LEYES

10348

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APROBACIÓN DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

ARTÍCULO 1-            Se aprueba, en cada una de sus partes, el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 8 de noviembre de 2021. El texto es el siguiente:

TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y El GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Ecuador, en la sucesivo denominados “las Parles Contratantes”,

Deseando mejorar y reforzar la cooperación entre los dos Estadas con la intención de reprimir la criminalidad sobre la base del reciproco respeto a la soberanía, a la igualdad ya la ventaja mutua,

Estimando que tal objetivo puede ser conseguido mediante la conclusión de un nuevo acuerdo bilateral que establezca una acción común en materia de extradición,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Obligación de extraditar

Cada Parte Contratante, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y bajo petición del Estado Requirente, se compromete a entregar reciprocamente a las personas que se encuentren en su territorio y que sean buscadas por el Estado Requirente a fin de dar curso a un procedimiento penal o de cumplir una condena definitiva a una pena privativa de libertad, dictada par las autoridades judiciales de la otra Parte como consecuencia de un delito.

Artículo 2

Hechos que dan lugar a la extradición

1.           Para los efectos de este Tratado, la extradición podrá ser concedida cuando:

a)           la solicitud de extradición sea formulada para dar curso a un procedimiento penal y el delito sea sancionado con al menos un año de prisión de conformidad con la legislación de ambos Estados;

b)        la solicitud de extradición sea formulada para cumplir una sentencia condenatoria firme por un delito, de conformidad con la ley de ambos Estados, y en el momento de la presentación de la solicitud el período de tiempo de la pena privativa de libertad que falte por cumplir sea por lo menos de seis meses;

2.           Al determinar si un hecho constituye un delito con arreglo a la ley de ambos Estados de conformidad con el numeral 1 del presente artículo, no tendrá relevancia si según las respectivas leyes el hecho está comprendido en la misma categoría de delito o si el delito está denominado con la misma terminología.

3.           Si la solicitud de extradición se refiere a dos o más delitos sancionados por la legislación de ambos Estados con penas privativas de libertad, pero uno o más de los delitos no cumplen con os requisitos previstos en los incisos anteriores, el Estado Requerido podrá conceder también la extradición para éstos últimos, si al menos uno de los delitos cumple con las condiciones previstas en los numerales 1 y 2 anteriores del presente artículo.

4.           La extradición será concedida inclusive si el delito objeto de la solicitud ha sido cometido fuera del territorio del Estado Requirente, siempre y cuando la ley del Estado Requerido autorice la persecución de un delito de la misma naturaleza cometido fuera de su territorio.

Artículo 3

Motivos de denegación obligatorios

1.           La extradición se denegará cuando:

a)           el Estado Requerido posea motivos fundados para creer que la solicitud de extradición se ha formulado con el propósito de procesar o sancionar a una persona por razón de su raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, pertenencia a un grupo social determinado, ideologia u opiniones polificas, o que la situación de esa persona pueda resultar perjudicada por cualquiera de esas razones;

b)           la solicitud de extradición se refiere a delitos considerados por el Estado requerido como delitos políticos o hechos conexos con delitos de esta naturaleza. Para tal efecto, no serán considerados como delitos políticos:

i.            el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia;

ii.            los delitos de terrorismo, ni cualquier otro delito que no sea considerado como delito político a tenor de cualquier Tratado, convenio o acuerdo internacional del cual ambos Estados sean partes.

c)           el Estado Requerido considere que la concesión de la extradición pueda tener consecuencias que están en conflicto con el orden público y con los principios fundamentales de su legislación nacional;

d)           el Estado Requerido haya concedido asilo político ala persona reclamada;

e)           el Estado Requerido haya concedido refugio a la persona reclamada;

f)            el Estado Requerido haya pronunciado una sentencia definitiva sobre la persona por la comisión del delito por el que se solicita la extradición;

g)           por el delito por el cual se solicita la extradición, haya operado la prescripción de la acción penal o de la pena u otra causa de extinción del delito o de la pena en el Estado Requirente o en el Estado Requerido;

h)           la persona requerida vaya a ser juzgada o haya sido condenada en el Estado Requirente por un Tribunal de excepción;

i)            la persona requerida vaya a ser juzgada o haya sido condenada en el Estado Requirente por un Tribunal Militar;

j)            el delito por el cual se solicita la extradición pueda ser castigado por el Estado Requirente con una pena prohibida por la ley del Estado Requerido.

2.           Si la solicitud de extradición para dar curso a un procedimiento penal se refiere a un delito sancionado con la pena de muerte o prisión perpetua, el Estado Requirente, en caso de condena, deberá dar garantías que, impondrá una pena privativa de libertad permitida según la legislación del Estado Requerido.

3.           Si la solicitud de extradición para cumplir una sentencia condenatoria se refiere a un delito que ha sido sancionado con la pena de muerte o prisión perpetua, el Estado Requirente, antes de la extradición, conmutará la pena aplicando una pena privativa de libertad permitida según la legislación del Estado Requerido.

Artículo 4

Motivos de denegación facultativos

La extradición podría ser denegada en una de las circunstancias siguientes:

a)           si el Estado Requerido tiene en curso un procedimiento penal bajo su jurisdicción contra la persona reclamada por la comisión del delito por el que se solicita la extradición.

b)           si el Estado Requerido, al tener en cuenta la gravedad del delito y los intereses del Estado Requirente, considera que la extradición no sería compatible con valoraciones de carácter humanitario en consideración de la edad, de las condiciones de salud o de otras condiciones personales de la persona reclamada.

Artículo 5

Extradición de nacionales

1.         Cada Estado tendrá el derecho de denegar la extradición de sus nacionales de acuerdo a su ordenamiento jurídico interno.

2.         En caso de denegación de la extradición y bajo petición del Estado Requirente, el Estado Requerido someterá el caso a sus propias Autoridades competentes para la incoación de un procedimiento penal a tenor de la ley interna, esto cuando la solicitud de extradición haya sido para someterlo a un proceso y no para cumplir una pena. Para tal efecto, el Estado Requirente facilitará al Estado Requerido, por medio de cooperación penal internacional, las pruebas, la documentación y cualquier otro elemento útil que obre en su poder.

3.           El Estado Requerido comunicará al Estado Requirente el curso dado a la petición y el resultado del procedimiento.

Artículo 6

Presentación de la solicitud de extradición

Para los efectos del presente Tratado, la solicitud de extradición y demás actas y documentos serán transmitidos a través de la vía diplomática.

Artículo 7

Solicitud de extradición y documentos necesarios

1.           La solicitud de extradición será formulada por escrito y deberá contener, en su propio texto o en documentos anexados, lo siguiente:

a)           la indicación de la Autoridad solicitante;

b)           el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, la nacionalidad, la profesión, el domicilio o la residencia de la persona reclamada en cuanto fuere posible, los datos de su documento de identificación y cualquier otra información útil para identificar a dicha persona o para determinar donde se encuentra, así como, de ser disponibles, los datos descriptivos, las fotografías y las huellas dactilares de la misma;

c)           una exposición clara y circunstanciada de los hechos constitutivos del denlo por el cual se solicita la extradición, que contenga la indicación de la fecha y del lugar de comisión de los mismos, asi como su calificación jurídica;

d)           el texto de las disposiciones legales aplicables, incluyendo las normas sobre el delito y la pena que puede imponerse;

e)           el texto de las disposiciones legales referentes a la prescripción del delito y un análisis de la situación de la prescripción en el caso concreto;

f)            el texto de las disposiciones legales que confieran la jurisdicción al Estado Requirente, en caso de que el delito objeto de la solicitud de extradición haya sido cometido fuera del territorio de este Estado.

2.           Además de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, la solicitud de extradición deberá ser acompañada:

a)           de la copia entente de la orden de detención dictada por la Autoridad competente del Estado Requirente, cuando la solicitud tenga por objeto dar curso a un procedimiento penal;

b)           de la copia auténtica de la sentencia firme y de la indicación de la pena impuesta, cuando la solicitud tenga por objeto dar ejecución a una condena respecto de la persona reclamada;

3.           La solicitud de extradición y los demás documentos de apoyo presentados por el Estado Requirente a tenor de los numerales 1 y 2 que preceden llevarán la firma y el sello oficial de las Autoridades competentes del Estado Requirente.

4.           La solicitud y los documentos presentados de conformidad con el Artículo 6 estarán exentos de legalización y apostillado.

Artículo 8

Detención provisional

1.           El Estado Requirente podrá solicitar la detención provisional de la persona reclamada con vistas a la presentación de la solicitud de extradición. La petición de detención provisional se presentará por escrito y a través de la via diplomática.

2.           La petición de detención provisional contendrá la información a la que se refiere el artículo 7, numeral 1, del presente Tratado y la manifestación de la intención de presentar una solicitud formal de extradición. El Estado Requerido podrá solicitar información complementaria a tenor del artículo 9.

3.           Una vez que haya recibido la petición de detención provisional, el Estado Requerido adoptará las medidas necesarias para asegurar la custodia de la persona reclamada e informará prontamente al Estado Requirente del resultado de su petición.

4.           La detención provisional y las eventuales medidas coercitivas impuestas cesarán si, dentro de los sesenta días sucesivos a la detención de la persona reclamada, el Estado Requerido no ha recibido la solicitud formal de extradición. Bajo petición motivada del Estado Requirente, dicho plazo podrá ser extendido por quince días.

5.           El cese de la detención provisional, a tenor del numeral 4 que precede, no impedirá que se realice una nueva detención y extradición de la persona reclamada si sucesivamente, el Estado Requerido recibe la solicitud formal de extradición de conformidad con las condiciones y los limites del presente Tratado.

Artículo 9

Extradición Simplificada

La Parte requerida podrá conceder la extradición si la persona reclamada, con la debida asistencia jurídica y ante autoridad competente de la Parte requerida prestare su expreso consentimiento para ser entregada a la Parte requirente, después de haber sido informada de su derecho a un procedimiento formal de extradición y de la protección que éste le brinda. Para este caso se deberá verificar que se cumplan los demás requisitos necesarios para que proceda la extradición.

