada, y

c)  los alimentos y el agua potable sean provistos por el propietario del buque pesquero, sin costo para el pescador. Sin embargo, de conformidad con la legislación nacional, los costos podrán recuperarse como costos de explotación, a condición de que ello esté estipulado en un convenio colectivo que rija el sistema de remuneración a la parte o en un acuerdo de trabajo del pescador.

Artículo 28

1.     La legislación u otras medidas que adopte el Miembro con arreglo a los artículos 25 a 27 darán pleno efecto al anexo III sobre alojamiento a bordo de buques pesqueros. El anexo III podrá modificarse en la forma prevista en el artículo 45.

2.     Todo Miembro que no esté en condiciones de aplicar las disposiciones del anexo III podrá adoptar, previa celebración de consultas, disposiciones en su legislación u otras medidas que sean en sustancia equivalentes a las disposiciones establecidas en el anexo III, con excepción de las que se refieren al artículo 27.

PARTE VI. ATENCIÓN MÉDICA, PROTECCIÓN DE

LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

ATENCIÓN MÉDICA

Artículo 29

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas en las que se estipule que:

a)  los buques pesqueros deberán llevar a bordo equipo y suministros médicos apropiados para el servicio del buque, teniendo en cuenta el número de pescadores a bordo, la zona de operaciones y la duración del viaje;

b)  los buques pesqueros deberán tener a bordo por lo menos a un pescador calificado o formado en materia de primeros auxilios y otras formas de atención médica, que además posea los conocimientos necesarios para el uso del equipo y el material médico disponibles en el buque de que se trate, teniendo en cuenta el número de pescadores a bordo, la zona de operaciones y la duración del viaje;

c)  el equipo y los suministros médicos que se lleven a bordo deberán ir acompañados de instrucciones u otra información en un idioma y formato que resulten comprensibles para el pescador o pescadores a que se refiere el apartado b);

d)  los buques pesqueros estén equipados para efectuar comunicaciones por radio o por satélite con personas o servicios en tierra que puedan proporcionar asesoramiento médico, teniendo en cuenta la zona de operaciones y la duración del viaje, y

e)  los pescadores tendrán derecho a recibir tratamiento médico en tierra y a ser desembarcados oportunamente en caso de sufrir lesiones o enfermedades graves.

Artículo 30

En lo que atañe a los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros, teniendo en cuenta el número de pescadores a bordo, la zona de operaciones y la duración del viaje, todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas en las que se estipule que:

a)  la autoridad competente determinará cuáles serán el equipo y los suministros médicos que se deberán llevar a bordo;

b)  el equipo y los suministros médicos que se lleven a bordo sean debidamente conservados e inspeccionados por personas responsables designadas o aprobadas por la autoridad competente, a intervalos regulares establecidos por dicha autoridad;

c)  los buques lleven a bordo una guía médica adoptada o aprobada por la autoridad competente, o la última edición de la Guía médica internacional de a bordo;

d)  los buques tengan acceso a un dispositivo preestablecido de consultas médicas por radio o por satélite, que incluya el asesoramiento de especialistas, a toda hora del día o de la noche;

e)  los buques lleven a bordo una lista de radios o de estaciones satelitales por cuyo intermedio se pueda obtener asesoramiento médico, y

f)  en la medida en que sea conforme con la legislación y la práctica del Miembro, se proporcionará atención médica gratuita a los pescadores cuando éstos se encuentren a bordo o se hayan desembarcado en un puerto extranjero.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN

DE ACCIDENTES LABORALES

Artículo 31

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas en lo relativo a:

a)  la prevención de los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y los riesgos relacionados con el trabajo a bordo de buques pesqueros, incluidas la evaluación y la gestión de los riesgos, así como la formación y la instrucción de los pescadores impartidas a bordo;

b)  la formación de los pescadores para la manipulación de los tipos de artes de pesca que utilizarán y el conocimiento de las operaciones de pesca en las que participarán;

c)  las obligaciones de los propietarios de buques pesqueros, así como de los pescadores y otras personas interesadas, teniendo debidamente en cuenta la seguridad y la salud de los pescadores menores de 18 años;

d)  la notificación e investigación de los accidentes ocurridos a bordo de buques pesqueros que enarbolen su pabellón, y

e)  la constitución de comités paritarios o, previa celebración de consultas, de otros organismos competentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 32

1.     Los requisitos contenidos en el presente artículo deberán aplicarse a los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros que permanezcan habitualmente más de tres días en el mar y, previa celebración de consultas, a otros buques pesqueros, teniendo en cuenta el número de pescadores a bordo, la zona de operaciones y la duración del viaje.

2.     La autoridad competente deberá:

a)  previa celebración de consultas, exigir que los propietarios de buques pesqueros, con arreglo a la legislación, los convenios colectivos y la práctica nacionales, establezcan procedimientos que regirán a bordo en lo que respecta a la prevención de los accidentes del trabajo y las lesiones y enfermedades profesionales, teniendo en cuenta los peligros y riesgos específicos del buque pesquero de que se trate, y

b)  exigir que a los propietarios de buques pesqueros, capitanes o patrones, pescadores y demás personas interesadas se les proporcionen orientaciones, materiales de formación y otros recursos de información suficientes y adecuados sobre la forma de evaluar y gestionar los riesgos para la seguridad y la salud a bordo de buques pesqueros.

3.     Los propietarios de buques pesqueros deberán:

a)  asegurarse de que a todos los pescadores que se encuentren a bordo se les proporcionen las ropas y equipos individuales de protección adecuados;

b)  asegurarse de que todos los pescadores que se encuentren a bordo hayan recibido la formación básica en cuestiones de seguridad aprobada por la autoridad competente; dicha autoridad podrá eximir por escrito de este requisito a los pescadores que hayan demostrado poseer conocimientos y experiencia equivalentes, y

c)  asegurarse de que los pescadores estén familiarizados de forma suficiente y adecuada con los equipos y con su utilización, incluidas las medidas de seguridad pertinentes, antes de utilizar dichos equipos o de participar en las operaciones de que se trate.

Artículo 33

La evaluación de los riesgos en relación con la pesca deberá llevarse a cabo, según proceda, con la participación de los pescadores o de sus representantes.

SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 34

Todo Miembro deberá garantizar que los pescadores que residen habitualmente en su territorio, así como las personas a su cargo, en la medida prevista por la legislación nacional, tengan derecho a beneficiarse de la protección de la seguridad social en condiciones no menos favorables que las que se apliquen a los demás trabajadores, incluidos los asalariados y los trabajadores por cuenta propia, que residen habitualmente en su territorio.

Artículo 35

Todo Miembro deberá comprometerse a adoptar medidas, en función de las circunstancias nacionales, para lograr progresivamente una protección de seguridad social completa para todos los pescadores que residen habitualmente en su territorio.

Artículo 36

Los Miembros deberán cooperar mediante acuerdos bilaterales o multilaterales u otras disposiciones, de conformidad con la legislación o la práctica nacionales, para:

a)  lograr progresivamente una protección de seguridad social completa para los pescadores, teniendo en cuenta el principio de la igualdad de trato, sea cual fuere su nacionalidad, y

b)  asegurar el mantenimiento de los derechos de seguridad social que hayan adquirido o estén adquiriendo todos los pescadores, independientemente de su lugar de residencia.

Artículo 37

No obstante la atribución de responsabilidades con arreglo a los artículos 34, 35 y 36, los Miembros, mediante acuerdos bilaterales y multilaterales y mediante disposiciones adoptadas en el marco de las organizaciones de integración económica regional, podrán determinar otras reglas sobre la legislación en materia de seguridad social a que están sujetos los pescadores.

PROTECCIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD, LESIÓN O

MUERTE RELACIONADAS CON EL TRABAJO

Artículo 38

1.     Todo Miembro, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, deberá adoptar medidas para proporcionar protección a los pescadores en caso de enfermedad, lesión o muerte relacionadas con el trabajo.

2.     En caso de lesión por accidente de trabajo o de enfermedad profesional, el pescador deberá tener acceso a:

a)  una atención médica apropiada, y

b)  la indemnización correspondiente, con arreglo a la legislación nacional.

3.     Habida cuenta de las características del sector pesquero, la protección a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo podrá garantizarse mediante:

a)  un sistema basado en la responsabilidad de los propietarios de buques pesqueros, o

b)  un régimen de seguro obligatorio o de indemnización de los trabajadores, u otros regímenes.

Artículo 39

1.     Cuando no existan disposiciones nacionales aplicables a los pescadores, todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas encaminadas a asegurar que los propietarios de buques pesqueros asuman la responsabilidad de proveer a los pescadores a bordo de los buques que enarbolen su pabellón una protección de la salud y una atención médica mientras estén empleados, contratados o prestando servicios en un buque que se encuentre en el mar o en un puerto extranjero. Dicha legislación o dichas medidas deberán garantizar que los propietarios de los buques pesqueros asuman la responsabilidad de sufragar los gastos por concepto de atención médica, con inclusión de la ayuda y el apoyo material correspondientes, durante el tratamiento médico en un país extranjero y hasta la repatriación del pescador.

2.     La legislación nacional podrá permitir que se exima de responsabilidad al propietario del buque pesquero cuando la lesión no se haya producido en el servicio del buque, cuando la enfermedad o deficiencia física hayan sido disimuladas en el momento de la contratación o cuando la lesión o enfermedad sean imputables a una falta intencional del pescador.

PARTE VII. CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIÓN

Artículo 40

Todo Miembro deberá ejercer efectivamente su jurisdicción y control sobre los buques que enarbolen su pabellón, estableciendo un sistema para garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente Convenio, lo cual incluirá, según proceda, las inspecciones, la presentación de informes, la supervisión, los procedimientos de tramitación de quejas, la aplicación de sanciones y las medidas correctivas apropiadas, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 41

1.     Los Miembros deberán exigir que los buques pesqueros que permanezcan más de tres días en el mar y que:

a)  tengan una eslora igual o superior a 24 metros; o

b)  naveguen habitualmente a distancias superiores a 200 millas náuticas de la costa del Estado del pabellón o fuera del borde exterior de su plataforma continental, si esta distancia es mayor, lleven a bordo un documento válido expedido por la autoridad competente, en el que se indique que el buque ha sido inspeccionado por dicha autoridad, o en su nombre, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del presente Convenio relativas a las condiciones de vida y de trabajo.

2.     El período de validez de dicho documento podrá coincidir con el período de validez de un certificado nacional o internacional de seguridad para buques pesqueros; no obstante, dicho período de validez no deberá en modo alguno exceder de cinco años.

Artículo 42

1.     La autoridad competente deberá nombrar a un número suficiente de inspectores calificados para cumplir sus responsabilidades en virtud del artículo 41.

2.     A efectos de establecer un sistema eficaz de inspección de las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques pesqueros, todo Miembro podrá facultar, cuando proceda, a instituciones públicas o a otros organismos a los que reconozca como competentes e independientes para que efectúen inspecciones y expidan documentos. En todos los casos, el Miembro conservará la entera responsabilidad de la inspección y de la expedición de los documentos conexos relativos a las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores a bordo de los buques pesqueros que enarbolen su pabellón.

Artículo 43

1.     Si un Miembro recibe una queja u obtiene pruebas de que un buque pesquero que enarbola su pabellón no está en conformidad con los requisitos del presente Convenio deberá adoptar las medidas necesarias para investigar el asunto y velar por que se adopten disposiciones para subsanar todas las deficiencias detectadas.

2.     Si un Miembro, en cuyo puerto hace escala un buque pesquero en el curso normal de su actividad o por razones operativas, recibe una queja u obtiene pruebas de que en dicho buque no se cumplen los requisitos establecidos en el presente Convenio, podrá preparar un informe, con copia al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, destinado al gobierno del Estado del pabellón del buque pesquero y adoptar las medidas necesarias para rectificar toda situación a bordo que constituya manifiestamente un peligro para la seguridad o la salud.

3.     Si adopta las medidas a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo, el Miembro deberá enviar de inmediato una notificación al representante más cercano del Estado del pabellón y, en la medida en que sea posible, recabará la presencia de dicho representante. El Miembro no deberá inmovilizar ni demorar indebidamente el buque.

4.     A efectos del presente artículo, la queja podrá ser presentada por un pescador, un organismo profesional, una asociación, un sindicato o, en general, cualquier persona a quien concierna la seguridad del buque, así como los peligros para la seguridad o la salud de los pescadores que se encuentran a bordo.

5.     Este artículo no se aplica a las quejas que el Miembro de que se trate considere manifiestamente infundadas.

Artículo 44

Todo Miembro deberá aplicar el presente Convenio de manera que pueda asegurarse de que los buques pesqueros que enarbolan el pabellón de cualquier Estado que no haya ratificado el presente Convenio no reciban un trato más favorable que los buques pesqueros que enarbolan el pabellón de cualquier Miembro que lo haya ratificado.

PARTE VIII. ENMIENDAS A LOS ANEXOS I, II Y III

Artículo 45

1.     A reserva de las disposiciones pertinentes del presente Convenio, la Conferencia Internacional del Trabajo podrá modificar los anexos I, II y III. El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo podrá inscribir en el orden del día de las reuniones de la Conferencia un punto relativo a las propuestas de enmienda establecidas por una reunión tripartita de expertos. Para adoptar una propuesta de enmienda se requerirá una mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes en la reunión de la Conferencia, incluida al menos la mitad de los Miembros que hayan ratificado el presente Convenio.

2.     Toda enmienda adoptada en conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor seis meses después de la fecha de su adopción para todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio, a menos que el Miembro notifique por escrito al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo que la enmienda no entrará en vigor para dicho Miembro o entrará en vigor sólo en una fecha posterior que será notificada ulteriormente por escrito.

PARTE IX. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 46

El presente Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112); el Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113); el Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114), y el Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126).

Artículo 47

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 48

1.     El presente Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2.     El Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de diez Miembros, ocho de los cuales deberán ser Estados ribereños, hayan sido registradas por el Director General.

3.     A partir de entonces, el presente Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha de registro de su ratificación.

Artículo 49

1.     Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, contado a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2.     Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no invoque el derecho de denuncia previsto en este artículo, quedará obligado durante un nuevo período de diez años y, en lo sucesivo, podrá denunciar este Convenio durante el primer año de cada nuevo período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 50

1.     El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2.     Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la última de las ratificaciones necesarias para la entrada en vigor del Convenio, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 51

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y denuncias registradas por el Director General.

Artículo 52

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de inscribir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial, habida cuenta también de las disposiciones del artículo 45.

Artículo 53

1.     En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a)  la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata del presente Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 49, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b)  a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2.     Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 54

Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Convenio son igualmente auténticas.

ANEXO I

EQUIVALENCIA DE MEDIDAS

A efectos del presente Convenio, cuando la autoridad competente, previa celebración de consultas, decida utilizar como base de medida la eslora total o máxima en vez de la eslora, se considerará que:

a)  una eslora total o máxima de 16,5 metros es equivalente a una eslora de 15 metros;

b)  una eslora total o máxima de 26,5 metros es equivalente a una eslora de 24 metros, y

c)  una eslora total o máxima de 50 metros es equivalente a una eslora de 45 metros.

ANEXO II

ACUERDO DE TRABAJO DEL PESCADOR

El acuerdo de trabajo del pescador deberá contener los siguientes datos, salvo que la inclusión de uno o varios de ellos sea innecesaria por estar la cuestión regulada de otro modo en la legislación nacional o, cuando así proceda, en un convenio colectivo:

a)  los nombres y apellidos del pescador, la fecha de nacimiento o la edad, y el lugar de nacimiento;

b)  el lugar y la fecha de celebración del acuerdo;

c)  el nombre del buque o los buques pesqueros y el número de registro del buque o los buques a bordo del cual o de los cuales se comprometa a trabajar el interesado;

d)  el nombre del empleador o del propietario del buque pesquero o de otra parte en el cuerdo con el pescador;

e)  el viaje o los viajes que se vayan a emprender, si cabe determinar este dato al celebrarse el acuerdo;

f)  la función para cuyo desempeño se va a emplear o contratar al pescador;

g)  si es posible, el lugar y la fecha en que el pescador tiene que presentarse a bordo para comenzar su servicio;

h) los víveres que se suministrarán al pescador, salvo cuando la legislación o los reglamentos nacionales prevean un sistema diferente;

i)  el importe del salario del pescador o, si fuera remunerado a la parte, el porcentaje de su participación en especie y el método adoptado para el cálculo del mismo, o el importe de su salario y el porcentaje de su participación y el método adoptado para el cálculo de ésta si fuera remunerado mediante una combinación de estos dos métodos, así como el salario mínimo que pudiera haberse convenido;

j)  la terminación del acuerdo y las condiciones correspondientes, a saber:

i)     si el acuerdo se ha celebrado por un período determinado, la fecha fijada para su expiración;

ii)    si el acuerdo se ha celebrado por un viaje, el puerto de destino y el tiempo que ha de transcurrir después de la llegada para que el interesado sea dado de baja, y

iii)   si el acuerdo se ha celebrado por un período indeterminado, las condiciones que permitirán a cada una de las partes rescindirlo, así como el plazo de aviso requerido, que no podrá ser más corto para el empleador, el propietario del buque pesquero u otra parte en el acuerdo que para el pescador;

k) la protección que cubrirá al pescador en caso de enfermedad, lesión o muerte relacionadas con su trabajo a bordo del buque;

l)  las vacaciones anuales pagadas o la fórmula empleada para calcularlas, cuando proceda;

m)  la cobertura y las prestaciones de salud y de seguridad social que el empleador, el propietario del buque pesquero u otra parte o partes en el acuerdo de trabajo del pescador deberán proporcionar al pescador, según proceda;

n) el derecho del pescador a la repatriación;

o)  una referencia al convenio colectivo, cuando proceda;

p)  los períodos mínimos de descanso, de conformidad con la legislación nacional u otras medidas, y

q)  todos los demás datos que la legislación nacional pueda exigir.

ANEXO III

ALOJAMIENTO A BORDO DE BUQUES PESQUEROS

Disposiciones generales

1.     A los efectos del presente anexo:

a)     la expresión «buque pesquero nuevo» designa todo buque respecto del cual:

i)     el contrato de construcción o un contrato de transformación importante se ha adjudicado en la fecha de entrada en vigor del Convenio para el Miembro interesado o después de ésta, o

ii)    el contrato de construcción o de transformación importante se ha adjudicado antes de la fecha de entrada en vigor del Convenio para el Miembro interesado y la entrega del buque se produce tres o más años después de esta fecha de entrada en vigor, o

iii)   cuando no existe un contrato de construcción, en la fecha de entrada en vigor del Convenio para el Miembro interesado o después de ésta:

-       se ha colocado la quilla, o

-       se ha iniciado una fase de la construcción que puede identificarse como propia de un buque concreto, o

-       ha comenzado una fase del montaje que supone la utilización de no menos de 50 toneladas del total estimado del material estructural o un 1 por ciento de dicho total, si este segundo valor es inferior;

b)     la expresión «buque existente» designa todo buque pesquero que no es nuevo.

2.     El texto que sigue deberá aplicarse a todos los buques pesqueros nuevos con cubierta, a reserva de cualesquiera exclusiones específicas previstas en conformidad con el artículo 3 del Convenio. La autoridad competente, previa celebración de consultas, deberá aplicar también los requisitos del presente anexo a los buques existentes, cuando y en la medida en que dicha autoridad lo considere factible y razonable.

3.     La autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá permitir excepciones a las disposiciones del presente anexo por lo que respecta a las embarcaciones pesqueras que permanezcan habitualmente en el mar menos de 24 horas si los pescadores no viven a bordo de dichas embarcaciones amarradas en puerto. Cuando se trate de estas embarcaciones, la autoridad competente deberá asegurarse de que los pescadores interesados dispongan de las instalaciones adecuadas para descansar, alimentarse y asearse.

4.     Toda excepción que un Miembro introduzca en virtud del párrafo 3 del presente anexo deberá ser notificada a la Oficina Internacional del Trabajo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

5.     Los requisitos que rigen para los buques de eslora igual o superior a 24 metros podrán aplicarse a los buques de 15 a 24 metros de eslora cuando la autoridad competente, previa celebración de consultas, determine que ello es razonable y factible.

6.     Los pescadores que trabajen a bordo de buques auxiliares no equipados con instalaciones sanitarias y alojamientos adecuados deberán disponer de dichas instalaciones y alojamientos a bordo del buque nodriza.

7.     Los Miembros podrán extender la aplicación de los requisitos relativos al ruido y las vibraciones, la ventilación, la calefacción y el aire acondicionado, y la iluminación contenidos en el presente anexo a los espacios cerrados de trabajo y de almacenamiento si, previa celebración de consultas, tal extensión se considera apropiada y sin efectos negativos sobre las condiciones de trabajo o el procesamiento o la calidad de las capturas.

8.     La utilización del arqueo bruto a que se hace referencia en el artículo 5 del Convenio se limita a los párrafos 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 y 67 del presente anexo. A estos efectos, cuando la autoridad competente, previa celebración de consultas, decida utilizar el arqueo bruto como base de medida, se considerará que:

a)     un arqueo bruto de 75 es equivalente a una eslora de 15 metros o una eslora total o máxima de 16,5 metros;

b)     un arqueo bruto de 300 es equivalente a una eslora de 24 metros o una eslora total o máxima de 26,5 metros, y

c)     un arqueo bruto de 950 es equivalente a una eslora de 45 metros o una eslora total o máxima de 50 metros.

Planificación y control

9.     Cuando se construya un buque o se reconstruya el alojamiento de la tripulación a bordo del buque, la autoridad competente deberá comprobar que en dicho buque se cumplen los requisitos previstos en el presente anexo. La autoridad competente deberá exigir, en la medida en que sea factible, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente anexo a todo buque en el que se altere sustancialmente el alojamiento de la tripulación; cuando un buque reemplace su pabellón por el pabellón del Miembro pertinente, se le exigirá que cumpla los requisitos previstos en el presente anexo aplicables de conformidad con el párrafo 2 del mismo.

10.   Cuando las situaciones señaladas en el párrafo 9 del presente anexo se refieran a buques de eslora igual o superior a 24 metros, se exigirá que los planos detallados del alojamiento y la información correspondiente se sometan a la aprobación de la autoridad competente o de una entidad habilitada a tal efecto por ésta.

11.   En lo que atañe a los buques de eslora igual o superior a 24 metros, cada vez que se reconstruya o altere sustancialmente el alojamiento de la tripulación del buque pesquero, la autoridad competente deberá inspeccionar el alojamiento para verificar que cumple las disposiciones del Convenio; cuando un buque reemplace su pabellón por el pabellón del Miembro, la autoridad competente lo inspeccionará para verificar que cumple los requisitos del presente anexo aplicables de conformidad con el párrafo 2 del mismo. Cuando lo considere oportuno, la autoridad competente podrá llevar a cabo inspecciones adicionales del alojamiento de la tripulación.

12.   Cuando un buque cambie de pabellón, dejará de aplicarse al mismo cualquier requisito que la autoridad competente del Miembro cuyo pabellón enarbolaba anteriormente el buque haya podido establecer de conformidad con los párrafos 15, 39, 47 ó 62 del presente anexo.

Proyecto y construcción

Altura libre

13.   Todos los espacios de alojamiento deberán tener una altura libre adecuada. En cuanto a los espacios en los que los pescadores deban permanecer de pie por períodos prolongados, la altura libre mínima será establecida por la autoridad competente.

14.   En lo que atañe a los buques de eslora igual o superior a 24 metros, la altura libre mínima permitida en todos los alojamientos en los que se deba circular de forma completa y libre no deberá ser inferior a 200 centímetros.

15.   No obstante lo establecido en el párrafo 14, la autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá establecer en 190 centímetros la altura libre mínima permitida en cualquier espacio o parte de un espacio de alojamiento si comprueba que esto es razonable y no redundará en incomodidad para los pescadores.

Aberturas hacia y entre los espacios de alojamiento

16.   No se admitirán aberturas que comuniquen directamente los dormitorios con las bodegas de pescado y las salas de máquinas, salvo cuando estén destinadas a servir como salidas de emergencia. Cuando sea razonable y factible, se deberá evitar que haya aberturas que comuniquen directamente los dormitorios con las cocinas, despensas, tendederos o instalaciones sanitarias comunes, salvo que se disponga expresamente otra cosa.

17.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, no se admitirán aberturas que comuniquen directamente los dormitorios con las bodegas de pescado, salas de máquinas, cocinas, despensas, tendederos o instalaciones sanitarias comunes, salvo cuando estén destinadas a servir como salidas de emergencia; las partes de los mamparos que separen estos lugares de los dormitorios y los mamparos exteriores de estos últimos deberán estar adecuadamente construidos con acero u otro material aprobado, y ser estancos al agua y al gas. La presente disposición no excluye la posibilidad de que las instalaciones sanitarias sean compartidas entre dos cabinas.

Aislamiento

18.   Los espacios de alojamiento deberán estar adecuadamente aislados; los materiales que se utilicen para construir los mamparos interiores, paneles, vagras, revestimientos de suelo y uniones deberán ser adecuados para tales fines y aptos para garantizar un entorno saludable. Todos los espacios de alojamiento deberán estar provistos de un desagüe suficiente.

Otras disposiciones

19.   Se deberán adoptar todas las medidas factibles a fin de proteger a la tripulación de los buques pesqueros de las moscas y otros insectos, en particular cuando estos buques operen en zonas infestadas de mosquitos.

20.   Todos los espacios de alojamiento de la tripulación deberán estar provistos de las salidas de emergencia necesarias.

Ruido y vibraciones

21.   La autoridad competente deberá adoptar medidas para limitar el ruido y las vibraciones excesivas en los espacios de alojamiento, en la medida en que sea factible de conformidad con las normas internacionales pertinentes.

22.   En lo que atañe a los buques de eslora igual o superior a 24 metros, la autoridad competente deberá adoptar normas relativas al ruido y las vibraciones en los espacios de alojamiento, que aseguren una protección adecuada de los pescadores contra los efectos del ruido y las vibraciones, incluidos los efectos de la fatiga provocada por el ruido y las vibraciones.

Ventilación

23.   Los espacios de alojamiento deberán estar ventilados, teniendo en cuenta las condiciones climáticas. El sistema de ventilación deberá proporcionar aire de manera satisfactoria cuando los pescadores se encuentren a bordo.

24.   Los mecanismos de ventilación u otras medidas deberán servir para proteger a los no fumadores del humo del tabaco.

25.   Los buques de eslora igual o superior a 24 metros deberán estar equipados con un sistema de ventilación del alojamiento, que deberá regularse de manera que permita mantener el aire en condiciones satisfactorias y asegure una circulación suficiente del aire en cualquier condición atmosférica y climatológica. Los sistemas de ventilación deberán funcionar en forma ininterrumpida mientras los pescadores se encuentren a bordo del buque.

Calefacción y aire acondicionado

26.   Los espacios de alojamiento deberán estar adecuadamente calefaccionados, habida cuenta de las condiciones climáticas.

27.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, con excepción de los buques pesqueros que operen exclusivamente en zonas tropicales, se deberá proporcionar un nivel de calefacción adecuado, mediante un sistema de calefacción apropiado. El sistema de calefacción suministrará el calor necesario en cualquier circunstancia y deberá funcionar cuando los pescadores estén viviendo o trabajando a bordo y las condiciones lo exijan.

28.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, con excepción de los que operen con regularidad en zonas cuyas condiciones climáticas templadas hagan innecesaria esta disposición, se deberá proporcionar aire acondicionado en los espacios de alojamiento, el puente de mando, la sala de radio y toda sala de control central de máquinas.

Iluminación

29.   En todos los espacios de alojamiento se proporcionará una iluminación adecuada.

30.   Cuando sea factible, los espacios de alojamiento deberán ser iluminados con luz natural, además de la luz artificial. En los dormitorios que sean iluminados con luz natural deberán preverse medios para bloquear dicha luz.

31.   Cada litera deberá estar equipada con un alumbrado individual adecuado para la lectura, además del alumbrado normal del dormitorio.

32.   Los dormitorios deberán equiparse con alumbrado de emergencia.

33.   Cuando los comedores, pasillos y cualquier otro espacio que se utilice o pueda ser utilizado como salida de emergencia no estén equipados con alumbrado de emergencia, en dichos espacios se deberá instalar un alumbrado nocturno permanente.

34.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, los espacios de alojamiento deberán iluminarse con arreglo a las normas establecidas por la autoridad competente. En todas las partes de los espacios de alojamiento donde se pueda circular libremente, la norma mínima en materia de iluminación deberá permitir que toda persona que tenga una visión normal pueda leer, en un día claro, un periódico corriente.

Dormitorios

Disposiciones generales

35.   Cuando el diseño, las dimensiones o el servicio a que esté destinado el buque lo permitan, los dormitorios deberán estar ubicados en partes del buque donde se minimicen los efectos de su movimiento y aceleración, pero en ningún caso delante del mamparo de abordaje.

Superficie

36.   El número de personas por dormitorio y la superficie por persona, con exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, deberán ser tales que los pescadores dispongan a bordo de un espacio y una comodidad adecuados, habida cuenta del servicio a que esté destinado el buque.

37.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, pero cuya eslora sea inferior a 45 metros, la superficie por persona en los dormitorios, con exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, no deberá ser inferior a 1,5 metros cuadrados.

38.   En los buques de eslora igual o superior a 45 metros, la superficie por persona en los dormitorios, con exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, no deberá ser inferior a 2 metros cuadrados.

39.   No obstante lo dispuesto en los párrafos 37 y 38, la autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá establecer en 1,0 y 1,5 metros cuadrados respectivamente la superficie mínima autorizada por persona en los dormitorios, con exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, si comprueba que esto es razonable y no redundará en incomodidad para los pescadores.

Personas por dormitorio

40.   En la medida en que no se disponga expresamente otra cosa, el número de personas que ocupen un dormitorio no deberá ser superior a seis.

41.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, el número de personas que podrán ocupar un dormitorio no deberá ser superior a cuatro. La autoridad competente podrá permitir excepciones a este requisito en casos particulares en que su aplicación no sea razonable o factible habida cuenta del tipo de buque, sus dimensiones o el servicio a que esté destinado.

42.   En la medida en que no se estipule expresamente otra cosa y cuando sea factible, se proporcionará a los oficiales uno o más dormitorios separados.

