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REFORMA DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

PARA HACER DEL AGUA POTABLE UN DERECHO HUMANO

Expediente N.º 17.793

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El 28 de junio del año 2010, nuestro país despertó con una noticia altamente impactante: una niña había fallecido en nuestro país por no tener acceso a agua potable. El periodista Alonso Mata del periódico La Nación señaló: “Conclusión del Ministerio de Salud: Bacteria y parásito causaron muerte de niña en San Carlos Pequeña de 6 años afectada por bacteria ‘Shigella fIexneri’ y parásito tricocéfalo. Males se transmiten por contaminación fecal de agua o alimentos. Una bacteria y un parásito fueron las causas de la muerte de una niña de seis años en la comunidad de San Isidro de Pocosol de San Carlos, el miércoles anterior.

Así lo confirmó la viceministra de Salud, Ana Morice, quien explicó que el detonante para el deceso fue una deshidratación, pero producto de los factores citados. “Fue una coinfección por dos agentes infecciosos”, detalló. Morice dijo que aún no cuentan con los resultados de autopsia de la menor, pero destacó que tanto la bacteria como el parásito fueron encontrados en la hermana de la niña fallecida, quien presenta los mismos síntomas y está hospitalizada desde hace seis días.

Se trata de la bacteria Shigella fIexneri, la cual produce fiebre y sangrado a través de las heces. El parásito se denomina tricocéfalo, y comúnmente se conoce como lombriz. Este genera vómito y diarrea. Precaución. María Luisa Ávila, ministra de Salud, explicó que tanto la bacteria como el parásito se transmiten por contaminación fecal en alimentos, agua o manos, por lo que recomendó extremar las medidas de higiene. “Si la persona desconfía del agua, lo que hay que hacer es hervirla y ser muy precavido”, indicó. (...) Además de la hermana de la niña fallecida, hay otro niño de la comunidad de San Isidro de Pocosol con síntomas similares. Se estima que un pozo contaminado podría ser la fuente de origen de los padecimientos. (...)”

La historia relatada, se repetirá pronto en muchas familias, ya que la falta de acceso al agua potable es una realidad en algunas zonas de nuestro país. Hasta hace unos años, el considerar el agua como una necesidad no satisfecha era algo impensable, pero dada la escases cada vez más severa de este elemento básico para la vida, el tema ha venido ocupando un lugar importante en el debate de derechos humanos a nivel internacional.

Es importante reflexionar acerca de la naturaleza de los derechos humanos y entender que “los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.”^{^[1]}

Se debe entender entonces, que los derechos humanos al ser reconocidos traen consigo responsabilidades y obligaciones que los Estados adquieren al incorporar este reconocimiento en su normativa. También, es necesario recordar, que los derechos humanos no son creaciones de los Estados, sino que estos se limitan a su reconocimiento y a velar por su protección: “no aparecen con claridad las instituciones del nacimiento de lo que hoy conocemos como derechos humanos, pero se puede afirmar que sus orígenes se encuentran en la corriente del iusnaturalismo, que pregona la existencia de derechos que no cambian en el transcurso del desarrollo de los tiempos, “estos derechos, en cuanto dictados por la naturaleza y no impuestos por una autoridad externa, son anteriores al estado y constituyen, por tanto, para la autoridad política un límite insuperable” como bien señala Bobbio. Su existencia es anterior, son derechos inmutables, por más que varíen las formas de presentarse a los hombres, en leyes normalmente no escritas, y la codificación sólo bien a ser una estructuración de ellos…”^{^[2]}

El declarar el agua como un derecho humano a nivel constitucional, es el primer paso para lograr que se realicen acciones de carácter legal para que el acceso al agua potable no solamente sea posible, sino que sea resguardado a partir de la protección que se le brinde. Costa Rica debe ir a la vanguardia en el tema de derechos humanos.

Por los motivos expuestos sometemos a consideración de las señoras y los señores diputados el presente proyecto de reforma constitucional.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

PARA HACER DEL AGUA POTABLE UN DERECHO HUMANO

ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmase el artículo 50 de la Constitución Política para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:

“Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El acceso al agua potable es un derecho humano.

El Estado garantizará, defenderá y preservará esos derechos. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Rige a partir de su publicación.

Mireya Zamora Alvarado Víctor Danilo Cubero Corrales

Carlos Luis Avendaño Calvo Rita Chaves Casanova

Víctor Emilio Granados Calvo Justo Orozco Álvarez

Damaris Quintana Porras Adonay Enríquez Guevara

Patricia Pérez Hegg Ernesto Chavarría Ruiz

Edgardo Araya Pineda Manuel Hernández Rivera

Gloria Bejarano Almada Luis Fishman Zonzinski

Martín Monestel Contreras José Joaquín Porras Contreras

Luis Gerardo Villanueva Monge Rodolfo Sotomayor Aguilar

José María Villalta Florez-Estrada Carlos Humberto Góngora Fuentes

José Roberto Rodríguez Quesada

DIPUTADOS

NOTA: Este proyecto se encuentra en la Secretaría del Directorio, donde puede ser consultado.