Artículo 10

Información complementaria

1.           Si las informaciones facilitadas por el Estado Requirente en apoyo a la solicitud de extradición no son suficientes para permitir al Estado Requerido tomar una decisión en aplicación del presente Tratado, este último Estado podrá solicitar que se facilite la información complementaria necesaria, para lo cual el Estado Requirente dispondrá de un plazo adicional de sesenta días.

2.         La falta de presentación de la información complementaria dentro del plazo al que se refiere el numeral 1 del presente artículo será considerada como una renuncia a la solicitud de extradición. Sin embargo, el Estado Requirente podrá presentar una nueva solicitud de extradición para la misma persona y por los mismos hechos.

Artículo 11

Decisión

1.           El Estado Requerido decidirá sobre la solicitud de extradición de conformidad con los procedimientos previstos en su propio derecho interno e informará prontamente al Estado Requirente sobre su decisión.

2.           Si el Estado Requerido deniega total o parcialmente la solicitud de extradición, los motivos de la denegación se comunicaran al Estado Requirente.

Artículo 12

Principio de especialidad

1.         La persona extraditada de conformidad con el presente Tratado no podrá ser sometida a un procedimiento penal, juzgada, detenida para los fines de la ejecución de una condena, ni sometida a cualquier otra medida restrictiva de la libertad personal, en el Estado Requirente, por cualquier delito cometido anteriormente a la entrega y distinto del que haya dado lugar a la extradición, salvo que:

a)           la persona extraditada, tras haber abandonado el territorio del Estado Requirente, haya regresado al mismo voluntariamente;

b)           la persona extraditada no haya abandonado el territorio del Estado Requirente dentro de cuarenta y cinco días desde cuando haya tenido la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, ese período no comprenderá el tiempo durante el cual dicha persona no haya abandonado el Estado Requirente por causas de fuerza mayor;

c)           el Estado Requerido consienta en ello. En tal caso, el Estado Requerido, previa petición específica del Estado Requirente, podrá prestar su consentimiento a la persecución de la persona extraditada o a la ejecución de una condena respecto de la misma, por hechos distintos de los que hayan motivado la solicitud de extradición, de conformidad con las condiciones y en los limites establecidos en el presente Tratado.

A tal respecto:

i)         el Estado Requerido podrá solicitar al Estado Requirente la transmisión de los documentos y de la información, indicados en el artículo 7;

ii)            en espera de la decisión sobre la petición presentada, la persona extraditada podrá ser nuevamente detenida por el Estado desde la recepción de la petición misma por parte del Estado Requerido, siempre que ello sea autorizado por este último Estado;

2.           Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto c) del numeral anterior, el Estado Requirente podrá adoptar las medidas necesarias, según su propia legislación, para interrumpir la prescripción.

Artículo 13

Reextradición a un tercer Estado

Salvo los casos previstos en los puntos a) y b) del numeral 1 del artículo 12, el Estado Requirente no podrá entregar a un tercer Estado a la persona que le haya sido entregada y que sea reclamada por el tercer Estado por delitos cometidos anteriormente a la entrega, sin el consentimiento del Estado Requerido, El Estado Requerido podrá solicitar la presentación de los documentos y la información indicados en el artículo 7.

Artículo 14

Solicitudes de extradición presentadas

por varios Estados

Si el Estado Requerido recibe del Estado Requirente y de uno o más terceros Estados una solicitud de extradición para la misma persona, por el mismo delito o por delitos distintos, el Estado Requerido, al determinar a cuál Estado debe ser extraditada esa persona, valorará todas las circunstancias del caso; en particular:

a)           si las solicitudes han sido presentadas con base en un tratado;

b)           la gravedad de los distintos delitos;

c)           el tiempo y el lugar de comisión del delito;

d)           la nacionalidad y el lugar habitual de residencia de la persona reclamada;

e)           las fechas respectivas de presentación de las solicitudes;

f)            la posibilidad de una sucesiva reextradición a un tercer Estado.

Artículo 15

Entrega de la persona reclamada

1.           Si el Estado Requerido concede la extradición, los Estados se pondrán de acuerdo prontamente sobre el tiempo, el lugar y todos los demás aspectos relativos a la ejecución de la extradición. Además, el Estado Requirente será informado de la duración de la privación de libertad sufrida por la persona reclamada para los fines de la extradición.

2.           El plazo para la entrega de la persona reclamada será de sesenta días desde la fecha en que la persona reclamada sea puesta a disposición del Estado Requirente para su entrega.

3.           Si dentro de los plazos a los que se refiere el numeral 2 del presente artículo el Estado Requirente no ha tomado a su cargo a la persona a extraditar, el Estado Requerido pondrá inmediatamente en libertad a la misma y podrá denegar una nueva solicitud de extradición respecto de esa persona por los mismos hechos presentada por el Estado Requirente, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4 del presente artículo.

4.           Si uno de las Estados no entrega o no toma a su cargo a la persona a extraditar dentro del plazo convenido por motivos de fuerza mayor, el Estada interesado informará al otro y las Estados mismos convendrán una nueva fecha de entrega. Seguirán siendo aplicables las disposiciones a las que se refiere el numeral 3 del presente artículo.

5.           Cuando la persona a extraditar se sustraiga del proceso en el Estado Requirente antes de que se haya terminado el proceso o sea ejecutada la condena, regresando nuevamente al Estado Requerido, podrá ser nuevamente extraditada con base en una nueva solicitud de extradición presentada por el Estado Requirente por los mismos hechos, sin que sea necesario presentar nuevamente los documentos previstos en el artículo 7 del presente Tratado.

6.           El período transcurrido en situación de detención provisional, incluso en situación de arresto domiciliario, desde la fecha de la detención hasta la fecha de la entrega, será computado par el Estado Requirente para los efectos de la pena por ejecutar en los casos previstos en el artículo 2, numeral 1.

Artículo 16

Entrega diferida y entrega temporal

1.           Si, en el Estado Requerido, respecto de la persona reclamada está en curso un procedimiento penal o está en curso la ejecución de la pena por un delito distinto de aquel por el que se solicita la extradición, el Estado Requerido, tras haber decidido conceder la extradición, podrá diferir la entrega hasta la conclusión del procedimiento o la completa ejecución de la condena. El Estado Requerido nformará al Estado Requirente de dicho aplazamiento.

2.           Sin embargo, bajo petición del Estado Requirente, el Estado Requerido podrá, de conformidad con su legislación nacional, entregar temporalmente a la persona reclamada al Estado Requirente a fin de permitir el desarrollo del procedimiento penal en curso, continiendo los tiempos y las modalidades de la entrega temporal. La persona entregada será detenida durante su permanencia en el territorio del Estado Requirente y sera devuelta al Estado Requerido dentro del plazo convenido. Ese período de privación de libertad será computado para los efectos de la pena por ejecutar en el Estado Requerido.

3.           Además del caso previsto en el precedente numeral 1 del presente artículo, la entrega podrá ser diferida cuando, por las condiciones de salud de la persona reclamada, el traslado pueda poner en peligro su vida o agravar su estado. Para tales efectos, será necesario que el Estado Requerido presente al Estado Requirente un dictamen médico detallado emitido por sus instituciones públicas competentes.

Artículo 17

Entrega de objetos

1.           Bajo petición del Estado Requirente, el Estado Requerido, de conformidad con su legislación nacional, incautará los objetos intervenidos en su territorio y de los que disponga la persona reclamada y, cuando se conceda la extradición, entregará esos objetos al Estado Requirente. Para las finalidades del presente artículo, serán sujetos a incautación y sucesiva entrega al Estado Requirente:

a)           los objetos que hayan sido utilizados para cometer el delito u otros objetos o instrumentos que puedan servir como medios de prueba;

b)           los objetos que, procediendo del delito, hayan sido hallados en posesión o a disposición de la persona reclamada o hayan sido encontrados a su disposición posteriormente.

2.           La entrega de los objetos a los que se refiere el numeral 1 del presente artículo se efectuará también cuando la extradición, aunque ya haya sido concedida, no pueda tener lugar debido a la muerte, desaparición o fuga de la persona.

3.         El Estado Requerido, a fin de dar curso a otro procedimiento penal pendiente, podrá diferir la entrega de los objetos arriba indicados hasta la conclusión de ese procedimiento o entregarlos temporalmente a condición de que el Estado Requirente se comprometa a devolverlos.

4.           La entrega de los objetos a los que se refiere el presente artículo no perjudicará los eventuales derechos o intereses legítimos del Estado Requerido o de terceras personas respecto de los mismos.

Artículo 18

Tránsito

1.           Cada Estado podrá autorizar el tránsito por su propio territorio de una persona entregada al otro Estado por un tercer Estado de conformidad con las disposiciones del presente Tratado, siempre que no se opongan razones de seguridad y orden público.

2.           El Estado interesado enviará al Estado de tránsito una petición que contenga la indicación de la persona en tránsito y de un breve relato de los hechos relativos al caso. La petición de tránsito será acompañada de la copia de la resolución que haya concedido la extradición.

3.           El Estado de tránsito proveerá la custodia de la persona en tránsito durante su permanencia en su territorio.

4.           No se requerirá ninguna autorización de tránsito en el caso de que se utilice el transporte aéreo y no esté prevista ninguna escala en el territorio del Estado de tránsito. Si se verifica una escala imprevista en el territorio de dicho Estado, el Estada que solicite el tránsito informará inmediatamente al Estado de tránsito y esta última retendrá a la persona a hacer transitar por no más de 96 horas en espera de la llegada de la petición de tránsito prevista en el numeral 2 del presente artículo.

Artículo 19

Gastos

1.           El Estado Requerido deberá cubrir los gastos que surjan en su territorio como resultado de la ejecución de una solicitud de extradición.

2.           El Estado Requerido correrá con los gastos incurridos en su territorio para la detención de la persona reclamada y para el mantenimiento en custodia hasta la entrega de la misma al Estado Requirente, así como los gastos relativos a la incautación ya la custodia de los objetos indicados en el artículo 17.

3.           El Estado Requirente deberá cubrir los gastos del traslado de la persona extraditada y de los objetos incautados del Estado Requerido al Estado Requirente.

Artículo 20

Información sucesiva

El Estado Requirente facilitará a la mayor brevedad posible, bajo petición del Estado Requerido, información sobre el procedimiento o sobre la ejecución de la condena de la persona extraditada a sobre la extradición de esa persona a un tercer Estado.