43.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, los dormitorios de oficiales se destinarán, cada vez que sea posible, a una sola persona; en ningún caso habrá más de dos literas por dormitorio. La autoridad competente podrá permitir excepciones a los requisitos  contenidos en este párrafo, en los casos particulares en que la aplicación de los mismos no sea razonable o factible habida cuenta del tipo de buque, sus dimensiones o el servicio a que esté destinado.

Otras disposiciones

44.   El número máximo de personas que pueden alojarse en un dormitorio deberá indicarse, en forma legible e indeleble, en un lugar fácilmente visible de la habitación.

45.   Deberán proporcionarse literas individuales de dimensiones apropiadas. Los colchones deberán ser de un material apropiado.

46.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, las dimensiones interiores de las literas no deberán ser inferiores a 198 por 80 centímetros.

47.   No obstante lo dispuesto en el párrafo 46, la autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá determinar que las dimensiones interiores de las literas no sean inferiores a 190 centímetros por 70 centímetros, si comprueba que esto es razonable y no redundará en incomodidad para los pescadores.

48.   Los dormitorios deberán proyectarse y equiparse de manera que se facilite su limpieza y se proporcione una comodidad razonable a los ocupantes. En su equipamiento deberán incluirse literas, armarios individuales de dimensiones suficientes para contener la ropa y demás efectos personales, y una superficie adecuada para escribir.

49.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, se deberá proporcionar un escritorio adecuado para escribir y una silla.

50.   En la medida en que sea factible, los dormitorios deberán estar ubicados o equipados de manera que los hombres y las mujeres puedan tener una privacidad conveniente.

Comedores

51.   Los comedores deberán estar tan cerca como sea posible de la cocina, pero en ningún caso delante del mamparo de abordaje.

52.   Los buques deberán disponer de comedores apropiados para su funcionamiento. En la medida en que no se estipule expresamente otra cosa y cuando sea factible, los comedores deberán estar separados de los dormitorios.

53.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, los comedores deberán estar separados de los dormitorios.

54.   Las dimensiones y el equipamiento de cada comedor deberán ser suficientes para acoger al número de personas que se estima puedan utilizarlo en cualquier momento.

55.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, los pescadores deberán tener acceso en todo momento a un refrigerador de volumen adecuado y la posibilidad de preparar bebidas calientes o frías.

Bañeras o duchas, retretes y lavabos

56.   Se deberán prever instalaciones sanitarias, con inclusión de retretes, lavabos y bañeras o duchas, para todas las personas a bordo, según convenga a la utilización del buque. Dichas instalaciones deberán cumplir, al menos, las normas mínimas de salud e higiene y ofrecer un nivel de calidad razonable.

57.   Las instalaciones sanitarias deberán concebirse de manera que, en la medida en que sea factible, se elimine todo riesgo de contaminación de los demás espacios. Las instalaciones sanitarias deberán permitir una privacidad razonable.

58.   Todos los pescadores y demás personas a bordo deberán disponer de agua dulce, caliente y fría, en cantidad suficiente para asegurar una higiene adecuada. La autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá determinar la cantidad mínima de agua que deberá suministrarse.

59.   Cuando se faciliten instalaciones sanitarias, éstas deberán ventilarse por medio de una abertura al aire libre, independiente de cualquier otra parte del alojamiento.

60.   Todas las superficies de las instalaciones sanitarias deberán ser aptas para una limpieza fácil y eficaz. Los suelos deberán estar cubiertos con un revestimiento antideslizante.

61.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, todos los pescadores que no ocupen habitaciones con instalaciones sanitarias privadas deberán disponer de, al menos, una bañera o ducha o ambas a la vez, un retrete y un lavabo por cada cuatro personas o menos.

62.   No obstante lo dispuesto en el párrafo 61, la autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá determinar que se deberá disponer de al menos una bañera o ducha, o ambas a la vez, y de un lavabo para cada seis personas o menos y al menos de un retrete para cada ocho personas o menos, si comprueba que esto es razonable y no redundará en incomodidad para los pescadores.

Lavanderías

63.   En la medida en que no se estipule expresamente otra cosa, se deberá disponer de instalaciones para lavar y secar la ropa, según sea necesario y tomando en consideración las condiciones de utilización del buque.

64.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, deberá disponerse de instalaciones adecuadas para lavar, secar y planchar la ropa.

65.   En los buques de eslora igual o superior a 45 metros, se emplazarán instalaciones adecuadas para lavar, secar y planchar la ropa en un local separado de los dormitorios, comedores y retretes, que deberá estar suficientemente ventilado, calentado y provisto de cuerdas u otros medios para secar la ropa.

Instalaciones para la atención de pescadores enfermos o lesionados

66.   Cada vez que sea necesario, se deberá facilitar una cabina aislada al pescador que padezca una enfermedad o que esté lesionado.

67.   En los buques de eslora igual o superior a 45 metros, se deberá disponer de una enfermería separada, que deberá estar adecuadamente equipada y mantenida en condiciones higiénicas.

Otras instalaciones

68.   Se deberá disponer de un lugar adecuado para colgar la ropa impermeable y demás equipos de protección personal, fuera de los dormitorios pero en sitios fácilmente accesibles a partir de estos últimos.

Ropa de cama, vajilla y artículos diversos

69.   A todos los pescadores que se encuentren a bordo del buque se deberá proporcionar vajilla y ropa de cama apropiadas. Sin embargo, los costos de la ropa de cama podrán recuperarse como costos de explotación, a condición de que ello esté estipulado en un convenio colectivo o en el acuerdo de trabajo del pescador.

Instalaciones de recreo

70.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, se deberá proporcionar a todos los pescadores a bordo instalaciones, equipos y servicios de recreo apropiados. Cuando así proceda, los comedores podrán ser utilizados como instalaciones de recreo.

Instalaciones de comunicación

71.   En la medida en que sea factible, todos los pescadores a bordo tendrán un acceso razonable a los equipos de comunicación, a un costo razonable que no excederá del costo efectivo de las comunicaciones para el propietario del buque pesquero.

Cocina y despensa

72.   En todo barco pesquero deberán preverse equipos para cocer los alimentos. En la medida en que no se estipule expresamente otra cosa y cuando sea factible, estos equipos deberán instalarse en una cocina separada.

73.   La cocina o las instalaciones destinadas a cocer los alimentos cuando no se disponga de una cocina separada deberán ser de dimensiones adecuadas, y estar bien iluminadas y ventiladas y debidamente equipadas y mantenidas.

74.   Los buques de eslora igual o superior a 24 metros deberán estar equipados con cocinas separadas.

75.   Cuando se utilice gas butano o propano para cocinar, los recipientes de gas deberán mantenerse en la cubierta expuesta, dentro de un refugio que los resguarde de las fuentes de calor y los choques del exterior.

76.   Deberá disponerse de un lugar apropiado y de volumen suficiente para almacenar las provisiones, que pueda ser ventilado y mantenido seco y fresco para evitar el deterioro de los alimentos. En la medida en que no se estipule expresamente otra cosa y cuando sea factible, se instalarán refrigeradores u otros medios de almacenamiento a baja temperatura.

77.   En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, se deberá disponer de una despensa y un refrigerador o de otros lugares de almacenamiento a baja temperatura.

Alimentos y agua potable

78.   El abastecimiento de víveres y agua potable deberá ser suficiente en relación con el número de pescadores y la duración y naturaleza del viaje. Además, deberá ser adecuado en cuanto a su valor nutritivo, calidad, cantidad y variedad, habida cuenta asimismo de las exigencias religiosas y las prácticas culturales de los pescadores en materia alimentaria.

79.   La autoridad competente podrá establecer requisitos en cuanto a las normas mínimas de calidad y cantidad de los alimentos y del agua que deban suministrarse a bordo.

Condiciones de limpieza y habitabilidad

80.   Los espacios de alojamiento de los pescadores deberán mantenerse en condiciones adecuadas de limpieza y habitabilidad, y no se deberá almacenar en ellos ningún material o mercancía que no sea propiedad personal de sus ocupantes o que no esté destinado a su seguridad o salvamento.

81.   La cocina y la despensa deberán mantenerse en buenas condiciones higiénicas.

82.   Los desechos deberán depositarse en contenedores bien cerrados y sellados, y deberán retirarse de los lugares donde se manipulen alimentos, cada vez que sea necesario.

Inspecciones por el capitán o patrón o por orden de éste

83.   En lo que atañe a los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros, la autoridad competente deberá ordenar que el capitán o patrón, u otra persona que actúe bajo sus órdenes, realice inspecciones frecuentes para asegurar que:

a)     el alojamiento de los pescadores esté limpio, sea convenientemente habitable y seguro y se mantenga en buenas condiciones;

b)     el suministro de alimentos y agua potable sea suficiente, y

c)     la higiene y el mantenimiento de la cocina y los locales y equipo de despensa sean apropiados.

Los resultados de estas inspecciones y las medidas adoptadas para solucionar las anomalías que se detecten deberán consignarse y estar disponibles para consulta.

Excepciones

84.   La autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá permitir excepciones con respecto a las disposiciones del presente anexo a efectos de tener en cuenta, sin incurrir en discriminación alguna, los intereses de los pescadores que observen prácticas religiosas y sociales diferentes y distintivas, a condición de que tales excepciones no redunden en condiciones que, en conjunto, sean menos favorables que las que se obtendrían de la aplicación del presente anexo.”

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil nueve.

Óscar Arias Sánchez

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Francisco Morales Hernández

MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

NOTA:   Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior.

San José, 17 de junio de 2009.—1 vez.—(O. P. Nº 29062).—C-1383000.—(57618).

DECRETOS

Nº 35320-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Con fundamento en el artículo 140, incisos 3), 8), 12) y 20) y el artículo 146 de la Constitución Política.

Por cuanto:

En la ciudad de San José, Costa Rica, el tres de junio del dos mil nueve, se suscribió el Acuerdo Complementario al Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, para la implementación del Proyecto “Fortalecimiento de los Procesos de Operación, Mantenimiento y Control de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Pequeñas Colectividades Urbanas y en Sistemas Lagunares”, firmando por la República de Costa Rica, el señor Edgar Ugalde Álvarez, Ministro a. í de Relaciones Exteriores y Culto.

Considerando:

1º—Que el párrafo primero del artículo II del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, suscrito el 22 de setiembre de 1997 y aprobado por la Asamblea Legislativa mediante ley número 7921 del 25 de octubre de 1999 establece que “La ejecución de la cooperación Técnica desarrollada en el ámbito de este Acuerdo, mediante planes de trabajo bianuales elaborados por las Partes Contratantes, será definida por Acuerdos Complementarios estableciendo programas, proyectos y acciones específicas así como fuentes de recursos financieros y mecanismos operacionales”.

2º—Que el presente Acuerdo complementario, tiene por finalidad, el fortalecimiento de los Procesos de Operación, Mantenimiento y Control, tanto en Plantas de Tratamiento como en los Sistemas Lagunares, que lleva a cabo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), a nivel nacional, mediante la realización de un diagnóstico conjunto de algunos de los sistemas en operación, la capacitación de funcionarios y el análisis de nuevas tecnologías. Por tanto,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 140, incisos 10) y 12) de la Constitución Política.

DECRETAN:

Artículo 1º—Promulgar teniendo como vigente para los efectos internos y externos, el Acuerdo Complementario al Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, para, la implementación del Proyecto “Fortalecimiento de los Procesos de Operación, Mantenimiento y Control de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Pequeñas Colectividades Urbanas y en Sistemas Lagunares”, suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el tres de junio del dos mil nueve, cuyo texto literal es el siguiente:

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN,

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DE PEQUEÑAS COLECTIVIDADES URBANAS Y EN SISTEMAS

LAGUNARES”

El Gobierno de la República de Costa Rica y

El Gobierno de la República Federativa de Brasil

(en adelante denominados las “Partes”),

Considerando que sus relaciones de cooperación han sido fortalecidas al amparo del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Federativa de Brasil, firmado en Brasilia, el 22 de septiembre de 1997;

Considerando el deseo común de promover la cooperación para el desarrollo; y

Considerando que la cooperación técnica en el área de saneamiento básico reviste especial interés para las Partes,

Acuerdan lo siguiente:

Artículo I

1.       El presente Acuerdo Complementario tiene por objeto la implementación del Proyecto “Fortalecimiento de los Procesos de Operación, Mantenimiento y Control de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Pequeñas Colectividades Urbanas y en Sistemas Lagunares” (en adelante denominado “Proyecto”), cuya finalidad es fortalecer los procesos de operación, mantenimiento y control, tanto en Plantas de Tratamiento como en los sistemas lagunares que lleva a cabo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), a nivel nacional, mediante la realización de un diagnóstico conjunto de algunos de los sistemas en operación, la capacitación de funcionarios y el análisis de nuevas tecnologías.

2.       El Proyecto contemplará los objetivos, las actividades y los resultados a alcanzar.

3.       El Proyecto será aprobado y firmado por las instituciones coordinadoras y ejecutoras.

Artículo II

1.       El Gobierno de la República Federativa de Brasil designa:

a)    a la Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC/MRE) como institución responsable de la coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades resultantes del presente Acuerdo Complementario; y

b)    la Companhia de Saneamento Básico del Estado de São Paulo (SABESP) como institución responsable de la ejecución de las actividades resultantes del presente Acuerdo Complementario.

2.       El Gobierno de la República de Costa Rica designa a:

a)    el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como institución responsable de la coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades resultantes del presente Acuerdo Complementario, así como por la ejecución de las referidas actividades.

Artículo III

1.       Al Gobierno de la República Federativa de Brasil le corresponde:

a)    designar y enviar técnicos para desarrollar en Costa Rica las actividades de cooperación técnica prevista en el Proyecto;

b)    ofrecer instalaciones e infraestructura adecuadas a la ejecución de las actividades de cooperación técnica previstas en el Proyecto;

c)    prestar apoyo operacional a los técnicos enviados por el Gobierno costarricense, mediante el ofrecimiento de todas las informaciones necesarias a la ejecución del Proyecto; y

d)    acompañar y evaluar el desarrollo del Proyecto.

2.       Al Gobierno de la República de Costa Rica le corresponde:

a)    designar técnicos para desarrollar en Brasil las actividades de cooperación técnica previstas en el Proyecto;

b)    ofrecer instalaciones e infraestructura adecuadas a la ejecución de las actividades previstas en el Proyecto;

c)    prestar apoyo operacional a los técnicos enviados por el Gobierno brasileño, mediante el ofrecimiento de todas las informaciones necesarias a la ejecución del Proyecto; y

d)    acompañar y evaluar el desarrollo del Proyecto.

3.       El presente Acuerdo Complementario no implica ningún compromiso de transferencia de recursos financieros del Estado brasileño o cualquier otra actividad gravosa al patrimonio nacional de las Partes.

Artículo IV

En la ejecución de las actividades previstas en el Proyecto, las Partes podrán utilizar recursos de instituciones públicas y privadas, de organizaciones no gubernamentales, de organismos internacionales, de agencias de cooperación técnica, de fondos y de programas regionales e internacionales que deberán estar contemplados en otros instrumentos distintos al presente Acuerdo Complementario.

Artículo V

Todas las actividades mencionadas en este Acuerdo Complementario estarán sujetas a las leyes y a los reglamentos vigentes en la República Federativa de Brasil y en la República de Costa Rica.

Artículo VI

1.       Las instituciones ejecutoras mencionadas en el Artículo II elaborarán informes sobre los resultados alcanzados en el Proyecto desarrollado en el ámbito de este Acuerdo Complementario, los cuales serán presentados a las instituciones coordinadoras.

2.       Los documentos resultantes de las actividades desarrolladas en el contexto del Proyecto serán de propiedad conjunta de las Partes. En caso de publicación de los referidos documentos, las Partes deberán ser previa y formalmente consultadas y mencionadas en el documento publicado.

Artículo VII

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha en que ambas partes se comuniquen el cumplimiento de sus requisitos internos y tendrá una vigencia de dos (2) años, siendo renovado automáticamente, hasta el cumplimiento de su objetivo, excepto si una de las Partes manifiesta lo contrario.

Artículo VIII

Cualquier controversia relativa a la interpretación o ejecución del presente Acuerdo Complementario será resuelta directamente por las Partes, por vía diplomática.

Artículo IX

Cualquiera de las Partes podrá notificar, en cualquier momento, por vía diplomática, su decisión de denunciar el presente Acuerdo Complementario. Las Partes decidirán sobre la continuidad de las actividades que se encuentren en ejecución. La denuncia surtirá efecto tres (3) meses después de la fecha de notificación.

Artículo X

En las cuestiones no previstas en este Acuerdo Complementario, se aplicarán las disposiciones del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Federativa de Brasil y el Gobierno de la República de Costa Rica, firmado en Brasilia, el 22 de septiembre de 1997.

Hecho en San José, el 3 de junio del 2009, en dos ejemplares originales, en español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Para ver imagen solo en La Gaceta impresa o en formato PDF

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los cuatro días del mes de junio del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Bruno Stagno Ugarte.—1 vez.—(O. C. Nº 2009-29).—C-130410.—(D35320-58667).

Nº 35322-MG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LA MINISTRA DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, incisos 3), 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25, inciso 1), artículo 27, inciso 1) artículo 28, inciso 2), acápite B) y 121 de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6725 de 10 de marzo de 1982 y reformada por Ley Nº 7974 del 4 de enero del dos mil, Acuerdo Nº SO-21-433-09, tomado en la Sesión Ordinaria Nº 21, celebrada el 25 de mayo del 2009, de la Municipalidad de Naranjo. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de Naranjo de la provincia de Alajuela el día 31 de julio del 2009, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de los festejos cívicos de dicho cantón.

Artículo 2º—En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será el jerarca de dicha institución el que determine con base en el artículo 213 del Código de Educación y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa cartera que laboren para ese cantón.

Artículo 3º—En relación a los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, será el jerarca del Ministerio de Hacienda, el que determine con base en el artículo 14 párrafo segundo de la Ley General de Aduanas y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa Dirección que laboren en ese cantón.

Artículo 4º—En relación con los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, será el jerarca de esa institución el que determine con base en el artículo 6 inciso c) de la Ley 12 del 30 de octubre de 1924, reformada por la Ley Nº 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros y mediante circular interna, si el día señalado, se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa entidad que laboren en ese cantón.

Artículo 5º—Rige el día 31 de julio del 2009.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las once horas del cuatro de junio del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Gobernación, Policía, y Seguridad Pública, Janina del Vecchio Ugalde.—1 vez.—(O. P. 98952).—(Solicitud Nº 30418).—C-22520.—(D35322-58711).

Nº 35352-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; los artículos 21, 23 y 24 de la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo Nº 33048-H, Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria de 17 de febrero de 2006 y la Resolución Nº DG-064-2008 de las doce horas de 28 de febrero de 2008 de la Dirección General de Servicio Civil.

Considerando:

1º—Que la Dirección General de Servicio Civil emitió la Resolución Nº DG-064-2008, cuya emisión fue comunicada por esa Dirección mediante la Resolución Nº 005 publicada en La Gaceta Nº 52 de 13 de marzo de 2008.

2º—Que mediante dicha Resolución Nº DG-064-2008 se promulgó un nuevo cuerpo normativo para regular el otorgamiento del incentivo de Carrera Profesional a los servidores cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, en lo que respecta al Título I del Estatuto de Servicio Civil, y a la vez se derogó la Resolución DG-080-96 de 3 de octubre de 1996 y sus reformas.

3º—Que la Autoridad Presupuestaria está facultada para hacer extensivas las resoluciones que emita la Dirección General de Servicio Civil, para las entidades públicas cubiertas por su ámbito cuando así lo considere necesario, en materia de clasificación, valoración y otros aspectos técnicos.

4º—Que el Decreto Ejecutivo Nº 33048-H contiene las “Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”, publicadas en La Gaceta Nº 81 de 27 de abril de 2006.

5º—Que el actual cuerpo de normas que regulan la Carrera Profesional requiere ser actualizado y adecuado a la citada Resolución Nº DG-064-2008 del Servicio Civil, en cumplimiento del principio de igualdad a favor de los funcionarios acreedores a este incentivo. Por tanto;

Decretan:

Artículo 1º—Refórmanse los artículos 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 15, 17 y 18 del Decreto Ejecutivo Nº 33048-H, publicado en La Gaceta Nº 81 de 27 de abril de 2006, a efecto de que en lo sucesivo se lean de la siguiente forma:

“Artículo 3º—Podrán acogerse al pago del incentivo por Carrera Profesional aquellos servidores que satisfagan los siguientes requisitos:

a)       Ocupar un puesto, ya sea, en propiedad o interino, con una jornada no inferior al medio tiempo.

b)       Ocupar un puesto que exija el grado académico de Bachiller universitario, como mínimo y desempeñar labores profesionales acordes con la respectiva clasificación.

c)       Poseer, al menos, el grado de Bachiller Universitario que lo faculte para el desempeño del puesto, en una carrera propia o afín al área de actividad de dicho puesto.

d)       Cuando se trate de servidores provenientes de instituciones públicas, haber obtenido en la evaluación del año anterior al vigente, una nota igual o superior a “Muy Bueno” (o su equivalente). Se eximirá de este requisito a quienes, de conformidad con la ley, no requieren de evaluación del desempeño, así como aquellos que, por circunstancias legalmente justificadas, no hayan sido evaluados. En sustitución de los formularios de evaluación respectivos, se podrá aceptar la documentación que certifique las calificaciones correspondientes emitidas por la dependencia de Recursos Humanos pertinente.”

“Artículo 5º—La ponderación de los factores precitados se hará de acuerdo con el siguiente detalle:

a)       Grados y posgrados académicos                          Puntos

Bachillerato                                                                           10

Licenciatura                                                                           16

(6 puntos adicionales a los de Bachillerato)

Especialidad con base en la Licenciatura                               26

(10 puntos adicionales a los de Licenciatura)

Especialidad con base en Bachillerato                                   16

(6 adicionales a los de Bachillerato)

Maestría                                                                                32

(22 puntos adicionales a los de Bachillerato; 16 adicionales a los de Licenciatura; 6 adicionales a los de Especialidad con base en la Licenciatura y 16 adicionales a los de la Especialidad con base en Bachillerato).

Doctorado                                                                             40

(30 puntos adicionales a los del Bachillerato; 24 adicionales a los de la Licenciatura; 14 adicionales a los de la Especialidad con base en Licenciatura; 24 adicionales a los de la Especialidad con base en el Bachillerato, 8 adicionales a los de la Maestría).

Licenciatura adicional                                                             5

Especialidad adicional                                                            7

Maestría adicional                                                                 10

Doctorado adicional                                                              12

b)       Actividades de capacitación recibida:

El máximo de puntos que se otorgará por capacitación recibida será cuarenta (40).

1.       Modalidad Aprovechamiento:

Un punto por cada 40 horas naturales efectivas de capacitación.

2.       Modalidad Participación:

Un punto por cada 80 horas naturales efectivas de capacitación.

3.       La suma máxima de puntos que se podrá otorgar por cada actividad de capacitación recibida será de cinco (5).

c)       Actividades de capacitación impartida:

Un punto por cada 24 horas naturales efectivas de instrucción hasta un máximo de 20 puntos.

La cantidad máxima de puntos que se otorgará por cada actividad de capacitación impartida será de ocho (8).

d)       Publicaciones realizadas:

Un punto por cada publicación menor que el libro (ensayos, artículos u otros), hasta un máximo de 20 puntos.

Cinco puntos por cada libro, hasta un máximo de 20 puntos.

e)       Experiencia laboral de nivel profesional en instituciones públicas nacionales:

Un punto por cada año de este tipo de experiencia, hasta cumplir los 5 años.

Un punto y medio por cada año adicional a partir del sexto año de experiencia.

f)       Experiencia laboral de nivel profesional en organismos internacionales:

Un punto por cada año de este tipo de experiencia, hasta un máximo de 20 puntos.

g)       Experiencia docente en centros de enseñanza universitarios o parauniversitarios, públicos o privados:

Un punto por cada año de labores, hasta un máximo de 20 puntos.”

“Grados académicos:

Artículo 6º—Para optar al incentivo de la Carrera Profesional, los grados y postgrados académicos se reconocerán con fundamento en la presentación del título o la respectiva certificación extendida por la universidad correspondiente, siempre que sea:

a) Propios del área de actividad del puesto o afines con ésta, determinado mediante un estudio de la Oficina de Recursos Humanos respectiva.

b) Conferidos por alguna de las universidades del país facultadas para ello.

c) Correspondientes a carreras autorizadas por el CONESUP cuando se trate de títulos extendidos por universidades privadas.

d) Reconocidos y equiparados por alguna de las universidades del país facultadas para ello, cuando se trate de títulos obtenidos en el extranjero, de conformidad con las normas establecidas por el CONARE (19 de agosto de 1986), aportando la certificación respectiva emitida por el Departamento de Registro o instancia administrativa competente.

Los grados, posgrados y títulos académicos obtenidos antes de la promulgación de las normas sobre el reconocimiento y equiparación de los grados y títulos por parte del CONARE (19 de agosto de 1986), serán aceptados de acuerdo con la condición con que los haya reconocido el Colegio Profesional respectivo.

La especialidad se ponderará como tal, si fue obtenida con base en la Licenciatura. A la especialidad obtenida con base en el Bachillerato se le otorgará el puntaje previsto para la Licenciatura, según el respectivo detalle contenido en el artículo 5º de este cuerpo normativo.

Los profesionales en Derecho que se graduaron con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Notarial, no tienen derecho a que su título de notariado se les reconozca como una especialidad; lo anterior por cuanto, hasta esa fecha dichos títulos se emitían como parte del programa de estudios de la licenciatura en Derecho. No obstante, las personas que se graduaron posteriormente al 22 de noviembre del 2003 (fecha límite en la cual las Universidades Privadas y Estatales tenían que incorporar el posgrado en Derecho Notarial y Registral), sí tienen la posibilidad de que su título sea reconocido como especialidad dentro de la Carrera Profesional. (Resolución DG-662-2006 del 26 de octubre de 2006).

Entiéndase por grados, posgrados y especialidades adicionales aquellos que sean obtenidos por el servidor, después de haber presentado un primer grado, posgrado o especialidad considerado en la ponderación de ingreso al incentivo.”

“Capacitación recibida:

Artículo 7º—Las actividades de capacitación recibidas en el país o fuera de él, para efectos de la Carrera Profesional, serán reconocidos siempre y cuando:

a) El servidor la haya recibido después de haber obtenido como mínimo el grado de Bachiller de un plan educativo de nivel superior.

b) Sean atinentes a las funciones del puesto desempeñado y con la disciplina académica del servidor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, inciso b) del presente cuerpo de normas.

c) Hayan sido evaluados por la dependencia respectiva de Recursos Humanos de la entidad pública en cuanto a su validez, duración y catalogación, en cursos de participación y aprovechamiento.

d) No correspondan a cursos regulares de una carrera universitaria o parauniversitaria, o bien, a programas que constituyan requisito académico de alguna de las clases vigentes en el manual institucional de clases respectivo.

e) No se trate de cursos que constituyan requisito esencial o legal (o ambas a la vez) para la graduación o incorporación al respectivo Colegio Profesional.

f) El excedente de horas de capacitación recibida, que resultare de la asignación de puntos en las modalidades de aprovechamiento o de participación, se acumulará para efectos de su posterior reconocimiento en la respectiva modalidad.

g) Los postgrados no reconocidos ni equiparados por las universidades facultadas para ello, asimismo, aquellos cursos recibidos aisladamente y pertenecientes a dichos programas, y los cursos de idiomas extranjeros, serán evaluados por la dependencia respectiva de Recursos Humanos para su aceptación, de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo.

Las actividades de capacitación recibidas en el exterior o impartidas por organismos internacionales, que carezcan del dato de su duración en horas, serán reconocidas con base en el certificado o documento equivalente y una declaración jurada del interesado, en donde indique la materia objeto de la capacitación, la duración en horas reloj y el año en que se llevó a cabo. La Oficina de Recursos Humanos o la instancia competente, evaluará y decidirá lo pertinente, ubicando tales actividades en la modalidad de PARTICIPACIÓN y con una duración que no exceda, en ningún caso, el promedio de 7 horas por cada día o jornada de capacitación.”

“Actividades de capacitación impartida:

Artículo 8º—Se reconocerán las actividades de capacitación impartidas por los servidores, que sean de interés para la institución o empresa pública, siempre que:

a) Los cursos hayan sido evaluados por la dependencia de Recursos Humanos de la entidad pública, en cuanto al grado de interés, calidad y coordinación.

b) El servidor tuviere la condición de Bachiller como mínimo al momento de impartirlos.

c) Los profesionales hayan obtenido en la evaluación como instructores una nota no inferior a muy bueno.

d) Los contenidos de la instrucción se relacionen con la disciplina académica o el área ocupacional del instructor.

e) La duración mínima de la participación de instructor en estos cursos ha de ser de 8 horas naturales durante una misma actividad de capacitación, las cuales se acumularán para efectos del reconocimiento de puntos.

f) Hayan tenido la condición de ser una colaboración no remunerada.

g) No podrán ser reconocidos puntos por este factor a aquellos servidores cuyo trabajo cotidiano sea el de actuar como instructor o facilitador en un programa de capacitación.”

“Publicaciones:

Artículo 9º—Se hará reconocimiento de puntos por publicaciones realizadas por el servidor, incluso en idiomas extranjeros, siempre que aporte traducción de una institución acreditada para tal fin –por medios escritos o electrónicos, siempre que:

a) Sean de carácter especializado en su disciplina de formación académica o atinente al campo de actividad del puesto que desempeña.

b) Sean trabajos de carácter técnico, tecnológico o científico, en los que se aborde, en forma analítica, coherente, amplia, metódica y sistemática, el desarrollo de un tema o problema del saber; con el propósito de darlo a conocer a lectores que poseen, al menos, algún grado de conocimiento sobre la materia.

c) No sean trabajos requeridos para la obtención de grados y postgrados académicos, ni publicaciones que surjan como resultado del desempeño habitual del puesto, a excepción de aquellos que se realicen a título personal, en los cuales concurra el aporte adicional del funcionario y el respaldo o patrocinio de la institución a la cual sirve.

d) Sean artículos o ensayos publicados en medios de reconocida solvencia editorial, tales como revistas dedicadas a la publicación de temas especializados en determinadas ramas o disciplinas científicas y que posean el respectivo registro ISBN, según el Sistema Internacional de numeración de Libros, que extiende la Biblioteca Nacional.

e) Sean libros publicados con el respaldo de un Consejo Editorial y cuenten con el respectivo registro ISBN, según el Sistema Internacional de numeración de Libros, que extiende la Biblioteca Nacional. Para este efecto, se actuará de conformidad con el criterio emitido por la UNESCO, que define el libro como una publicación de más de 48 páginas efectivas en el texto.

f) Que no sean publicaciones puramente descriptivas e informativas, destinadas a divulgar hechos, acontecimientos o situaciones de interés público en general.