San José, 28 de julio de 2010.––1 vez.––O. C. Nº 20206.—Solicitud Nº 200212.––C-123250.––(IN2010067378).

REFORMA CONSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD

Y AL ACCESO AL AGUA

Expediente Nº 17.795

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El sistema costarricense de protección de derechos fundamentales es uno de los más completos del mundo, en el sentido de que la propia Carta Fundamental, a través de su artículo 48, garantiza la incorporación al mismo de aquellos que se establezcan en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en la República.

De esta forma, la propia Constitución establece un mecanismo ágil para integrar y ampliar el elenco de los derechos protegibles, sin necesidad de reformar su texto.

No obstante lo anterior, el derecho al acceso al agua como derecho fundamental, si bien obviamente trascendental como elemento indispensable para el mantenimiento de la vida y de garantía de la salud de la población, no ha tenido un desarrollo claro ni en la propia Carta Política ni en los tratados sobre derechos humanos existentes.

Si bien algunas normas internacionales recogen este derecho fundamental, por ejemplo las contenidas en los artículos 14.2 inciso h) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y 24.2 inciso c) de la Convención sobre los derechos del niño, se echa en falta una disposición de carácter general sobre la materia, que venga a respaldar la doctrina que sobre el tema ha venido recogiendo nuestra Sala Constitucional, en elaboración jurisprudencial basada también en los artículos 21 y 50 del Texto Fundamental, por ejemplo en las sentencias 1108-1996, 2002-10776, 2003-4654, 2008-15300, 2008-17237, 2009-7558, 2009-7929 y 2009-14787.

Por otro lado, la ubicación de este derecho fundamental en el artículo 21 tiene una razón especial. Si bien la regulación del agua puede elaborarse a partir del artículo 121.14 inciso a) de la Constitución, o del numeral 50 de la misma, dicho enfoque viene dado desde la caracterización del agua como un bien demanial o desde la protección del medio ambiente, cuando el encuadre correcto que se le debe poner a este asunto debe venir desde la perspectiva del ser humano, de la garantía de sus necesidades básicas y la equiparación de las condiciones sociales para su desarrollo, lo cual se logra de manera especial en el numeral 21 de la Carta Política, calificándolo como una especial protección al derecho a la vida y al derecho a la salud.

Sobre el contenido de la reforma, la misma intenta dar cabida de manera concreta a la doctrina que sobre el derecho humano al acceso al agua ha venido emitiendo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Este órgano es integrado por expertos independientes y supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU. Fue creado en virtud de la resolución 1985/17 del Consejo Económico Social y, en el 2002, en sus observaciones generales identificadas con el número 15, hizo una interpretación de los artículos 11 y 12 del Pacto con relación a la materia objeto de esta reforma constitucional. Con ello, se busca de esta manera integrar en nuestra legislación las consideraciones más elaboradas que sobre el tema se han emitido a nivel mundial, dándole a nuestro país una regulación de avanzada.

En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de reforma constitucional.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA CONSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD Y AL

ACCESO AL AGUA

ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmase el artículo 21 de la Constitución Política para que en adelante se lea de la siguiente manera:

“Artículo 21.- La vida humana es inviolable

Toda persona tiene derecho a la salud y a acceder al agua de forma suficiente, segura, física y económicamente asequible y en condiciones de calidad adecuadas para el consumo humano, tanto para uso personal como doméstico.

El Estado deberá garantizar la gestión sostenible y equilibrada de los recursos hídricos.”

Rige a partir de su publicación.

Luis Fishman Zonzinski José María Villalta Florez-Estrada

Wálter Céspedes Salazar Rita Chaves Casanova

Rodolfo Sotomayor Aguilar Martín Monestel Contreras

Gloria Bejarano Almada Víctor Emilio Granados Calvo

Mireya Zamora Alvarado Carlos Luis Avendaño Calvo

José Roberto Rodríguez Quesada

DIPUTADOS

NOTA: Este proyecto se encuentra en la Secretaría del Directorio donde puede ser consultado.

San José, 28 de julio del 2010.—1 vez.—O. C. Nº 20206.—Solicitud Nº 200212.—C-80770.—(IN2010067379).

MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL SISTEMA

FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA

Y CREACIÓN DEL BANCO HIPOTECARIO

DE LA VIVIENDA, N.º 7052, Y SUS REFORMAS

Expediente N.º 17.797

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El tema de vivienda es clave para el desarrollo económico y social de un país. Más aún si, como en el caso de Costa Rica, la necesidad de proveer de condiciones de habitabilidad adecuadas a los segmentos de menores ingresos de la población se fundamenta en una trayectoria histórica profundamente arraigada en principios de solidaridad social.

La vivienda no solo es importante por los beneficios que genera, sino que constituye, además, una condición necesaria para optimizar los resultados de la inversión que el Estado realiza en otras áreas como educación, salud e infraestructura vial, siendo que el tema de construcción ha sido reconocido ampliamente por su impacto positivo en la generación de empleo y por su efecto multiplicador del crecimiento económico.