Artículo 21

Relaciones con otros Tratados

El presente Tratado no impide a los Estados cooperar en materia de extradición de conformidad con otros tratados de los que ambos Estados sean Parles.

Artículo 22

Solución de controversias

Cualquier controversia derivada de la interpretación o de la aplicación del presente Tratado será resuelta mediante consulta por la vía diplomática.

Artículo 23

Disposiciones finales

1.           El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la segunda de las dos notificaciones en que las Partes se comuniquen, por la via diplomática, el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación nacional y tendrá una vigencia indefinida.

2.           El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes. Dichas modificaciones entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1 del presente artículo.

3.           Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Tratado, en cualquier momento, mediante notificación escrita, dirigida a la otra Parte, a través de la vía diplomática, en cuyo caso los efectos del Tratado cesarán ciento ochenta (180) días después de la fecha de recibo de la notificación correspondiente.

4.           El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud presentada después de su entrada en vigor, inclusive si los relativos delitos hayan sido cometidos antes de la entrada en vigor del mismo.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Tratado.

Hecho en San José el día ocho del mes de noviembre del año dos mil veintiuno en dos ejemplares originales, en español, siendo ambos textos igualmente fehacientes.

Por el Gobierno de la República de Costa Rica

Rodolfo Solano Quirós

Ministro de Relaciones Exteriores y

Culto de Costa Rica

Por el Gobierno

de la República del Ecuador

Mauricio Montalvo

Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

ARTÍCULO 2-            Cláusula interpretativa

El Estado costarricense interpretará y aplicará las disposiciones contenidas en los párrafos segundo y tercero del artículo 3 “Motivos de denegación obligatorios”, en el sentido de que: a) nuestro país concederá la extradición siempre que, de previo a la entrega, se tenga la seguridad jurídica absoluta que las penas ahí señaladas no serán impuestas o aplicadas y, en su lugar, en caso de condena, se impondrá una pena privativa de libertad que esté aceptada por nuestro ordenamiento; b) en caso de ya haberse dictado sentencia, Costa Rica deberá tener seguridad juridica absoluta -de forma previa- de que dicha clase de pena será sustituida o conmutada por una pena privativa de libertad que esté aceptada por nuestro ordenamiento.

ARTÍCULO 3-            Cláusula interpretativa

El Estado costarricense interpretará y aplicará las disposiciones contenidas en el inciso 2: a) del artículo 7 “Solicitud de extradición y documentos necesarios” y en los párrafos primero y segundo del artículo 8 “Detención provisional”, en el sentido de que la detención provisional solicitada con el objetivo de requerir la extradición será fundada en la de la autoridad jurisdiccional o judicial de la parte requirente.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-            Aprobado a los seis días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

    Melina Ajoy Palma                   Luz Mary Alpízar Loaiza

  Primera Secretaria                     Segunda Secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintinueve días del mes de junio del año des mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLIQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco.—1 vez.—Exonerado.—( L10348-IN2023797260 ).

PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY PARA LA

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N.º 8839, DEL 13

DE JULIO DE 2010, LEY PARA LA CONTEMPLACIÓN

DE ACEITES DE COCINA COMO PRODUCTOS

PRIORITARIOS

Expediente N.º 23.816

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Costa Rica, a lo largo de su historia, ha presentado especial preocupación en temas de protección ambiental, de manera que a nivel internacional se ha posicionado como un referente en relación con aspectos de protección ambiental. Siendo así que se han presentado acciones a nivel estructural que buscan la conservación del medio ambiente.

En este caso, esta iniciativa de ley se centra en la Ley N.º 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, del 24 de junio de 2010. Esta normativa tiene como objeto la regulación de la gestión integral complementado con la búsqueda del uso eficiente de los recursos, enfocándose en la aplicación de acciones de carácter operativas, financieras, administrativas, educativas y ambientales.

En esta ley, específicamente en el artículo 2, se detallan una serie de artículos denominados como “productos prioritarios”, los cuales son: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, neumáticos y pilas. Estos productos acarrean una serie de responsabilidades y obligaciones, tanto de los productores como de los consumidores.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente iniciativa de ley tiene como propósito incorporar el concepto de aceites de cocina al artículo 26 de la Ley N.º 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, del 24 de junio de 2010, para que se considere como producto prioritario, con el fin de fortalecer y controlar de mejor manera los residuos generados a partir de este producto, ya que como se menciona anteriormente, la ley solo contempla el factor de aceites lubricantes, aceites que están orientados al funcionamiento óptimo de mecanismos, no a la cocina.

Para dejar más claro este tema, existen tres tipos de aceites lubricantes: aceites minerales, provenientes directamente de la destilación de petróleo; aceites sintéticos, creados a partir de productos subproductos petrolíferos y aceites semisintéticos, que son una combinación de aceites minerales y sintéticos en proporciones diferentes.^[1]

Ahora bien, es necesario aclarar lo que se entiende por “aceites de cocina”. Según la Revista del Consumidor, publicada por el Gobierno de México, se especifica que existen dos clasificaciones de aceite: los vegetales puros, que se obtienen de un solo tipo de planta (soya, maíz, canola, cártamo u oliva), y los vegetales comestibles, que pueden estar elaborados de uno o más aceites de las diferentes variedades.”^[2]

Teniendo claro la concepción de aceites lubricantes y aceites de cocina, es necesario contemplar el impacto en el medio ambiente que acarrean un mal manejo de residuos de los aceites comestibles. Los residuos generados a partir de los aceites de cocina tienen un gran impacto a nivel ambiental, en especial sobre los ríos, lagos y mares, de manera que, un litro de aceite es más contaminante que aguas residuales y puede llegar a contaminar 40.000 litros de agua^[3].

En este sentido, un mal manejo de los residuos de aceites usados de cocina y relacionado al tiempo de biodegradación de los mismos, se tiene un impacto directo no solo en la calidad del agua del país, sino que también afecta de manera colateral el consumo de las personas costarricenses. Esta situación se explica en el estudio realizado por Marcia Moya y Jeel Moya (2018), la contaminación del agua por parte de los aceites de cocina afecta principalmente a los recursos hidrobiológicos de las zonas rurales-agrícolas^[4].

De esta manera, es importante tener en consideración el consumo de este tipo de aceites en Costa Rica. Partiendo de los datos obtenidos en la Encueta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se puede observar que entre febrero de 2018 y febrero de 2019 un total de 503.492 hogares reportaron la adquisición de este tipo de bien, dejando un gasto de 3.778.829.330 colones, entre los diferentes tipos de aceites comestibles (Ajonjolí, Canola, Girasol, Maíz, Oliva, Soya…).

Cabe mencionar que estos datos solo contemplan el consumo de los hogares de las personas costarricenses, sin contemplar el consumo de otros actores que suman al consumo de este bien, como lo pueden ser el sector turismo o las grandes cadenas de restaurantes. Con estos datos lo que se quiere demostrar es que los aceites comestibles son productos que están presentes en la realidad de la población costarricense.

En este sentido, la incorporación de “aceites de cocina” como producto prioritario, permite que este bien sea cubierto por lo interpuesto en los artículos 24, 25, 27 y 28 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, de manera que sea cubierto por las responsabilidades para los productores y la responsabilidad extendida, además de tener que cumplir con las metas de recolección y valoración realizada por el Ministerio de Salud para este tipo de productos prioritarios.

Aparte de esto, la incorporación de los aceites de cocina como productos prioritarios ayudaría a que sean contemplados dentro de los mecanismos utilizados para la gestión integral de residuos, de manera que sean valorados para la elaboración de la Política Nacional de Residuos, el Plan Nacional de Residuos, los planes municipales de residuos y los planes sectoriales de residuos o por la naturaleza del residuo.

Contemplando todo lo anterior, se considera que la incorporación de “aceites de cocina”, dentro de este marco normativo, es fundamental para el fortalecimiento del manejo de residuos en el país y significaría un avance para la protección del recurso hídrico del país.

Por las motivaciones expuestas, se pone a consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY PARA LA

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N.º 8839, DEL 13

DE JULIO DE 2010, LEY PARA LA CONTEMPLACIÓN

DE ACEITES DE COCINA COMO PRODUCTOS

PRIORITARIOS

ARTÍCULO 1-    Refórmese el artículo 26 de la Ley N.º 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, del 24 de junio de 2010 y sus reformas, para que en adelante se lea:

Artículo 26- Productos prioritarios. La responsabilidad extendida del productor aplicará a las categorías o subcategorías definidas en el reglamento que establezca metas y otras obligaciones asociadas, para los siguientes productos prioritarios:

a)     Aceites

•       Aceites lubricantes

•       Aceites de cocina

b)     Aparatos eléctricos y electrónicos.

c)     Baterías.

d)     Neumáticos.

e)     Pilas.

Para la definición de las categorías y subcategorías deberá considerarse el volumen, la peligrosidad el potencial de valorización o el carácter de domiciliario o no domiciliario del residuo.

El Ministerio de Salud podrá aplicar igualmente la responsabilidad extendida del productor a las categorías y subcategorías de otros productos, los que se entenderán como prioritarios, según los criterios técnicos que correspondan.

Rige a partir de su publicación.

Vanessa De Paul Castro Mora

Diputada

NOTA: El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2023797469 ).

PROYECTO DE LEY

LEY QUE GARANTIZA LA EFECTIVA RENDICIÓN

DE CUENTAS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

REFORMA DE LA LEY N.º 7794, CÓDIGO MUNICIPAL,

DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS

EXPEDIENTE N.° 23.817

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La rendición de cuentas implica el compromiso de explicar, comprender y describir de manera precisa los sucesos y circunstancias, con el objetivo de establecer una relación de confianza entre aquel que solicita o exige transparencia y aquel que la proporciona. En los sistemas democráticos, la rendición de cuentas desempeña un papel fundamental, ya que la respalda, confirma y la hace más aceptable. Forma parte de gobiernos responsables y permite evaluar los resultados, fomentando la eficiencia y la efectividad, además de reducir la corrupción y la arbitrariedad.