En el caso de los escritos publicados por dos o más autores, los puntos serán distribuidos en forma proporcional al número de ellos. En estas circunstancias, no se considerarán las fracciones de puntos, no obstante éstas se podrán acumular para efectos de completar nuevos puntos cuya distribución deberá seguir este mismo procedimiento.”

“Experiencia laboral:

Artículo 10.—Se reconocerán de oficio, por parte de la respectiva dependencia de Recursos Humanos, los puntos por experiencia laboral de carácter profesional, siempre que:

a) Haya sido obtenida en un puesto de nivel profesional cuyo requisito mínimo sea el Bachillerato universitario.

b) Haya sido obtenida en ejecución de labores de nivel profesional.

c) El servidor hubiese sido calificado en los períodos correspondientes, con nota igual o superior a “Muy Bueno” o su equivalente. Se eximirá de este requisito a quienes de conformidad con la ley no requieren de evaluación del desempeño, así como aquellos que por circunstancias justificadas no fueron evaluados. En sustitución de los formularios de evaluación respectivos, se podrá aceptar la documentación que certifique las calificaciones correspondientes emitidas por la dependencia de Recursos Humanos pertinente.”

“Artículo 11.—La experiencia obtenida al servicio de instituciones del Estado adscritas al Régimen de Servicio Civil, se reconocerá para efectos de beneficio, siempre que se cumplan las condiciones de los literales a), b) y c) del artículo anterior y se haga constar en un documento avalado por el Jefe de Recursos Humanos de la dependencia donde fue obtenida.”

“Artículo 15.—Las incapacidades de cualquier tipo y permisos con o sin goce de sueldo para realizar estudios relacionados con la actividad del puesto desempeñado, no interrumpen el período de un año requerido para el cálculo de la experiencia.”

“Calificación de servicios:

Artículo 17.—La obtención de una calificación inferior a “Muy Bueno” o su equivalente, será motivo para no otorgar durante el año siguiente, el ajuste en los diferentes factores de la Carrera Profesional y, por lo tanto, no podrá ser considerado acumulativamente en estudios posteriores, situación que debe quedar justificada y documentada en el expediente respectivo.”

“Artículo 18.—Se podrá tomar en cuenta la evaluación del desempeño correspondiente al último período calificado, si un funcionario no fue calificado por alguna de las siguientes razones:

a) Por encontrarse disfrutando de una beca,

b) Por haber estado al servicio de otra institución pública,

c) Por otros motivos de excepción a juicio de la dependencia de Recursos Humanos, debidamente documentados.”

Artículo 2º—Derogaciones.

Deróganse los artículos 13, 14 y 26 del citado Decreto Ejecutivo Nº 33048-H.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Hacienda, Guillermo E. Zúñiga Chaves.—1 vez.—(O C Nº 93896).—(Solicitud Nº 5465).—C-218045.—(D35352-59132).

Nº 35354-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, inciso 18) y 146 de la Constitución Política, artículo 13 inciso i) de la Ley Nº 1581 del 30 de mayo de 1953, Estatuto de Servicio Civil y sus reformas, en el Decreto Nº 21 del 14 de diciembre de 1954, Reglamento al Estatuto de Servicio Civil y sus reformas, en los artículos 28 inciso 2.b y 112 de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública, Decreto Ejecutivo Nº 25271-H, publicado en La Gaceta Nº 133 del 12 de julio de 1996, Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda y sus reformas,

Considerando:

1º—Que para dar cumplimiento a los fines que por imperativo constitucional y legal competen al Ministerio de Hacienda, es necesario que existan regulaciones que determinen las relaciones de servicio entre este Ministerio y sus funcionarios, en el entendido de que éstos, como servidores del Estado, deben procurar la realización de los fines públicos.

2º—Que la prevalencia del fin público sobre cualquier otro fin, debe ser prioridad para toda la Administración Pública, sin que por ello se deban contrariar aquellas disposiciones que garantizan el disfrute por parte de los servidores públicos de sus derechos conferidos por nuestro ordenamiento, en razón de la relación de servicio que existe entre éstos y la Administración.

3º—Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 25271-H, publicado en La Gaceta Nº 133 del 12 de julio de 1996, se emitió el Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda, con el fin de regular las relaciones entre este Ministerio y sus funcionarios.

4º—Que dadas las características propias del derecho como una ciencia social que se encuentra en constante evolución, existen algunas situaciones que se presentan en el marco de las relaciones de servicio entre este Ministerio y sus servidores que requieren ser adaptadas para cumplir el fin público encomendado.

5º—Que en materia de la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo los Reglamentos Autónomos de Servicio, de conformidad con el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, se encuentran contemplados en el inciso e) del artículo citado, siendo que estos Reglamentos están en un orden jerárquico inferior a las leyes, debiendo adecuarse a ellas.

6º—Que mediante oficio Nº SH-136-07-09 del 24 de octubre del 2008 el Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda solicitó modificar la jornada laboral establecida en el artículo 70 del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda, el cual establece un horario de trabajo de las 8:00 horas a las 16:30 horas.

7º—Que el artículo 136 de la Ley Nº 2 Código de Trabajo establece que la jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día.

8º—Que mediante oficio de la Asesoría Jurídica Nº AJ-246-2009 de fecha 13 de mayo de 2009, la Dirección General de Servicio Civil ha otorgado el visto bueno a la presente modificación al Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda de conformidad con el artículo 13 inciso i) del Estatuto del Servicio Civil. Por tanto,

Decretan:

Modificación al Reglamento Autónomo

de Servicios del Ministerio de Hacienda

Artículo 1º—Modifíquese el párrafo primero del artículo 70 del Decreto Ejecutivo 25271-H publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 133 del 12 de julio de 1996 y sus reformas para que se lean en lo sucesivo:

“Artículo 70.—La jornada ordinaria de trabajo de los servidores (as) se desarrolla en el siguiente horario: de lunes a viernes en jornada continua, iniciándose a las 8:00 horas y concluyendo a las 16:00 horas. El usuario (a) será atendido (a) en horario de las 8:00 horas a las 16:00 horas. (…)”

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las ocho horas del día diez del mes de junio del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga Chaves.—1 vez.—(O. C. Nº 93500).—(Solicitud Nº 14062).—C-58445.—(D35354-58795).

Nº 35355-MEP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

En ejercicio de las atribuciones que les confieren los artículos 81, 140 incisos 8), y 18), de la Constitución Política, en la Ley Orgánica del Consejo Superior de Educación, Ley Nº 1362 del 8 de octubre de 1951 y en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, Ley 3481 del 13 de enero de 1965.

Considerando:

1º—Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 31635 del 04 de febrero de 2004 se promulgó el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.

2º—Que el Consejo Superior de Educación en la sesión ordinaria Nº 21-09 celebrada el 4 de mayo de de 2009, acogió y aprobó en forma unánime y en firme, diversas modificaciones al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para que sean aplicadas a partir del curso lectivo del 2010.

3º—Que se impone promulgar el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes que contenga todas las reformas y ajustes acorde con lo dispuesto por el Consejo Superior de Educación y, consecuentemente, sustituir el Decreto Ejecutivo Nº 31635-MEP. Por tanto,

DECRETAN:

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes

CAPÍTULO I

SECCIÓN I

Disposiciones y Principios Generales

Artículo 1º—Del Objetivo de este Reglamento. Las presentes disposiciones reglamentarias tienen por objetivo establecer la regulación básica del proceso de evaluación de los aprendizajes incluyendo el de la conducta, que se ofrece en el sistema educativo formal costarricense, sin perjuicio de la normativa que regula el acceso a la educación de los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Artículo 2º—Del Reconocimiento del Derecho a la Educación. El sistema educativo costarricense reconoce al estudiante la titularidad del derecho a la educación desde su ingreso al sistema educativo y todos los derechos inherentes a la persona, según la normativa nacional e internacional vigente en el país.

Artículo 3º—Del Concepto de Evaluación de los Aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes es un proceso de emisión de juicios de valor que realiza el docente, con base en mediciones y descripciones cualitativas y cuantitativas, para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y adjudicar las calificaciones de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes.

Artículo 4º—De las Funciones Básicas de la Evaluación de los Aprendizajes. Las tres funciones básicas de la evaluación son la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Estas funciones se definen en la forma siguiente:

a)  La función diagnóstica: detecta el estado inicial de los estudiantes en las áreas de desarrollo humano: cognoscitiva, socio afectiva y psicomotriz con el fin de facilitar, con base en la información que de ella se deriva, la aplicación de las estrategias pedagógicas correspondientes.

b)  La función formativa: brinda la información necesaria y oportuna para tomar decisiones que reorienten los procesos de aprendizaje de los estudiantes y las estrategias didácticas utilizadas.

c)  La función sumativa: fundamenta la calificación y la certificación de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes.

Artículo 5º—De la Responsabilidad de Administración de la Evaluación de los Aprendizajes. La administración del proceso de evaluación de los aprendizajes en el aula es una responsabilidad profesional y esencial del educador que está directamente vinculado con los respectivos estudiantes en sus procesos de aprendizaje.

Artículo 6º—De la escala de calificación. La valoración de los aprendizajes, incluyendo la conducta, se realizará según una escala cuantitativa de uno a cien.

Para efectos del informe de calificaciones al hogar, así como del registro de clase se consignará la calificación obtenida por el estudiante en el período respectivo.

Los promedios de cada período se consignan sin decimales. Se establece como criterio de redondeo el siguiente: decimales mayores a 0,50 se redondea al entero superior, decimales menores o iguales a 0,50 se redondea al entero inmediatamente inferior.

SECCIÓN II

De los participantes en el proceso de evaluación

de los aprendizajes

Artículo 7º—De los Participantes en el Proceso de Evaluación de los Aprendizajes. El proceso de evaluación de los aprendizajes y la evaluación de la conducta de los estudiantes, implica la participación y colaboración, según lo señale este Reglamento, de:

a)  El director de la respectiva institución educativa.

b)  Los docentes.

c)  El Comité de Evaluación de la institución.

d)  El orientador de la institución, si lo hubiere.

e)  El coordinador del departamento o de nivel, según corresponda.

f)   Los estudiantes, y

g)  Los padres de familia o encargados del estudiante.

Artículo 8º—De la Integración del Comité de Evaluación de los Aprendizajes en las Instituciones de I y II Ciclos. En las Instituciones Educativas de I y II Ciclos, el Comité de Evaluación de los Aprendizajes está integrado por los docentes designados por la Dirección de la institución para orientar el trabajo técnico en materia de evaluación. La conformación de este comité se hará de acuerdo con el tipo de dirección que corresponda al Centro Educativo, de la siguiente forma:

a)  En las instituciones con Direcciones 4 y 5, el Comité de Evaluación de los Aprendizajes estará integrado por cuatro educadores de forma que haya en él, preferentemente, representación de los docentes que imparten asignaturas complementarias y de los que imparten asignaturas académicas.

b)  En las instituciones con Direcciones 2 y 3, el Comité de Evaluación de los Aprendizajes estará integrado por tres educadores, preferentemente, con representación de los docentes que imparten asignaturas complementarias y de los que imparten asignaturas académicas.

c)  En las instituciones Unidocentes y Direcciones 1, el Comité de Evaluación de los Aprendizajes se conformará por tres docentes por núcleo escolar, respetando para ello su afinidad geográfica y a juicio del Supervisor del Circuito Escolar quien coordinará este Comité. Ni el Asesor Supervisor ni los miembros de este comité recibirán, por este concepto, remuneración adicional.

Artículo 9º—De la Integración del Comité de Evaluación de los Aprendizajes en las Instituciones de III Ciclo y Educación Diversificada. El Comité de Evaluación de los Aprendizajes en las instituciones de III Ciclo y de Educación Diversificada, en todas sus modalidades educativas, estará integrado por el Director del Centro Educativo quien lo preside, y tres miembros del personal docente, con participación tanto de docentes que imparten asignaturas básicas como de docentes que imparten asignaturas complementarias y del área técnica.

En el caso de las telesecundarias u otras ofertas educativas que no cuenten con la figura del director, estas funciones las asume el coordinador institucional.

Artículo 10.—De la Integración del Comité de Evaluación de los Aprendizajes en las Unidades Pedagógicas. En las Unidades Pedagógicas o instituciones en las que se imparte el I y II Ciclos de la Educación General Básica, simultáneamente con el III Ciclo o con éste y la Educación Diversificada, funcionará un Comité de Evaluación de los Aprendizajes para el I y II Ciclos de la Educación General Básica y otro Comité de Evaluación para el III Ciclo y la Educación Diversificada. Ambos se integran según lo que se establece, para cada caso, en los artículos 8 y 9 de este Reglamento.

Artículo 11.—De los Requisitos para ser Miembro del Comité de Evaluación de los Aprendizajes. Para ser miembro del Comité de Evaluación de los Aprendizajes se requiere:

a)  Poseer un título universitario que lo acredite como docente en su especialidad.

b)  Estar nombrado a tiempo completo en la institución.

c)  Poseer experiencia docente de al menos 3 años.

d)  Tener su nombramiento en propiedad o, en su defecto, un interinato por todo el curso lectivo.

Artículo 12.—De los Nombramientos por Inopia en el Comité de Evaluación de los Aprendizajes. En caso de inopia, el Director del Centro Educativo podrá nombrar a aquellos docentes que muestren mayor interés por la evaluación aunque no satisfagan todos los requisitos del artículo anterior.

Artículo 13.—De la Obligación y la Remuneración Adicional por Desempeñar cargos en el Comité de Evaluación de los Aprendizajes. El desempeño del cargo de miembro del Comité de Evaluación de los Aprendizajes es vinculante con las funciones del educador y debe realizarse fuera de su horario regular como docente. En las instituciones de I y II Ciclo cada miembro del Comité será remunerado adicionalmente con un 15% de su salario base, según su respectivo grupo profesional y sesionará semanalmente el tiempo equivalente a tres lecciones.

En las instituciones de III Ciclo y Educación Diversificada, a excepción del Director y del Orientador, cada miembro será remunerado con el equivalente en lecciones de su grupo profesional, según los siguientes criterios:

a)  En las instituciones cuya matrícula sobrepase los 1.000 estudiantes, el Comité de Evaluación de los aprendizajes sesionará el equivalente a cuatro lecciones semanalmente.

b)  En las instituciones cuya matrícula no sobrepase los 1.000 estudiantes, el Comité de Evaluación de los aprendizajes sesionará el equivalente a tres lecciones semanalmente.

Artículo 14.—De los Deberes del Director de la Institución en Relación con la Evaluación de los Aprendizajes. El Director de la Institución es el responsable técnico y administrativo de los servicios que se brindan en ésta y le corresponde cumplir, entre otros, con los siguientes deberes en materia de evaluación de los aprendizajes:

a)  Divulgar entre el personal de la institución, los estudiantes y los padres de familia o encargados, los contenidos del presente Reglamento, así como aquellos procedimientos particulares que la institución haya establecido en materia de evaluación.

b)  Proveer de asesoría técnica a los educadores y al Comité de Evaluación de los aprendizajes para el mejor cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

c)  Conocer y dar seguimiento a la adecuada ejecución de los acuerdos que, en materia de evaluación, adopten los docentes y el Comité de Evaluación de los Aprendizajes.

d)  Analizar periódicamente el rendimiento escolar de la institución para informar a los docentes, a los estudiantes y a los padres de familia, y disponer las acciones necesarias para su mejoramiento.

e)  Nombrar a los integrantes del Comité de Evaluación de los Aprendizajes y destituirlos cuando incumplan con sus funciones y obligaciones o se encuentran imposibilitados para cumplirlas.

f)   Conocer y resolver los recursos que ante él se formulen en materia de evaluación de los aprendizajes.

g)  Establecer canales ágiles de participación de los padres o encargados para la atención del proceso evaluativo de sus hijos.

h)  Informar y explicar las normas y disposiciones contenidas en este Reglamento a los estudiantes, padres, madres y encargados, con el apoyo del Comité de Evaluación.

i)   Cualesquiera otras inherentes a su cargo o señaladas expresamente en este Reglamento.

Artículo 15.—De los Deberes del Docente en Relación con la Evaluación de los Aprendizajes. El docente responsable y vinculado directamente con el estudiante en los procesos de aprendizaje, tiene en materia de evaluación las siguientes obligaciones éticas, profesionales y administrativas:

a)  Comunicar por escrito a sus estudiantes, en las primeras sesiones de trabajo del respectivo curso, los procedimientos y criterios, que se seguirán en materia de evaluación de los aprendizajes de los diferentes componentes de la calificación.

b)  Entregar a los estudiantes, por escrito y en forma detallada, los objetivos específicos y contenidos que serán medidos en las pruebas, con al menos ocho días naturales antes de la aplicación de las mismas.

c)  Confeccionar, de acuerdo con lineamientos técnicamente sustentados, las pruebas y otros instrumentos de medición y evaluación que aplicará al grupo o grupos que tiene a cargo.

d)  Aplicar las adecuaciones curriculares que en materia de evaluación requieran los estudiantes con necesidades educativas especiales y que deberán estar consignadas en el expediente acumulativo del proceso educativo del alumno. Asimismo, informar por escrito a los padres de familia o encargados al inicio del curso lectivo o a partir del momento en que se implementen las adecuaciones curriculares, las estrategias que utilizará en cada asignatura de acuerdo con la adecuación curricular aplicada.

e)  Revisar y calificar las pruebas y trabajos que realicen los estudiantes y devolverlas a éstos calificadas en un tiempo máximo de ocho días hábiles posteriores a su aplicación.

f)   Definir las calificaciones de los estudiantes, con criterio profesional y ético.

g)  Solicitar asesoría técnica al Comité de Evaluación en relación con el diseño de los instrumentos de medición.

h)  Analizar con los estudiantes las respuestas a las preguntas de las pruebas u otros trabajos, en el acto en que se entreguen sus resultados. Esta entrega deberá hacerse, no más allá, de ocho días hábiles después de su aplicación.

i)   Informar por escrito a los estudiantes, acerca de los objetivos de los trabajos extraclase y los criterios de calificación de éstos, en el momento de su asignación. El estudiante tendrá un plazo mínimo de ocho días naturales posteriores a la asignación del trabajo para la entrega de éste.

j)   Conocer, resolver y comunicar por escrito las resoluciones a las objeciones que le formulen los estudiantes, los padres o sus encargados, con respecto a las calificaciones obtenidas en las pruebas, los trabajos y cada uno de los componentes de la evaluación en un plazo no mayor a tres días hábiles.

k)  Participar en la calificación de la conducta de los estudiantes, de conformidad con lo indicado en este Reglamento.

l)   Informar, mediante el Cuaderno de Comunicaciones u otro medio escrito durante cada período a los padres de familia o encargados, los detalles del progreso del estudiante en relación con los diferentes aspectos que constituyen la calificación.

m) Informar y explicar oportunamente a los interesados el desglose de los promedios de cada período y el promedio anual.

n)  Registrar la puntualidad y la asistencia diaria y acumulativa de los estudiantes.

o)  Consignar la justificación de las llegadas tardías y de las ausencias de aquellos estudiantes que así lo planteen por escrito.

p)  Elaborar las pruebas de ampliación y entregarlas a la Dirección del Centro Educativo con los respectivos solucionarios, en la semana siguiente a la finalización del curso lectivo.

q)  Administrar y calificar las pruebas de ampliación, de los estudiantes a su cargo las que, una vez calificadas y analizadas con los estudiantes, deberá entregar a la Dirección del Centro Educativo para su custodia.

r)   Entregar al Comité de Evaluación, después de aplicada la prueba y cuando éste lo solicite, una copia de la prueba u otros instrumentos de medición aplicados al grupo o grupos a cargo. El plazo máximo de entrega es de tres días hábiles.

s)  Portar y utilizar durante sus lecciones los instrumentos para el registro de información en relación con el proceso evaluativo.

t)   Realizar acciones educativas que realimenten el aprendizaje con base en los resultados obtenidos por el estudiante durante el proceso evaluativo.

u)  Otras, inherentes a su cargo, que expresamente le encomiende el director o le señale este Reglamento.

Artículo 16.—De los Deberes del Comité de Evaluación de los Aprendizajes. En materia de evaluación de los aprendizajes y de la conducta, al Comité de Evaluación de los Aprendizajes le corresponden las siguientes funciones y atribuciones:

a)  Dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos técnicos y administrativos vigentes en la evaluación de los aprendizajes y de la conducta de los estudiantes.

b)  Brindar el asesoramiento requerido al personal, en materia de evaluación de los aprendizajes y de la conducta.

c)  Capacitar a los docentes en los principios de la evaluación educativa y de la medición, especialmente en lo referente a elaboración y la validación de pruebas y de otros instrumentos de medición.

d)  Proponer medidas correctivas para un mayor logro de los objetivos, con base en los resultados de las pruebas de diagnóstico y las de rendimiento académico aplicadas en la institución.

e)  Dar seguimiento a la aplicación de las estrategias evaluativas recomendadas para los estudiantes con necesidades educativas especiales.

f)   Asesorar al director de la institución en la resolución de las objeciones que, en materia de evaluación formulen los estudiantes, padres de familia o encargados.

g)  Mantener en archivo una muestra aleatoria por nivel, de copias de pruebas u otros instrumentos de medición utilizados por los docentes en la valoración de los diferentes componentes de los aprendizajes, con el propósito de analizarlos técnicamente y establecer acciones de seguimiento y asesoramiento al personal docente de la institución.

h)  Mantener al día y en la institución el libro de actas con los asuntos tratados y acuerdos tomados en cada sesión de trabajo.

i)   Otras inherentes a sus responsabilidades o aquellas que se le señalan en este Reglamento.

Artículo 17.—De los Deberes del Departamento de Orientación en Materia de Evaluación de los Aprendizajes. En materia de evaluación de los aprendizajes, al Departamento de Orientación del respectivo Centro Educativo le corresponden las siguientes funciones y atribuciones:

a)  Participar conjuntamente con el docente guía, docentes de asignaturas y Comité de Evaluación en el asesoramiento a padres de familia y estudiantes con respecto a las responsabilidades que les corresponden a ambos, en relación con sus obligaciones y deberes escolares, como medida preventiva para el logro del cumplimiento de las disposiciones internas de la institución.

b)  Coadyuvar con el Comité de Evaluación, el director y el docente respectivo para lograr el cabal cumplimiento de los deberes y funciones que corresponden a éstos en el proceso de evaluación del aprendizaje.

c)  Coordinar con el director y docentes para que, en la evaluación del aprendizaje, se sigan las disposiciones que dicte el Departamento de Educación Especial, conjuntamente con el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, en materia de adecuaciones curriculares, para estudiantes con necesidades educativas especiales.

d)  Participar conjuntamente con el profesor guía o maestro a cargo y con el funcionario docente denunciante, en el análisis y verificación de la falta denunciada según se establece en el artículo 86 de este Reglamento.

Artículo 18.—De los Deberes de los Coordinadores de Departamento o Nivel en Materia de Evaluación de los Aprendizajes. Los coordinadores de departamento o de nivel tienen, en relación con la evaluación de los aprendizajes, los siguientes deberes:

a)  Analizar con el docente las estrategias de evaluación planteadas por éste, en los planes regulares de trabajo anual.

b)  Asesorar al Comité de Evaluación y al Director de la institución, a solicitud de éste, para la correcta resolución de las objeciones que formulen los estudiantes o los padres de familia o encargados, en materia de evaluación del aprendizaje.

Artículo 19.—De los Derechos del Estudiante en Materia de Evaluación de los Aprendizajes. Son derechos fundamentales del estudiante en cuanto al proceso educativo en general y evaluativo de los aprendizajes en particular:

a)  Los estudiantes gozan de los derechos constitucionales y legales correspondientes a toda persona, así como de aquellos derechos particulares que les son reconocidos por la normativa vigente en razón de su condición de estudiantes, de ser personas menores de edad, o de presentar necesidades educativas especiales.

b)  Recibir los servicios educativos que se ofrecen en la institución o en la modalidad en que estuviere inscrito.

c)  Recibir de los docentes, funcionarios y compañeros, un trato basado en el respeto a su integridad física, emocional y moral así como a su intimidad y a sus bienes.

d)  Ejercer, personalmente o por representación, los recursos que correspondan en defensa de los derechos que juzgue conculcados.

e)  Ser sujeto partícipe del proceso de evaluación.

f)   Conocer el Reglamento de Evaluación.

g)  Plantear por escrito, en forma personal o con el concurso de sus padres o encargados y conforme con las regulaciones vigentes, las objeciones que estime pertinentes con respecto a las calificaciones que se le otorguen.

Artículo 20.—De los Deberes y Derechos de los Padres de Familia o Encargados en Materia de Evaluación de los Aprendizajes. Los padres de familia o encargados tienen los siguientes deberes en materia de evaluación de los aprendizajes:

a)  Conocer este Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.

b)  Dar seguimiento al cumplimiento de los deberes escolares del estudiante, en especial aquellos que deban ejecutarse en el hogar.

c)  Cumplir con las indicaciones y recomendaciones que expresamente les formulen los docentes y administrativos en aras de un mejor y mayor desarrollo de las potencialidades del estudiante o para superar las deficiencias y limitaciones que se detectaren.

d)  Formular por escrito, y en primera instancia ante el docente vinculado directamente con el estudiante, las objeciones que estime pertinentes a las calificaciones otorgadas a sus hijos. Esta formulación debe presentarse en un plazo no mayor a tres días hábiles siguientes a la comunicación de la calificación al estudiante o al padre de familia según corresponda.

e)  Devolver al docente, debidamente firmados, los instrumentos de medición calificados de sus hijos menores de edad.

f)   Justificar por escrito ante el docente o la autoridad que el director disponga, las ausencias o llegadas tardías a la Institución de sus hijos menores de edad, cuando esto corresponda y exista motivo real para ello. Esta justificación deberá presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la reincorporación del estudiante, luego de la ausencia o impuntualidad.

g)  Participar en todas aquellas actividades escolares a las que se les convoque formalmente.

h)  Asistir a las citas o convocatorias que les formulen los docentes o las autoridades del centro educativo.

i)   Utilizar para los fines pertinentes el “Cuaderno de Comunicaciones” referido en los artículos 130 y 131 de este Reglamento, salvo el caso de padres de estudiantes adultos.

j)   Cualesquiera otras propias de su condición de padre de familia o encargado.

SECCIÓN III

Componentes para la calificación de los estudiantes

y su valor porcentual

Artículo 21.—De la División del Curso Lectivo en Períodos. El curso lectivo estará dividido en tres períodos escolares, tanto en la Educación General Básica como en la Educación Diversificada. Se exceptúan de esta división las asignaturas que se cursan en periodos escolares semestrales y aquellas que se imparten mediante el sistema modular de los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC) y los Centros Integrales de Educación de Adultos (CINDEA), según autorización previa y expresa del Consejo Superior de Educación.

Artículo 22.—De los Componentes de la Calificación. La nota de los estudiantes en cada asignatura y para cada período, excepto el caso de la conducta, se obtendrá sumando la calificación de los siguientes componentes:

a)  Trabajo cotidiano,

b)  Trabajo extraclase,

c)  Pruebas,

d)  Proyecto (según corresponda),

e)  Concepto, y

f)   Asistencia.

Artículo 23.—De la Definición del Trabajo Cotidiano. Se entiende por trabajo cotidiano todas las actividades educativas que realiza el alumno con la guía del docente. Este trabajo se observa en forma continua, durante el desarrollo de las lecciones, como parte del proceso de aprendizaje y no como producto. Para su calificación se debe utilizar la información recopilada con las escalas de calificación y otros instrumentos técnicamente elaborados.

Artículo 24.—De la Definición del Trabajo Extraclase. Se entiende como trabajo extraclase aquellos planeados y orientados por el docente, o por éste en conjunto con los estudiantes, cuyo propósito es que el alumno repase o amplíe los temas desarrollados por el docente de acuerdo con los objetivos.

Para I y II Ciclos estos trabajos consisten en tareas cortas, orientadas a reafirmar los aprendizajes desarrollados en clase. En el I Ciclo, se realizarán un máximo de dos por semana y un mínimo de seis al mes. En el II Ciclo, se realizarán un máximo de 2 por semana y un mínimo de seis al mes por área.

Para III Ciclo y Educación Diversificada estos trabajos pueden ser tareas, proyectos o investigaciones que realizará el estudiante en forma individual o grupal fuera del horario lectivo. Estos trabajos se asignarán de acuerdo con el nivel que curse y las posibilidades personales del estudiante.

Para la calificación de los trabajos extraclase se deben utilizar las escalas de calificación u otros instrumentos técnicamente elaborados. Estos trabajos no deben asignarse para ser desarrollados durante los períodos de vacaciones o de pruebas calendarizadas en la institución.

Artículo 25.—De la Definición de las Pruebas. Las pruebas, que pueden ser escritas, orales o de ejecución, son un instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiante demuestre la adquisición de un aprendizaje cognoscitivo o motor, el dominio de una destreza o el desarrollo progresivo de una habilidad. Para su construcción se seleccionan los objetivos y contenidos del Programa vigente del nivel correspondiente. A menos que el docente lo juzgue necesario, las pruebas no deben tener carácter acumulativo durante un mismo período. Tanto la prueba escrita como la oral deben ser resueltas individualmente. Además, estas pruebas y las de ejecución deben aplicarse ante la presencia de un docente o, en su defecto, ante el funcionario que el director designe. La realización de trabajos en el aula o extraclase no sustituyen, en ningún caso, a una prueba. Las pruebas cortas deben tener carácter formativo, salvo el caso de las aplicadas a los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Artículo 26.—De la Definición de Proyecto. Para las asignaturas de Cívica, Música, y otras según autorización previa y expresa del Consejo Superior de Educación es un proceso que parte de la identificación de contextos del interés por parte del estudiantado, relacionadas con los contenidos curriculares, valores, actitudes y prácticas propuestas en cada unidad temática del programa de estudio. Incluye una serie de etapas organizadas que busca la incidencia de los y las estudiantes en contextos determinados del entorno socio cultural. El o la docente orientará este proceso. Para su evaluación debe considerarse tanto el proceso como el resultado y utilizar instrumentos técnicamente elaborados.