Costa Rica es un país pequeño, con una población de 4 007 753 habitantes que conforman 1 105 488 hogares de 3,63 miembros por hogar y un 18% de población pobre, según datos de la última encuesta de hogares llevada a cabo por el Instituto de Estadística y Censos (INEC), a julio de 2008.

Según los indicadores de dicho Instituto, el número de viviendas a esa fecha de corte asciende a 1 033 939, por lo que el déficit habitacional suma más de 70 000 viviendas.

La atención de las necesidades de vivienda ha estado concentrada en el Estado por medio del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, conformado en el año 1986 a partir de la promulgación de la Ley N.º 7052, que crea el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y la figura del bono familiar de vivienda.

El bono se ha concebido como un subsidio directo para las familias con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos de un obrero de la construcción, el cual complementaría el crédito otorgado por entidades autorizadas adscritas al Sistema, más una participación económica de la familia, permitiendo una triangulación de esfuerzos para combatir las necesidades imperiosas de viviendas y dotar así del más preciado activo a las familias costarricenses.

A partir de 1986, el bono familiar de vivienda estimuló una importante ampliación del mercado de financiamiento habitacional al incorporar a la demanda efectiva sectores de bajos recursos que antes no tenían opciones para resolver su problema; de esta forma, el sistema ha dotado de vivienda a 268 439 familias, lo que equivale al 24% de los hogares costarricenses, labor encomiable pues se ha dado atención a la cuarta parte de los hogares nacionales.

De conformidad con el marco legal y la concepción original del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, la elegibilidad del bono se extiende a familias cuyos ingresos alcancen como máximo cuatro veces el salario mínimo de un obrero de la construcción no calificado; con ello se pretendió cubrir desde los hogares pobres hasta la clase media baja que no tiene acceso a una solución total de vivienda mediante las opciones de financiamiento tradicionalmente ofrecidos en el mercado.

Por razones coyunturales, la realidad del sistema arroja una respuesta diferente de los objetivos circunscritos en 1986 y veintitrés años después se evidencia una concentración significativa de la inversión del Estado en los estratos uno y dos de la tabla de ingresos; es decir, el presupuesto de bonos cubrió hogares cuyos ingresos no superan los dos salarios mínimos.

Según registros del Banco Hipotecario de la Vivienda se han otorgado 237 171 bonos en familias con niveles de ingresos menores a los dos salarios mínimos, desde que inició el sistema hasta diciembre de 2009; lo anterior significa una concentración del 88.34% de total de los recursos que el Estado ha dispuesto para solucionar problemas de vivienda, dejando apenas un 11.6% para los dos estratos restantes, situación que deja en evidente desventaja a las familias que cuentan con alguna capacidad de pago.

La situación de la poca atención de las familias de clase media se acentúa si desagregamos las cifras por año, pues la tendencia ha hecho más significativa la desproporción en la distribución de recursos. Así, de 1987 a 1994 la proporción de bonos otorgados a las familias de ingresos menores a los dos salarios era del 75%; en 1995 se elevó a un 95.1% y, en el último quinquenio, se elevó a un 97%, dejando apenas un 3% para la atención de las familias de los estratos dos y tres.

REALIDAD DE LAS FAMILIAS DE INGRESOS MEDIOS:

Costa Rica es una sociedad muy particular en la que el segmento de la clase media ha ocupado una proporción significativa de la población, pues este grupo constituye los contribuyentes fiscales por excelencia y es generadora de empleo y crecimiento. No obstante, la política de distribución de los recursos del sector vivienda no ha sido congruente con esta realidad.

Esta población se caracteriza por parejas jóvenes recién formadas, con al menos uno o dos hijos, donde probablemente ambos cónyuges trabajan, son profesionales que se inician en sus carreras y mantienen una expectativa de vivienda localizada en sectores geográficos que gocen de buena infraestructura y seguridad, constituyendo estas las variables prioritarias para su elección.

Este tipo de familia por su condición económica no ha sido objeto de atención sostenible por parte del Estado, ni son sujetos de crédito para los bancos privados que optan por satisfacer un segmento de ingresos de más alto nivel.

Algunos esfuerzos en esta línea fueron los realizados por parte del INVU, pero se ubicaron en una coyuntura puntual y carecieron de sostenibilidad, por lo que en el momento actual nuestra clase media carece de opciones.

La desatención a la clase media se vuelve más compleja, si agregamos el variable de crecimiento vegetativo; es decir, nuevas necesidades originadas en la formación de nuevas familias. De esta forma, si utilizamos el índice demográfico de crecimiento registrado, utilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las nuevas necesidades de vivienda para la clase media se pueden proyectar en unas 2 254 unidades habitacionales por año.