En ese sentido “El Código Iberoamericano de Buen Gobierno”, establece como un deber del Poder Ejecutivo el promover la evaluación permanente de toda la gestión pública, que generen insumos para la rendición de cuentas. Al respecto dispone: “36. Promoverán la evaluación permanente de sus políticas y programas para asegurar el rendimiento y la eficacia. También propiciarán una regulación que considere los impactos de las normas y la rendición de cuentas de acuerdo con la normativa de cada país”. (Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo (CLAD, 2006).

La evaluación es una responsabilidad de la Administración y un derecho de los ciudadanos, tal como se establece en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (2006). Este documento consagra el principio de evaluación continua de la Administración Pública, que tiene como objetivo medir de manera imparcial el rendimiento del sector público. De manera textual, afirma lo siguiente: “10. De acuerdo con el principio de evaluación permanente de la Administración Pública, ésta tenderá a adecuar su estructura, funcionamiento y actividad, interna y externa, a la identificación de oportunidades para su mejora continua, midiendo de forma objetiva el desempeño de sus estructuras administrativas”.

La gestión basada en resultados y su correspondiente evaluación, junto con el enfoque de rendición de cuentas, representan un nuevo paradigma en el ámbito de la Administración Pública. Como resultado, se llevó a cabo una reforma constitucional en 2010 para incorporar estos elementos, agregando un segundo párrafo al artículo 11 de la Constitución Política. Este párrafo establece que el amplio espectro de la Administración Pública estará sujeto a un proceso de evaluación de resultados y rendición de cuentas, lo que conlleva la responsabilidad personal de los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley establecerá los medios para que este sistema de control de resultados y rendición de cuentas opere de manera integral en todas las instituciones públicas.

El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITPS), desarrollado por la Defensoría de los Habitantes, es una herramienta de evaluación que mide el grado de transparencia de las instituciones pertenecientes al sector público de Costa Rica. Su enfoque principal se centra en el acceso a la información pública disponible en los sitios web de estas instituciones. El objetivo del índice es proporcionar una evaluación anual, con el fin de fortalecer la institucionalidad costarricense. Además, se concibe la transparencia de manera amplia, abarcando el acceso a la información a través de los sitios web y la participación de la ciudadanía. El índice evalúa aspectos relacionados con el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los datos abiertos.

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

Según los resultados del ITPS 2021, se encontró que el sector de las municipalidades tiene el segundo promedio más bajo en cuanto a transparencia. Además, reveló un promedio de 30.20/100 en rendición de cuentas y un promedio de 26.67/100 en participación ciudadana, considerando un total de 89 municipalidades evaluadas.

De acuerdo con lo anterior, la transparencia en la gestión municipal es de vital importancia para promover la confianza y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Una gestión municipal transparente permite que los ciudadanos tengan acceso a la información relevante y participen de manera activa en la toma de decisiones. Además, fomenta la eficiencia y previene la corrupción, contribuyendo así al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la democracia a nivel local.

La presente propuesta tiene como objetivo establecer ciertos contenidos mínimos en los informes de las autoridades municipales. Estos contenidos abarcan aspectos como los recursos financieros, humanos y materiales disponibles, la estructura organizativa actualizada y una lista de los funcionarios junto con sus respectivas clasificaciones de puestos. Asimismo, se espera que se incluyan las metas establecidas para el período en análisis, detallando los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas tanto en el marco del Plan Anual Operativo como en el programa de gobierno presentado al inicio de la administración. También, se sugiere que se describan y justifiquen los créditos adquiridos, las modificaciones salariales acordadas, así como los procesos o demandas legales enfrentadas o promovidas.

Además, esta iniciativa pone de manifiesto la importancia de que la rendición de cuentas se realice directamente ante los ciudadanos para que puedan tener un conocimiento detallado de las acciones llevadas a cabo por las autoridades municipales, incluyendo sus logros, debilidades, desafíos y situaciones relevantes que hayan surgido.

Con el propósito de mejorar la rendición de cuentas y promover una gestión transparente en la Administración Pública, se propone este proyecto de ley que busca establecer la obligación de elaborar, publicar, difundir y presentar un informe anual de labores por parte de las autoridades municipales.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY QUE GARANTIZA LA EFECTIVA RENDICIÓN

DE CUENTAS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

REFORMA DE LA LEY N.º 7794, CÓDIGO MUNICIPAL,

DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS

CAPÍTULO I:         ADICIONES A LA LEY

ARTÍCULO 1-        Se adicionan los artículos 17bis, 17 ter y 17 quater a la Ley N.º 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998 y sus reformas. Los textos son los siguientes:

Artículo 17bis. -  Como parte de la obligación constitucional que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas por su labor y en aras de que dicho ejercicio contribuya al mejoramiento continuo en la calidad del accionar de los gobiernos locales, se establece el deber de las alcaldías o intendencias y regidurías propietarias de elaborar, publicar y divulgar, de manera presencial y digital, un informe anual de la labor desarrollada.

Artículo 17ter. -     El informe anual de las actividades llevadas a cabo deberá ser presentado de manera formal y presencial frente a los ciudadanos, en un evento especial, durante los primeros quince días del mes de mayo. La municipalidad se encargará de designar el lugar dentro del cantón para esta presentación. Además, con el objetivo de asegurar una amplia difusión, se incluirá una copia de dichos informes en la página web de la municipalidad, en caso de que exista. En la siguiente sesión del Concejo Municipal, los miembros del Concejo tendrán la oportunidad de referirse al informe presentado.

Artículo 17quater. - El informe anual de las alcaldías o intendencias ha de incluir, como mínimo, los siguientes contenidos:

a)     Los resultados de la aplicación de las políticas para la igualdad y la equidad de género.

b)     El organigrama actualizado de la institución, que incluirá una lista detallada de los empleados, junto con su categoría laboral (clasificación de puestos) y sus salarios brutos.

c)     Las metas establecidas para el período en cuestión en el Plan Anual Operativo, junto con una descripción clara y específica de los resultados concretos alcanzados para cada una de ellas.

d)     Se proporcionará una explicación detallada y una justificación para los créditos adquiridos, las modificaciones salariales acordadas, los procesos legales o las demandas judiciales enfrentadas o promovidas, así como los viajes realizados por los funcionarios de alto rango y los directores de departamentos, incluyendo información sobre el propósito y la relevancia de cada uno de estos aspectos.

e)     Las actividades llevadas a cabo o coordinadas por las personas que ocupan los cargos de primera vice alcaldía o primera vice intendencia.

f)      Avance de cumplimiento del programa de gobierno, según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 14, de este Código.

g)     Limitaciones u obstáculos encontrados.

CAPÍTULO II:        DEROGATORIAS

ARTÍCULO 2.-       Se deroga el inciso g) del artículo 17 del Código Municipal, Ley N.º 7794, de 30 de abril de 1998 y sus reformas, y se corre la numeración de los restantes incisos.

Rige a partir de su publicación.

Vanessa De Paul Castro Mora

Diputada

NOTA:          El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2023797473 ).

DECRETOS

N° 44081-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD

Con fundamento en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política de la República de Costa Rica; 25 inciso 1, 27 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978; la Ley N° 7555, Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica del 4 de octubre de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 199 del 20 de octubre de 1995; y el Decreto Ejecutivo N° 32749-C, Reglamento a la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica (N° 7555) del 14 de marzo del publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 219 del 14 de noviembre del 2005, y

Considerando:

l.—Que la casa de Francisco Mayorga fue construida hacia la segunda mitad del siglo XIX (18501 870), y representa los ideales y los valores de una ciudad que creció y evolucionó al abrigo del negocio de las haciendas ganaderas guanacastecas, y que, por ende, se benefició del progreso y el desarrollo sociopolítico, económico y cultural de la región, En este sentido, la edificación forma parte de la herencia y la memoria del patrimonio construido en tierra de la ciudad de Liberia y de sus antiguas casas-hacienda, como evidencia del desarrollo urbanístico que tuvo lugar en el siglo XIX y su apogeo en la ciudad de Liberia.

2.—Que la constante relación y el vínculo transfronterizo con otras ciudades nicaragüenses hizo que el estilo. arquitectónico de las casas de adobe y bahareque ubicadas en los barrios antiguos de Liberia, guarden relación con la tradición constructiva de León y Granada: y que, por tanto, resulten un testimonio inestimable del sincretismo y la hibridación entre los saberes de ambas regiones. Como otras edificaciones vernáculas de la Calle Real de Liberia, esta casa fue habitada por prominentes familias de hacendados como la familia Santos Aguirre y políticos de gran renombre como don Francisco Mayorga Rivas y ha representado desde sus orígenes un epicentro social, cultural y político, tanto por su ubicación, como por los importantes cargos y tareas desempeñadas por su último dueño, Francisco Mayorga Rivas.

3.—Que la casa constituye un referente histórico del patrimonio arquitectónico vernáculo de la ciudad, y ha sido reconocida por la comunidad liberiana como un ícono de las buenas prácticas, el progreso, el genio creativo, el emprendedurismo y el espíritu filantrópico que caracterizó a su más conocido y apreciado dueño, el ex congresista y exministro de la República, don Francisco Mayorga Rivas.

4.—Que la casa de Francisco Mayorga cumple con el precepto de la Carta de Brasilia (1994), que señala que: “los edificios y sitios son objetos materiales portadores de un mensaje o argumento cuya validez, en un marco de contexto socio y cultural determinado y de su comprensión y  aceptación por parte de la comunidad, los convierte en patrimonio”

5.—Que las casas de adobe y bahareque que se preservan en la ciudad de Liberia en Guanacaste, hacen parte de un paisaje cultural que pone en diálogo los sistemas de valores y conocimientos que integran el patrimonio construido, el patrimonio intangible y patrimonio natural que posibilitó el desarrollo de toda la región. Lo anterior, acusa la necesidad de preservar y de poner en valor los saberes constructivos dedos portadores asociados a la arquitectura en tierra, el uso de materiales sostenibles y amigables con el ambiente, así como la historia y la memoria viva de sus barrios, sitios donde se han celebrado desde hace casi 200 años, festividades, desfiles y actividades con profundos significados para la comunidad liberiana y guanacasteca.

6.—Que, debido a las constantes demoliciones de edificaciones vernáculas, y a la desvalorización sistemática que estas han sufrido, dada su aparente vulnerabilidad ante eventos sísmicos, y a la escasa investigación científica al respecto, la permanencia de esta edificación resulta significativa y aporta valor al paisaje histórico-arquitectónico de la ciudad de Liberia y del país.