Para las asignaturas de las especialidades de Educación Técnica, se define como una actividad relacionada con el proceso de enseñanza aprendizaje donde el estudiante demostrará sus habilidades, competencias y conocimientos obtenidos. El desarrollo de un proyecto puede ser de manera individual y/o colectiva, bajo la supervisión del docente. Debe incluirse como un elemento en su calificación, la auto y coevaluación. Para la calificación tanto del proceso como del producto, se debe utilizar instrumentos técnicamente elaborados.

Artículo 27.—De la Definición de Concepto. El concepto constituye el juicio profesional valorativo y global que emite el docente con respecto al desempeño y actitud que demuestra el estudiante durante el proceso de aprendizaje en cada una de las asignaturas. En esta calificación no deben considerarse la puntualidad, la asistencia, ni aspectos relacionados con la evaluación de la conducta.

Artículo 28.—De la Definición de la Asistencia y Puntualidad. La asistencia se define como la presencia del estudiante en las lecciones y en todas aquellas otras actividades escolares a las que fuere convocado. Las ausencias y las llegadas tardías podrán ser justificadas o injustificadas. Se entiende por ausencia justificada aquella provocada por una razón de fuerza mayor ajena a la voluntad del estudiante, que le impide presentarse a la institución o al lugar previamente definido por el docente para cumplir con sus obligaciones habituales como estudiante.

Tales razones son:

a)  Enfermedad, accidente u otra causa de fuerza mayor.

b)  Enfermedad grave de cualquiera de sus padres o hermanos.

c)  Muerte de algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y hasta por una semana.

d)  Cualquier otro motivo justificable a juicio del docente o, en caso de ausencia de éste, del orientador respectivo.

De igual forma, la llegada tardía justificada es aquella provocada por razones de fuerza mayor ajenas a la voluntad del estudiante y que le impiden presentarse puntualmente a la hora previamente definida, a juicio del docente.

Artículo 29.—De los Criterios para la Asignación del Porcentaje Correspondiente a la Asistencia y Puntualidad. La asignación del porcentaje que le corresponde a cada estudiante por concepto de asistencia y de puntualidad, deberá ser consignada por el docente de cada asignatura. Para definir esta asignación, el docente tomará como referencia el número total de lecciones impartidas en la respectiva asignatura durante el correspondiente período, y el porcentaje de ausencias o de llegadas tardías injustificadas del estudiante en ese mismo período, según la siguiente tabla:

Porcentaje de ausencias injustificadas del total de las lecciones impartidas en el periodo	Asignación %
0% ausencias	5
Del 1% al 12%	4
Del 13% al 25%	3
Del 26% al 38%	2
Del 39% al 50%	1
Del 51% o más	0

 

Las llegadas tardías injustificadas menores de diez minutos se computarán para estos efectos como media ausencia injustificada. Las llegadas tardías injustificadas mayores de diez minutos se considerarán para estos efectos como una ausencia injustificada.

Artículo 30.—Del valor porcentual de cada uno de los componentes de la calificación. La calificación de los aprendizajes del estudiante en cada asignatura, excepto conducta, será el resultado de la suma de los siguientes valores porcentuales:

a)  En el primer año del I Ciclo de la Educación General Básica, en las asignaturas de Matemática, Estudios Sociales, Ciencias, Español, Lengua Extranjera y Lengua Indígena el valor porcentual es el siguiente:

Trabajo Cotidiano	50%
Trabajo Extraclase	10%
Pruebas (mínimo dos)	30%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

b)  En el segundo y tercer año del I Ciclo de la Educación General Básica, en las asignaturas Matemática, Estudios Sociales, Ciencias, Español, Lengua Extranjera y Lengua Indígena:

Trabajo Cotidiano	40%
Trabajo Extraclase	10%
Pruebas (mínimo dos)	40%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

c)  En el II Ciclo de la Educación General Básica, en las asignaturas Matemática, Estudios Sociales, Ciencias, Español, Lengua Extranjera y Lengua Indígena:

Trabajo Cotidiano	30%
Trabajo Extraclase	10%
Pruebas (mínimo dos)	50%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

d)  En el I Ciclo de la Educación General Básica, en las asignaturas Educación Religiosa, Educación Musical, Educación Agrícola, Educación Física, Educación para el Hogar, Artes Plásticas, Artes Industriales y Culturas Indígenas:

 

Trabajo Cotidiano	60%
Trabajo Extraclase	10%
Prueba	20%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

e)  En el II Ciclo de la Educación General Básica, en las asignaturas Educación Religiosa, Educación Musical, Educación Agrícola, Educación Física, Educación para el Hogar, Artes Plásticas, Artes Industriales y Culturas Indígenas:

Trabajo Cotidiano	50%
Trabajo Extraclase	10%
Prueba	30%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

f)   Tanto en el III Ciclo de la Educación General Básica, en las asignaturas Artes Industriales, Educación para el Hogar, Artes Plásticas, Educación Ambiental, Artesanía Indígena y Música Indígena, como en los Colegios Nocturnos, en los IPEC y los CINDEA en la asignatura de Desarrollo Social Laboral:

Trabajo Cotidiano	50%
Trabajo Extraclase	10%
Prueba	30%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

g)  Tanto en el primer año de III Ciclo de la Educación General Básica (Sétimo año), como el primer año de las modalidades de IPEC y CINDEA, para las asignaturas Matemática, Español, Estudios Sociales, Ciencias, Lengua extranjera y Lengua Indígena:

Trabajo Cotidiano	25%
Trabajo Extraclase	10%
Pruebas (mínimo dos)	55%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

En Educación Cívica:

Trabajo Cotidiano	15%
Trabajo Extraclase	10%
Pruebas (una)	30%
Proyecto (uno)	35%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

En Educación Musical:

Trabajo Cotidiano	20%
Trabajo Extraclase	5%
Pruebas (una)	25%
Proyecto (uno)	40%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

h)  Tanto en el segundo año de III Ciclo de la Educación General Básica (octavo año y noveno), como el segundo y tercer año de las modalidades de IPEC y CINDEA, para las asignaturas Matemática, Español, Estudios Sociales, Ciencias , Lengua extranjera y Lengua Indígena:

Trabajo Cotidiano	15%
Trabajo Extraclase	10%
Pruebas (mínimo dos)	65%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

En Educación Cívica:

Trabajo Cotidiano	15%
Trabajo Extraclase	10%
Pruebas (una)	30%
Proyecto (uno)	35%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

En Educación Musical:

Trabajo Cotidiano	20%
Trabajo Extraclase	5%
Pruebas (una)	25%
Proyecto (uno)	40%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

i)   Tanto en la Educación Diversificada Académica y Técnica, Diurna y Nocturna, en las modalidades de IPEC y CINDEA, para las asignaturas Matemática, Español, Estudios Sociales, Biología, Física, Química, Lengua Extranjera, Filosofía, Psicología y Lengua Indígena:

Trabajo Cotidiano	10%
Trabajo Extraclase	10%
Pruebas (mínimo dos)	70%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

En Educación Cívica:

Trabajo Cotidiano	10%
Trabajo Extraclase	10%
Pruebas (una)	35%
Proyecto (uno)	35%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

En Educación Musical:

Trabajo Cotidiano	10%
Trabajo Extraclase	5%
Pruebas (una)	25%
Proyecto (uno)	50%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

j)   En III Ciclo de la Educación General Básica, en las asignaturas Educación Religiosa, Educación Musical y Educación Física:

Trabajo Cotidiano	40%
Trabajo Extraclase	15%
Prueba	35%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

k)  En III Ciclo de la Educación General Básica y la Educación Diversificada en los colegios artísticos, ambientalistas, deportivos y en todos aquellos otros de modalidad especial que apruebe el Consejo Superior de Educación en las asignaturas propias de la especialidad:

Trabajo Cotidiano	45%
Trabajo Extraclase	20%
Pruebas (mínimo dos)	25%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

l)   Tanto en III Ciclo de la Educación General Básica, como en los talleres exploratorios y en las asignaturas prácticas de los IPEC y de los CINDEAS se calificará de la siguiente manera:

Trabajo Cotidiano	50%
Trabajo Extraclase	10%
Pruebas (mínimo dos)	30%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

m) En Educación Diversificada, en las asignaturas de Educación Religiosa, Educación Musical, Educación Física y Artes Plásticas:

Trabajo Cotidiano	35%
Trabajo Extraclase	15%
Prueba	40%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

n)  En Educación Diversificada en las asignaturas correspondientes a las Tecnologías de los Colegios Académicos:

Trabajo Cotidiano	40%
Trabajo Extraclase	15%
Pruebas (mínimo dos)	35%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

o)  En las asignaturas técnicas correspondientes a las áreas agropecuaria o industrial, tanto en las modalidades de IPEC y CINDEA, como en la Educación Diversificada Técnica:

Trabajo Cotidiano	40%
Trabajo Extraclase	10%
Pruebas (mínimo dos)	40%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

Para los efectos de este inciso el Trabajo Cotidiano incluye la realización de proyectos en los que se evaluará tanto el proceso como el producto.

p)  En las asignaturas técnicas correspondientes a las áreas: Comercial, Servicios, Agropecuaria e Industrial, tanto en las modalidades de IPEC y CINDEA, como en la Educación Diversificada Técnica:

Trabajo Cotidiano	25%
Trabajo Extraclase	10%
Pruebas (mínimo dos)	40%
Concepto	5%
Asistencia	5%
Proyecto	15%

 

Para los efectos de este inciso el Trabajo Cotidiano incluye la realización del Portafolio de Evidencias en los que se evaluará tanto el proceso como el producto.

El o la docente, al inicio de cada unidad de estudio determinará la cantidad y tipo de prueba.

q)  En el III Ciclo de la Educación Especial (Etapa Prevocacional) en el Área Técnica, manipulación básica, proyectos integrados y de aplicación:

Trabajo Cotidiano	50%
Trabajo Extraclase	10%
Pruebas (mínimo una)	30%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

La calificación final será el resultado del promedio de las notas obtenidas en las asignaturas técnicas: Computación, Talleres Exploratorios, Valor Agregado, Artes Industriales, Educación para el Hogar, Agricultura, Artes Plásticas y otras similares, mediante el trabajo colegiado de los docentes.

r)   En el III Ciclo Educación Especial (Etapa Prevocacional) en el Área Cognitiva:

Trabajo Cotidiano	50%
Trabajo Extraclase	20%
Pruebas (mínimo una)	20%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

s)  En el III Ciclo de Educación Especial (Etapa Prevocacional) las asignaturas de Educación Física, Música y Religión:

Trabajo Cotidiano	50%
Trabajo Extraclase	20%
Pruebas (mínimo una)	20%
Concepto	5%
Asistencia	5%

 

Las asignaturas anteriormente citadas de Educación Indígena (Lengua Indígena, Culturas Indígenas, Artesanía Indígena y Música Indígena, entre otros) se impartirán y calificarán únicamente en los centros educativos incluidos dentro del programa de instituciones educativas de zonas indígenas.

Artículo 31.—De las Condiciones de Aplicación de las Pruebas. En períodos de pruebas no se podrán aplicar a un estudiante más de dos pruebas en un mismo día. El tiempo máximo de aplicación de las pruebas ordinarias y extraordinarias será de 80 minutos y las de aplazados será de 120 minutos, con excepción de las pruebas nacionales y las correspondientes a los alumnos con necesidades educativas especiales. En el caso de las pruebas de ejecución de aquellas asignaturas del área técnica con lecciones de una hora reloj, tendrán un tiempo máximo de dos horas, sin embargo, en casos debidamente justificados, este plazo puede ampliarse a un máximo de cuatro horas con autorización previa del Comité de Evaluación. Las pruebas deben presentar los elementos de forma que garanticen una adecuada aplicación.

En la aplicación de pruebas a estudiantes con necesidades educativas especiales se respetarán las condiciones particulares establecidas para cada estudiante que han sido definidas por el docente, el Comité de Apoyo Educativo o la Asesoría Regional de Educación Especial, según corresponda.

Artículo 32.—De la Sanción por Acciones Fraudulentas en las Pruebas de Evaluación y en los Trabajos Escolares. Cualquier acción fraudulenta comprobada de uno o varios estudiantes, cometida durante la administración de una prueba o durante la realización de trabajos escolares, en beneficio suyo o de otros estudiantes, implicará la calificación mínima de la escala (un punto) en esa prueba o trabajo escolar para todos los alumnos involucrados en la acción fraudulenta. En un plazo no mayor de tres días hábiles después de cometida la acción fraudulenta, el educador encargado de asignatura o maestro de grado, comunicará por escrito al estudiante y al padre de familia o encargado la acción adoptada y les informará de su derecho a acceder a la información respectiva.

SECCIÓN IV

La promoción en la Educación General Básica

y la Educación Diversificada

Artículo 33.—Del Promedio Anual Mínimo para Aprobar cada Asignatura. El estudiante de I, II o III Ciclos de la Educación General Básica que alcanzare un promedio anual igual o superior a sesenta y cinco tendrá condición de aprobado en la respectiva asignatura. Se exceptúan de esta disposición los estudiantes de III Ciclo de Colegios Bilingües cuyo promedio mínimo de aprobación es de setenta, así como a los estudiantes de cualesquiera otras instituciones para los que el Consejo Superior de Educación hubiese aprobado expresamente normas especiales semejantes. De igual forma, el estudiante de Educación Diversificada que alcanzare un promedio anual igual o superior a setenta tendrá la condición de aprobado en la respectiva asignatura. Quien no alcance el promedio anual señalado en los párrafos anteriores, obtendrá la condición de aplazado.

Se exceptúan de las disposiciones anteriores las reglas de aprobación que corresponden a las pruebas nacionales para las que regirá lo dispuesto en el Capítulo IV de este Reglamento.

Artículo 34.—De la ponderación mediante la cual se obtiene la nota promedio anual de una asignatura. Para obtener la nota promedio anual de una asignatura, tanto en la Educación General Básica como en la Educación Diversificada , se tomarán las notas correspondientes a los tres trimestres del año, que se ponderarán de la siguiente forma: 30% la del primer trimestre, 30% la del segundo trimestre y 40% la del tercer trimestre.

En todas aquellas asignaturas ofrecidas en tres períodos y en las que se apliquen como mínimo dos pruebas por período, tendrá derecho a eximirse de realizar la última prueba del último período, aquel estudiante del sistema educativo formal y de los IPEC y CINDEAS que hubiese obtenido un promedio igual o superior a noventa en el primero y segundo períodos respectivamente y que, además, hubiese obtenido calificaciones de noventa como mínimo en cada uno de los otros componentes de evaluación de los aprendizajes durante el último período. La condición de eximido deberá comunicársele al estudiante beneficiado con, al menos, ocho días naturales de antelación a la realización de la prueba. A los estudiantes eximidos se les consignará una calificación de cien en la prueba de la que se eximieron. En aquellas asignaturas en las que se aplica una sola prueba en cada período, no procede eximir a ningún estudiante.

Artículo 35.—De las condiciones de aprobación del año escolar. El estudiante que apruebe todas las asignaturas, tendrá derecho a ubicarse en el año escolar inmediato superior respectivo o bien tendrá derecho a ostentar la condición de egresado del respectivo nivel, según corresponda. Para estos efectos, los estudiantes de último año de la Educación Diversificada deberán, además, haber cumplido con el Servicio Comunal Estudiantil que se señala en el artículo 117 de este Reglamento.

En el III Ciclo de Educación Especial (Etapa Prevocacional), el estudiante que al finalizar el noveno año alcance un promedio igual o superior a sesenta y cinco, tendrá la condición de aprobado, lo que le dará derecho a ingresar formalmente al Ciclo Diversificado Técnico de la Educación Especial.

Artículo 36.—De la Realización de las Convocatorias para Alumnos Aplazados. El estudiante de I y II Ciclo que fuere aplazado en más de cuatro asignaturas tendrá la condición de reprobado, debiendo repetir el año escolar en forma integral. El estudiante de I y II Ciclo que fuera aplazado en cuatro o menos asignaturas, tendrá derecho a presentar pruebas de ampliación en las asignaturas aplazadas.

El estudiante de III Ciclo o de Educación Diversificada que haya sido aplazado en una o más asignaturas, tendrá derecho de presentar pruebas de ampliación hasta en cuatro asignaturas según su elección.

La primera y la segunda convocatoria para alumnos aplazados, programadas con el fin de definir su promoción definitiva, se realizarán en las fechas que disponga el Calendario Escolar. Estas fechas deben ser debidamente comunicadas con suficiente antelación. Un estudiante solo podrá presentar en la segunda convocatoria las asignaturas que reprobó en la primera convocatoria. Como requisito para realizar la prueba de aplazado el estudiante incorporado al sistema formal debe haber asistido regularmente, al menos, al 80% del total de las lecciones de la respectiva asignatura en el año, salvo circunstancias debidamente justificadas.

Para los casos especiales de aquellas asignaturas o módulos que se aprueban por período semestral, la primera convocatoria se realizará en la última semana del mes de julio y la segunda convocatoria se realizará al finalizar el período lectivo anual en las fechas que, para tal efecto, defina el Calendario Escolar. Los estudiantes aplazados realizarán las pruebas en el centro educativo en donde obtuvieron esa condición. En casos debidamente autorizados por la Dirección Regional donde el estudiante aplazó, podrá realizarla en otro centro educativo. La inasistencia de un estudiante a la primera convocatoria, sin que medie una debida justificación, no afecta su derecho a asistir a la segunda convocatoria.

Si un estudiante aplazado en una asignatura semestral la aprobase en la primera convocatoria, entonces la condición inicial de aplazado no se considerará para los efectos de lo establecido en el artículo 35 de este Reglamento.

Artículo 37.—De las Condiciones que Implican la Reprobación del Estudiante. El estudiante de I y II Ciclo de la Educación General Básica que, una vez realizadas las pruebas de ampliación, hubiese reprobado de forma definitiva alguna de las asignaturas que cursaba, se considerará reprobado en el nivel escolar que cursaba y deberá repetir integralmente el año escolar.

El estudiante de III Ciclo de la Educación General Básica o del Ciclo de Educación Diversificada que, una vez realizadas las pruebas de ampliación, hubiese reprobado de forma definitiva alguna de las asignaturas que cursaba, se considerará reprobado en el nivel escolar que cursaba. Esto lo ubica en la categoría de “estudiante repitente”, lo que, en los niveles de III Ciclo de la Educación General Básica o del Ciclo de Educación Diversificada significa que está obligado a repetir durante el curso lectivo siguiente todas las asignaturas reprobadas, cuya aprobación es condición indispensable para aprobar definitivamente ese nivel; pero también significa que podrá y deberá matricular aquellas asignaturas de niveles educativos superiores que:

a)  No tengan como requisito, alguna de las asignaturas reprobadas del nivel anterior.

b)  No presenten choque o contraposición horaria con las asignaturas que el estudiante debe repetir.

El Ministerio de Educación Pública deberá definir cuáles son las asignaturas de cada nivel que constituyen un requisito para asignaturas de niveles superiores.

Mientras a un estudiante le queden asignaturas pendientes de aprobar en determinado nivel – aunque haya avanzado en asignaturas de niveles o ciclos superiores – se considera que formalmente es estudiante del nivel y ciclo en el que todavía tiene asignaturas pendientes y así deberá considerarse en su matrícula y en su expediente.

Artículo 38.—De los Objetivos y Contenidos de las Pruebas de ampliación. Los objetivos y contenidos de las pruebas de ampliación serán seleccionados y definidos por el respectivo docente entre aquellos establecidos en el programa de estudio vigente y tratados durante el curso lectivo. El docente deberá comunicar por escrito estos objetivos y contenidos con al menos ocho días naturales de antelación a la aplicación de la prueba, a los estudiantes aplazados.

Artículo 39.—De las condiciones para aprobar en las convocatorias de aplazados. Se tendrá por aprobado en la respectiva convocatoria, el estudiante de Educación General Básica que alcance en la prueba, al menos, la calificación mínima de sesenta y cinco. De igual forma, se tendrá por aprobado en la respectiva convocatoria el estudiante de Educación Diversificada que alcance en la prueba, al menos, la calificación de setenta. El que no logre la calificación mínima señalada, así como aquel que no concurriere a las convocatorias sin causa justificada, se tendrá por reprobado.

Al estudiante que apruebe las convocatorias de aplazados, según lo dispuesto en el párrafo anterior, se le consignará en el acta correspondiente y en el “Informe Escolar” una calificación de 65 o de 70, según corresponda a Educación General Básica o a la Educación Diversificada. Para efecto de la nota de presentación en las pruebas nacionales de Bachillerato en Educación Media, la calificación mínima de aprobación en la prueba de aplazados es de 70, la que sustituirá la nota obtenida por el estudiante en los períodos correspondientes, siempre que éstas sean inferiores a las notas mínimas de aprobación.

Artículo 40.—De la Elaboración Alterna de Pruebas de ampliación. En casos extraordinariamente especiales, en juicio conjunto del director de la institución y del respectivo Comité de Evaluación, un estudiante aplazado podrá solicitar que las pruebas de convocatoria a las que se refiere el artículo 36 de este Reglamento, no sean elaboradas, administradas y calificadas por el docente que atendió la respectiva asignatura durante el curso lectivo. En este caso, si el comité de evaluación y el director encontraran razones muy importantes, objetivas, claramente verificables y suficientes que dieran mérito a la solicitud, designarán a otro docente de la institución para que cumpla con estas tareas. Si hubiese inopia institucional se solicitará la colaboración del asesor regional respectivo.

Artículo 41.—De la Entrega de los Resultados de los Exámenes de las Convocatorias de Aplazados. Después de la realización de las pruebas de ampliación, el educador correspondiente deberá entregar, a los estudiantes y al Director del Centro Educativo, dentro de los tres días hábiles posteriores a su aplicación, las pruebas respectivas debidamente calificadas y con el señalamiento de los errores cometidos por el estudiante.

Los educandos, sus padres o encargados tienen derecho, cuando así lo soliciten, a revisar la prueba calificada en presencia del Director del Centro Educativo o del educador que éste designe. Igualmente tendrán derecho a tomar nota de las preguntas y respuestas del respectivo examen del estudiante y, de existir los medios en la institución, podrán obtener fotocopia del documento. En todos los casos, los documentos originales de las pruebas de convocatoria realizadas por los estudiantes deben quedar en custodia en la dirección del centro educativo.

CAPÍTULO II

SECCIÓN I

Disposiciones Especiales de Evaluación en los Colegios Nocturnos,

Escuelas Nocturnas, Centros Integrados de Educación para Jóvenes

y Adultos e Institutos Profesionales de Educación Comunitaria

Artículo 42.—De las Disposiciones Especiales. Sin perjuicio de todo lo establecido en el Capítulo I de este Reglamento, en las escuelas nocturnas, en los colegios nocturnos, tanto académicos como técnicos, así como en los Centros Integrados de Educación para Jóvenes y Adultos (CINDEA) y los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC), la evaluación de los aprendizajes estará sujeta, adicionalmente, a las normas especiales dispuestas en este Capítulo.

Artículo 43.—De las Opciones Adicionales para la Aprobación de Asignaturas en los Colegios Nocturnos, IPEC, CINDEAS y Escuelas Nocturnas. Adicionalmente a lo dispuesto en los artículos 22 y 30 de este Reglamento, los estudiantes de escuelas nocturnas, colegios nocturnos, IPEC y CINDEAS pueden aprobar las asignaturas mediante pruebas de suficiencia, reconocimiento de estudios, educación abierta o tutorías.

Artículo 44.—De las Pruebas por Suficiencia. Las pruebas por suficiencia son instrumentos de medición que se pueden aplicar a aquellos estudiantes de escuelas nocturnas, colegios nocturnos, IPEC y CINDEAS que consideran que tienen el dominio suficiente de los objetivos y la temática de determinada asignatura y que así lo soliciten de conformidad con lo que señala este Reglamento.

Artículo 45.—De la Elaboración de las Pruebas por Suficiencia. Las pruebas por suficiencia serán elaboradas por el Coordinador del Departamento respectivo, o en su ausencia, por el docente que sea designado por la Dirección, con fundamento y sujeción a los temas, objetivos y contenidos de la asignatura, según el programa oficial de estudios que corresponda. Para la elaboración de estas pruebas, se deberá atender, además, los criterios y directrices técnicos que al efecto dicte el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación Pública.

Los instrumentos de evaluación, una vez aplicados por la institución, serán remitidos al Director Regional respectivo, para verificar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas y como insumo para realimentar el proceso.

Artículo 46.—De la Solicitud de Pruebas por Suficiencia y las Oportunidades de presentación de ellas. Las Pruebas por Suficiencia se aplicarán una sola vez al año, en los primeros treinta días del inicio del curso lectivo. La administración del Centro Educativo informará a los estudiantes, con la debida antelación, las fechas en que se realizarán las pruebas y los trámites que deben cumplirse para solicitar su inscripción en ellas.

Los estudiantes interesados en realizar pruebas por suficiencia deberán presentar solicitud formal, por escrito al director de la institución durante las dos últimas semanas del curso lectivo inmediato anterior. Los estudiantes tendrán derecho a solicitar pruebas por suficiencia en un máximo de dos asignaturas o dos módulos por año.

Artículo 47.—De la Calificación y Entrega de Resultados de las Pruebas por Suficiencia. La calificación de las pruebas por suficiencia estará a cargo del Coordinador del Departamento respectivo o del docente que imparte la asignatura o módulo examinado, quienes deberán entregar los resultados al estudiante en un plazo no mayor a ocho días naturales posteriores a la administración de la prueba.

Artículo 48.—De la Aprobación de las Pruebas por Suficiencia. Para aprobar una asignatura por suficiencia, el estudiante debe obtener al menos la nota mínima establecida en el artículo 33 de este Reglamento.

Artículo 49.—Del Reconocimiento de Cursos. Se podrán reconocer, conforme con este Reglamento, cursos cuya temática y contenidos fueren equivalentes a los de la oferta educativa Académica y Técnica, excepto en el caso de aquellos alumnos que hubieran sido reprobados en los colegios diurnos.

Artículo 50.—De la Solicitud de Reconocimiento de Cursos. La solicitud de reconocimiento de estudios debe presentarse, en las primeras semanas de febrero y junio respectivamente, ante el director de la institución y debe incluir una certificación que señale claramente los objetivos, los contenidos y una descripción detallada del curso o cursos cuyo reconocimiento solicita. Cuando se tratare de cursos recibidos y aprobados en instituciones públicas dependientes del Ministerio de Educación Pública, bastará anexar a la solicitud, una certificación en la que conste la aprobación del curso o cursos cuyo reconocimiento se solicita. En caso de duda, las autoridades institucionales requerirán mayor información a las instituciones certificantes.

En el caso de cursos recibidos y aprobados en instituciones privadas o privadas con subvención estatal, deberá adjuntar certificación de que el Centro Educativo está debidamente autorizado por la instancia competente del Ministerio de Educación.

Artículo 51.—De la Resolución de las Solicitudes de Reconocimiento de Cursos. Corresponde al director de la institución responder a la solicitud de reconocimiento de cursos, previo análisis exhaustivo, comprobación de la equivalencia y dictamen escrito del coordinador del departamento respectivo o, en su defecto, del docente que imparte la correspondiente asignatura o curso. El director no podrá apartarse del criterio contenido en el dictamen señalado. La resolución de la solicitud de reconocimiento de cursos deberá ser comunicada al interesado en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores a su recibo. La Dirección deberá enviar copia de lo acordado al Asesor Supervisor del respectivo circuito.

Artículo 52.—De los Cursos por Tutoría. Cuando la naturaleza de la asignatura, las condiciones de infraestructura y las contrataciones de personal así lo permitan, las instituciones podrán autorizar y organizar cursos por tutoría, por solicitud escrita previa de los interesados. Estos cursos tendrán exactamente los mismos requisitos, objetivos y contenidos programáticos que los cursos regulares y deberán ejecutarse en el respectivo período lectivo. En el acto de autorización, la Dirección del Centro Educativo deberá consignar expresamente las condiciones, compromisos y controles que regirán la oferta de la respectiva tutoría.

Artículo 53.—De los Requisitos para Optar por un Curso por Tutoría. Los cursos por tutoría se podrán autorizar exclusivamente a aquellos estudiantes que demuestren de manera fehaciente, a juicio del director de la institución, estar claramente imposibilitados de asistir a los cursos regulares por razones geográficas, familiares, sociales, económicas o condiciones de salud o discapacidad.

Artículo 54.—De la Promoción en los Cursos por Tutoría. Los criterios de evaluación y las normas de promoción de los cursos por tutoría serán los mismos establecidos para los cursos regulares en el Capítulo I de este Reglamento en lo que sean aplicables. En III Ciclo de Educación General Básica y en Educación Diversificada, su ponderación será la siguiente:

a)  Trabajos especiales 25%.

b)  Pruebas (mínimo tres) 70%

c)  Asistencia 5%

Artículo 55.—De la promoción en los Colegios Nocturnos, Escuelas Nocturnas, IPEC y CINDEA. La promoción de las asignaturas en las Escuelas y Colegios Nocturnos será anual y la correspondiente a los módulos del plan de estudios que se imparte en los Centros Integrales de Educación de Adultos (CINDEA) y en los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC), será por los períodos que aquél establezca. En ambos casos, la promoción se rige por lo establecido en el Capítulo I de este Reglamento.

No obstante lo anterior, la promoción en las Escuelas Nocturnas y los Colegios Nocturnos, exclusivamente, será independiente en cada una de las asignaturas; de esta manera, si un estudiante reprueba una o varias asignaturas sólo estará obligado a cursar y aprobar estás, en el curso siguiente manteniendo la condición de aprobadas para las restantes. Cuando sea posible, se permitirá adelantar asignaturas de niveles superiores, siempre que se tengan los requisitos.

Para matricularse en el Ciclo de Educación Diversificada de los Colegios Nocturnos o en el Tercer Nivel de los Centros Integrales de Educación de Adultos (CINDEA) y en los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC), es preciso haber aprobado previamente el III Ciclo de Educación General Básica o el Segundo Nivel, según corresponda. Sin embargo, cuando sea posible, se permitirá adelantar asignaturas de esos niveles, siempre que se tengan los requisitos.