Otro elemento que ha coadyuvado para que no se solucione el problema ha sido la falta de oferta de viviendas a precios accesibles para este grupo de familias. La mayor parte de los desarrolladores de proyectos de viviendas se han polarizado atendiendo a la clase de ingresos bajos, pues saben que existe probabilidad de colocar las unidades habitacionales en razón de la aplicación del bono familiar de vivienda, o bien, se dedican a la construcción de proyectos de clase alta, ligado a bancos privados que atienden al sector de altos ingresos, pues es una demanda también segura, por la capacidad de pago con que cuentan dichas familias.

En este contexto, la Cámara Costarricense de la Construcción ha manifestado interés y compromiso en el sentido de desarrollar proyectos cuyos precios sean accesibles para la clase media, siempre y cuando se cuente con un programa sostenible de apoyo estatal que le permita a este grupo de ciudadanos comprar las viviendas con planes de financiamiento aptos a sus niveles de ingreso.

Esta realidad obliga a retomar el tema en busca de opciones permanentes que les permitan a nuestras familias de ingreso medio el acceso a una solución de vivienda acorde con sus necesidades y expectativas.

El presente proyecto de ley valora esas necesidades en el contexto del marco jurídico del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con miras a extender el beneficio del bono familiar de vivienda por medio de una asignación de recursos dirigida a familias cuyo nivel de ingreso corresponda a cinco veces el salario de un obrero de la construcción no calificado. Dicha reforma permite desarrollar programas al combinar elementos como el subsidio, el ahorro de las familias y el crédito de las entidades autorizadas dentro de un programa dirigido, especialmente, para darles una solución de vivienda digna a nuestras familias de clase media.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de las señoras diputadas y de los señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO

NACIONAL PARA LA VIVIENDA

Y CREACIÓN DEL BANCO HIPOTECARIO

DE LA VIVIENDA, N.º 7052, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO 1.- Refórmanse los artículos 51, 52 y 54 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y creación del Banco Hipotecario de la Vivienda, N.º 7052, de 13 de noviembre de 1986, y sus reformas. Los textos dirán:

“Artículo 51.- Serán elegibles para recibir el beneficio del fondo, los núcleos familiares que no tengan vivienda o que, teniéndola, dichas viviendas requieran reparaciones o ampliaciones. Asimismo, sus ingresos mensuales no deberán exceder el máximo de cinco veces el salario mínimo de un obrero no especializado de la industria de la construcción.

Artículo 52.- El monto máximo del subsidio se otorgará como donación a las familias cuyos ingresos mensuales no excedan el límite mayor del salario mínimo mensual de un obrero no especializado de la industria de la construcción. Por encima de este y hasta el máximo de cinco salarios mínimos mensuales de un obrero no especializado de la industria de la construcción, el monto del subsidio se definirá en relación inversa al ingreso mensual familiar, conforme al Reglamento del Fondo de subsidios para la vivienda (Fosuvi) y se otorgará también como donación.”

“Artículo 54.- Las familias y los adultos mayores sin núcleo familiar que reciban el subsidio y cuyos ingresos sean iguales o inferiores a cinco salarios mínimos previstos en esta Ley, podrán obtener del Sistema créditos habitacionales, de acuerdo con su capacidad de pago y el Reglamento de este Fondo.

La Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) podrá autorizar que el subsidio del bono familiar de vivienda también pueda aplicarse en forma diferida para amortizar parcialmente los créditos a que se refiere el párrafo anterior, de acuerdo con las siguientes normas y las que reglamentariamente emita dicha entidad:

a) El monto del subsidio se depositará en la entidad autorizada acreedora, en cuentas separadas, individualizando al respectivo destinatario y con el único propósito de que se utilice para este plan de inversión. Mientras la finalidad última de dichos recursos no se haya alcanzado plena y legalmente, los recursos son fondos públicos, propiedad del Banhvi y respecto a ellos no podrán alegarse derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas por parte de las entidades autorizadas, los beneficiarios o destinatarios, o de terceros. En estos casos se alcanzará la finalidad cuando el subsidio se haya agotado legalmente.

b) Conforme sea necesario atender la amortización del crédito e intereses corrientes, la entidad autorizada acreedora utilizará los recursos del subsidio para cubrir parcialmente el pago de la cuota de acuerdo con el porcentaje que señale el Reglamento. Los depósitos deberá hacerlos al Banhvi en un solo tracto, en el momento en el que se formalicen las operaciones según los programas y la reglamentación definidos por el Banhvi.

c) Los créditos sujetos a este programa serán exclusivamente para los siguientes programas: compra de vivienda existente, compra de lote y construcción de vivienda, construcción en lote propio y ampliaciones y mejoras de vivienda propia. En igual forma, los inmuebles solo podrán soportar las hipotecas que se generen de estos planes de inversión, y deberán estar completamente libres de otras hipotecas, gravámenes, embargos y anotaciones. Mientras los créditos se estén atendiendo con recursos del subsidio del bono familiar de vivienda, no se podrá, en ningún caso autorizar la imposición de nuevos gravámenes sobre estos inmuebles. El Registro Inmobiliario inscribirá las hipotecas a que se refiere el presente artículo, con la indicación de que la cuota del pago lleva un componente de recursos del bono familiar de vivienda y no anotará ni inscribirá nuevos gravámenes hipotecarios mientras el gravamen precedente no haya sido cancelado a nivel registral.