7.—Que este tipo de edificaciones son portadoras no solo de valores arquitectónicos y estéticos propios de su época, sino también de valores culturales que nos hablan de las personas que las construyeron, de los materiales utilizados, de los usos sociales y las vivencias que ahí acontecieron.

8.—Que la puesta en valor que están realizando otros países del continente americano y del mundo, con respecto a la arquitectura en tierra, tiene que llevarnos a reflexionar sobre nuestro patrimonio vernáculo, la urgencia de investigarlo y entenderlo en su dimensión histórica, de cara a su revitalización y a sus nuevas funcionalidades.

9.—Que con fundamento en el análisis del principio de autenticidad planteado en las cartas internacionales sobre patrimonio constructivo se pudo establecer que, la casa de Francisco Mayorga conserva elementos fundamentales de su tejido histórico. de su lenguaje arquitectónico, de su diseño original y de los materiales comúnmente utilizados en la arquitectura de bahareque de las casas liberianas del siglo XIX.

10.—Que es necesario advertir que las intervenciones y restauraciones que la edificación ha vivido durante más de 150 años de existencia se han adaptado a sus distintos usos sociales, en particular su actual uso comercial como casa y locales comerciales (minisúper, taller y costurería); sin embargo, la casa mantiene una indudable significación histórica, arquitectónica, cultural y socio espacial. En ese sentido, la autenticidad es una característica que trasciende la materialidad del bien y se ubica en el plano de los valores y los significados que un grupo social le otorga al patrimonio que le fue legado, pues la cultura y sus expresiones son dinámicas y se transforman en el tiempo.

11.—Que la casa Mayorga Rivas, es una de las pocas “casas de hacienda” que aún subsisten en la ciudad de Liberia en general, y la denominada Calle Real en particular, portadora de valores de memoria, identidad y arraigo, parte integrante del patrimonio histórico arquitectónico y del patrimonio vernáculo que se desea preservar y conservar.

12.—Que el inmueble conserva el tejido histórico que corresponde a la tipología de la casa tradicional criolla o mestiza, de patio, que se adaptó a las propias circunstancias locales.

13.—Que el inmueble en valoración mantiene de forma integral la estructura del espacio, su forma original de agregación, así como los materiales y técnicas de la construcción.

14.—Que por tanto, el inmueble es un testimonio y un documento de la arquitectura construida con tierra, específicamente la técnica del bahareque, y forma parte sustantiva del paisaje cultural de la Calle Real de la ciudad de Liberia, de valor histórico, arquitectónico, paisajístico, y de memoria sociocultural.

15.—Que por Acuerdo en Firme N° 06, tomado en la sesión ordinaria N° 001-2023 el 25 de enero del 2023, la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico-Arquitectónico emitió la opinión favorable al presente procedimiento, requerida por el artículo N° 7 de la Ley N° 7555, Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica y el artículo N° 9 inciso b) del Decreto Ejecutivo N° 32749-C, Reglamento a la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica.

16.—Que por las características histórico-arquitectónicas citadas, y con fundamento en la Ley No. 7555, Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica y el Decreto Ejecutivo N° 32749-C, Reglamento a la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica; el  Ministerio de Cultura y Juventud realizó la instrucción del procedimiento administrativo para declarar e incorporar al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, el inmueble en cuestión, cuyo acto final fue dictado por Resolución Administrativa MCJ-DM-OI 8-2023 de las 15:30 horas del 06 de febrero de 2023, el cual se encuentra en firme.

17.—Que es deber del Estado conservar, proteger y preservar el patrimonio histórico-arquitectónico y cultural de Costa Rica. Por tanto,

Decretan:

DECLARATORIA E INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA,

DEL INMUEBLE DENOMINADO

“CASA DE FRANCISCO MAYORGA RIVAS”

Artículo 1°—Declarar e incorporar al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica bajo la categoría de monumento, el edificio denominado como “Casa de Francisco Mayorga Rivas”, ubicado en el distrito de Liberia, cantón Liberia, de la provincia de Guanacaste, inscrito en el Registro de la Propiedad, bajo el número de folio real 5-002745-000, plano catastrado N° G-0491605-1982, con un área total de 1545,46 m2, propiedad de la Junta de Educación de la Escuela de Liberia Centro, Guanacaste.

Del área total supra citada se declara con valor histórico arquitectónico únicamente 704.86 1112, que corresponden a la casa construida hacia la segunda mitad del siglo XIX y que se ha conservado hasta la actualidad.

El área restante de la finca: 840.60 m2 no posee valor histórico arquitectónico ya que este espacio lo ocupa en la actualidad un parqueo para automóviles, por lo que no se conservó su tejida histórico original. En la actualidad, no se tiene información histórica, fotográfica, planos arquitectónicos, u otros, de lo que existió en algún momento en ese lugar.

Lo anterior de conformidad con la Adenda ID-006-2022 de fecha 16 de setiembre 2022, conocida por la Comisión Nacional de Patrimonio en la sesión ordinaria N° 014-2022 del 05 de octubre de 2022 y el plano visible al folio: 0065 del expediente conformado con ocasión del procedimiento instruido a la luz de lo dispuesto por la Ley 7555 de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica y su Reglamento; elaborado por el señor Víctor Hugo Zúñiga Aguilar, .funcionario del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de esta Cartera Ministerial.

Artículo 2°—Informar a la Junta de Educación de la Escuela de Liberia Centro, Guanacaste, propietaria del inmueble, que esta declaratoria le impone las siguientes obligaciones:

a.         Conservar, preservar y mantener adecuadamente el inmueble.

b.         Informar sobre su estado y utilización al Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de esta Cartera Ministerial, cuando éste lo requiera.

c.         Permitir el examen y el estudio del inmueble por parte de investigadores, previa solicitud razonada y avalada por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de esta Cartera Ministerial.

d.         Permitir la colocación de elementos señaladores de la presente declaratoria, en la estructura física del inmueble.

e.         Permitir las visitas de inspección que periódicamente realizarán los funcionarios acreditados por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de esta Cartera Ministerial, y colaborar con ellos, en la medida de sus posibilidades, para determinar el estado del inmueble y la forma en que se está atendiendo su protección y preservación.

f.          Cumplir con la prohibición de colocar placas y rótulos publicitarios de cualquier índole que, por su dimensión, colocación, contenido o mensaje, dificulten o perturben la contemplación del inmueble.

g.         Solicitar autorización al Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de esta Cartera Ministerial antes de reparar, construir, restaurar, rehabilitar o ejecutar cualquier clase de obras que afecte la edificación o su aspecto.

h.         Suspender el trámite de los permisos de parcelación, edificación o derribo. En caso que la realización de las obras solicitadas no perjudique el valor histórico ni arquitectónico del inmueble y si la Ministra de Cultura y Juventud, previo informe de la Comisión, así lo comunica a la autoridad que tramita los permisos, estos podrán ser concedidos.

i.          Incluir, en el presupuesto ordinario anual, las partidas necesarias para cumplir con las obligaciones prescritas en esta ley.

Artículo 3°—Esta declaratoria prohíbe su demolición, o remodelación parcial o total; sin autorización previa del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de esta Cartera Ministerial.

Artículo 4°—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz Rosales.—1 vez.—O. C. N° 3400052747.—Solicitud N° 004-2023.—( D44081 - IN2023797609 ).

N° 44061-MJP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en dispuesto. en los artículos 140, inciso 18) y 146 de la Constitución Política, en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939 y los artículos 27 y siguientes del Reglamento a la Ley de Asociaciones N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 96 del 21 de mayo del 2001, así como lo establecido en el artículo 3, inciso ch) de la Ley de Impuesto sobre la Renta N° 7092 y en los artículos 103 y 104 de Código de Normas y Procedimientos Tributarios N° 4755.

Considerando

I.—Que el artículo 32 de, la Ley de Asociaciones N° 218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de utilidad pública a las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo y actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado, y que por ello contribuyan a solventar una necesidad social.

II.—Que la Asociación de Damas Israelitas Pro Beneficencia; cédula jurídica número 3-002-066086, se inscribió en el Registro de Asociaciones del Registro Público Nacional desde el día 03 de junio de 1959, expediente 1308.

III.—Que los fines que persigue la Asociación, según sus estatutos son: “Los fines de la asociación serán la realización de actos de beneficencia para la comunidad costarricense, sin distinción de razas, ni credos políticos y religiosos, ejecutando dichos fines mediante la concesión y donación de obras, y no en dinero”

IV.—Que tales fines solventan una necesidad social de primer orden, por lo cual merecen el apoyo del Estado costarricense. Por tanto;

Decretan

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LA ASOCIACIÓN DE DAMAS ISRAELITAS PRO BENEFICENCIA

Artículo 1º—Declárese de utilidad pública para los intereses del Estado la Asociación de Damas Israelitas Pro Beneficencia, cédula jurídica 3-002-066086.

Artículo 2º—Es deber de la Asociación rendir anualmente un informe de gestión ante el Ministerio de Justicia y Paz, de conformidad con lo indicado en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Asociaciones.

Artículo 3º—Los ingresos y el patrimonio de la asociación que se destinen en su totalidad y en forma exclusiva para fines públicos o de beneficencia y que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes, se encontrarán exonerados de impuesto sobre la renta, por el contrario aquella parte que no tenga este destino, o quede repartido de alguna manera entre sus asociados, estará sujeto a la imposición de este impuesto.

Artículo 4º—Le corresponde a la Administración Tributaria Controlar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la asociación, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Artículo 5º—Una vez publicado este decreto los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 6º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O.C. N° 4600076534.—Solicitud N° 087-2023.—( D44061-IN2023797592 ).

N° 44089-MJP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, inciso 18) y 146 de la Constitución Política, en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939 y los artículos 27 y siguientes del Reglamento a la Ley de Asociaciones N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 96 del 21 de mayo del 2001, así como lo establecido en el artículo 3, inciso ch) de la Ley de Impuesto sobre la Renta N° 7092 y en los artículos 103 y 104 de Código de Normas y Procedimientos Tributarios N° 4755.