SECCIÓN II

Disposiciones de Evaluación para Modalidades Especiales

Artículo 56.—De la evaluación de los aprendizajes en las modalidades de aula abierta, telesecundaria y nuevas oportunidades educativas. En las modalidades de Aula Abierta, Telesecundaria y de Nuevas Oportunidades Educativas, así como en otras semejantes, debidamente aprobadas por el Consejo Superior de Educación, la evaluación de los aprendizajes se rige por las disposiciones que para este efecto haya dictado ese Consejo y, supletoriamente, por lo que dispone este Reglamento.

CAPÍTULO III

Evaluación de la Conducta

Artículo 57.—De la Evaluación de la Conducta. La conducta como ejercicio del respeto mutuo, de la tolerancia entre los miembros del grupo escolar, del cumplimiento de los deberes del estudiante y del respeto a las normas y reglamentos, es materia de aprendizaje tanto como cualquier otra disciplina y, en consecuencia, debe ser evaluada y calificada dentro de la totalidad del proceso educativo.

Artículo 58.—De las Consideraciones Especiales en la Evaluación de la Conducta. En la evaluación de la conducta se debe considerar tanto el cumplimiento de las normas, de los reglamentos y de los deberes inherentes a la condición de estudiante, así como las diferencias individuales de los alumnos; sus necesidades educativas especiales, ya sean éstas asociadas o no con la discapacidad; las necesidades propias de la edad, el entorno social, el núcleo familiar y las características propias de la institución educativa.

Artículo 59.—De las Normas de Conducta. Se entiende por Normas de Conducta, la clarificación de los límites que regulan al conjunto de relaciones interpersonales y el ejercicio responsable de los derechos y responsabilidades del educando en la comunidad educativa, así como el cumplimiento de las normas y los Reglamentos Institucionales y los deberes inherentes a su condición de estudiante.

Artículo 60.—De los Deberes y Obligaciones del Estudiante. La evaluación de la conducta del estudiante comprende el estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones que se relacionan con el conjunto de valores propios del ambiente escolar y de la comunidad, donde el educando se desenvuelve. Estos deberes y obligaciones incluyen:

a)  Mostrar una conducta y comportamiento que lo dignifiquen como persona y que enaltezcan el buen nombre tanto de la institución educativa a la que pertenece, como de la comunidad en general.

b)  Vestir con decoro y cumplir estrictamente con las regulaciones establecidas por la Institución en cuanto al uniforme y a la presentación personal.

c)  Asistir con puntualidad a las actividades escolares a las que se le convoque oficialmente tanto curriculares como extracurriculares.

d)  Atender con compromiso, responsabilidad, seriedad y esfuerzo sus procesos de aprendizaje.

e)  Contribuir, con su conducta y su participación responsables, en la creación, el mantenimiento y el fortalecimiento de un ambiente adecuado para el aprendizaje.

f)   Colaborar y participar activamente, en la forma que lo indiquen los educadores, en las lecciones o actividades escolares a las que se le convoque oficialmente.

g)  Practicar con esmero las normas de consideración y respeto en sus relaciones con sus compañeros, con los profesores, personal, autoridades de la institución y, en general, con todas las personas.

h)  Respetar celosamente las normas de convivencia humana, dentro y fuera de la institución y, muy particularmente, los derechos que corresponden a las demás personas.

i)   Actuar, en todo momento y lugar, con la dignidad y el decoro que imponen las normas de urbanidad vigentes en la sociedad costarricense.

j)   Respetar la integridad física, emocional y moral de sus compañeros, sus profesores y, en general, de todos los funcionarios de la institución y la comunidad.

k)  Cumplir estricta y puntualmente con el calendario, los horarios y las instrucciones que rigen para el desarrollo de las actividades institucionales.

l)   Respetar los bienes de sus profesores y compañeros y de los funcionarios de la institución.

m) Cuidar y conservar con esmero las edificaciones, instalaciones, equipo, material, mobiliario y, en general, todos los bienes de la Institución.

n)  Cumplir cabalmente las orientaciones e indicaciones que le formulen las autoridades educativas, relacionadas con los hábitos de aseo e higiene personal, así como con las normas de ornato, aseo, limpieza y moralidad que rigen en la institución.

o)  Tener a disposición, para toda actividad escolar, el “Cuaderno de comunicaciones al hogar” y entregarlo cuando le sea requerido por algún educador, funcionario o el director de la institución.

p)  Informar, de manera pronta y completa, a sus padres o encargados sobre la existencia de informes o comunicaciones que se remitan al hogar.

q)  Cumplir con todos sus deberes escolares.

r)   Ejecutar, en forma personal, las pruebas de evaluación a que debe someterse según los criterios y procedimientos de evaluación que se establezcan.

s)  Justificar, cuando fuere mayor de edad, en forma razonada las llegadas tardías o ausencias a lecciones, actos cívicos o cualesquiera otras actividades escolares previamente convocadas. Si fuere menor de edad, deberá presentar la justificación suscrita por sus padres o encargados.

Artículo 61.—De la Escala para la Calificación de la Conducta. La calificación de la conducta de los estudiantes en todos los niveles, ramas y modalidades del sistema educativo formal, será sumativa, utilizará la escala numérica de 1 a 100 y será responsabilidad de los docentes, según lo que establece este Reglamento.

Artículo 62.—De la Calificación de la Conducta como Resultado de un Proceso de Recolección de Información. La calificación de la conducta será el resultado de un proceso de recolección de información que permita determinar, en cada uno de los períodos, el cumplimiento de los deberes, las normas y los reglamentos, por parte del estudiante. Este régimen de calificación se aplicará al estudiante considerando sus acciones dentro de la institución educativa, en actividades curriculares o extracurriculares convocadas oficialmente, o en donde se hallare si lo es en horas correspondientes al horario lectivo de la institución o si portare el uniforme institucional.

Artículo 63.—De la Calificación de la Conducta. En todos los niveles, ramas y modalidades del sistema educativo formal, la calificación de la conducta será realizada y asignada, según corresponda, por el maestro a cargo o por el profesor guía respectivo, quien debe contar, para ello, con la participación activa de, al menos, otros dos docentes de la sección tanto de asignaturas académicas como de asignaturas técnicas, artísticas y deportivas, quienes en conjunto determinarán la nota de conducta. En la definición de la calificación de la conducta se considerarán, entre otros elementos definidos por la Institución, mediante la normativa interna, las boletas remitidas al hogar durante el período correspondiente. El profesor guía o maestro a cargo es el encargado de asignar la nota final y entregar el acta respectiva a la administración de la institución educativa correspondiente. En el caso de escuelas unidocentes o escuelas de Dirección de Enseñanza General Básica 1, la evaluación de la conducta será responsabilidad del docente a cargo.

Para el cumplimiento de las acciones señaladas en este artículo, en los niveles y modalidades en los que el plan de estudios no contempla lecciones para Consejo de Curso, el Director de la Institución deberá designar un docente encargado del grupo.

Artículo 64.—De la Aplicación de Acciones Correctivas. Independientemente de la calificación de cada período, cuando el estudiante cometa una falta establecida en el Reglamento Interno de la institución o que contravenga lo señalado en el artículo 60 de este Reglamento, deberá aplicársele una acción correctiva, cuya finalidad esencial es formativa. Además, esta acción debe atender los intereses superiores del estudiante, respetar sus derechos individuales, estar acorde con la falta cometida y debe procurar un cambio positivo en su comportamiento social. Las acciones correctivas que se establezcan no deben exceder en sus efectos los fines educativos esenciales que las caracterizan, ni ocasionar al estudiante perjuicios académicos no autorizados ni previstos en este Reglamento. En todo caso, no podrán aplicarse medidas correctivas que fueren contrarias a la integridad física, psíquica y moral del estudiante, ni contra su dignidad personal.

Artículo 65.—De la Nota de Conducta Mínima para Promoción. La nota de conducta mínima para la promoción de los estudiantes será de 65 en I, II y III Ciclos de la Educación General Básica y de 70 en la Educación Diversificada.

Artículo 66.—De la Condición de Aplazado en Conducta. El estudiante que en el promedio anual ponderado obtuviere una calificación de conducta inferior al mínimo establecido en el artículo anterior de este Reglamento, tendrá en consecuencia, la condición de aplazado en conducta.

Artículo 67.—De los Requisitos de Aprobación para un Estudiante Aplazado en Conducta. Si un estudiante estuviese aplazado en conducta entonces, para adquirir la condición plena de aprobado en el nivel que cursa, estará obligado a realizar un programa de acciones de interés institucional o comunal, de carácter educativo definido y supervisado por el Comité de Evaluación; y su promoción final estará sujeta a su cabal y verificable cumplimiento. Estas acciones constituyen el equivalente a las pruebas de ampliación de las asignaturas académicas; y se realizarán en el período que establezca el correspondiente Comité de Evaluación.

Artículo 68.—De la Naturaleza de las Acciones Correctivas. Para efectos de la aplicación de la presente normativa, las acciones correctivas en todos los niveles, ramas y modalidades del sistema educativo tendrán, en lo esencial, propósitos formativos.

Artículo 69.—De las Garantías de Comunicación y Defensa en la Aplicación de Acciones Correctivas. En atención al derecho del estudiante a ser comunicado, de manera individualizada y concreta, de los hechos y la falta que se le atribuye así como a tener acceso al respectivo expediente, la decisión de aplicar acciones correctivas deberá efectuarse dando garantías claras de comunicación al alumno, al padre, madre o encargado.

De manera análoga, la aplicación de acciones correctivas debe garantizar el derecho de defensa del estudiante, su derecho a declarar libremente sin ningún tipo de coacción y a ser acompañado por un adulto de su elección, o bien, su derecho a no declarar y a no hacer prueba contra sí mismo.

Artículo 70.—De la Valoración de las Faltas. Las faltas de conducta que cometan los estudiantes se valorarán como muy leves, leves, graves, muy graves y gravísimas, para todos los efectos de este Reglamento.

Artículo 71.—De las condiciones para aplicar acciones correctivas. La aplicación de las acciones correctivas al estudiante se hará tomando como referencia el cumplimiento de los deberes que se señalan en el artículo 60 de este Reglamento, en el Reglamento Interno de la Institución y de acuerdo con la valoración señalada en el artículo anterior de este Reglamento.

Artículo 72.—De la Consideración de la Comisión de faltas en la Calificación de la Conducta. En la calificación de la conducta se debe considerar, necesariamente, la comisión por parte del estudiante de faltas muy leves, leves, graves, muy graves y gravísimas, según lo que se señala en el artículo 73 de este Reglamento.

Artículo 73.—De la Valoración de las Faltas en la Nota de Conducta. Las faltas en que incurran los estudiantes de cualquiera de los niveles, ramas y modalidades del sistema educativo formal, tendrán consecuencias en el proceso de definición de la nota de conducta de cada período, de la siguiente forma: A. Cada falta muy leve implicará un rebajo de 1 a 5 puntos del total. B. Cada falta leve implicará un rebajo de 6 a 10 puntos del total. C. Cada falta grave implicará un rebajo de 11 a 19 puntos del total. D. Cada falta muy grave implicará un rebajo de 20 a 32 puntos del total. E. Cada falta gravísima implicará un rebajo de 33 a 45 puntos del total.

Artículo 74.—De las Faltas muy Leves. Se consideran faltas “muy leves” los siguientes incumplimientos a sus deberes:

a)  Uso incorrecto del uniforme.

b)  Uso de accesorios personales no autorizados según las disposiciones establecidas por la Institución y comunicadas previamente a los estudiantes.

c)  Presentación personal indebida.

d)  Otras faltas que se consideren como “muy leves” según el Reglamento Interno de la Institución y que no se encuentren valoradas como leves, graves, muy graves o gravísimas en este Reglamento.

Artículo 75.—De las Faltas Leves. Se consideran “faltas leves” los siguientes incumplimientos a sus deberes:

a)  Uso inadecuado del “Cuaderno de comunicaciones”.

b)  No informar a sus padres o encargados sobre la existencia de comunicaciones remitidas al hogar.

c)  Interrupciones incorrectas al proceso de aprendizaje en el aula.

d)  Fuga de las lecciones y de actividades curriculares programadas por la Institución.

e)  Empleo de vocabulario vulgar o soez.

f)   Ausencias injustificadas a actividades debidamente convocadas y no reguladas en los artículos 22, 28 y 29 de este Reglamento.

g)  Otras faltas que se consideren como leves según el Reglamento Interno de la Institución y que no se encuentren valoradas como muy leves, graves, muy graves o gravísimas en este Reglamento.

Artículo 76.—De las Faltas Graves. Se consideran “faltas graves” los siguientes incumplimientos a sus deberes:

a)  La reiteración en la comisión de faltas leves en un mismo trimestre.

b)  Las acciones y actitudes graves de indisciplina contra el director, los docentes, los alumnos y demás personal del centro educativo.

c)  Daño intencionado contra el ornato, equipo, mobiliario, infraestructura de la institución o vehículos usados para el transporte de estudiantes.

d)  Sustracción de bienes institucionales o personales.

e)  Las frases o los hechos irrespetuosos dichos o cometidos en contra del director, los docentes, alumnos, padres y otros miembros de la comunidad educativa.

f)   El uso reiterado de un lenguaje o un trato irrespetuoso con los demás miembros de la comunidad educativa.

g)  Alterar, falsificar o plagiar pruebas o cualquier otro tipo de trabajo académico con el que se deba cumplir como parte de su proceso educativo, sean éstos realizados en beneficio propio o de otros estudiantes.

h)  Sustraer, reproducir, distribuir o divulgar pruebas de evaluación antes de su aplicación.

i)   La utilización de las paredes, mesas, sillas, pupitres u otros bienes y objetos de la institución, para colocar letreros, dibujos o gráficos no autorizados.

j)   Fumar o ingerir bebidas alcohólicas en las siguientes situaciones: i) dentro de la institución, ii) fuera de la institución en horario lectivo, iii) fuera de la institución si portare el uniforme y iv) en actividades extracurriculares convocadas oficialmente.

k)  Ingresar a la Institución en condiciones de evidente ingesta de bebidas alcohólicas.

l)   Otras faltas que se consideren como graves según el Reglamento Interno de la Institución y que no se encuentren valoradas como muy leves, leves, muy graves o gravísimas en este Reglamento.

Artículo 77.—De las Faltas muy Graves. Se consideran “faltas muy graves” los siguientes incumplimientos a sus deberes:

a)  La destrucción deliberada de bienes pertenecientes a la institución educativa, al personal o a los demás miembros de la comunidad educativa, ya sea que esta acción se realice en forma individual o en grupo.

b)  La escenificación pública de conductas contrarias a lo estipulado en el Reglamento Interno de la Institución, la moral pública o las buenas costumbres.

c)  Impedir que otros miembros de la comunidad educativa participen en el normal desarrollo de las actividades regulares de la institución, así como incitar a otros a que actúen con idénticos propósitos.

d)  Consumir o portar drogas ilícitas dentro de la institución, en actividades convocadas oficialmente o en cualquier otra de las circunstancias descritas en el artículo 62 de este Reglamento.

e)  Incitación a los compañeros a que participen en acciones que perjudiquen la salud, seguridad individual o colectiva.

f)   Portar armas o explosivos así como otros objetos potencialmente peligrosos para las personas, salvo aquellos expresamente autorizados por la institución con fines didácticos.

g)  Cualquier tipo de acción discriminatoria por razones de raza, credo, género, discapacidad o cualquier otra contraria a la dignidad humana.

h)  Reiteración en la comisión de faltas graves en un mismo periodo lectivo.

i)   Otras faltas que se consideren como “muy graves” según el Reglamento Interno de la Institución y que no se encuentren valoradas como muy leves, leves, graves o gravísimas en este Reglamento.

Artículo 78.—De las Faltas Gravísimas. Se consideran “faltas gravísimas” los siguientes incumplimientos a sus deberes:

a)  Sustracción, alteración o falsificación de documentos oficiales.

b)  La reiteración, en un mismo curso lectivo, de la destrucción deliberada de bienes pertenecientes a la institución educativa, al personal o a los demás miembros de la comunidad educativa, ya sea que esta acción se realice en forma individual o en grupo.

c)  Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa, director, personal, alumnos o padres.

d)  Ingestión reiterada de bebidas alcohólicas en los siguientes casos: i) dentro de la Institución, ii) fuera de la institución en horario lectivo iii) fuera de la institución si portare el uniforme; iv) en actividades extracurriculares convocadas oficialmente.

e)  Consumir o portar, de manera reiterada, drogas ilícitas dentro de la institución, en actividades convocadas oficialmente o en cualesquiera otra de las circunstancias descritas en el artículo 62 de este Reglamento.

f)   Distribuir, inducir o facilitar el uso de cualquier tipo de drogas ilícitas dentro de la institución, en actividades oficialmente convocadas o en cualesquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 62 de este Reglamento.

g)  Tráfico o divulgación de material contrario a la moral pública.

h)  Otras faltas que se consideren como gravísimas según el Reglamento Interno de la Institución y que no se encuentren valoradas como muy leves, leves, graves y muy graves en este Reglamento.

Artículo 79.—De las Acciones Correctivas por Comisión de Faltas muy Leves. Los alumnos que asumieren conductas valoradas como faltas muy leves, además de lo estipulado en el artículo 73 de este Reglamento, serán objeto de la siguiente acción correctiva: amonestación verbal o escrita por parte del docente con el que se incurrió en la falta, con copia al padre, a la madre de familia o al encargado, al expediente personal del alumno y al orientador respectivo, si lo hubiere.

Artículo 80.—De las Acciones Correctivas por Comisión de Faltas Leves. Los alumnos que asumieren conductas valoradas como faltas leves, serán objeto de cualesquiera de las siguientes acciones correctivas, además de lo estipulado en el artículo 73 de este Reglamento:

a)  Amonestación verbal o escrita por parte del docente concernido, con copia al padre, a la madre de familia o al encargado, al expediente personal del alumno y al orientador respectivo, si lo hubiere.

b)  Amonestación escrita en los términos anteriores y, además, obligación de reparar en forma efectiva y verificable, el daño moral, material o personal causado.

Artículo 81.—De las acciones correctivas por comisión de faltas graves. Los alumnos que asumieren actitudes o conductas valoradas como faltas graves, serán objeto de cualquiera de las siguientes acciones correctivas, según la magnitud de la falta, además de lo que estipula el artículo 73 de este Reglamento:

a)  Traslado del alumno a otra sección.

b)  Reparación o reposición del material o equipo que hubiera dañado.

c)  Reparación de la ofensa verbal o moral a las personas, grupos internos o externos a la institución, mediante la oportuna retractación pública y las disculpas que correspondan.

d)  Pérdida de la autorización para representar a la institución en cualesquiera delegaciones oficiales de ésta.

e)  Pérdida de las credenciales en el Gobierno Estudiantil, la Asamblea de Representantes, la directiva de sección y cualquier otro comité institucional.

f)   Inasistencia al centro educativo hasta por un período máximo de quince días naturales.

g)  Realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional o comunal, que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia en relación con la falta cometida.

Artículo 82.—De las acciones correctivas por la comisión de faltas muy graves. Los alumnos que asumieren actitudes o conductas valoradas como “faltas muy graves”, serán objeto de cualquiera de las siguientes acciones correctivas, según la magnitud de la falta, además de lo que estipula el artículo 73 de este Reglamento:

a)  Obligación de reparar, de manera verificable, el daño material, moral o personal causado a las personas, grupos o a la Institución.

b)  Realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional o comunal, que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia en relación con la falta cometida.

c)  Inasistencia al centro educativo por un período comprendido entre quince y veinte días naturales.

Artículo 83.—De las acciones correctivas por la comisión de faltas gravísimas. Los alumnos que asumieren actitudes o conductas valoradas como “faltas gravísimas”, serán objeto de alguna de las siguientes acciones correctivas, según la magnitud de la falta, además de lo que estipula el artículo 73 de este Reglamento:

a)  Obligación de reparar, de manera verificable, el daño material, moral o personal causado a personas, grupos o a la institución.

b)  Realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional o comunal, que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia en relación con la falta cometida.

c)  Inasistencia al centro educativo hasta por un período comprendido entre veinte y treinta días naturales.

Artículo 84.—De la Reprogramación de Exámenes o Entrega de Trabajos Realizados durante la Inasistencia al Centro Educativo. Los exámenes o la entrega de trabajos que se realicen durante el período de ejecución de una de las inasistencias al centro educativo que se señalan en los artículos anteriores, deberán ser reprogramados por el docente respectivo para que el estudiante sujeto de la acción correctiva conserve su pleno derecho a realizarlos.

La reprogramación de exámenes o de entrega de trabajos debe ser comunicada al estudiante en el plazo establecido en la normativa interna de la institución, en todo caso la comunicación deberá realizarse con al menos ocho días naturales de antelación.

Artículo 85.—Del Cómputo de las Ausencias debido a Inasistencia al Centro Educativo. Las ausencias a las actividades educativas presenciales que se produjeren como resultado de la ejecución de una de las inasistencias al centro educativo o del proceso educativo regular que se señalan en los artículos anteriores, no se considerarán para los efectos que se indican en el artículo 29 de este Reglamento.

Artículo 86.—Del procedimiento para la aplicación de acciones correctivas. En todos los niveles, ramas y modalidades del sistema educativo formal, la aplicación de las acciones correctivas señaladas en este Reglamento por la comisión de faltas graves, muy graves y gravísimas, serán establecidas, con respeto a las garantías propias del Debido Proceso, en la siguiente forma:

a)  Un funcionario docente, técnico-docente, administrativo-docente, administrativo o miembro de la directiva de sección, notificará al profesor guía o al maestro a cargo la falta cometida por el estudiante.

b)  El profesor guía o maestro a cargo, según el caso, en conjunto con el orientador (si lo hubiere), realizará la respectiva investigación, analizará, verificará si existen o no elementos para la apertura del procedimiento e identificará la supuesta falta cometida y definirá las posibles acciones correctivas, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

c)  En un plazo no mayor de tres días hábiles después de definidas las posibles acciones correctivas a las que se refiere el inciso anterior, el profesor guía o maestro a cargo, según sea el caso, comunicará por escrito al padre de familia o encargado, las faltas que se le imputan al alumno y las posibles acciones correctivas y le informará, además, de su derecho de acceder al expediente administrativo correspondiente y de la posibilidad de contar con asesoría profesional de un abogado para ejercer la defensa del estudiante.

d)  El estudiante, su padre de familia o encargado dispondrá de un término de tres días hábiles, contados a partir de la comunicación que se señala en el inciso anterior, para ejercer su derecho de presentar los argumentos de defensa que estime necesarios, realizar el descargo, alegar lo pertinente y ofrecer las pruebas que juzgue oportunas.

e)  Si en el término previsto en el inciso anterior, no se presentan pruebas de descargo, el profesor guía o maestro a cargo procederá a establecer la medida correctiva que corresponda.

f)   Si hubiere descargo dentro del período señalado y éste, a juicio del profesor guía o maestro encargado, estuviera fundamentado suficientemente, entonces procederá a desestimar o modificar la medida correctiva.

g)  La resolución final deberá ser notificada al padre de familia o encargado y copia de la misma será enviada al archivo del comité de evaluación y al expediente personal del estudiante. Se debe garantizar el derecho del estudiante a obtener una resolución dentro de un plazo de ocho días hábiles contados a partir del día en que vence el término para presentar el descargo.

h)  Durante todo el proceso se debe respetar el derecho del estudiante a ser tratado como inocente.

i)   El estudiante tiene el derecho de recurrir la resolución final del caso, según lo dispuesto en la Sección II del Capítulo V de este Reglamento.

Artículo 87.—De las Responsabilidades de la Institución y del Estudiante a quien se Aplica una Acción Correctiva. La institución educativa por medio del profesor guía o maestro a cargo, según sea el caso, y del orientador, si lo hubiere, debe dar orientación y seguimiento al estudiante que hubiese incurrido en faltas, con el propósito educativo de que éste comprenda su responsabilidad, modifique para bien su conducta e interiorice una actitud favorable a una armónica convivencia social. Cuando a un estudiante se le aplique una acción correctiva, es responsabilidad suya garantizarse, por sus propios medios, los elementos que permitan la continuidad del proceso educativo.

Artículo 88.—De la Aplicación de la Inasistencia Inmediata al centro educativo como Medida Precautoria. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 86 de este Reglamento, en III Ciclo y en Educación Diversificada, y en casos excepcionales en los que la presencia del estudiante en la institución altere el orden en forma muy grave o ponga en peligro la integridad física de algún miembro de la comunidad escolar, el Director de la Institución podrá, como medida precautoria, ordenar la inasistencia inmediata del estudiante al centro educativo hasta por diez días naturales, en tanto se realiza la investigación y se concede el derecho de defensa del estudiante. En estos casos se aplicará lo señalado en los artículos 84 y 85 anteriores.

CAPÍTULO IV

De las Pruebas Nacionales

SECCIÓN I

Disposiciones Generales sobre las Pruebas Nacionales

Artículo 89.—Del objetivo de este capítulo. Este capítulo tiene por objetivo, establecer los lineamientos generales y las regulaciones que norman los procesos, administrativos y técnicos, conducentes a la elaboración, validación, aplicación y calificación tanto de las pruebas nacionales que se realizan con el fin de extender la correspondiente certificación, como aquellas de naturaleza diagnóstica. Tales pruebas son las siguientes:

a)  Las pruebas nacionales de Bachillerato en Educación Media, con carácter censal y de certificación.

b)  Las pruebas nacionales de peritazgo en Educación Técnica, con carácter censal y de certificación, que se rigen por su propio Reglamento.

c)  Las pruebas nacionales de conclusión del II Ciclo de la Educación General Básica de naturaleza diagnóstica.

d)  Las pruebas nacionales de conclusión de la Educación General Básica de naturaleza diagnóstica y,

e)  Cualesquiera otras pruebas, nacionales o internacionales, de naturaleza diagnóstica que disponga el Ministerio de Educación Pública.

Artículo 90.—De los Certificados de Conclusión de Estudios y del Título de Bachillerato en Educación Media. Los certificados de conclusión de estudios del II Ciclo de la Educación General Básica, conclusión de estudios de la Educación General Básica y el título de Bachiller en Educación Media, certifican, respectivamente, el conocimiento general básico para alcanzar el perfil académico establecido en el currículo del respectivo nivel de educación.

Artículo 91.—De los objetivos de las Pruebas Nacionales. Las pruebas nacionales señaladas en el artículo 89 de este Reglamento, tienen los siguientes objetivos:

a)  Contribuir a la formación integral de los estudiantes.

b)  Coadyuvar en la determinación de la promoción o la certificación de los educandos.

c)  Conocer los resultados de logro de los objetivos curriculares de la educación costarricense, basado en criterios técnicos de medición y evaluación, de modo que permitan mejorar la calidad del sistema educativo en todos sus niveles y procesos.

d)  Incorporar con base en los resultados obtenidos por los estudiantes en las respectivas Pruebas Nacionales, según lo permita esta información; las estrategias y propuestas conducentes al mejoramiento cualitativo de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, en aquellas áreas donde el Sistema Educativo lo requiera.

e)  Ofrecer a los estudiantes un desafío académico, que contribuya a mejorar las posibilidades de éxito para su incorporación a los ciclos o niveles educativos inmediatos superiores o al mundo del trabajo.

f)   Promover una actitud de superación académica en los profesionales de la docencia, motivándolos para que aporten lo mejor de sus conocimientos en la búsqueda de un mayor y mejor aprendizaje de los educandos.

g)  Motivar a los padres de familia para que se incorporen al proceso educativo y contribuyan con el éxito de sus hijos.

h)  Hacer de las pruebas nacionales un recurso adecuado para el proceso de evaluación y control del rendimiento escolar.

Artículo 92.—De la elaboración de las Pruebas Nacionales. Las pruebas nacionales señaladas en el artículo 89, serán elaboradas por los profesionales especialistas de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública, con la obligada colaboración de educadores que laboren en las instituciones educativas y con la participación de otras entidades y profesionales especializados en los campos de la medición y de la evaluación educativas, de conformidad con los convenios o contratos que para tal efecto se suscriban.

Artículo 93.—De la delimitación del ámbito para la elaboración de las Pruebas Nacionales. Los programas de estudio oficialmente aprobados por el Consejo Superior de Educación, para cada una de las asignaturas, que se examinen en las pruebas nacionales; delimitarán el ámbito para la elaboración de éstas y deberán ser divulgados entre los estudiantes, docentes, padres y madres de familia al inicio de cada curso lectivo. Los programas de estudio, sus objetivos y contenidos, constituyen la guía básica para los profesionales de la docencia y para los estudiantes.

Artículo 94.—De la Estructura, Validez y Confiabilidad de las Pruebas Nacionales. La estructura de las pruebas nacionales corresponderá a los criterios técnicos definidos por los especialistas en evaluación de las diferentes asignaturas, según la naturaleza de cada asignatura, los criterios de tiempo y de recursos disponibles. La validez y confiabilidad de las pruebas nacionales y de los ítemes se establecerán de acuerdo con los resultados de los análisis hechos con base en los procedimientos científicos y técnicos aplicados a su proceso de desarrollo. Estos resultados proveerán los indicadores de validez y confiabilidad en función de las respuestas de los examinados y definirán la calidad, pertinencia de la prueba y de los respectivos ítemes.

Artículo 95.—Del ámbito de aplicación de las Pruebas Nacionales. Las pruebas nacionales señaladas en el artículo 89, de este Capítulo, se regirán por los siguientes criterios en cuanto al ámbito de su aplicación:

a)  Con el objeto de definir su promoción y hacerse acreedor al título de Bachiller en Educación Media, todo estudiante que curse el último año de Educación Diversificada o el Tercer Nivel del sistema modular de los IPEC o CINDEA y que satisfaga los requerimientos establecidos en este Reglamento, debe aprobar las “Pruebas Nacionales de Bachillerato en Educación Media”, según las condiciones y requisitos que se señalan en este Capítulo.

b)  El Ministerio de Educación Pública efectuará, en las fechas que disponga el Despacho del Ministro, las pruebas de carácter diagnóstico señaladas en los incisos c y d del artículo 89; elaboradas según lo disponen los artículos 92 y 94 de este Reglamento, a una muestra de estudiantes de la Educación General Básica. Tales fechas se incluirán anualmente en el calendario escolar. Las pruebas diagnósticas internacionales señaladas en el inciso e) del artículo 89 se regirán por su propio protocolo.

Artículo 96.—Del calendario de aplicación de las Pruebas Nacionales de Bachillerato en Educación Media. El Ministerio de Educación Pública organizará dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria, para las pruebas nacionales de bachillerato en Educación Media. Las pruebas se realizarán en las fechas y horas que defina el Despacho del Ministro, de conformidad con lo que se establece en los artículos 111 y 112 de este Reglamento. Tales fechas se incluirán anualmente en el calendario escolar.