d) El pago parcial con cargo al subsidio se hará simultáneamente, cuando el deudor a su vez realice el pago de una cuota con cargo a su patrimonio. Ante la mora administrativa o judicial o cuando el beneficiario incumpla las obligaciones previstas en el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda o del artículo 777 del Código Civil, se deberá suspender la aplicación del subsidio para la atención del pago de la deuda y conforme se disponga en el reglamento. La suspensión podrá ser temporal, cautelar o definitiva, y la reanudación de los pagos solo se podrá hacer de acuerdo con el procedimiento reglamentario, buscando satisfacer primordialmente el interés público.

e) En casos como fallecimiento del deudor, destrucción del inmueble por fenómenos naturales y otros similares en los cuales la deuda se cancele mediante la aplicación de pólizas, todos los saldos o remanentes del subsidio serán reintegrados sin mayor trámite al Banhvi. Igual procedimiento podrá aplicarse -de existir necesidad- en casos como intervención, liquidación de la entidad, fusión y quiebra. El Banhvi dictará casuísticamente las normas necesarias para atender este tipo de casos; dichas normas serán de acatamiento obligatorio para interventores, curadores y liquidadores. Se entiende que en todos los casos en que se llegue a autorizar a los beneficiarios la venta del inmueble y existan remanentes del subsidio pendientes de aplicación, no procederá respecto a ellos una novación de deudor. Estas autorizaciones solo podrán otorgarse por excepción y en casos muy calificados, conforme se disponga en el Reglamento.

f) Siempre que la aplicación de los recursos esté suspendida por razones como las indicadas en los incisos d) y e), los remanentes serán girados al Banhvi con sus rendimientos no liquidados o podrán permanecer bajo administración de la entidad autorizada capitalizando los rendimientos, todo de acuerdo con las regulaciones del reglamento y las instrucciones o medidas cautelares que vaya dictando el Banhvi para cada caso o conjunto de estos casos.

g) En los casos de remate judicial o de dación en pago se aplicarán las siguientes reglas:

i) Si la entidad autorizada se adjudica el inmueble por remate o por dación en pago, deberá reintegrar al Banhvi el monto de los recursos empleados para el pago de la cuota, una vez que se hayan aplicado los procedimientos establecidos en las normativas que al efecto ha dispuesto la Superintendencia General de Entidades Financieras sobre la distribución de utilidades en la venta de bienes adjudicados.

ii) Si en remate judicial un tercero se adjudica el inmueble, la entidad autorizada reintegrará al Banhvi los recursos del bono familiar efectivamente utilizados para amortizar la deuda, una vez que le haya sido liquidado el saldo de su acreencia en sede judicial. El plazo y la forma de pago serán establecidos en el reglamento.

h) Las entidades autorizadas deberán invertir los recursos del subsidio no sujetos a disponibilidad inmediata, en valores de la más alta seguridad y rentabilidad, conforme a las instrucciones y disposiciones que dicte el Banhvi y los intereses serán traslados a este, y formarán parte del Fondo de subsidios para la vivienda (Fosuvi).”

ARTÍCULO 2.- Adiciónase un nuevo artículo 53 a la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y creación del Banco Hipotecario de la Vivienda, N.º 7052, de 13 de noviembre de 1986, y sus reformas. El texto dirá:

“Artículo 53.- El subsidio del bono familiar de vivienda podrá utilizarse también para la atención del plan de inversión previsto en el artículo 54 y únicamente por las entidades autorizadas del Sistema que cumplan los siguientes requisitos y obligaciones:

a) Estar sujetas a la fiscalización y supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras y no encontrarse en situación de irregularidad financiera conforme a la normativa de ese órgano.

b) Por tratarse de entidades autorizadas privadas, someterse obligatoriamente a la aplicación de los principios y las normas técnicas de control interno que emita la Contraloría General de la República y que estén dirigidas a sujetos de derecho privado custodios o administradores de fondos públicos. La auditoría interna del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y de cada entidad autorizada, serán responsables de velar por el correcto cumplimiento de dichos principios y normas de conformidad con las disposiciones que emita el Banhvi.

c) Firmar con el Banhvi un contrato de administración de los recursos, con los derechos y las obligaciones previstos en estas normas y en el reglamento que al efecto emitirá su Junta Directiva y rendir las cauciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que acuerde el Banhvi al respecto.”

Rige a partir de su publicación.

Patricia Pérez Hegg Marielos Alfaro Murillo

Ernesto Chavarría Ruiz Manuel Hernández Rivera

Danilo Cubero Corrales Damaris Quintana Porras

Adonay Enríquez Guevara Carlos Humberto Góngora Fuentes

Mireya Zamora Alvarado

DIPUTADOS

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

29 de julio de 2010.—1 vez.—Solicitud Nº 200212.—O. C. Nº 20206.—C-276300.—(IN2010067382).

AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA QUE SEGREGUE

Y DONE VARIOS LOTES A SUS ACTUALES OCUPANTES

EN LA FINCA LOS DIAMANTES EN GUÁPILES, POCOCÍ

Expediente N.º 17.798

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Desde hace más de treinta años, se constituyó un barrio en la ciudad de Guápiles llamado La Emilia, donde se asentaron honestos trabajadores vecinos de la comunidad guapileña, empleados en la finca Los Diamantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Como una práctica de la finca, se otorgaba vivienda a sus trabajadores y allí permanecían, con el apoyo y la complacencia de la administración. Después de varios años, el barrio La Emilia se ha convertido en una pujante y progresista comunidad, con su escuela, su jardín de niños, cancha de fútbol, salón comunal así como una serie de obras comunales.

Sin embargo, la comunidad tiene el problema de que la escuela y el jardín de niños, la cancha de fútbol y demás obras comunales, así como los vecinos que allí se ubican, no cuentan con un título de propiedad debidamente inscrito, pese a que tienen más de diez años de posesión.

Al no poseer el título de propiedad, se ve afectado el funcionamiento tanto de la escuela, como las demás obras comunales que ahí se ubican, ya que no pueden recibir ayuda de ninguna institución por la condición en que se encuentran, a la vez las familias viven un estado de incertidumbre jurídica por su situación.

Es importante hacer notar a las señoras y señores diputados que los terrenos indicados son actualmente de naturaleza urbana y en los que se han formado y constituido familias, que con su dedicación y esfuerzo, los han convertido en una comunidad próspera.

Asimismo, aclaramos que la finca madre es de dominio privado del Estado, por la naturaleza jurídica que se le otorga registralmente, la hace acreedor de ello, pues se describe como terreno de agricultura, por lo que no requiere desafectación.

Por lo tanto, se propone el siguiente proyecto de ley, con el propósito de donar los terrenos a los actuales ocupantes que muestren una posición igual o mayor a diez años. La finca es propiedad del Estado y administrada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El área en cuestión no es útil para el Ministerio, pues se trata de un terreno de naturaleza actualmente urbana, que ha servido de asiento a una comunidad desde hace mucho tiempo. Con este acto se lograría resolver el problema de propiedad y realizar un bien social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley, para su estudio y aprobación por parte de las señoras y los señores diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA QUE SEGREGUE Y

DONE VARIOS LOTES A SUS ACTUALES OCUPANTES

EN LA FINCA LOS DIAMANTES EN GUÁPILES, POCOCÍ

ARTÍCULO 1.-

Autorízase al Estado a segregar, únicamente, de su finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, partido de Limón, situada en el cantón de Pococí, distrito de Guápiles, bajo el Sistema de Folio Real mecanizado matrícula número 1934-000, con la naturaleza, medida y linderos que indica el Registro Público y donar a los actuales ocupantes, que tengan más de diez años de posesión, siempre y cuando no posean bienes inmuebles inscritos a su nombre, los terrenos que se detallan en el artículo 2 de la presente Ley.

ARTÍCULO 2.-

De acuerdo con el artículo anterior, se realizará la segregación y donación respectiva conforme al plano catastrado correspondiente a cada uno de los beneficiarios, de la siguiente manera:

N.º PLANO	ÁREA	POSEEDOR	CÉDULA
228318-1994	8.273,05	Ministerio de Educación Pública	2100042002
859480-1989	2.774,49	Antonio Gonzalo Quirós Irola	300920078
638169-2000	418,08	José Alberto Zúñiga Morales	601690251
854783-1989	828,25	Eduardo Róger Pérez Rivera	700460952
864602-1989	251,96	Jorge Alberto Vargas Meléndez	700580559
202344-1994	971,86	Luis Alberto Sibaja Sánchez	700700135
871267-1990	1.512,58	José Ronulfo Ramírez Aguilar	301540371
863664-1989	1.398,19	Calixto Morales Morales	800510481
867283-1989	1.094,54	Rubén Venancio Jiménez Jiménez	700470785
865319-1989	275,60	Carlos Minor Alfaro Solís	106110816
865320-1989	252,81	Bolívar Madrigal Badilla	104290428
871266-1990	823,38	José Francisco Fallas González	700710335
864603-1989	235,96	Alonso Fernando Guillén Dee	300960402
867284-1989	698,08	Luis Guillermo Masís Rivera	700730934
859479-1989	917,51	Carlos Luis Rodríguez Aguilar	301070359
864604-1989	339,45	Rafael Ángel Arrieta Mata	900230324
856119-1989	744,23	Luis Guillermo Espinoza Castillo	700650167
858478-1989	555,91	Luis Guillermo Masís Vega	301330059
854785-1989	843,20	Claudio Heriberto Bonilla Madrigal	900210490
856123-1989	918,65	Misael Edwin Arroyo Garita	700240381
867286-1989	1.138,89	Danilo Rodríguez Vega	201810100
871268-1990	854,04	Marino José Espinoza Hernández	400730151
872203-1990	571,38	Lucas Isaías Moraga Bejarano	601070189
872206-1990	1.222,16	Álvaro Hernán Espinoza Castillo	700610697
578597-1985	150,43	Javier Brenes Villalobos	202910095
856118-1989	1.138,68	Francisco Humberto Cordero Arroyo	700380495
865321-1989	543,17	Gonzalo Chaves Monge	700610684
867285-1989	1.748,16	Justo Espinoza Tobal	800490197
872204-1990	3.409,67	José Luis Rivera López	301170776
872205-1990	749,00	Rigoberto Briceño Mendoza	601490220
863659-1989	389,25	Sandra Reinery Pérez Rivera	700560219
854784-1989	694,98	Juan Enrique Quintero Barboza	102160088