Considerando:

I.—Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de utilidad pública a las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo y actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado, y que por ello contribuyan a solventar una necesidad social.

II.—Que la Asociación Salvando al Adicto de la Región Huetar Norte, cédula de persona jurídica número 3-002-562383, se inscribió en el Registro de Asociaciones del Registro Público Nacional desde el día 26 de enero del 2009, según el tomo 577, asiento 77575.

III.—Que los fines que persigue la Asociación, según sus estatutos son: “A-) Promover la rehabilitación y reincorporación a la sociedad de las personas adictas. B-) Brindar un tratamiento integral especializado a todas las personas adictas que se incorporen a los proyectos y programas educativos de la Asociación. C-) Diseñar, coordinar e implementar programas propios de prevención de las adicciones, en coordinación con organizaciones públicas y privadas tanto locales como internacionales. D-) Velar por el mantenimiento y la buena administración de los proyectos y programas de la Asociación. E-) Promover y realizar actividades culturales, educativas y recreativas que permiten a la familia y a la comunidad facilitar la reincorporación de la persona adicta a su familia y a la sociedad. F-) Coordinar con diferentes empresas, instituciones y organizaciones, la oferta y procura de oportunidades laborales para las personas adictas en su proceso de reinserción a la fuerza laboral del país. G-) Propiciar y facilitar a las personas adictas recuperadas de programas y procesos de fortalecimiento integral, mediante reuniones o actividades grupales periódicas.”

IV.—Que tales fines solventan una necesidad social de primer orden, por lo cual merecen el apoyo del Estado costarricense. Por tanto,

Decretan:

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA ASOCIACIÓN SALVANDO AL ADICTO

DE LA REGIÓN HUETAR NORTE

Artículo 1°—Declárese de utilidad pública para los intereses del Estado la Asociación Salvando al Adicto de la Región Huetar Norte, cédula de persona jurídica número 3-002-562383.

Artículo 2°—Es deber de la Asociación rendir anualmente un informe de gestión ante el Ministerio de Justicia y Paz, de conformidad con lo indicada en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Asociaciones.

Artículo 3°—Los ingresos y el patrimonio de la asociación que se destinen en su totalidad y en forma exclusiva para fines públicos o de beneficencia y que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes, se encontrarán exonerados del impuesto sobre la renta, por el contrario, aquella parte que no tenga este destino, o quede repartido de alguna manera entre sus asociados, estará sujeta a la imposición de este impuesto.

Artículo 4°—Le corresponde a la Administración Tributaria controlar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la asociación, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Artículo 5°—Una vez publicado este decreto los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 6°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los seis días del mes de junio del dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600076534.—Solicitud N° 090-2023.—( D44089-IN2023797596 ).

DIRECTRIZ

N° 021-MEIC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

De conformidad con las facultades y atribuciones que les conceden los artículos 140 incisos 3), 8), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b), 99 inciso 1) y 100 inciso 1) de la Ley General de la Administracion Publica, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ley N° 6054 del 14 de junio de 1977, los artículos 4, 5, y 11 incisos a), b) y e) de la Ley de Proteccion al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 04 de marzo de 2002 y sus reformas.

Considerando:

I.—Que el Catálogo Nacional de Trámites es una herramienta de Mejora Regulatoria que busca la publicidad de trámites, requisitos y procedimientos que deban realizar los administrados, para brindar seguridad jurídica y transparencia y facilitar la toma de decisiones estratégicas en cuanto a la mejora regulatoria y simplificación de trámites por las autoridades públicas.

II.—Que es obligación de toda la Administración Pública mantener en el Catálogo Nacional de Trámites, todos sus trámites, requisitos y procedimientos, y que estos cumplan con los requisitos de calidad de información.

III.—Que los Oficiales de Simplificación de Trámites y los jerarcas de las instituciones públicas, son los responsables de dar seguimiento a las disposiciones de la Ley 8220.

IV.—Que los jerarcas de las entidades y los órganos de toda la Administración Pública, deben rendir cuentas sobre el desempeño institucional en el cumplimiento de las herramientas de mejora regulatoria, a solicitud del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para ser visibilizados en espacios estratégicos de decisión política, incluyendo lo relacionado con el estado de sus trámites en el Catálogo Nacional de Trámites.

V.—Que como parte de la rectoría en materia de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, puede dictar las políticas y estrategias que establezcan los objetivos en mejora regulatoria y simplificación de trámites para la Administración Pública; definir áreas de atención prioritaria para la mejora regulatoria y la simplificación de trámites; solicitar a los oficiales de Simplificación de Trámites resultados de sus procesos de mejora regulatoria y simplificación de trámites, y las acciones correctivas a tomar, según corresponda; ordenar la eliminación, en la base de datos del Catálogo Nacional de Trámites, de les trámites que incumplan los requisitos de calidad de información definidos por la Dirección de Mejora Regulatoria. Por tanto,

Se emite la siguiente.

DIRECTRIZ DIRIGIDA A LOS MINISTROS DE GOBIERNO

Y OFICIALES DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

DE LOS MINISTERIOS QUE CONFORMAN

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

PARA QUE:

Artículo 1°—A más tardar el 21 de julio de 2023, designen un funcionario o funcionaria que labore para el Despacho Ministerial o para el despacho del o la Oficial de Simplificación de Trámites, para que sea el contacto de ese ministerio con la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en todo lo relativo al cumplimiento de las disposiciones de la presente directriz. La comunicación del nombre de la persona contacto, así como de su correo electrónico, y número telefónico, deberán remitirla al correo infotramites@meic.go.cr, mediante la matriz que comunicará a cada oficial de simplificación de trámites, la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Artículo 2°—A partir de la comunicación de la presente directriz, y a más tardar el 14 de setiembre de 2023, procedan a:

a)         Levantar el inventario de todos los trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, del Ministerio y sus órganos desconcentrados.

b)         Revisar todos los trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, que el Ministerio que representan, y sus órganos desconcentrados, tienen publicados en el Catálogo Nacional de Trámites.

c)         Eliminar del Catálogo aquellos trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, que ya el Ministerio, y sus órganos desconcentrados, no utilizan.

d)         Inhabilitar del Catálogo aquellos trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, que se siguen haciendo pero que no cumplen con los requisitos que exige el artículo 4 de la Ley 8220.

e)         Remitir un informe, firmado por el Oficial de Simplificación de Trámites, al correo infotramites@meic.go.cr, en el que indiquen, mediante las matrices que comunicará a cada oficial de simplificación de trámites, la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, lo siguiente:

i.          Los trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, que, una vez revisados, deben continuar publicados en el Catálogo Nacional de Trámites.

ii.          Los trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, que fueron eliminados, y la justificación.

iii.         Los trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, que fueron inhabilitados, y la justificación; señalando si para su publicación en el Catálogo se requiere o no la emisión en una ley, un decreto ejecutivo, un reglamento o disposiciones administrativas como resoluciones generales (cuando la institución tenga la competencia para ellos).

iv.         Los trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, pendientes de ser publicados en el Catálogo Nacional de Trámites (Inventario menos los ya publicados); señalando si para su publicación en el Catálogo se requiere o no la emisión en una ley, un decreto ejecutivo, un reglamento o disposiciones administrativas como resoluciones generales (cuando la institución tenga la competencia para ellos).

Artículo 3°—A más tardar para el 15 de noviembre de 2023 cumplan con lo siguiente:

a)         Depurar y publicar el Catálogo Nacional de Trámites aquellos trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, que se hayan inhabilitado, y que para cumplir con los requisitos que exige el artículo 4 de la Ley 8220 no se requiera la emisión en una ley, un decreto ejecutivo, un reglamento o en disposiciones administrativas como resoluciones generales (cuando la institución tenga la competencia para ellos).

b)         Publicar en el Catálogo todos los trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, que se identifiquen a partir del levantamiento del inventario, y que para cumplir con los requisitos que exige el artículo 4 de la Ley 8220 no se requiera la emisión en una ley, un decreto ejecutivo, un reglamento o en disposiciones administrativas como resoluciones generales (cuando la institución tenga la competencia para ellos).

c)         Remitir un informe, mediante la matriz que comunicará a cada oficial de simplificación de trámites, la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, firmado por el Oficial de Simplificación de Trámites, al correo infotramites@meic.go.cr, en el que se informe sobre los trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, incluidos en el CNT a esa fecha.

Artículo 4°—A más tardar para el 29 de febrero de 2024 cumplan con:

a)         Emitir o reformar, y publicar, las normas, o disposiciones administrativas como resoluciones generales (cuando la institución tenga la competencia para ellos), que se requieran para que los trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, que aún no cumplen con los requisitos para ser publicados en el CNT lo hagan.

b)         Publicar en el Catálogo todos los trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, inhabilitados o identificados a partir del levantamiento del inventario, que para cumplir con los requisitos que exige el artículo 4 de la Ley 8220 si requerían la emisión de una norma, reformarla, o emitir disposiciones administrativas como resoluciones generales (cuando la institución tenga la competencia para ellos).

Artículo 5°—Continúen publicando, de manera inmediata en el Catálogo, todos los trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, o sus modificaciones, que se establezcan o modifiquen a partir de esta fecha. Así como eliminar los que dejen de prestarse.

Artículo 6°—Sigan los manuales correspondientes al Módulo del Catálogo Nacional de Trámites disponibles en el https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/Ayuda.html.

Artículo 7°—Remitan un informe, mediante la matriz que comunicará a cada oficial de simplificación de trámites, la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, firmado por el Oficial de Simplificación de Trámites, al correo infotramites@meic.go.cr, en el que se informe sobre los trámites, y sus instructivos, manuales, formularios, y anexos, incluidos en el CNT a esa fecha.

Artículo 8°—Rige a partir de su publicacion.

Dada en la Presidencia de la República.—San José, a los catorce días del mes de julio del dos mil veintitrés

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Economía, Industria y Comercio, Francisco Gamboa Soto.—1 vez.— O. C. N° 4600070672.—Solicitud N° DIAF-10-2023.—( D021-IN2023797706 ).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 290-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las atribuciones que le confieren el artículo 139 de la Constitución Política de Costa Rica, el artículo 47 inciso 3) de la Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978.