Artículo 97.—De la Duración de las Pruebas Nacionales. Cada una de las pruebas nacionales señaladas en el artículo 89 debe ser elaborada de forma tal que su desarrollo o ejecución no sobrepase, en ningún caso la siguiente duración:

a)  Pruebas Nacionales de Conclusión de la Educación General Básica: ciento ochenta minutos.

b)  Pruebas Nacionales de Bachillerato en Educación Media: ciento ochenta minutos.

No podrán realizar la prueba nacional respectiva aquellos postulantes que se presenten treinta minutos o más después de iniciada ésta.

Artículo 98.—De las responsabilidades de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad en la administración de las pruebas. Corresponde a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, planificar y dirigir el proceso requerido para la administración de las Pruebas Nacionales que se señala en este Reglamento, excepto las pruebas diagnósticas internacionales, para lo cual cumplirá entre otras las siguientes funciones y atribuciones:

a)  Nombrar, en coordinación con las Direcciones Regionales, los Delegados Ejecutivos, Auxiliares y Educadores Administradores de las Pruebas, quienes actuarán en las respectivas instituciones o sedes como sus representantes.

b)  Asegurarse que las pruebas se desarrollen estrictamente de acuerdo con procedimientos sustentados técnicamente.

c)  Establecer el sistema y procedimiento que garantice la seguridad, validez y confiabilidad de las pruebas antes de su aplicación.

d)  Remitir la calificación final a las respectivas instituciones.

e)  Analizar los informes de los resultados obtenidos y proponer las acciones correctivas que considere pertinentes.

f)   Definir las sedes para la aplicación de las pruebas.

g)  Confeccionar y remitir las actas finales que corresponden a las respectivas instituciones.

h)  Analizar los informes de los resultados obtenidos y proponer al Ministro las acciones correctivas que estime pertinentes.

i)   Definir los montos por concepto de honorarios y viáticos, en los casos que corresponda.

j)   Otras que deriven de la naturaleza de sus acciones.

Artículo 99.—Del nombramiento de los delegados ejecutivos y auxiliares y educadores administradores en las pruebas nacionales. Para la adecuada administración de las pruebas nacionales, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, en coordinación con las Direcciones Regionales, nombrará Delegados Ejecutivos, Auxiliares y Educadores Administradores de las Pruebas, quienes actuarán en las respectivas instituciones o sedes como sus delegados y serán los responsables del proceso de administración de las pruebas y de los procedimientos pertinentes.

Los Delegados Ejecutivos y Auxiliares serán educadores activos o jubilados con la suficiente solvencia moral y profesional para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Los Educadores Administradores de las pruebas, son educadores de la propia institución en que se realiza la prueba, o bien, de instituciones cercanas a ésta que satisfagan los requisitos establecidos al efecto.

Artículo 100.—De las Funciones de los Delegados Ejecutivos y de los Delegados Auxiliares en las Pruebas Nacionales. El Delegado Ejecutivo será el encargado de supervisar, vigilar y asegurar que las pruebas nacionales se ejecuten conforme con las normas técnicas y mediante los procedimientos establecidos para su validez y su confiabilidad. El Delegado Auxiliar tendrá la responsabilidad y el deber de asistir al delegado ejecutivo en todas aquellas tareas que fuese necesario para poder administrar exitosamente las pruebas nacionales.

Artículo 101.—De las funciones de los Educadores Administradores de Pruebas Nacionales. Corresponde a los educadores administradores de pruebas nacionales:

a)  Entregar y explicar a los estudiantes en forma general, al inicio de la prueba, el contenido y estructura de ésta, según las indicaciones específicas que para este fin haya dispuesto la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.

b)  Garantizar que el desarrollo de la prueba se realice en condiciones que garanticen la validez y confiabilidad de sus resultados.

c)  Garantizar que los estudiantes realicen su trabajo según las indicaciones previamente establecidas para ello.

d)  Atender cualquier circunstancia especial, propia en la administración de la prueba, que se produjere durante el desarrollo de ésta.

e)  Entregar debidamente ordenados los cuestionarios y documentos de respuestas de los estudiantes al Delegado Ejecutivo.

f)   Cualquier otra que se señale en este Reglamento o que deriven de la naturaleza de sus funciones.

Artículo 102.—De los Deberes de los Delegados Ejecutivos, Delegados Auxiliares y de los Educadores Administradores de las Pruebas Nacionales. Los delegados ejecutivos, los delegados auxiliares y los educadores administradores de las Pruebas Nacionales tienen, entre otros, los siguientes deberes:

a)  Presentarse a la respectiva institución educativa con una antelación no inferior a treinta minutos en relación con la hora a la que hayan sido convocados los estudiantes examinados.

b)  Informar, en la oportunidad y por el medio que previamente se le indique, a las autoridades competentes sobre asuntos referentes a la prueba.

c)  Abstenerse de suministrar datos o informes sobre el desarrollo de la actividad a funcionarios, personas o agentes que no estén previamente autorizados por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad o por el Despacho del Ministro para requerir y obtener la información.

d)  Atender, en el ámbito de su competencia, en forma solícita y cortés a los padres de familia, encargados de los educandos y autoridades educativas del centro cuando éstos soliciten explicaciones especiales en torno a los resultados de las pruebas.

e)  Otras que expresamente se le señalen.

Artículo 103.—De las acciones fraudulentas en la realización de Pruebas Nacionales. Si durante el desarrollo de una prueba nacional se sorprendiera in fraganti a uno o varios postulantes en la comisión de fraude, se suspenderá de inmediato el desarrollo de la prueba a él o ella o a los infractores, se les calificará la prueba, con la nota mínima de la escala establecida en el artículo 6 de este Reglamento y se procederá a levantar un acta sucinta del hecho, que será firmada por el Delegado o Delegados.

Si con anterioridad a la administración de una de las Pruebas Nacionales, el Delegado Ejecutivo correspondiente, tuviese conocimiento de indicios que hagan presumir el intento de consumar un fraude, que afecte en forma general la validez de la prueba, suspenderá la administración de ésta y establecerá comunicación, por la vía más rápida disponible, con la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad y actuará conforme con las instrucciones que esta Dirección le gire.

Artículo 104.—De los Tribunales Calificadores para las Pruebas de Bachillerato. Para las pruebas nacionales de “Bachillerato en Educación Media”, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, integrará Tribunales Calificadores de esta Prueba Nacional, constituidos por especialistas en las respectivas asignaturas quienes tendrán la responsabilidad de calificar las pruebas, en lo relativo a la producción escrita o desarrollo, sin perjuicio de los medios electrónicos que para tal efecto se utilicen.

Estos Tribunales Calificadores sólo se conformarán cuando la prueba nacional en cuestión, contenga ítemes cuya respuesta sea de desarrollo o producción escrita. La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, integrará tantos Tribunales Calificadores como fueren necesarios para garantizar la oportuna y objetiva calificación de las pruebas. El ámbito de competencia de los Tribunales es de carácter nacional.

Artículo 105.—Del ente responsable de las Pruebas Diagnósticas. La definición de la muestra, comunicación y coordinación de los centros educativos seleccionados, planificación, administración y calificación de las pruebas diagnósticas nacionales, es responsabilidad de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Las pruebas diagnósticas internacionales se regirán por su propio protocolo.

Artículo 106.—De la información a los centros educativos seleccionados para las pruebas diagnósticas. La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad informará tanto a los centros educativos incluidos en la muestra como a las respectivas Direcciones Regionales, las características y los procedimientos para la aplicación de las pruebas nacionales diagnósticas.

SECCIÓN II

De la obtención de los certificados de II y III

Ciclos de Educación General Básica

Artículo 107.—De la obtención de los certificados de II y III Ciclos de la Educación General Básica. Se hará acreedor al Certificado de Conclusión de Estudios del II Ciclo de la Educación General Básica, el estudiante que apruebe la totalidad de las asignaturas de sexto año, según lo establecen los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de este Reglamento. Para el caso de los IPEC o CINDEA será preciso que el estudiante apruebe 127 créditos del primer nivel del plan modular respectivo.

Se hará acreedor al Certificado de Conclusión de Estudios de la Educación General Básica; el estudiante que apruebe la totalidad de las asignaturas de noveno año de acuerdo con lo que establecen los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de este Reglamento. Para el caso de los estudiantes de los IPEC o CINDEA será preciso, además, que hubiesen aprobado 119 créditos del segundo nivel del plan modular respectivo.

Artículo 108.—De los certificados de conclusión de II o III Ciclo con mención de excelencia. El certificado de Conclusión de II Ciclo de la Educación General Básica o el de Conclusión de Estudios del la Educación General Básica, se hará acompañar de una mención de excelencia, cuando el estudiante hubiese obtenido calificaciones iguales o superiores a 90 en cada uno de los promedios anuales de las asignaturas del plan de estudios de sexto o de noveno año, respectivamente.

SECCIÓN III

Las Pruebas de Bachillerato en Educación Media

Artículo 109.—De los Contenidos Programáticos del Examen de Bachillerato en Educación Media. Las pruebas de Bachillerato en Educación Media serán comprensivos de la materia desarrollada durante la Educación Diversificada y versarán sobre los contenidos programáticos correspondientes a las disciplinas de:

a)  Español.

b)  Estudios Sociales.

c)  Educación Cívica.

d)  Ciencias.

e)  Matemática.

f)   Idioma extranjero.

Se hará una prueba por cada una de las seis disciplinas señaladas.

En Ciencias, el interesado escogerá entre Física, Química o Biología. En idioma extranjero, escogerá entre Inglés o Francés. La prueba de Español estará subdividida en Composición y Ortografía, y Gramática y Literatura.

Artículo 110.—De la Inscripción del Postulante y la Selección del Idioma Extranjero y la Disciplina Científica. Para rendir las pruebas de Bachillerato en Educación Media y poder optar por el correspondiente título, los estudiantes regulares del último año de la Educación Diversificada y aquellos del plan modular deberán, previamente, inscribirse como postulantes en el mes de abril del año respectivo, utilizando los formularios que, al efecto, se les proveerán en su centro educativo. En esta solicitud, el postulante deberá expresar en cuál disciplina científica y en cuál idioma extranjero va a rendir su prueba de Bachillerato. Esta solicitud deberá ser entregada a la administración de la institución respectiva a más tardar el último día hábil del mes de abril que corresponda.

Corresponde al director de la institución garantizar que los estudiantes cumplan debidamente con la solicitud de inscripción señalada así como con la oportuna selección de la ciencia y el idioma extranjero que corresponda.

Artículo 111.—De la Convocatoria Ordinaria a Pruebas de Bachillerato en Educación Media. La convocatoria ordinaria para realizar las pruebas de bachillerato, será en las fechas que disponga y comunique con debida antelación el despacho del Ministro de Educación Pública. En esta convocatoria sólo podrán presentar las pruebas los estudiantes regulares que hayan aprobado el último año del plan de estudios de la Educación Diversificada y los estudiantes de los IPEC y CINDEA que hayan aprobado todos los módulos o asignaturas del III Nivel de su plan modular; en ambos casos es necesario que los alumnos se hayan inscrito previamente como postulantes. También podrán presentar estas pruebas aquellos que se postulen por segunda vez en razón de que no hubiesen aprobado los exámenes de bachillerato en la convocatoria inmediata anterior.

No obstante, en la segunda semana del mes de setiembre de cada año se realizará una convocatoria ordinaria especial para los estudiantes de Educación Técnica Profesional cuyo plan de estudios así lo exija, según disposición previa del Consejo Superior de Educación. En este caso y para los postulantes que lo requieran, la convocatoria extraordinaria se ajustará a lo dispuesto en el artículo 112 de este Reglamento.

Para presentar las pruebas nacionales de bachillerato los estudiantes de undécimo año de los colegios nocturnos, además de lo señalado en el párrafo primero de este artículo, deben haber aprobado la totalidad de las asignaturas correspondientes a décimo año.

Artículo 112.—De la Convocatoria Extraordinaria a Pruebas de Bachillerato en Educación Media. La convocatoria extraordinaria se realizará en las fechas que, al efecto, defina el Despacho del Ministro de Educación Pública, de acuerdo con la conveniencia de los diversos ciclos lectivos tanto del sistema formal regular, sistemas abiertos y de las universidades.

En esta convocatoria sólo podrán presentarse quienes tuviesen que presentar los exámenes por segunda vez por haber improbado en la ocasión anterior o quienes no pudieron presentarse a la convocatoria ordinaria inmediata anterior en razón de enfermedad muy grave debidamente certificada, por muerte de un familiar en primer grado o por estar fuera del país como parte de una representación nacional oficial. En estos dos últimos casos, deberá presentar certificación oficial de la situación que provocó su ausencia.

Artículo 113.—De la Valoración Final del Postulante en las Pruebas de Bachillerato en Educación Media. La calificación del postulante en cada una de las asignaturas, se determinará mediante la combinación porcentual de la calificación obtenida en la respectiva prueba de Bachillerato con la “nota de presentación”. La “nota de presentación” se define como el promedio de las calificaciones obtenidas por el estudiante en décimo año y en los dos primeros trimestres de undécimo año en Español, Matemática, Estudios Sociales y Educación Cívica, Inglés o Francés (según corresponda) y Biología, Química o Física (según corresponda). Para el caso de los colegios técnicos se considerarán las calificaciones obtenidas por el estudiante en décimo año, undécimo año y los dos primeros trimestres de duodécimo año en las mismas asignaturas señaladas anteriormente.

La combinación porcentual señalada para el cálculo de la calificación final se realizará en la forma siguiente:

a)  La “nota de presentación” correspondiente al promedio de las calificaciones señaladas en el párrafo anterior constituirá el 40% del total de la calificación final de la asignatura.

b)  La calificación obtenida en la respectiva prueba de bachillerato tendrán un valor del 60% del total de la calificación final de la asignatura.

La calificación de la prueba nacional de Bachillerato en español será el promedio de las calificaciones que obtenga el postulante en Composición y Ortografía y Gramática. Para todos los efectos anteriores, la escala utilizada será de 1 a 100.

Artículo 114.—Criterios de Aprobación del Bachillerato. Los postulantes que alcancen, según el procedimiento descrito en el artículo anterior de este Reglamento; una calificación final igual o superior a 70, se tendrán por aprobados en la respectiva asignatura.

Artículo 115.—De la consignación de los resultados de las pruebas de Bachillerato en Educación Media. Concluido el proceso de calificación de la prueba y establecido el resultado final de cada estudiante, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, procederá a elaborar las actas respectivas, las que remitirá a cada institución educativa junto con el documento que transcribe los resultados.

Artículo 116.—Entrega de los resultados de las Pruebas de Bachillerato en Educación Media. Recibida el Acta donde la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, informa los resultados de las pruebas y las calificaciones finales, el Director de la institución, convocará a los postulantes y al profesor de la disciplina correspondiente, con el fin de comunicarles en sesión formal los resultados obtenidos.

El postulante tendrá derecho a revisar y confrontar los resultados obtenidos en la prueba, con el documento que transcribe las respuestas correctas. Para estos efectos, podrán contar con la colaboración del profesor de la respectiva disciplina.

El postulante disconforme con el resultado, podrá plantear la respectiva apelación según se dispone en la sección correspondiente de este capítulo.

Artículo 117.—De la Obligación del Servicio Comunal Estudiantil para los postulantes al Bachillerato en Educación Media. En cada institución educativa de Educación Diversificada, salvo los colegios nocturnos, IPEC, CINDEA y aquellas otras instituciones o programas expresamente excluidos por acuerdo del Consejo Superior de Educación, se organizará durante el respectivo curso lectivo, con la obligada participación de los postulantes al Bachillerato en Educación Media, la realización de un Servicio Comunal Estudiantil de conformidad con la reglamentación específica dictada al efecto. Este Servicio Comunal Estudiantil tendrá los siguientes objetivos:

a)  Fortalecer los valores cívicos del estudiante.

b)  Desarrollar los sentimientos de solidaridad y comprensión humanas.

c)  Establecer sentimientos de compromiso y desarrollar actitudes de cooperación para con la comunidad.

d)  Proyectar la institución en su entorno social y económico.

Artículo 118.—Del Título de Bachiller en Educación Media. El postulante que aprobare la totalidad de las pruebas nacionales de bachillerato de conformidad con lo que se señala en este Reglamento, se hará acreedor al Título de Bachiller en Educación Media siempre que, a su vez, hubiere aprobado la totalidad de las asignaturas del respectivo año escolar y que hubiese cumplido satisfactoriamente con el Servicio Comunal Estudiantil al que se refiere el artículo anterior de este Reglamento. Se eximen de éste último requisito los estudiantes de los colegios nocturnos y los de aquellas otras instituciones expresamente autorizadas mediante acuerdo del Consejo Superior de Educación.

Artículo 119.—Bachillerato de Excelencia. El título de Bachiller en Enseñanza Media se hará acompañar de la mención de BACHILLER CON EXCELENCIA, cuando el postulante hubiere obtenido una calificación igual o superior a noventa en cada uno de los exámenes de bachillerato.

Artículo 120.—De la convocatoria para el postulante que repruebe la prueba de bachillerato. El postulante que, de conformidad con las normas anteriores repruebe en una o en varias asignaturas, en la convocatoria ordinaria que se señala en el artículo 111, tendrá derecho a postularse, por una sola vez, en la convocatoria inmediata siguiente que se administre, según lo dispuesto en el artículo 112.

Adicionalmente, estos postulantes también podrán optar por rendir las pruebas correspondientes en el Sistema de Educación Abierta que administra el Ministerio de Educación Pública. En este caso, se tendrá por aprobadas las asignaturas conforme a las normas anteriores.

El postulante que apruebe según lo dispuesto en el artículo anterior de este Reglamento, tendrá derecho a graduarse en la institución de procedencia para cuyo efecto deberá aportar las certificaciones correspondientes.

SECCIÓN IV

De la comunicación y aplicación de los resultados

de las Pruebas Nacionales

Artículo 121.—De la comunicación de los resultados. El Ministerio de Educación Pública, comunicará a la comunidad educativa nacional los resultados de las pruebas señaladas en el artículo 89 de este Reglamento y los utilizará para tomar las decisiones técnicas y administrativas, que permitan cumplir a cabalidad con los objetivos señalados en el artículo 91 de este Reglamento.

Artículo 122.—Del informe al Consejo Superior de Educación. Durante el primer semestre, del curso lectivo inmediato siguiente a la aplicación de cada una de las pruebas nacionales, señaladas en el artículo 89 de este Reglamento, el Ministerio de Educación Pública brindará al Consejo Superior de Educación, la información detallada de los resultados obtenidos, las estrategias adoptadas o las propuestas planteadas al Consejo, que coadyuven en el mejoramiento cualitativo de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje en aquellas áreas donde el Sistema Educativo lo requiera, según se deduzca de esos resultados.

SECCIÓN V

De los recursos contra los resultados de las Pruebas Nacionales

Artículo 123.—De las normas generales de presentación de los recursos. El estudiante, el padre de familia o el encargado, podrá requerir la revisión de la calificación obtenida en cualquiera de las pruebas nacionales, cuando se sustenten en hechos concretos, específicos y verificables correspondientes a su estructura, administración o calificación. Igualmente, pueden requerir la revisión de la nota final correspondiente obtenida por el estudiante.

Artículo 124.—De los recursos en las Pruebas Nacionales De Bachillerato En Educación Media. Los recursos contra la calificación de las Pruebas de Bachillerato, deben plantearse a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad y deberán entregarse, por escrito, ante el Director de la respectiva Institución dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrega de los resultados. El recurso debe contener en forma, debidamente razonada y fundada, el señalamiento expreso y detallado de los aspectos que se objetan.

Artículo 125.—Del trámite de los recursos. El director de la institución remitirá a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, la totalidad de las apelaciones recibidas, dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo con que cuenta el estudiante para interponerlas. Para este efecto, el director utilizará la vía más rápida posible, sin perjuicio del empleo de medios electrónicos o telemáticos.

La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad dictará la resolución final dentro de los tres días hábiles siguientes a su recibo, plazo que en casos muy complejos puede extenderse hasta por otro período igual.

Con el fin de dictar su resolución, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad podrá solicitar asesoraría a los especialistas que estime convenientes.

SECCIÓN VI

De la Información y Comunicación de las Normas

que rigen las Pruebas Nacionales

Artículo 126.—De la Comunicación de las Normas que rigen las Pruebas Nacionales. El director de cada institución realizará el número de reuniones que fueren necesarias para informar a los estudiantes y a sus padres o encargados en torno a las disposiciones contenidas en este capítulo, con el fin de lograr una clara comprensión de los alcances de éstas, de sus derechos y deberes y de la trascendencia de las Pruebas Nacionales.

Artículo 127.—Del envío de información por parte del Director de la Institución. Será obligación del director de cada institución, remitir en su oportunidad, en la forma y mediante el procedimiento que indique la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, toda la información que se requiera para la adecuada administración del proceso.

Artículo 128.—De las autorizaciones especiales para el Ministerio de Educación Pública en torno a las Pruebas Nacionales. Queda autorizado el Ministerio de Educación Pública para que adopte y ejecute las disposiciones técnicas y administrativas necesarias, según se requiera en las diversas ramas y modalidades del sistema educativo, con el fin de alcanzar una adecuada institucionalización del proceso de Pruebas Nacionales.

En casos especiales, las fechas para la realización de las pruebas nacionales, previstas en el artículo 111 de este Reglamento, podrán ser modificadas parcial o totalmente por el Ministro de Educación Pública, quien deberá informarlo al Consejo Superior de Educación y a todas las Instituciones Educativas directamente interesadas con suficiente antelación.

CAPÍTULO V

De las Comunicaciones y Recursos

SECCIÓN I

De las Comunicaciones

Artículo 129.—De los Instrumentos de Comunicación. Cada institución educativa, sin perjuicio de otros medios idóneos y de lo que señale este Reglamento, mantendrá comunicación con los padres de familia o encargados por medio del:

a)  Informe escolar.

b)  Cuaderno de comunicaciones.

c)  Instrumentos de medición calificados.

d)  Entrevista personal.

Artículo 130.—Del uso Obligatorio del Cuaderno de Comunicaciones. El cuaderno de comunicaciones será de uso obligatorio para los siguientes efectos:

a)  Convocar a cita a los padres de familia o encargados para que se presenten en la institución, salvo cuando se trate de reuniones generales en que se podrá utilizar otro medio idóneo.

b)  Informar a los padres de familia o encargados sobre actitudes, acciones y en general, conductas meritorias del estudiante.

c)  Informar a los padres de familia o encargados sobre conductas indebidas del estudiante.

d)  Cualquier otro asunto que los docentes o las autoridades institucionales estimen conveniente.

Artículo 131.—Del envío de los Instrumentos de Medición a los Padres de Familia o Encargados. Los instrumentos de medición debidamente calificados deben ser remitidos a los padres de familia o encargados con los estudiantes, para su conocimiento y firma. El docente controlará el cabal cumplimiento de esta función de los padres o encargados.

Artículo 132.—De la Notificación de los Informes enviados por la Institución. Los informes que se envíen a los padres de familia o encargados, mediante el cuaderno de comunicaciones, así como los que se realicen mediante el envío de los instrumentos de medición, se tendrán por notificados para todo efecto, al día siguiente de la fecha que consigne la comunicación o se entregue el instrumento al estudiante. Es obligación del padre de familia, requerir diariamente a sus hijos sobre este particular.

Artículo 133.—Del Informe Escolar. Al finalizar cada uno de los períodos en que se divide el año escolar, el Centro Educativo entregará al padre de familia o encargado del estudiante, el documento denominado “Informe escolar”, según el formato que disponga el Ministerio de Educación Pública. En este documento se consignará:

a)  El rendimiento escolar progresivo del estudiante con base en la evaluación del aprendizaje.

b)  La valoración de la conducta.

c)  Las potencialidades o limitaciones de los estudiantes y sus necesidades de atención especial.

d)  Los reconocimientos a que se haya hecho acreedor el estudiante por sus méritos especiales.

Artículo 134.—De la Entrevista Personal. Por entrevista personal se entenderá el acto en que el educador o los funcionarios competentes de la institución, intercambian verbalmente con los padres de familia o encargados información relativa al estudiante, con el propósito de que la institución y el hogar unan sus esfuerzos, con miras a las modificaciones de conducta que el estudiante requiera. Las comunicaciones telefónicas no tendrán este carácter.

SECCIÓN II

Objeciones y Recursos

Artículo 135.—De las Divergencias o Conflictos. A las divergencias o conflictos que se suscitaren entre docentes y alumnos o entre los docentes y los padres de familia o encargados, dentro del proceso de evaluación o con motivo de la aplicación del presente Reglamento, se procurará encontrarles solución en consonancia con los principios y fines de la educación, con la materia aquí regulada y con la rectitud y buena fe con que deben actuar las partes involucradas en ese proceso.

Artículo 136.—De la Facultad y el Deber de Rectificar Errores. Los docentes tienen la facultad y el deber de rectificar en forma inmediata y de oficio, los errores de hecho y de derecho en que incurrieren dentro del proceso de evaluación, tanto cuando se percaten de aquellos o bien por la oportuna y respetuosa observación de sus alumnos.

Artículo 137.—De los Recursos. A falta de un arreglo directo, los alumnos o sus padres o encargados, tendrán derecho a ejercer por escrito y debidamente motivados, los recursos que se indican a continuación, sin perjuicio de otras disposiciones específicas señaladas en este Reglamento.

1)  Contra cualquier acción correctiva procederá recurso administrativo debidamente fundamentado ante el director de la institución, el que deberá ser presentado por escrito a más tardar el tercer día hábil después de comunicada la acción correctiva, que no podrá ser ejecutada mientras no venza el período indicado para impugnarlo. El director tendrá ocho días hábiles para dar respuesta.

2)  Todo alumno, padre o encargado, inconforme con la apreciación del resultado de las pruebas, la materia incluida y otras circunstancias justificadas, tiene derecho a:

a)  En primera instancia, solicitar revisión directamente al profesor de la asignatura o maestro de grado, quien tendrá un máximo de tres días hábiles para su resolución.

b)  En segunda instancia, solicitar revisión ante el director de la institución, el cual tendrá un máximo de cinco días hábiles para resolver.

La solicitud de revisión deberá ser presentada dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrega del resultado de la prueba o del informe del hogar respectivo. El recurso ante el director debe ser presentado en el plazo máximo de tres días hábiles inmediatos a la resolución del docente. El Director, antes de resolver, pedirá un informe al docente respectivo y podrá solicitar los dictámenes que estime a bien al Comité de Evaluación, al Departamento correspondiente o a cualquier órgano del Ministerio competente. El Director resolverá en definitiva.

3)  Contra la calificación de la conducta cabrá recurso administrativo debidamente fundamentado ante el director de la institución el que deberá ser presentado por escrito a más tardar el tercer día hábil después de la entrega del Informe al Hogar. El director tendrá ocho días hábiles para dar respuesta. El fallo del director es definitivo.

CAPÍTULO VI

Disposiciones Finales

Artículo 138.—Del Establecimiento de Normativas Internas. El Consejo de Profesores o la reunión de maestros de cada Institución Educativa, según corresponda, establecerá y aprobará la normativa interna del respectivo centro educativo, de conformidad con las peculiaridades sociales, económicas y culturales de la población a la que sirve y en acatamiento a las directrices generales que emita el Ministerio de Educación Pública y comunique por medio de la Dirección Regional de Enseñanza respectiva. Dicha normativa debe hacerse del conocimiento de estudiantes y padres de familia antes de ser aplicada y al inicio de cada curso lectivo.

Artículo 139.—De las Condicionantes de la Normativa Interna. La Normativa Interna que se establezca en cada centro educativo deberá respetar las Leyes y Reglamentos generales del sistema educativo y la normativa vigente.

Artículo 140.—De la Legislación Derogada por este Reglamento. Deróguese el Decreto Ejecutivo 31635-MEP, del 04 de febrero de 2004, así como los siguientes: Decreto Ejecutivo 32681-MEP del 22 de junio de 2005; Decreto Ejecutivo 32870-MEP del 13 de diciembre de 2005; Decreto Ejecutivo 32923-MEP del 09 de enero de 2006; Decreto Ejecutivo 32970-MEP del 27 de febrero de 2006; Decreto Ejecutivo 33393-MEP del 12 de setiembre de 2006; Decreto Ejecutivo 33546-MEP del 24 de enero de 2007; Decreto Ejecutivo 34449-MEP del 17 de abril de 2008; Decreto Ejecutivo 34886-MEP del 21 de noviembre de 2008 y Decreto Ejecutivo 35055-MEP del 18 de febrero de 2009.

Artículo 141.—Rige. A partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dos días del mes de junio de 2009.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier Rímolo.—1 vez.—(O. C. Nº 93153).—(Solicitud Nº 13875).—C-1540445.—(D35355-58796).

Nº 35361-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; la Ley Nº 2366, Ley de la Editorial Nacional de 10 de junio de 1959 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo Nº 32452-H de 29 de junio de 2005 y sus reformas y el Decreto Ejecutivo Nº 34404-H de 5 de marzo de 2008 y sus reformas.

Considerando:

1º—Que mediante la Ley Nº 2366, publicada en La Gaceta Nº 132 de 14 de junio de 1959 y sus reformas, se creó la Editorial Costa Rica, con el fin de fomentar la cultura del país mediante la edición de obras literarias, artísticas y científicas de costarricenses y de extranjeros en casos de mérito especial.

2º—Que de conformidad con el artículo 2° de dicha Ley, la Editorial Costa Rica publicará las obras didácticas que por disposición oficial del Ministerio de Educación Pública, deban ser usadas en escuelas y colegios del Estado. Además, según el numeral 3°, deberá estimular a los autores costarricenses, para lo cual publicará sus libros, procurando el menor costo y la mayor divulgación, y anteponer, en beneficio de la cultura costarricense, las metas de divulgación cultural, a las de tipo comercial.

3º—Que por medio del oficio DM-0338-2009 de 13 de abril del 2009, la Ministra de Cultura y Juventud, en conjunto con la Gerente de la Editorial Costa Rica, solicitan ampliar el gasto presupuestario máximo de la Editorial Costa Rica en ¢340.696.132,40 (trescientos cuarenta millones seiscientos noventa y seis mil ciento treinta y dos colones con cuarenta céntimos), con el fin de financiar dos proyectos de suma importancia para la operación de la institución, a saber: reedición de 52 libros por cambio de tecnología y establecimiento de edificio sede para la Editorial Costa Rica.