En caso de fallecimiento de alguno de los beneficiarios indicados en el presente artículo, el Estado segregará y donará el terreno correspondiente a que se refiere la presente Ley, a las personas legitimadas mediante acuerdo o partición en proceso sucesorio judicial o notarial, o mediante sentencia estimatoria de derechos a su favor sobre el inmueble, que se encuentre firme.

La Municipalidad del cantón de Pococí y la Asociación de Desarrollo La Emilia de Guápiles podrán inscribir los planos catastrados, correspondientes, en su orden, a la plaza de fútbol y la cancha de basquetbol, y al salón comunal, que en su conjunto corresponden a dos hectáreas de la finca madre; una vez realizada la inscripción del plano respectivo, el Estado segregará los terrenos correspondientes y se los donará a esa Municipalidad y Asociación, mediante el procedimiento establecido en la presente Ley.

ARTÍCULO 3.-

Los costos por honorarios, timbres e impuestos para la confección de la escritura de segregación y donación para el traspaso de los terrenos corresponderán a cada uno de los beneficiarios.

Rige a partir de su publicación.

Manuel Hernández Rivera Elibeth Venegas Villalobos

Wálter Céspedes Salazar Carmen Granados Fernández

Víctor Emilio Granados Calvo José María Villalta Florez-

Estrada

Carlos Luis Avendaño Calvo Justo Orozco Álvarez

Danilo Cubero Corrales Carlos Humberto Góngora

Fuentes

DIPUTADOS

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.

29 de julio de 2010.—1 vez.—Solicitud Nº 200212.—O. C. Nº 20206.—C-143020.—(IN2010067381).

LEY DE FINANCIAMIENTO PERMANENTE PARA LA

ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN

EN LAS OLIMPIADAS NACIONALES E

INTERNACIONALES DE MATEMÁTICAS,

QUÍMICA, FÍSICA Y BIOLOGÍA

Expediente N.º 17.801

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Durante la presente legislatura venció el plazo cuatrienal del proyecto de ley 16.270 Ley de financiamiento permanente para la organización, desarrollo y participación en las olimpiadas nacionales e internacionales de Matemáticas, Química, Física y Biología (originalmente denominado): Ley de financiamiento permanente para la organización y el desarrollo de las olimpiadas costarricenses de Matemáticas, Química y Física, que fue iniciativa del exdiputado Alexander Mora Mora.

Este proyecto había cumplido todas las etapas del proceso legislativo y se encontraba en el orden del día del Plenario legislativo, listo para ser votado en primer debate durante el presente año. Sin embargo, por un descuido o por falta de interés se dejó vencer ese plazo fatal y se archivó el expediente el 20 de julio de 2010.

Fue a raíz de la participación del joven Rafael Ángel Rodríguez quién es un joven estudiante de San Ramón que obtuvo la medalla de oro en las Olimpiadas Internacionales de Química para pre-universitarios, competencia que es catalogada como la más importante del mundo, que se hizo aún más evidente la necesidad de contar con apoyo económico para patrocinar a los competidores nacionales pertenecientes a las ciencias duras, en estos eventos internacionales.

Sin duda, este proyecto constituye una excelente inversión en educación pública pues son las mentes jóvenes el tesoro más grande que poseemos y la mejor parte de nuestro presente.

En octubre de 2001, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de creación de las Olimpiadas Costarricenses de Matemáticas, N.º 8152. Sin embargo, con esta Ley se dejó un vacío en relación con otras ramas de las ciencias puras y por eso se hace necesario ampliar el campo de patrocinio económico estatal para los jóvenes científicos que requieren preparación adecuada y constantes para subir los niveles de competición a nivel nacional e internacional. El estímulo para participar debe ser económico pues muchos no tienen los recursos para viajar o pagar libros y clases extra.

Estos jóvenes químicos que han dado la cara por nuestro país, especialmente durante el presente año, mostraron que con sus capacidades cognitivas, su espíritu de superación, esfuerzo y dedicación, así como con el apoyo de sus profesores y padres de familia, pueden alcanzar los más altos galardones dentro de sus disciplinas.