Considerando único:

Que mediante correo electrónico de fecha veintidós de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por el señor Jeison Villegas Hernández, asistente administrativo del Despacho Presidencial, se autoriza el viaje del señor Francisco Gamboa Soto, Ministro de Economía, Industria y Comercio a Paris, Francia.

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al señor Francisco Gamboa Soto, portador de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y cuatro-quinientos diecisiete, Ministro de Economía, Industria y Comercio, para que asista a la primera Reunión Ministerial del Comité de PYMES y Emprendimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), asimismo en el marco de la visita y con el apoyo de la delegación de Costa Rica en esa sede, asista a las reuniones con las delegaciones de Luxemburgo, Corea y el presidente del Comité de Políticas del Consumidor de la OCDE, actividades que se llevarán a cabo en París, Francia, los días 27, 28 y 29 de junio de 2023.

Artículo 2º—Los gastos por concepto de transporte aéreo, alimentación y hospedaje, serán financiados por el programa 21500 “Actividades Centrales”, subpartida 10503 “Transporte al Exterior” y subpartida 10504 “Viáticos en el exterior”, correspondiéndole la suma de un millón sesenta y seis mil colones (¢1.066.000,00).

Artículo 3º—El señor Gamboa Soto, en un plazo de ocho días naturales, contados a partir de su regreso, deberá presentar un informe a su superior jerárquico, en el que se describan las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y los beneficios logrados para la institución y para el país en general.

Artículo 4º—Que, por motivo de itinerario de vuelo el señor Ministro sale de San José, Costa Rica, el día veinticinco de junio de dos mil veintitrés a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, llegando a Paris, Francia, el día veintiséis de junio de dos mil veintitrés, a las catorce horas con veinte minutos, siendo que la actividad da inicio el día veintisiete de junio del mismo año.

Artículo 5º—En tanto dure la ausencia del señor Ministro, nombrar como Ministra a. í., a Patricia Rojas Morales, portadora de la cédula de identidad número uno-novecientos veintitrés-setecientos setenta y tres; Viceministra de Economía, Industria y Comercio, de las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del día veinticinco de junio de dos mil veintitrés y hasta las diecisiete horas con veinte minutos del día treinta de junio del mismo año.

Artículo 6º—Rige a partir de las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del día veinticinco de junio de dos mil veintitrés y hasta las diecisiete horas con veinte minutos del día treinta de junio del mismo año.

Dado en la Presidencia de la República, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—1 vez.—O. C. N° 46000070135.— Solicitud N° DIAF-09-2023.—( IN2023797377 ).

N° 291-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las atribuciones y facultades constitucionales y legales señaladas en el artículo 139 inciso 1) de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2023, Ley N° 10331, publicada en La Gaceta N° 235 del 09 de diciembre del 2022, Alcance 267, así como el correo electrónico de fecha 26 de junio de 2023, suscrito por la Sra. Emilia Selva Jiménez, Asistente Administrativo del Despacho del Presidente.

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al Sr. Gerald Campos Valverde, Ministro de Justicia y Paz, con cédula de Identidad N° 1-0781-0528, para que participe en el onceavo Foro de Ministros 2023, auspiciado por la Fraternidad Internacional de Jóvenes (International Youth Fellowship) en Costa Rica, el cual se llevará a cabo en Corea del Sur del 16 al 23 de julio de 2023, siendo las fechas de viaje de las 13:10 horas del 14 de julio de 2023 y las 10:59 horas del 24 de julio del 2023, ambas fechas inclusive.

Artículo 2º—Los gastos por concepto del tiquete aéreo de ida y regreso, transporte dentro de Corea del Sur, alimentación, hospedaje y otros gastos que corresponda cubrir con motivo del viaje, serán asumidos por. la organización del evento.

Artículo 3º—La suscripción de la respectiva póliza de seguro viajero, será cubierto por la sub-partida 10601, del Programa 787-Actividades Comunes.

Artículo 4º—El Sr. Gerald Campos Valverde devengará el 100% de su salario durante el tiempo en que rija este acuerdo.

Artículo 5º—En tanto dure la ausencia del Sr. Ministro de Justicia y Paz, se nombrará al Sr. Sergio Sevilla Pérez corno ministro a.í. del Ministerio de Justicia y Paz, cédula de identidad número 1-0724-0159, de las 13:10 horas del 14 de julio de 2023 a las 10:59 horas del 24 de julio del 2023, ambas fechas inclusive.

Artículo 6º—Rige a partir de las 13:10 horas del 14 de julio de 2023 a las 10:59 horas del 24 de julio del 2023, ambas fechas inclusive.

Dado en la Presidencia de la República, el día tres de julio del dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—1 vez.—O.C. N° 4600076534.—  Solicitud N° 91-2023.—( IN2023797598 ).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

N° AMJP-0059-04-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar al señor Jean Carlo Valverde Porras, conocido como Jean Carlo Cabezas Valverde. cédula identidad número 1-1552-0115, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Suns Of Live Manos Abiertas, cédula Jurídica N° 3-006-869605, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2°—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día veinticuatro de abril del dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O.C. N° 4600076534.—Solicitud N° 083-2023.—( IN2023797587 ).

N° AMJP-0069-04-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar a la señora María José Arce Cerdas, cédula identidad número 3-0484-0843, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación I Do Care, cédula jurídica N° 3-006-865448 inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día veintiséis de abril del dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O.C. N° 4600076534.—Solicitud N° 084-2023.—( IN2023797589 ).

N° AMJP-0070-05-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el articulo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez,

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar al señor Jonathan Madriz Alvarado, cédula identidad número 2-0719-0236, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Internacional Cielos Abiertos, cédula jurídica N° 3-006-428014, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el ocho de mayo del dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—O.C. N° 4600076534.—Solicitud N° 085-2023.—( IN2023797590 ).

N° AMJP-0078-05-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar a la señora Surin Dilany Araya Olivas, cédula identidad número 7-0275-0905, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Rescate Diez Cuarenta y Cinco, cédula jurídica N° 3-006-875533, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día dieciocho de mayo del dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O.C. N° 4600076534.—Solicitud N° 086-2023.—( IN2023797591 ).

N° AMJP-0071-05-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política el artículo II de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Dejar sin efecto el acuerdo número 183-J de fecha 19 de noviembre de 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 2 Alcance N° 1 del 03 de enero de 2002. con el que se nombró al señor Arturo Ortiz Sánchez, cédula de identidad número 1-0615-0589, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Rescatando Vidas, cédula jurídica N° 3-006-291296, por renuncia.

Artículo 2º—Nombrar al señor Arthur Denyer López, cédula de identidad número 1-0768-0032, como representante del Poder Ejecutivo en Fundación Rescatando Vidas, cédula jurídica N° 3-006-291296, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 3º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 4º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el ocho de mayo del dos veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600076534.—Solicitud N° 088-2023.—( IN2023797593 ).

Nº AMJP-0072-05-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley Nº 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo Nº 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar a la señora Enid Cristina Abarca Flores cédula identidad número 1-1323-0500, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Oportuna, cédula jurídica Nº 3-006-860003, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día dieciocho de mayo del dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600076534.—Solicitud N° 089-2023.—( IN2023797594 ).

N° AMJP-0092-06-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres, y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar a la señora Melissa Serrano Hernández, cédula de identidad número 2-0581-0575, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Neavi, cédula jurídica N°3-006-865976, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Articulo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día siete de junio del dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600076534.—Solicitud N° 092-2023.—( IN2023797599 ).

Nº AMJP-0094-06-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el articulo 11 de la Ley Nº 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo Nº 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar al señor Vincenzo Bruno Guzmán conocido como Enzo Bruno Guzmán, cédula identidad número 1-0876-0978, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Celebración de la Diversidad, cédula jurídica Nº 3006-669347, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

 Dado en la Presidencia de la República.—San José el día catorce de junio del dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O.C. N° 4600076534.—Solicitud N° 093-2023.—( IN2023797600 ).

N° AMJP-0098-06-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 16), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley Ns 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Dejar sin efecto el acuerdo N° AMJP-0083-03-2020 de fecha 10 de marzo del 2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 14 de mayo del 2020, con el que se nombró al señor Mauricio Garnier Castro, cédula de identidad N° 1-0815-0438, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Pro Museo de Arte y Diseño Contemporáneos, cédula jurídica N° 3-006-243089, por vencimiento del nombramiento.

Artículo 2°—Nombrar a la señora Paula Piedra Mora, cédula de identidad N° 1-0928-0699, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Pro Museo de Arte y Diseño Contemporáneos, cédula jurídica N° 3-006-243089, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 3°—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 4°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, el veintiuno de junio del domad veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600076534.—Solicitud N° 094-2023.—( IN2023797602 ).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

Nº 0093-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 50, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso 1, 27 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo Nº 34739COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que la señora Milena Jaikel Gazel, portadora de la cédula de identidad número 1-1120-0579, en su condición de apoderada especial de la empresa People Tech Innovations Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-864721, presentó ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), solicitud para que se le otorgue el Régimen de Zonas Francas a su representada, con fundamento en el artículo 17 inciso c) de la Ley Nº 7210 y su Reglamento.

II.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER conoció la solicitud de la citada empresa, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe número DRE-4-2023, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley Nº 7210 y su Reglamento.

III.—Que de conformidad con el acuerdo Nº 116-P de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en el Alcance N°218 a La Gaceta Nº 194 de fecha 12 de octubre de 2022, reformado por el Acuerdo Nº 181-P de fecha 9 de febrero de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita.

IV. Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zona Franca a la empresa People Tech Innovations Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-864721, clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley Nº 7210.