4º—Que dicho monto se financiará con superávit libre de la institución y con estos recursos se atenderán gastos relacionadas con impresión, encuadernación y otros, así como para la compra de terreno y construcción del edificio que albergará a la Editorial Costa Rica.

5º—Que se excluye de la presente solicitud de ampliación del gasto presupuestario máximo la suma de ¢114.847.000,00 (ciento catorce millones ochocientos cuarenta y siete mil colones exactos), contemplados en la subpartida de “Impresión, encuadernación y otros”, por estar contemplados como una exclusión específica de la Editorial Costa Rica en el artículo 2° del Decreto Ejecutivo Nº 34404-H, publicado en La Gaceta Nº 56 de 19 de marzo de 2008 y sus reformas.

6º—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32452-H, publicado en La Gaceta Nº 130 de 6 de julio de 2005 y sus reformas, se emite el “Lineamiento para la aplicación del artículo 6 de la Ley Nº 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la regulación de la clase de ingresos del Sector Público denominada Financiamiento”.

7º—Que el artículo 7° del decreto citado en el considerando anterior, dispone que los recursos de financiamiento que provienen de vigencias anteriores -superávit libre- son parte del patrimonio de los órganos y las entidades y pueden utilizarlo en períodos subsiguientes para financiar gastos que se refieran a la actividad ordinaria de éstas, con los cuales se atienda el interés de la colectividad, el servicio público y los fines institucionales, siempre que -como en el presente caso- no tengan el carácter permanente o generen una obligación que requiera financiarse a través del tiempo, como la creación de plazas para cargos fijos, o cualquier otro compromiso de la misma naturaleza.

8º—Que mediante el citado Decreto Ejecutivo Nº 34404-H, se emitieron las Directrices Generales de Política Presupuestaria para el año 2009, estableciéndose en el artículo 1º del citado Decreto, el gasto presupuestario del año 2009 para las entidades cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.

9º—Que con el Decreto Ejecutivo Nº 35122-H, publicado en el Alcance Nº 14 a La Gaceta Nº 71 de 14 de abril del 2009, se amplió el gasto presupuestario máximo autorizado a la Editorial Costa Rica para el año 2009, el cual se fijó en ¢294.550.000,00 (doscientos noventa y cuatro millones quinientos cincuenta mil colones exactos), cifra que no contempla los gastos indicados en el considerando 4 de este decreto.

10.—Que por lo anterior, resulta necesario modificar el gasto presupuestario máximo fijado a la Editorial Costa Rica para el año 2009, incrementándolo en la suma de ¢225.849.132,40 (doscientos veinticinco millones ochocientos cuarenta y nueve mil ciento treinta y dos colones con cuarenta céntimos). Por tanto;

Decretan:

Artículo 1º—Modifícase para la Editorial Costa Rica, el gasto presupuestario máximo para el 2009, establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 35122-H, publicado en el Alcance Nº 14 a La Gaceta Nº 71 de 14 de abril del 2009, quedando el límite de gasto presupuestario máximo en la suma de ¢520.399.132,40 (quinientos veinte millones trescientos noventa y nueve mil ciento treinta y dos colones con cuarenta céntimos), para ese período.

Artículo 2º—Es responsabilidad de la administración activa de la Editorial Costa Rica, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta Nº 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, así como en el Decreto Ejecutivo Nº 32452-H, publicado en La Gaceta Nº 130 de 6 de julio de 2005 y sus reformas.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Hacienda, Guillermo E. Zúñiga Chaves.—1 vez.—(O. C. Nº 5120).—(Solicitud Nº 13542).—C-77270.—(D35361-59704).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Nº 626-PE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MIMSTRO DE LA PRESIDENCIA

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, previstas en los artículos 140, inciso 20) y 146 de la Constitución Política,

ACUERDAN:

Artículo 1º—Integrar en la Comitiva Oficial que acompañará al Señor Presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, en su viaje a Managua, Nicaragua, en visita oficial para asistir a la XXXIV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a realizarse el día 29 de junio del 2009, a las siguientes personas:

•    Sr. Bruno Stagno Ugarte, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

•    Sra. Mayi Antillón Guerrero, Ministra de Comunicación y Enlace.

•    Srta. Gabriela Jiménez Cruz, Directora de Protocolo y Asesora Presidencial en Asuntos Internacionales.

•    Sr. Marco Vinicio Vives Solís, Director de Giras y Eventos Presidenciales.

•    Srta. Vanessa Calderón Suárez, Periodista.

•    Sr. Víctor Hugo Vargas Mora, Camarógrafo.

•    Sr. Wálter Solano Montero, Escolta Presidencial.

•    Sr. Roderico Mora Carranza, Escolta Presidencial.

•    Sr. Abel Fernández Alfaro, Escolta Presidencial.

•    Sr. Christian Giró Gómez, Escolta Presidencial.

Artículo 2º—Rige el día 29 de junio del 2009.

Dado en la Presidencia de la Republica, a los veintitrés días del mes de junio del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de la Presidencia a. í., Roberto Thompson Chacón.—1 vez.—O. C. 98674.—(Solicitud Nº 90).—C-20270.—(58798).

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Nº 05-2009-GRH-DGME

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Según oficio AJ-0195-2007-CMM, y resolución Nº 10990, del Tribunal de Servicio Civil, San José, a las nueve horas veinte minutos, del veintisiete de marzo de dos mil siete y de conformidad con los artículos 14 inciso a), 190 inciso ch) del Estatuto de Servicio Civil y 63 inciso a) de su Reglamento.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Despedir sin responsabilidad patronal al señor Minor Palomo Bonilla, cédula Nº 1-517-399, nombrado en el puesto Nº 094032, como oficinista 3, destacado en la Dirección General de Migración y Extranjería, Oficinas Centrales, Órgano del Ministerio de Gobernación y Policía.

Artículo 2º—Rige a partir del 01 de enero del 2009.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a las nueve horas del seis de mayo del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Janina Del Vecchio Ugalde.—1 vez.—(O. C. Nº 94769-Migración).—(Solicitud Nº 18334).—C-11270.—(58687).

Nº DGM 60-2009

LA MINISTRA DE GOBERNACIÓN, POLICÍA

Y SEGURIDAD PÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, 31, 34 y 36 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la República mediante resolución R-CO-1-2007, de las 15 horas del 22 de enero de 2007, así como lo dispuesto en la Ley Nº 8627 o Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2009.

Considerando:

1º—Que el seminario “Administración Ejecutiva Pública para Países Latinoamericanos” a celebrarse en la Escuela Nacional de Administración en China los días 22 de junio al 12 de julio del año 2009, es de interés para el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública.

2º—Que a efectos de representar a Costa Rica en el seminario a que hace referencia el Considerando Primero anterior, se ha designado a la señora Nuria Yamileth Mora Campos, cédula Nº 3-0224-0843, Encargada del Subproceso de Valoración Técnica de la Dirección General de Migración y Extranjería órgano del Ministerio de Gobernación y Policía de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Migración y Extranjería Nº 8487. Por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a Nuria Yamileth Mora Campos, cédula Nº 3-0224-0843 para que participe en el seminario “Administración Ejecutiva Pública para Países Latinoamericanos” a celebrarse en la Escuela Nacional de Administración en China los días 22 de junio al 12 de julio del año 2009.

Artículo 2º—Los gastos de la señora Nuria Yamileth Mora Campos por concepto de viáticos en el exterior para sufragar gastos de tiquete aéreo, de hospedaje, alimentación y transporte de los días 22 de junio al 12 de julio del 2009 serán cubiertos por la Escuela Nacional de Administración en China. Los gastos de hospedaje, transporte hotel-aeropuerto-hotel, alimentación y gastos menores de los días 19 al 21 de junio y 13 al 14 de julio del 2009 serán cubiertos con recursos del Programa 054-01. Los gastos menores de los días 22 de junio al 12 de julio serán cubiertos por el programa 054-01 de la Dirección General de Migración y Extranjería. Los gastos por concepto de impuestos de entrada y salida correspondientes serán cubiertos con recursos del Programa 054-01 Dirección General de Migración y Extranjería.

Artículo 3º—Que durante los días 22 de junio al 12 de julio todos del año 2009, se autoriza la participación de Nuria Yamileth Mora Campos, en la actividad a la que se refiere este acuerdo, devengando el 100% de su salario.

Artículo 4º—Rige del 19 de junio al 14 de julio del año 2009.

Dado en el Ministerio de Gobernación y Policía, a los ocho días del mes de junio del 2009.

Janina Del Vecchio Ugalde, Ministra de Gobernación, Policía y Seguridad Pública.—1 vez.—(Solicitud Nº 18335).—(O. C. Nº 94769).—C-24770.—(58689).

Nº DGM 61-2009

LA MINISTRA DE GOBERNACIÓN, POLICÍA

Y SEGURIDAD PÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, 31, 34 y 36 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la República mediante resolución R-CO-1-2007, de las 15 horas del 22 de enero de 2007, así como lo dispuesto en la Ley Nº 8627 o Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2009.

Considerando:

1º—Que el seminario “Administración Ejecutiva Pública para Países Latinoamericanos” a celebrarse en la Escuela Nacional de Administración en China los días 22 de junio al 12 de julio del año 2009, es de interés para el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública.

2º—Que a efectos de representar a Costa Rica en el seminario a que hace referencia el Considerando Primero anterior, se ha designado al señor Jorge Murillo González, cédula Nº 1-0981-0324, Encargado del Subproceso de Visas Restringidas de la Dirección General de Migración y Extranjería órgano del Ministerio de Gobernación y Policía de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Migración y Extranjería Nº 8487. Por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a Jorge Murillo González, cédula Nº 1-0981-0324, para que participe en el seminario “Administración Ejecutiva Pública para Países Latinoamericanos” a celebrarse en la Escuela Nacional de Administración en China los días 22 de junio al 12 de julio del año 2009.

Artículo 2º—Los gastos del señor Jorge Murillo González, por concepto de viáticos en el exterior para sufragar gastos de tiquete aéreo, de hospedaje, alimentación y transporte de los días 22 de junio al 12 de julio del 2009 serán cubiertos por la Escuela Nacional de Administración en China. Los gastos de hospedaje, transporte hotel-aeropuerto-hotel, alimentación y gastos menores de los días 19 al 21 de junio y 13 al 14 de julio del 2009 serán cubiertos con recursos del Programa 054-01. Los gastos menores de los días 22 de junio al 12 de julio serán cubiertos por el programa 054-01 de la Dirección General de Migración y Extranjería. Los gastos por concepto de impuestos de entrada y salida correspondientes serán cubiertos con recursos del Programa 054-01 Dirección General de Migración y Extranjería.

Artículo 3º—Que durante los días 22 de junio al 12 de julio todos del año 2009, se autoriza la participación de Jorge Murillo González, en la actividad a la que se refiere este acuerdo, devengando el 100% de su salario.

Artículo 4º—Rige del 19 de junio al 14 de julio del año 2009.

Dado en el Ministerio de Gobernación y Policía, a los ocho días del mes de junio del 2009.

Janina Del Vecchio Ugalde, Ministra de Gobernación, Policía y Seguridad Pública.—1 vez.—(Solicitud Nº 18335).—(O. C. Nº 94769).—C-30770.—(58690).

MINISTERIO DE HACIENDA

Nº 032-H.—San José, 1º de junio del 2009

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EJERCICIO

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Considerando:

I.—Que la señora Dericka Subaby Moss Gibbs, mayor de edad, soltera, Licenciada en Administración de Aduanas, vecina de Limón, Barrio Cristóbal Colón, cuatrocientos metros al sur del puente, mano derecha, casa color blanca, con verjas negras; portadora de la cédula de identidad número siete-ciento veinticinco-doscientos quince, presentó en fecha 29 de enero del 2009, solicitud a fin de que se le otorgue licencia para actuar como Auxiliar de la Función Pública Aduanera, tipo agente aduanero conforme lo dispuesto en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), Ley Nº 8360 del 24 de junio 2003, publicado en La Gaceta Nº 130 del 8 de julio del 2003, la Ley Nº 7557 del 20 de octubre de 1995, Ley General de Aduanas, publicada en La Gaceta Nº 212 del 8 de noviembre de 1995 y sus reformas, Decreto Ejecutivo Nº 25270-H del 14 de junio de 1996, Reglamento a la Ley General de Aduanas, publicado en el Alcance Nº 37 a La Gaceta Nº 123 del 28 de junio de 1996 y sus reformas. (Folios 01, 02, 04, 05, 08 y 18).

II.—Que mediante oficio Nº DIC-DGT-ER-095-2009 de fecha 13 de febrero del 2009, el Licenciado Desiderio Soto Sequeira, Director General de Aduanas, rindió dictamen favorable a la solicitud presentada por la señora Dericka Subaby Moss Gibbs. (Folios 32 al 37).

III.—Que la gestionante aportó los siguientes documentos de interés:

a)  Solicitud de autorización para auxiliares de la función Pública Aduanera tipo de auxiliar, Agente Aduanero Persona Natural. (Folios 01 y 02).

b)  Certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social con fecha 20 de enero del 2009, en la que indica que la Agencia Aduanal Desalmacenadora Tical del Oeste S. A., se encuentra al día en sus pagos. (Folio 17).

c)  Certificación notarial de fecha 9 de enero del 2009 rendida por el notario público José Mario Rojas Ocampo, en la que se indica que con vista en la Sección Mercantil del Registro Público a tomos setecientos ochenta y seis y novecientos cuarenta y siete, folios ciento catorce y cincuenta y cuatro, asientos doscientos ocho y noventa y dos, se encuentra inscrito que el señor Luis Alberto Ramírez Vargas, mayor casado una vez, empresario, con cédula de identidad uno-trescientos cuarenta-quinientos ochenta y nueve, aparece designado como presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Sociedad denominada Agencia Aduanal Desalmacenadora Tical del Oeste Sociedad Anónima, cédula jurídica tres-ciento uno- ciento cuarenta y dos mil setecientos setenta y ocho, cargo que se encuentra vigente. (Folio 22).

d)  Declaración Jurada rendida por la señora Dericka Subaby Moss Gibbs, ante la Notaria Pública, Lic. Nydia Elena Fonseca Trejos, de las once horas cuarenta minutos del dieciséis de enero del dos mil nueve, en la que gestionante Moss Gibbs indica la ubicación de su domicilio, a saber Limón, Barrio Cristóbal Colón, cuatrocientos metros al sur del Puente mano derecha casa color blanca con verjas negras. (Folio 18).

e)  Fotocopia certificada de la cédula de identidad de la señora Dericka Subaby Moss Gibbs. (Folios 06 y 11).

f)   Fotocopia certificada del título de Licenciada en Administración de Aduanas, otorgado por la Universidad Metropolitana Castro Carazo a la señora Dericka Subaby Moss Gibbs. (Folios 06 y 08).

g)  Reporte de Cuotas Activas emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social en la que se indica que la señora Dericka Subaby Moss Gibbs, no aparece cotizando para el Estado y sus instituciones en el período comprendido de enero del 2008 a enero del 2009. (Folio 12).

h)  Certificación del Registro Judicial del Poder Judicial, en donde se indica que no aparecen anotaciones a nombre de la señora Dericka Subaby Moss Gibbs. (Folio 21).

i)   Copia certificada del título de incorporación como Licenciada en Administración de Aduanas otorgado a la señora Dericka Subaby Moss Gibbs por el Colegio Profesional en Ciencias Económicas de Costa Rica. (Folios 06 y 07).

j)   Que según constancia número CPCE-0495-09 de fecha 22 de enero del 2009, emitida por el Colegio Profesional en Ciencias Económicas de Costa Rica, la señora Moss Gibbs es miembro activo y se encuentra al día en sus obligaciones de ley. (Folio 19).

k)  Copia de enmienda de garantía de cumplimiento número 004200924, emitido por el Banco San José de Costa Rica Sociedad Anónima, a favor de la Agencia Aduanal Desalmacenadora Tical del Oeste S. A., por un monto de cincuenta mil dólares, como garantía de las acciones que ejerce éste como auxiliar de la función pública según lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. (Folios 29 y 30).

l)   Declaración Jurada emitida por la Notaria Pública, Licda. Nydia Elena Fonseca Trejos, en la cual consta que la señora Dericka Subaby Moss Gibbs tiene como mínimo dos años de experiencia en materia aduanera, conforme al artículo treinta y cuatro de la Ley General de Aduanas. (Folio 28)

IV.—Que al entrar en vigencia el 8 de julio del 2003, el Segundo Protocolo de Modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano III, aprobado mediante Ley Nº 8360 de fecha 24 de junio del 2003, publicada en La Gaceta Nº 130 del 8 de julio del 2003, este no refiere mención de ningún requisito para la autorización de Agente Aduanero Persona Natural, sino que faculta a los países signatarios para que vía reglamento puedan establecer los requisitos, lo cual se infiere de las disposiciones contenidas en los artículos 16 y 110 de dicho Código.

V.—Con fundamento en lo anterior, la legislación nacional procedió a regular los requisitos mínimos y las obligaciones que deben acatar las personas que en adelante pretendieran ejercer la actividad de Agente Aduanero Persona Natural, en la Ley Nº 7557 de fecha 20 de octubre de 1995, denominada Ley General de Aduanas, y sus reformas, la cual en sus artículos 29, 29 bis y 34, establecen los requisitos generales e impedimentos para que las personas físicas operen como auxiliares de la función aduanera, a saber: tener capacidad legal para actuar, estar anotadas en el registro de auxiliares que establezca la autoridad aduanera, mantenerse al día en el pago de sus obligaciones tributarias y cumplir con los requisitos estipulados en la Ley General de Aduanas y sus reglamentos entre otros. Asimismo, quedó dispuesto en la Ley General de Aduanas que la persona que requiera ser autorizada como Agente Aduanero debe, poseer al menos grado universitario de licenciatura en Administración Aduanera y contar con experiencia mínima de dos años en materia aduanera.

VI.—En complemento a lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, su Reglamento en los artículos 78 y 104, dispone cuales son los documentos adicionales que deben presentar las personas que soliciten ser autorizados como Agente Aduanero, entre los cuales destacan: original o fotocopia debidamente certificada por notario público o de la institución de enseñanza respectiva del título académico de Licenciado en Administración Aduanera y una Declaración Jurada que demuestre la experiencia mínima de dos años en materia Aduanera.

VII.—Que al entrar a regir el CAUCA III antes citado, surgió la necesidad de adecuar la legislación aduanera nacional a los nuevos requerimientos del mercado común centroamericano y de los instrumentos de integración, por lo que las reformas sufridas en la legislación nacional referente a los requisitos que deberán cumplir las personas que soliciten ser autorizados como Agentes Aduaneros responden al cumplimiento de los lineamientos establecidos en los instrumentos internacionales antes citados.

VIII.—Que la señora Dericka Subaby Moss Gibbs ha cumplido a satisfacción con los requisitos que ordenan los artículos 29 y 34 de la Ley General de Aduanas y sus reformas, Ley número 7557 del 20 de octubre de 1995, artículos 78 y 104 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, publicado en el Alcance Nº 37 a La Gaceta Nº 123 del 28 de junio de 1996 y sus reformas y artículo 16 del Segundo Protocolo de Modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano III, por lo que procede otorgar la autorización para que ejerza la actividad de auxiliar de la función Pública Aduanera, tipo de auxiliar, Agente Aduanero, Persona Natural.

IX.—Que de conformidad con lo establecido en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política, los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder Ejecutivo, requieren para su validez las firmas del Presidente de la República y del Ministro del ramo. Por tanto:

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EJERCICIO

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

ACUERDAN:

Autorizar a la señora Dericka Subaby Moss Gibbs, de calidades indicadas, para actuar como Agente Aduanero, ante las Aduanas Central, Santamaría, Caldera, Limón, Peñas Blancas y Paso Canoas, en que se acredite a esos efectos. Asimismo, se le indica que deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias que el ejercicio de la función impone. Rige a partir de su publicación.

Comuníquese a la Dirección General de Aduanas, notifíquese a la señora Dericka Subaby Moss Gibbs y publíquese.

FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ.—El Ministro de Hacienda, Guillermo E. Zúñiga Chaves.—1 vez.—(58804).

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

053-MEIC-2009

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Con fundamento en los artículos 140, inciso 1) y artículo 146 de la Constitución Política, artículos 27 y 28 inciso 2b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 02 de mayo de 1978, artículo 12, inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, Ley Nº 1581 del 30 de mayo de 1953, Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ley Nº 6054, del 14 de junio de 1977 y su Reglamento; el artículo 13 de la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, del 2 de mayo del 2002, Ley Nº 8279, y el Reglamento de Puestos de Empleados de Confianza Subalternos del Sector Público, Decreto Ejecutivo Nº 29141-H del 31 de octubre del 2000.

Considerando:

1º—Que de conformidad con los incisos f) y g) del Estatuto del Servicio Civil, se consideran cargos de confianza los servidores directamente subordinados a los Ministros y Viceministros, y los cargos de directores y directores generales de los Ministerios; así como los de las oficinas adscritas.

2º—Que conforme lo señala el artículo 3, inciso c), del mismo cuerpo normativo, los funcionarios y empleados que sirvan en cargos de confianza personal del Presidente o de los Ministros, se consideran excluidos del Régimen del Servicio Civil.

3º—Que de conformidad con la Ley Nº 8279, del “Sistema Nacional para la Calidad”, le corresponde al Poder Ejecutivo nombrar al Director del Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET).

4º—Que con la citada ley se crea el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), como órgano de desconcentración máxima, con personalidad jurídica instrumental para el desempeño de sus funciones, el cual se encuentra adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

5º—Que mediante Acuerdo Nº 025-MEIC del 9 de mayo del 2006, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 117 del 19 de junio del 2006, al señor Walter Zavala Ortega, se le nombró en forma interina en puesto de confianza como Director del Laboratorio Costarricense de Metrología.

6º—Que el artículo 5 del Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el artículo 28 inciso 2 b) de la Ley General de Administración Pública, establecen que el Ministro es el órgano jerárquico superior del Ministerio y como máxima autoridad, le corresponde preparar y presentar los acuerdos relativos a cuestiones referentes a la actividad del Ministerio; entre los cuales se encuentran los nombramientos y remociones de los Puestos de Confianza.

7º—Que de conformidad con la Legislación Vigente y reiterados Votos de la Sala Constitucional, los Puestos de Confianza pueden ser cesados o removidos en forma discrecional por el Máximo Jerarca de la Institución, con el derecho a las indemnizaciones que por ley le correspondan; dado que su estabilidad no está garantizada constitucionalmente, sino, sujeta a las causales de ley o razones objetivas de necesidad. Por tanto,

ACUERDAN:

Artículo 1º—La remoción del señor Walter Zavala Ortega, portador de la cédula de identidad número 01-0624-0306, del Puesto de confianza como Director del Laboratorio Costarricense de Metrología, puesto número 013517, con el derecho a las indemnizaciones que por ley le correspondan; asimismo agradecerle los servicios prestados durante su gestión. Dicha remoción rige a partir del 15 de julio del 2009.

Artículo 2º—Nombrar en forma interina, a la Ingeniera Ileana Hidalgo López, portadora de la cédula de identidad número 01-0560-0203, en el puesto de confianza Nº 013517, como Directora del Laboratorio Costarricense de Metrología, a partir del 16 de julio del 2009.

Artículo 3º—Rige a partir de las fechas antes mencionadas.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil nueve.

Publíquese.—ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Economía, Industria y Comercio, Eduardo Sibaja Arias.—1 vez.—(O C Nº 657).—(Solicitud Nº 27076).—C-37520.—(59699).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Nº 0085-09

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 140, inciso 2) y 146 de la Constitución Política de Costa Rica, artículo 12, inciso a) del Estatuto de Servicio Civil y resolución Nº 11326 del Tribunal de Servicio Civil de las ocho horas con cincuenta minutos del veinticinco de mayo del dos mil nueve.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Despedir con justa causa y sin responsabilidad para el Estado, al servidor Gerardo Ruiz Rodríguez, mayor de edad, cédula de identidad Nº 5-0223-0263, quien labora como Agente de Seguridad y Vigilancia, en la Dirección Regional Educativa de Coto.

Artículo 2º—El presente acuerdo rige a partir del doce de junio del dos mil nueve.

Dado en la Presidencia de la República, el veintinueve de mayo del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier Rímolo.—1 vez.—(O. P. Nº 97133).—(Solicitud Nº 49617).—C-11250.—(58670).

Nº 0104-09

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 140, inciso 2) y 146 de la Constitución Política de Costa Rica, 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, la Resolución Nº 11141 dictada a las nueve horas quince minutos del dieciséis de abril del dos mil ocho del Tribunal de Servicio Civil y Voto Nº 263 del Tribunal de Trabajo de las veinte horas del quince de mayo del dos mil nueve.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Despedir con justa causa y sin responsabilidad para el Estado, al servidor Ramón Francisco Durán Soto, mayor de edad, cédula de identidad Nº 01-0543-0953, quien labora como Profesional de Servicio Civil 1-A en Fiscalización y Control en Auditoría Interna del Ministerio de Educación.

Artículo 2º—El presente acuerdo rige a partir del veintinueve de junio del dos mil nueve.

Dado en la Presidencia de la República, el dieciséis de junio del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier Rímolo.—1 vez.—(O. P. Nº 97133).—(Solicitud Nº 49619).—C-14250.—(58671).

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MTSS Nº 39-2009

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25 inciso 2) y 28 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública y en los artículos 7, 31, 34 y concordantes, del Reglamento de Gastos de Viajes y Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1º—Que los días 13 al 17 de julio del 2009, se llevará a cabo el Taller “Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad” en la ciudad de Lima, Perú.

2º—Que el Taller “Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad” es de interés para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pues considera como su principal objetivo: Mediante el intercambio de experiencias y la transferencias de metodologías entre América Latina y la Unión Europea: Fortalecer las capacidades de los participantes para analizar los conceptos y experiencias más recientes sobre la inclusión social laboral de personas con discapacidad; identificar e implementar acciones de inclusión laboral de este colectivo y contribuir al desarrollo de políticas públicas y de reformas institucionales en sus países para la efectiva inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

2º—Que la participación de Ana Lorena Chaves Rodríguez, cédula 2-371-430 en este evento, responde a las funciones de Jefa de la Unidad de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad, de este Ministerio, por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a Ana Lorena Chaves Rodríguez, cédula 2-371-430, para que participe en el Taller “Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, del 13 al 17 de julio, Lima, Perú.

Artículo 2º—Los gastos de Ana Lorena Chaves Rodríguez, por concepto de hospedaje, alimentación y tiquete aéreo serán cubiertos por Proyecto EUROsocial- Empleo.

Artículo 3º—Que durante los días en que se autoriza la participación de la funcionada Ana Lorena Chaves Rodríguez, cédula 2-371-430 en el Taller “Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad del 13 al 17 de julio del 2009, devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—Rige a partir del 12 de julio al 18 de julio del 2009.

Dado en Despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad Social a las 13 horas del 26 de junio de dos mil nueve.

Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.—1 vez.—(O. C. 93154).—(Solicitud Nº 30815).—C-28520.—(57917).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Nº 000121.—San José, a las 14:14 horas del día 8 del mes de junio del dos mil nueve.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la construcción del proyecto denominado “Corredor San José- San Ramón”.

Resultando:

1º—Mediante oficio Nº DDN-OF-2009-013 de 14 de enero del 2009, remitido por la Gerencia del Proyecto Corredor San José- San Ramón, se solicitó que se procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, en relación con inmueble, inscrito en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real número 2-404409-000 cuya naturaleza es terreno zona verde, situado en el distrito 8 San Rafael, cantón 1 Alajuela, de la provincia Alajuela, con una medida de 2493,40 metros cuadrados y cuyos linderos de la finca madre según el Registro Público de la Propiedad son: norte, Vicabell S. A.; sur, Valdeorras S. A.; este, calle pública con 33.37 metros lineales; oeste, Álvaro Terán Ferrer.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición de un área de terreno equivalente a 700.78 metros cuadrados y que presenta las siguientes características: Naturaleza: terreno zona verde, Ubicación: distrito 8 San Rafael, cantón 1 Alajuela, de la provincia Alajuela y cuyos linderos son: norte, Vicabell S. A.; sur, Valdeorras S. A.; este, Valdeorras (resto de la finca); oeste, El Estado. Siendo necesaria su adquisición para la construcción del proyecto “Corredor San José- San Ramón”.

3º—Constan en el expediente administrativo número 2009-14 a que se refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a)  Plano catastrado Nº A-1271908-2008 mediante el cual se establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área total de 700,78 metros cuadrados.

b)  Estudio sobre la inscripción del inmueble.

c)  Información básica sobre el propietario, la ubicación y características del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener y los bienes a valorar.

4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la presente declaratoria , al requerirse el citado inmueble para la construcción del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la documentación requerida , conoce este Despacho y ,

Considerando:

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Nº 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas y lo dispuesto en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Nº 7762 de 14 de abril de 1998 y sus reformas, este Despacho se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las disposiciones de la supracitada Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos.

La Ley de Expropiaciones Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas establece en sus artículos 2º, 18, 19 y 20, que en todo caso de que la Administración Pública requiera para el cumplimiento de sus fines, adquirir bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo mediante el cual sea declarado de interés público el bien y derecho en referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional en el correspondiente Registro Público.

En ese sentido la Procuraduría General de la República por medio de Pronunciamiento Nº C-180-95 de 18 de agosto de 1995, vinculante, definió la actuación administrativa que resulta procedente.

De conformidad con las disposiciones normativas y con base, asimismo en o prescrito en los artículos 11, 129 y 140 de la Constitución Política; los artículos 11, 13, 16, 27 y 136 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 27 de la Ley General de Caminos Públicos y sus reformas, Ley Nº 5060 de 22 de agosto de 1972, procede declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a)  Inscripción en el Registro Público de la Propiedad: al Sistema de Folio Real matrícula número 2-404409-000.

b)  Naturaleza: terreno zona verde.

c)  Ubicación: distrito 8 San Rafael, cantón 1 Alajuela, de la provincia Alajuela.

d)  Linderos: Norte, Vicabell S. A.; sur, Valdeorras S. A.; este, calle pública con 33.37 metros lineales; oeste, Álvaro Terán Ferrer.

e)  Propiedad: Valdeorras S. A. cédula jurídica número 3-101-059030, cuya representación legal la ostenta el presidente José Manuel Prada Prada, mayor, casado dos veces, odontólogo, cédula número 1-467-612, vecino de San José.

f)   De dicho inmueble se necesita un área total en conjunto de 700.78 metros cuadrados para la construcción del proyecto denominado “Corredor San José- San Ramón” según se ha establecido supra.