Esta iniciativa permitirá contar con los recursos económicos mínimos para la preparación de los estudiantes para afrontar las competiciones nacionales e internacionales.

También, constituye un reconocimiento a los profesores que dan horas y horas de dedicación y de los padres y madres de familia de estos jóvenes, quienes entregan todo lo que tienen para que sus hijos salgan adelante y logren alcanzar el éxito en sus competencias.

Por las razones anteriormente expuestas, someto de nuevo a conocimiento de las señoras y los señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE FINANCIAMIENTO PERMANENTE PARA LA

ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN

EN LAS OLIMPIADAS NACIONALES E

INTERNACIONALES DE MATEMÁTICAS,

QUÍMICA, FÍSICA Y BIOLOGÍA

ARTÍCULO 1.- Créanse las Olimpiadas de Matemáticas, Química, Física y Biología y su financiamiento permanente, como competiciones que procuran estimular en los estudiantes de la educación pública y privada el interés por estas áreas del saber y promover el desarrollo de aptitudes intelectuales hacia ellas.

ARTÍCULO 2.- Se fomentará y estimulará la participación de los estudiantes de primaria en las Olimpiadas de Matemáticas; y de los estudiantes de secundaria en las Olimpiadas de Matemáticas, Química, Física y Biología de todos los centros educativos del país, públicos y privados a nivel nacional. Se velará especialmente por la participación de Costa Rica en eventos internacionales, que permitan a nuestros estudiantes ampliar su conocimiento.

ARTÍCULO 3.- Se constituirá el Consejo Nacional de Olimpiadas Académicas, que tendrá como función principal planear y ejecutar las Olimpiadas de Matemáticas, Química, Física y Biología. Este Consejo estará constituido por un representante del Ministerio de Educación Pública, un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un representante del Conicit; así como un representante de cada una de las universidades públicas estatales. Este Consejo funcionará según lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes de la Ley general de la Administración Pública.

El desarrollo de cada una de las Olimpiadas será ejecutado por el Consejo Nacional de Olimpiadas Académicas mediante cuatro comisiones: una Comisión Organizadora de las Olimpiadas de Matemáticas, una Comisión Organizadora de las Olimpiadas de Física, una Comisión Organizadora de las Olimpiadas de Biología y una Comisión Organizadora de las Olimpiadas de Química. Cada Comisión a su vez estará conformada por un representante del Ministerio de Educación Pública, un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un representante del Conicit y un representante de las escuelas o departamentos referentes a la materia de cada una de las universidades estatales.

ARTÍCULO 4.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que, cada año, incluya en la Ley de presupuesto nacional la partida presupuestaria anual, destinada al Ministerio de Educación Pública, con el propósito de financiar permanentemente el desarrollo de las Olimpiadas de Matemáticas, Química, Física y Biología.

El monto mínimo anual que corresponderá a cada una de las Olimpiadas creadas en esta Ley se distribuirá de la siguiente forma: doscientos cincuenta salarios base de un oficinista I para cada una de las Olimpiadas de Matemáticas, Química, Física y Biología, conforme aparece en la relación de puestos de la Ley de presupuesto ordinario de la República de cada año.

Se autoriza al Ministerio de Ciencia y Tecnología, como financiamiento complementario, a destinar recursos del Fondo de Incentivos creado por la Ley N.º 7169, de 1 de agosto de 1990.

ARTÍCULO 5.- Autorízase a la Comisión Nacional de Olimpiadas Académicas a recibir donaciones de entes públicos o privados que estén interesados en contribuir con el desarrollo de las Olimpiadas creadas en esta Ley.

ARTÍCULO 6.- Derógase la Ley N.º 8152, de 14 de noviembre de 2001.

Rige a partir de su publicación.

Carmen Granados Fernández

DIPUTADA

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación.

4 de agosto de 2010.—1 vez.—Solicitud Nº 200212.—O. C. Nº 20206.—C-106250.—(IN2010067387).

ACUERDOS

Nº 6430-10-11

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

En Sesión Ordinaria Nº 039 celebrada el 01 de julio de 2010 y en uso de las atribuciones que le confiere el inciso 5) del artículo 121 de la Constitución Política

ACUERDA:

Conceder permiso de atraque y permanencia en puertos costarricenses, tanto del Mar Caribe como del Océano Pacífico, y desembarque de las tripulaciones de las embarcaciones de la Armada de los Estados Unidos de América.

Dichos buques, operarán en las aguas de la zona económica exclusiva de Costa Rica y tienen como misión el apoyo a operación antidrogas en el cumplimiento del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito” aprobado mediante Ley Nº 7929 del 6 de octubre de 1999, en el período comprendido entre el 1º de julio al 31 de diciembre del año 2010.

Las embarcaciones autorizadas son:

USS BOONE (FFG 28)

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados. Embarcación 2

USS CARR (FFG 52)

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros SH-60B.

USS CROMMELIN (FFG 37)

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros SH-60B.

USS CURTS (FFG 38)