2º—La actividad de la beneficiaria como empresa de servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de las clasificaciones CAECR “6201 Actividades de programación informática”, con el siguiente detalle: Diseño de la estructura, escritura y/o contenido de elementos como los códigos informáticos necesarios para la creación y aplicación de programas, programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), páginas web, adaptación de programas informáticos a las necesidades de los clientes, (es decir, modificación y configuración de una aplicación existente para que pueda funcionar adecuadamente con los sistemas de información de que dispone el cliente), y nuevas tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual y aumentada, internet de las cosas, radio frecuencias avanzadas, estructura de la nube, virtualización, plataformas móviles, computación cuántica, curación de contenido, simulación, y procesos de automatización, entre otras; Servicios en la nube, incluyendo almacenamiento y seguridad, ciberseguridad, blockchain y sus aplicaciones; así como sus derivaciones en gestión de riesgos; y Procesamiento y gestión en base de datos, soporte técnico, diseño, desarrollo y prueba productos, servicios o aplicaciones de transformación, reingeniería de procesos tangibles (manufactura, productos, etc.) e intangibles (procesos, estrategias, mercados, aplicaciones, plataformas digitales y software, etc.); CAECR “8220 Actividades de centros de llamadas, con el siguiente detalle: Cobros, interpretación, soporte técnico, servicio al cliente, cumplimiento, ventas, compras; y CAECR “6311 Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas”, con el siguiente detalle: Almacenamiento y procesamiento (“Big Data & Analytics”). Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro:

Clasificación	CAEC	Detalle clasificación	Detalle del bien o servicio
SERVICIOS	6201	Actividades de programación informática	Diseño de la estructura, escritura y/o contenido de elementos como los códigos informáticos necesarios para la creación y aplicación de programas, programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), páginas web, adaptación de programas informáticos a las necesidades de los clientes, (es decir, modificación y configuración de una aplicación existente para que pueda funcionar adecuadamente con los sistemas de información de que dispone el cliente), y nuevas tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual y aumentada, internet de las cosas, radio frecuencias avanzadas, estructura de la nube, virtualización, plataformas móviles, computación cuántica, curación de contenido, simulación, y procesos de automatización, entre otras
			Servicios en la nube, incluyendo almacenamiento y seguridad, ciberseguridad, blockchain y sus aplicaciones; así como sus derivaciones en gestión de riesgos
			Procesamiento y gestión en base de datos, soporte técnico, diseño, desarrollo y prueba productos, servicios o aplicaciones de transformación, reingeniería de procesos tangibles (manufactura, productos, etc.) e intangibles (procesos, estrategias, mercados, aplicaciones, plataformas digitales y software, etc.).
SERVICIOS	8220	Actividades de centros de llamadas	Cobros, interpretación, soporte técnico, servicio al cliente, cumplimiento, ventas, compras.
SERVICIOS	6311	Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas	Almacenamiento y procesamiento (“Big Data & Analytics”).

 

Las actividades desarrolladas por la beneficiaria no implican la prestación de servicios profesionales y así lo ha entendido y manifestado expresamente su representante en la respectiva solicitud de ingreso al régimen, mediante declaración jurada.

La beneficiaria obtuvo una puntuación de 101 en el índice de Elegibilidad Estratégica (en adelante IEES).

3º—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Ultrapark Dos S.A., específicamente en su ubicación del distrito Ulloa, del cantón Heredia, de la provincia de Heredia, por lo que se encuentra dentro del Gran Area Metropolitana (GAM).

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley Nº 7210, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley Nº 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley Nº 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755 del 3 de mayo de 1971, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley Nº 7210, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, la beneficiaria gozará de la exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

La beneficiaria podrá introducir sus servicios al mercado local, observando los requisitos establecidos al efecto por los artículos 3 y 22 de la Ley N^o 7210, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.

6º—La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 12 trabajadores, a más tardar 02 de setiembre de 2024. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva inicial y mínima total en activos fijos de al menos US$150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 13 de marzo de 2026. Además, la beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

PROCOMIER vigilará el cumplimiento del nivel de inversión antes indicado, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con el nivel mínimo de inversión anteriormente señalado.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el día 01 de setiembre de 2023. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Además, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 7210 y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que, para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley Nº 7210 y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley Nº 7210 y su Reglamento, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley Nº 17 del 22 octubre de 1943, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.

16.—La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada, a los treinta y un días del mes de marzo del año

17.—Rige a partir de su comunicación

Comuníquese y publíquese

Dado en la Presidencia de la República, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil veintitrés.

Jorge Rodríguez Bogle, por Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera.—1 vez.—( IN2023797286 ).

N° 105-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso 1, 27 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 232-2013 de fecha 16 de setiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 241 del 13 de diciembre de 2013; modificado por el Acuerdo Ejecutivo N° 015-2016 de fecha 20 de abril de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 08 de junio de 2016; y por el Acuerdo Ejecutivo N° 334-2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 28 de febrero de 2019; el Poder Ejecutivo acordó trasladar de la categoría prevista en el inciso a) a la categoría prevista en el inciso f), ambos del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, a la empresa Compact Seeds & Clones Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-392993, concediéndole los beneficios e incentivos contemplados, en lo conducente, por los artículos 20 y 21 ter de la referida Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, siendo que en la actualidad continúa clasificándose bajo la categoría de industria procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de dicha Ley. El traslado se hizo efectivo a partir 01 de noviembre de 2013, fecha en la cual la empresa inició operaciones productivas al amparo de la citada categoría f). A partir del traslado, empezaron a correr los plazos y se aplican las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de la Ley N° 8794 de fecha 12 de enero de 2010, en lo que concierne a la mencionada categoría f).

II.—Que Compact Seeds & Clones Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-392993, se encuentra fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), fuera de parque industrial de zona franca, específicamente 400 metros al este de la plaza de deportes de Coto 49, distrito Guaycará, cantón Golfito, provincia Puntarenas, por lo que cumple con lo dispuesto en el artículo 21 bis inciso a) de la Ley de Régimen de Zonas Francas.

III.—Que la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 229 del 25 de noviembre de 2010 y para los efectos del inciso a) del artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, calificó como sector estratégico los proyectos en los que se “Destina 0.5% de sus ventas a gastos en investigación y desarrollo en su operación local”.

IV.—Que el 24 de enero del 2023, el señor Fernando Enrique Loaiza Calvo, mayor, casado dos veces, economista, portador de la cédula de identidad N° 1-0406-0801, vecino de Curridabat, en su condición de apoderado especial con facultades suficientes para estos efectos de Compact Seeds & Clones Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-392993, presentó ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), solicitud para que se le otorgue el Régimen de Zonas Francas a su representada, con fundamento en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y su Reglamento.

V.—Que en la solicitud mencionada Compact Seeds & Clones Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-392993, se comprometió a mantener una inversión de al menos US$ 6.053.448,00 (seis millones cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, la empresa se comprometió a realizar una inversión nueva adicional total de US$ 500.000,00 (quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), según los plazos y en las condiciones establecidas en la solicitud de ingreso al Régimen presentada por la empresa. Lo anterior implica una importante oportunidad para arraigar más a la citada empresa a Costa Rica, aumentar los empleos directos e indirectos, y fomentar el encadenamiento entre las empresas nacionales y compañías pertenecientes al Régimen de Zonas Francas, con la finalidad de aumentar el valor agregado de los productos nacionales.

VI.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo emitido por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión N° 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de Compact Seeds & Clones Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-392993, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER número 22-2023, recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y su Reglamento.

VII.—Que en razón de lo anterior, el Poder Ejecutivo considera que en la especie resulta aplicable la excepción que contempla el referido artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, en tanto se trata de un proyecto nuevo y de una inversión adicional cuya magnitud conlleva una serie de beneficios, que justifican razonablemente el otorgamiento de los incentivos fiscales establecidos en la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y su Reglamento.

VIII.—Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en el Alcance No. 218 a La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre del 2022, y modificado por el Acuerdo N° 181-P del 23 de enero de 2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 09 de febrero del 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita.

IX.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1°—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a Compact Seeds & Clones Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-392993 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas.

2°—La actividad de la beneficiaria como industria procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de las clasificaciones CAECR “130 Propagación de plantas”, con el siguiente detalle: Elaboración de clones (ramets) de palma aceitera; CAECR “164 Tratamiento (Procesamiento) de semillas para la propagación”, con el siguiente detalle: Producción de semillas de palma aceitera para siembra; y CAECR “3290 Otras industrias manufactureras n.c.p”, con el siguiente detalle: Bolsas de tela de lona para polinización. La actividad de la beneficiaria al amparo de la citada categoría f), se encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “Destina 0.5% de sus ventas a gastos en investigación y desarrollo en su operación local”. Lo anterior se visualiza también en el siguiente cuadro:

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

3°—La beneficiaria operará fuera de parque industrial de zona franca, específicamente 400 metros al este de la plaza de deportes de Coto 49, distrito Guaycará, cantón Golfito, provincia Puntarenas, por lo que se encuentra fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

4°—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5°—En lo que atañe a su actividad como Industria Procesadora, prevista en el artículo 17 inciso f) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter inciso h) de la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, a la beneficiaria, al estar ubicada en un sector estratégico fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y mantener cien empleados permanentes durante toda la operación de la empresa debidamente reportados en planillas, se le aplicarán íntegramente los beneficios indicados en los incisos d), g) y l) del artículo 20 de la Ley. El cómputo del plazo inicial de este beneficio, se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del Acuerdo de Otorgamiento; una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el referido Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen común del Impuesto sobre la Renta.

Las exenciones y los beneficios que de conformidad con la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento le sean aplicables, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación; en consecuencia, a la beneficiaria no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley, ni ninguna otra referencia a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de Zona Franca. A la beneficiaria se le aplicarán las exenciones y los beneficios establecidos en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), g) h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas.

A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales.

6°—La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 100 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US$ 6.053.448,00 (seis millones cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total en activos fijos de al menos US $500.000,00 (quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 16 de enero de 2026. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US$ 6.553.448,00 (seis millones quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Además, la beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7°—La beneficiaria se obliga a pagar el canon mensual por el derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha de inicio de las operaciones productivas es el día en que se notifique el presente Acuerdo Ejecutivo.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon.

8°—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9°—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.

16.—La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.

17.—Por tratarse de una empresa ubicada fuera de un Parque Industrial de Zona Franca, dicha compañía se obliga a implementar las medidas que la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica o las autoridades aduaneras le exijan a fin de establecer un adecuado sistema de control sobre el ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos y bienes.

18.—El presente Acuerdo Ejecutivo rige a partir de su notificación, y sustituye el Acuerdo Ejecutivo número 232-2013 de fecha 16 de setiembre de 2013 y sus reformas, sin alterar los efectos producidos por el mismo durante su vigencia.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintitrés.

Jorge Rodríguez Bogle, Por/ Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera.—1 vez.—( IN2023797519 ).