Además, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, se ordena por este acto mandamiento de anotación provisional en el Registro Público de la Propiedad y en relación con dicho inmueble necesaria para la construcción del proyecto de referencia.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir con la tramitación del procedimiento que corresponda; con sujeción a los plazos establecidos por la Ley Nº 7495 artículo 21 y concordantes. Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, RESUELVEN:

1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula número 2-4004409-000, situado en el distrito 8 San Rafael, cantón 1 Alajuela, de la provincia Alajuela y propiedad de Valdeorras S. A., cédula jurídica número 3-101-059030, cuya representación legal la ostenta el presidente José Manuel Prada Prada, mayor, casado dos veces, Odontólogo, cédula número 1-467-612, vecino de San José y cuyos linderos son: norte, Vicabell S. A.; sur, Valdeorras S. A.; este, Valdeorras S. A. (resto de la finca); oeste, El Estado, con un área total de 700,78 metros cuadrados, conforme a lo indicado en el plano catastrado Nº A-1271908-2008 necesaria para la construcción del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley Nº 7495 y sus reformas.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Público de la Propiedad del área de dicho inmueble que por esta Resolución se ha establecido como necesaria para la construcción del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley Nº 7495 y sus reformas.

3º—Procedan las dependencias administrativas competentes a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de los plazos fijados en estricto apego a lo prescrito por la Ley de Expropiaciones y sus reformas.

Notifíquese y publíquese.—ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González Carvajal.—1 vez.—(O. C. Nº 1-2009-Solicitud Nº 8873).—C-91520.—(59645).

Nº 000122.—San José, a las 10:34 horas del día 26 del mes de Febrero del dos mil nueve.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la construcción del proyecto denominado “Corredor San José- San Ramón”.

Resultando:

1º—Mediante oficio Nº DDN-OF-2009-013 de 14 de enero del 2009, remitido por la Gerencia del Proyecto Corredor San José-San Ramón, se solicitó que se procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, en relación con inmueble, inscrito en ele Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real número 2-034468-000, cuya naturaleza es terreno de caña y maíz, situado en el distrito 8 San Rafael, cantón 1 Alajuela, de la provincia Alajuela, con una medida según el plano de 17.999 metros cuadrados y cuyos linderos de la finca madre, según el Registro Público de la Propiedad son: norte, Río Segundo medio Manuel Villalobos; sur, Fidelina Rodríguez; este, Cristóbal Campos; oeste, Tobiás Aquileo Juan y Esmeralda.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición de un área de terreno equivalente a 1.074,96 metros cuadrados y que presenta las siguientes características: Naturaleza: terreno de caña y maíz, ubicación: distrito 8 San Rafael, cantón 1 Alajuela, de la provincia Alajuela y cuyos linderos son: norte, Derivados del Valle; sur, calle pública de 32,35 metros; este, Mataderos del Valle S. A.; oeste, Derivados del Valle S. A. Siendo necesaria su adquisición para la construcción del proyecto “Corredor San José- San Ramón”.

3º—Constan en el expediente administrativo número 2009-16 a que se refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a)  Plano catastrado Nº A-1211826-2007 mediante el cual se establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área total según el plano de 1.074,96 metros cuadrados.

b)  Estudio sobre la inscripción del inmueble.

c)  Información básica sobre el propietario, la ubicación y características del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener y los bienes a valorar.

4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la presente declaratoria , al requerirse el citado inmueble para la construcción del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la documentación requerida , conoce este Despacho y.

Considerando:

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Nº 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas y lo dispuesto en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Nº 7762 de 14 de abril de 1998 y sus reformas, este Despacho se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las disposiciones de la supracitada Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos.

La Ley de Expropiaciones Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas establece en sus artículos 2, 18, 19 y 20, que en todo caso de que la Administración Pública requiera para el cumplimiento de sus fines, adquirir bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo mediante el cual sea declarado de interés público el bien y derecho en referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional en el correspondiente Registro Público.

En ese sentido la Procuraduría General de la República por medio de Pronunciamiento Nº C-180-95 de 18 de agosto de 1995, vinculante, definió la actuación administrativa que resulta procedente.

De conformidad con las disposiciones normativas y con base, asimismo en o prescrito en los artículos 11, 129 y 140 de la Constitución Política; los artículos 11, 13, 16, 27 y 136 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 27 de la Ley General de Caminos Públicos y sus reformas, Ley Nº 5060 de 22 de agosto de 1972, procede declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a)  Inscripción en el Registro Público de la Propiedad: al Sistema de Folio Real matrícula número 2-034468-000.

b)  Naturaleza: terreno de caña y maíz.

c)  Ubicación: Situado en el distrito: 8 San Rafael, cantón 1 Alajuela, de la provincia Alajuela.

d)  Linderos: Norte, Derivados del Valle S. A.; sur, calle pública 32,35 metros; este, Mataderos del Valle S. A.; oeste, Derivados del Valle S. A.

e)  Propiedad: Derivados del Valle S. A., cédula jurídica número 3-101-139960, cuya representación legal la ostenta la señora presidenta Lucía Gómez Chávez, mayor, casada, cédula número 1-960-980, vecina de Heredia.

f)   De dicho inmueble se necesita un área total en conjunto según el plano de 1.074,96 metros cuadrados, para la construcción del proyecto denominado “Corredor San José- San Ramón” según se ha establecido supra.

Además, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, se ordena por este acto mandamiento de anotación provisional en el Registro Público de la Propiedad y en relación con dicho inmueble necesaria para la construcción del proyecto de referencia.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir con la tramitación del procedimiento que corresponda; con sujeción a los plazos establecidos por la Ley Nº 7495 artículo 21 y concordantes. Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS

Y TRANSPORTES, RESUELVEN:

1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula número 2-034468-000, situado en el distrito 8 San Rafael, cantón 1 Alajuela, de la provincia Alajuela y propiedad de Derivados del Valle S. A., cédula jurídica número 3-101-139960, cuya representación legal la ostenta la señora presidenta Lucía Gómez Chávez, mayor, casada, cédula número 1-960-980, vecina de Heredia y cuyos linderos son: norte, Derivados del Valle S. A.; sur, calle pública de 32,35 metros; este, Mataderos del Valle S. A.; oeste, Derivados del Valle S. A. con un área total según el plano de 1.074,96 metros cuadrados, conforme a lo indicado en el plano catastrado Nº A-1211826-2007 necesaria para la construcción del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley Nº 7495 y sus reformas.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Público de la Propiedad del área de dicho inmueble que por esta Resolución se ha establecido como necesaria para la construcción del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley Nº 7495 y sus reformas.

3º—Procedan las dependencias administrativas competentes a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de los plazos fijados en estricto apego a lo prescrito por la Ley de Expropiaciones y sus reformas.

 Notifíquese y publíquese.—ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González Carvajal.—1 vez.—(O. C. Nº 1-2009-Solicitud Nº 8873).—C-95270.—(59646).

Nº 000478.—San José, a las 13:13 horas del día 15 del mes de junio de dos mil nueve.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la construcción del proyecto denominado “Corredor San José-San Ramón”.

Resultando:

1º—Mediante oficio Nº DNN-OF-2009-013 de 14 de enero de 2009, remitido por la Unidad de Expropiaciones de la Dirección de Gestión del Consejo Nacional de Concesiones, se solicitó se proceda a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que para tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, en relación con el inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula 79975-000, cuya naturaleza es terreno de pastos, caña, café y agricultura, situado en el distrito 8 San Rafael, del cantón 1 Alajuela, de la provincia de Alajuela, con una medida de 63.111,68 metros cuadrados y cuyos linderos de la finca madre según el Registro Público de la propiedad son: norte, con Río de Sorda, Melchor Zúñiga y otros; al sur, con calle privada, Emeterio Campos y otros; al este, con Calle Ismael Luna y otros; y al oeste, con sucesión de Agustín Chaves.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición un área de terreno equivalente 10.707,27 metros cuadrados, y que presenta las siguientes características: Ubicación: distrito 8 San Rafael, cantón 1 Alajuela, de la provincia de Alajuela y cuyos linderos están indicados en el plano catastro Nº A-1279830-2008.

3º—Constan en el expediente administrativo número 2009-11 a que se refiere este acto resolutivo los siguientes documentos:

a)  Plano catastro Nº A-1279830-2008, mediante el cual se establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área total de 10.707,27 metros cuadrados.

b)  Estudio sobre la inscripción del inmueble.

c)  Información básica sobre el propietario, ubicación y características del inmueble, así como el área que del mismo se requiere obtener y los bienes a valorar.

4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la presente declaratoria, al requerirse el citado inmueble para la construcción del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la documentación requerida, conoce este Despacho y,

Considerando:

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes Nº 4786 de 15 de julio de 1971 y sus reformas y lo dispuesto en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos Nº 7762 del 14 de abril de 1998 y sus reformas, este Despacho se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las disposiciones de la supracitada Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos.

La Ley de Expropiaciones Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas establece en sus artículos 2, 18, 19 y 20, que en todo caso de que la Administración Pública requiera para el cumplimiento de sus fines, adquirir bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo mediante el cual sea declarado de interés público el bien o derecho en referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional de anotación en el correspondiente Registro Público.

En ese sentido la Procuraduría General de la República por medio de Pronunciamiento Nº C-180-95 del 18 de agosto de 1995, vinculante, definió la actuación administrativa que resulta procedente.

De conformidad con las disposiciones normativas y con base, asimismo en lo prescrito en los artículos 11, 129 y 140 de la Constitución Política; los artículos 11, 13, 16, 27 y 136 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 27 de la Ley General de Caminos Públicos y sus reformas, Ley Nº 5060 del 22 de Agosto de 1972, procede a declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a)  Inscripción en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula Nº 2-079975-000.

b)  Naturaleza: Terreno de pastos, caña, café y agricultura.

c)  Ubicación: Situado en el distrito 8 San Rafael, del cantón 1 Alajuela, de la provincia de Alajuela.

d)  Linderos: Norte, con Río de Sorda, Melchor Zúñiga y otros; al sur, con calle privada, Emeterio Campos y otros; al este, con calle Ismael Luna y otros; y al oeste, con sucesión de Agustín Chaves.

e)  Propiedad: Teresa Marine Marine, casada una vez, ama de casa, de nacionalidad italiana, cédula de residencia 758-130590-002038, vecina de Moravia, costado este del Colegio Saint Francis.

f)   De dicho inmueble se necesita un área total de 10.707,27 metros cuadrados para la construcción del proyecto denominado “Corredor San José-Caldera” según se ha establecido supra.

Además, conforme lo establecido por el artículo 2º de la Ley de Expropiaciones se ordena por este acto administrativo de anotación provisional en el Registro Público de la Propiedad y en relación con dicho inmueble necesario para la construcción del proyecto de referencia.

Procedan la dependencias administrativas competentes a proseguir con la tramitación del procedimiento que corresponda, con sujeción a los plazos establecidos por la Ley 7495 artículo 21 y concordantes. Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS

Y TRANSPORTES, RESUELVEN:

1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real número 79975-000, situado en el distrito 8 San Rafael, del cantón 1 Alajuela, de la provincia de Alajuela y propiedad de Teresa Marine Marine, casada una vez, ama de casa, de nacionalidad italiana, cédula de residencia 758-130590-002038, vecina de Moravia, costado Este del Colegio Saint Francis, con un área total de 10.707,27 metros cuadrados, y cuyos linderos están delimitados conforme a lo indicado en el plano catastrado Nº A-1279830-2008, necesaria para la construcción del proyecto denominado “Corredor San José-Caldera”.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Público de la Propiedad del área de dicho inmueble que por esta Resolución se ha establecido como necesaria para la construcción del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley Nº 7495 y sus reformas.

3º—Procedan las competencias administrativas competentes a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de los plazos fijados y en estricto apego a lo prescrito por la Ley de Expropiaciones y sus reformas.

Notifíquese y publíquese.—ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ, La Ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González Carvajal.—1 vez.—(O. C. Nº 01-2009-Solicitud Nº 8873).—C-88520.—(59647).

Nº 000484.—San José, a las 16:14 horas del día 15 del mes de junio del dos mil nueve.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la construcción del proyecto denominado “Corredor San José- San Ramón”

Resultando

1º—Mediante oficio N° DGC-OF.085-09 de 18 de marzo del 2009 remitido por la Unidad de Expropiaciones del Consejo Nacional de Concesiones, se solicitó que se procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, en relación con inmueble, inscrito en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real Número 327555-000, cuya naturaleza es terreno para construir, situado en el distrito 07 Uruca, cantón 01 San José, de la provincia San José, con una medida de 3893,77 metros cuadrados y cuyos linderos de la finca según el Registro Público de la Propiedad son: norte: Autopista General Cañas con un frente de 59,43 metros; sur: calle pública, con un frente de 59,43 metros; este: lote A; y al oeste: lote B.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición de un área de terreno equivalente a 307,00 metros cuadrados y que presenta las siguientes características: Ubicación: distrito: 07 Uruca, Cantón: 01 San José, de la provincia de San José y cuyos linderos son los indicados en Plano Catastrado N° SJ-1322569-2009. Siendo necesaria su adquisición para la construcción del proyecto “Corredor San José- San Ramón”.

3º—Constan en el expediente administrativo número 2009-09 a que se refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a)  Plano Catastrado N° SJ-1322569-2009, mediante el cual se establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área total de 307 metros cuadrados.

b)  Estudio sobre la inscripción del inmueble.

c)  Información básica sobre el propietario, la ubicación y características del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener y los bienes a valorar.

4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la presente declaratoria, al requerirse el citado inmueble para la construcción del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la documentación requerida, conoce este Despacho y,

Considerando:

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, N° 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas y lo dispuesto en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, N° 7762 de 14 de abril de 1998 y sus reformas, este Despacho se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las disposiciones de la supracitada Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos.

La Ley de Expropiaciones N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas establece en sus artículos 2, 18, 19 y 20, que en todo caso de que la Administración Pública requiera para el cumplimiento de sus fines, adquirir bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo mediante el cual sea declarado de interés público el bien y derecho en referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional en el correspondiente Registro Público.

En ese sentido la Procuraduría General de la República por medio de Pronunciamiento N° C-180-95 de 18 de agosto de 1995, vinculante, definió la actuación administrativa que resulta procedente.

De conformidad con las disposiciones normativas y con base, asimismo en o prescrito en los artículos 11, 129 y 140 de la Constitución Política; los artículos 11, 13, 16, 27 y 136 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 27 de la Ley General de Caminos Públicos y sus reformas, Ley N° 5060 de 22 de agosto de 1972, procede declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a)  Inscripción en el Registro Público de la Propiedad: al Sistema de Folio Real Matrícula Número 1-327555-000.

b)  Naturaleza: terreno para construir.

c)  Ubicación: Situado en el Distrito 07 Uruca, Cantón 01 San José de la provincia de San José.

d)  Linderos: Norte: Autopista General Cañas con un frente de 59,43 metros; sur: calle pública, 59,43 metros; este: lote A; oeste: Lote B.

e)  Propiedad: Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, cédula jurídica número 4-000-045015, representado por el señor Martín Robles Robles, Director Ejecutivo, mayor, casado una vez, Administrador de Empresas, cédula de identidad número 1-445-817, vecino de Barrio Córdoba, Zapote, San José.

f)   De dicho inmueble se necesita un área total en conjunto de 307,00 metros cuadrados para la construcción del proyecto denominado “Corredor San José- San Ramón” según se ha establecido supra.

Además, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, se ordena por este acto mandamiento de anotación provisional en el Registro Público de la Propiedad y en relación con dicho inmueble necesario para la construcción del proyecto de referencia.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir con la tramitación del procedimiento que corresponda; con sujeción a los plazos establecidos por la Ley N° 7495 artículo 21 y concordantes. Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS

Y TRANSPORTES, RESUELVEN:

1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real Matrícula Número 1-327555-000, situado en el Distrito 07 Uruca, Cantón 01 San José de la provincia de San José y propiedad de Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, cédula jurídica número 4-000-045015, representado por el señor Martín Robles Robles, Director Ejecutivo, mayor, casado una vez, Administrador de Empresas, cédula de identidad número 1-445-817, vecino de Barrio Córdoba, Zapote, San José con un área total de 307,00 metros cuadrados, y cuyos linderos están delimitados conforme a lo indicado en el Plano Catastrado N° SJ-1322569-2009 necesaria para la construcción del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley N° 7495 y sus reformas.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Público de la Propiedad del área de dicho inmueble que por esta Resolución se ha establecido como necesaria para la construcción del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley N° 7495 y sus reformas.

3º—Procedan las dependencias administrativas competentes a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de los plazos fijados en estricto apego a lo prescrito por la Ley de Expropiaciones y sus reformas.

Notifíquese y publíquese.—ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—Karla González Carvajal, Ministra de Obras Públicas y Transportes.—1 vez.—O. C. 12009.—(Solicitud Nº 8873).—C-90770.—(59648).

Nº 000485.—San José, a las 16:17 horas del día 15 del mes de junio del dos mil nueve.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la construcción del proyecto denominado “Corredor San José- San Ramón”

Resultando:

1º—Mediante oficio N° DGC-OF-087-09 de 19 de marzo del 2009, remitido por la Gerencia del Proyecto Corredor San José - San Ramón, se solicitó que se procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, en relación con inmueble, inscrito en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real Número1037688-000, cuya naturaleza es terreno de cuatro porciones con un hospital denominado México, parte reserva y hospitalaria y parte cafetal, situado en el distrito 07 Uruca, cantón 01 San José, de la provincia San José, con una medida de doscientos ochenta mil doscientos un metros con sesenta y cuatro decímetros cuadrados y cuyos linderos de la finca según el Registro Público de la Propiedad son: norte: Piedra del Indio Sociedad Anónima; sur: Piedra del Indio Sociedad Anónima; este: El Estado, Instituto Costarricense Contra el Cáncer, Santiago Van Patten; oeste: Piedra del Indio Sociedad Anónima.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición de un área de terreno equivalente a 829,00 metros cuadrados, y que presenta las siguientes características: Ubicación: Distrito: 07 Uruca, cantón: 01 San José, de la provincia de San José y cuyos linderos son los indicados en el Plano Catastrado N° SJ-1312433-2008. Siendo necesaria su adquisición para la construcción del proyecto “Corredor San José- San Ramón”.

3º—Constan en el expediente administrativo número 2009-22 a que se refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a)  Plano Catastrado N° SJ-1312433-2008, mediante el cual se establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área total de 829,00 metros cuadrados.

b)  Estudio sobre la inscripción del inmueble.

c)  Información básica sobre el propietario, la ubicación y características del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener y los bienes a valorar.

4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la presente declaratoria, al requerirse el citado inmueble para la construcción del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la documentación requerida, conoce este Despacho y,

Considerando:

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, N° 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas y lo dispuesto en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, N° 7762 de 14 de abril de 1998 y sus reformas, este Despacho se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las disposiciones de la supracitada Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos.

La Ley de Expropiaciones N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas establece en sus artículos 2, 18, 19 y 20, que en todo caso de que la Administración Pública requiera para el cumplimiento de sus fines, adquirir bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo mediante el cual sea declarado de interés público el bien y derecho en referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional en el correspondiente Registro Público.

En ese sentido la Procuraduría General de la República por medio de Pronunciamiento N° C-180-95 de 18 de agosto de 1995, vinculante, definió la actuación administrativa que resulta procedente.

De conformidad con las disposiciones normativas y con base, asimismo en o prescrito en los artículos 11, 129 y 140 de la Constitución Política; los artículos 11, 13, 16, 27 y 136 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 27 de la Ley General de Caminos Públicos y sus reformas, Ley N° 5060 de 22 de agosto de 1972, procede declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a)  Inscripción en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real Matrícula número 1037688-000.

b)  Naturaleza: terreno de cuatro porciones con un hospital denominado México, parte reserva hospitalaria y parte cafetal.

c)  Ubicación: Situado en el Distrito 07 Uruca, cantón 01 San José de la provincia de San José.

d)  Linderos: Norte: Piedra del Indio Sociedad Anónima; Sur: Piedra del Indio Sociedad Anónima; este: El Estado, Instituto Costarricense Contra el Cáncer, Santiago Van Patten; oeste: Piedra del Indio Sociedad Anónima.

e)  Propiedad: Caja Costarricense de Seguro Social, cédula de persona jurídica 4-000-042147, cuyo Apoderado Generalísimo es el señor José Alberto Acuña Ulate, mayor, casado una vez, Licenciado en Administración de Negocios, cédula de identidad número 3-240-588, vecino de San José.

f)   De dicho inmueble se necesita un área total en conjunto de 829,00 metros cuadrados para la construcción del proyecto denominado “Corredor San José- San Ramón” según se ha establecido supra.

Además, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, se ordena por este acto mandamiento de anotación provisional en el Registro Público de la Propiedad y en relación con dicho inmueble necesario para la construcción del proyecto de referencia.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir con la tramitación del procedimiento que corresponda; con sujeción a los plazos establecidos por la Ley N° 7495 artículo 21 y concordantes. Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS

Y TRANSPORTES, RESUELVEN:

1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real Matrícula número 1037688-000, situado en el distrito 07 Uruca, cantón 01 San José de la provincia de San José y propiedad de Caja Costarricense de Seguro Social, Apoderado Generalísimo, José Alberto Acuña Ulate, mayor, casado una vez, Licenciado en Administración de Negocios, cédula de identidad número 3-240-588, vecino de San José y con un área total de 829,00 metros cuadrados, y cuyos linderos están delimitados conforme a lo indicado en el Plano Catastrado N° SJ-1312433-2008 necesaria para la construcción del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley N° 7495 y sus reformas.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Público de la Propiedad del área de dicho inmueble que por esta Resolución se ha establecido como necesaria para la construcción del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley N° 7495 y sus reformas.

3º—Procedan las dependencias administrativas competentes a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de los plazos fijados en estricto apego a lo prescrito por la Ley de Expropiaciones y sus reformas.

Notifíquese y publíquese.—ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—Karla González Carvajal, Ministra de Obras Públicas y Transportes.—1 vez.—O. C. 12009.—(Solicitud Nº 8873).—C-94520.—(59649).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA

Resolución 403-2009.—Despacho de la Ministra de Justicia.—San José, a las diez horas del veintidós de junio de dos mil nueve.

Considerando:

1º—Que el Decreto Ejecutivo Nº 30640-H del 27 de junio del 2000, denominado “Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno”, publicado en La Gaceta Nº 166 de 30 de agosto del 2000 en cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nº 8131 denominada “Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” establece la obligación de crear las Proveedurías Institucionales en todos los Ministerios de Gobierno, así como regular su funcionamiento y organización.

2º—Que la Proveeduría Institucional del Ministerio de Justicia, se creó mediante Decreto Ejecutivo Nº 29056-H del 11 de octubre del 2000, publicado en La Gaceta Nº 218 del 14 de noviembre del 2000 y sus posteriores reformas o modificaciones.

3º—Que de conformidad con los artículos 105 de la Ley de Contratación Administrativa, 221 de su Reglamento y 5 y 12 inciso g) del Decreto Ejecutivo Nº 30640-H, corresponde al Ministro del ramo, la declaratoria de deserción y de infructuosidad, así como dictar la resolución final de adjudicación en los distintos procedimientos de contratación administrativa, dentro de los que cabe incluir las modificaciones unilaterales y las nuevas contrataciones previstas en los artículos 200 y 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pudiendo ser delegados esos actos en el Proveedor Institucional.

4º—Que con fundamento en los artículos 190 y 221 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 12 inciso h) del Decreto Ejecutivo Nº 30640-H, la revisión y firma de las órdenes de compra originadas en adjudicaciones firmes, podrá ser delegada por el Ministro del ramo en un funcionario u órgano técnico.

5º—Que al tenor del artículo 105 de la Ley de Contratación Administrativa, la Proveeduría Institucional puede dictar los actos que resulten necesarios para preparar la decisión final por lo que no se requiere delegación alguna para que dicho órgano disponga, amparado en los numerales 89, 174 y 191 de su Reglamento, la insubsistencia del concurso (manifestación tácita o expresa del adjudicatario) y la revocación del acto de adjudicación pendiente de firmeza (razones de oportunidad y legalidad de la Administración) con la finalidad de emitir un nuevo acto final, así como las resoluciones para prorrogar el plazo para el dictado del acto final.

6º—Que según se desprende de los artículos 215 y 217 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 10 incisos k-) y n-) del “Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno”, la Proveeduría Institucional es el órgano competente para la imposición de las sanciones de apercibimiento e inhabilitación previstas en los ordinales 99 y 100 de la Ley de Contratación Administrativa y, por ende, para el conocimiento del recurso de revocatoria contra esos actos.

7º—Que de los artículos 33 y 34 de la Ley de Contratación Administrativa, 39 y 41 de su Reglamento, en concordancia con el inciso n-) del artículo 10 del Decreto Nº 30640-H, la Proveeduría Institucional es el órgano director del procedimiento y emisor del acto mediante el cual se dispone la ejecución de garantías.

8º—Que en aplicación de los artículos 106 de la Ley de Contratación Administrativa, 190 de su Reglamento, 106 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y 12 inciso g-) del “Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno”, la firma de contratos corresponde al Jerarca institucional o al funcionario legalmente facultado, cuando se delegue esa suscripción.

9º—Que las prórrogas al plazo de entrega y sustitución de artículos formuladas por los adjudicatarios o contratistas deben ser atendidas por la “Administración”, al tenor de la obligación de tramitación regulada en los artículos 16 de la Ley de Contratación Administrativa y 193 y 198 de su Reglamento; de la misma forma, la suspensión del plazo y la suspensión del contrato podrán ser dispuestas por la Administración, de conformidad con los supuestos y condiciones previstas en los numerales 199 y 202 del citado Reglamento.

10.—Que para brindar mayor flexibilidad y eficiencia a la fase de ejecución del contrato y en concordancia con los numerales 7 y 13 de la Ley de Contratación Administrativa, el inciso g-) del artículo 8 de su Reglamento prevé la designación de un “encargado general del contrato”, quien -como parte de su deber de fiscalización de las obligaciones de los contratistas- podría atender las solicitudes de prórroga del_ plazo_ de entrega y de sustitución de artículos, con sujeción a los requisitos normativos y de oportunidad o conveniencia institucional aplicables.

11.—Que según se infiere de los artículos 11 de la Ley de Contratación Administrativa, 194, 204 y 206 de su Reglamento, y en inciso k-) del artículo 10 del Decreto Nº 30640-H, la Proveeduría Institucional es el órgano competente de la Administración para tramitar y resolver los procedimientos administrativos tendientes a declarar la rescisión unilateral y la resolución de los contratos públicos o institucionales, previo levantamiento de una información preliminar a cargo del Programa presupuestario respectivo o el funcionario o unidad encargada del contrato.

12.—Que en el oficio Nº DGABCA-NP-006-2009 del 6 de enero del 2009, la Lic. Ericka Solís Acosta, en su condición de Directora General a. í. de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, señala que, dado que el órgano competente para suscribir los documentos de formalización contractual es el máximo jerarca de cada Institución, entonces quien tiene la competencia para rescindir o resolver un contrato firme es el máximo jerarca del ente respectivo o en quien éste haya delegado su competencia.”

13.—Que de conformidad con el oficio DMJ-79-01-09 del 15 de enero del 2009, signado por la Dra. Viviana Martín, Ministra de Justicia, y el oficio DRH-PD-036-2009 del 16 de ese mismo mes, se nombró al señor Manuel Eduardo Fernández Rodríguez, mayor, casado, vecino de Grecia, Administrador de Empresas, cédula de identidad 1-814-940 como Proveedor Institucional a partir del 16 de enero del 2009.

14.—Que el artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública permite la delegación de la firma de actos y los incisos b-) y d-) del artículo 89 de la Ley General de la Administración Pública autorizan la delegación no jerárquica o en diverso grado cuando exista norma expresa que lo autorice, así como la delegación para un tipo de acto en el tanto sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

15.—Que a efecto de lograr una mayor celeridad y eficiencia en tramitación de los procedimientos de contratación de los Programas Presupuestarios 779 (Actividad Central) y 783 (Administración Penitenciaria) resulta indispensable, en aras de garantizar el interés público, delegar estas funciones en la Proveeduría Institucional dada la relevancia y especialización de este órgano en el proceso de contratación administrativa. Por tanto,

LA MINISTRA DE JUSTICIA, RESUELVE:

I.—Delegar en el Proveedor Institucional, actualmente el señor Manuel Eduardo Fernández Rodríguez, mayor, casado, vecino de Grecia, Administrador de Empresas, cédula de identidad Nº 1-814-940, el dictado de los actos de adjudicación, readjudicación, declaratoria de deserción, infructuosidad, modificación unilateral de contrato y nuevas contrataciones en todos los procesos de contratación administrativa en que participe este Ministerio y que correspondan a los Programas Presupuestarios 779 (Administración Central) y 783 (Administración Penitenciaria), así como la revisión y firma de los pedidos de compra y contratos originados en adjudicaciones firmes de esos mismos Programas.

II.—Reiterar que, de conformidad con el marco normativo indicado, la Proveeduría Institucional es el órgano competente para dirigir los procedimientos de contratación administrativa, autorizar prórrogas para dictar el acto final, declarar la nulidad de sus actos y la insubsistencia y la revocación del acto final, así como la substanciación y resolución de los procedimientos administrativos iniciados para determinar la eventual imposición de las sanciones de inhabilitación y apercibimiento de oferentes, adjudicatarios o contratistas, o para la ejecución de garantías de participación o cumplimiento.

III.—Dejar sin efecto la resolución Nº 331-2008 emitida por este mismo Despacho a las diez horas del 18 de julio del 2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 149 del 04 de agosto del 2008, mediante la cual se faculta al Oficial Mayor para la suscripción de diversos actos.

IV.—Comuníquese a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

Publíquese.—Viviana Martín, Ministra de Justicia y Gracia.—1 vez.—(Solicitud Nº 27462).—(O. C. Nº 93645).—C-107270.—(58784).